Opinión

Por una nueva faceta en la pandemia

Seguramente la audiencia que atraviesa por esta pandemia de COVID-19 sea muy diferente a las anteriores que debieron enfrentar momentos históricos de peores características.
Hoy el público accede a información de diversa calidad a través de las nuevas tecnologías, incluso la utiliza para su propio diagnóstico o como el terapeuta que hace falta en el momento preciso. Y contra esa realidad no se puede legislar ni establecer normativas.
Con ese público deben lidiar las autoridades de cualquier nación. Por lo tanto, Uruguay no es una isla. A pesar de la continua exigencia sobre los medios de comunicación en general, siempre se encontrará una audiencia que asegura que no todo está dicho y que ocultan la realidad. Mientras que otra relativizará los resultados y destacará que alguien exagera.
Por un lado, el cansancio. Por otro, el temor. Pero siempre estarán las ganas de escuchar lo que una persona quiere o necesita. Y, lamentablemente, ni las autoridades de un gobierno ni las formas de comunicar funcionan de esa forma tan indefinida.
En todo momento se apela a la responsabilidad ciudadana y el rol de cualquier actor social se ve interpelado casi constantemente. Incluso los ansiados y esperados resultados positivos a partir de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo. Esta faceta es analizada por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y a partir del 10 de enero –cuando finalice el período establecido por el gobierno para reducir la movilidad– expondrán desde una nueva área esa información requerida.
El sociólogo y exsubsecretario del Ministerio de Educación y Cultura durante el gobierno del Frente Amplio, Fernando Filgueira, tendrá a su cargo dicho análisis junto al psiquiatra Ricardo Bernardi. Es decir, el GACH saldrá del campo meramente científico para explayarse en el ámbito social y discutir la pandemia desde otro punto de vista. Con este nuevo enfoque, explicarán si los mensajes enviados hasta ahora –a diez meses de declarada la emergencia sanitaria– han llegado al destinatario en la forma adecuada. O de lo contrario la denominada “fatiga informativa” hizo mella, agotó los ánimos y permitió que una baja percepción no modificara los números que a diario se brindan por distintos medios.
El perfil poblacional, económico y social de Uruguay, probablemente diferente a otros, deberá ajustarse a esa realidad comunicacional. Porque alcanzó una pandemia para destapar la cantidad de personas mayores que vivían solas o institucionalizadas para escribir e informar sobre eso. Y la COVID-19 también “reveló” la necesidad de actuar lo antes posible sobre la salud mental en un país con gran consumo de psicofármacos y altos índices de suicidios.
Si algo hay para decir a favor de esta pandemia es que puso a determinadas poblaciones en el foco de atención. Como la irrupción de las ollas populares que, de un día para el otro, se vieron colmadas de comensales que no estaban excluidos a partir de ese momento con la emergencia sanitaria, si no que ya venían de situaciones complicadas en los aspectos laboral y social.
Tal como lo señala Bernardi, “Uruguay no tiene experiencia” de otras pandemias. Sin embargo, como cualquier público a nivel global, puede disminuir la guardia cuando observa que la misma información acapara las pantallas de cualquier dispositivo. El país tuvo la experiencia positiva de aguantar durante ocho meses con guarismos por debajo de lo normal. Hasta que la realidad nos globalizó.
En forma paralela, el confinamiento fue voluntario y no obligatorio como ocurre ahora mismo en diversos países. En cualquier caso, la positividad sigue en franco crecimiento, aún en aquellas naciones que han establecido duras cuarentenas. Y eso también es observado por una población que accede a la información.
Las autoridades sanitarias recomendaron que los usuarios no asistieran a los servicios de atención a la salud, a menos que fuera prioritario, e impusieron las consultas telefónicas. Un servicio que claramente no forma parte de la idiosincrasia del sistema ni de la población, porque no existía previamente. Por lo tanto, hubo que instalarlo y difundirlo con urgencia, dadas las características de la pandemia.
Eso generó malestares, ansiedades y la necesidad de saber si su malestar físico o mental hubiera sido tratado de otra forma, sin la COVID-19 en el medio.
Y si la publicidad últimamente está bastante más enfocada a los valores como la solidaridad y empatía, la información consolida las bases ya existentes sobre la educación. Porque en líneas generales, los destinatarios del mensaje han comprendido cabalmente el significado del distanciamiento físico, la adopción de medidas de higiene o el uso del tapaboca. Todo lo demás, responde a las decisiones personales enmarcadas en la “libertad responsable”, tal como la definió el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
No obstante, debemos recordar que estas nuevas sociedades de la información exigen nuevas formas de comunicar y de llegada. Porque no todo lo cree mientras todo lo cuestiona. Porque antes de un confinamiento social, ya hubo una opción por el confinamiento y el distanciamiento que permitió la digitalización continua de cualquier proceso. Incluso, las relaciones humanas.
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Opinión

Centros CAIF: fin de año con sabor amargo

El pasado 30 de diciembre la Intendencia Departamental de Paysandú (IDP) comunicó a 120 funcionarios contratados para los 8 centros CAIF que administra la Intendencia Departamental –junto al Centro Siempre de Jardines del Hipódromo, para padres que estudian o trabajan– que no se les renovarían sus contratos de trabajo que vencían al día siguiente, o sea el 31 de diciembre. Esos CAIF y el Centro Siempre atienden a 1.300 familias y son administrados por la IdP desde el año 2008 y 2018 respectivamente. La intención comunicada al personal cesante es que la Intendencia dejará esa función y pasará la administración a privados. Se espera que en enero se haga un llamado público abierto para cubrir las 120 vacantes. Es la primera vez que dichos contratos de trabajo no se renuevan.
De acuerdo con lo informado por el intendente departamental Nicolás Olivera, como consecuencia de decisiones adoptadas con anterioridad a la asunción del actual Gobierno Departamental, el próximo 31 de diciembre vencerían un cúmulo de contratos que vinculan a la Intendencia con un número determinado de funcionarios, entre ellos los que integran equipos de gestión de los Centros CAIF. “La decisión de este Intendente y de este equipo, no ha sido rescindir contratos al 31 de diciembre, sino que estos contratos vencen en una fecha que han determinado otros que no somos nosotros”, explicó el jerarca local. Olivera garantizó que el “servicio no se resentirá en modo alguno, concurrirá la misma cantidad de niños, que recibirán cuatro horas diarias de atención, habrá la misma cantidad de personal técnico y no técnico, todo eso se mantendrá”.
Asimismo incidió que “salvo el departamento de Rivera, que administra un CAIF, no hay otro departamento –excepto Paysandú– que haga esa tarea en todo el Uruguay. Se administran 8 centros CAIF y un Centro Siempre, desde hace muchos años. Pero eso trae problemas financieros a la Intendencia, y debemos tener en cuenta que administramos dinero que no es nuestro, que es de la gente y que los recursos los debemos utilizar muy responsablemente”. A modo de ejemplo el jerarca señaló en todo el país se pagan 20 horas semanales de prestación efectiva a las maestras y educadoras de los centros CAIF, pero en Paysandú se pagan 30 horas semanales, por lo que no se encuentra sentido a pagar 30 horas semanales cuando –a su entender– se trabajan 20; aunque cabe aclarar que las restantes 10 horas las cumplen en el Centro, y se destinan para planificación. Por otra parte, las fundaciones y oenegés están exoneradas de impuestos que la Intendencia debe pagar, por lo que hacerlo en forma directa es más caro que a través de una oenegé o fundación. En palabra de Olivera “ese dinero no va a los niños que son el objetivo principal de los CAIF”.
Atento a la importancia de los centros CAIF involucrados y al impacto que estos tienen para la niñez sanducera, la decisión del Intendente Departamental llama la atención tanto en la forma como en el fondo, sin perjuicio de que algunos de los fundamentos de la misma puedan resultar comprensibles y eventualmente compartibles. Es claro que la fecha del 31 de diciembre no fue fijada por la actual administración por lo que no se le puede imputar esa fecha de finalización, como tampoco se le puede responsabilizar de las renovaciones que durante varios años se han realizado de los contratos involucrados.
No podemos dejar de mencionar que dichas renovaciones contractuales han sido llevadas a cabo tanto por administraciones departamentales del Partido Nacional como del Frente Amplio, a través de una práctica irregular que se extendió porque como sucede muchas veces, “nadie le puso el cascabel al gato” y tampoco nadie quiso asumir los costos políticos de decisiones que distan mucho de ser agradables.
Lo que está mal hecho está mal hecho y en todo caso el razonamiento correcto debería ser el opuesto: precisamente porque el fin perseguido es tan loable es que no se puede recurrir a modalidades contractuales irregulares que atentan contra la fortaleza del propio proyecto. Culpar a la actual administración por no renovar contratos de trabajo cuyos plazos fueron fijados y renovados por otras administraciones nos recuerda la antigua costumbre de matar al mensajero si el mensaje no era del agrado del destinatario. Esta situación tiene varios responsables y sería bueno que los mismos asuman sus respectiva cuotas partes de responsabilidad.
Sin perjuicio de lo anterior, creemos que el intendente Olivera se equivocó en la forma de realizar la comunicación de una decisión tan importante. En un departamento cuyo desempleo en los últimos cinco años ha crecido notoriamente y que ha sufrido cierre de empresas como el caso de PILI, la rescisión de contratos de trabajo es siempre una noticia de un fuerte impacto negativo tanto en el aspecto social como en lo económico y humano, más aún en la situación creada por el coronavirus COVID-19. Detrás de cada trabajador que pierde su empleo hay situaciones acuciantes y cuentas a pagar (luz, teléfono, alquiler, etcétera) que no saben de esperas ni de quitas. Si bien los 120 trabajadores podrán presentarse al llamado que realizará la institución que asuma la administración de dichos centros nada garantiza que así sea, ya que ni siquiera se han divulgado las condiciones y requisitos del mismo.
Ante la importancia y complejidad del tema cabe preguntarse… ¿el mismo no fue discutido durante las reuniones de transición entre el intendente Mario Díaz y el intendente Olivera o la de sus respectivos equipos? En caso de que la respuesta fuera afirmativa, ¿por qué no se les comunicó a los trabajadores y a los familiares de los niños los cambios planificados en otra forma y con mayor anticipación? Resulta claro que ha existido un fallo injustificable en la forma en la cual la IDP ha comunicado una decisión tan trascedente. Se trata de un aspecto que la actual administración departamental deberá sin dudas mejorar de manera urgente. En la misma línea, no resulta lógico ni tampoco aporta a la tan reclamada transparencia en materia de asuntos públicos que la licitación para contratar una organización que se encargue de la gestión que venía realizando la IdP sea realizada en plazos tan cortos y en esta época del año, todo lo que atenta contra las garantías administrativas de posibles interesados en presentarse, al tiempo que daña la imagen de la propia Intendencia y de sus procedimientos.
Sin perjuicio del legítimo derecho de los trabajadores a manifestarse en contra de la decisión de la IdP (derecho que se encuentra amparado nada más y nada menos que por la (Constitución Nacional) los gritos de “hijo de puta” que fueron dirigidos al Intendente Olivera en la puerta del Palacio Municipal constituyen un triste episodio inédito para nuestro departamento y que no aporta nada a esta delicada situación. No es la hora del insulto y la crispación, sino la de buscar soluciones que permitan mejorar la gestión de todos estos centros, racionalizando sus gastos y brindando seguridad a los niños y a sus familias, así como a los trabajadores involucrados. > Leer más

