Mes: junio 2024

¿Cuántos años lleva en las campañas electorales la reforma del Estado? ¿Y la disminución de los cargos de funcionarios públicos? Varias. Y va por más.
La “tan ansiada”, según algunos e “impostergable” reforma, de acuerdo a otros, se encuentra en una sección dentro de la última Rendición de Cuentas del gobierno así como la carrera de los funcionarios públicos. Si se implementa en la próxima administración, habilitará a la movilidad horizontal, entre otros aspectos de la carrera funcional.
Pero la reforma no se pudo poner en práctica en los gobiernos del Frente Amplio y, de acuerdo al exdirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos, no fue “prioridad” para este gobierno. Por lo tanto, lo ingresado en la citada Rendición de Cuentas, se acordó a condición de su aplicación en la siguiente administración. Y el próximo verá si la aplica, o no.
Lo cierto es que estaba incluida en el “Compromiso por el país”, es decir el programa de gobierno que la coalición firmó en 2019 antes de asumir.
La resistencia del sistema político a resolver un presupuesto por resultados y productos, tal como lo planteaba inicialmente el anterior jerarca, definió los aspectos de una reforma que no va más allá. Porque resta conocer quién diseña, implementa y regula en materia de políticas estatales.
La reforma ordena aspectos salariales de cada ocupación ante la desigualdad que plantean los mismos cargos, pero en diferentes organismos. Y cualquiera puede plantear –con obviedad– que la resistencia de su implementación, viene de parte de los sindicatos. Pero en esta ocasión, como en las anteriores, las resistencias también vinieron de los diferentes Ejecutivos.
Por eso, Ramos lo dijo en una oportunidad: esta reforma “puede ser vista como un saludo a la bandera, pero también como una oportunidad”. Por lo tanto, habrá que esperar a las decisiones del próximo gobierno.
Después, vendrá la discusión profunda de las necesidades de establecer un Estado de bienestar o un Estado mínimo y lo que eso conlleva con la gestión y la modernización del empleo público.
La innovación del Estado en sí mismo es un asunto recurrente, pero cuando hay que ponerlo por escrito, acordar y llevarlo a la práctica, allí se somete la promesa electoral a la realidad que es bastante más dura.
Lo real es que el tema estuvo en el Parlamento, se incorporó en la última Rendición, los referentes políticos de todos los partidos lo reiteran en las campañas, pero no aterriza. Y la voluntad de resolverlo, es poca.
Ramos propuso una reforma que costaría 520 millones de pesos y, al menos por ahora, no es visible una presión desde dentro que impulse esa posibilidad.
Las intendencias responden a un capítulo aparte y el argumento de las autonomías departamentales acaban con cualquier discusión. Las sanciones previstas ante el incumplimiento de la publicación de sus llamados a contratación de personal forman parte de ese “saludo a la bandera” que definía Ramos.
Pero el cambio allí, es bastante menos posible ante la complejidad de alcanzar un consenso en territorios que cuentan con referentes políticos muy fuertes.
Y la cantidad de trabajadores públicos, también retorna a la contienda política con posiciones divididas entre quienes van por la disminución y aquellos que impulsan un aumento. De unos 300.000 funcionarios públicos que se contabilizaron al finalizar el 2022, se constató una reducción de 1,5% en comparación al 2019, último año de la gestión anterior.
No obstante, hay que desglosar las diversas formas de ingreso al Estado. “Hay que decir las cosas como son” porque el descenso de unos 3.000 vínculos con el Estado, se “disimula” con la “tercerización de servicios”, dijo el precandidato a la Presidencia por el Partido Nacional, Jorge Gandini. Una frase que también sostienen los sindicatos, con el agregado del costo para el Estado que supuestamente implican las contrataciones de este tipo. Incluso las subcontrataciones que realizan las tercerizadas para determinados servicios.
Los precandidatos Gabriel Gurméndez y Álvaro Delgado proponen eliminar funcionarios públicos que no pertenecen a tareas vitales, bajando la cantidad de administrativos. Sin embargo, del personal que se retira anualmente (entre 4 y 5%) el 1% responde a estas tareas.
En cualquier caso, los trámites existen en los escritorios –el origen del término bureaucratie es la dominación de las oficinas– donde se encuentran dichos cargos. Y esos espacios sustentan la burocracia que hoy la clase política pretende eliminar, al menos durante las campañas electorales, porque dificultan la vida de los ciudadanos y genera costos adicionales.
La precandidata Carolina Cosse plantea el objetivo de alcanzar 30.000 puestos de empleo en el primer año de gobierno que no serán como los Jornales Solidarios.
Tabaré Viera propone un Estado que sea “eficiente en su rol” con una dotación justa para cada inciso y Robert Silva no plantea bajar la cantidad, sino evaluar el sistema de licencias.
En Cabildo Abierto, el Espacio de los Pueblos Libres plantea la eliminación de 14 subsecretarías y su fusión con el actual cargo de director general de secretaría, existente en los ministerios. Además de una modificación en los directorios de los organismos que conforman un diseño colegiado con sus respectivos asesores y dejan fuera a los entes públicos.
Pero son todas ideas que se plantean en estos momentos y después se resisten a su aplicación. Lo pudo hacer el anterior, con mayorías absolutas y lo pudo hacer el actual, en acuerdo con los distintos sectores que integran la coalición.
Pero lo dijo Ramos: la reforma “se la ve más como un riesgo que como una oportunidad. Es más fácil cortar cintas”.