Opinión

La semana pasada el portal argentino Infobae publicó un artículo titulado “De la inversión a la ruina: los once negocios que terminaron en grandes pérdidas para los ahorristas uruguayos”. La nota, firmada por Pedro Tristant, recopila una serie de de casos, algunos muy sonados, otros que quizás la mayor parte de la opinión pública no tenga tan presente. Verlos así, puestos todos junto en una sola nota, provoca una enorme tristeza por las personas afectadas por estos episodios, negocios que salieron mal —los menos—, o rotundos delitos.

Apoyados en este resumen podemos recordar, por ser los más voluminosos en montos y además los más recientes, los casos de los negocios en la ganadería, pero todos ellos tuvieron su desenlace durante los dos últimos años, por más que algunos viniesen de larga data, como el más importante y sonado de ellos, el de Conexión Ganadera, una empresa con 25 años a cuestas y un prestigio que se esfumó en cuestión de semanas.

La empresa se dedicaba a captar el ahorro privado para invertir en ganado, a cambio ofrecía una rentabilidad fija. Unas 4.300 personas confiaron en este modelo y perdieron el dinero. Hay dolorosos relatos, como personas que habían heredado determinada suma y la colocaron allí, o que decidieron desprenderse de algún bien para buscar una rentabilidad en ese negocio en el que vieron esfumarse el dinero con el que proyectaban su retiro.
Conexión Ganadera, se supo después, se había vuelto hacía tiempo un esquema Ponzi, o una estafa piramidal, por el cual para pagar a los inversores se emplea el dinero de nuevos inversores que ingresan, sin que exista una rentabilidad real que lo permita. Pero no fue el único caso, su modelo había sido copiado en el mercado y con ajustes para entregar mayor rentabilidad, como en el caso del Grupo Larrarte. Otra empresa que cayó en esa corrida fue República Ganadera, cuyo rescate había anunciado Conexión Ganadera antes de su propia debacle, que empezó con la muerte de uno de sus propietarios en un llamativo accidente automovilístico, que luego se comprobó fue una autoeliminación.

Larrarte llegó a captar inversiones por U$S 12 millones, República Ganadera tenía un pasivo de U$S 90 millones y Conexión Ganadera uno de U$S 230 millones. Se sumó a ellos la empresa Portfolio Capital, que comunicó a sus clientes que no está pudiendo pagar los intereses ni devolver el capital anticipadamente ante la corrida de los inversores y está buscando acuerdos para afrontar sus obligaciones.

Otro sonado caso, mencionado en el resumen, fue el de la empresa Balsa y Asociados, desarrolladora de proyectos inmobiliarios, en especial dedicado al desarrollo de barrios privados en el departamento de Canelones. En un correo electrónico, en abril de 2024, anunció a sus inversores que había solicitado el concurso de acreedores. Afrontaba deudas por U$S 65 millones de dólares, que está negociando. Otro caso mencionado en el repaso es el de la corredora de bolsa Sara Goldring, quien, frente a la caída del valor de los títulos de sus clientes, a causa de la pandemia, decidió ocultar esa información. En 2022 blanqueó la situación, reconoció pérdidas millonarias. Una investigación reveló que utilizaba fondos de algunos inversores para compensar las pérdidas de otros. Otra empresa de corretaje, el Grupo Bursátil Uruguayo, también fue intervenida —al igual que la de Goldring— por el BCU. Más recientemente, menciona, Ignacio González Palumbo, “un supuesto corredor de bolsa que ostentaba una vida de lujo, fue acusado por haber estafado hasta a su propia familia”.

Los casos siguen. La tecnológica argentina Wenance reconoció que estaba reprogramando pagos de intereses a clientes que depositaron fondos en la firma. Se buscó evitar que la operativa en Uruguay se viese afectada, pero fue posible y unas 600 personas dicen haber sido estafadas por U$S 20 millones en total. Los denunciantes consideran que el modelo de negocios de Muszak terminó siendo un “verdadero esquema Ponzi” o una “estafa piramidal”.

Otro caso, diferente, fue el del exrugbier Gonzalo Campomar proponía un negocio de inversión en criptomonedas y billeteras virtuales, con una rentabilidad muy alta, de hasta el 50% anual, que terminó acumulando una deuda de U$S 65 millones antes de desaparecer del país.
Está claro que no alcanza con que estas personas y empresas ofreciesen un servicio financiero para que las personas afectadas terminaran cayendo en una trampa o viéndose arrastradas en en un negocio fallido. Hay que leerlo como un síntoma de que hay una inquietud por obtener rentabilidades mayores que las que el mercado ofrece actualmente a través de mecanismos tradicionales. Claro, a veces estas opciones tienen implícito determinado riesgo. Ya vimos que miles y miles de uruguayos expusieron estos ahorros buscando obtener un mayor retorno. Y en muchos casos no se trataba de personas que los colocaran allí con la expectativa de recuperarlos, aumentados, en el corto plazo, sino con la intención de tenerlos en algún lugar y que no pierdan valor.

Hay, sigue habiendo, ahorro nacional buscando posibilidades de inversión a riesgo bajo —que era lo que prometían e incumplieron las empresas del área ganadera— y buena rentabilidad. Veremos de qué manera todas estas experiencias negativas terminan afectando el desarrollo de algunas alternativas privadas que se vienen generando y que han tenido auspiciosos comienzos, dando impulso a nuevos proyectos empresariales. O si, en cambio, los ahorristas se vuelcan por opciones más tradicionales, aun esperando resultados más moderados.

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Hace pocas horas tuvo lugar en el Parlamento la primera interpelación a un ministro de Estado en el gobierno inaugurado por Yamandú Orsi el 1º de marzo de este año, y el protagonista de esta instancia prevista en nuestro ordenamiento institucional correspondió al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dr. Alfredo Fratti, es decir quien actualmente lleva las riendas en un área de particular importancia y visión estratégica para el país, por ser una economía de base agropecuaria, y que permanece estructural de esta forma, porque Uruguay sigue dependiendo de sus productos primarios, con muy escasa dotación de valor agregado, en el mejor de los casos.
Bueno, sería de esperar que en un tema de esta trascendencia, la instancia parlamentaria tuviera como motivo analizar eventuales “grandes” propuestas para generar condiciones que permitan sacar al país de la primarización, por citar un ejemplo, pero lamentablemente, el motivo de la convocatoria tiene que ver más bien con un “error no forzado” del gobierno, –como dicen en el tenis– por cuanto se trata de conocer los detalles, motivos y/o perspectivas de la compra, en uno de los primeros actos del flamante gobierno, de la estancia María Dolores, en el Departamento de Florida, por el Instituto Nacional de Colonización (INC), por 32 millones de dólares.
Pero más allá del hecho en sí, tal vez fue también el error no forzado del secretario de la Presidencia de la República, Alejandro “Pacha” Sánchez, cuando en un arrebato emocional anunció esta compra como un homenaje al recientemente fallecido expresidente José Mujica, por considerar que el mandatario era un abanderado de la lucha de los colonos y que la compra oficiaría las veces de un reconocimiento bien merecido hacia Mujica.
Pero claro, 32 millones de dólares no es moco de pavo en un país en que según manifestó el ministro de Economía y Finanzas, Ec. Gabriel Oddone, hay como herencia un serio problema fiscal y proclamó por lo tanto la necesidad de llevar delante un gobierno austero.
Este miércoles finalmente se concretó el llamado a sala del secretario de Estado, pero previamente el tema ha pasado por mil y una peripecias y debates públicos, tanto desde el punto de vista de su conveniencia o no para un país supuestamente con serias necesidades fiscales, como también en lo atinente a la legalidad de la compra, habida cuenta de la integración del Directorio, cuyo presidente –luego sustituido– Eduardo Viera, era colono y por esta condición precisamente el presidente Orsi decidió el relevo.
En este sentido el senador colorado Pedro Bordaberry, expuso en el curso de la sesión, que “el ministro (Fratti) es cómplice, porque le ocultó al Parlamento que el señor Viera, quien él proponía, era colono y se violaba la Constitución. Nos engañó a los senadores de la oposición y del oficialismo. Violó la norma. Cuando anunciamos el problema en la Comisión de Ganadería, lo había ubicado el senador Robert Silva. De entrada nos dijeron muchas cosas no muy agradables. Finalmente, tuvieron que aceptar y lo sacaron”.
El punto es que la votación original por mayoría simple para la compra contó con el voto en el Directorio de dos colonos (Eduardo Viera y Karina Henderson), quienes tenían impedido formar parte del directorio al usufructuar campos de colonización.
¿Y la estancia? Según el senador nacionalista Sebastián Da Silva –quien fue el miembro interpelante en el Senado– se trata de “una estancia señorial, de 4.000 hectáreas, 17 habitaciones, piscina, barbacoa, un corral para 10.000 cabezas de ganado y galpones por doquier para hacer una colonia”. Muy bueno –y costoso– como homenaje, pero debatible si a este precio le sirve al país para los propósitos anunciados.
Para el actual presidente del INC, Alejandro Henry, sí cumple: tiene una muy buena ubicación estratégica para la cuenca lechera, alcanza para 16 tambos, y “es también una excelente oportunidad para la transferencia científica, y no queremos que sea un lugar más. Aspiramos a que sea un espacio de aterrizaje tecnológico, donde podamos mostrar el desarrollo científico en la lechería aplicado al territorio”.
En realidad, de lo que se trata es de una discusión parlamentaria de fondo político, y ello explica que las posturas parlamentarias, mucho más allá que enfrascarse en la búsqueda de la verdad o la información pura, responden al consabido juego de la defensa a ultranza de la “camiseta” partidaria, con dos bandos claramente alineados, salvo que se pueda aportar algún elemento contundente o indiscutible desde el punto de vista jurídico o cercano a lo delictivo, llegado el caso, entre otras posibilidades que puedan romper con el esquema de las lealtadases partidarias.
Mientras tanto, esta circunstancia hizo que los senadores oficialistas se alinearan monolíticamente con el ministro interpelado, aunque la sesión debió suspenderse por intercambio de insultos entre el miembro interpelante Da Silva y el senador frenteamplista Nicolás Viera, con epítetos muy fuertes de carácter personal, que poco favor le hacen sus respectivas investiduras.
Al fin de cuentas, nada se aclaró, como suele ocurrir en política, porque el tema ya venía politizado y así quedó reafirmado en la instancia parlamentaria –incluso se anunció que la oposición promoverá la creación de una comisión investigadora en Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría– pero todo hace pensar que no habrá nada nuevo bajo el sol: la “verdad” que eventualmente surja será opinable, de acuerdo a la visión ideológica o partidaria de quien lo haga, lo que iría desde una compra producto de “delirio” y “capricho”, como dijo el interpelante, o “una de las mejores compras que ha realizado el INC en toda su historia”, según el interpelado. Y quizás no sea ni uno ni otro, y ni siquiera justifique una interpelación a un ministro, al fin de cuentas.
Es que en política todo es posible, como ocurre con las fantasías y malabares del mundo del circo. Pero seguimos lejos de los temas que preocupan al ciudadano común, lamentablemente, y eso es lo condenable. → Leer más