Opinión

Compromiso con la información

Hemos cerrado un año muy difícil, tal vez uno de los más difíciles que recordemos. Un año en el que, como se titulaba la última edición de Quinto Día de diciembre, fue “El año del bicho”, en alusión al virus que ha puesto a la humanidad contra las cuerdas.
Pero ha sido en realidad mucho más que eso, ha sido un año en el que asumieron nuevos gobiernos a nivel nacional y en el ámbito departamental, que es algo que siempre trae para los medios de comunicación una serie de cambios, porque quienes llegan a ocupar los lugares de gobierno lo hacen con sus propias premisas y formas de ver la administración pública, pero también con sus propias convicciones sobre cómo deben hacerse las cosas para llevar este barco, llámese Uruguay, llámese Paysandú, al destino al que todos coincidimos en que debemos ir. Sin embargo esos cambios han sido relativos en comparación con otros cambios, más de fondo, que se han producido o que se han acelerado, de la mano de la enfermedad.
Una de estas transformaciones ha sido la digitalización de la vida de las comunidades. Fue una patada en el tablero. Claro, después entramos en la fase de la “nueva normalidad” y descubrimos que básicamente nos seguía gustando hacer las mismas cosas que antes de la pandemia, solo que no podíamos hacerlo y eso hoy es un problema que se puede apreciar, pero ha sido y será tema para otra ocasión. Hoy toca hablar de nosotros, de los medios de comunicación.
Que los medios, en nuestro país y en el mundo, hemos sufrido las consecuencias de la retracción económica no es una novedad para nadie. Diarios de los más importantes del mundo ya venían afrontando una búsqueda de rumbo desde antes de la pandemia y esto no ha hecho más que –nuevamente– acelerar procesos. La digitalización es un dilema. Y si bien se puede discutir si más aquí, o más allá, si con prioridad en esto o acento en lo otro, la presencia virtual es indefectible. Nadie lo puede negar. Pero hay formas y formas de transitar por ese terreno. Con la digitalización han aparecido nuevos actores que ofician como intermediarios y que son quienes abren o cierran la llave de paso de la visibilidad en las pantallas de los dispositivos digitales. Estos nuevos actores son quienes determinan qué tantos ojos se pasean por una u otra página, en función de determinados parámetros preestablecidos por estas empresas que son las dueñas de la cancha, de la pelota y las camisetas. Los algoritmos distribuyen el juego a partir de conveniencias automatizadas. Jugar en esa cancha es para jugar con estas reglas; si no, ni te ponés la camiseta.
Una primera batalla perdida parece ser la de las universidades y facultades de comunicación. El siguiente párrafo forma parte de una presentación de un curso sobre herramientas SEO (por search engine optimization, u optimización para los mecanismos de búsqueda).
“El taller propone conocer todas las herramientas vinculadas al posicionamiento en buscadores y, a su vez, las herramientas que permiten conocer qué quiere leer el lector. El SEO es, en este momento, una tendencia de todas las redacciones latinoamericanas. Conocerlas potenciará el periodismo y potenciará el desarrollo de historias. El objetivo del taller será, a partir de herramientas SEO, poder construir un perfil, una crónica o una entrevista (dependiendo de los intereses de cada uno). Partiremos de lo puramente tecnológico, para terminar en el buen periodismo que anhelamos como trabajadores”.
Partir de lo “puramente tecnológico” es asumir que lo que vendrá después se ajustará a la serie de criterios predefinidos por las empresas “facilitadoras” para tener más visibilidad. Lo demás será “el contenido”, como se le llama ahora, un concepto asociado al de “consumo de información”, por el cual se asume que uno puede “consumir información”, como quien consume un café cortado con una medialuna de jamón y queso.
No deberíamos permitir que la información se termine de transformar en un mero producto que se consume, como un entretenimiento más. Este actual “consumo de información”, una suerte de picoteo de una ensalada de titulares donde todo da prácticamente lo mismo, donde prima el sensacionalismo del escrache, obligando una y otra vez a generar titulares más fuertes, más amarillistas para tratar de destacar del resto, apelando a técnicas como el clickbait, el uso de títulos engañosos que luego se relativizan en el desarrollo de la noticia.
No podemos permitirnos llegar a eso. La información no es un producto, son los insumos necesarios para que las personas puedan tomar sus propias decisiones.
El acceso a la información es un derecho humano fundamental. Comprometerse con la información es estar a la altura de esta premisa, y eso no debe ser negociable, ni para los periodistas ni para las empresas periodísticas.
Ojalá en este año que comienza eso se vuelva tendencia en todas las redacciones.
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Opinión

Impensado 2020

Cuando nos saludábamos hace 12 meses para desearnos buenos augurios en 2020, nunca, jamás, imaginamos lo que nos esperaba este año que concluye hoy. En un mundo que piensa sabérselas todas, quedó clarísimo que existen cosas que escapan al control humano, a su desarrollo, a su ciencia, a la tecnología. Para el mundo entero, ha sido una gran lección. Solo cabe esperar que aprendamos de ella, que valoremos más lo que tenemos, y lo que no, que dignifiquemos la vida humana en una mayor dimensión.
La pandemia del coronavirus COVID-19 marcará por siempre el año 2020. El año del coronavirus. El año del COVID. Así nos referiremos a este 2020 lleno de sorpresas y desafíos. Si bien el nuevo coronavirus fue descubierto en la segunda mitad de 2019, se convirtió en pandemia meses después: el mundo entero, poco a poco, fue cayendo y presentando miles y miles de casos, cerrando fronteras, confinando poblaciones y declarando toques de queda. También, muchas muertes por esta causa.
En Uruguay, todo comenzó el viernes 13 de marzo con los primeros tres casos. El gobierno atinó a declarar la emergencia sanitaria nacional y a implementar restricciones. Las clases pasaron a ser virtuales, el teletrabajo se masificó, las fronteras se cerraron, los shoppings dejaron de funcionar. Si bien el país estaba lejos de los registros de otras naciones, la incertidumbre por el COVID-19 dejaba paralizado a todos. Las calles se vaciaron y durante unos tres meses, la actividad se redujo de forma drástica.
Pasado ese tiempo, comenzaron a reactivarse muchos sectores de la economía, las clases volvieron a ser presenciales, en tanto se iniciaban los torneos deportivos, con estrictos protocolos sanitarios. Con el alcohol en gel y el tapaboca como elementos estrella del momento, el uruguayo parecía cómodo ante su realidad, la de pocos casos diarios. En junio llegó a haber solo 12 casos activos.
Quizá una confianza desmedida de la población, la lógica movilidad de la ciudadanía para acudir a sus quehaceres, las aglomeraciones inentendibles –marchas y manifestaciones que bien pudieron evitarse–, las fiestas clandestinas, también algunas faltas de control en el ingreso por aire y mar al país, hicieron que Uruguay finalmente viva ahora su primera ola de coronavirus, a decir del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).
Vamos a cerrar el año con un incremento sostenido de contagios diarios, y con más muertes. Pese a esto, el movimiento en general es alto, con muchedumbres en lugares de esparcimiento –acá en Paysandú es notorio lo que sucede en la zona de la costanera–, y en centros comerciales.
Que el público se manifieste menos desinhibido ante el COVID-19 ahora que hay muchos más casos que en marzo, abril y mayo, significa que se dejó atrás esa sensación de enfrentarse a lo desconocido; o quizás demuestra un cierto hartazgo en la población. Sorprende, de todas maneras y más allá de que el uso del tapaboca se ha masificado significativamente, esa pérdida de noción del peligro, de contagiarse y contagiar a otros. Sucedió en Europa durante el verano boreal; una relajación total del público llevó a que casi todos los países del viejo continente vivieran una segunda y una tercera ola de la pandemia del coronavirus. Lo que puede cambiar ahora, para nosotros y la región, es que la vacuna –si es efectiva, claro está– traiga el remedio definitivo y no se llegue a alcanzar más olas en los contagios.
Este 2020 nos recuerda que en esta vida nada está asegurado. Parece una frase hecha, pero nada más real en el contexto actual. En nuestras sociedades occidentales, en las que predomina el éxito material por sobre todas las cosas, que un virus venga a estorbarnos de esta manera significa una gran lección para la soberbia de las personas y los pueblos. Toda la ciencia, toda la tecnología, todos los saberes: todo puesto en duda por un virus que no hace diferencia alguna. Ataca a todos por igual.
Este 2020 nos ha puesto a prueba. Mandó a los niños a casa durante meses en los que debían estar en sus respectivas aulas; las competencias deportivas, y la actividad personal deportiva se vieron disminuidas; los comercios observaron su impacto negativo en algunos aspectos –en Paysandú, cabe consignar, se beneficiaron por el cierre del puente–; muchos debieron aprender a teletrabajar; otros a tomar mayores cuidados por ser población de riesgo, con lo que conlleva esto para la familia. También nos enseñó a ser más pacientes, a cambiar de rutina, a divertirse menos, a no poder ir a ver un partido de fútbol, a pensar más en los demás.
Mañana arranca 2021. Tendremos por delante varios meses con la misma dinámica y, quién sabe, con alguna restricción más si así lo dispone el gobierno. Lo mejor será no esperar mucho y dejarse sorprender. Hacerse a la idea que la situación estará incambiada por un buen tiempo y que se demorará el retorno a la normalidad. Esa normalidad que no será tan normal a partir desde que se crea que todo se encuentra bajo control.
La pandemia del coronavirus viene siendo la gran lección del siglo. Un virus que salió de China –enormes sospechas acerca de cómo se originó– y que salió a recorrer el mundo para dejar secuelas. Que este 2021 lo enfrentemos con cautela y valentía, con optimismo y con realismo. Salud. > Leer más

