El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) presentó ante el Congreso de Intendentes su Plan Quinquenal y anunció la creación de una Policía Territorial. En la reunión con los jefes comunales, la delegación ministerial fue encabezada por el ministro interino y exintendente de Montevideo, Christian Di Candia, acompañado por la directora de Ordenamiento Territorial, Paola Florio; la directora de Integración Social y Urbana, Silvana Nieves; y el director de Vivienda, Milton Machado. Los jerarcas expusieron las principales líneas de acción para este período, reunidas en el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat, y destacaron la importancia de trabajar “en conjunto con los 19 departamentos para transformar los territorios y mejorar el acceso a la vivienda”.

La directora de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, señaló que es necesario contar “con herramientas de gestión que permitan a los gobiernos departamentales trabajar en la transformación efectiva de los territorios”. Uno de esos instrumentos es la cartera de tierras. Paysandú —no sin discusiones en el proceso— es un ejemplo de cómo un gobierno departamental puede involucrarse en estos mecanismos, a través de la gestión de los terrenos de la desaparecida Paylana, hoy convertidos en un espacio residencial tras la construcción de distintos complejos de viviendas en un predio con historia industrial. Se espera que cada intendencia aporte a la conformación de un sistema de carteras de tierra. En ese sentido, Florio afirmó que “todos los departamentos cuentan, en distintas medidas y escalas, con carteras de tierra, y la idea es trabajar junto a los gobiernos departamentales y nacionales para construir una cartera que las integre a todas”.

Otra herramienta anunciada es la creación de una Policía Territorial, una repartición que, “mediante el uso de inteligencia artificial e imágenes aéreas, permitirá a las intendencias monitorear los territorios para evitar la generación de nuevos asentamientos”. Florio explicó que este dispositivo permitirá a los gobiernos departamentales impedir ocupaciones irregulares o incumplimientos normativos, con el objetivo de proteger el suelo y evitar nuevas instalaciones precarias. También en esta área Paysandú tiene experiencia, pues fue de las primeras intendencias en contar con una inspectoría territorial, aunque sin el apoyo tecnológico anunciado ahora, sino mediante personal que recorría las zonas donde se habían erradicado asentamientos.

¿Cómo funcionará? Hoy las ocupaciones ilegales se conocen cuando llegan denuncias, es decir, cuando el hecho ya se concretó. El Ministerio asegura que, con este nuevo instrumento, se podrá actuar de forma anticipada gracias a un sistema de monitoreo permanente. “La inteligencia artificial permitirá identificar la variación del suelo, es decir, cuánto cambió de un vuelo a otro, y detectar si esa variación es producto de una intervención humana y si implica un problema”, explicó la directora.

Por otra parte, en el encuentro con los intendentes se anunciaron las líneas de acción para el período, que incluyen la firma de nuevos convenios en materia de instrumentos de ordenamiento territorial nacional y el inicio de la zonificación para vivienda promovida, para lo cual se están realizando recorridas por distintos departamentos. Asimismo, junto a la Dinisu, se buscará identificar ámbitos territoriales con capacidad de ser transformados no solo desde la perspectiva de la vivienda, sino incorporando también servicios e infraestructura. La directora nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu), Silvana Nieves, indicó que las prioridades están definidas por criterios de inundabilidad, contaminación y precariedad habitacional. “Trabajamos con los deciles más bajos, que atraviesan no solo vulnerabilidad habitacional, sino además múltiples factores que afectan su convivencia, y para quienes contar con un techo digno abre puertas para articular con el resto del Estado alternativas que mejoren sus condiciones de vida”. Destacó también la firma del convenio marco con el Congreso de Intendentes, que habilita a cada comuna a celebrar convenios directos con Dinisu. Según Nieves, “los gobiernos departamentales son socios estratégicos, porque a las familias, a los barrios y a las comunidades las conoce el locatario. Cada territorio tiene particularidades distintas y solo quienes conviven día a día con los vecinos las conocen”. Una afirmación que, vale decirlo, coincide con la crítica histórica de que muchas políticas se diseñan “desde Montevideo” sin considerar las particularidades locales. “Nos vamos a sentar a conversar con cada departamento, teniendo en cuenta datos del INE y de la división de evaluación y monitoreo de Dinisu, sobre las prioridades o los lugares donde, al menos estadísticamente y según los niveles de vulnerabilidad, debemos estar”, agregó.

En la misma línea se expresó el director nacional de Vivienda, Milton Machado, quien definió como clave la articulación con las intendencias, dado que disponen de “determinados recursos y el conocimiento del territorio, de la población más necesitada y vulnerable. Nosotros queremos trabajar para potenciar los recursos nacionales con los departamentales y poder llegar a los ciudadanos más carenciados”.
Ahora bien, de todos estos anuncios del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, persiste la sensación de que no se plantearon metas concretas —o al menos no se hicieron públicas— en cuanto a la ejecución de estas políticas. Es cierto que la realidad muchas veces obliga a ajustar lo que se quiere hacer con lo que efectivamente se puede, pero no por eso deja de ser importante establecer un rumbo claro, una brújula detrás de un objetivo. Está fresco aún el recuerdo del incumplido “asentamiento cero” del período anterior, o de las miles de viviendas prometidas en su momento por la entonces ministra. Eran, al menos, compromisos medibles, una vara para evaluarse. Cuando esa vara no existe, siempre es más fácil darse una palmada en la espalda y considerarse satisfecho.

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Dirigiéndose a la Conferencia “Lograr reformas en América Latina”, organizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), celebrada en Montevideo, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, desgranó una serie de conceptos que refieren a las dificultades a que se enfrenta quien pretenda instrumentar reformas en nuestro país, así como en toda la región, porque se trata de problemas estructurales que se han mantenido y potenciado durante décadas y tienen que ver con las causas de nuestro rezago.

Con un aporte optimista, el secretariado de Estado mencionó que actualmente el Uruguay tiene la oportunidad de dar un “golpe final” a la inflación, y que “el corazón de las reformas” a encarar está en la microeconomía, en la desburocratización del Estado, en conectar mejor la innovación con los negocios, mejoras en energía y agua y ver cómo gestionar el sistema de puertos.

Por cierto, la mención de un “golpe final” a la inflación en sí debe tomarse con pinzas, porque la inflación que se da en Uruguay es un parámetro de origen multicausal, que en sucesivos gobiernos se ha tratado de controlar artificialmente mediante el tipo de cambio, es decir mantener el dólar lo más “planchado” posible, para que el aumento de su cotización no repercuta negativamente en los costos internos. Esta herramienta la han venido utilizando los gobiernos de todos los partidos, cualquiera sea su signo ideológico, y en base a esta palanca se procura que se frene la tradicional carrera inflacionaria entre precios y salarios, que se realimenta cuando la economía se desequilibra, por lo que el tipo de cambio debería ser solo un principio en la terapia para a partir de cierta estabilización encarar las reformas estructurales que se necesitan.

Y por cierto que estas reformas estructurales tienen que ver fundamentalmente con el peso del Estado, que contribuye en forma sustancial a que el Uruguay sea un país caro, y que a la vez amplios sectores tengan problemas de ingresos suficientes para llevar una vida decorosa. Pero ocurre que hay un statu quo instalado desde el fondo de los tiempos, a partir de aquel Estado benefactor y paternalista que distribuye recursos para combatir desigualdades, en un escenario que se extiende hasta nuestro días desde el punto de vista estructural y además cultural, porque ello es asumido con naturalidad y hasta como si fuera necesidad por amplios sectores de la población. Ello hace que cualquier intento de cambiar aún en forma mínima este estado de cosas, encuentre feroz resistencia en sectores que históricamente se han favorecido de esta situación, con privilegios y beneficios, que resisten los cambios en forma visceral.

Oddone amplió conceptos en el sentido de que “tenemos una presión fiscal que se aproxima más a la de la OCDE, ahora en el 28 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), que ya no es menor. En términos comparados en la región es elevada, pero en términos internacionales tampoco es elevada. Y tenemos un conjunto de instituciones que son parte del pacto social, que son muy relevantes para el pacto social, pero que tienen oportunidades de cambios y de mejoras”.

Mencionó que en Uruguay es necesario trabajar en un tercio de población que está en la pobreza o cercana a ella, y subrayó que nuestro país tiene el problema “de que hay una serie de subsidios y una serie de beneficios a sectores de ingresos medios, que se benefician de recursos públicos, y si yo los direcciono de manera inmediata, pierdo el apoyo político. Y por lo tanto lo que tengo que hacer es agregar la protección social y por economía política, teniendo mucho cuidado cómo desarmo beneficios innecesarios, porque la única forma de hacer esto de manera razonable es crecer arriba del 3 por ciento, cosa que ocurrió en la década de 2010 y algunas cosas se pudieron hacer”.

Agregó por otro lado que “los niveles de ineficiencia que hay son importantes. Hay una permanente exportación de ineficiencias al sector competitivo internacionalmente, que es el que nos conecta con el mundo”, en tanto advirtió luego que “acelerar el crecimiento es la clave”.

La complejidad del tema es manifiesta, porque además en economía todo tiene que ver con todo, partiendo de medidas concretas pero también de las señales que se envían hacia los operadores y la propia población, con el agregado de que todo lo que se haga desde el sistema político en procura de correctivos en el área socioeconómica, tiene consecuencias político – electorales, y este ha sido precisamente el gran freno que ha hecho que en Uruguay solo se hayan hecho reformas que van al maquillaje pero no al fondo, dejando intactos problemas estructurales de gran envergadura, como es el caso del peso, la burocracia y la ineficiencia del Estado, como factor omnipresente.