Días pasados dábamos cuenta de un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en base a los datos registrados en el reciente censo de población y vivienda, y de las proyecciones en cuanto a la cantidad de habitantes en el país y en los diferentes departamentos. El ejercicio era un planteo sobre la evolución poblacional de aquí a 20 años y los expertos indicaban su parecer respecto a quienes perderán o ganarán habitantes en las próximas dos décadas. Tristemente Paysandú, junto a otros 14 departamentos, está en la lista de los que verán su cantidad de habitantes empezar a caer en los próximos años. Solo cuatro departamentos, decía el informe, tendrán un saldo favorable en el 2045.
Recordemos que, como concepto general, se planteaba allí que “los movimientos dentro del país marcarán el rumbo demográfico de los departamentos” y que en función de esto, solamente Canelones sumará más de 80.000 personas, alcanzando casi 680.000 mil habitantes, y Maldonado crecerá hasta los 245.000 residentes.
Pero el concepto más preocupante del informe tiene que ver con el envejecimiento que seguirá experimentando la población uruguaya. Nuestro país tendrá en el 2070 no solo menor población, sino que además será más envejecida.
La población comienza a disminuir por dos factores principales: el fuerte descenso de nacimientos anuales y el arrastre de las muertes que se registraron durante la pandemia. La población uruguaya seguirá decreciendo durante los próximos años, por lo pronto de forma moderada, pero a largo plazo el fenómeno se acentuará, al punto que se estima que para el 2070 nuestra población será de 3 millones, después de haber alcanzado el techo de 3 millones y medio en 2024, a 3,4 millones en el 2045 y de forma más acentuada a largo plazo, alcanzando a 3 millones en el 2070.
Como ya hemos expuesto anteriormente, este escenario nos pone en problemas pensando en los futuros modelos de financiamiento de la seguridad social, que tendrá que seguir reformándose, inevitablemente, si estos pronósticos se cumplen.
Tampoco es que se trate de un problema exclusivo del Uruguay, por supuesto. Quizás el nuestro sea un caso algo extremo, pero lo del envejecimiento de la población está bastante extendido y no es sorpresa, en la medida que las familias en el mundo occidental tienen cada vez menos hijos porque no lo priorizan frente a otros objetivos y por otra parte la mejora en la calidad de vida hace que se supere también la expectativa de vida y haya más personas en el otro extremo de la pirámide. Está largamente estudiado todo esto.
Pero no todos lo ven con el mismo pesimismo. Un informe del Banco Mundial prefiere, en cambio, referir al envejecimiento de la población en América Latina como una oportunidad. “Oportunidad de plata”, de hecho se titula el artículo en la página oficial que alude al tema. ¿De qué va esto? Pues justamente refiere a esa mejora en la calidad de vida de las personas mayores, o los silvers, como los denomina en una obvia alusión a las canas. “Los silvers de hoy —personas de 50 años o más— son más activos, están más conectados y y tienen más poder financiero que nunca”, plantea. “América Latina y el Caribe, una región que en su día se caracterizó por una población predominantemente joven, es ahora la que envejece más rápido en el mundo”. El informe Perspectivas de la Población Mundial de las Naciones Unidas de 2024 menciona a Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina y Chile en la clasificación de “naciones con poblaciones con envejecimiento avanzado”. Para el año 2050, se espera que los silvers lleguen a 280 millones de personas, lo que equivaldrá al 38% de la población total.
Esto, según el artículo de Marcela Ponce y Jose Felix Etchegoyen, en el blog del Banco Mundial, “está transformando el panorama económico de la región y generando nuevas oportunidades de negocio dentro de la Economía Plateada”. Este término “Economía Plateada”, lo definió la Unión Europea como “el conjunto de toda la actividad económica que satisface las necesidades de las personas de 50 años o más, incluyendo los productos y servicios que consumen directamente y la actividad económica adicional que este gasto genera”. Esta Economía Plateada, que crece rápidamente, representa nuevas oportunidades “en sectores como la vivienda, la salud, el turismo y el emprendimiento”, sostienen. Agregan a la lista los servicios financieros, lo que incluye “productos de ahorro, crédito, seguros y pensiones, entre otros”, a la vez que plantean que la “población plateada” está asumiendo un rol más activo como “agente económico, emprendedor y consumidor con necesidades financieras particulares”.
Según la Asociación Americana de Personas Jubiladas (AARP, por sus siglas en inglés), el impacto económico global de la Economía Plateada fue en 2022 de aproximadamente el 34% del PBI mundial y se espera que aumente al 39% del PBI mundial para el 2050.
Advierte el informe que las instituciones financieras de América Latina y el Caribe “aún no han logrado capitalizar plenamente esta creciente oportunidad”, lo que atribuye a “prejuicios relacionados con la edad, la escasez de datos y la falta de productos financieros”, que han impedido que los bancos respondan adecuadamente a las necesidades del segmento.
“Las personas de 50 años o más pueden iniciar nuevos negocios o ampliar los que ya tienen, fomentando una mayor autosuficiencia, reduciendo la dependencia de la seguridad social y generando empleo”, plantea una premisa de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), quien en alianza con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España, lidera el Programa de Economía Plateada.
Y si bien el foco en el artículo está puesto en las oportunidades que se crean para el sistema financiero, no deja de ser cierto que del otro lado hay personas que pasando el medio siglo de vida, todavía tienen muchísimos años por delante y, por los indicadores, una mejor salud y la energía como llevar adelante nuevas actividades que alimenten además de sus ingresos a la economía del país. → Leer más

La noticia aparecía en nuestra edición de ayer. El presidente de la República, Yamandú, Orsi llamó a parar la manija en torno a la violencia en el fútbol. Sus palabras son sabias, solo que hubiesen sido necesarias hace algunas décadas. Hoy no alcanza con parar la manija, o mejor dicho, con intentar parar la manija, porque hemos llegado a un extremo en el que la manija parece una locomotora desbocada. A modo de ejemplo, basta recordar que en Uruguay –mejor dicho, en Montevideo– hay tres radios deportivas, o debiéramos decir “deportivas”, así entre comillas, porque del único deporte que se habla es de fútbol.

En nuestro país, solo en la rama masculina hay una primera división y una segunda división que conforman el profesionalismo. También hay una tercera división —donde está Paysandú Fútbol Club— y una cuarta división —de la que este año nos enteramos porque empieza allí su trayectoria el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi—. A eso hay que sumarle las divisiones formativas, en varias categorías hasta el Fútbol Infantil. También hay fútbol universitario con una cantidad de divisionales que se identifican con letras y que llegaban hasta la G. Después está la Organización del Fútbol del Interior, con sus ligas departamentales, en algunas ciudades con varias divisionales y las competencias interdepartamentales a nivel de selecciones y de clubes, que se acaban de definir. Siguiendo por el fútbol, hay también fútbol femenino, que no es profesional, con dos divisionales y sus categorías formativas que llegan también hasta el fútbol infantil y que también tiene competencias departamentales e interdepartamentales, y tenemos fútbol sala y fútbol de salón, que son diferentes competencias, y fútbol playa y hasta fútbol en silla de rueda.