Opinión

Enseñar a nadar debe ser política de Estado

“Ahogamiento” se define como “el proceso de sufrir dificultades respiratorias por sumersión/inmersión en un líquido, con resultados que se clasifican en: muerte, morbilidad y no morbilidad”.
Se estima que en el mundo mueren 320.000 personas cada año por ahogamiento. De hecho, es la tercera causa de muerte por traumatismo no intencional en el mundo y suponen un 7% de todas las muertes relacionadas con traumatismos, según datos que presentó la Organización Mundial de la Salud este año, en concreto el 3 de febrero de 2020. Por supuesto que estas cifras son menores en comparación con los datos que pone sobre la mesa la pandemia a cada momento, pero no deja de ser una realidad que está allí, siendo un problema que no se termina de asumir como una prioridad.
Especialmente nuestro país es el de mayor tasa de ahogamientos de Latinoamérica, con casi 4 ahogados cada 100.000 habitantes, según datos de un informe anterior de la OMS, del año 2014. Se puede argumentar que tal vez haya un subrregistro o no haya en los demás de la región tanto celo como en nuestro país por llevar esta cuenta, pero el problema no deja de estar allí.
De acuerdo al informe de este año, el riesgo de ahogamiento es mayor entre niños, varones y personas con fácil acceso al agua. Allí quizás esté una de las explicaciones del por qué de este fenómeno en Uruguay, que dispone de unos 450 kilómetros de costas a lo largo del Río de la Plata y otros 220 de costas marítimas sobre el Atlántico. Pero a esa cuenta le faltan las costas de río Uruguay, del río Negro, la laguna Merín, cientos de otros ríos y arroyos, lagunas, canteras, embalses, tajamares, piscinas públicas, privadas y familiares, y hasta las piletas domésticas que se han hecho tan accesibles actualmente. Prácticamente hay un espejo de agua natural vayamos donde vayamos, además de los artificiales –piscinas, tajamares, embalses, etcétera–.
Lógicamente, nuestro país, a través de las intendencias departamentales cuenta con una extendida red de guardavidas que cumplen con su función preventiva y educativa en lugares estratégicos y en determinados horarios, que coinciden con la afluencia de los bañistas, pero es imposible que haya un guardavidas a toda hora en todo lugar donde haya un mínimo riesgo de sufrir un accidente. Además, no alcanzan para evitar tragedias, porque por ejemplo en las aguas del Paterno basta hundirse unos centímetros para desaparecer de la vista completamente, aún de personas que se encuentren muy cerca, debido a la turbiedad del agua. Por ello es que la estrategia debiera ser diferente, y en concreto se debe apostar a darle a cada persona las herramientas, los conocimientos necesarios para que se reduzcan los riesgos lo más posible.
Ya el mismo informe de la OMS insta “a potenciar considerablemente los esfuerzos y los recursos para prevenir los ahogamientos” y destaca medidas que se deben adoptar en ámbitos gubernamentales, tanto nacionales como en las comunidades, “que podrían salvar la vida de muchos jóvenes y niños”. Ni que decir que quienes trabajen o participen en actividades que se desarrollen en el río, o mar adentro, deberían por lo menos poder comprobar que disponen de conocimientos básicos de supervivencia en el medio acuático. Sin embargo es frecuente encontrar hasta pescadores artesanales que pescan desde precarias barcas en la costa atlántica que ni siquiera saben nadar. Las intendencias y municipios suelen tener políticas de acceso a la práctica de la natación, aquí en Paysandú, por ejemplo, se inscribe para concurrir a los complejos municipales, tanto al Irene Sosa como al Juan Camandulli. En ambos complejos se imparten clases de natación y hay instancias recreativas durante los meses de enero y febrero. Es un esfuerzo importante para la Intendencia Departamental, no cabe dudas, pero no alcanza.
En algún momento también se impartieron clases de natación en otros lugares, como el Balneario Municipal o en arroyos cercanos a la ciudad, y aún así sería insuficiente.
Es necesario instrumentar de alguna forma una instrucción masiva, y lo ideal sería poder transmitir este conocimiento incluyéndolo en la currícula de la escuela primaria, tal vez como parte del programa de Educación Física, que ya se ha masificado a ese nivel. Es cierto, quizás no estén dadas las condiciones de acceso a la infraestructura, aún en una ciudad como Paysandú que cuenta con una cantidad de piscinas muy por encima de la media de las ciudades del país, ya ni hablemos de localidades o pueblos más pequeños. Y, si bien la práctica es indispensable para aprender a nadar, hay otros conceptos sobre los que se puede trabajar de forma teórica, ya que muchas veces son parte de la explicación de por qué ocurre un accidente que se cobra la vida de un niño, un adolescente o mismo una persona mayor, y a veces estos accidentes ocurren a personas que saben nadar. Múltiples han sido las ocasiones en las que la explicación de la pérdida de una vida es la desconcentración, la confianza, la falta de respeto, tanto al mar como a los ríos o a las “aguas calmas” de las lagunas o piscinas.
Para un desenlace fatal alcanza con apenas unos centímetros de agua y unos segundos de distracción, o un mero error de cálculo. Trabajar sobre estos temas con los niños en el aula debería ser el complemento a la fase práctica, que en todo caso debería ser materia obligatoria para todos los niños del Uruguay.
Ya se dio un gran paso con la universalidad de la Educación Física escolar; vayamos por la Natación, que de seguro salvará muchas vidas en el futuro. > Leer más

Opinión

Una obra faraónica para la “bella tacita del Plata”

No ha tenido mayor repercusión, posiblemente ante el fragor de la información inherente a la situación por el COVID-19 e incluso por cobertura al lanzamiento de la cruzada para la obtención de firmas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) por las organizaciones sindicales y afines de grupos radicales de izquierda –Frente Amplio incluido–, la información respecto al resultado de una auditoría sobre el costo final que tuvo la construcción del Antel Arena, que insumió la friolera de 118 millones de dólares, cuando la inversión anunciada era de unos 40 millones de dólares.
Quiere decir que la obra terminó triplicando la inversión inicial, una diferencia que hubiera sido imposible de aceptar en el ámbito privado, pero al tratarse del Estado simplemente se cerraron filas desde el oficialismo frenteamplista sobre números y rendición de cuentas y se deberá pagar con el aporte de todos los uruguayos.
Tenemos que al asumir el nuevo gobierno de Luis Lacalle Pou, mediante una licitación pública, la empresa Antel realizó una auditoría de gestión para establecer el costo total de la construcción del estadio multipropósito Antel Arena. El estudio también se efectuó con el objetivo de evaluar y revisar el proceso de gerenciamiento del proyecto y conocer las obligaciones financieras o comerciales de la compañía.
El actual presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, y el vicepresidente de la empresa, Robert Bouvier, dieron cuenta de que, de acuerdo a los datos de la firma auditora presentados, hasta el 30 de junio de 2020, el costo de construcción del Antel Arena fue de unos 118 millones de dólares. “Es una cifra mayor a las que se venían manejando hasta el momento en términos de la discusión pública o del manejo de números que se había hecho; equivale a casi un año entero de las inversiones de Antel”, afirmó Gurméndez.
Asimismo, la auditoría reveló obligaciones financieras pendientes de pago por 48 millones de dólares, correspondientes al fideicomiso y deudas comerciales con contratistas. “Estamos trabajando en la posible refinanciación de las posibles deudas financieras”, añadió.
Cerca de la valoración del gerenciamiento del proyecto, los planes de contratación y el control de los presupuestos, las autoridades informaron que cuando se aprobó la iniciativa existía un plan de negocios incompleto, en tanto la construcción se inició sin un cronograma, ni plan de calidad, ni de presupuesto financiero.
El informe indica que hubo debilidades en la gestión del proyecto, falta de definiciones en controles y procesos, una matriz de responsabilidades incompletas, dificultades en la gestión de riesgos, falta de cronograma maestro completo e indefinición del alcance. Todo parece indicar que se fue gastando a medida que fue necesario. “La idea se lanzó sin un claro rumbo de cuánto iba a costar, adónde se quería ir y cuánto tiempo eso iba a determinar”, señaló el titular del ente.
El jerarca señaló que durante el primer año de funcionamiento del Antel Arena hubo pérdidas de más de un millón de dólares y que ahora el destino es incierto por causa de la pandemia de COVID-19.
A su vez la segunda parte de la auditoría se conocerá dentro de un par de meses con el objetivo de ahondar en los procesos de contratación de los diversos insumos, obras o equipamientos y servicios asociados a la obra promovida y llevada adelante por la exministra de Industria y Energía y hoy intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, quien habló de un costo estimativo de U$S 40 millones.
La investigación a cargo de la firma independiente Ecovis determinó, además, que el procedimiento elegido por Antel para contratar con los proveedores para la edificación del estadio multipropósito, fue por compra directa y compra directa por excepción. Esto llevó a la auditoría a concluir que no hubo una intención de aportar a la transparencia.
Hay empero una serie de consideraciones que es fundamental traer a cuento respecto a este emprendimiento: la primera de las cuales es que se confirma a través de la auditoría que la idea era hacer la obra al costo que fuera, y que el presunto presupuesto de escritorio estimativo de la construcción no eran más que números para tapar el ojo a la ciudadanía, mintiéndole en la cara a la por entonces oposición política, pero también a todos los uruguayos, para que la presidente de Antel saliente se diera el gusto de dejar para la posteridad su suerte de “pirámide de Giza” personal.
Este monolito de 118 millones de dólares es además el mayor monumento al centralismo desde la construcción de la Torre de las Comunicaciones en 2002, de triste recuerdo para el Uruguay de tierra adentro, casualmente –o no tanto– también llevada a cabo por Antel y que curiosamente –o no tanto– guarda otra similitud con el Antel Arena: el costo inicial de la construcción estimado en 65 millones de dólares se elevó finalmente a 102 millones.
El punto es que Antel dispuso esta obra en favor de Montevideo con el aporte de sus clientes de hasta el último rincón del país, cuando siendo una empresa del Estado no tiene por qué dar ganancias y de generarlas lo que corresponde es o reinvertirlas en servicios, o en todo caso volcarlas al Estado para beneficio de todos los uruguayos, que son los dueños de la empresa. Al fin y al cabo no hubiesen venido nada mal esos casi 120 millones de dólares para abatir en algo el déficit fiscal que dejaba el Frente Amplio en el gobierno, o se podrían haber gastado mejor en equipar hospitales, a la Policía o a las Fuerzas Armadas, que dejaron al borde de la inoperancia.
Pero la gran “idea” de la expresidente de Antel fue el “lo hacemos nosotros”, y así la Intendencia –cuya titularidad ahora ocupa– se salva del gasto que debería hacer recaer sobre sus contribuyentes y en cambio el Antel Arena, con su fachada de obra nacional que es solo capitalina, por cierto, va a ser pagada por los clientes del organismo dispersos en todo el país.
En suma, una obra eminentemente capitalina que es un eslabón más del macrocefalismo que padece históricamente el Uruguay, en la misma línea que ha sido la creación e instrumentación de los servicios del Sodre, el 95 por ciento de cuyos servicios e infraestructura –incluyendo el auditorio– se encuentran en Montevideo pero lo financiamos todos los uruguayos. O como iba a ser el faraónico puente Colonia-Buenos Aires, entre otros emprendimientos del mismo tenor, obras supuestamente para todos los “uruguayos”, pero que en los hechos son para engalanar y servir a la “bella tacita del Plata”, que fagocita al país desde el origen mismo del Uruguay. > Leer más

