Día: 26 de julio de 2026

Cuentan que Daniel Ortega –joven, no tenia ni 40 años–, tras asumir su primera presidencia en Nicaragua (enero de 1985), se apresuró a viajar hasta el altar de La Habana para ofrendarle el país a Fidel Castro.
Fidel, un hábil “vividor” –uno de los mayores de la historia, si no pregunten a los rusos o a los venezolanos–, agradeció, lo bendijo y le hizo dos recomendaciones: no llames más a elecciones y trata de mantener buenas relaciones con los gringos.
Ortega no cumplió y las elecciones siguientes las ganó Violeta Barrios de Chamorro, la viuda del periodista Pedro Joaquin Chamorro, asesinado por los somocistas, hecho que precipitó la caída de la dictadura.
Dicen que Fidel, con su proverbial modestia comentó: “Yo se lo dije, que no llamara a elecciones, pero es medio tonto”.
Todo esto me lo contó un escritor, que fuera muy cercano a los Castro y que cayó en desgracia cuando la crisis del Gral.Ochoa y que pudo “escapar” de Cuba gracias a los oficios de su colega Gabriel Garcia Márquez.
Hay que reconocerle a Ortega que se ha esforzado. Para empezar, con los gringos nunca ha tenido problemas grandes y nunca ha dejado de ser marxista, progresista, peón de Cuba, antiimperialista y antiyanqui. Se dice que ha hecho buena letra con los temas tráfico de drogas y de inmigrantes. Zonzo no es, también ha sorteado otros tamaños escándalos que da vergüenza recordar. Además ha matado o mandado a matar, ha quitado la ciudadanía y echado a todos los disidentes, sin hacer asco a que sean oenegés o que vistan sotanas, ha acabado con todas las libertades, la libertad de prensa primero y, of course, ha hecho fraude en todas las elecciones que ganó desde el 2007 hasta ahora.
Pero en estos días parece que resolvió dar fiel cumplimiento a la recomendación del maestro y anunció que no se llamará mas a elecciones en Nicaragua y que seguirán al mando en tándem con su esposa Rosario Murillo, como lo hacen desde hace mucho.
Ortega progresista, fidelista, hombre de izquierda, recibió permanente apoyo de sus correligionarios; a veces alguno hizo leves críticas ante sus barbaridades, alguna feminista en caso específico o firmaron declaraciones “abriéndose” pero que no iban mas allá o simplemente daban vuelta la cara para no ver (Lulas hay en todo lados), pero llegado el momento decisivo la hermandad no dejó ni deja de funcionar: todos a una. Si es deshonesto no es de izquierda, si es de izquierda no es deshonesto, como aseguran los frenteamplistas uruguayos.
Esta última decisión de Ortega, o Murillo –yo lo entrevisté dos veces, allá por 1985 en Montevideo y un años después, aproximadamente, en Managua y las dos veces me pareció que estaba borracho– levanta polvareda. Hasta la ONU, lo cual, de todas formas no embroma ni importa a nadie.
Y hablando de tonterías, el secretario general de la OEA sostuvo que “el régimen ha abandonado la democracia”. Chocolate por la noticia: ¿y hasta ahora qué?
En definitiva, si siempre vale buscarle algún diente blanco al perro muerto, habría que computarle a Ortega que se sacó la careta y ya no juega a los marxista-leninistas en plan gramsciano, que se han abocado a acabar con la democracia, definitivamente, desde adentro. Ahí están los chavistas en Venezuela y hasta ahora bendecidos. Todos bendicen: Fidel, Lula, Trump, Xi Jinping hace negocios y a Putin no darle la espalda, pero todos a la vez contestes en que a la democracia solo le cabe la extremaunción.

La inmunidad parlamentaria nació en la Europa moderna como respuesta a los intentos de las monarquías por controlar a las asambleas representativas. El episodio de 1642, cuando Carlos I ingresó a la Cámara de los Comunes para arrestar a cinco diputados, evidenció la necesidad de proteger a los representantes frente a la coerción del Poder Ejecutivo. Desde entonces, la inmunidad pasó a entenderse como una garantía para ejercer la función legislativa sin temor a represalias.

En la Francia revolucionaria, la Asamblea Nacional consagró la inviolabilidad parlamentaria para impedir que el aparato penal fuera utilizado contra la oposición, en línea con la concepción de Benjamín Constant sobre las “zonas de libertad política” indispensables para la deliberación democrática. En el siglo XIX, la experiencia alemana —analizada por Lorenz von Stein y retomada posteriormente por Hannah Arendt— mostró que la ausencia de estas protecciones facilitaba la persecución judicial de los opositores, consolidando la inmunidad como un pilar de la separación de poderes.

