En términos técnicos, tarjetahabiente es aquella persona a nombre de quien una institución emite una tarjeta (de débito o crédito). Ya sabemos que en Uruguay somos algo más de tres millones, un poco —o mucho, según como lo quieran ver—, pero esa cifra quedó de alguna manera asociada a la idiosincrasia uruguaya. Pero no es correcta, como tampoco lo es la expresión que da título a este artículo, porque si bien, de acuerdo al informe publicado en estos días por el Banco Central del Uruguay (BCU), el parque total de tarjetas de débito emitidas a nivel nacional alcanzó los 3.234.182 en el pasado mes de diciembre de 2023 –un incremento de 3% respecto al saldo registrado en el segundo semestre del año 2022– en realidad no es que cada uruguayo tenga su propia tarjeta. De hecho, según el informe, “la cantidad de tarjetahabientes verificó un leve incremento frente al semestre anterior, manteniéndose en 2,2 la cantidad promedio de tarjetas por tarjetahabiente”.
Pero no viene al caso ese análisis. Lo que importa de este asunto es mostrar cómo los sistemas de pagos digitales están avanzando inexorablemente, y hasta extremos difíciles de explicar, en algunos casos, como la noticia que se “viralizó” el fin de semana de que en Montevideo se puso en marcha un plan piloto para que los cuidacoches puedan recibir propinas mediante un código QR.
Regresemos al informe del BCU. “En el segundo semestre del año pasado, el volumen total operado en el país con tarjetas de débito se incrementó 35% frente al mismo período del año anterior, con un aumento de 35% por parte de las operaciones con tarjetas emitidas localmente y de 48% por parte de las emitidas en el exterior”. Además, el monto total operado en Uruguay mostró un incremento interanual del 19%, y el monto promedio por operación se ubicó en $ 980. Este dato, el del monto, muestra “una caída en términos constantes de 12% frente a igual período del año anterior”. Esto no necesariamente es malo, al contrario, puede ser un indicador de que estos medios de pago se emplean en compras de menor valor, pongamos por ejemplo, hace no mucho tiempo a poca gente se le ocurriría pagar con débito una apuesta de Quiniela, o un 5 de Oro.
En el caso de las tarjetas, a diciembre de 2023, las emitidas en todo el territorio nacional alcanzaron la cifra de 3.161.636, esto es un 2% más que las que había al cierre del año 2022. Y el volumen total de operaciones en que fueron empleadas se incrementó 5%. A su vez el monto total operado medido a pesos constantes registró una suba de 4% en el período.
Agrega el informe del BCU que “la cantidad total de instrumentos de dinero electrónico emitidos a diciembre de 2023 se ubicó en 3.940.208”, esto es “574 mil más que los emitidos a junio del año 2023”. Del total de instrumentos emitidos, 50% son de dinero electrónico general, 32% de dinero electrónico mixto y el restante 18% de dinero electrónico para alimentación. Así, el volumen total operado con dinero electrónico en el segundo semestre del año 2023 se incrementó 27% respecto al mismo período del 2022. “Las transacciones con dinero electrónico general son las que continúan con la mayor tendencia al alza, con un incremento de 71% en términos interanuales”. Explica el informe que “las operaciones de compra de bienes y servicios (incluidos los débitos automáticos) se incrementaron 31% respecto a igual período del año anterior”, mientras que “los retiros de efectivo a través de instrumentos de dinero electrónico aumentaron 4% en dicho período”. A su vez el monto total operado con dinero electrónico se incrementó 15% en términos constantes respecto a igual período del año anterior. “Si se desagrega por tipo de operación, el monto de las compras de bienes y servicios (incluidos los débitos automáticos) verificó un aumento del orden de 32%, en tanto, el valor de los retiros de efectivos se redujo en un 2%”.
Esto demuestra una tendencia firme hacia la mayor digitalización del sistema de pagos. Pero por si esto no alcanzare, explícitamente el sistema financiero a nivel internacional está promoviendo la inclusión mediante el impulso a estos mecanismos digitales. De hecho, el Grupo BID acaba de lanzar en los últimos días Finlac, “una iniciativa para promover la inclusión financiera en América Latina y el Caribe”, mediante la que procura que “las personas más vulnerables de América Latina y el Caribe puedan acceder a los servicios financieros que necesitan”. El lanzamiento tuvo lugar en la sede del BID, en Washington D.C., Estados Unidos, y que se anunció como “un esfuerzo conjunto del BID, BID Invest y BID Lab”, que “funge como una ventanilla única para avanzar en la inclusión financiera, apoyar a los gobiernos, acompañar a las empresas y promover la innovación en el desarrollo e implementación de políticas, reformas y prácticas empresariales eficaces para crear mercados financieros inclusivos en la región”. Plantea el análisis de situación del que se partió para impulsar esta estrategia que la de “América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo más desatendidas en materia de servicios financieros. Alrededor del 27% de las personas de 15 años o más están excluidas de los servicios financieros formales, frente al 3% en los países de altos ingresos. Y sólo tres de cada 10 personas de 15 años o más han obtenido un préstamo de una entidad del sector financiero en el último año, frente a tres de cada cinco adultos en los países de ingresos altos”.
Uruguay no está comprendido dentro del grupo de países que forma parte de este análisis. Pero viendo los números que se presentan resulta evidente que la realidad de nuestro país es algo diferente a la de la región. Solo por tomar un dato para establecer una comparación, veamos que el porcentaje de la población adulta que realiza pagos digitales, el más alto es el de Chile, que alcanza al 70%, y el que más se acerca es Brasil, que alcanza al 61%, y el otro que alcanza a la mitad es Argentina, con 52%. Luego Bolivia tiene un 22% (y un 41% que quisiera hacerlo pero no puede), Colombia 30% (y 30 que no puede), Costa Rica 44% (y 14), Ecuador 29% (y 38), México 38% (y 19).
Más allá de posturas de conveniencias personales, hay una serie de ventajas estratégicas en cuanto a la digitalización y la inclusión que hacen que se promueva el uso de estos instrumentos en detrimento del uso del dinero físico, que va en retroceso en todo el mundo. Es indiscutible que las políticas aplicadas en nuestro país al menos en los últimos 15 años han sido efectivas en ese sentido.
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