La empresa CMEC (China Machinery Engineering Corporation) realiza el cierre del anillo de transmisión de UTE que comprende una línea que unirá Tacuarembó con Salto, con el fin de otorgar una mayor flexibilidad en la generación eléctrica. El directorio del ente energético aseguró que esta obra de infraestructura insumirá unos 42 meses de trabajo y es “la más grande” efectuada por una empresa china en la historia del país.
El proyecto, a un costo de 191 millones de dólares, contará con instalaciones de 500kV en 365 kilómetros, dividido en dos tramos que se conectarán en una subestación instalada en Tacuarembó. A esta obra se sumarán dos líneas de 150kV conectadas a la estación Chamberlain, con las líneas de Rincón del Bonete y Parque Eólico Palmatir.
El sindicato de la construcción aseguró que UTE no cumple con el compromiso del empleo del 80 por ciento de mano de obra nacional y es “una desventaja en comparación a otras empresas nacionales”, además de incumplimientos diversos, dijo a EL TELEGRAFO el presidente del Sunca, Mathías Machuca.
“Cuestionada”
“La empresa está instalada desde hace dos años en la zona de Morató, a cargo del emprendimiento más grande de UTE en este quinquenio, con el cierre de un anillo perimetral. Es una obra cuestionada por las propias cámaras empresariales de la construcción porque esta empresa ganó la licitación con un precio 40% más barato que los demás postulantes”, señaló el dirigente.
En junio de 2021, la Cámara de la Construcción presentó una carta a la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, al entonces ministro de Industria, Omar Paganini, y al titular de Trabajo, Pablo Mieres, donde planteó observaciones ante esta adjudicación.
En el documento, los empresarios criticaron la exigencia de una calificación investment grade a las constructoras, lo que dejó por fuera de la competencia de las empresas uruguayas. En la carta, la entidad manifestó su preocupación por un posible aumento de la participación de empresas estatales chinas en proyectos similares, por entender que el respaldo del gobierno asiático les permite ofrecer precios más baratos.
Según el Sunca, “ahí tiene que haber un punto de quiebre si las propias cámaras empresariales denunciaron que le acreditan una obra más barata a una empresa extranjera. La propia UTE se comprometió a que el 80% de la mano de obra sea nacional y hoy eso no es así”.
220 chinos
Machuca explicó que “allí trabajan 220 chinos y 180 uruguayos. Y esa es una cifra lejos de lo que planteaba UTE. Si se hubiera cumplido con el compromiso, de ese total de 400 trabajadores, unos 360 tenían que ser uruguayos y el resto extranjeros. A esta situación la denunciamos desde la instalación de la empresa en la zona”.
El sindicato entendió que “por tratarse de una obra pública, los llamados debían realizarse por la Ley 18.516 (Bolsa de mano de obra local). Eso correspondía al momento en que no teníamos en el convenio colectivo la democratización en el ingreso al empleo, tal como rige actualmente”, precisó el presidente departamental del Sunca.
La obra se lleva adelante por un fideicomiso constituido por UTE, con Rafisa como entidad fiduciaria. Sin embargo, “desde el ministerio argumentaron no eso no se pudo resolver porque el fideicomisante no era público. Por eso, planteaban que la obra no era pública. Pero, en realidad, el organismo que la va a pagar es UTE. Por lo tanto, todos los uruguayos”.
Condiciones laborales
Consultado Machuca por las inspecciones efectuadas en el lugar de trabajo, aseguró que “ni a nosotros como sindicato ni al ministerio dejaron pasar a ver la obra. Dijeron que no era posible por un tema cultural de los trabajadores chinos y no pudimos constatar las condiciones en las que vivían los extranjeros”.
No obstante, el dirigente consignó que “sabemos de casos de accidentes laborales, de siniestros de tránsito y de un caso de un trabajador que sufrió un infarto. Ni siquiera tienen cédula y ese es un error grande que tiene el ministerio. No han cobrado licencia, ni salario vacacional y no sabemos si tienen descanso. Por estos temas nos reuniremos el 29, en el ministerio, con UTE y la empresa”.