En América Latina, la recepción de esta institución estuvo marcada por la existencia de presidencialismos fuertes y por la necesidad de evitar que el Poder Ejecutivo utilizara la justicia penal para disciplinar a la oposición. José Korzeniak defendió la inmunidad como garantía de la independencia parlamentaria en contextos de alta conflictividad; Carlos Sánchez Viamonte sostuvo que, sin fueros, gobiernos con inclinaciones autoritarias podrían alterar la dinámica legislativa mediante procesos selectivos; Roberto Gargarella analizó cómo la estructura constitucional latinoamericana exige proteger al Parlamento frente a la concentración del poder presidencial; Atilio Boron advirtió sobre la “judicialización selectiva” como mecanismo de disciplinamiento político; Fernando Atria subrayó que la democracia requiere espacios institucionales donde la representación opere sin interferencias; y Diego Valadés integró la inmunidad dentro de su teoría de las garantías destinadas a limitar el uso político del derecho penal.

En el constitucionalismo contemporáneo, los fueros constituyen una garantía estructural de la representación política. La inviolabilidad de opinión protege al legislador frente a cualquier responsabilidad derivada de las expresiones formuladas en el ejercicio del cargo. Norberto Bobbio sostuvo que la democracia necesita esferas de libertad institucional donde la crítica pueda ejercerse sin temor; Jürgen Habermas advirtió que la deliberación requiere condiciones que impidan la “colonización” del debate por actores con poder económico o estatal. Por su parte, la inmunidad de arresto o de proceso funciona como un filtro político-institucional: Giovanni Sartori explicó que no procura impedir la acción penal, sino garantizar que una acusación no altere artificialmente la composición del Parlamento; Pierre Rosanvallon destacó que estas garantías protegen la función representativa frente a la volatilidad del conflicto político.

La legitimidad de los fueros depende, sin embargo, de una administración responsable. Eduardo García de Enterría mostró que surgieron para impedir detenciones arbitrarias; Manuel Aragón Reyes advirtió que deben interpretarse con un criterio estrictamente funcional, evitando que se conviertan en refugios personales; y Luigi Ferrajoli sostuvo que las garantías pierden legitimidad cuando se transforman en privilegios, aunque siguen siendo indispensables cuando preservan la estructura del Estado constitucional frente a eventuales abusos de poder.

En síntesis, la inmunidad parlamentaria constituye una pieza central del equilibrio democrático. No protege a las personas, sino a la función representativa. Garantiza la libertad de expresión de los legisladores, preserva la autonomía del Parlamento y previene la instrumentalización del derecho penal como mecanismo de disciplinamiento político. Aplicada con criterios funcionales, fortalece la democracia; desviada hacia la protección de intereses personales, erosiona la confianza pública.

Los parlamentarios hoy

Durante las últimas dos décadas, los fueros parlamentarios en Uruguay han funcionado como un mecanismo estable de protección institucional, aunque también como un espacio de tensión entre la autonomía legislativa y la responsabilidad pública. El régimen mantiene su estructura clásica: inviolabilidad por las opiniones vertidas en el ejercicio del cargo e inmunidad de arresto o de proceso, cuyo levantamiento depende de la decisión de cada cámara.

Desde comienzos de este siglo, los pedidos de desafuero han sido escasos, aunque políticamente relevantes, obligando al Parlamento a pronunciarse sobre la legitimidad de las investigaciones judiciales y la necesidad de preservar la independencia del Poder Legislativo.

El tratamiento de esos pedidos revela una pauta constante: las cámaras han tendido a autorizar el avance de la justicia cuando los hechos imputados no guardan relación con la función parlamentaria, reafirmando así que los fueros no constituyen un refugio personal. Al mismo tiempo, el sistema ha evitado que la acción penal altere mayorías legislativas o condicione la agenda parlamentaria, preservando la estabilidad institucional.

El debate público se ha concentrado, por tanto, en cómo equilibrar la transparencia con la autonomía parlamentaria. Sin embargo, el diseño constitucional ha demostrado una considerable resiliencia: los fueros continúan operando como una garantía funcional y su administración política ha contribuido a preservar la credibilidad del Parlamento en un contexto regional caracterizado por una creciente judicialización de la política.

¿Y si no hubiera fueros?

La práctica parlamentaria enfrenta hoy un nuevo dilema cuando se plantea que la inviolabilidad ya no debería alcanzar a legisladores que mienten deliberadamente o insultan durante las sesiones. La inmunidad de opinión nació para proteger la deliberación frente a presiones externas, no para blindar conductas que degradan el debate democrático.