Por fuera de eso tenemos los otros deportes que se practican. El orden de esta enumeración no implica ningún tipo de preferencia, pero tenemos remo, ciclismo, básquetbol, rugby, handball, vóleibol, automovilismo, y un largo etcétera. De todo ese abanico, en las radios deportivas y en las que no lo son, pero que tienen espacios dedicados al deporte, no hace más que hablarse sobre Nacional y Peñarol, Peñarol y Nacional. Y no importa que el campeón sea Liverpool. Igual hablan de Nacional y Peñarol, Peñarol y Nacional.
¿Es esa la causa de la violencia? Por supuesto que no. Esto funciona como el algoritmo. Las radios, igual que los canales, los diarios, las páginas web, las redes sociales, hablan de eso porque es lo que interesa a la mayoría, pero tiene un efecto retroalimentario.

Tenemos un problema de contaminación llamado Peñarol y Nacional, Nacional y Peñarol. Contaminación que tiene su demostración visual en el enchastre que hacen en las columnas y en las paredes y en cualquier cosa que se les cruce, su reacción natural frente a cualquier superficie es plasmar los colores que les nublan la mente. Y así como manchan cualquier pared o columna, hace rato han manchado la pelota. La han manchado de sangre, y no tienen la mínima intención de detenerse. Es que hay poco que se pueda hacer. Se han invertido millones de dólares en medidas de seguridad, en cámaras, en drones, en softwares, en horas hombre, en combustible; la Policía destina mil efectivos para tareas de control en un partido al que van 40.000 personas. Un policía cada 40 personas, y en realidad el grupo al que hay que controlar lo conforman unos ¿50?, ¿100? ¿200 por cada bando? Sí, bando, porque no son hinchadas, son más bien tribus, urbanas y todo lo que se quiera, pero tienen sus códigos, tienen esquemas propios de funcionamiento, de organización, de financiación y de defensa/ataque, no escatiman en ejercer la violencia que sea necesaria y no se detienen aunque perjudiquen al equipo cuyos colores usan de excusa para todo aquello. Porque los han perjudicado a ambos, los siguen perjudicando y volverán a hacerlo en el futuro, porque ya están más allá de la razón por la que surgieron y les dio identidad en el inicio de todo. Ya no hay retorno sin medidas extraordinarias. No alcanza con parar la manija, que por otra parte no está parando, sino todo lo contrario.

Orsi consideró “muy dolorosa” la muerte de las dos personas en Toledo (Canelones) y dijo que el crimen “poco tiene que ver con el fútbol”. Señaló que “lo que está pasando se toca, se vincula (con el fútbol) y tiene más que ver con la pasión y la violencia y otras cosas que de repente están relacionadas y capaz que se nos escapan”. A esta altura del partido, con todo lo que se ha invertido, estas cosas no deberían escaparse, no puede ser que no tengamos mínimamente un diagnóstico, una identificación de las personas detrás de esta violencia, tratándose de crimen organizado.

En mayo de 2023, organizado por la Universidad ORT, se realizó el encuentro Fuera de Juego, en Montevideo, en el que se abordó La violencia en el deporte en Uruguay y el rol de los medios, en el que participaron el fiscal Fernando Romano, el Lic. Alejandro “Lali” Sonsol, el Psic. Gabriel Gutiérrez, el Soc. Felipe Arocena y la Dra. Claudia Umpiérrez, bajo la moderación del periodista Jaime Clara (en el código QR está la información y un enlace a la transmisión que se hizo a través de YouTube).

Allí se afirma que la violencia en el deporte “es un fenómeno sociocultural, político e interseccional que ha marcado y definido algunos de los episodios más nefastos alrededor del globo, pero ha resultado particularmente funesto en la región sudamericana. El caso de Uruguay no dista de ser excepcional y teje un entramado de tragedias en las que múltiples sectores de la sociedad se han visto involucrados directa e indirectamente”.

Arocena señaló durante su exposición que siempre hubo violencia en torno al fútbol. De hecho el primer muerto se registra en 1924, y en 1905 hubo un partido suspendido por invasión de las hinchadas al campo de juego. “La violencia histórica en el fútbol estaba mucho más asociada a situaciones espontáneas y no organizadas. Hoy en día la violencia es mucho más organizada, vinculada fundamentalmente a las barras bravas y al narcotráfico, y se manifiesta mucho más afuera de los escenarios deportivos”.

Por esto, ese pedido de Orsi de parar la manija, es sin duda por donde hay que tratar de empezar a desinflar el globo, pero nadie dude que no alcanza con ello y que si bien no lo van a terminar, porque es a la postre su área de negocio, no nos van a devolver el deporte que tienen secuestrado. → Leer más

“A los países chicos les conviene tirarse al suelo y hacerse los muertos”, ironizó recientemente el doctor en Economía y especialista en Comercio Internacional, Dr. Marcelo Vaillant, al evaluar el panorama del intercambio comercial internacional y sobre todo en qué situación se encuentra Uruguay, entre otras economías pequeñas, ante las medidas arancelarias del presidente de Estados Unidos Donald Trump, que han sacudido el ordenamiento de las relaciones comerciales.
En reportaje para el suplemento Economía y Mercado, del diario El País, Vaillant trajo a colación que “un asesor de Bill Clinton decía, en situaciones complejas, ‘tírate al suelo y hazte el muerto’. Creo que los países pequeños en este momento, con Estados Unidos, debemos seguir esta estrategia. Nuestro arancel ahora es del 10 por ciento. En este momento los menos castigados somos los beneficiados. Pero hay otros terrenos en los que trabajar”.
Y por cierto que de lo que se trata es de poner la pequeñez de nuestro lado: nuestro volumen de exportaciones, en el mejor de los casos, no da para arañar la cáscara de las mayores economías mundiales, como la de la nación norteamericana, pero en cambio para un país del tamaño del nuestro, sí es importante todo lo que se pueda colocar.
El punto es que estamos al margen de lo que pueden ser las intenciones geopolíticas del ocupante de la Casa Blanca, porque la idea del mandatario es usar los aranceles o la palanca de acceso a su mercado para darle impulso a la capacidad de negociar otros asuntos que le interesan en forma prioritaria, incluso ideológicos, como las sanciones a Brasil.
Debemos tener en cuenta que dado la vulnerabilidad de nuestra economía, con las ventajas y desventajas de la pequeñez, también recibe de rebote las consecuencias de las medidas que se aplican a otros, como es el caso de Brasil.
Una de ellas es precisamente se da en el tema de las exportaciones de carnes, primera línea de nuestros productos de exportación, habida cuenta de tener Uruguay una economía de base agropecuaria, y cada vez con menos margen de la incorporación de valor agregado, por nuestros costos internos, incluyendo la mano de obra medida en dólares, que es como se incide en el precio final.
En este sentido es pertinente traer a colación observaciones que al respecto se formulan en el semanario Búsqueda, que analiza repercusiones en nuestro país de la aplicación del arancel del 50 por ciento a las colocaciones de carne brasileñas en el mercado de Estados Unidos, con la salvedad de que siempre hay elementos que pueden no haber sido considerados a priori, porque se trata de un juego de carambolas a varias bandas y como país pequeño, la apertura o cierres de mercados, aún pequeños para los grandes, pueden ser de gran repercusión en nuestra economía.
Y acá entra además la intervención del gigante asiático China, el blanco prioritario de Trump, al que primero llegó a anunciar un arancel devastador del 145 por ciento, pero luego retrocedió y quedó en menos de una tercera parte, tras evaluar en su real magnitud el efecto “búmeran” de sus medidas en el mercado interno.
En el caso de la carne, al gravamen del 50 por ciento a Brasil se agregan, entre otros factores, brotes de aftosa en Europa y Turquía, cierre de fronteras entre Estados Unidos y México, por razones sanitarias, además de aranceles del 35 por ciento a Canadá, así como 30 por ciento a México y la Unión Europea.
En este río revuelto quien sabe por cuánto tiempo, nuestro país se mantiene con el 10 por ciento de arancel, y ello es un elemento nada despreciable, dentro de esta relatividad dinámica y tan cambiante por las decisiones e impulsos del mandatario norteamericano.
En análisis de Blasina y Asociados, por ejemplo, se considera que la faltante de carne en Estados Unidos, que ha sido el gran motor del precio en los últimos doce meses, puede volverse de gran incidencia, y una escasez estructural de carne puede ser para Uruguay una ventaja perdurable desde lo arancelario.
El factor Brasil es aquí de importancia significativa, por cuanto es el exportador más grande de carne a Estados Unidos, desde que por ejemplo en los últimos doce meses nuestros vecinos colocaron en ese mercado 417.000 toneladas, apenas detrás del primer exportador, que es Australia, y los aranceles del 50 por ciento hacen que ya sea vidrioso el negocio para los brasileños, por decir lo menos.
La perspectiva brasileña es las de reorientar sus exportaciones cárnicas hacia China, al quedar fuera del mercado estadounidense, y ese sería el camino lógico, según los analistas internacionales, ya que el gigante asiático demanda principalmente cortes delanteros, que es el mismo perfil que Brasil exporta hacia los Estados Unidos.
Sin embargo, en este juego de billar a varias bandas, los actores no se quedan de brazos cruzados, y menos los chinos, porque si ven que Brasil cae en sus mercados porque está desterrado de Estados Unidos, es de inferir que no pagará los mismos precios a los que venía haciendo negocios, teniendo en cuenta el factor de una mayor oferta de carne.
Por lo tanto no es de esperar que se sigan pagando los mismos precios a proveedores habituales como Uruguay, Argentina y Australia. Estamos en la mesa con un tablero de ajedrez, donde los jugadores en el curso de la partida van intercambiando piezas, incluso sacrificando las menores para quedar en mejor posición y alcanzar los objetivos sobre el rey adversario.
El punto es que en un tablero de ajedrez se puedan alternar infinidad de jugadas, y aquí en el comercio global, en este caso de la carne, las posibilidades también son muy amplias: lo que haga uno en el juego bilateral, repercute en terceros y así se va generando una cadena o dominó que termina impactando donde menos se esperaba, con el adicional del componente geopolítico, además del comercial.
Por lo tanto, la perspectiva de “hacernos los muertos” es una postura de recibo ante el impacto de los aranceles internos, pero no es garantía de lo que nos puede resultar como receptores de los avatares que surjan de las jugadas de los gigantes, porque mal que nos pese, no tenemos capacidad de incidir y solo seguiremos siendo tomadores de precios y consecuentemente de mercados condicionados a lo que pase, en un marco de incertidumbre política y comercial global.