Opinión

Las alturas políticas en tiempos de pandemia

La logística para el transporte, almacenamiento y distribución de la vacuna contra la COVID-19 es extremadamente compleja y prácticamente pocos países del mundo se encontraban preparados para esa tarea.
Para tener una idea, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo calcula que para dar una dosis única a 7.800 millones de personas, son necesarios unos 8.000 aviones de carga Boeing 747. En la actualidad la flota mundial de Boeing tiene 2.010 aviones y no todas las aeronaves cuentan con las características necesarias para la carga.
Las empresas se encuentran en vías de adaptación para el transporte de estos productos, pero no es solo la cantidad lo que preocupa, sino las condiciones requeridas bajo un estricto protocolo para su traslado.
Porque un pequeño error en la cadena puede inutilizar las vacunas. El denominado “hielo seco” llega hasta unos -70 C y es apropiado para el transporte de las vacunas que elabora Pfizer y Moderna que necesita -20º, pero muy pocas empresas en Europa lo elaboran. Por eso, no es lo mismo estar discutiendo –tal como ocurre ahora mismo– sobre la demora en las decisiones de hacer llegar las vacunas y las condiciones adecuadas para su llegada y aplicación hasta el brazo de cualquier usuario.
Es decir, transporte hacia las ciudades y localidades, distribución a los centros de atención a la salud en general, personal técnico y espacio para el almacenamiento en las mismas condiciones en las que arribó al país.
Una decisión harto complicada para cualquier gobernante de un país con determinadas limitaciones. Incluso la comunidad científica debió asumir el desafío y las presiones de desarrollar las vacunas en un tiempo récord, cuando en realidad su investigación y prueba llevaban hasta veinte años.
En el continente, Chile recibió el primer cargamento el 24 de diciembre y cubrirá al 1% de la población compuesto por personal sanitario de las zonas con más casos, en el primer trimestre del año próximo se extenderá a adultos mayores y enfermos crónicos. A mediados de 2021 llegará al resto de la población.
Costa Rica recibió unas 9.700 dosis, México recibirá 1,4 millones de dosis al final de enero y San Pablo recibió 5,5 millones de dosis de una vacuna que aún no se puede distribuir porque aún no hay conocimiento de sus estudios clínicos. Es decir, para su densidad poblacional, los países adquirieron cantidades ínfimas.
Todas estas cuestiones no se ponen en juego, al momento de instalar un debate político y público –fundamentalmente a través de las redes– donde la discusión se ha vuelto simplista, en el sentido estricto de la palabra, porque se recurre solamente al argumento de la falta de planificación o de estrategias, cuando una casta política conoce las presiones existentes en un mundo donde priman los intereses de otros países aún más poderosos.
Estas informaciones, disponibles para cualquier ciudadano, están en conocimiento de la oposición que hoy divulga el ofrecimiento de Argentina para la llegada de un insumo que no cuenta con la información suficiente para su aplicación, incluso en su país de origen, donde no ha sido recomendada para mayores de 60 años. Además, Uruguay cuenta con el crédito necesario para comprar lo que resuelvan las autoridades sanitarias.
Por el momento, con vacunas o sin ellas, la población deberá sostener un cuidado que ya muestra sus señales de agotamiento, a ocho meses y medio de iniciada la emergencia sanitaria.
De cualquier modo, no todo es válido en política. De lo contrario, se cruza la línea de la política con minúscula, cuando la circunstancia por la que atraviesa el planeta requiere una mirada de mayor altura.
Las cifras día a día, a nivel global, demuestran las dificultades por el freno a un virus que cambia de cepa y deja los esfuerzos agotados, tanto de los servidores públicos como de la ciencia para llegar con un mensaje certero a la población.
Porque en Europa o en Estados Unidos también se adoptan medidas antipáticas que provocan las reacciones de los ciudadanos. Con la salvedad que Uruguay no llegó a una cuarentena obligatoria, tal como ocurrió en otras naciones con resultados relativos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la COVID-19 no será la última pandemia. En realidad, así lo indica la historia de la humanidad. Nunca hubo una “última” crisis sanitaria que pusiera en jaque a los gobiernos.
El año pasado –antes de la aparición del coronavirus– fue presentado el primer informe sobre la Preparación Mundial de Emergencia Sanitarias que revelaba la poca preparación de la humanidad ante eventos de este tipo. Incluso iba a más: “Todos los esfuerzos para mejorar los sistemas sanitarios resultarán insuficientes si no van acompañados de una crítica de la relación entre los seres humanos y los animales, así como de la amenaza existencial que representa el cambio climático, que está convirtiendo la Tierra en un lugar más difícil para vivir”. No es tan difícil de comprender el alcance de este juicio tan certero como actual.
Porque las consecuencias de una emergencia sanitaria trastocaron los balances de la economía y dejaron a millones sin empleo. Y ese es un escenario que debe valorarse al momento de tirar un tema sobre la mesa que caiga como caiga.
Esta pandemia dejará varias lecciones de vida a las personas. Esperemos que todo el espectro político –particularmente el nuestro– se encuentre a la altura de la circunstancias. Porque es necesario un enfoque humano y social bastante más abarcativo que la mezquindad con la que se manejan algunos referentes.
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Opinión

La vieja historia de los “premios consuelo”

