Día: 4 de agosto de 2025

En la sede del Centro Comercial e Industrial de Paysandú tuvo lugar el taller para interesados en obtener apoyo financiero en el marco del Fondo Industrial 2025-MIEM; en instancia que contó con muy buena presencia de aspirantes de nuestro medio.

El evento tuvo lugar el viernes a partir de las 13, y contó con la participación de autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), entre las cuales el director nacional de Energía Adrián Míguez y su equipo de colaboradores directos, así como técnicos de esta cartera que se encargan de divulgar información sobre los alcances y ventajas de participar en este programa.

En un momento de la instancia, se acercaron a saludar a las autoridades y participantes el intendente Nicolás Olivera y el diputado Fermín Farinha.
El Ministerio de Industrias había invitado a través de la Dirección Cámara de Industrias (DNI), a participar en este taller de apoyo para postulantes de la convocatoria 2025, la que se coordinó junto con el Centro Comercial e Industrial de Paysandú, el Centro Pyme Paysandú y la Intendencia Departamental. Durante el evento, se explicaron los beneficios, plazos, condiciones y sectores priorizados. La convocatoria está abierta desde 7 de julio al 21 de agosto, con fondos totales de hasta $33.500.000, y apoyo de hasta $2.300.000 por proyecto.

Quiere decir que los interesados todavía pueden dirigirse al CCIP, Florida Florida 983, tel. 47228901, www.ccipaysandu.com.uy para informarse sobre la inscripción.

Términos de la convocatoria

El Ministerio de Industria, Energía y Minería desarrolla esta convocatoria por iniciativa de la Dirección Nacional de Industrias con foco en las mipymes. Se entregarán fondos no reembolsables por un monto total de hasta $ 33.500.000. Cada proyecto seleccionado recibirá un apoyo de hasta $ 2.300.000. El plazo para postularse se extiende desde el 7 de julio a la hora 10 al 21 de agosto a la hora 15:00.
Las instituciones convocantes son la Dirección Nacional de Industrias y Ministerio de Industria Energía y Minería, indicándose que el Fondo Industrial es un instrumento cuyo objetivo es apoyar y promover inversiones industriales mediante la entrega de fondos no reembolsables asignados por un proceso competitivo. Se apoyarán acciones tendientes a la diversificación de la estructura productiva, la descentralización de la actividad industrial, el fortalecimiento de los procesos de agregado de valor, aplicando conocimiento y tecnología en forma sostenible a las distintas cadenas productivas, así como a la inserción exitosa en mercados externos.

Podrá postularse al Fondo Industrial toda micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) que presente proyectos que correspondan a las siguientes actividades: Las establecidas en la Sección C- Industria manufacturera, División 10 a 33 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 (CIIU Rev. 4).

Actividades de tratamiento de residuos industriales: 3821.0, 3822.0, 3830.0 de la Sección E División 38.
Referencia para requisitos previos: Fondos de Política Industrial | Convocatorias 2024 Fondo Industrial (FI). Se recomienda, previo a la postulación, participar en una instancia de consulta individual con técnicos del Fondo Industrial.
En esta instancia de Paysandú precisamente se tuvo la oportunidad de recibir valiosa información de primera mano para orientarse en las gestiones, alcances y documentación necesaria para ser receptor de estos fondos.

Hoy a las 11 horas, el presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), Cr. Álvaro García, dictará la charla “La banca pública y el desarrollo nacional”. Se trata de un evento de entrada libre y gratuita organizado por el Centro de Estudios Paysandú (CEP), que se llevará a cabo en la Sala “1º de Julio” de EL TELEGRAFO.

(Ámbito)
De acuerdo con los datos extraídos de las rendiciones de cuentas presentadas ante la Corte Electoral, solo tres departamentos lograron cerrar el ejercicio de 2024 con superávit fiscal. Además, apenas cinco registran saldo positivo en el acumulado, lo que revela un panorama generalizado de números rojos, pero con causas y consecuencias que varían según cada caso.