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Un reciente llamado publicado en el portal Uruguay Pesca para reclutar personas con o sin experiencia laboral revela con crudeza el panorama del mercado de trabajo en el país. La Cámara de la Industria Pesquera del Uruguay informó el domingo, a través de la red social X, que en apenas 48 horas se habían inscrito 4.082 postulantes, de los cuales 189 ya contaban con la libreta de embarque. En solo 24 horas, la cifra de inscriptos casi duplicaba la cantidad de marineros actualmente empleados en el sector y quintuplicaba la capacidad de la flota pesquera nacional.

El sector está integrado por empresas, industrias y armadores —propietarios de embarcaciones—, y emplea a unas 3.000 personas de forma directa, además de una cantidad similar de trabajadores indirectos. Sin embargo, desde hace más de dos meses las flotas están paralizadas debido a medidas sindicales, mientras los pesqueros argentinos avanzan con una zafra exitosa, por razones evidentes.

A pesar de los salarios que ofrece la industria —alrededor de $10.000 diarios para marineros con formación y la mitad para quienes no cuenten con libreta—, el llamado incluye capacitación básica antes del primer embarque. Mientras tanto, el gobierno considera que lanzar un nuevo llamado laboral “no es una buena salida” al conflicto, y los legisladores se “comprometen a trabajar” para buscar una solución rápida. Pero el tiempo sigue corriendo, y tras más de 70 días de negociaciones estancadas, el pescado destinado a la exportación termina siendo capturado por flotas extranjeras autorizadas.
Por eso, la Cámara resolvió “refundar” el sector pesquero uruguayo para evitar “refundirse”, según palabras de uno de sus referentes.

Sin embargo, el alto número de personas que se anotaron no se explica solo por el atractivo del salario. Un fenómeno similar ocurrió con el programa Jornales Solidarios, en mayo de 2021, cuando se registraron unas 130.000 personas para solo 15.000 puestos de trabajo de seis meses de duración, con una remuneración de $12.500 por 12 días de actividad al mes.
Estos llamados laborales se han convertido en termómetros fiables de la situación del empleo en el país. Son la cara visible de la necesidad de trabajo en determinados sectores de la población, incluso cuando las cifras oficiales marcan un desempleo promedio del 7,3 % a nivel nacional. Según la consultora Advice, entre enero y junio de este año se publicaron 41.980 oportunidades laborales, lo que representa un aumento de casi 25 % respecto al mismo período del año pasado —unas 8.200 oportunidades más—. El monitor de la consultora prevé que la demanda laboral se mantenga estable en el segundo semestre del año.

Sin embargo, la preocupación por el desempleo crece especialmente en el Interior, donde se presentan realidades socioeconómicas más complejas y una fuerte dependencia de actividades zafrales.

Hoy, la industria enfrenta una diversidad de desafíos: la reconversión de procesos a nivel global, el avance de la tecnología que reduce la necesidad de mano de obra, y la falta de preparación de muchos trabajadores para adaptarse a estos cambios. A eso se suman las regulaciones del mercado y problemas estructurales de competitividad, que alimentan una percepción reiterada: “Uruguay es un país caro para vivir, invertir y trabajar”.

Sectores como las curtiembres, lácteos y autopartes exhiben altos niveles de conflictividad, pérdida de empleos y un número creciente de trabajadores amparados por el seguro de desempleo. En algunos casos, con extensiones del beneficio que ya superan el año, dificultando aún más la reinserción laboral.
También hay fenómenos coyunturales, como las recientes adversidades climáticas, que afectan a más de 2.000 trabajadores en Salto y Paysandú —en su mayoría mujeres jefas de hogar—, quienes ya comenzaron a tramitar subsidios adelantados y otras formas de asistencia social.

A esto se suman situaciones ajenas a los trabajadores, como la reciente estafa financiera que golpeó a la industria frigorífica local, dejando a 303 trabajadores a la espera de una extensión del seguro de paro que recién fue confirmada.
Por otro lado, hay sindicatos que, lejos de buscar soluciones, profundizan las diferencias con las patronales. Aunque también es justo reconocer a aquellos que han mostrado actitudes proactivas para resolver sus conflictos.

Hoy, sostener las fuentes de trabajo se ha vuelto una urgencia. Algunos sindicatos han admitido que llegan a los Consejos de Salarios con la principal preocupación puesta en preservar los empleos, dejando en manos del gobierno la definición salarial.
Lo que se evidencia es una problemática estructural de falta de empleo en diversos sectores. Las propuestas actuales buscan paliar las dificultades, pero no plantean un cambio profundo en el paradigma del trabajo.

En general, hay una mirada crítica sobre la falta de planificación del Estado hacia la industria. Durante años, los distintos gobiernos observaron cómo ciertas empresas cerraban o se iban del país, sin dejar margen para la reconversión laboral de sus trabajadores. Cuando una industria abandona una localidad, no solo deja sin empleo a cientos de personas, sino que también apaga la vida social y económica del lugar, provocando emigración y pérdida de tejido comunitario. La historia reciente del país ofrece demasiados ejemplos en este sentido.

Por ahora, los reclamos por seguros de paro especiales se acumulan, al tiempo que se plantean propuestas para activar mecanismos automáticos ante los problemas cíclicos que presentan muchas actividades zafrales, aún sin respuestas adecuadas.
Mientras tanto, el problema sigue creciendo, y tanto el gobierno como los trabajadores y empresarios coinciden en algo: es urgente repensar el mundo del trabajo en Uruguay frente al avance imparable de la tecnología. → Leer más

En los últimos días nuestro diario ha informado que el diputado sanducero del Partido Colorado, Walter Verri, presentó un proyecto de ley para que la educación financiera sea incorporada de manera obligatoria y transversal al sistema educativo formal. La propuesta incluye la instalación de programas permanentes de formación para adultos con énfasis en el endeudamiento responsable, la protección al consumidor financiero y el acceso informado al sistema de financiamiento e inversión. “Buscamos su incorporación a la currícula de Primaria y Secundaria porque estamos alarmados por el avance de los delitos de estafa en nuestro país. Uruguay es uno de los países más afectados”, dijo Verri a EL TELEGRAFO.

El legislador explicó que “la educación debe aggiornarse a los desafíos de las nuevas tecnologías de la educación. Por lo tanto, hoy tenemos un mundo interconectado por las redes sociales que son buenas para muchas cosas, pero son muy malas para estas situaciones”. El diputado aclaró que “esta iniciativa no se trata de endeudamiento sino de evitar las estafas. Obviamente, también sirve para alertar cuando nos cobran una tasa de interés inadecuada, o para no caer en manos de prestamistas y usureros. Pero lo que más abundan son las estafas y nuestros niños, adolescentes y jóvenes deben tener una formación al respecto”, concluyó.