Diversas razones hacen de la función pública una tarea fundamental para el desarrollo de los países y la felicidad y bienestar de sus habitantes. No se trata únicamente de la importancia de los fondos públicos que son administrados por los diversos jerarcas de un gobierno, sino también del hecho que los fines a los cuales deben aplicarse los mismos son ni más ni menos que los fines del Estado, el cual debe velar por el interés general con especial sensibilidad en áreas como la salud, la educación y la seguridad. Teniendo en cuenta estas consideraciones, resulta de vital importancia poner especial cuidado a la hora de designar a las personas que ocuparán tales cargos.
Sobre dichas designaciones, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha expresado que “Cuando un nuevo gobierno asume el poder, es habitual que parte importante de los directivos y quienes ejercen cargos de alta relevancia estratégica en organizaciones públicas cesan en sus funciones –voluntaria o involuntariamente– y son reemplazados por otros profesionales nombrados de manera discrecional. Son los también llamados “cargos de confianza. Las designaciones discrecionales no siempre se explican por nepotismo o amiguismo, sino que se deben a la necesidad del gobernante de contar rápidamente con alguien fiable para ejercer un rol específico. Sin embargo, la realidad es que el nombramiento directo de funcionarios trae consigo consecuencias que deben considerarse”, especialmente porque “la selección de directivos públicos bajo sistemas de mérito conduce a un mejor desempeño por parte de las instituciones públicas”, incluyendo “una serie de mejoras en la gestión interna de las organizaciones y en sus prácticas de trabajo, más que en los resultados. Otros beneficios intangibles percibidos son la mayor legitimidad y un mayor compromiso del directivo con la institución”.
Como ha señalado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “Una función pública cualificada y profesional es un elemento básico de la eficacia gubernamental. Contar con leyes, normativas y estructuras adecuadas para atraer, contratar, formar y conservar a funcionarios públicos cualificados es esencial para garantizar que el gobierno pueda cumplir sus prioridades, ser receptivo y brindar servicios a los ciudadanos. Ello implica ante todo y en primer lugar la existencia de un sistema en el que se contrate a los mejores candidatos por sus méritos. Un sistema de contratación transparente y meritocrático es el primer paso hacia la constitución de una plantilla cualificada y la garantía de que los recursos asignados a la planificación y gestión del personal se han invertido correctamente. Los sistemas de contratación transparentes y meritocráticos también fomentan la confianza de la sociedad civil en la función pública y en la administración pública en general. (…) Una función pública profesional comienza con la contratación meritocrática para obtener las competencias adecuadas. (…) Cuando el clientelismo o la influencia política afectan al sistema de contratación, deja de haber profesionalidad, puesto que la lealtad ya no se centra en el servicio al ciudadano. La contratación bajo influencia política menoscaba la confianza del ciudadano en el servicio público y, más ampliamente, en la administración pública. Al mismo tiempo, esta influencia afecta la capacidad de la función pública para contratar talentos por canales regulares, dado que los candidatos potenciales no se deciden a iniciar un proceso de selección que carece de credibilidad”.
Lamentablemente Uruguay se encuentra muy lejos de poder alcanzar los parámetros señalados por los referidos organismos internacionales, ya que muchas veces las designaciones son efectuadas sin tener en cuenta la falta de experiencia o capacitación de la persona señalada para la tarea, fruto de priorizar la pertenencia a un sector político determinado (o un vínculo familiar) antes que la capacidad del candidato y los aportes reales que el mismo puede realizar para la oficina pública para la cual se le designe. Una variable de esta forma de actuación son los denominados “premios consuelo” reservados para aquellos candidatos a senadores, diputados, intendentes, alcaldes o ediles que no han logrado los votos necesarios para acceder a los cargos a los cuales se han candidateado pero a los cuales se les quiere “premiar” por su esfuerzo electoral y la mejor manera que se encuentra es designarlo para un cargo público, para el cual la mayoría de las veces no está preparado y cuyo salario digno de Sha de Persia es abonado por el dinero que pagan los contribuyentes. A diferencia de los simples mortales que tienen que trabajar ocho horas o tratar de mantener a flote una micro, pequeña o mediana empresa, estos jerarcas sólo tienen que esperar la llamada que les indique en que organismo público cobran su jugoso sueldo los próximos cinco años.
Esta política de designaciones causa un especial efecto negativo en los ciudadanos, ya que favorece la actividad política como una “oficina de colocaciones de empleo” donde más tarde o más temprano se logra vivir del Estado en lugar de acceder a dichos cargos para cumplir cabalmente con las funciones asignadas. No se trata de “vivir del Estado” sino de “trabajar para el Estado”, a pesar de que muchos parecen no entenderlo. Iniciado este camino de escepticismo, el ciudadano opta por involucrarse en los temas de la administración pública “lo que tarde o temprano termina en una actitud de indiferencia que corroe las bases del sistema democrático”. Como ha señalado el dramaturgo alemán Bertolt Brecht (1898-1956) “el peor analfabeto es el analfabeto político. El que no ve, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. El que no sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pescado, la harina, del alquiler o de sus medicamentos, dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política”. Si el sector público es concebido como un espacio para obtener trabajo gracias a los padrinos de turno, no nos puede extrañar que tarde o temprano la actividad política termine siendo rebajada en su consideración y valoración pública por parte de la ciudadanía en general. Y ese es un camino peligroso que socava la democracia, porque roza la corrupción y puede llevarnos a situaciones como las que vemos en otros países de Latinoamérica, que en lugar de avanzar hacia estados más transparentes y republicanos terminan hundiéndose cada vez más en la corrupción y el amiguismo.
Por eso es que sin desconocer el elemento confianza que pesa en tales designaciones (y a las cuales hace mención el BID), aún cuando se trate de cargos de confianza, deben ser sometidos a criterios objetivos que permitan elegir a las personas más calificadas para la función. Es importante para todos los uruguayos –y especialmente para la salud de nuestra democracia– terminar con las designaciones a modo de “premios consuelo” donde poco importa que los jóvenes pasen años de su vida capacitándose o adquiriendo experiencia si al final lo que pesa más es tener “padrino”. El mensaje que le estamos enviando a los jóvenes no es para nada alentador: “en lugar de estudiar, empezá a militar en el club político o en el comité de base porque tarde o temprano te darán un cargo”. Después a no quejarse cuando la gente diga que “los políticos son todos iguales”, una frase que demuestra el descreimiento en el cual han caído algunos representantes de esa actividad. > Leer más

Opinión

Antes de irme

Como el niño caprichoso que no quiere prestar el juguete, aunque no le pertenezca; así se está comportando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el último tramo de su mandato. A menos de un mes de entregar el mando –el 20 de enero– al demócrata Joe Biden, el inefable Trump se empeña en hacer las cosas más difíciles de las que están o son. Hace muy poco para que la transición transcurra en paz y hasta complica la situación de sus propios correligionarios del Partido Republicano.
Si esto sucedería en un país latinoamericano, muy apegado a estas polémicas y a los bandazos de los políticos, no sorprendería tanto. Pero viniendo de una nación como Estados Unidos, paladín de la democracia y de las libertades, genera preocupación y añade incertidumbre a un mundo particularmente inquieto que, entre otras cosas, enfrenta una pandemia. La misma que significó la tumba política de Trump.
Antes de marchar a sus últimas vacaciones como presidente, a su club privado de Mar-a-Lago en el estado de Florida, Trump lanzó un triple desafío a su propio partido: veto al presupuesto de defensa, amenaza de bloquear el plan de estímulo y otro iluso intento de evitar que el Congreso ratifique la victoria de Biden.
El mandatario saliente parece haberse propuesto someter a pruebas de lealtad a todos los miembros de su partido, y en particular al líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, quien reconoció la victoria de Biden la semana pasada. El miércoles, Trump volvió a desafiarlos al vetar un presupuesto de defensa por valor de 741.000 millones de dólares, que había aprobado el Congreso, por considerarlo un “regalo” a China y Rusia.
Se espera que el Congreso pueda invalidar ese veto con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, pero eso obligará igualmente a los republicanos a retratarse a favor o en contra de la postura de Trump. Su veto llegó un día después de que hiciera otra jugada a su partido, al publicar un video en las redes sociales en el que amenazaba con bloquear el plan de estímulo de 900.000 millones de dólares para contener el deterioro de la economía por la pandemia, aprobado este lunes en el Congreso.
Trump tachaba en su video de “ridículamente bajos” los pagos directos a millones de contribuyentes incluidos en el proyecto de ley, y exigía aumentar la cantidad de los 600 dólares por persona previstos actualmente a 2.000 por persona.
A esto se suma un plan de Trump para interferir en la última fase del proceso que certificará a Biden como presidente electo. El 6 de enero, ambas cámaras del Congreso se reunirán para poner el sello final al resultado de las elecciones, en una sesión encabezada por el actual vicepresidente, Mike Pence, que preside el Senado. Trump ha presionado abiertamente al senador republicano Tommy Tuberville y se ha reunido con otros congresistas para que bloqueen la ratificación de Biden.
“La presidencia de Donald Trump está entrando en la historia de una forma que encarna sus excesos corruptos, con indultos para compinches y crímenes de guerra, ataques a la democracia, negación del COVID-19 e impunidad para Rusia”, afirma un lapidario análisis de la cadena CNN.
Las bufonadas del presidente saliente en las últimas horas le pusieron más peso a la presidencia aún por comenzar de Biden, quien enfrentará el debut más desafiante de cualquier líder estadounidense desde Franklin Roosevelt en 1933. “Creo que es una pesadilla por la que todos están pasando, y todos dicen que tiene que terminar”, dijo Biden el martes cuando se le preguntó si esperaba “una luna de miel” de buena voluntad política para ayudar a sacar a la nación de la pandemia.
Así las cosas, más de 30 millones de personas celebraron ayer la Navidad en Estados Unidos con miedo a perder sus casas por la parálisis en torno al nuevo paquete de estímulo y mientras los hospitales de Los Angeles se quedan sin material médico para atender a nuevos pacientes del coronavirus.
Desde la campaña electoral que lo llevó al poder hasta la actualidad, no ha transcurrido un solo día en que Trump no ocupe grandes titulares. Se las ha arreglado para estar siempre en el tapete, siempre en torno a su polémico carácter. Como dicen en Estados Unidos, no es que Donald Trump se haya apropiado del debate político, sino que “él se ha convertido en el debate”. Todo parece girar en torno su figura y él, muy consciente de ello, no deja de revolver el avispero con su incendiario discurso.
En varios momentos, supo salir reforzado, o por lo menos indemne, de situaciones escandalosas que lo hubiesen dañado si fueran ahora. Pero justamente, hoy en día, con pandemia de coronavirus mediante, la torta se le dio vuelta a Trump y, lejos de amilanarse, se ha mostrado más desafiante que nunca, aunque la suerte de muchos de sus ciudadanos corra peligro.
El mandatario tiene por delante tres semanas y media antes de entregar el poder del país más poderoso del mundo. Como niño caprichoso que es, habrá que esperar alguna otra jugarreta más. > Leer más

