Mes: junio 2026

Considero que es un deber ético y moral denunciar públicamente ante la opinión pública de nuestro departamento y del país la flagrante injusticia, la arbitrariedad y el desamparo que el Instituto Nacional de Colonización (INC) pretende cometer contra Soledad Parietti Zeni, una joven colona de tan solo 24 años de la Colonia Juan Gutiérrez. que mediante la Resolución N° 21 (Acta N° 5789), adoptada con el digno voto en contra del Director Dr. Luca Manassi, el Directorio del INC resolvió rescindir de forma intempestiva el contrato de arrendamiento de la fracción N° 28 de la Colonia Juan Gutierrez,ordenando el desalojo inmediato y el inicio de acciones judiciales contra esta joven colona.
Esta medida no solo representa un severo golpe a una familia de trabajo radicada en el interior de Paysandú, sino un peligroso precedente que violenta el más elemental sentido común y los fines de la propia Ley de
Colonización. Soledad no es una colona improvisada; se radicó en esa tierra junto a sus padres cuando tenía apenas un año de edad. Tras el fallecimiento de su madre cuando tenía apenas tres años, se crió y trabajó codo a codo con su padre, haciendo de la actividad agropecuaria su único y legítimo medio de vida. Cursó la escuela pública de la Colonia Juan Gitierrez y sus estudios secundarios en la Escuela Agraria de Guichón, manteniendo siempre allí su única y efectiva vivienda. Si existe un ejemplo vivo en Paysandú del espíritu de la Ley 11.029, que busca poblar la campaña y lograr el arraigo de las familias en el medio rural, es el de esta joven.
Sin embargo, el argumento de la burocracia montevideana para decretar su expulsión roza lo absurdo y lo abiertamente discriminatorio: pretenden sancionarla porque actualmente cursa estudios en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República en la Regional Norte. El Instituto de Colonización de manera insólita transforma un mérito evidente en un demérito administrativo. ¿Desde cuándo el derecho al desarrollo personal, al estudio y a la capacitación técnica para producir mejor el campo son causales de exclusión? Soledad estudia para volcar sus conocimientos profesionales en su propia tierra y cooperar con el desarrollo de la zona. Desalojarla por estudiar es un mensaje nefasto para toda la juventud rural de nuestro interior.
Sin perjucio y como profesional del derecho debo, señalar que esta resolución del Instituto de Colonización, está completamente viciada de nulidad y plagada de falsedades técnicas, que denotan una animosidad manifiesta de los responsables de esta medida. La mayoria del Directorio invoca supuestos incumplimientos financieros y ordena el cobro de deudas cuando la realidad material, tajante e indiscutible, es que la joven colona se encuentra absolutamente al día con el pago de sus rentas. Para colmo, el acto fue dictado entre gallos y medianoches, de espaldas a la interesada, sin conferirle la vista previa ni la notificación personal que por ley corresponden, dejándola en un total estado de indefensión. Se ignoró deliberadamente que ya en marzo de 2025 la propia Oficina Regional de Paysandú del INC había informado que todos los supuestos inconvenientes estaban subsanados y recomendaba la renovación del contrato por dos años. Hoy, un año después y de forma arbitraria, se decreta el desalojo sin previo aviso. No se puede aplicar la sanción más grave de la ley cuando no existe una sola causal legítima para hacerlo.
Frente a este atropello que lesiona la seguridad jurídica y los valores de la comunidad productiva sanducera, exijimos una solución inmediata. No hay causa justa, ni grande ni chica, que ampare semejante despropósito. Apelo firmemente a que las máximas autoridades del Instituto Nacional de Colonización tengan la capacidad y sensatez, de rever semejante decisión, y también al Poder Ejecutivo – en la persona del Ministro de Ganaderia,
Alfredo Fratti que dijo ser defensor de los colonos, para que, en el marco de los recursos que segun me han informado se han interpuesto en vía administrativa, procedan de forma urgente a la suspensión de la ejecución de este desalojo y a la revocación total de la resolución que propició esta ilegitima medida. Desde que, es un deber del Estado proteger, incentivar y amparar a los jóvenes como Soledad que eligen vivir, estudiar y trabajar en el campo.
Dr. Marcelo Tortorella, edil departamental por
el Partido Nacional

Hace poco más de un año y tres meses que el doctor Carlos Negro asumió la conducción del Ministerio del Interior. Tiempo suficiente para que la ciudadanía pudiera evaluar resultados. Y lamentablemente, la sensación que recorre barrios, ciudades y pueblos del Uruguay es que la inseguridad no disminuye: crece.
Los robos siguen siendo noticia cotidiana, las rapiñas continúan sembrando preocupación, los copamientos aparecen una y otra vez en los titulares y los homicidios parecen haberse convertido en una estadística que ya ni sorprende, aunque jamás debería dejar de conmovernos.