Recuérdese que en su momento, poco después de asumir en su primer gobierno, el expresidente Tabaré Vázquez prometió a llevar a cabo la “madre de todas las reformas” del Estado, y fue trancado desde la interna de su fuerza política desde el vamos, pero sobre todo por las gremiales de funcionarios del Estado y otros grupos que son destinatarios de beneficios y privilegios pagados por todos los uruguayos, y que se oponen férreamente a perderlos y a que se les haga cualquier quita.

Al expresidente José Mujica directamente “no se la llevaron”, como él mismo confesó, y mucho más aún fue la resistencia a intentos muy parciales de los gobiernos de los partidos tradicionales, incluso llamando a plebiscitos que torcieron el brazo a lo que se intentara respecto a empresas públicas y otras propuestas que arañaban la cáscara del Estado.

Nos hemos quedado hoy con lamentar lo que se debió haber hecho y no se hizo en su momento, por ejemplo, como bien expresa Oddone, cuando hubo un gran crecimiento de la recaudación en la década de 2010 por la coyuntura internacional favorable, y se gastó todo este gran regalo de recursos extra en vivir el momento, incluso incorporando gastos fijos al Estado, en lugar de utilizarse como un colchón para respaldar el costo de las grandes reformas postergadas una y otra vez.

En fin, más allá de las leyes de la economía, la responsabilidad de lo que no se ha hecho pasa por el sistema político, –con algunos con más responsabilidad que otros– porque han primado las ideologías, los cortoplacismos, los egoísmos, las mezquindades, la soberbia, el preferir endilgar al adversario los costos políticos de hacer lo que se debe hacer, en lugar de acordar por lo alto políticas de Estado y las consecuentes reformas cuya ausencia hoy se está lamentando. → Leer más

El presente año podría ser otro de los más cálidos que ha vivido el planeta, según previsiones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que recientemente advirtió que el 2025 podría convertirse en el segundo o tercer año más cálido en los 176 años sobre los que existen registros. La tendencia al calentamiento extremo continúa sin pausa mientras las concentraciones de gases de efecto invernadero siguen en niveles sin precedentes y los glaciares y el hielo marino continúan en rápido retroceso.

Cada uno de los últimos once años –de 2015 a 2025– se encuentra entre los once más cálidos jamás registrados, y los tres últimos ocupan los primeros lugares. Entre enero y agosto de 2025, la temperatura media mundial cercana a la superficie fue 1,42°C, unos 0,12°C por encima del promedio preindustrial. La paradoja es que cuanto más intentamos mantenernos frescos, más calentamos el planeta. Y si se mantienen las actuales tendencias de crecimiento, el consumo generado por los equipos de refrigeración, que hoy por hoy representa el 20% del consumo total de electricidad, se duplicará para 2050.

En un mundo que se calienta a ritmo alarmante la denominada paradoja de la refrigeración se ha convertido en uno de los desafíos más complejos y urgentes en la agenda climática global dado que a medida que las temperaturas extremas se intensifican y se vuelven más frecuentes, la necesidad de mantenernos frescos se transforma en una cuestión de primer orden, a la vez que los sistemas que utilizamos para combatir el calor, especialmente los aparatos de aire acondicionado y refrigeración, están alimentando el mismo problema que intentan mitigar.

El reciente informe Global Cooling Watch 2025, presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) durante la COP30 realizada en Belém (Brasil) ofrece una cartografía contundente: si se mantiene la tendencia actual, la demanda de refrigeración se duplicará en los próximos 25 años. Este crecimiento exponencial, impulsado por el aumento de la población, la urbanización, el ascenso de las clases medias y la intensificación de las olas de calor, podría llevar las emisiones del sector a unos 7.200 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, casi el doble de los niveles de 2022.

La refrigeración hoy representa aproximadamente el 7% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y consume aproximadamente el 20% de la electricidad mundial pero si no se toman medidas urgentes, ese porcentaje se duplicaría para mediados de siglo. En estos días en la reunión de la COP30, más de 70 países firmaron el denominado Compromiso Global de Enfriamiento, una hoja de ruta que propone una triple estrategia: refrigeración pasiva, estándares más estrictos de eficiencia energética y una rápida reducción de los hidroflurocarbonos (HFC), que son potentes gases de efecto invernadero utilizados en muchos sistemas de refrigeración. Esta propuesta apunta a la sostenibilidad y podría reducir las emisiones del sector en casi un 70% para el 2050 respecto a los niveles de 2022, pero si se combina con una descarbonización acelerada del sector eléctrico, la disminución podría alcanzar el 96%, según las estimaciones realizadas.

El informe destaca que estos cambios no solo son viables sino económicamente rentables, generando ahorros derivados de la reducción del consumo energético y la posibilidad de evitar parte de las inversiones en infraestructura eléctrica que serían necesarias de continuar la tendencia de consumo actual.

La refrigeración pasiva, que incluye estrategias como el aislamiento térmico, la posibilidad de sombra natural, la ventilación cruzada y el uso de superficies reflectantes, emerge como parte de las soluciones eficaces y de bajo costo para reducir la temperatura interior hasta en 8 grados centígrados y la demanda de energía entre un 15% y 55% según las previsiones del informe.

No obstante, la implementación de estas soluciones enfrenta diferentes desafíos, especialmente en los países en desarrollo. Al día de hoy solo 54 países del mundo cuentan con políticas integrales de eficiencia energética, refrigeración pasiva y sistemas de transición hacia refrigerantes limpios.

En este contexto, Uruguay se encuentra casi en una encrucijada. Si bien nuestro país ha avanzado en la descarbonización de su matriz eléctrica y actualmente el 90% de la energía proviene de fuentes renovables, el consumo energético del sector residencial y comercial sigue creciendo. En ese crecimiento contribuye el uso de aires acondicionados y otros sistemas de refrigeración, los cuales han crecido en forma sostenida en la última década.

El desafío es doble ya que por un lado es necesario garantizar el acceso a las posibilidades de refrigeración y por otro, evitar que ese acceso se traduzca en un aumento descontrolado del consumo eléctrico y las emisiones indirectas asociadas. La clave parece estar en el diseño urbano y la eficiencia. Algunas medidas que podrían marcar la diferencia son, por ejemplo, la incorporación de criterios de refrigeración pasiva en los códigos de construcción, promover techos verdes y superficies reflectantes, y fomentar la compra de equipos eficientes mediante incentivos fiscales o financieros.

El sector privado debería contribuir desde la innovación tecnológica, el diseño de productos más eficientes y el financiamiento de soluciones sostenibles que transformen el mercado de la refrigeración, en tanto que el Estado uruguayo tiene la oportunidad de liderar la implementación del Compromiso Global de Enfriamiento en la región, integrando sus principios en las políticas públicas y la cooperación internacional. La campaña Mutirão Contra o Calor Extremo, impulsada por Brasil en la COP30, y la Cool Coalition del Pnuma, ofrecen un marco de acción concreto para que nuestras ciudades desarrollen planes de acción concretos contra el calor, que combinen mapeo de riesgos, infraestructuras verdes, refrigeración pasiva y protección de las poblaciones vulnerables.

El calentamiento global está convirtiendo la refrigeración en un derecho humano emergente porque ya no se trata solo de confort, sino de salud, de seguridad alimentaria, de productividad económica y equidad social. Sin embargo no es un derecho que se pueda ejercer a costa del bienestar del planeta. La reciente COP30 ha dejado en claro que existen soluciones técnicamente viables, económicamente rentables y socialmente justas.

Uruguay, si bien no es un gran emisor y su aporte al calentamiento global a través de la refrigeración puede parecer modesto en términos absolutos, es significativo en términos relativos y proyecta una tendencia preocupante. Por su exitosa experiencia en energías renovables y su tradición de políticas públicas progresistas, podría convertirse en un referente regional en refrigeración sostenible asumiendo este desafío con la misma seriedad que enfrentó la transformación de la matriz energética. → Leer más

La saga del eterno acuerdo a firmarse entre la Unión Europea y el Mercosur es digna de las mejores novelas de misterio de todos los tiempos y más modernamente, de algunas series de Netflix que son alargadas hasta lo indecible, dando vueltas sobre el mismo asunto y generando, hasta en el mejor de los casos, dudas sobre el qué y el cuándo, debido a que el guión siempre añade un nuevo ingrediente que estaba fuera del radar.
Pero hay países –como Uruguay–, que son optimistas en esencia sobre este paso fundamental del acuerdo entre bloques, porque se juega las fichas a una imprescindible apertura del comercio hacia nuevos mercados, a los que debido a nuestra reducida economía y escala son de difícil acceso para obtener ventajas arancelarias, lo que se superaría mediante un acuerdo macro entre varios países.
El canciller uruguayo Mario Lubetkin aseguró el viernes en una rueda de prensa que la “amplia mayoría” de países europeos están convencidos de la firma del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, luego de ser consultado por un mensaje que el presidente francés Emanuel Macron le transmitió a un grupo de agricultores en una reunión en Toulouse.

La consulta surge debido a que la ministra de Agricultura francesa, Annie Genevard, había anunciado a la prensa que el acuerdo recibiría “un no rotundo” en su estado actual por parte de Francia. Y agregó que, sin cláusulas de salvaguardia sólidas, medidas espejo o controles fronterizos, su país no puede validar el acuerdo porque no protege los intereses de los agricultores franceses.
Además, Genevard añadió que “no podemos aceptar, ni los agricultores, ni los consumidores que produzcamos e importemos a Europa productos y alimentos que no respeten las normas que imponemos a nuestros propios productores”. A pesar de estas reflexiones, Lubetkin insistió en que el acuerdo está cerrado desde el 6 de diciembre de 2024 y que tiene dificultades para entender qué es lo que está señalando Macron con sus declaraciones luego de reunirse con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva. Finalmente, Lubetkin dijo que espera tener “un buen regalo de Navidad” para todos los uruguayos el próximo 20 de diciembre con la firma del acuerdo.
“El Mercosur está clarito. Nosotros vamos a firmar. Firmamos hoy y si nos piden que firmemos, mañana lo firmamos. Tenemos la lapicera lista para hacerlo”, puntualizó, al tiempo que dijo que es optimista en que los países europeos se pondrán de acuerdo en los “pequeños aspectos” en los que aún no lo hicieron y apuntó que el mensaje que llega desde allí es que probablemente el acuerdo se firmará el próximo 20 de diciembre en Rio de Janeiro.