Si la inviolabilidad dejara de amparar expresiones ofensivas, insultos o afirmaciones deliberadamente falsas, la palabra parlamentaria quedaría sometida al eventual reproche penal y cada intervención podría ser evaluada como una posible difamación. Ello modificaría sustancialmente la conducta de los legisladores, cuya función exige libertad para formular acusaciones políticas, plantear hipótesis, expresar críticas severas o emitir juicios de valor sin temor a represalias judiciales.

Sin embargo, la expansión contemporánea de discursos agresivos, falsedades estratégicas y descalificaciones personales ha desvirtuado, en parte, el sentido original de la inmunidad. Cuando la palabra parlamentaria se utiliza para agraviar adversarios o instalar afirmaciones falsas con impacto público, la protección corre el riesgo de transformarse en un escudo para prácticas que deterioran la confianza ciudadana.

Si los fueros dejaran de amparar esas inconductas, los legisladores quedarían sometidos a las mismas responsabilidades que cualquier ciudadano y deberían responder ante la Justicia cuando la Fiscalía promoviera acciones por difamación, injurias u otros delitos vinculados a la difusión de información falsa. Ello podría introducir un principio de responsabilidad que contribuyera a elevar la calidad del debate institucional.

Si una garantía concebida para proteger la democracia termina siendo utilizada como cobertura para la mentira o el agravio, corresponde preguntarse si su configuración actual sigue cumpliendo la finalidad que le dio origen. Es hora de debatir si aspiramos a una democracia de ciudadanos iguales ante la ley o a un sistema que continúa reservando privilegios difíciles de justificar.