Según el Reporte del Sistema Financiero (RSF) correspondiente a los primeros tres meses del año 2025, elaborado por la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central del Uruguay (BCU), los créditos otorgados por los bancos al sector no financiero privado, es decir, a empresas y familias, crecieron durante el primer trimestre del año respecto a fines del 2024, y alcanzaron un monto equivalente al 29,2% del Producto Bruto Interno Bruto (PBI). El documento BCU señala específicamente qué situación es la que requiere de mayor atención, sobre todo en el contexto actual: “el endeudamiento de las familias con el sistema financiero en relación al ingreso ha mostrado un aumento en los últimos meses”, indicó el documento. Al respecto, el crédito destinado a consumo (con bancos y con administradoras de crédito) pasó de 21,3% del ingreso promedio anual de los hogares en marzo 2024 a 23,9% en marzo 2025. Si además se agrega el crédito hipotecario (que financia la compra de viviendas), el endeudamiento de las familias representaba a fin de marzo el 35% del ingreso promedio anual de los hogares”.

Así pues, el proyecto de ley antes mencionado supone una iniciativa de suma importancia, atendiendo no sólo a las graves situaciones de endeudamiento que soportan una gran cantidad de uruguayos, sino también a las estafas que a través de medios digitales aumentan día a día y causan grandes perjuicios a diversos colectivos, especialmente a los adultos mayores que muchas veces no se encuentran debidamente familiarizados con aspectos tecnológicos de la actividad financiera. Esta situación ya venía siendo advertida por diversas empresas del área financiera, que informan a sus clientes sobre la forma en que deben llevarse adelante las finanzas personales y sobre los delitos antes mencionados.

A modo de ejemplo, la exposición de motivos de la iniciativa legislativa de Verri expresa que “la creciente complejidad del sistema financiero y la expansión del acceso al crédito -particularmente fuera del circuito bancario tradicional- exigen una ciudadanía con herramientas adecuadas para la toma de decisiones informadas, responsables y sostenibles. Si bien Uruguay ha avanzado significativamente en materia de inclusión financiera en los últimos años, este proceso no ha sido acompañado por una política sistemática de educación financiera que permita a las personas comprender cabalmente los instrumentos financieros a los que acceden.

La asimetría informativa entre oferentes y demandantes de productos financieros –como créditos de consumo, fideicomisos, letras de tesorería, obligaciones negociables y vehículos de inversión colectiva– coloca en situación de vulnerabilidad a amplios sectores de la población. A ello se suma el uso extendido de medios digitales para la contratación y gestión de productos financieros, lo que refuerza la necesidad de formación específica sobre sus riesgos y consecuencias”. Asimismo, se destaca que “esta situación no es exclusiva de Uruguay. Diversos países de la región, como Colombia (CONPES 4005/2020), México (ENIF), Perú (Plan Nacional de Educación Financiera 2021-2025) y Argentina (Programa de Educación Financiera del BCRA), han implementado políticas públicas específicas para promover la alfabetización financiera como condición necesaria para un ejercicio pleno de la ciudadanía. En este contexto, la presente ley tiene por finalidad consagrar la educación financiera como una política pública estructural, incorporándola de manera obligatoria y transversal al sistema educativo formal y estableciendo, además, programas permanentes de formación para la ciudadanía adulta, con énfasis en el endeudamiento responsable, la protección al consumidor financiero y el acceso informado al sistema de financiamiento e inversión”.

Similar prédica desarrollan en Uruguay otras instituciones públicas, tal como sucede con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para el cual “la promoción de educación financiera es un elemento fundamental para construir ciudadanía. Las finanzas personales no giran en torno al dinero, giran en torno a las personas y su bienestar: a) porque incorporar herramientas financieras nos ayuda a definir y alcanzar objetivos personales, b) porque tener más conocimientos sobre el tema nos ayuda a organizar mejor nuestro dinero, c) porque aprender a gestionar nuestras finanzas nos permite tomar decisiones conscientes y reducir los niveles de estrés por causa del dinero y d) porque aprender a cumplir en tiempo y forma con nuestros compromisos de pago tendrá impacto en nuestra “huella financiera”, que es un historial de comportamiento de pagos que queda registrado en el sistema financiero”.

El proyecto a estudio del Parlamento es una buena oportunidad para incorporar a la misma elementos que brinden herramientas para actuar en el mundo de micro y medianas empresas, como por ejemplo elementos para administrar las finanzas de un microemprendimiento (albañiles, carpinteros, herreros, sanitarios por citar tan solo algunos ejemplos), saber cómo se calculan y pagan los tributos, que cargas sociales deben abonar si contratan personal, etcétera. De esta forma estaremos brindando una ayuda real a esos verdaderos emprendedores que día a día recorren nuestras calles. Hoy nuestros jóvenes emergen de Bachillerato y Secundaria con 17 o 18 años sin siquiera conocer lo mínimo de economía para sobrevivir como adulto financieramente responsable o para montar las más elemental de las Pymes.

En esa línea el presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay, el contador Álvaro García afirmó en declaraciones a radio Sarandí 690 AM, que “sería bueno que ya desde niños se enseñen determinadas pautas de educación financiera, como el ahorro”. “La educación financiera es uno de los puntos centrales de la fundación Banco República” sostuvo García. Es importante destacar que la tarea desarrollada por ambas instituciones (una de ellas el banco más importante de Uruguay) significa un fuerte espaldarazo a la educación financiera en todo el país.

Por eso es claro que necesitamos brindar educación financiera a los uruguayos en general, pero deberíamos aprovechar para hacerlo con los emprendedores porque el dinero no sea crea de la nada, sino que requiere esfuerzo, conocimiento y organización y porque, como dice un viejo refrán, “no hay almuerzo gratis”. → Leer más

La cuestión tiene que ver con la oportunidad, con que los procesos alcanzan su propio y específico blend, y esta mezcla de antecedentes, experiencia y perspectivas es absolutamente crítica. La palabra “blend” en español significa “mezcla”, pero es mucho más que eso. Si hablamos de un “café blend” referimos a una selección de granos, que solos o combinados, genera una síntesis nueva de originación, producto de múltiples razones. Entre otros, altitud, color, textura, densidad y perfume único, así como otras características que hacen a esa identidad nueva. Pero son menos condiciones aleatorias e impredecibles que los irreproducibles procesos sociales. Pero si estas condiciones te parecen ya demasiadas, nos ha faltado la cuestión fundamental, al blend y a los procesos sociales, políticos y económicos: apelando a la genial sencillez de Antoine de Saint-Exupéry, al recordar aquello de que lo esencial es invisible a los ojos. Aquí aplica esa capacidad para comprender la armonía del conjunto abocado a la labor, del italiano affiatare, como lo define el diccionario, dar firmeza a una cosa inmaterial.

Y en estos tiempos de fast food, el sommelier o sumiller según la Real Academia Española, y aún más en el caso del experto en maridaje, esa práctica que consiste en combinar de manera armoniosa y equilibrada todos los insumos necesarios, en partes y en el todo (de alimentos y bebidas), con el desafiante propósito de generar una experiencia gastronómica única, pero como en un laboratorio, repetible… aunque no sea ciencia sino artesanal. Una cuestión integrada para ganar el resultado del mix, que no será jamás una suma, sino una progresión geométrica.

Con las pretensiones de la austeridad del razonamiento individual, no se debe abandonar una mirada desde las ciencias sociales “complementarias”: historia, teoría sociológica, teoría económica, ciencia política y epistemología. Todo ello para acercarnos a la comprensión de las sociedades en su complejidad y sofisticación, y también alinear análisis y proyección a una fundamentación del cambio social que ha inspirado y aún inspira innumerables movimientos sociales y políticos, por lo menos desde la Revolución Francesa a nuestros días.

A cuenta de que en algún momento habrá ocasión para ello, no será presumido explorar algunas de las dimensiones de la cuestión social, desde una perspectiva económico-sociológica, una dimensión política y otra crítico-filosófica, sin descuidar las bases materiales de las relaciones sociales, determinante en última instancia de otros fenómenos, como las relaciones sociales y políticas, el derecho, la ideología o la moral.

7 de octubre de 2023

La barbarie de ese día conmovió al mundo. Abrió las puertas a un nuevo infierno que desnudó el grave retroceso civilizatorio. Desde antes pero aún más desde ese momento, hemos observado con angustia y pesar por todo lo que ha ido sucediendo. Ha sido una acumulación terrible de frustraciones, de propios y ajenos, cuya expresión más cruel son los secuestrados y los muertos civiles, en particular, las madres, los adolescentes, los niños y también los viejos y viejas.

Aun asumiendo que en una guerra la primera víctima es la verdad, y que las versiones antes de asumirlas hay que contrastarlas y corregirles desvíos de intereses de parte, ninguno de los dos pueblos se merecen tanta violencia. Veinte meses ininterrumpidos significan un exceso de insensibilidad para resolver el aspecto humano de los secuestrados y sus familias. No se trata desde aquí, a miles de kilómetros, tratar vanamente de equilibrar los platos de la balanza romana buscando un fiel inaceptable cuando se trata de sopesar la responsabilidad sobre las vidas cegadas.