Pero si algo refleja el nivel de deterioro al que hemos llegado fue el hecho ocurrido días atrás, cuando un vehículo con cinco personas encapuchadas se dirigió a una boca de drogas y desató una lluvia de balas contra quienes allí se encontraban. El resultado fue aterrador: tres personas muertas, dos gravemente heridas y, hasta el momento, ninguna captura de los responsables. Una escena que parece sacada de una serie sobre carteles mexicanos o de alguna película sobre mafias internacionales. Pero no. Ocurrió en Uruguay, ese país que alguna vez fue presentado como una isla de tranquilidad en la región.
Y entonces llega la noticia: se cambia la cúpula policial.
Y ahí surge una pregunta tan sencilla como incómoda.

¿La culpa es de quienes ejecutan las órdenes o de quienes las imparten?
Porque hasta donde sabemos, los jefes policiales no diseñan la política de seguridad.
No definen estrategias ministeriales. No elaboran planes nacionales. No establecen prioridades. Su función es ejecutar los lineamientos que llegan desde arriba.

Es decir, cuando un equipo pierde durante más de un año, cuando los resultados empeoran y cuando la sensación de descontrol aumenta, resulta curioso que se cambien los jugadores y nunca el director técnico.

La lógica parecería indicar que si el problema es estructural, el análisis debería comenzar por quien conduce la estructura.

Pero en Uruguay somos innovadores. Cuando el barco hace agua, cambiamos a quienes sostienen los baldes y dejamos intacto al capitán que trazó el rumbo.

Quizás la nueva cúpula policial logre revertir la situación. Todos los uruguayos deseamos que así sea. Porque aquí no hay colores políticos que valgan cuando la vida de las personas está en juego.
Sin embargo, también es legítimo preguntarse si este cambio no es simplemente una forma elegante de trasladar responsabilidades.

Porque cuando la inseguridad crece, los homicidios aumentan, las bandas narcotraficantes disputan territorios a balazos y los ciudadanos viven cada vez con más temor, llega un momento en que ya no alcanza con cambiar nombres. Lo que la gente reclama son resultados.
Y cuando los resultados no aparecen, la pregunta deja de ser quién dirige a la Policía.
La verdadera pregunta pasa a ser quién dirige al ministro.

David Doti

Paysandú está en deuda con un arquitecto: Walter Belivisi. Fue senador, intendente en tres períodos, 1973-1981, 1988-1990, elegido por votación. 1983-1984, interino.

Paysandú tiene en su historia a varios intendentes que han descollado, que se destacaron, eminentes, sobresalientes. Tenían talento, calidad.

Hoy con sus 88 años, lo vemos por las calles caminando. El arquitecto está muy bien. Hace unos días contó cómo se inauguró el puente Paysandú-Colón. Desde 1920 ya se hablada del puente, un argentino decía de unir las dos orillas con una conexión ferroviaria.

En 1950 un uruguayo también comentaba del puente. 1964 fue un punto de partida (controlado por la Intendencia). En 1965 el ingeniero Viera impulsa una idea; la de un puente flotante.
Se forma un comité. Sería un puente, el primero uniendo dos países americanos.

El 22 de mayo de 1964 se forma Copayco, luego sería Cotepayco. Ese mismo año se preparó una importante y brillante gran exposición industrial del río Uruguay, con participantes uruguayos y argentinos quienes se pudieron vincular para futuros convenios.

En 1965 el presidente Gestido vino a apoyar. Pero falleció casi enseguida de asumir.
El 12 y 13 de febrero de 1966 con W. Beltrán se firman las cartas reversales entre los dos países.
El 1° de marzo de 1966 se realiza la declaración de Paysandú. Viene el presidente Pacheco, que había asumido en lugar de Gestido.

En 1968 fromalizan Cotepayco.
En 1970 comienza la licitación para contruir el puente.
El 2 de octubre de 1970 se oficializa la obra y da comienzo. Las columnas eran tubos de 14 metros de alto. Abajo habían sacado el agua para trabajar en seco.
El puente tiene 2.360 metros de largo.

Se trabajaba en ambos países, al llegar al centro faltaban 8,39 metros. Pusieron un tablón para unir los dos países.

El arquitecto Belvisi fue el primero que caminó sobre ese pasaje. Se unieron los dos territorios.
La presidenta argentina fue recibida en la Intendencia el 9 de diciembre. Suceden varios acontecimientos; se inaugura la purificadora de OSE. El acceso norte se mejora. Así como la entrada al cementerio, avenida Italia, el Auditorio.

En 1975 la Intendencia recibe la primera computadora, el escribano Ricardo Molinelli controla el sistema de Paysandú. Alberto Ponce Delgado da su apoyo para el puente Fray Bentos-Puerto Unzué. Consultaron al ingeniero Ponce Delgado sobre el techo de la terminal, para hacerla volada y le gustó mucho la idea.
Y así tendríamos mucho más para contar del intendente y arquitecto Walter Belvisi, sin sacar mérito a otros que gobernaron Paysandú. No importa el color del partido. Importa lo realizado y como es mucho merece un reconocimiento.

Gracias Arq. Walter Belvisi, señor intendente de Paysandú.

Zoraida Martegani de Camandulli