Machuca recordó que la situación se hizo pública “porque en Chamberlain, donde está la reductora, CMEC tenía empresas subcontratadas que se levantaron y quisieron irse porque no le pagaban. La empresa argumentó que, a su vez, UTE no le pagaba en fecha. Pero UTE aseguraba que sí. Por eso es que no sabemos lo que ocurre con los extranjeros, si bien hacemos un seguimiento a los uruguayos y están en regla”.
Explicó que “la obra civil se hizo con más uruguayos. Pero ahora hacen el tendido de cables y levantan columnas con mayoría de extranjeros. Y denunciamos problemas de higiene y seguridad laboral porque hace unos días se cayeron tres torres sobre una camioneta. Si a esto le sumamos el problema del idioma, entonces se complica”.
“Déficit de inspectores”
El pasado jueves 18 fue noticia en EL TELEGRAFO que Policía Caminera detuvo en la ruta 26 un camión en el cual viajaban cuatro hombres de entre 34 y 53 años de nacionalidad china sin portar documentación que acreditara su situación migratoria. Los mismos no sabían absolutamente nada de español ni inglés, por lo cual resultaba imposible comunicarse, y debió recurrirse al traductor de Google para obtener alguna información de los mismos. Según se pudo establecer más tarde, el vehículo pertenecía a una empresa de construcción, en tanto se comprobó que los cuatro hombres habían ingresado a nuestro país a través del Aeropuerto de Carrasco el 14 de setiembre del año pasado y poseen visa de trabajo, por lo cual recuperaron la libertad.
Al respecto, Machuca dijo que “lo ocurrido en la ruta 26 es lo mínimo que pudo haber pasado dentro de las cosas que ya denunciamos, como las condiciones laborales y salariales. Sólo tienen pasaporte y nadie, con la excepción del ministerio, tiene potestades para esos controles. Pero a nivel nacional hay un déficit de inspectores. A esta obra, que yo recuerde, hace un año y medio que llegaron inspectores a raíz de una denuncia del Sunca”, agregó Machuca.
Ejemplificó que “a fines del año pasado, un trabajador sanducero que trabajaba con una empresa de Paysandú en Salto, cayó de una escalera en malas condiciones. Salvó su vida de milagro y no había inspectores que vayan a inspeccionar. Esto ha ocurrido en todos los gobiernos y el personal local hace lo que puede con lo que tiene. No hay otras herramientas si tienen que salir al interior de los departamentos a inspeccionar obras. Por eso, también decimos que en muchos casos se tiene suerte de no pasar una desgracia”.
Informalidad
Machuca denunció “alta informalidad en la construcción, porque muchas veces hablamos de tasas y el mejor sondeo es el bolsillo de una persona que tiene que trabajar por necesidad. Fuimos a una obra donde había argentinos indocumentados y quisimos denunciarlo, pero en el ministerio nos pidieron el nombre de la empresa, el cual no pudimos aportarlo porque no nos dejaron pasar; así como en otro caso que nos llegó de argentinos que dormían a la intemperie. Eso pasa en todo el país”.
En Montevideo, “una empresa tenía una cuadrilla de paraguayos que no percibían viáticos sino el salario y malas condiciones de alimentación y vivienda. La solución más fácil es echar al trabajador si reclama. Por eso, pedimos mano de obra local porque los trabajadores migrantes firman contratos que no son similares a pesar de que el Mercosur, en el caso de argentinos, paraguayos y brasileños, tiene una normativa de condiciones laborales similares. Pero, como no hay quién controle, muchas veces no se cumple”.
De acuerdo al sindicalista, “muchas veces dependiendo del gobierno, varían las condiciones laborales. Hoy las empresas aportan menos y ante una denuncia, pagan la mitad de la multa. Antes el BPS controlaba las planillas y ahora ya no controla más. Ambas decisiones fueron de este gobierno y permite la precarización laboral. Pero después se culpa al sindicato porque reclama”.
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