Hace unos días, mi querido amigo Gabriel Zaliasnik* en coautoría con Patricia Politzer, publicaron en el diario El Mercurio (4 agosto 225) de Santiago de Chiles u columna semanal, “No podemos guardar silencio”, que contiene una síntesis conceptual muy bien lograda que me permito compartir: “La respuesta militar de Israel, aunque legítima en su origen, ha generado un costo humanitario desolador. Miles de civiles palestinos han muerto y millones sobreviven en condiciones de desesperación y miedo. Aunque Hamás ha usado a la población como escudo humano y parte de la circulación ha sido manipulada, ello no puede silenciar hechos condenados incluso por respetables voces israelíes. Tampoco podemos ignorar la violencia de extremistas israelíes en Cisjordania, sin una respuesta adecuada del Estado”. Y agregan: “Han pasado casi dos años desde la masacre, y 50 rehenes aún permanecen en Gaza en condiciones miserables. El trauma es profundo, y cuanto más se prolonga la guerra, más se debilita la esperanza de una paz justa, y más se afianza el extremismo en ambos pueblos”.

Evitando ir a lo principal

Mientras, en las últimas semanas las negociaciones de diferente tipo, incluso con o sin interrupción de ataques, unos y otros parecían concentrados en diferentes propósitos. De ello queda una frustración dolorosa que busca algún consuelo.

El gabinete de seguridad de Israel informó que respaldó por mayoría el plan de Netanyahu de expandir los combates en Gaza, haciendo caso omiso a las advertencias de un número significativo de altos mandos de las fuerzas de seguridad del estado, incluidos exjefes del Shin Bet, del Mosad y de las Fuerzas de Defensa, así como también de las familias de los secuestrados que aún permanecen con vida, en estado tremendamente precario.

Más que plan, propósitos: Netanyahu entrevistado por Bill Hemmer de Fox News, a la pregunta de si su objetivo es apoderarse de Gaza respondió; “Tenemos la intención de hacerlo… Queremos tener un perímetro de seguridad… No queremos estar allí como órgano de gobierno”.
Uno de los más altos mandos de las FDI, Eyal Zamir, expresó en los medios que las FDI se oponen al plan, ya que podría poner en peligro la vida de los rehenes israelíes restantes. También Yair Lapid, de la oposición, el miércoles tras reunirse con Netanyahu marcó distancia: “conquistar Gaza es una mala idea operativa, una mala idea moral y una mala idea económica”.

Mientras el primer ministro insiste en “la destrucción total de Hamás”, ésta sigue haciendo su juego: desde amenazar con asesinar a los secuestrados hasta decir que “el precio que pagará Israel será alto”. La UE reaccionó: las últimas actuaciones vuelven a “exponer la barbarie de Hamás”.
No hay otra salida que volver al camino del diálogo, a la esperanza de dos estados para dos pueblos, y reclamar dignidad moral de todos quienes seguirán siendo parte de esta historia que tiene el inmenso desafío de celebrar la paz.

Entre tantos apuntes que fui haciendo, encontré estas sabias reflexiones cuya autoría se me ha mezclado buscando orden: “Un día, cuando sea seguro, cuando no haya ningún inconveniente personal en llamar a las cosas por su nombre, cuando sea demasiado tarde para responsabilizar a alguien, todo el mundo siempre habrá estado en contra de esto”.
* Gabriel Zaliasnik: abogado, docente universitario, coordinador de la Comisión de Reforma al Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia de Chile. Ex presidente de la Comunidad Judía de Chile.

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En la última entrega de Portfolio, revista de economía y finanzas que dirige el expresidente del Banco Central (BCU), Cr. Juan Carlos Protasi, éste hace un muy interesante análisis de la política monetaria y la estrategia del BCU.

Y, ¡atenti!, termina así: “… se debe tener claro que esta estrategia es incoherente. Bajar la inflación aumentando deuda promueve inexorablemente atraso del tipo de cambio que conduce al estancamiento económico y a un déficit externo. Es poco probable que en el contexto actual ocurra una fuga de capitales y un salto cambiario. Pero sí es altamente probable que la pérdida de competitividad no permita aumentar la mediocre tasa de crecimiento del PBI, que continúen cerrando empresas y que a la larga aumente el desempleo. Con esta estrategia el Frente Amplio pone en riesgo su futuro político”.

“Merde”, este tipo de advertencias, varias, se le hicieron al gobierno de Lacalle Pou. Es un descuido serio ignorar el efecto electoral “del atraso cambiario”. Y lo tiene: los exportadores, el agro, pesan, son líderes de opinión, y la carestía por su lado incide negativamente en la gente. Tenemos dominada la inflación pero con las tarifas y los precios más altos del mundo, casi, y esto no se neutraliza con la alegría pasajera de la “plata dulce” (viajes, autos, créditos, etc. etc.)

Ya saldrá Guillermo Tolosa, presidente del BCU a responderle. Le gusta; en las últimas semanas creo que ha tenido más prensa que Pereira y Abdala juntos. Eso está bien porque se informa e implica transparencia, aunque muchas veces he oído, de gente sabia, también, que dos de las mayores virtudes de un buen ministro de Economía –y vale para un presidente de Banco Central–, son decir “No” y hablar poco.

Pues el jerarca ha decretado que el atraso no existe y que solo los argentinos y los uruguayos hablamos de ello. (¿Eso será malo o será bueno?)

Admitió que en letras de regulación monetaria a alto interés, con las que el BCU domina la inflación, quita moneda del mercado y hace bajar el dólar –¿o no?–, hay una deuda del orden de los U$S 9 o 10 mil millones de dólares y que se pagan por intereses unos U$S 800 millones al año, que es algo más, porque por esos 800, para conseguirlos, también se paga interés (en una época se le decía bola de nieve). Dicen los expertos que todo esto genera estancamiento, no se crece, sube el desempleo y se alimenta el descontento. Si no se achica el Estado, estamos fritos, es claro. Los únicos que están contentos son los que se llevan los 800 millones, que más que plata dulce son un almíbar. Sin riesgos y con tasas en dólares de más del 12% anual y me quedo corto.

¿Y quién paga? Los uruguayos; los que trabajan: los empleados, los empresarios chicos y grandes, la menguante clase media, la que mantiene además a una inmensa e improductiva burocracia.
Y, por si fuera poco se anuncia que serían más castigados –si tienen algún dolarcito afuera–, con un impuesto, una especie de afloje ante “la barra brava” o “bases”, que querían un impuesto a los ricos. Esto es, un mazazo más al que laburó, ahorró, invirtió y juntó algo. Le llamarán, of course, adecuación tributaria, pero sería un impuesto nuevo que acompañará a algunos otros ocultos que ya operan; más otros que vendrán. Decididamente un incumplimiento de lo que el presidente Yamandu Orsi, enfática y reiteradamente, desde la TV y en las tribunas, prometio a los uruguayos. A todos y a todas. → Leer más

A los sanduceros y sanduceras:
Análisis crítico de la renuncia del director de Cultura de Paysandú desde una perspectiva de artística y de izquierda.

La decisión del intendente Nicolás Olivera en relación a la gestión cultural, mantenimiento por cinco años más al cuestionado Sr. Eugenio Pozzolo, revela una profunda continuidad en un modelo de gestión que ha demostrado ser insatisfactorio y, en muchos aspectos, dañino para el movimiento cultural y social de Paysandú. Desde mi posición izquierdista y artística, esta elección no solo evidencia un fuerte sesgo político y de clase, sino que también confirma la persistencia de prácticas autoritarias, clientelistas y desconectadas de las demandas reales de los artistas y la comunidad en su conjunto.

Durante los últimos cinco años, la gestión de Olivera y Pozzolo ha sido un reflejo de un modelo individualisa, centralizador, cerrado y elitista, donde las decisiones se toman en despachos sin consultar a los verdaderos actores involucrados. La participación ciudadana, que debería ser el eje de una política cultural democrática, ha sido sistemáticamente ignorada. La estructura ha privilegiado los intereses de un círculo cercano, alineado con el Partido Nacional y la Coalición Multijugador, consolidando un clientelismo cultural que favorece a unos pocos en detrimento de la diversidad, la innovación y la inclusión.

El propio Pozzolo, cuestionado por su gestión autoritaria y por la falta de transparencia en sus respuestas a los pedidos de informes, ha sido un símbolo de la cultura del privilegio y la conveniencia política. La reelección de este personaje, en un contexto donde las voces de los artistas, gestores, sindicatos y organizaciones sociales y políticas han sido sistemáticamente silenciadas o menospreciadas, evidencia la voluntad del poder político de mantener un status quo que prioriza la conveniencia por encima del desarrollo cultural genuino.

Este continuismo no solo perpetúa un modelo obsoleto, sino que también avanza en la dirección opuesta a las necesidades de una cultura viva, plural y participativa. La gestión de Pozzolo ha relegado el teatro, el carnaval y otras expresiones populares, que son la savia del pueblo y que, en su esencia, representan la comunicación democrática y directa con la comunidad. Su gestión ha sido incapaz de generar un espacio de diálogo real, de construir puentes entre los artistas y las instituciones, y de valorar el talento popular como un activo cultural y social fundamental.