Opinión

Agua embolsada

La semana pasada asistimos a una avalancha de publicaciones internacionales y nacionales respecto a la noticia de que el agua iba a comenzar a cotizar en la bolsa de valores en los Estados Unidos, y cabe detenerse en poco sobre este asunto, para que no sea más que uno entre tantos titulares.
Para empezar cabe hacer algunas precisiones respecto a esta información. Lo primero es que no es el agua líquida lo que empieza a cotizar en la bolsa, quienes lo hacen son en realidad los contratos para uso del agua a futuro en la agricultura y, encima, se trata de contratos en un área específica del estado de California en Estados Unidos.
Antes que nada cabe consignar que no es ninguna novedad que el agua se comercialice, sin ir más lejos todos los meses nos llega una factura de OSE por el consumo de agua que la familia ha empleado en ese mes, además del alcantarillado, en las zonas donde hay saneamiento.
Pero además de este servicio, que es estatal y monopólico, en nuestro país el agua también se comercializa embotellada por diferentes empresas, algunas de ellas incluso de capitales extranjeros, así que tampoco por ese lado estamos ante una novedad absoluta.
Qué cabe esperar entonces a partir de este cambio. Los primero es que esos contratos adquieran valor por sí mismos en el mercado de valores en función del interés que despierten. Por el momento se trata de instrumentos locales y en su base presentan una dificultad para que se vuelva un instrumento local y esto radica nada menos que en una de las condiciones del agua que conocemos y podemos comprobar solamente viendo el mapa: está muy mal repartida por el planeta. Quiere decir esto que la referencia de los negocios a futuro del agua para la agricultura no tienen que seguir la misma lógica en California, Estados Unidos, que en Río Grande del Sur, en Brasil, o que en el norte de África.
Sin embargo en la medida que el negocio bursátil que se ha puesto en marcha resulte interesante, es de esperar que nuevos actores sumen presión para tener más instrumentos vinculados al agua en diferentes bolsas del mundo.
Es decir, que por más que no tendrá consecuencias en lo inmediato, es un camino de ida, lo que se dice, un problema que, de todos modos, no estábamos precisando.
Hoy en día, “3.200 millones de personas viven en zonas agrícolas con niveles de escasez de agua elevados o muy elevados; 1.200 millones de esas personas viven en zonas con severas limitaciones con respecto al agua. Si no se toman medidas de forma inmediata, muchas más personas se verán afectadas”, dice un informe de la FAO, organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura.
Prosigue indicando que “el crecimiento demográfico y el desarrollo socioeconómico están propiciando la escasez de agua, ya que generan una mayor demanda de este precioso recurso natural. Los efectos previstos del cambio climático, como la incertidumbre de las precipitaciones y la disponibilidad de agua, agravan aún más estos factores. En consecuencia, la cantidad de recursos de agua dulce disponible anualmente por persona ha disminuido más de un 20% en los dos últimos decenios”.
En Uruguay, donde la población siempre ha sido muy sensible a estos asuntos y, tal vez por conocer las consecuencias de las periódicas sequías, también ha sido muy consciente sobre su valor, se incluyeron en la Constitución de la República disposiciones relacionadas con el acceso y el uso del agua, a través del conocido como “plebiscito del agua”, realizado el 31 de octubre de 2004, que se aprobó con el 64,58% de apoyo.
Entre otras cosas se decidió poner en manos del Estado en forma exclusiva la distribución de agua potable y saneamiento en Uruguay.
La Carta Magna en la Seccion II, “Derechos, deberes y garantías”, Capitulo II, Artículo 47, establece que “El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales”. En el primer numeral agrega que “La política nacional de Aguas y Saneamiento estará basada en: a) el ordenamiento del territorio, conservación y protección del Medio Ambiente y la restauración de la naturaleza, b) la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general”. En el siguiente literal, el “c)” establece las prioridades para el uso del agua “por regiones, cuencas o partes de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones”, y en el “d)” expresa que “la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico”.
Si bien nuestro país ha aprobado estas normativas, en los hechos no ha sido ajeno a las presiones sobre el uso comercial del agua, sin ir más lejos la denominada Ley de Riego con destino agrario (Número 19.553), aprobada durante el pasado período de gobierno motivó reclamos de parte de organizaciones que en su momento promovieron la reforma constitucional, señalando esta norma como una regresión, como había acontecido ya con una Ley anterior (Número 18.610) que reglamentó la reforma constitucional, que entre otras cosas limitó a un mero rol de asesoría a las Comisiones regionales de Cuenca, que habían creado.
Entonces, no es en lo inmediato una preocupación en sí misma esta novedad de la cotización en bolsa del agua, pero leída en el contexto de las presiones que se han traducido en normas que han relativizado las disposiciones constitucionales introducidas en 2004, así como en el marco internacional de reducción de la disponibilidad del vital recurso, no debería menos que tenernos atentos.
Por otra parte, la mayor parte del agua con que contamos no es “uruguaya”, sino que es parte de acuíferos cuya mayor superficie se encuentra bajo el subsuelo de Brasil y Argentina; lo mismo que casi toda el agua que fluye por el río Uruguay, cuya cuenca está al norte de nuestro país. Así que aunque hagamos las cosas perfectamente, podríamos quedar “secos” si nuestros vecinos mayores deciden sobreexplotar los recursos, ya sea por extracción de las napas subterráneas o a través de represas. De hecho esto ya lo estamos viviendo puesto que Brasil cuenta con varias represas aguas arriba de Salto Grande, y poco y nada les importa la suerte de Uruguay cuando precisan agua para riego o generación en su territorio. Por lo tanto, la prioridad debería estar en ver cómo podemos asegurarnos que ello no ocurra, para no terminar defendiendo un recurso que no tenemos. > Leer más

Opinión

De aviones e instituciones

Esta semana llegó al país la primera de las dos unidades Hércules C-130 H, adquiridas por nuestro país al gobierno de España y, como no podía esperarse otra cosa, se reactivaron los cuestionamientos desde la oposición acerca de esta operación, en la que se invirtieron 21 millones de euros, con más un millón adicional en repuestos. Todo ello pagadero en tres cuotas. El primer cuestionamiento es el monto que se destinó a esta operación, muy pocos meses después que el mismo gobierno se desprendiera de otro avión, con otras características, otras dimensiones y, en definitiva otro tipo de usos a los que destinarlo, por lo que, en suma, no tiene punto de comparación una cosa con otra, salvo porque se trata de “máquinas que vuelan”.
Cabe, en todo caso, preguntarse por la oportunidad del gasto en plena pandemia, cuando se sabe que la economía está sufriendo embates y que el estado debe asumir erogaciones extraordinarias para ayudar mediante subsidios y otros instrumentos a diferentes sectores para que se mantengan a flote. Aquí, como argumento a favor de la compra, puede pesar el sentido de la oportunidad, es decir, que hay negocios que se presentan en determinadas circunstancias y se aprovechan o no. En este caso la oportunidad se presentó porque España estaba sacando de operación su flota completa de Hércules para pasarse a unidades más modernas y esto supone mejores condiciones que si fuese Uruguay el que saliera al mercado a buscar un avión de este tipo.
Otro de los cuestionamientos refiere a la antigüedad de los aparatos, al punto que se los ha señalado como “reliquias” o “chatarra”, pero, ¿es esto tan así? Sin ir más lejos, este lunes la página especializada española Gaceta Aeronáutica (gacetaeronautica.com), publicaba un artículo firmado por José Luis Lezg, donde comentaba la salida de los aviones Hércules C-130H, a los que definió como “la espina dorsal” de la flota de transporte del Ejército del Aire.
En efecto, el primero de los 12 aviones Hércules C-130H se incorporó en noviembre de 1973 y durante los años 80 se completó la adquisición. Destaca Lezg que durante los años 90 toda la flota se sometió “a un proceso de modernización, actualizando principalmente equipos de aviónica, navegación y algún elemento estructural”.
Agrega que “en 47 años de servicio los Hércules han realizado unas 210.000 horas de vuelo y como media cada avión tiene sobre 17.000 horas de vuelo. Son aparatos que gracias a los cuidados con los que han sido operados y al continuo meticuloso mantenimiento del personal de tierra, se encuentran en un excelente estado” y sostiene que toda la flota “podría continuar operativa durante muchos años más”. En este sentido menciona que “Reino Unido dio de baja sus Hércules con más de 35.000 horas de vuelo por célula” y que “no resulta complicado encontrar por el mundo aviones con 50.000 y 60.000 horas de vuelo que siguen operando con normalidad”.
Pero una vez arribado ya el primero de los dos aeroplanos a suelo uruguayo, nos encontramos con una serie de trascendidos que vienen a traer nuevas preguntas acerca de la adquisición. En concreto, el legislador opositor Gerardo Núñez, quien citó un párrafo del informe en minoría del integrante del Tribunal de Cuentas que se opuso a la compra de los aviones. En ese párrafo se recoge parte de un informe de la asesoría jurídica de la Fuerza Aérea, en el que se cuestiona que el Reino de España no haya aceptado designar la intervención de un tercero en caso de controversia, así como que ese estado no acepte responsabilidad y no brinde garantía sobre los aviones, lo que considera un “extremo objetable”.
Más allá de la filiación política del diputado que plantea los cuestionamientos, le asiste razón al transmitir estas inquietudes que son las mismas que a escala doméstica podría plantearse alguien al adquirir un bien automotor de uso familiar. Y, acaso, si en esas circunstancias es válido que alguien compre un auto en las condiciones en que se encuentra y sin garantía, después de hacerlo revisar por un mecánico de confianza, por supuesto, no es el tipo de trato que uno espera se lleve adelante entre dos estados y la responsabilidad por aceptar o no el trato es, como siempre, del comprador.
Ante estos cuestionamientos, García respondió afirmando que “El Partido Comunista y el diputado Núñez no creen en las Fuerzas Armadas y no están de acuerdo con que haya Fuerzas Armadas que estén armadas. Prefieren fuerzas desarmadas. Es una cuestión ideológica”, según publicó Montevideo Portal.
Agregó el ministro que el gobierno “cree en la institucionalidad” y en la función que deben cumplir las Fuerzas Armadas al servicio del país, “como hicieron estos aviones Hércules que, en plena pandemia, repatriaron centenares de uruguayos para unirlos con sus familias, que hacen traslados sanitarios o de laboratorios, como trasladamos al Interior del país en medio de la pandemia o para participar de rescates humanitarios. Eso es parte de la institucionalidad”.
García insistió en que “creemos en la institucionalidad y, dentro de la institucionalidad democrática y republicana, nuestra Constitución prevé Fuerzas Armadas al servicio de la sociedad”.
Estas respuestas no son aceptables, puesto que el ministro olvida que también forma parte de la institucionalidad y la democracia el contralor que debe ejercer el Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, y en este caso hubiese correspondido responder acerca de las condiciones del negocio llevado adelante por el Estado. Si hay un error en la información que manejó el diputado Núñez, desmentirlo, y si en cambio, fueron esas las condiciones en las que se llevó adelante la transacción, asumirlo.
“Es la hora de hacernos cargo”, dijo el 1º de marzo el presidente Luis Lacalle Pou. Es momento de demostrarlo en los hechos, señor ministro.

