Mes: junio 2024

Hace pocos años, luego de mucho tiempo de estudios y discusiones, se logró en la Junta Departamental, unanimidad de criterios y se votó el Plan Paysandú, que en su extenso articulado establece, que no se permitirán construcciones de uso residencial, por debajo de la cota de inundación 6,50 m.
(Nota: Fiel a esta resolución se relocalizó el barrio La Chapita, y se parquizó el predio. Política que deberían continuar todos los gobiernos municipales sean del color que sean).

No concebimos pues que ahora sea la propia Intendencia quien intente violar la norma construyendo por debajo de esa cota que se define como “zona de alto riesgo de inundación”.

Más allá de este aspecto, es de sentido común que un Hogar Estudiantil ubicado ahí, no podrá funcionar en tiempos de crecientes (que en estos tiempos son cada vez más frecuentes). Pues si bien el agua no llegará a su interior, todo el entorno queda inundado y aún después que baje el río, por algún tiempo, por razones de limpieza y acondicionamiento de los espacios exteriores no se podrá utilizar.

De vuelta a tener que sacar en este caso estudiantes, personal, etcétera de ese sitio, cuando llega la inundación, para luego reingresarlas al lugar.
Nos preguntamos ¿no hay acaso otros lugares en la ciudad, otras edificaciones que se puedan usar para cumplir esa función de hogar estudiantil?
La experiencia de Paylana resultó exitosa. Se pude repetir con la antigua aceitera Indhar. O el edificio del antiguo Sanatorio Pasteur que está a la venta y algún otro también.

Somos muchos ciudadanos que nos oponemos a esta resolución y que esperamos una urgente revisión. Arq. Rubens Stagno Oberti

El proceso judicial, cuyas formalidades fueron cuidadosamente cumplidas, y la sentencia tan categórica, preservaron un principio fundamental del orden institucional democrático: nadie está fuera del alcance de las leyes. Por ello, esta instancia es histórica.

De nada valieron los ataques planificados ni los impulsivos contra el juez, la fiscalía, los jurados, para impedir este primer juicio penal contra un expresidente estadounidense. Es que el proceso en sí mismo y su dilucidación, vino a ratificar la validez del estado de derecho. Sobre este particular, y salvo el estrecho círculo de personas de confianza de Trump, que el candidato discrepe, se malhumore e insulte, no es extraordinario.

Sin embargo, la popularidad del expresidente y candidato es alta, y ello arroja dudas sobre el valor de la democracia para el ciudadano de los Estados Unidos. Quienes discrepan advierten que el ciudadano estadounidense sigue encontrando inspiración en los “padres fundadores” de la nación, y que, frente al desafío del 6 de enero, cuando los partidarios de Donald Trump, instigados por él debido a su derrota, intentaron una asonada vulnerando la seguridad del Capitolio y ocupando importantes áreas del edificio por varias horas, exhibe una cara decepcionante del ciudadano frente a los problemas.

A inicios de mayo de 2024, se constató una creciente suba del porcentaje de morosidad en las deudas de las tarjetas de crédito. De acuerdo con información del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, hoy la morosidad trepó hasta el 21%, frente al primer trimestre de 2022, cuando era del 14%. Esta situación afecta a los sectores de menores ingresos e ingresos medios.

Trump, la condena

Un juicio excepcional tuvo una sentencia acorde: de los 34 cargos graves, el jurado le encontró culpable, por unanimidad, de todos y cada uno de ellos. Responsable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales vinculados al intento de ocultar acerca del plan para encubrir un encuentro extramatrimonial con Stormy Daniels, una estrella del porno, en 2006. Para ocultar ese encuentro —que Trump en todo momento negó pese a las numerosas pruebas que lo confirmaban— desembocó en un soborno de 130.000 dólares para comprar el silencio de la actriz, y ahora derivó en la condena de 34 cargos por falsificación de registros empresariales (entre otros), que han transformado a Trump en delincuente.

La presentación de la sentencia se agendó para el 11 de julio. Pero hay elementos que permiten hacernos una composición de lugar. “el acusado, Donald J. Trump, es culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado con el fin de ocultar un plan para corromper las elecciones de 2016”, dijo el fiscal general de Manhattan, Alvin Bragg, responsable de la investigación que dio elementos de prueba para la acusación y sentencia.
Bragg remarcó que junto a los miembros de su equipo “hicimos nuestro trabajo, seguimos los hechos sin miedo ni favoritismos; eso es lo que hemos hecho”. Y agregó que “la única voz que importa es la del jurado, y el jurado ha hablado”.

Los 34 “delitos graves” son, desde el punto de vista conceptual, punibles con hasta cuatro años de prisión cada uno. Sin embargo, dependiendo el criterio del juez, podría optar por otro criterio: “que se cumplan simultáneamente”, lo que reduce todo a 4 años.
Adicionalmente, la condición de Trump como ciudadano sin antecedentes, le permitiría acceder al beneficio de una libertad condicional. Aún así, Trump podría optar por apelar, lo que la sentencia aún no quedaría en condición para ser ejecutoriada. Conviene recordar que una sentencia ejecutoriada es aquella que ha completado todas las etapas del proceso judicial y que ya no puede ser apelada o impugnada para ninguna instancia superior.
En ese momento tendrá una resolución definitiva, de carácter obligatorio, y ello puede significar que esta etapa insuma dos o tres meses. Los más pesimistas (¿o realistas?) advierten que podría esquivar la condena en la cárcel, para lo cual pueden pasar unos años.