Desde nuestra postura de izquierda, resulta inadmisible que la cultura siga siendo vista como un patrimonio de unos pocos, en lugar de un derecho social y un motor de transformación social. La cultura no puede ser un botón político ni un instrumento para el clientelismo y mucho menos para censurar espacios artificiales dinamizando la libertad de expresión. La elección de mantener en el cargo a Pozzolo, con su historial de privilegios y exclusiones, evidencia que el actual gobierno no tiene intención de profundizar en una política cultural inclusiva ni crear ámbitos de diálogo y participación ciudadana. Continuaré en la vereda de enfrente de administraciones antipopulares. Sr. director de Cultura: seguiré levantando mi voz reclamando una gestión gubernamental participativa, que reconozca la diversidad de voces y expresiones, sin dejar a nadie afuera.

Es imprescindible que la gestión cultural en Paysandú deje de ser un espacio de favoritismos y pase a ser un instrumento colectivo, democratizador y transformador. La comunidad artística, los sindicatos, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general exigen una gestión que escuche, respete y valore la diversidad cultural del departamento, que fomente la participación activa y que construya políticas públicas transparentes y sostenibles. Lo que se hace difícil al confirmar al responsable de una gestión que se dedica a hacer exactamente lo contrario.

En definitiva, la confirmación de Pozzolo en el cargo, representa una oportunidad perdida para avanzar hacia un modelo cultural más justo, abierto y comprometido con los valores artiguistas. La historia reciente demuestra que el autoritarismo y el clientelismo solo generan más desigualdad y fragmentación. Es hora de que los movimientos sociales y culturales de Paysandú movilicen sus fuerzas para exigir un cambio real, que pongan a la cultura y a sus actores en el centro de la construcción de una sociedad más democrática, inclusiva y soberana.

¡Basta de gestiones que sirven a unos pocos! La cultura debe ser un espacio de libertad, participación y creatividad para toda la comunidad. La historia la escriben quienes lucharon por ella.

Tec. Pablo Miranda Ponce

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Nuestra historia, está basada en estudios científicos, arqueológicos, antropológicos, etcétera, y lo que no es mediante ese método, se considera fantasía, leyendas o mitos.

Los estudios arqueológicos emplean una variedad de métodos para investigar y analizar restos materiales del pasado. Estos métodos incluyen la excavación, prospección, datación, análisis de laboratorio, e interpretación de datos, además de técnicas especializadas para el estudio de materiales. ¿Porqué se requieren estos estudios? Porque se debe estudiar, analizar todo el contexto y el entorno. El encontrar un elemento, como un metal, una hebilla, un botón, una bala, así como una flecha, boleadora o cerámica, atribuida a los antepasados o a hechos ocurridos en otras épocas, sin el debido análisis del entorno, por la posible aparición de otros elementos, como restos de animales, personas, carbón, maderas, telas, cueros, etcétera. que puedan asociarse al elemento encontrado. Así como la investigación del medio donde fue hallado, si es una costa de un curso de agua, una elevación, cerro, construcción antrópica, o cuantos otros elementos puedan ayudar a generar un panorama más amplio, al definir fechas mediante estudios fisicoquímicos, geológicos, de fauna y flora, etc. Para esto, es necesario aplicar métodos, excavaciones, procedimientos muy delicados, mediciones topográficas, relevamientos minuciosos. Todo ello, permite hacer una reflexión, asociación con otras experiencias, con documentaciones históricas, con cuanto contribuya a describir y sacar conclusiones.

Es muy difícil, casi que imposible, sin un análisis científico como el descrito, sacar conclusiones, como decir que una punta de flecha es de tal o cual grupo nativo, o que vivieron de tal o cual forma, etcétera.
Sabemos de las dificultades técnicas y económicas para la realización de estos estudios en nuestro país. Pero la extracción o sustracción de elementos considerados históricos, de su lugar de origen, sin los correspondientes estudios, significa borrar la Historia.

Existen las llamadas colecciones o museos históricos, que no los son, que son meros juntaderos de elementos antiguos, sin el valor que deberían tener desde el punto de vista cultural.
En los sucesivos períodos políticos de distintos signos, nacionales o locales, no se ha valorado la importancia de estos estudios, ni se han asignado los recursos, y que no implican adquirir elementos sueltos sin los debidos estudios y certificaciones académicas. ¿Quien certifica con veracidad que tal o cual elemento es de tal o cual origen, o que perteneció a uno u otro personaje de nuestra historia? Han habido cantidades de ofertas para la comunidad, pero que carecen de valor y credibilidad científica e histórica, por lo antes expuesto.

Ing. Agrim. Leonardo Bulanti Gutiérrez, presidente de la Comisión Departamental de Patrimonio de Paysandú

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Los impuestos son aportes obligatorios establecidos por ley que deben hacer las personas y las empresas, para que el Estado tenga los recursos suficientes para brindar los bienes y servicios públicos que necesita la comunidad: salud, educación, seguridad, viviendas, previsión social, infraestructuras de obras, etcétera. Pero hay impuestos que no son creados por ley sino por gobernantes corruptos, sin aprobación de las mayorías y que tienen como propósito el enriquecimiento ilícito de los gobernantes.

Aprovechándose del cargo de poder que ostentan, los gobernantes corruptos ponen sobreprecios a las obras que realizan y se apoderan de esos sobreprecios que no fueron gastados. Y para que eso sea posible crean una trama con empresarios corruptos, que se prestan a incluir sobreprecios en las obras que realizan y se reparten con los gobernantes de turno.

Por lo tanto, los sobreprecios son impuestos que pagamos todos, aún los más pobres y que se llevan una parte importante de la recaudación. La corrupción es el peor impuesto que nadie aprobó y que gasta sumas millonarias en beneficio de unos pocos que los crean para su propio beneficio. Si se controlara para que no hubiera corrupción, habría más dinero para hacer obras necesarias para que todos vivamos mejor, especialmente los más vulnerables que carecen de lo más básico e imprescindible, como la vivienda, la alimentación, la vestimenta necesaria, correcta atención de la salud, la educación de calidad, la seguridad y la diversión, etc.

Pero lamentablemente la corrupción no se controla ni se pena como los demás delitos. Cuando la justicia logra probar hechos de corrupción, los corruptos son condenados con penas muy leves, generalmente con penas sustitutivas a la prisión y de muy corta duración y eso alienta a los corruptos. ¿Cuál es la razón para que ocurra eso y no se controle? ¿Que el poder judicial no es independiente del poder político, o que los operadores de la justicia anteponen su filiación política a la aplicación de la ley? Probar hechos de corrupción es de los delitos más fáciles de descubrir, pero son los menos penados por la Justicia.