A su vez el pasado 5 de noviembre, el canciller brasileño, Mauro Vieira, afirmó también que la intención de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, es firmar el acuerdo comercial el 20 de diciembre en Rio de Janeiro. El ministro aseguró en una conversación con periodistas que la firma del acuerdo fue discutida durante la reunión celebrada en la ciudad de Belém entre Von der Leyen y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
“La presidenta de la Comisión reafirmó su certeza, su creencia y su firme esperanza de que el acuerdo sea firmado al final del año, cuando será realizada la cúpula del Mercosur”, declaró.
Sin embargo, en la semana anterior, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que en su estado actual el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur recibirá “un no rotundo” de su país. Ese fue el mensaje que transmitió el jefe del Estado a un grupo de agricultores con los que se reunió en Toulouse, según informó a la prensa la ministra de Agricultura, Annie Genevard.
En tanto, en una entrevista con medios internacionales al concluir la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la UE, celebrada el domingo en Santa Marta, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reafirmó que el objetivo es concretar a fin de año el pacto con el bloque sudamericano formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Pero las cosas vienen conversadas en la interna de la política francesa, por intereses político-electorales fundamentalmente: el partido político Agrupación Nacional –cuya líder es Marine Le Pen, y que está identificado con la derecha francesa– se manifestó en contra este domingo a la participación del país en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y busca que el gobierno imponga una minoría de bloqueo o incluso que bloquee el funcionamiento de la UE para evitar la entrada en vigor del acuerdo.
Así, Jordan Bardella, presidente del partido señaló que “teniendo en cuenta la urgencia existencial que pesa sobre la agricultura, Francia debe utilizar la silla vacía en el Consejo Europeo y debe amenazar con suspender la contribución francesa al presupuesto de la UE”.
Sin embargo, Francia no está sola, por cuanto Austria e Irlanda argumentan que el pacto socava los esfuerzos europeos por una agricultura sostenible y permitirá la entrada a importaciones que no cumplen los mismos estándares ambientales. Bardella además criticó a Macron a quien acusó de haber “mentido y traicionado” en referencia a sus anteriores declaraciones, ya que había dicho que el trato no le convenía, pero que ahora está acelerando para llegar a un acuerdo. La impresión en la Cancillería uruguaya es que si bien hay un clima favorable para seguir en la fase de culminación de este dilatado proceso, igualmente no existe unanimidad entre los países del viejo continente, y subsisten algunas dificultades burocráticas y políticas.

También fue palpable que los problemas surgen sobre todo en la interna de varios países, como es el caso de Polonia y Francia, por la presión de grupos de interés vinculados a los productores del agro, que se resisten al ingreso de productos de los países del Mercosur, que compiten directamente con sus producciones, y que provienen de regiones donde hay grandes ventajas comparativas para estos rubros de producción, pero disfrazan la oposición con supuestos problemas medioambientales.
Esta resistencia de los agricultores ha sido el gran obstáculo durante estas más de dos décadas de negociaciones, a lo que se ha agregado la escasa disposición de los grandes socios del Mercosur, Brasil y Argentina, para suscribir acuerdos extrarregión porque por su lado el proteccionismo comprende producciones industriales y productos semiterminados, a los que se les aplica un elevado arancel externo común, que ha costado mucho reducir y mucho más eventualmente desmantelar.
Es decir, que hay intereses sectoriales de ambos lados, pero con mayor énfasis en naciones europeas, donde los lobbies son muy poderosos y mucho más cuando se acercan compromisos electorales, donde están en juego el mantenimiento de subsidios y otras medidas proteccionistas para ancelarias para contener las importaciones desde este lado del mundo.

¿Tendremos acuerdo para esta Navidad, según la visión optimista del canciller uruguayo? Tal vez el secretario de Estado cuenta con información privilegiada que los ciudadanos comunes y los analistas especializados todavía no manejan. Es de esperar que tenga razón, que su visión sea la acertada y por fin dejemos de dar vueltas en esta noria que viene profundizando el mismo surco desde hace más de veinte años.

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El mes pasado, el Ministerio de Salud Pública publicó en su página web un estudio realizado por Cifra al público adulto para conocer la “Percepción de la población sobre la salud mental y hábitos de consulta y tratamiento”.

La consulta, efectuada a más de 800 personas, revela que un tercio se considera bastante informado, en su mayoría mujeres de Montevideo, y que la patología más recordada es la depresión.
El informe revela, además, que la primera reacción de los consultados ante un problema de salud mental sería recurrir a un profesional.

Los indicadores de soledad y estrés son mucho más pronunciados entre los jóvenes, quienes también presentan insomnio y tensión. Pero, en el conjunto, 3 de cada 10 adultos manifiestan falta de bienestar, más frecuente entre los residentes de la capital que se atienden en ASSE y cuentan con menor educación formal.

La depresión es más frecuente entre las mujeres mayores de 45 años, mientras que la ansiedad predomina entre los menores de esa edad. El estudio señala que más de la mitad de los participantes toma algún medicamento para tratar su problema, aunque la medicación es mucho más habitual entre las mujeres y los mayores de 45 años.
En sus conclusiones, el documento señala que la información que reciben los consultados sobre el acceso a la salud mental es “poca, y obtenida a través de medios de comunicación tradicionales y nuevos (redes sociales)”.

La cuarta parte de la población “se ubica en el máximo índice de soledad” y el 29% tiene “baja autopercepción de bienestar”. Sin embargo, pese al considerable porcentaje de personas que manifiestan trastornos en su salud mental, existe un grupo significativo que no recibe tratamiento. Además, un 20% de adultos no reconoce su problema, aunque presenta síntomas que sugieren lo contrario, según los índices de soledad y estrés que revela el estudio.
Por lo tanto, al menos en Uruguay, resulta un desafío mejorar la información, la llegada al público objetivo y la atención de la salud mental.

El estigma es un obstáculo contrario al objetivo planteado, y resulta relevante acortar los tiempos de espera para la atención profesional. Más importante aún es la disponibilidad de recursos entrenados en el primer nivel de atención, capaces de identificar los síntomas en los usuarios y concretar una correcta derivación a los especialistas.

Sin embargo, ninguno de estos objetivos se logrará sin campañas de educación y concientización sobre aspectos que van más allá de la consulta con un especialista. La rápida identificación y el entrenamiento de otros recursos comunitarios pueden ser un atajo. De lo contrario, no se cumplirá con la “territorialidad”, tantas veces mencionada en los discursos, pero que no llega efectivamente a esos “territorios”.

Esto mismo ocurre en el interior del país y en las zonas rurales, donde estos flagelos también están presentes. Si se observa más detenidamente, la depresión es notoriamente más frecuente en el resto del país entre las personas mayores de 45 años.
Porque no es el exceso de campañas de información y educación lo que hará efectivo el objetivo trazado por las autoridades de mejorar los índices de atención, sino la pronta capacitación de los recursos humanos ya existentes.

No obstante, estos recursos deberán incrementarse, porque quienes están abocados a su tarea específica —personal de la salud, referentes barriales, educativos o deportivos, entre otros— no pueden asumir mayores obligaciones. En cualquier caso, siempre hay que recordar aquello de “cuidar al que cuida”.
Por eso, la prevención es el paso previo al diagnóstico de la patología ya instalada, que requiere atención médica antes de su agravamiento.

Por el momento, las comunidades que no cuentan con suficientes recursos capacitados siguen identificando al profesional médico como la primera ayuda ante sus problemas. Y eso resulta lógico.
Pero aparece un problema emergente entre los jóvenes. Esta población menor de 30 años padece mayormente ansiedad y ha perdido el tabú de contar lo que le sucede. También es una franja etaria acostumbrada a obtener respuestas en segundos gracias a las nuevas tecnologías y aplicaciones. Pero es la misma población que no encuentra la misma rapidez de respuesta para lo que le ocurre en un mundo hiperconectado e hiperestimulado.

Todo esto se aceleró tras la pandemia. Porque el mundo prepandemia ya estaba conectado, ya experimentaba soledad y vínculos deteriorados. Parece ser el precio a pagar, en todas las edades, por el estado de bienestar y compañía. Dos mensajes que fluyen constantemente y muestran la cara mezquina de la humanidad en la inmensidad de canales de comunicación existentes.

Por lo demás, están las pérdidas que se pueden contabilizar en otras estadísticas: horas de trabajo y estudio perdidas, certificaciones laborales y bajos resultados en el ámbito educativo. Es posible prever, con bastante inmediatez, cifras negativas en poblaciones a las que no se les pregunta qué les sucede.
También aparece el aislamiento social, la distancia entre pares aunque se encuentren uno al lado del otro, y la debilidad de vínculos que tienden más a romperse que a recomponerse. La poca tolerancia a las opiniones negativas, la rapidez —generalmente negativa— en las reacciones ante gran cantidad de estímulos y un temperamento de cristal que se quiebra con facilidad.

Todo esto ocurre en un mundo que ofrece, como nunca antes, tantas libertades y derechos, y tanta accesibilidad a bienes materiales y a la información que cada uno desea ver o escuchar.
Pero la abundancia deja espacios vacíos que, según estas estadísticas, solo se completan con medicación. Mientras tanto, los trastornos se multiplican y, a mayor cantidad de diagnósticos, más tiempo perdido.