Erosionando la democracia

Desde mucho antes de que se iniciara este proceso judicial de NYC, Trump no ha perdido ocasión de cuestionar el accionar de los tribunales, de los fiscales, de la prensa, etcétera, de manera de exponer vilmente las condiciones morales y éticas de los más diversos actores y de las propias instituciones. Los ataques de verborragia casi siempre empezaban con frases de este estilo: “El verdadero veredicto será el 5 de noviembre por el pueblo”. Inmediatamente después calificó de “corrupto” al juez de la causa. Recorrió el trillado camino de las mentiras, que es parte de su recurso cotidiano: “no han aportado ni una sola prueba”, “ha sido amañado desde el primer día”, y se autoproclamó perseguido político del presidente Joe Biden.
Hasta la presencia de Trump en la escena política estadounidense, un delincuente, con proceso judicial y sentencia firme o en su defecto, sin apelar, pero contundente el pronunciamiento, no tenía ninguna posibilidad electoral.
Pero hoy las encuestas desnudarían un cambio en la piel democrática del elector: de acuerdo con algunos relevamientos, un núcleo importante de votantes republicanos confiesa que igual le apoyarían, aún cuando lo haya condenado la justicia. Y como lo fue, hay que observar cómo reacciona el americano medio frente a la disyuntiva de tener que votar por un delincuente.

¿Un sistema agotado?

Una idea se ha instalado en Washington; el “imperio” estadounidense está en crisis. La idea del agotamiento de un ciclo se extendió a partir del triunfo de Donald Trump en 2016.
Edward Gibbon, un historiador británico que vivió entre 1737 y 1794, en su trabajo “Decadencia y caída del Imperio Romano”, advirtió que el sistema monetario romano fue uno de los grandes responsables. De hecho, explicaba Gibbon, cuestiones fiscales y económicos se combinaron con otros como la política y el ejército, una mezcla “explosiva” que hizo estallar el viejo imperio.
Pero otros autores ponen especial énfasis en el corrosivo de la corrupción en la caída del Imperio. Así, la corrupción, las luchas internas, la presión externa y la decadencia cultural precipitaron el derrumbe.
Hoy el candidato presidencial de los republicanos es un ciudadano penalmente responsable de 34 delitos graves. Un candidato que intentó, tan sólo hace 4 años, una asonada para no reconocer su derrota electoral y provocar un golpe de estado.
Hoy el candidato republicano, el reo Donald Trump, es apenas un delincuente que tiene, además de este fallo adverso, otras tres causas con cargos penales severos.

Hay que evitar que sea demasiado fácil hacerle “trampas” y abusar de ella. Entiendo y comparto el afán feminista –no me refiero a los grupos de presión ideológico-partidarios–, pero ¡cuidado!: toda acción genera una reacción (aparece algún adictivo). Esa reacción es la buscada por los referidos “grupos”: lo peor es lo mejor. Sería deseable que los cambios propuestos por el Ejecutivo sean tratados con sensatez, sin miedos a las tribunas y sus “barras bravas”. Animarse a corregir lo que hay que corregir. Que eso es, precisamente, lo correcto.

Y entre las cosas a corregir, o quitar, –quizás más importante que ninguna otra– está el artículo 92 que prevé la cárcel para periodistas por ejercer la profesión. Esto es por buscar y difundir información. Hubo un retroceso muy grande de la libertad de prensa cuando en el 2017 se aprobó esa ley. Eso sí afectó la imagen del país de la que algunos son tan celosos. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por su parte, un poco en soledad es cierto, protestó desde un principio y reiteradamente por ello. Además participó activamente cuando se pretendió incautar teléfonos y grabaciones a un periodista (caso Ignacio Alvarez) invocando precisamente ese artículo. Creo que consistió en un “abuso feminista”. Justo es señalar que el fiscal Juan Gómez actuó de forma muy positiva y, dentro de sus facultades, ayudó a frenar la arremetida. Desconozco si organizaciones como Reporteros sin Fronteras o el CPJ han dicho o hecho algo al respecto, ni de lo de la otra montonera de organizaciones, sellos y expertos que aparece después de la lluvia. Tengo dudas, dado el año de la ley.

El tal Artículo 92 dice: “El que difunda, revele exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría”. Este artículo alimentado además por el inciso M del Art. 6 de la ley (violencia mediática) atenta contra la primera de las libertades de todas y todos. El inciso M da mucho para hablar: cualquiera que reeditara “La Ilíada”, por ejemplo, podría ser condenado a tomar la cicuta.

Para el tratamiento del tema es de destacar y vale tomar en cuenta una de las recomendaciones que acaba de aprobar la Comunidad Europea el pasado 14 de mayo (resolución 2024/1385- Sobre violencia de género) que en su considerando 20 específicamente advierte: “No debe ser tipificada como delito la difusión al público de imágenes, videos u otro material que representen actividades sexualmente explícitas o las partes íntimas de una persona mediante TIC sin su consentimiento, cuando esa no tipificación sea necesaria para salvaguardar los derechos fundamentales protegidos en virtud de la Carta, en particular la libertad de expresión, incluida la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas en una sociedad abierta y democrática…”
Así de simple e indiscutible.