Maldonado, por ejemplo, acumuló un déficit cercano a los 39 millones de dólares, pero sus autoridades lo atribuyen principalmente a obras financiadas con fideicomisos a largo plazo. En contraste, Cerro Largo cerró con un déficit de 6 millones de dólares y con dificultades para afrontar el pago de salarios.

La situación en Cerro Largo escaló al debate político. La intendenta Christina Morel, del sector Aire Fresco del Partido Nacional (PN), advirtió al asumir que la administración anterior (encabezada por José Yurramendi, cercano a Sergio Botana) dejó las cuentas al borde del colapso. En sus primeras semanas, Morel anunció el cese de unos 70 funcionarios, generando reacciones inmediatas de dirigentes aliados al exintendente.

Este cruce recuerda otros episodios similares, como el traspaso de mando en Salto entre el colorado Germán Coutinho y el frenteamplista Andrés Lima en 2015, cuando también las finanzas se volvieron un campo de batalla.

Mientras Maldonado obtiene solo el 15% de sus ingresos por transferencias del gobierno central, en departamentos del norte ese porcentaje ronda el 60%. Eso marca una enorme diferencia en la autonomía financiera y la posibilidad de afrontar inversiones sin desbalancear las cuentas.

En este contexto, varios intendentes optan por reducir gastos de personal o buscar nuevas líneas de crédito. En Florida, Carlos Enciso impulsa un plan de retiro incentivado para más de 200 funcionarios. En Maldonado, Miguel Abella solicitó un préstamo a la Junta Departamental para financiar compromisos asumidos en campaña, aunque aseguró que será amortizado dentro del actual período.

Las cuentas, sin embargo, no solo se escriben con números. El balance político entre sectores internos y el posicionamiento hacia las elecciones de 2025 también juegan un papel clave en la narrativa del déficit y en departamentos como Cerro Largo, esa disputa ya comenzó.

DERRAME DE PETRÓLEOEN PUNTA DEL ESTE

(LA RED 21)
Un derrame de petróleo en aguas uruguayas activó protocolos de emergencia este domingo tras detectarse una fuga durante la descarga de crudo en la boya petrolera de la Terminal Este de Ancap. El incidente involucró al buque Eagle San Francisco, de bandera maltesa, que transportaba un cargamento desde Texas (EE.UU.) para abastecer a la refinería de la empresa estatal.

Según fuentes cercanas a la operación, citadas por el portal Correo de Punta del Este, el tanquero –de 277 metros de eslora y capacidad para transportar más de un millón de barriles– se encontraba descargando el crudo cuando se identificó el vertido. Hasta ayer no se había informado la magnitud exacta del derrame ni sus causas, aunque se confirmó la suspensión inmediata de las operaciones.

Ancap tampoco había emitido un comunicado oficial, lo que generó preocupación respecto a cuál será el impacto del incidente y su potencial impacto ambiental. La Armada Nacional, responsable del control marítimo, tampoco brindó detalles sobre las medidas de contención o el alcance de la contaminación.

En el lugar trabajaban los remolcadores Ancap VII y Ancap VIII, junto al privado San Cristóbal, aunque se desconoce si su actuación logró minimizar la dispersión del crudo. Autoridades competentes, incluida Prefectura, evalúan las causas del derrame y coordinan acciones para mitigar daños en un área crítica para el abastecimiento energético nacional.

La Terminal Este es un enclave estratégico para Uruguay, ya que recibe el 70% del crudo procesado por Ancap. Cualquier derrame en la zona amenaza la biodiversidad marina y costas cercanas, pero hasta ayer no había información sobre monitoreo ambiental ni alertas a la población.

En un nuevo impulso para el desarrollo turístico y la conectividad regional, el intendente de Colón, José Luis Walser, participó en Concordia de la presentación oficial de la aerolínea Humming Airways, que comenzará a operar vuelos regulares entre esa ciudad y Buenos Aires a partir de setiembre. El encuentro tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Concordia y reunió a autoridades municipales, provinciales y representantes del sector turístico.