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(Nota completa para abonados y en edición impresa)

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“Me encantaría poder vivir ahí” dijo el intendente Nicolás Olivera en su discurso pronunciado del 5 de setiembre 2024. “Estamos acá para dar garantías de que ese lugar va a estar en plenas condiciones, adaptado para el uso que le queremos dar. Estamos convencidos que es el mejor lugar del paisaje para vivir. Yo quisiera vivir ahí, me encantaría poder vivir ahí. Me hace muy feliz que los muchachos quizás con menos oportunidades puedan vivir ahí, durante su estadía en Paysandú”.

En el diario EL TELEGRAFO del 4 de octubre 2024 la arquitecta responsable de la obra por el gobierno departamental informaba: “la meta es que el edificio y las áreas de servicio esté listo en marzo de 2025, a tiempo para que los estudiantes universitarios puedan comenzar a usar las instalaciones”.

Ocho meses después de la fecha indicada, seguimos con la incógnita del motivo que impidió la inauguración y que por esa causa muchos estudiantes no pudieran ingresar este año a la Universidad. ¿Cual habrá sido el motivo para que eso ocurriera y por qué el intendente no lo ha explicado? No se trata de una obra de poca importancia, sino de alojamientos imprescindibles para estudiantes de familias de bajos ingresos económicos, que no tienen suficiente dinero para alquilar por su propia cuenta, y al no contar con la posibilidad de la residencia, no pudieron venir a nuestra ciudad para ingresar a la UdelaR y perdieron el año.

¿No es obligación del intendente explicar a los ciudadanos, que son los que pagan esas obras de costo millonario (la residencia costó $262.711.832,93), el por qué no se las inauguró? Porque además durante esos meses la Intendencia siguió invirtiendo sumas muy importantes en obras del Masterplan, como por ejemplo en el llamado Bulevar Senderos del Río que según se ha informado fueron $80.000.000, ya en la primera etapa. Los estudiantes se habían ilusionado y se prepararon para alojarse en la nueva y tan promocionada residencia, pero solo pudieron venir los que dispusieron de recursos económicos para alquilar alojamientos en la ciudad y los que no, se vieron frustrados ante la no inauguración de las obras que les había prometido el intendente. Todo eso cuando el censo realizado en el 2023 había contabilizado 8.225 viviendas desocupadas en la ciudad, que pasado ese lapso de tiempo hasta la actualidad es muy posible que hayan aumentado. Casi diez millones de dólares invertidos hasta ahora y no se habilitaron alojamientos para los estudiantes ni se han iniciado las obras del Campus universitario.

Ing. Ricardo Brasesco

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“El país que recibimos está devastado. Nos dejan una economía quebrada, con las reservas internacionales más bajas en 30 años; nos dejan inflación, escasez, deuda, desconfianza y un Estado paralizado”, manifestó el flamante presidente boliviano Rodrigo Paz.

Paz, de 58 años, es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) y un político experimentado que, antes de llegar a la Presidencia, fue diputado, concejal, alcalde y senador. Nacido en Santiago de Compostela durante el exilio de su padre, se formó como economista y cursó estudios en relaciones internacionales y gestión política.

Su triunfo fue sorpresivo en la primera vuelta: los sondeos lo ubicaban lejos de disputar el balotaje que finalmente ganó en seis de nueve regiones, con el 54% de los votos, sobre el expresidente conservador Jorge Quiroga (2001-2002). Para muchos analistas, el mayor caudal de votos lo aportó su compañero de fórmula, Edmand Lara, un expolicía que se hizo famoso en TikTok por denunciar corrupción y abusos dentro de la institución.

Paz contó con el voto mayoritario de los bolivianos en las elecciones presidenciales del 19 de octubre, en las que el país del altiplano dejó atrás largos años de gobiernos voluntaristas de izquierda que terminaron devastando la economía.

El mandatario también llamó a la unidad y a despojarse de ideologías para sacar al país adelante, mientras exigía explicaciones a sus antecesores —Evo Morales y Luis Arce— por la crisis económica en que dejaron sumida a Bolivia. “¿Qué carajo hicieron con la bonanza?”, preguntó. “Bolivia decidió despertar y lo hizo de pie, con el arma más poderosa que existe: el voto y la democracia”, afirmó.

El tema de la “bonanza” —un término siempre relativo y solo válido en comparación con etapas previas— en los gobiernos de izquierda beneficiados por la coyuntura internacional, suele traducirse en disponer de más recursos para gastar, en lugar de destinarlos a mejoras estructurales y reformas de fondo que aseguren sostenibilidad, aun cuando impliquen algunos años iniciales de estrechez. Lamentablemente, ese ha sido históricamente el común denominador de los gobiernos voluntaristas en América Latina. Uruguay no fue excepción durante la bonanza que se extendió por una década hasta 2014, cuando se incrementó el gasto sin destinarlo a generar infraestructura que hubiera evitado muchos de los problemas actuales.

En su primer discurso tras asumir, Rodrigo Paz reiteró los lineamientos de su plan económico, centrado en la descentralización de recursos públicos y en el fomento a la producción mediante créditos accesibles, reformas tributarias y la eliminación de trabas administrativas.

Una de las interrogantes se refiere a la política exterior de Bolivia, que en los gobiernos de sus antecesores de izquierda se alineó sistemáticamente con una agenda “antiimperialista”, pero a la vez complaciente ante los regímenes dictatoriales de Nicolás Maduro en Venezuela, de los Castro en Cuba y de Daniel Ortega en Nicaragua, entre otros del mismo corte. Por lo tanto, se abre un compás de espera respecto al posible cambio de rumbo que podría adoptar Bolivia tras 17 años sin relaciones diplomáticas con Estados Unidos, más de 40 con Chile y dos décadas de política exterior antioccidental. “Nunca más una Bolivia aislada del mundo”, manifestó Paz al saludar a las delegaciones internacionales presentes en su asunción.

Esta reflexión se da en un contexto regional marcado por nuevos gobiernos liberales, tras la victoria de Javier Milei en Argentina y de Daniel Noboa en Ecuador. Asimismo, constituye el cierre del ciclo del Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó Bolivia durante casi veinte años con Evo Morales y luego Luis Arce al frente.

Durante la campaña, Paz apuntó al voto de los trabajadores informales, que representan el 80% de la fuerza laboral, con consignas como “capitalismo para todos”, que surtieron el efecto deseado y conquistaron incluso a la burguesía urbana de origen indígena surgida durante el gobierno del MAS.
En sus primeras semanas como presidente electo viajó a Estados Unidos, se reunió con el FMI, el BID y el Banco Mundial, y luego consiguió un crédito millonario de la CAF, en un movimiento dirigido a atraer a sectores empresariales que lo observaban con desconfianza. Además, en los días previos a su investidura se reunió con emprendedores de El Alto y empresarios de Santa Cruz, las dos regiones más pobladas y prósperas del país, con un mensaje de unidad y de impulso a la producción nacional. Les ofreció inversión y apertura al comercio internacional para superar juntos la crisis.

Y la crisis es profunda: déficit fiscal, inflación, recesión, escasez de dólares y de combustible, con las reservas al límite. Todo ello, según Paz, consecuencia directa de la herencia de los gobiernos populistas de izquierda, con Evo Morales a la cabeza.

Se espera que el nuevo presidente dé un viraje hacia la derecha —según los analistas—, aunque sin abandonar el centro, tan despreciado por los regímenes populistas. Ni qué hablar de la “pluriporquería” con la que Fidel Castro definía a la democracia. Al parecer, Paz procura transmitir un mensaje de moderación, manteniendo distancia tanto de las teorías económicas de Milei en Argentina como del desastre y la corrupción del kirchnerismo.

Aunque aún es temprano para evaluar acciones que ni siquiera se han iniciado o anunciado en la mayoría de los casos, todo indica que el giro al centro en Bolivia es altamente saludable para el país y para la región. Sería una señal positiva para el subcontinente, que pondría fin al populismo de izquierda sin caer en el ultraliberalismo de Milei, Trump o Bolsonaro.

En síntesis, se perfila un centrismo como tercera vía ante los extremos: una economía de mercado —¿podría haber otra?— sin perder de vista las demandas legítimas de amplios sectores del país, pero basada en acciones que aseguren sustentabilidad, en lugar de gastar lo que no se tiene al grito de la tribuna. Un Estado reducido en lo posible y lo necesario, y una actividad privada vigorosa como motor de inversión y empleo.

Todo muy bien, por cierto. Pero los detalles —que son los que definen el partido, que recién comienza— se verán en la cancha. Y todavía queda mucho paño por cortar. → Leer más

Hay cifras que nunca caen: una es la de periodistas asesinados. Los enemigos “democráticos” de la libertad de expresión mejoran métodos, con nuevo y mejor maquillaje, y ataques más efectivos. Pero igual se sigue matando periodistas: el crimen organizado no es sutil ni le preocupa llenarse la boca de democracia, libertad y defensa de los derechos humanos para disimular.

A los periodistas los matan por hacer su trabajo, por informar. No quieren que la gente sepa lo que ellos tienen para contarle; y además se pasa “el mensaje” al resto de los periodistas.

A los que no se asustan o no se les puede comprar, los matan. Algo muy parecido pasa con los jueces: cuando corrompen o matan a un juez, nos dejan sin justicia a todos. Cuando asesinan a un juez, lo hacen porque se trata de un magistrado honesto, y al mismo tiempo pasan el mensaje a todos los jueces. Esta similitud se extiende a los fiscales y a los policías, quienes, si no aflojan y se venden, son “ejecutados”.

