Contrariamente a las reflexiones difundidas en las redes sociales o a las respuestas de algunos líderes políticos, las repercusiones y consecuencias de la investigación efectuada por la justicia en torno a la denominada Operación Océano fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación.
De hecho, gracias a los diversos medios de comunicación hoy se puede hablar de una de las más grandes operaciones de explotación sexual adolescente desbaratada de los últimos años con 32 imputados y 18 víctimas detectadas. Hasta el momento. Porque las derivaciones, a estas alturas, pueden ser insospechadas y continuar por un espacio ilimitado de tiempo.
Entre los explotadores hay un médico, un abogado, un arquitecto, un psicólogo, políticos, empresarios de diferentes rubros, entre ellos un reconocido organizador de fiestas, un exjuez, un empresario armenio, uno inmobiliario y uno ligado a un centro educativo. La fiscal Darviña Viera aparece prácticamente a diario en las portadas de los informativos para hablar de nuevas condenas, cuando era prácticamente una desconocida a pesar de su vasta trayectoria.
Son hombres de muy buena posición económica, tienen entre 30 y 70 años y marchan a la cárcel por el mismo delito: promesa de retribución o retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo. Así lo define nuestro Código, lo ejecuta la Fiscalía y difunden los medios de comunicación.
Los niveles de hipersensibilidad en que se encuentran algunos líderes en plena campaña electoral los hace ingresar en un lodo para el cual se nota que no estaban preparados. Porque parecía que los violadores, abusadores y violentos con las mujeres estaban todos en el bando contrario.
Sin embargo, esta megacausa comenzó a investigarse a partir de un hecho luctuoso. La muerte de una joven, tuvo resultados inusitados con la incautación de celulares que desnudaron la existencia de chats entre los acusados y las víctimas.
Pero, otra vez, en tiempos electorales aflora la necesidad de matar al mensajero. Se renuevan los bríos de los sorprendidos que salen a exclamar en las redes su rechazo por situaciones que existían desde hace tiempo. Por ejemplo, en el Carnaval. No obstante, ante quienes denunciaban los hechos de violencia solo había vacío, descrédito e indiferencia. De lo contrario, solo alcanza con escuchar algunos testimonios de ahora y desde hace muchos años. Porque siempre fue así y son notorias hasta las respuestas.
Es que resulta más rápido el efecto en la opinión pública que una murga no salga –al menos con el nombre usado en el Carnaval pasado– porque su director responsable es uno de los denunciados, o suspender el Carnaval de las Promesas o pedirle la renuncia a un carnavalero que integra una lista a las departamentales, que reconocer que dejaron pastar a un problema hasta que engordara. Cuando hace más de una década que interponen mensajes contundentes en esos medios de comunicación para involucrar a la comunidad a que denuncie los casos de acoso, abuso o violencia de cualquier tipo.
Es inaceptable tolerar que se tomen estas situaciones deplorables para defenderse con ataques o que los hechos sean usados en campañas políticas. Todo lo contrario, la amplia difusión a la Operación Océano y a las denuncias escritas en la plataforma Varones Carnaval sirvió para dejar de lado el miedo y para cambiar algunas formas de proceder.
Los operadores judiciales definen que la Operación Océano tuvo el efecto “de un tsunami”. Esto derivó en que la Fiscalía centralizará las denuncias de este tipo, Delitos Especiales de la Policía solicitará tener el doble de personal y el INAU sumará al menos una decena de inspectores. Porque cuando los medios de comunicación cuestionaban por los controles en los lugares de asistencia de menores o de consumo de alcohol, las respuestas siempre eran las mismas. La argumentación basada en la falta de personal para salir a la calle refrendaba la escasa voluntad política por hincar el diente a un problema social.
Uruguay se ha caracterizado en los últimos años por crear institucionalidad que muchas veces resulta en la superposición de funciones y de esfuerzos para que se logren pocos resultados. El nuevo gobierno tendrá el desafío de ordenar ese terreno, bastante enredado, de la fiscalización. Y para eso deberá definir mayores recursos porque el delito siempre estará un paso más adelante.
Ese paso adelante es Internet y las negociaciones que se realizan a través de una diversidad de redes y mecanismos digitales.
Pero también es cultural y se observa en forma creciente en el interior profundo, cuando una adolescente es entregada para pagar el favor de algo. Y eso ocurre en este siglo XXI tanto como ocurría en el XIX. La única diferencia es la amplitud de los amparos legales, las nuevas figuras jurídicas y la existencia de personas que integran una misma comunidad, por pequeña que sea, y se animan a denunciar. Porque, también, los medios de comunicación se han encargado de repetir que esos delitos nunca pueden quedar puertas adentro.
Esta “caja de Pandora” que se abrió en ambos casos sirvió para otros colectivos. Ahora se sumaron campañas para denunciar situaciones de abuso y acoso en las facultades de Medicina y Derecho y en Secundaria, con un mensaje muy fuerte de la Fenapes.
Ya no importa si hay carreras profesionales o artísticas acabadas. Importa que se hable del problema y se mueva la aguja. Importa que se pase de los términos conceptuales y habituales de la condena –un aspecto que no es difícil porque todos “condenan”– a la acción. Por eso, hay referentes políticos que deben aprender a respetar al mensajero y dejar de usar las campañas políticas. Porque estos delitos nos interpelan como sociedad. Y hay que recordarles que ellos, también, la integran.