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Opinión

El desafío de hacer una reforma que haga sustentable el sistema de seguridad social

La problemática de la seguridad social en nuestro país es abordada actualmente en una primera fase de compilación de información para pasar luego al diagnóstico y propuestas con vistas a llevar adelante una reforma que permita superar áreas críticas que de acuerdo a la tendencia irán acentuando su impacto con el paso de los años.
Aunque no fue motivo de énfasis por ninguno de los partidos que comparecieron en las elecciones nacionales, la problemática de la seguridad social y sobre todo su financiación de cara al futuro es un factor omnipresente cuando hablamos de los recursos del Estado.
El que se le haya soslayado en la campaña tiene su explicación por el lado de que lejos de ser un tema captador de votos, tiene muchas espinas que indefectiblemente implican correctivos que no van a resultar simpáticos, desde que de una u otra forma habrá que rascar recursos para revertir un proceso de deterioro en el que siempre hay damnificados o por lo menos un ajuste de cinturón que trae consecuencias.
Además, no hay ningún partido en el mundo que tenga por sí solo la varita mágica de las soluciones en el tema y mucho menos en el Uruguay, por lo que hay consenso en que las respuestas deben responder a un gran acuerdo entre partidos y las organizaciones que de una u otra manera están involucradas en el tema.
Por lo pronto, debemos partir de la base de que Uruguay es el país más envejecido de América Latina, con 74 adultos mayores de 65 años cada cien menores de 15 años, que es como se analiza la tasa de envejecimiento, según los informes nacionales y de organismos internacionales que analizan la evolución de la pirámide poblacional.
En los últimos días, el trabajo de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social (CESS) designada por el presidente Luis Lacalle Pou se está concentrando en audiencias con diversos grupos de interés respecto a la situación del sistema previsional.
Uno de los integrantes del grupo, economista Alvaro Forteza, dijo a El Observador que el aspecto que más le preocupa es lo que va a pasar con las personas más vulnerables a la hora de la jubilación en un futuro próximo, dado que ese grupo de población es grande y crecerá en los próximos años.
En este sentido el economista plantea que actualmente hay unos 1.500 millones de dólares transferidos al Banco de Previsión Social para las jubilaciones de estas personas pero que están siendo asignados en parte al pago de jubilaciones de alto nivel de ingreso.
Sostuvo asimismo que “hay todavía mucha gente que se jubila reconociendo a través de testigos y testimonio personal de años de trabajo. Y puede ser que lleguemos a jubilaciones enteras sin capacidad de registrar períodos de aporte o de servicio basadas en estos mecanismos un poco menos formales”.
“Cuando uno mira los aportes de contribución en estos registros, el panorama es bastante preocupante. Hay frecuentes lagunas en la contribución de mucha gente, especialmente en la de menores ingresos”, señaló, en tanto evaluó que “es previsible que ese problema se note en forma creciente en los próximos años. Otra dimensión que importa es que hay gente que tiene ingresos bajos a lo largo de toda la vida y va a llegar a jubilaciones bajísimas financiables con sus aportes, inferiores a la jubilación mínima actual. A esa gente habrá que subsidiarla, como ahora pero a muchos, y habrá que evaluar el costo de eso”.
A esta altura hay que tener en cuenta, que nuestro país pasó de una Tasa Global de Fecundidad de 2,73 nacidos cada mil habitantes en 1950 a una estimación de 1,9 nacidos para 2020, en tanto en la otra punta de la pirámide, la tasa bruta de mortalidad en 1950 era de 10,52 cada mil habitantes y ésta se estima en 9,21 para 2020.
Vienen a cuento en este análisis aportes formulados por Guillermo Tolosa, director ejecutivo del instituto de estudios económicos Ceres, quien considera que el “gran elefante blanco” que tiene el Estado uruguayo es la seguridad social, que implica un 35 por ciento del gasto estatal.
Dijo que este gasto incluso es elevado en la comparativa internacional respecto a países de estructura demográfica semejante, al punto que se duplica en promedio respecto a otros y consideró que “es un esfuerzo que está haciendo la sociedad uruguaya que tiene consecuencias positivas. No es un despilfarro y todos deberíamos estar orgullosos”.
Empero, destacó que desde 2008 el gasto en seguridad social aumentó un 70 por ciento, lo que equivale a un dos por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) mientras que en infraestructura el incremento fue del 0 por ciento.
Forteza, por su lado, al exponer el tema de los subsidios, señaló que “por ahora no hay propuestas porque estamos en la fase de diagnóstico, pero pienso que va a haber voluntad para hacer un sistema de jubilaciones de base no contributiva, es decir con financiamiento importante de Rentas Generales, que ya lo es hoy en día, pero habría que reestructurarlo para tapar huecos e integrarlo mejor a los pilares contributivos que existen y seguirán existiendo”.
Consideró además que podría tomarse como referencia el modelo sueco de pensión garantizada, para complementar pasividades mínimas, salvando las distancias entre la realidad de la nación nórdica y nuestro país.
Es decir, estamos ante la visión de uno de los técnicos dentro de la diversidad de la comisión, que cuenta con participación de todos los partidos políticos, y de ahí la importancia de recoger todos los puntos de vista y comparar números y perspectivas.
Pero por más que se da vueltas en el asunto, reaparece como el eje de la cuestión la sustentabilidad del sistema de seguridad social ante el aumento de la población mayor, los recursos disponibles y las exigencias que se irán acentuando en lo que refiere al apoyo para atender la calidad de vida de este sector de población, que de una forma o de otra siempre recaerá sobre los actores activos del sistema.
Este es un aspecto central en el análisis de la comisión de expertos, al conjugar la diversidad de componentes que inciden en la problemática, las asimetrías, la asignación intergeneracional de recursos y los avatares de la economía en cuanto a la capacidad de captación de recursos, en el marco de la premisa de garantizar la sustentabilidad del sistema.
Ello debe enmarcarse dentro de un entendimiento político interpartidario sin excepciones, ante un desenlace que se desembocará en un futuro más o menos cercano, y que se manifestará de todas formas, cualquiera sea el partido que esté en el poder. > Leer más

Opinión

La alimentación en tiempos de pandemia

Hay más de 220.000 uruguayos que producen alimentos para satisfacer las demandas de unos 20 millones de personas en el mundo. Sin embargo, las exportaciones se destinan a países con baja o moderada inseguridad alimentaria, como China o Europa. Las necesidades hoy se concentran en África o el sudeste asiático, pero esas son cuestiones estrictas del mercado y sus ganancias. De hecho, si los productores de alimentos hubieran resuelto el hambre a nivel global, las estadísticas no indicarían un incremento en la cantidad de personas con hambre en los últimos años.
También es cierto que las pérdidas y desperdicio de alimentos en Uruguay es el 10% de la oferta disponible para consumo humano, según un estudio de la FAO publicado hace dos años. En dinero, puede estimarse en unos 600 millones de dólares, o un millón de toneladas de alimentos por año.
Lo cierto es que este 2020 marcará un punto de inflexión con respecto al acceso a la alimentación. A los registros que evidenciaban una situación complicada, deberá sumarse la COVID-19 que profundizó la situación negativa en 45 países que necesitan ayuda alimentaria externa.
Solo en América Latina, este año padecen hambre unos 50 millones de personas, los precios se encarecieron y alcanzaron a los productos de primera necesidad. Los déficit de producción y las dificultades de acceso a los países que se blindaban por la pandemia, arrojaron resultados negativos. En realidad, a nivel global, registró la mayor alza de los últimos seis años, de acuerdo a la agencia de las Naciones Unidas.
En cualquier caso, la mirada hacia el mercado interno tampoco ha sido una solución, porque los consumidores se manejan con cautela ante la inestabilidad laboral, desempleo elevado y, como el caso uruguayo, un alto índice de envío al seguro por desempleo.
Seguramente la falta de alimentación será visible por sus consecuencias a largo plazo. Hasta el año pasado, América Latina había logrado bajar los índices de retraso en el crecimiento infantil, si bien incrementaba sus guarismos de sobrepeso y obesidad. Las evaluaciones ulteriores mostrarán los resultados de la pandemia y las dificultades para acceder a alimentos con calidad nutricional.
En Uruguay, la pandemia hizo visible una problemática existente desde antes del primer caso constatado de COVID-19. Es decir, desde la declaración de emergencia sanitaria el 13 de marzo.
Comenzaron a instalarse merenderos y ollas populares. Fue tal la asistencia y las colas, que evidenciaban una problemática preexistente. Porque en un país productor de alimentos había cola para pedir un plato de comida, por lo tanto, demostraba que en tiempos de “vacas gordas” no hubo una coordinación para evitar que esos miles tuvieran una solución relativa.
Y el término relativo se aplica a la duración en el tiempo de ollas populares que en su mayoría se sostienen por el aporte voluntario de vecinos, en insumos y horas trabajadas. Además de la relatividad en la ayuda, porque no aporta a una dignidad humana.
Con la urgencia del momento, la institucionalidad junto a las organizaciones sociales comenzaron con la entrega de canastas de alimentos. No obstante, fue notoria la disparidad en la planificación de las tareas y la experiencia en la asistencia a personas vulnerables. Como sea, todos se encontraban frente a una situación inédita –que continúa– donde, además, debe incluirse la exhortación a un menor tránsito de personas y mayor aislamiento social.
Hoy, la evolución de la pandemia plantea una incertidumbre y la cautela en el manejo de los recursos a partir de la disponibilidad del Fondo Coronavirus. Y eso ocurre tanto a nivel del gobierno nacional, como en los gobiernos departamentales. En este último caso, las capacidades de despliegue y de posibilidades de gastos se encuentran limitadas porque los recursos debieron redireccionarse en atención a la emergencia sanitaria.
Los resultados adversos en materia de empleo e ingreso de los hogares serán visibles al finalizar el año y los informes institucionales se mostrarán, seguramente, en 2021. Pero queda claro que el escenario estaba complicado aún antes de la pandemia.
No es posible olvidar que en febrero, el desempleo ya se ubicaba en 10,9% con un déficit fiscal que mostraba dificultades para bajar desde el 5% del PBI, en donde se encontraba desde el año 2019, cuando mostraba un franco crecimiento.
El sistema de protección social del país, que lleva años en atención a niños y adolescentes, se focalizó en reforzar las prestaciones de estos hogares en alta vulnerabilidad socioeconómica.
A partir de esta coyuntura, tan particular y global –porque no es una crisis únicamente uruguaya, a pesar de las discusiones partidarias que son públicas a través de las redes– el país deberá replantearse nuevas políticas y fortalecer los programas ya existentes para favorecer la seguridad alimentaria de esa población.
Los últimos datos registrados por el Observatorio de los Derechos de Niñez y Adolescencia del Uruguay y que corresponden a 2017, señalaban que la pobreza entre menores de 3 años alcanzaba al 18% y entre los niños afrodescendientes era el doble. Es posible que la pandemia nos golpee nuevamente en la cara.
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Opinión