“Cuando se ataca a quienes investigan el crimen organizado, se busca doblegar al Estado y sembrar miedo en la sociedad”, proclamaba hace poco el sindicato de la Guardia Republicana a raíz del atentado contra la fiscal general, y resaltaba que “no solo está en riesgo la vida de la fiscal. También lo están los policías destinados a su custodia, quienes hoy cumplen servicio de forma estática, en una garita y sin garantías reales”. Y además está el presupuesto: lo hizo valer la propia fiscal en el Parlamento, lo hacen los sindicatos policiales, y lo hace el presidente de la Suprema Corte, John Pérez Brignani, con un grito de impotencia y de rabia que se trasunta en la entrevista que publica Búsqueda en su última entrega.

Encoge el alma, por decirlo así: mete miedo, y mucho más que no se ve. Que no lo vean quienes tienen que verlo; porque la gente, aunque su primera preocupación es la seguridad, no siente que tiene que salir a manifestar y reclamar recursos para los jueces o para los policías; para nuestros custodios, ni más ni menos. No es un problema de ahora, viene de atrás. Ni pasa solo aquí, pasa en todos lados, pero ello no sirve ni como consuelo. Además, ha empeorado. Hace casi 25 años, en junio de 2002, la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) convocó y organizó en Washington una Cumbre Hemisférica sobre Justicia y Libertad de Prensa en las Américas.

Durante tres días debatieron sobre las relaciones entre los jueces y los periodistas, y sobre la Justicia y la Libertad de Expresión, representantes de la mayoría de los diarios del continente, expertos, juristas y las cabezas de 23 Cortes Supremas de Justicia del continente.

Por Uruguay estuvo el Dr. Gervasio Guillot. Stephen G. Breyer, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de los EE. UU., señaló en su exposición en la Cumbre: “Estimo que la prensa y el Poder Judicial… son, en cierto sentido, mellizas; a veces riñen entre sí, pero son mutuamente indispensables”. Y prosiguió: “A fin de cuentas, la prensa puede ayudar a persuadir al público de la necesidad de tener un Poder Judicial independiente, de que la institución es proba y digna, y de que el Poder Judicial precisa de los recursos necesarios para poder servir al público como es debido”.

Ayer, hoy y en todos lados. Pero el ahora del Uruguay preocupa: cuando se le preguntó a Pérez Brignani sobre la seguridad de las sedes judiciales, respondió: “Nos mandan gente (policías) que está sumariada y que no tiene revólver”. Para qué agregar más.

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En 1874, José Pedro Varela publicó La educación del pueblo y afirmó con claridad: “La educación del pueblo es la única base sólida de la democracia”. Su proyecto buscaba fundar una república sobre ciudadanos instruidos, capaces de participar en la vida pública. La escuela debía ser el núcleo moral de la comunidad, abierta a todos sin distinción de fortuna, color ni creencias. Una realidad que comenzó a tejerse hace poco más de 150 años y que hoy convierte a la escuela vareliana en un ejemplo de educación para la integración en democracia.

Contexto y paradoja

Uruguay atravesaba una profunda crisis, signada por guerras civiles, severa pobreza y una institucionalidad precaria. Una reforma democrática surgió desde la propia conducción del autoritarismo ilustrado del coronel Lorenzo Latorre, persuadido de que “la libertad necesita orden; y el orden, autoridad”. El país se encontraba presionado entre restricción y libertad, tensiones que definieron la modernización uruguaya y dieron paso a un Uruguay moderno basado en la instrucción y la ciudadanía.

Amigos de la Educación Popular

La Sociedad de Amigos de la Educación Popular nació en 1868 por impulso de 206 jóvenes. La primera directiva estuvo presidida por Elbio Fernández (fallecido en 1869, a pocos días de cumplir 28 años), con Eduardo Brito del Pino como vicepresidente, Carlos Ambrosio Lerena como tesorero, y José Pedro Varela (fallecido en 1879, con 34 años) y Carlos María Ramírez como secretarios. Actuaron como vocales José Arechavaleta, Juan Carlos Blanco Fernández, Eliseo Outes y Alfredo Vásquez Acevedo.
El propósito era promover una instrucción laica, gratuita y científica, independiente de la Iglesia y de los partidos. Representaban la vanguardia liberal y republicana de fines del siglo XIX.
Pero en 1876, ante la iniciativa del dictador Latorre, la SAEP se quebró: por un lado quienes rechazaban la propuesta, y por otro quienes veían en ella una oportunidad para revolucionar la instrucción pública. Varela entendió que la educación debía estar por encima de la política: “no trabajo para los gobiernos, sino para el pueblo y los niños del porvenir”.

Ruptura y consolidación

Las tensiones entre ética republicana y eficacia reformista quedaron expuestas. Varela priorizó la urgencia de fundar un sistema educativo capaz de hacer posible la futura democracia. La Ley de Educación Común (1877) y la Inspección Nacional de Instrucción Pública consolidaron la escuela pública, aunque el costo de participar en un régimen sin libertades fue muy alto.
Dictadura modernizadora
El régimen de Latorre, carente de legitimidad democrática, impuso una centralización autoritaria que permitió ejecutar la Reforma Escolar de 1876–1877. Allí se fijaron los principios que definieron el modelo: educación pública, gratuita, obligatoria y laica.
Estos principios delineaban una concepción igualitaria de la república: gratuidad, que eliminaba barreras económicas; obligatoriedad, que universalizaba el derecho; laicidad, que protegía la escuela de credos y facciones; y el reconocimiento de la enseñanza como derecho y responsabilidad del Estado. Finalmente, la laicidad sería postergada.

Un derecho universal

El ideal integrador era claro. La escuela debía recibir a todos los niños, procurando “formar ciudadanos moralmente autónomos”. Aunque el desarrollo inicial fue desigual, se buscó homogeneizar la cultura nacional, sin asumir plenamente la diversidad social y étnica. Aun así, la reforma significó la instalación de un sistema democrático e inclusivo.

La teoría vareliana

En La educación del pueblo (1874), Varela defendió la instrucción pública como pilar del progreso moral, político y económico. Denunció la ignorancia como causa del atraso y afirmó que el Estado debía garantizar la educación sin distinción de clase, religión u origen.
En La legislación escolar (1876) reforzó estas ideas: “La instrucción común debe ser para todos los niños, sin distinción de fortuna, de color, ni de creencias”. Varela entiende la escuela como motor del progreso y de la cohesión social, articulando instrucción, ciudadanía y desarrollo económico. El diseño institucional proyecta áreas de inspección, formación docente, estandarización curricular y expansión territorial. La reforma aseguraría una educación de calidad.

Legado y proyección batllista

La contradicción dictadura-democracia marcó la modernización uruguaya. Las generaciones batllistas abrazaron esa herencia y la elevaron a un nivel superior, convirtiéndola en un modelo cívico-social más amplio y profundo. La educación pública se fortaleció como herramienta de ciudadanía, movilidad e integración nacional.

El batllismo convirtió la escuela en símbolo de igualdad y en espacio de construcción de identidad común, mientras el Estado ampliaba su función social en salud, trabajo y previsión. La democracia se volvió expresión tangible de derechos concretos y de ciudadanos instruidos. La aspiración vareliana dejaba de ser un deseo para convertirse en realidad.

Ciudadanos instruidos

El legado de José Pedro Varela se reconoce en dos planos: la necesidad de instruir a los ciudadanos y la construcción de instituciones capaces de trascender las coyunturas. Varela estaba persuadido de que sería la escuela pública la que contribuiría a poner en valor la libertad de elegir y defender “el orden elegido”.
La educación del pueblo se concretaba a través de una escuela motor del progreso y la cohesión social, que articulaba instrucción, ciudadanía y desarrollo económico. Así, trascendió la coyuntura, consolidando la formación docente, la estandarización curricular y la expansión territorial, y delineando un sistema capaz de proyectarse y asegurar la promesa democrática que la política oscilante no garantizaba.
La escuela se consolidó como espacio de construcción de identidad común. Se abría paso la leyenda de aquel reformador que murió muy joven. Víctor Lima escribiría en la década de 1960 una hermosa canción que los niños entonarían año tras año: “Sembrador de abecedario / líder del verbo oriental / don José Pedro Varela / pastor de la escuela / jamás morirá”.

Condiciones imperfectas

Como fue señalado, el legado de Varela se reconoce en dos dimensiones. Una de ellas —la segunda— refiere a la prudencia política de construir instituciones capaces de durar más que los gobiernos, incluso en condiciones adversas.

Por ello, y vale resignificarlo, destaca la apuesta de Varela por una escuela pública orientada a alimentar las condiciones morales y cívicas para que la libertad se convirtiera en “orden elegido”. Esta visión pone en valor la dimensión pedagógica y contradice los intentos instrumentalistas que reducen la educación a un mero aprendizaje sin profundidad conceptual.

No podrán ser enemigos…

La gesta civilizatoria —aunque exagere, me gusta decirlo así— debería recordarnos que siempre, en toda época y geografía, cualquier conflicto tiene una posibilidad seria de superarse si se apuesta al silencio de las armas, al fortalecimiento institucional y a la fuerza sanadora, sin olvidos ni renuncias, de la educación con sello vareliano para nuestros hijos. Recordándonos, como advertía Varela, que “los que una vez se sentaron juntos en el banco de una escuela común, no podrán ya ser jamás enemigos irreconciliables”.

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Los aparatos eléctricos y electrónicos forman parte de nuestra vida desde hace ya un buen tiempo, pero en los últimos años se han masificado a medida que las tecnologías y los materiales se abarataron, al igual que mejoró la calidad de las baterías. Incluso muchos objetos que antes no eran necesariamente artesanales, pero sí empleaban otro tipo de tecnología, hoy funcionan en modo eléctrico o electrónico. Es el caso de las afeitadoras, que además se han diversificado en una amplia gama de dispositivos destinados a distintas necesidades de estos “raros peinados nuevos”, a decir de Carlos García.