Porque, si un instrumento diseñado para fortalecer la calidad institucional termina debilitándola, resulta legítimo discutir su reforma. O los fueros sirven para fortalecer la democracia, o terminan convirtiéndose en una herramienta de impunidad. Y la impunidad frente al abuso de la palabra pública difícilmente contribuya a fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Hace algunos años, el entonces canciller Rodolfo Nin Novoa pronunció una frase que, en su momento, sorprendió tanto a oficialistas como a opositores. Reconocía la impotencia de un gobierno de izquierda para llevar adelante su programa debido a los obstáculos que imponían sus propios “socios” en la acumulación de poder que lo había llevado al gobierno. Con una mezcla de ironía y realismo político sostuvo que, en los hechos, los funcionarios eran los verdaderos dueños de las empresas públicas uruguayas. La expresión fue ampliamente recogida por la prensa y posteriormente citada por distintos analistas como una síntesis provocadora de un problema estructural del Estado uruguayo.
El asunto es que, lejos de desmentirse, el paso del tiempo no ha hecho otra cosa que fortalecer esa interpretación. No porque los funcionarios sean jurídicamente propietarios de Ancap, Antel, UTE, OSE o el Banco República —que pertenecen al Estado y, por ende, a la ciudadanía, al menos en los papeles—, sino porque la evidencia acumulada durante décadas muestra que los sindicatos de las empresas públicas han hecho gala de una notable capacidad de presión sobre los sucesivos gobiernos para obtener reivindicaciones laborales que, en muchos casos, alcanzan la categoría de privilegios, solventados con el aporte de todos los uruguayos mediante impuestos y sobreprecios.
Una nueva perla de este largo collar se conoció hace pocas horas, cuando trascendió que Ancap resolvió no implementar el operativo extraordinario que había diseñado para abastecer de combustible de aviación al Aeropuerto de Carrasco durante las obras previstas en la pista principal de Ezeiza, entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre, al entender que no estaban dadas las condiciones operativas necesarias para garantizar su ejecución.
En un comunicado, el organismo señaló que el plan había sido preparado “con varios meses de anticipación” ante una “oportunidad logística relevante para el país”, que implicaba un incremento excepcional de la demanda de combustible Jet A-1 y requería condiciones específicas de personal, logística, infraestructura y control de calidad.
La empresa afirmó que informó desde el inicio al sindicato sobre las características del operativo y promovió distintas instancias de negociación, incluso mediante una propuesta de compensación para el personal directamente involucrado, en función de las mayores responsabilidades, la extensión de horarios y el trabajo durante fines de semana.
Sin embargo, durante las conversaciones, “desde el sindicato se incorporaron planteos que excedían el alcance de este operativo excepcional”, al incluir beneficios generales y para sectores que, según Ancap, no estaban directamente vinculados con el esfuerzo operativo requerido.
Ante ese escenario, la empresa concluyó que “no fue posible asegurar los requisitos operativos indispensables para su ejecución”, por lo que resolvió dejar sin efecto el plan. Asimismo, reafirmó su compromiso con “el abastecimiento seguro, confiable y oportuno de combustibles”, el diálogo con los trabajadores y la continuidad de los servicios esenciales. Por supuesto, desde Fancap se defendió la posición sindical, asegurando que desde el comienzo valoró la iniciativa como “una oportunidad trascendental para Ancap” y para posicionar a Uruguay como un actor relevante en la logística regional del combustible de aviación. En consecuencia, afirmó haber tenido “la disposición de manejar múltiples escenarios de acuerdos para garantizar la operatividad de este trabajo excepcional”.
El sindicato sostuvo que aceptó la propuesta de remuneración excepcional planteada por la empresa, aunque solicitó que alcanzara a todos los trabajadores de las áreas involucradas en la operativa y no solo a una parte del personal. Además, planteó abrir ámbitos de negociación sobre temas de fondo, como la falta de personal, las condiciones de seguridad laboral y el cumplimiento de acuerdos firmados en 2025.
En ese sentido, Fancap afirmó que Ancap —es decir, su Directorio— “tenía como único interés garantizar la paz sindical en las áreas comprometidas, pero sin mostrar voluntad de acceder a acuerdos” que mejoraran las condiciones de trabajo.
Una evaluación objetiva de este episodio indica que, respondiendo a una metodología profundamente arraigada en el sindicalismo estatal, se intentó obtener ventajas y concesiones que iban mucho más allá de este operativo y de los funcionarios directamente involucrados, procurando extender los beneficios a un número considerablemente mayor de trabajadores y en condiciones que el Directorio entendió desproporcionadas. Por ello resolvió dejar sin efecto el operativo, perdiéndose una oportunidad de generar beneficios tanto para la empresa como para el país.
Nada que los sindicatos “dueños” de las empresas públicas no hayan hecho antes. Una vez más, colocaron sus intereses sectoriales por encima del interés general, porque, al fin y al cabo, sus puestos de trabajo permanecen asegurados y, si el perjudicado es el conjunto de la sociedad, igualmente seguirán percibiendo salarios que, por cierto, se encuentran entre los más altos de la escala de remuneraciones del país.
Pese a ello, los gremios estatales continúan sosteniendo una amplia plataforma de reivindicaciones respaldada por su capacidad de organización y movilización, recurriendo con frecuencia a paros, ocupaciones y otras medidas de conflicto para influir en las decisiones gubernamentales.
Y ya que hablamos de beneficios y privilegios, uno de los conflictos más relevantes de los últimos años estuvo relacionado con la reforma del régimen de certificaciones médicas para los funcionarios públicos.
El nuevo sistema buscó aproximar el régimen estatal al vigente para los trabajadores privados, limitando el pago íntegro del salario durante las licencias por enfermedad y estableciendo un régimen de subsidios a partir de determinado número de días.
COFE rechazó la reforma, realizó paros nacionales, ocupó dependencias públicas y presentó una reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Posteriormente, el Poder Ejecutivo acordó suspender transitoriamente la aplicación del nuevo régimen mientras avanzaba un proceso de conciliación.
El promedio anual de certificaciones médicas en el sector público rondaba los 31 días por funcionario en algunos organismos, dato utilizado por el gobierno para fundamentar la necesidad de modificar el régimen.
En los hechos, que son los que finalmente mandan, los cambios organizacionales, las reformas de gestión, las modificaciones en los regímenes laborales, los intentos de modernización o la incorporación de nuevas formas de administración han sido respondidos reiteradamente con paros, trabajo a reglamento, ocupaciones de instalaciones, movilizaciones y campañas de presión política. En la práctica, cualquier administración sabe que impulsar transformaciones profundas en una empresa pública implica enfrentar un elevado costo político y social. Esa capacidad de veto constituye uno de los principales rasgos del funcionamiento de los entes estatales en Uruguay y ayuda a explicar situaciones como la del frustrado operativo de Ancap.
Lo sucedido demuestra, además, la pretensión sindical de torcer el brazo a los gobernantes legítimamente elegidos por la ciudadanía para administrar el Estado y, dentro de él, las empresas públicas, que en los hechos terminan sometidas a una lógica de gobierno corporativo. La situación lleva al extremo la pregunta acerca de quién ejerce realmente el rol de “dueño”: si la ciudadanía, representada por el gobierno democráticamente elegido, sus directorios políticos y los organismos de control, o si, en la práctica, lo hacen los múltiples actores y organizaciones que comparten una misma matriz ideológica y son capaces de bloquear decisiones estratégicas, siempre procurando llevar agua para su propio molino.
Y así estamos.