Ing. Ricardo Brasesco

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El Instituto Uruguay XXI difundió esta semana que nuestra marca país, esa que se representa como Uruguay Natural y que hoy asociamos con el Ministerio de Turismo, tiene un valor de U$S 65.800 millones, según estimaciones de Brand Finance en su Nation Brand Report (reporte de marca país es la traducción literal) correspondiente al año 2024, con lo que consolidó un avance en su posicionamiento internacional. Según el informe este valor de marca, esos 65.800 millones de dólares, representan un crecimiento del 14% respecto al año inmediato anterior y nos posiciona en el puesto 70 a nivel mundial.
Explica el instituto, citando el informe, que esta mejora en el valor económico de la marca país “se explica tanto por un alza de 2,8 puntos en la fortaleza de marca y un mantenimiento en la calificación A+, como por un contexto económico favorable, con proyecciones positivas de crecimiento impulsadas por la estabilidad macroeconómica, el consumo privado y el liderazgo energético (+95% de la matriz renovable)”. Agrega Uruguay XXI que el país volvió a destacarse a nivel internacional “por su fortaleza institucional, su compromiso con la sostenibilidad y la calidad humana de su sociedad”. El informe plantea además un panorama “alentador para el posicionamiento internacional del país y consolidan atributos que lo diferencian en América Latina”, en la medida que, según expresa el informe resultante del estudio de la consultora británica, “Uruguay es percibido como un país políticamente estable, respetuoso de la ley, con altos estándares éticos y una sociedad inclusiva”, lo que redunda en que sea percibido como “uno de los países más admirados de la región por su funcionamiento institucional”.
Destaca la consultora –también el instituto, por supuesto–, entre los datos más alentadores a “la fuerte familiaridad y reputación que Uruguay tiene en Argentina y España, donde ocupa posiciones destacadas en percepción de calidad institucional, educación, sostenibilidad y ambiente para hacer negocios”, lo que supone una base sólida “sobre la cual seguir construyendo vínculos comerciales, culturales y diplomáticos”.
Los analistas de la firma también destacaron el rol estratégico del país como “marca confiable” en el contexto latinoamericano, que hace que “Uruguay podría posicionarse como broker regional o líder en causas como el cambio climático, los derechos humanos o el Estado de derecho”. Distinguen además a Uruguay “por su facilidad para hacer negocios”, aunque en este ítem mencionan que “aún tiene margen para mejorar en la percepción global de sus productos y marcas exportables”.
Se hace mención también a las oportunidades del país para captar inversiones y talento en sectores de alto valor agregado “como las energías renovables, la tecnología y la innovación. Si bien el país ya es reconocido por su estabilidad y calidad institucional, aún tiene potencial para consolidarse como hub de servicios tecnológicos y ecosistemas emprendedores, especialmente en áreas vinculadas a la transición verde, la digitalización y las industrias creativas”. Sectores en los que, además, se vienen haciendo apuestas que han trascendido las rotaciones partidarias en el gobierno, cabe agregar. “Fortalecer la percepción internacional de estas capacidades permitiría posicionar a Uruguay como un destino competitivo y diferenciado en el escenario global”, recomiendan.
Agrega que el estudio de Brand Finance, realizado en 2024, está basado tanto en datos de percepción pública, como en indicadores económicos y encuestas globales que abarcan 193 países.
Ahora bien, mientras por un lado recibimos esta buena noticia respecto a la percepción del país, por otra parte conocemos que tendremos que pagar 42 millones de dólares durante la próxima década a raíz del incumplimiento en las metas ambientales con las que asociamos el bono verde que emitimos hace unos tres años. Breve planteo de escenario para entender esto: Uruguay emitió en 2022 un “bono verde”, que fue un éxito en los mercados.
Esto quiere decir que se emitió deuda con un interés cuya variación está asociada al cumplimiento de determinados objetivos ambientales. Dicho en otras palabras: el país se comprometió, o se obligó, si se prefiere, a mejorar ciertas variables asociadas ambientales. Si se cumplían se pagaba menos, si no se lograban, se pagaría más. En este caso los indicadores de desempeño eran dos: uno vinculado a la “reducción del total de emisiones brutas de dióxido de carbono por unidad de PBI real” y el otro relacionado con “el mantenimiento del área de bosques nativos”. Según anunció la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, Uruguay deberá afrontar el pago referido a razón de unos 6 millones de dólares al año.
Por supuesto que, como corresponde, la credibilidad del país se forjó y se ha sostenido honrando estos compromisos, como es tradición, y es justamente eso parte de lo que destacaba la consultora británica en su informe sobre la marca país.
Por otra parte, 42 millones de dólares, a pagar en varios años, en el contexto del presupuesto nacional no es una cifra inabarcable, pero claro, a nadie le gusta perder dinero, y si lo llevamos a las comparaciones habituales como cuántos liceos, hospitales o escuelas se pudieron haber construido en lugar de pagar estos intereses, no hay dos lecturas respecto a que no fue un buen movimiento.
Habrá que esperar conocer qué falló, si es que tal vez al amparo de la reducción de la movilidad general que trajo la pandemia las metas planteadas fueron demasiado ambiciosas, o qué decisiones provocaron que no se pudiera cumplir el objetivo.
Es la confirmación de que fue un movimiento ambicioso y es de este tipo de acciones, como la de emitir un bono con estas características, que se construye un liderazgo, en este caso en materia ambiental. Eso sí, después hay que actuar en consecuencia y sostener las acciones que hagan al cumplimiento de las metas. En otras palabras: jugar para nosotros, dársela a los de celeste. → Leer más

La saga del Antel Arena agrega un capítulo más en estos días, al anunciar el presidente del organismo, Alejandro Paz, que negociará un nuevo contrato con la empresa que gestiona el complejo para bajar costos y poder realizar “espectáculos más populares”.
Es decir, estamos ante la perspectiva de una concesión adicional para los “uruguayos” (léase montevideanos) que concurren a los espectáculos que promueve un gestor privado, luego que el organismo gastara la friolera de (al menos) 85 millones de dólares en un edificio que se dijo por su creadora, la expresidente de Antel y exintendente de Montevideo Carolina Cosse, tenía un costo de obra previsto de unos cuarenta millones de dólares.
¡Casi nada la diferencia! Pero queda el consuelo de que según la fiscalía, no hubo dolo en el manejo de los dineros públicos, sino que se trató de una inversión desprolija, con desperdicio de recursos y de lujos innecesarios, irregularidades varias que aparentemente no dieron lugar a figuras delictivas hasta donde se investigó, pero sí confusa, con muchas compras “a dedo”, sin apego a las formalidades y a todo color, como si sobrara el dinero de los uruguayos.
Y uruguayos, así, sin comillas esta vez, porque la obra para los montevideanos la pagamos los usuarios de Antel de todo el país, incluso los de los habitantes de los pueblos más lejanos del interior profundo, por ejemplo, que solo van a conocer el Antel Arena por fotos, o de pasada, si algún día tienen que viajar a la capital.
Es que de lo que se ha tratado, más allá del carácter faraónico de la obra y un capricho de la exintendente por aquel entonces presidenta del organismo, fue de sacarle las castañas del fuego a la Intendencia de Montevideo, porque este emprendimiento sustituyó al siniestrado Cilindro Municipal, y a costo de todo el país, le “regaló” el Antel Arena a la intendencia capitalina. Porque además no se trata solo de que el 99 por ciento del público que va a los espectáculos es capitalino, sino que literalmente el Antel Arena pasa a la Intendencia de Montevideo, 30 años después de su construcción, al ser este el plazo de la concesión, –y ya van transcurridos siete– cuando supuestamente la obra ya estaría paga por los ingresos de venta de entradas y sponsorización, entre otros ingresos posibles para la amortización.
Pero a confesión de parte relevo de pruebas, dice el refrán. Es que el titular de Antel, Alejandro Paz, en entrevista del programa Arriba Gente de Canal 10, expresó entre otros conceptos que “durante los últimos años lamentablemente el Antel Arena fue mala palabra. Nosotros queremos revitalizarlo, queremos que se puedan hacer no solo producciones costosas, para gente que realmente puede pagar una entrada cara, sino que queremos agregar algunas otras producciones y algún otro espectáculo, más populares, por ejemplo finales del handbol, o mismo el básquetbol para el cual a veces el Antel Arena les resulta caro”.
“Queremos hacer modificaciones que permitan algunas producciones para que algunos espectáculos sean más económicos, agregó el jerarca, habida cuenta de que el contrato con la empresa actual termina en diciembre. “Estamos viendo cuál es la modalidad en la que vamos a continuar, lo estamos trabajando, no está 100% cerrado todavía, pero la filosofía, que es lo importante, es apostar a reducir los costos, tanto para quien produce un espectáculo en el Antel Arena, para que puedan venir más espectáculos, como para quien, en conjunto con Antel quiera hacer un espectáculo que no sea de entradas caras, y lo pueda hacer porque se pueda solventar el costo del Antel Arena”, explicó Paz.
Consultado acerca de si la gestión del Antel Arena puede quedar en manos de la empresa estatal, su presidente respondió: “Lo estamos viendo, está en estudio. Es una posibilidad. Gestionarlo a través de otra empresa, o contratar una empresa que lo gestione y vos en definitiva terminás poniendo gente de Antel que controle a esa empresa”, agregó como opciones, a la vez de considerar que “el contrato hay que ajustarlo de tal manera que no haya trabas ni cosas que hagan que se recinto, que es hermoso, sea imposible de pagar”.
El presidente de Antel evaluó que en el año 2024 las ganancias del Antel Arena “rondaron los 2 millones de dólares, 2 millones y poquito”, año “bueno” porque 2022 fue pandemia y 2023 no quiso ni considerarlo, por lo que con una simple cuenta matemática sin considerar amortizaciones ni gastos de actualizaciones que se deberán hacer a futuro si se pretende mantener la calidad del recinto, se necesitaría prácticamente medio siglo para amortizarla, cuando ya en apenas poco más de dos décadas se termina la concesión de la Intendencia de Montevideo.
Eso sin considerar además que la por entonces presidenta de Antel, figura relevante del Partido Comunista, se mandó una obra millonaria para disfrute de los que más tienen, porque las entradas a cualquier espectáculo en el Antel Arena cuesta entre un piso de 2.100 pesos y un valor medio de 4.400 pesos (U$S 100). De popular no tiene nada. Y esto es así por los propios costos del coloso montevideano, que insume millones el sólo abrir sus puertas, porque justamente está pensado para espectáculos de categoría internacional, y eso no se soluciona con gestión. La única alternativa real sería subsidiar los espectáculos, por lo que de las palabras del presidente actual del ente se desprende que es a eso lo que apunta Antel, para poder hacer del mamotreto de Cosse un espacio accesible… para los montevideanos, claro está.
Y al fin de cuentas este podría haber sido solo un tema entre montevideanos, porque el Antel Arena es de y para el público capitalino, pero ocurre que lo pagamos todos los uruguayos, a los que nadie consultó ni les importó, porque como ha ocurrido históricamente, para la dirigencia política nacional primero está Montevideo, que es el “Uruguay”, y después, si queda algo, el país del norte del Santa Lucía. → Leer más