Naturalmente, a medida que su uso creció, también explotó la cantidad de marcas —y de productos genéricos a los que el importador les coloca la marca que quiere— y las distintas escalas de calidad. Antes, si uno quería comprar una máquina de tocar discos, había dos o tres opciones en el mercado y alguna más pensada para profesionales. Hoy basta un clic para comprobar la saturación de la oferta. Y eso sin mencionar lo más obvio: teléfonos celulares, computadoras y juguetes eléctricos y electrónicos.

Al mismo tiempo que esta oferta se multiplica —habría que ver qué ocurre con la demanda, porque datos precisos no hay—, también aumentan de forma considerable los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que quedan obsoletos y terminan en el reciclaje. Y aquí aparece el problema. En el mejor de los casos, esos residuos se reciclan; sin embargo, en Uruguay estamos más cerca del peor escenario, porque hoy no existe una política de recuperación y disposición final que esté realmente operativa. Y se dice “hoy” porque la semana próxima esto debería cambiar radicalmente, cuando se cumpla el plazo para que entren en vigencia los planes de gestión de residuos que involucran a importadores y fabricantes de juguetes. Y se dice “deberían”, en condicional, porque —según un artículo de El Observador— esto no estaría ocurriendo en la mayoría del sector: simplemente “dejaron para último momento”, afirma la nota.

El funcionamiento de estos planes se basa en el concepto de “responsabilidad extendida del productor”, es decir, de quien pone el producto en el mercado. Esto no es nuevo: ya se aplicó con buenos resultados en sectores como el de los neumáticos y los envases de agroquímicos. Claro que se trata de rubros que no tienen ni por asomo el volumen ni la complejidad del de los aparatos eléctricos y electrónicos, pero el antecedente existe y vale mencionarlo.

Aunque el artículo alude a la cercanía de la zafra navideña, es probable que la mercadería ya esté en plaza o en tránsito, con procesos de compra culminados, que es justamente donde se aplican las restricciones del decreto en caso de incumplimiento. El Decreto 292/024, vigente desde 2024, obliga a fabricantes e importadores de aparatos eléctricos y electrónicos a adherir a un plan de gestión aprobado por el Ministerio de Ambiente. El proceso se activa cuando los empresarios realizan el trámite en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE): para ingresar la mercadería al país deben elegir a qué plan de gestión están adheridos o presentar una carta de intención especificando a cuál se sumarán, para que el Ministerio habilite la importación. Así lo explicaba Matías Silva, responsable de gestión de residuos de Depósito Pedernal, entrevistado en la nota mencionada.

El objetivo de la normativa es recuperar en el próximo año un 40% de los residuos eléctricos y electrónicos generados; la meta sube al 60% en 2028 y al 85% en 2029. Según Silva, estas metas son ambiciosas para el mercado uruguayo, y citó el caso de uno de los mayores importadores con los que trabaja, que genera 35.000 kilos mensuales de RAEE. Sus mediciones muestran que “la vida útil de los electrodomésticos en Uruguay es entre un 50% y un 60% más larga que en Europa”, región tomada como referencia para el decreto.

Hasta aquí todo parece claro, y habrá que ver qué ocurre con la adopción de estas disposiciones por parte de los importadores. Pero queda pendiente el resto: para instrumentar este sistema se necesita una política de comunicación y concientización dirigida a los usuarios; es necesario definir qué sucede con los equipos una vez recuperados; si existe o no un dispositivo de reciclaje o de aprovechamiento de piezas reutilizables. Y, sobre todo, cómo se cubrirán los costos de todas estas operaciones —recepción, acopio, traslado, clasificación, etc.— porque si la idea es trasladar ese peso al precio final y que termine pagándolo el consumidor, poco favor se le hará al comercio en momentos en que ya acusa el golpe del llamado “efecto Temu”, que el gobierno pretende combatir mediante un nuevo gravamen cuyo efecto, en el mejor de los casos, sería limitado.
A esta altura, y a tan pocos días de que venza el plazo, hay muchas más incertidumbres que certezas.

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En el marco de la compleja problemática de la salud en el país, y de todo el Interior –sobre todo al norte del río Negro– un factor adverso es la brecha en disponibilidad de médicos respecto a la capital y el área metropolitana con relación a la población, donde se concentra la enorme mayoría de los servicios de alta tecnología y donde desarrollan su actividad la gran mayoría de los profesionales del área de la salud.
Este es solo uno de los factores que inciden en la atención a la población, y a la vez está interconectado con otros elementos que intervienen de forma preponderante, y no solo en el esquema de atención que se ha dado en el país a lo largo de las décadas, sino también en lo que refiere a otros términos de la ecuación, entre ellos el factor humano.

Es absolutamente de recibo, y más aún, de gran importancia, el tema que fuera analizado en la jornada de actualización profesional que tuvo lugar recientemente en el Hospital Escuela del Litoral, denominada “Seguridad del paciente en áreas críticas”, impulsada por el Servicio de Cirugía, con el apoyo del Hospital de Paysandú, la Asociación Médica de Paysandú, y el Colegio Médico del Uruguay, con la participación de reconocidos especialistas internacionales.

Uno de los participantes más destacados fue el Dr. Marcelo Diamant, del Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Maciel, quien en declaraciones a EL TELEGRAFO evaluó que la seguridad del paciente constituye hoy un eje central en la atención médica, y al respecto expuso que “la seguridad del paciente es clave, puesto que en los procesos asistenciales se hacen un montón de gestos con el objetivo de que aquella persona que tiene una dolencia o una enfermedad pueda ser resuelta de la mejor manera”.

Reconoció que en esos procedimientos “hay muchos pasos donde pueden suceder eventos que comprometen el resultado final”, algunos de los cuales dependen de las enfermedades mismas, de sus procesos, pero hay otros que se originan en el error humano: “esos eventos negativos pueden hacer que un montón de esfuerzos terminen mal, y que den lugar a la vez, además del drama para el paciente y familiares, también para quienes cometieron el error, que pueden enfrentar consecuencias legales. De lo que se trata es de que todo este proceso se haga con las mayores garantías posibles”.

Trajo a colación además que “el concepto de seguridad del paciente, que hoy parece tan evidente, en realidad se maneja desde hace apenas unos veinte años, y al principio tuvo mucha resistencia entre los propios equipos asistenciales, porque también pone en duda las acciones de cada uno de nosotros”, en tanto consideró que los eventos negativos en la atención muchas veces pueden ser evitados con métodos correctos, con trabajo sistemático”. Pero claro, el factor humano es omnipresente en todos los órdenes de la vida, por más sistematización y automatización que se tenga en los procesos, y en algunas áreas es más crítico que en otras, –la medicina una de ellas– porque va desde las acciones de prevención, hasta el diagnóstico y el tratamiento, con una multiparticipación que hace que las fallas que se registren en alguno de los eslabones de la cadena pueden llevar a desenlaces irreparables.

Sobre este tema a su vez el doctor Raúl Blanco, del Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Maciel, consideró que en las áreas críticas donde los riesgos son mayores, el objetivo es evitar que un error humano tenga consecuencias para el paciente, y al respecto evaluó que las áreas críticas “es donde los riesgos son mayores, porque son ámbitos de manejo complejo donde confluyen médicos de distintas disciplinas, licenciados, enfermeros auxiliares, todos seres humanos y por lo tanto falibles”.

Todos estos elementos son atendibles, de recibo, por supuesto, y sin dudas se recogen en las estadísticas con porcentajes, tendencias, gravedad, pero para aquellos afectados por estos errores o sucesión de errores es el cien por ciento de todo, y por lo tanto se explica que a diario pacientes y familiares se expresen respecto a casos que les ha tocado vivir directa o indirectamente, y señalan errores, conductas, irresponsabilidades, desatenciones, prescindencia, desinterés, incapacidad, etcétera, dentro de un mar de posibilidades que son precisamente parte de estos procesos en los respectivos ámbitos, porque una falla en la cadena repercute en la siguiente fase y así sucesivamente, a la vez que se diluyen responsabilidades.
Porque está muy bien el intento de generar mayores seguridades para el paciente, que debería ser una premisa básica, pero asimismo y consecuentemente actuar decididamente a la hora de los correctivos cuando se determinan las responsabilidades o fallas, y es aquí donde lamentablemente en las instituciones en general, en la mayoría de las profesiones, más allá de los celos profesionales y el intento de sacarse el sayo, aparecen las comportamientos corporativos, el de “entre bomberos no nos pisamos la manguera”, porque nadie está a salvo de cometer errores en algún momento.

Esto también es factor humano, más allá de las mejores intenciones personales o institucionales, que además de las medidas preventivas, protocolos o correctivos internos, también se han ocupado de contar con un nutrido equipo de asesores legales y profesionales encargados de llevar adelante las instancias jurídicas para proteger sus intereses respecto a las acciones legales de pacientes o familiares que se sienten perjudicados.

Es por lo tanto muy importante, como bien señala el Dr. Blanco, la necesidad de diseñar procesos que permitan detectar estos errores a tiempo: “el error va a suceder, porque el ser humano tiene una capacidad importante para desempeñar tareas complejas”, y por eso “es fundamental diseñar herramientas que permitan identificar el error en el momento oportuno para que no llegue al paciente”.
Es absolutamente compartible esta premisa en el marco de empezar por aceptar que el problema existe, pero a la vez hay todo un esquema de acciones fundamentales que se necesitan, tanto en el plano interno de la institución como de los controles de los organismos pertinentes desde el Estado, empezando por la observación celosa de protocolos para garantizar la seguridad de los procedimientos. Pero también para proceder con todo el rigor del caso cuando se detecta que hay fallas que no solo son debidas a errores humanos en procedimientos, sino en negligencia –a veces también saturación de horarios y multiplicidad de tareas– y ello siempre implica incorporar más y mejores controles, disponibilidad de recursos humanos y materiales, entre otros factores.

