En medio de una fuerte campaña electoral hacia las municipales del 11 de mayo, que se despliega principalmente en las redes sociales y, en menor medida, en los medios de comunicación, se observa que la ciudadanía comenzará a activar su interés en los próximos días, especialmente una vez finalizada la Semana de Turismo.
Este escenario marca claras diferencias con el proceso electoral del año pasado y, seguramente, está relacionado con un voto ya definido. Es la voluntad que no necesita del empuje de una propaganda electoral, pues el electorado ya ha aprendido a diferenciar una elección de otra.
A nivel nacional, el panorama es similar. La oferta electoral es conocida por los ciudadanos de cada departamento, al igual que los referentes que se presentan a la contienda municipal, que, en general, no trae grandes sorpresas.
En algunos departamentos, se observa entusiasmo por la confrontación entre modelos de gestión, mientras que en otros la opción entre partidos no resulta atractiva por sí sola para un electorado que ya entiende el rol que tendrá el ganador de las elecciones municipales.
En cualquier caso, los distintos candidatos han optado por recorridas barriales o visitas a localidades, en lugar de organizar actos masivos en las capitales departamentales o en las ciudades del Interior. En cada rincón del país, la figura de los intendentes y alcaldes es observada con atención, pero también recaen sobre ellos mayores exigencias. Porque las generaciones de electores han cambiado. Aunque el rol municipal esté claramente definido, cada una de estas figuras políticas sabe que, hoy en día, deberán hacerse cargo de temas que están en la discusión nacional.
Uno de esos temas es el empleo. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a marzo, el empleo se mantuvo estable, con una leve reducción del desempleo, que cayó dos décimas hasta ubicarse en un 7,9%. Sin embargo, la informalidad repuntó, alcanzando un 22,5%, lo que representa un aumento de 1,2 puntos porcentuales respecto a enero. Además, el subempleo subió al 9,2%.
La informalidad sigue siendo un problema crítico, especialmente entre los trabajadores por cuenta propia, de los cuales el 60,9% no realiza aportes para su seguridad social.
Los departamentos con mayores tasas de ocupación informal son Artigas, Rivera y Cerro Largo. En cuanto a los departamentos con mayor índice de desempleo, entre diciembre de 2024 y febrero pasado, el INE destacó a Río Negro y Treinta y Tres, con un 16%, seguidos por Artigas (12,9%), Paysandú (12,4%), Soriano (11%), Salto (10,5%) y Tacuarembó (10,2%). Es decir, siete departamentos, ubicados principalmente en el litoral, norte y noreste del país, mantienen niveles de desempleo superiores al 10%.
En otro tiempo, la captación de inversiones para cada zona del país no era una prioridad para los jefes departamentales. Sin embargo, la generación de empleo se ha convertido en una opción ineludible en los programas de los diferentes partidos hacia las elecciones municipales. Este tema electoral, además, ha sido instalado con fuerza en las agendas partidarias, a medida que ha ganado relevancia en la ciudadanía.
Claramente, los referentes políticos jugarán con las cartas que tengan a mano. En este pequeño país, que cuenta con varios “interiores” bien definidos, el transporte multimodal es clave, y aquellos que tengan un puerto en funcionamiento tendrán mayores oportunidades a través de la ley de inversiones.
Asimismo, las iniciativas para la creación de nuevas zonas francas, que aparecen en algunas propuestas programáticas, tienen como objetivo desarrollar espacios con beneficios impositivos, lo cual fomentaría la instalación de un mercado corporativo que demande fuentes de empleo.
Otro tema crucial es la problemática de la vivienda en Uruguay. El rol de las intendencias es fundamental a la hora de establecer una cartera de tierras o de impulsar, junto con los gobiernos nacionales, una política de Estado que mejore el hábitat. El aporte de los gobiernos departamentales en distintos planes ha sido esencial para comenzar a ganar terreno en la expansión urbana. Tratar de cerrar los asentamientos que llevan décadas en las periferias de las ciudades, perpetuando la exclusión y la pobreza desde la infancia, debería ser un logro compartido entre ambos niveles de gobierno. No obstante, se trata de un tema que adquiere relevancia cada cinco años, con las elecciones nacionales.
El Censo de 2023 proporcionó una visión más clara de la situación. En Uruguay, alrededor de 2.800 viviendas aún tienen piso de tierra, una cifra que representa solo una parte del problema. El gobierno anterior había realizado acuerdos con las intendencias para el Plan Avanzar y el Plan Juntos. Por su parte, el gobierno de Yamandú Orsi anunció la posibilidad de financiar, con fondos públicos, acuerdos con oenegés que manejan fondos privados y se ocupan de la vivienda para poblaciones vulnerables.
Cada departamento presenta características únicas, pero las problemáticas son comunes. Una vez que se instalen los nuevos gobiernos departamentales, deberán articular las políticas nacionales, adaptándolas a las particularidades de sus regiones. Las ventajas de los gobiernos departamentales radican en su cercanía con la ciudadanía, lo que les permite involucrar a la población en los planes que afectarán su vida diaria.
Por esta razón, la importancia de la próxima instancia electoral radica en que las prioridades de los gobiernos departamentales, al menos en esta región fronteriza, están claramente definidas. Y estas prioridades no han cambiado en las últimas décadas.
Será crucial que los recursos se gestionen de manera eficiente para mejorar el impacto en la población que reside en estos interiores, tan diversos pero también bien conocidos. Si las autoridades departamentales, en conjunto con los gobiernos nacionales, no lideran la cohesión social, Uruguay seguirá hablando de lo mismo: alto desempleo y desigualdad. Es, sin duda, una cuestión que va más allá de lo partidario. → Leer más