La propuesta de Humming Airways –sujeta aún a las habilitaciones definitivas por parte de los organismos aeronáuticos– prevé utilizar el aeropuerto Comodoro Pierrestegui como base de operaciones para conectar de manera directa al litoral entrerriano con el principal centro urbano del vecino país. La iniciativa se enmarca en una estrategia conjunta entre municipios de la microrregión Salto Grande, que busca fortalecer la infraestructura aérea como herramienta para el crecimiento económico, comercial y turístico.

“El desarrollo de esta conexión aérea es muy auspicioso y refleja el trabajo articulado entre intendencias, el gobierno provincial y el sector privado para potenciar nuestras propuestas como destinos turísticos complementarios”, valoró el intendente Walser. Acompañaron al jefe comunal el secretario de gobierno, Mariano Bravo; el secretario de Turismo y Cultura, Federico Escher; y el coordinador de Calidad e Innovación Turística, Mariano García.

Durante la presentación, encabezada por el intendente de Concordia, Francisco Azcué, junto a autoridades provinciales y representantes de la empresa, se destacó la importancia estratégica del aeropuerto como puerta de entrada a la región de la costa del río Uruguay. “Apostamos a consolidar este corredor turístico regional, con más vuelos y mayor afluencia de visitantes del país y del exterior”, señaló Walser.

El diputado del Partido Colorado, Walter Verri, presentó un proyecto de ley para que la educación financiera sea incorporada de manera obligatoria y transversal al sistema educativo formal. El legislador propuso, además, la instalación de programas permanentes de formación para adultos con énfasis en el endeudamiento responsable, la protección al consumidor financiero y el acceso informado al sistema de financiamiento e inversión.

“Buscamos su incorporación a la currícula de Primaria y Secundaria porque estamos alarmados por el avance de los delitos de estafa en nuestro país. Uruguay es uno de los países más afectados”, dijo a EL TELEGRAFO.

Sin embargo, reconoció la existencia de estafas difíciles de detectar como las ocurridas a través de los fondos ganaderos, “muy grandes y piramidales que afectan incluso a personas profesionales en la materia. Pero es claro que existen estafas a menores, quienes terminan convencidos a través de engaños, de poner sus ahorros o transferencias para apropiarse de su dinero”. En estos casos, si las personas recibieran una educación financiera básica “seguramente están alertas para no aceptar este tipo de cosas. Hoy en día, las redes sociales y WhatsApp son vehículos muy eficientes para estos estafadores”.

Explicó que “la educación debe aggiornarse a los desafíos de las nuevas tecnologías de la educación. Por lo tanto, hoy tenemos un mundo interconectado por las redes sociales que son buenas para muchas cosas, pero son muy malas para estas situaciones”.

Verri adelantó que solicitará una reunión con el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Pablo Caggiani, a fin de presentarle el proyecto. “Si quieren tomarlo como iniciativa propia, no hay problema, Lo importante es que avance”, agregó.

El diputado aclaró que “esta iniciativa no se trata de endeudamiento sino de evitar las estafas. Obviamente, también sirve para alertar cuando nos cobran una tasa de interés inadecuada, o para no caer en manos de prestamistas y usureros. Pero lo que más abundan son las estafas y nuestros niños, adolescentes y jóvenes deben tener una formación al respecto”, concluyó.

Ante el aumento de las inspecciones realizadas en el último tiempo por la Dirección General Impositiva (DGI), el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau) solicita al Parlamento que se apruebe el proyecto que establece derechos y garantías de los contribuyentes frente a las administraciones tributarias, conocido como “Carta del Contribuyente”.

Así se manifestaron al respecto directivos de la gremial que nuclea a los contadores, los que dan cuenta de que ese proyecto presentado por el Colegio y aprobado por Diputados, propone regular la relación entre los ciudadanos contribuyentes y los organismos recaudadores, promoviendo un vínculo basado en la confianza.

Destacan que de aprobarse la ley, ésta se aplicaría a todos los tributos, con excepción de los aduaneros y los departamentales, y a las prestaciones legales de carácter pecuniario establecidas a favor de personas de derecho público no estatales.