Y ello trasciende las encomiables acciones que desarrollan las comisiones de seguridad del paciente (Cosepas) que funcionan en los centros asistenciales desde 2007, que implican un trabajo desde lo interno, a lo que necesariamente deben agregarse mejores ámbitos de participación con representación de otras partes implicadas en las acciones, sobre todo de los ciudadanos de a pie, para poner énfasis en la detección y origen de las falencias, a efectos de minimizar las posibilidades de repetir las fallas que suelen ser de consecuencias irreparables.

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No solo por su ubicación simbólica en el corazón de la Amazonia, sino también por el momento crítico que atraviesa el planeta en materia ambiental, la historia de las negociaciones climáticas globales está viviendo un punto de inflexión con la reunión de la COP30, que se desarrolla en Belém (Pará, Brasil), con la participación de jefes de Estado, ministros, diplomáticos, representantes de la ONU, científicos, líderes empresariales, oenegés, activistas y otros miembros de la sociedad civil de más de 190 países.

A una década del Acuerdo de París, firmado en la COP21, el mundo entra en la fase de implementación. Las metas de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C y los compromisos de financiación climática serán temas centrales para monitorear el progreso desde la COP29 y acelerar futuras acciones. Los principales desafíos incluyen alinear los compromisos de los países desarrollados y en desarrollo en relación con la financiación climática, garantizar que las metas de reducción de emisiones sean compatibles con la ciencia climática y abordar los impactos socioeconómicos del cambio climático en las poblaciones vulnerables.

En este contexto, América Latina —y en particular el Cono Sur— se encuentra en una encrucijada donde el cambio climático amenaza con deshacer décadas de avances sociales, económicos y ambientales, perfilando un panorama en el que la pobreza infantil emerge como una de las expresiones más dramáticas de la crisis climática. Precisamente, desde este Sur global y en el corazón de la Amazonia, la COP30 se convierte en un espacio donde los países del Sur exigen justicia, equidad y acciones concretas.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva lo expresó con claridad en la apertura de la conferencia al señalar que “estamos yendo en la dirección correcta, pero a la velocidad equivocada”, reclamando que los países dejen atrás las promesas vacías y haciendo un llamado a situar a las personas en el centro de las decisiones climáticas, fortaleciendo la gobernanza global y cumpliendo los compromisos asumidos.
Para los países del Cono Sur latinoamericano —Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay—, el cambio climático hace ya tiempo dejó de ser una amenaza futura, convirtiéndose en una realidad que está erosionando sus sistemas productivos, sociales y ecológicos. La región enfrenta una combinación de impactos que agravan la pobreza estructural y generan nuevas formas de vulnerabilidad.
La agricultura de secano, que representa el sustento de miles de pequeños productores, está siendo afectada por las sequías y la desertificación. También se observa la reducción de los glaciares andinos, especialmente en el noroeste de Argentina y Chile. Las pérdidas de cosechas no solo reducen los ingresos rurales, sino que también elevan los precios de los alimentos para los habitantes de las ciudades, afectando principalmente a las poblaciones urbanas en situación de precariedad.

El estrés hídrico es otro factor crítico. Zonas como el Chaco argentino-paraguayo y el centro de Chile enfrentan una escasez severa de agua potable y para la producción agropecuaria, lo que genera migraciones forzadas hacia ciudades sin infraestructura adecuada, incrementando los cinturones de pobreza urbana y sobrecargando los servicios públicos.

En nuestro país, las tormentas intensas, las sequías y el aumento del nivel del mar nos enfrentan a diversos desafíos relacionados con la producción agropecuaria, la necesidad de mitigación y la preparación frente a fenómenos climáticos adversos, así como las amenazas a las infraestructuras costeras, que suelen ser atendidas desviando recursos de programas sociales esenciales.
La salud pública también se ve afectada y se encuentra en riesgo en la región. No podemos olvidar el aumento de enfermedades vectoriales como el dengue, la fiebre amarilla o la malaria, especialmente en zonas subtropicales del Cono Sur, como el norte de Argentina y el propio Brasil y Paraguay. Se trata de una situación que se ha agudizado en los últimos años y afecta a sistemas sanitarios ya de por sí debilitados.

Desde el punto de vista de los ecosistemas, la degradación de humedales —como los de la zona Paraná-Paraguay— implica también la pérdida de medios de vida ancestrales y de conocimientos tradicionales relacionados con el uso medicinal de las plantas, la artesanía y los oficios. Esta desconexión cultural reduce la resiliencia comunitaria.

En este escenario, la infancia se convierte en la principal víctima silenciosa del cambio climático. Según un informe conjunto de la Cepal y Unicef, al menos 5,9 millones de niños y jóvenes latinoamericanos caerán en la pobreza para 2030 como consecuencia directa de la crisis climática. Aún más: si los países no cumplen sus compromisos de reducción de emisiones y no priorizan la adaptación, el estudio prevé que esa cifra podría alcanzar los 17,9 millones.

El impacto de esta caída en la pobreza abarca múltiples dimensiones: inseguridad alimentaria, deserción escolar, trabajo infantil, enfermedades, migración forzada y pérdida de oportunidades futuras. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que cada año escolar perdido reduce en un 9 % los ingresos futuros de un joven, y que la desnutrición crónica afecta su desarrollo cognitivo y físico, perpetuando la pobreza intergeneracional.

De acuerdo con los estudios existentes sobre el tema, los mecanismos de transmisión de la pobreza climática son complejos y se retroalimentan. La pérdida de ingresos familiares por eventos extremos obliga a los niños a abandonar la escuela para trabajar o cuidar enfermos. Las enfermedades relacionadas con el clima, como el dengue, generan gastos médicos que superan las posibilidades de los hogares vulnerables, mientras que la falta de acceso al agua potable y al saneamiento básico expone a los menores a riesgos sanitarios de diversa índole. Por otra parte, la migración climática, cada vez más frecuente en el Cono Sur, expone a las personas a diferentes tipos de explotación.

Son realidades que están sobre la mesa de la COP30, cuyo “Llamado a la acción” exige que al menos el 5 % de los fondos climáticos globales se destinen a la educación adaptativa y la protección social infantil. Sin embargo, solo el 0,3 % del financiamiento climático llega a proyectos educativos del Sur global, lo que representa una falla estructural en la arquitectura financiera internacional, la cual prioriza la mitigación del cambio climático en los países desarrollados y deja en segundo plano la adaptación en las regiones más vulnerables. Esa es una injusticia climática de primer orden, dado que los países del denominado Sur global —América Latina, África, Asia y Oceanía— soportan aproximadamente el 80 % de los impactos climáticos, pese a contribuir con solo el 10 % de las emisiones históricas.

Por todo esto, la COP30, realizada en el país vecino, no puede ser una conferencia más: debe marcar un punto de inflexión con la urgencia de actuar y proteger a quienes más sufren las consecuencias del cambio climático.
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“El Gobierno reafirma su compromiso con la movilidad sostenible”. Ese es el título de una nota publicada en la página web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que da cuenta de la integración de la Comisión Interministerial de Movilidad Sostenible (CIMS), creada por el Decreto N.º 50/025 del 25 de febrero de 2025, con el objetivo de trabajar en la Política de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) “y otras medidas vinculadas a la temática”. No obstante, esta política pública —aclara la publicación— es el resultado de un proceso de trabajo interinstitucional iniciado en 2014, a partir del grupo de eficiencia energética en transporte.

Según el decreto, cerca del 95% de la población uruguaya vive en áreas urbanas, por lo cual, afirma, es de esperar que “la migración de la movilidad urbana hacia formas sostenibles produzca un efecto positivo en las personas y en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”. La comisión tiene como objetivo coordinar las políticas orientadas a la sostenibilidad económica, ambiental y social del transporte de personas y cargas en todo el territorio nacional.

De este primer encuentro simbólico participaron las ministras de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona; de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Tamara Paseyro; el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Jorge Polgar; y la asesora del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ana Inés Morató. Su presencia fue meramente testimonial, dado que “próximamente cada institución enviará los nombres de quienes integrarán el grupo de trabajo técnico”. Aun así, durante la reunión, las autoridades reafirmaron el compromiso del Gobierno con la movilidad sostenible “como una política pública prioritaria”.

La movilidad sostenible, explica el artículo, “busca evitar y reducir la necesidad de viajes motorizados, promover modos de transporte ambientalmente amigables y mejorar la eficiencia energética del sistema de movilidad”.

Según la norma —aclara el autor—, “la movilidad urbana sostenible constituye un nuevo paradigma para enfrentar el desafío de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte y también mejorar aspectos que afectan la calidad de vida de las personas, como la exclusión social, la siniestralidad vial, la mala calidad del aire, la disponibilidad de espacios públicos y la congestión”. Como si tales cuestiones pudieran definirse por decreto. Sería tan sencillo como promulgar la felicidad pública, el sueño de todo gobernante que se precie. Lamentablemente, no funciona así: los resultados requieren esfuerzo y tiempo.

