Diego Varela es uno de los expertos que trabajó en la fundamentación del proyecto que promovió ante la entonces Dinama, luego Ministerio de Ambiente, la creación de la segunda área protegida en nuestro departamento, Islas del Queguay. Tras la presentación fue además uno de los que más trabajó en el impulso de la iniciativa en diferentes foros e instancias de intercambio.
Una vez conocida la decisión del Poder Ejecutivo (Decreto N° 170/025, con la firma del presidente de la república, Yamandú Orsi), Varela, en entrevista con EL TELEGRAFO, planteó una serie de reparos respecto a la forma en la que se produce la incorporación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP, y las presiones a las que se enfrenta el área recién creada.
Comenzó destacando una serie de aspectos “positivos” de esta incorporación, que concretan “aspiraciones de la comunidad sanducera”. Agrega que el área protegida “tal como se la concibe actualmente preserva la representatividad de ambientes: bosque fluvial, bañados, pastizales, arenales y parque” y agrega que “a pesar de que el diseño actual de la reserva facilita la instalación de la planta de HIF Global en las inmediaciones del área protegida, el proyecto del Ministerio afirma que la concreción del proyecto de esta empresa constituye una presión de efectos negativos sobre el área”.
Sin embargo lista a continuación una serie de aspectos negativos relacionados con el decreto. Menciona que lo resuelto “contrasta con el proyecto inicialmente elevado por Gensa al Ministerio de Ambiente el 19 de abril de 2018”. Recuerda Varela que en ese planteo original “se propuso preservar un ecosistema fluvial constituido por las islas de la desembocadura del Queguay y la costa del río Uruguay, incluyendo ambientes que estructural y funcionalmente están relacionados: terrestres, acuáticos y semiacuáticos, y también se destacó que la comunidad dominante de este ecosistema es el bosque fluvial relictual del Río Uruguay”.
RECORTA
Comenta además el experto que se establece como objetivo del área “Proteger y mantener la estructura y funcionamiento de los ecosistemas naturales y sus servicios ecosistémicos”, entiende que “las medidas concretas que propone resultan inadecuadas para este fin y a veces contradictorias”. El diseño definitivo, explica, “recorta significativamente la extensión del área”, un factor que considera “el más importante para determinar la probabilidad de conservación de una comunidad arbórea a largo plazo”. Detalla que de las 18.910 hectáreas que sumaban el total de padrones original, (16.878 continentales, y 2.032 isleñas), “retiene 2.874 hectáreas (17%), correspondientes a padrones continentales, y concede 2.521 hectáreas a islas por el añadido de las islas Almirón, Mellizas y Sombrerito”.
Varela señaló que la fundamentación para este recorte en los límites respecto a la propuesta original fueron “en primer lugar, poner énfasis en la desembocadura del río Queguay sobre el río Uruguay y en segundo lugar, asegurar la continuidad de la cobertura vegetal, priorizando aquellas áreas con baja intervención humana”. Sin embargo hizo notar allí una contradicción en la medida que “si se puso énfasis en la desembocadura del Queguay, ¿por qué se incluyeron las islas mellizas, sombrerito y Almirón, muy distantes tanto al norte como al sur, de la desembocadura del Queguay?”, planteó. Por otra parte el experto hizo notar que de las 7122 hectáreas de bosque fluvial costero, la delimitación final “retiene solamente 2057, menos del 30%”. Agrega que si el propósito es asegurar la continuidad de la cobertura vegetal “¿por qué se excluye la mayor parte de la franja de bosque fluvial autóctono más extensa de la costa y se incluyen sectores isleños discontinuos y distantes?”, en alusión a las islas que se incluyeron y que no estaban previstas originalmente.
Y se pregunta si estas islas “ubicadas unas 38 km al norte y la otra 25 km al sur de la desembocadura del Queguay, ¿son más importantes para la conservación de la estructura y función del ecosistema fluvial, así como para la persistencia de su comunidad vegetal, que las 5.065 hectáreas de bosque ripario eliminadas y que los 31 padrones continentales incluidos en la zona costera de amortiguación?”. Varela sostiene, por el contrario, que hubiese sido más efectivo “regular las actividades humanas en la costa de modo que se asegure la preservación del bosque autóctono y de la funcionalidad de ecosistema fluvial, tal como se explicitó en la propuesta original”.
INADMISIBLE
El recorte, planteó, eliminó del proyecto la zona costera de amortiguación de 42 km de extensión entre el arroyo Malo y el arroyo San Francisco, “que el proyecto inicial proponía preservar en calidad de paisaje protegido”. Agrega Varela que una consecuencia directa de la eliminación de esta zona de amortiguación que se preveía, se habilita “la instalación de la planta de e-combustibles de la empresa HIF Global, que constituye la mayor y más grave presión que amenaza el área protegida, dentro de la zona de amortiguación, en los padrones 11.950 y 11.951”.
Varela afirmó que “es inadmisible desde un punto de vista ambiental y conservacionista que se instale una planta de más de 100 hectáreas de superficie, que talará mas de 30 hectáreas de bosque autóctono, en estos padrones que están ubicados dentro de lo que se propuso como zona de amortiguación del área protegida, que naturalmente forma parte y está en continuidad y contigüidad con ella”. La planta, situó, está proyectada “a 3 kilómetros del límite sur continental de la reserva, a 900 metros de la Isla San Miguel, a 1500 metros de la Isla Queguay Grande, que fracciona el territorio aledaño mediante una telaraña compuesta por ductos de CO2 y Metanol que transponen el arroyo San Francisco por técnicas no especificadas, por un colector de residuos industriales que conectará con el colector de Paysandú”. Agregó que también habrá “redes de media y alta tensión, carreteras que habilitarán tránsito pesado y una toma de agua dentro de la zona acuática de la reserva a 100 metros de la Isla San Miguel. Todo a una escala de tipo ‘Jurasic Park’ y como si se tratase de un sistema aislado de su entorno”.
El problema, señala, es que la planta además de sustituir “suelos por superficies impermeables”, generará “en un ambiente natural contaminación atmosférica, acústica, de sonido, térmica y que facilita la introducción furtiva o involuntaria de especies vegetales y animales invasoras”.
También señaló que en caso de accidente o fallas en las medidas de mitigación, se pueden ocasionar “eventos puntualmente severos: incendio, explosión o vertido de residuos industriales peligrosos”. Resumió que la instalación de HIF Global en ese lugar, “sienta un mal precedente para toda la zona prevista como de amortiguacion”.
Varela manifestó que en función de estas consideraciones “estimo conveniente aclarar que integro el movimiento ‘Firmá por el Río’, que actualmente está colectando firmas para una iniciativa ciudadana que solicita se declare ‘Reserva Natural Departamental’ y que se incorporen al SNAP los padrones 11.950 y 11.951, donde la empresa HIF Global propone instalar su planta generadora de e-combustibles”.
Explicó que de conseguirse las firmas necesarias, “directamente, o bien luego de un posterior plebiscito departamental que resultase afirmativo a la iniciativa, conllevaría a que no se pueda instalar ningún emprendimiento industrial en estos padrones, determinando que la empresa tendría que buscar otra ubicación para su planta”.