Señalan al respecto que el artículo 2 del proyecto refiere a los derechos y garantías de los contribuyentes. Entre otros puntos figuran disposiciones respecto a que “no se le apliquen medidas administrativas que impidan su actividad comercial o industrial legítima ni que se obstaculice la documentación en forma de las operaciones que desarrolle durante el período auditado, que las actuaciones de la administración tributaria se lleven a cabo en la forma que resulte menos gravosa y distorsionante de la actividad o del giro habitual del contribuyente”.

Incluso la presidente del Cceau, Cristina Freire, indicó que “días pasados se ha constatado y se ha reconocido a través de los medios de prensa que han habido inspecciones dirigidas a nuestros clientes y también a los profesionales que actúan en forma independiente”.

Ante estas inspecciones de DGI, Freire indicó que “el Colegio considera oportuno reiterar algunos aspectos fundamentales sobre el ejercicio profesional y nuestro rol como asesor”, por lo que “ante la situación de solicitar el levantamiento del secreto bancario aconseja que se realice bajo el artículo 53 de la ley 18.083”.

Asimismo, informó a sus socios que el Colegio ofrece actualizaciones, servicios de consulta y existe un equipo de trabajo que tiene relacionamiento con la DGI ante cualquier situación.

También se cuenta con un grupo interdisciplinario, integrado por miembros del Cceau y la DGI, para resolver dificultades operativas que puedan surgir en el trabajo de los contadores en la materia.

El edil departamental Alejandro Colacce propone que se exonere del pago de IVA y tributos municipales, departamentales y catastrales a los módulos habitacionales construidos por asociaciones civiles sin fines de lucro, “que acrediten que el destino exclusivo” de las viviendas será “para la atención directa de personas en situación de precariedad habitacional”.

Hace especial hincapié en “la Asociación Civil Cireneos”, la que “ha desarrollado una destacada labor de acompañamiento social, material y espiritual a familias uruguayas en situación de extrema vulnerabilidad”. El mes pasado, la asociación dirigida por el cura Juan Andrés Verde entregó viviendas dentro de su plan Rancho Cero en Paysandú, en su acuerdo con el Liceo Francisco.

“Estas unidades habitacionales, que tienen un costo aproximado de 15.000 dólares por unidad, han sido financiadas mediante aportes privados, donaciones y trabajo voluntario, muchas veces sin el apoyo directo o efectivo del Estado”, indica Colacce. No obstante, la Asociación Civil Cirineos “se ve obligada a abonar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otras cargas sociales, como cualquier otro agente económico, a pesar de la naturaleza sin fines de lucro y de actuar directamente sobre situaciones de exclusión crítica”.

Esta situación “reduce la capacidad de acción de la organización, afectando directamente a las familias beneficiarias”, razón por la cual el edil por el Partido Nacional solicita a los diputados por el departamento que estudien la viabilidad de una iniciativa legislativa que permita que estas instituciones obtengan exoneración del IVA “para las adquisiciones de bienes muebles destinados a soluciones habitacionales, realizadas por asociaciones civiles sin fines de lucro, debidamente inscriptas ante el Ministerio de Educación y Cultura, cuyo objetivo principal sea la atención y asistencia a personas o familias en situación de vulnerabilidad socio económica y habitacional”.

También pide que se estudie la posibilidad de extender la exoneración del IVA a instalaciones sanitarias, eléctricas y térmicas y al transporte vinculado con su construcción. Establece además Colacce la pertinencia de exonerar de toda prestación patronal o carga parafiscal “sobre contrataciones de personal realizadas exclusivamente para la ejecución de programas sociales de mejora habitacional desarrollados” por esas asociaciones civiles.

Slicita que tanto las intendencias como las juntas departamentales promuevan la exoneración de tributos municipales, departamentales y catastrales “sobre los inmuebles donde se desarrollen estas obras, promoviendo los instrumentos necesarios para viabilizar este tipo de vivienda, destinada a sectores de extrema pobreza y vulnerabilidad”.