En los aspectos prácticos, esta comisión interministerial tendrá una secretaría rotativa —como si quedara alguna duda sobre las escasas posibilidades de que su gestión llegue a buen puerto—, que comenzará a cargo del Ministerio de Industria. La titular de esa cartera, Fernanda Cardona, destacó que el trabajo estará en manos de los equipos técnicos durante todo el proceso y que este encuentro entre las autoridades fue “una forma de dar el empuje para que puedan seguir trabajando”. Agregó que “era importante mostrar de forma clara que la movilidad sostenible es una política prioritaria para el Gobierno”. El propósito es “mejorar los procesos de planificación urbana y gestión de la movilidad, así como el rediseño de los esquemas de incentivos del transporte y la movilidad”, señala la publicación en la web del MIEM. Además, se indica que el grupo “podrá requerir la participación de otros representantes estatales o de la sociedad civil”. Y bueno fuera que no consideraran que los actores del sector privado tienen un rol preponderante en esta materia, donde, justamente, si existen ejemplos de buena gestión, estos no provienen del sector público. Baste mencionar a AFE como botón de muestra: una empresa que podría estar prestando un servicio estratégico, descomprimiendo las rutas y sirviendo de alternativa a camiones y ómnibus, pero que nunca logró modernizarse ni acompasar la demanda. El resultado es la realidad que hoy conocemos, en la que el ferrocarril moderno y todos los proyectos para mover pasajeros en el área metropolitana dependen necesariamente de la participación de empresas privadas.

Volviendo a la comisión, la página del Ministerio de Industria describe que la naturaleza “multisectorial y multiactoral de la política de movilidad urbana sostenible supone un esfuerzo de planificación estratégica, coordinación con otras políticas, cooperación y transformación institucional, unificando personas y organizaciones hacia una visión común de largo plazo, que permita estructurar acciones en el corto y mediano plazo para el cumplimiento de los objetivos”.

A la postre, lo que seguramente tendremos en el corto y mediano plazo serán algunos contratos con consultorías para elaborar un diagnóstico sobre el que trabajar y desarrollar medidas, tal vez basadas en las que ya existen, que han resultado transformadoras y que no necesitaron presentaciones tan rimbombantes. Bastó, en esos casos, con generar las condiciones para que cada uno hiciera lo que sabe hacer. Porque, al final del día, lo más importante no son los anuncios ni la forma en que se presentan para aparentar relevancia, sino que las medidas adoptadas demuestren su efectividad. Y, de no ser así, que haya la cintura suficiente para corregir el rumbo a tiempo. Justo lo opuesto a la idea de una comisión.

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Finalizado el “boom” industrial que Paysandú experimentó sobre la mitad del siglo pasado, lo que ha quedado es un panorama desolador en una ciudad que no ha logrado reinventarse y que sigue sin encontrar un rumbo hacia el cual dirigirse con determinación, esfuerzo y constancia. Sin lugar a duda que en todo este tiempo han sobrado discursos edulcorados, políticos deseosos con las tijeras afiladas para cortar cuanta cinta de inauguración se les cruce en el camino, inversores que nunca llegaron y fuentes de trabajo que jamás se materializaron, pero por sobre todo ha sobrado el voluntarismo simplón de una comunidad que ha resultado incapaz de edificar su futuro sobre un nuevo paradigma.

En todo ese proceso han aparecido diversos vendedores de espejitos de colores tanto a nivel empresarial como político que una y otra vez han generado expectativas que nunca cumplieron y que fueron mellando, en cada ocasión, la esperanza y la fuerza de un pueblo.

Vendidas “las joyas de la abuela”, lo único que le ha quedado a Paysandú es transmitir de una generación a otra el relato nostálgico, deshilachado y trágico de una ciudad que supo ser sinónimo de progreso pero que exhibe alarmantes niveles de desempleo e informalismo mientras los jóvenes “nini” (“ni estudian ni trabajan”) aumentan y deambulan por nuestra ciudad revolviendo volquetas, durmiendo en la calle o vendiendo droga. Esa es la realidad de Paysandú hoy: no tiene ni paz, ni trabajo, ni progreso y su escudo se ha transformado en el triste recordatorio de lo que supimos ser y ya no somos.

El pasado reciente de nuestro departamento está lleno de ejemplos dolorosos de empresas que han cerrado o que se han transformado realizando menos tareas, empleando más tecnología y ocupando menos trabajadores. La lista es grande: Indhar, Famosa, Cármica, Paycueros, Paylana, Sandupay, Norteña (hoy AmBev), Pili, Ferropay, Fricasa, entre muchas otras, incluyendo la venta de la mayoría del paquete accionario de Azucarlito a un grupo argentino. Es verdad que el caso de cada empresa es diferente y que las crisis que debieron afrontar implicaron desafíos y requirieron soluciones diferentes, pero en todos los casos hubo un factor común: la actitud de los sindicatos, fieles a su ideología marxista y por ende a la lucha de clases, cerraron toda posibilidad de acuerdo y terminaron forzando (cuando no causando) los cierres de dichas empresas.

Digámoslo sin miedo: muchas de las empresas sanduceras han cerrado o se han reestructurado por los constantes ataques de los sindicatos. A los sindicalistas (que aún en las peores épocas de crisis cobran sus horas sindicales por no trabajar) poco o nada les importa la suerte de sus compañeros y ellos se traduce en que muchos de esos integrantes del sindicato logran evitar sus propios despidos o el envío al seguro de paro en acuerdo con las diversas patronales.

En todos esos episodios, los sindicatos sanduceros siempre han mantenido una política de “todo o nada” que al final del día se traduce en “nada” porque, ante la imposibilidad de llevar adelante una reestructura, las empresas deben cerrar definitivamente con lo cual los trabajadores afectados por despido pasan de ser algunos a ser la totalidad de la plantilla. Para los sindicalistas poco importa si la empresa cierra. La empresa siempre es la explotadora, la culpable de todos los males, el monstruo capitalista al cual hay que combatir y derribar para construir una sociedad sin explotados ni explotadores. Y desde su óptica, siempre –pero siempre– la empresa presenta excusas para no darle al sindicato lo que exige o para hacer los ajustes que necesita hacer para subsistir. Y en esto no hacen distinción entre empresas pública –de la cual ellos son los verdaderos dueños en los hechos— o privadas.

El ejemplo más próximo podría decirse que se encuentra en “pleno desarrollo”, y es el caso de la planta de pórtland Ancap de Paysandú, un verdadero agujero negro económico para el Estado y que, por el sólo hecho de existir, encarece la construcción en todo el país, debido a que por su ineficiencia produce el cemento más caro del mercado, oficiando de organismo testigo a la inversa. Efectivamente, a los privados que producen a menor costo, en lugar de enfrentarse a una competencia que los obligue a bajar los precios para el mercado, Ancap les asegura un amplio margen al producir el “producto testigo” más caro, por lo que las empresas privadas no tienen siquiera interés en abaratar el cemento. Y aún así, Ancap acumula pérdidas por más de 800 millones de dólares. Por ese motivo, el gobierno de Lacalle Pou promovió la asociación o venta de las plantas de Ancap en producción. ¿Y qué hizo el sindicato?

Mediante durísimas medidas y declaraciones, le dejó en claro a los potenciales inversores que acá los que mandan son ellos, y que de concretarse el negocio se encargarían de hacer imposible su funcionamiento. Tanto Fancap como el Pit Cnt se congratulan por haber impedido la venta, que podría salvar a la empresa que hunde a todo el país con su ineficiencia.

Pero la realidad es porfiada y tarde o temprano habrá que terminar con la sangría, por lo que la actual ministra de Industria, Fernanda Cardona, ya insinuó que la opción que queda es cerrar la planta. ¿Quién gana y quién pierde en esta pulseada? El sindicato de Ancap nunca pierde, porque los funcionarios públicos tienen el trabajo asegurado, así se termine con la producción de portland. Pero el que pierde al final es Paysandú, que ve desaparecer una más de las industrias históricas, una de las últimas que aún subsiste. Alea iacta est (solo es cuestión de tiempo).

No debemos olvidarnos cuando nuestro departamento fue seducido por el expresidente José Mujica, quien le prometió a los trabajadores de la antigua Paylana los fondos necesarios para llevar adelante una cooperativa. Recordemos que al momento de su cierre (31 de diciembre de 2011) Paylana tenía 650 operarios, que mal o bien, vivían de la empresa. En el libro “Autogestión, un rumbo de todos” una publicación de Presidencia de la República propagandística de la gestión de Mujica, Mauro Valiente, presidente de Cotrapay, lo narra así: “Vimos como la familia Soloducho estaba instrumentando el cierre. Eso se veía tanto en sus estrategias comerciales como en las de relacionamiento. El detonante del cierre fue el no pago de los aguinaldos que debiéndose abonar el 20 de diciembre, recién se hizo efectivo el 31”. Cotrapay sí que sabía hacer negocios para sostener la producción, mientras los empresarios sólo buscaban enriquecerse a costa de la opresión a sus trabajadores.

Al final la aventura terminó costando casi 6 millones de dólares al país y 650 personas en la calle. Y la pérdida de una fuente laboral muy importante para Paysandú.

Está claro que Paysandú ha sido muy bueno para defender a los trabajadores, pero pésimo en sostener la fuente de empleo.

No solamente no somos capaces de lograr que se radiquen nuevas empresas, sino que contamos con la “quinta columna” sindical y política que se encarga de atacar y expulsar a las que ya existen. La siguiente batalla está en pleno desarrollo y el objetivo es que la planta de producción de HIF Global no se instale en nuestro departamento. En este caso no hay un sindicato en pugna, pero sí las “fuerzas sociales” –entre las cuales se encuentra la UdelaR con su sede local apoyando veladamente—, que junto con el Pit Cnt y el ala más radical del Frente Amplio son una misma cosa.

Con todos estos antecedentes, no es fácil que algún empresario se “enamore” de Paysandú y decida invertir acá. Habrá que ver quién gana la pulseada contra HIF, una de las últimas oportunidades para que nuestro departamento salga en los noticieros con algo que no sea sus altísimas tasas de desempleo y el cierre de una empresa más. → Leer más