China reaparece en el horizonte

Si bien fue el primer país afectado por el COVID-19, el punto de partida en realidad de la pandemia, –con muchas interrogantes todavía por aclarar en este aspecto, en base a su régimen vertical y autoritario, así como a factores culturales– China ha logrado marginar los efectos devastadores que ha causado el virus en la economía mundial, y ya se asoma como liderando la reactivación económica pos pandemia.
Hace un año recién se comenzaba a hablar de las consecuencias de la aparición del virus en la ciudad de Wuhan, identificada como el lugar del primer brote, y desde entonces se registró el avance que hasta hoy sigue causando estragos en todo el mundo, y va en algunos países por la segunda y tercera ola.
Ajena a este escenario, paradójicamente, la economía china manifiesta acelerada recuperación y en octubre ya se tradujo en una expansión de la producción industrial, que registra un incremento del 7 por ciento, así como un 4 por ciento en las ventas minoristas y un 2 por ciento de inversión de capital fijo.
De acuerdo a los datos aportados por la compañía de gestión de activos Schroeders, hay indicativos de que incluso el gigante asiático tiene espacio para estimular la economía, lo que se pone de manifiesto con la decisión del gobierno chino de invertir más en infraestructura y reducir algunos impuestos y subsidios.
En gran medida, la idea es también fortalecer el mercado interno, lo que ha paliado las consecuencias de la guerra comercial que iniciara Donald Trump, que ya había afectado la economía mundial antes de la pandemia.
Pero el tamaño del mercado interno chino hace que esta pata obre también como fuerte sostén del crecimiento económico, con la salvedad de que requiere de materia prima para procesar y realimentar este proceso, de cara a su situación interna en lugar de poner énfasis en las exportaciones, como había sido la premisa.
Pero ya sea por exportación como por consumo interno, la nación asiática es sin dudas un gran comprador de materias primas, y por lo tanto, en plena crisis por la pandemia, su presencia en el mercado internacional puede ser una tabla salvadora para muchas naciones productoras, como es el caso de América Latina y en particular de Uruguay.
En este sentido, según da cuenta Búsqueda, Marco Carrasco, economista de Harvard Kennedy School y especialista en temas de China, hay una implicancia directa en la economía uruguaya, y explica que “en los últimos días se ha visto un resurgimiento de algunos commodities y en gran medida el motor de esto es la demanda de China”.
Advirtió sin embargo que algunas estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas respecto a la capacidad de China para sostener una demanda similar a la de años atrás pinta un panorama menos favorable.
Consigna que “si bien se espera una expansión para productos como el cobre, los frutos y los granos como el arroz, también se espera un descenso de la exportación de minerales, commodities energéticos, y el trigo entre otros, lo que se traduce en base a estas estimaciones que de todos modos las exportaciones de países sudamericanos tendrían una caída de entre 3.000 y 7.800 millones al cabo de 2020.
Es decir, factores positivos y negativos que se entrecruzan en este mar de incertidumbres que ha traído aparejado la pandemia, asimilable a las siete plagas de Egipto y cuando el mundo todavía trataba de reacomodarse en el tramado de la guerra comercial declarada por Trump.
El advenimiento de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos seguramente será un factor moderador de este enfrentamiento, pero llega en un momento en el que en gran medida en el mundo resurgen medidas de un sálvese quien pueda, que no es otra cosa que acelerar el proceso de descomposición.
Por cierto, la disponibilidad de vacunas trae un horizonte nuevo en esta sucesión de problemas concatenados, y nuestro país, ya altamente vulnerable de por sí, sufre este escenario cuando el actual gobierno heredó un déficit fiscal de más del 5 por ciento del PBI, que se ha acentuado este año debido a que los gastos se acrecentaron para hacer frente a la pandemia y además decayó la actividad por las medidas de contención del COVID-19.
La perspectiva de que China dé impulso a los precios de materias primas que exporta nuestro país sería un buen paliativo para nuestras penurias económicas, pero todavía muy insuficiente ante la magnitud del desfasaje y la incertidumbre general en los mercados.
Pero con o sin pandemia, hay patrones claros que no se deben abandonar en el área de la economía, que tienen que ver con una regla fiscal que limite el desfasaje entre ingresos y egresos en las cuentas del Estado, es decir evitando que se gaste más de lo que entra, y en este sentido el Presupuesto Quinquenal está llamado a ser una herramienta en la que se combinen la austeridad con estímulos para la inversión y contemplar a los sectores más afectados por la pandemia y el parate de la actividad.
En este período pos pandemia, además, en tanto la situación siga incierta, el Estado está llamado a tener un rol muy significativo en cuanto a su papel de subvencionar temporalmente actividades que ocupen mano de obra, contener a los grupos afectados a través del Seguro por Desempleo, pero con la mirada puesta en que es preciso promover la inversión y aliviar costos a los sectores reales de la economía, lo que solo puede lograrse si desde el Estado se gasta en forma más eficiente y devolviendo en servicios el esfuerzo que hace el contribuyente.
Tenemos coyunturalmente más Estado debido a las circunstancias, pero esto deberá ser una excepción, y no consolidar una presencia que implica más problemas para el país, más costos para los actores reales de la economía y menos capacidad de atender a los que realmente nos van a sacar de la crisis, que son los capitales de riesgo con capacidad de inversión y creación de más fuentes de empleo.
Debe apuntarse a la vez a mejorar la posición de Uruguay en la apertura al mundo, con una integración comercial efectiva y a la vez trabajar en aspectos clave como la educación, la capacitación laboral, la generación de infraestructura y de propiciar cadenas de valor dentro de fronteras, como gran generador de fuentes de empleo y reciclaje de riqueza. > Leer más

Opinión

La corrección política nos está ganando

Un renombrado futbolista uruguayo hace dos goles para su equipo inglés y es la figura de la cancha. Un amigo de la misma nacionalidad de este jugador lo felicita en una historia de Instagram. La estrella del fútbol mundial le responde, cariñosamente, con un “gracias, negrito” y compartiendo la historia en su propia cuenta de esa red social. El efecto colateral de este comentario, de este gesto de amistad y cercanía –y nunca jamás de tinte racista– resulta ser, cuando menos, insólito. Absurdo por donde se lo mire. Un típico caso de corrección política que está minando nuestras mentes y carcomiendo nuestra sociedad.
Esta semana, la federación inglesa acusó a Edinson Cavani por mala conducta por ese posteo, lo que le podría acarrear un mínimo de tres partidos de sanción. En su momento, Cavani –no tenía por qué hacerlo– borró la publicación y pidió disculpas, pero la federación inglesa continuó con la investigación y el delantero podría hacer frente a esa suspensión. El jugador del Manchester United tiene hasta el próximo 4 de enero para defenderse de las acusaciones.
Cavani nunca se refirió en términos racistas a su amigo. Los ingleses, además de ignorar los modismos y formas de saludos de otras culturas, además de encontrarse impregnados de lo políticamente correcto, cargan con un complejo mayúsculo en cuanto que han sometido, por siglos, a decenas de pueblos alrededor del mundo. Esa veta colonialista, que no pierden por cierto, termina siendo un peso que determina actitudes tan estúpidas como estas. En sociedades como las del Reino Unido, y en las de muchos otros países, te indican qué hacer y qué no, qué decir, qué pensar. Todo lo contrario a una democracia y al respeto a la libertad de expresión.
Este tipo de comportamiento encuentra su exacerbada mueca en las redes sociales. Donde todo se potencia. El lugar de las frases lapidarias y del escarnio público. Un sitio en el que la libertad de decir lo que a uno le plazca, se encuentra controlado por una policía moral que todo lo mira y lo escruta, que tritura a aquel que ose opinar, que ose permitirse pensar distinto a lo, justamente, políticamente correcto.
Hay temas estrellas para este mecanismo. El feminismo es uno de ellos. Ante cualquier contrariedad que se presente a su postura, se es tildado de machirulo, misógino, etcétera. Las razones no importan, el debate con altura no existe. En las redes sociales, en Twitter especialmente, había que estar a favor de la candidatura de Joe Biden. Y no de Donald Trump. El propio Twitter se encargaba de bloquear comentarios y posteos a favor del presidente o en contra del opositor demócrata Biden.
En junio pasado, hubo una noticia que sorprendió por lo ridículo. Como todas estas cosas. HBO Max retiró de su plataforma de streaming el filme “Gone With the Wind” (Lo que el viento se llevó) de su catálogo en Estados Unidos, después de que la cinta de 1939 haya sido criticada durante años por ofrecer una visión idealizada de la esclavitud y perpetuar estereotipos racistas. Una película de hace más de 80 años analizada con los ojos actuales, un filme que versa sobre la Guerra de Secesión en el siglo XIX escudriñado con la mentalidad de hoy en día.
Resultó ser otro paso dado por esta dictadura de lo políticamente correcto, que todo lo aplaca para reducirlo al pensamiento predominante, a ese que supuestamente no quiere herir a nadie pero que encasilla y termina siendo lo que asegura combatir: ser intolerante con los que piensan distinto. Otra vez, nada que ver con la democracia y con la libertad de expresión.
Que no pueden ni siquiera darse cuenta de la época en que ocurren las cosas ni ponerse a pensar que en otros tiempos –además de saber tenerlo como elemento histórico– había actitudes que moralmente no eran condenadas. Y de ahí el valor de conocer cómo transcurría la vida décadas atrás, para no volver a repetirlas. Pero esta no es la forma de condenarlas. Estamos ante la versión moderna de la quema de libro por los nazis, sólo que de un signo diferente; pero tan totalitario como aquella.
Detrás de todo hay una línea –las élites que forman los discursos y las supuestas verdades objetivas– al parecer imperceptible que viene de arriba y desciende a los ciudadanos, que reproducen esas teorías y las toman como la verdad revelada, ante la cual nadie puede oponerse. Es notable cómo funciona este tomar cualquier dato sin cuestionarlo. Cabe sospechar que suele haber todo un aparato propagandístico para machacar con ciertos asuntos, que cumple la función de un Joseph Goebbels​​ de las redes sociales.
Lo de Cavani parece increíble que haya avanzado. Desde nuestro punto de vista. Pero claro, si la federación inglesa se retractaba ante la primera reacción, le caerían dardos por todos lados de todas las facciones políticamente correctas que debe haber en el antiguo imperio británico.
Existe una gran paradoja en este siglo XXI tan movido. El ser humano dispone, como nunca antes en la historia de la humanidad, de una gran capacidad para conectar, para establecer comunicación, para difundir las ideas y debatirlas. Internet hace el gran aporte en este sentido. Sin embargo, al mismo tiempo termina siendo una plataforma en que hay que andarse con cuidado para no ser vapuleado y despreciado, a que te llamen –porque sí– racista, homofóbico o facho. Incluso, hay que cuidarse de agradecer a un amigo con un “gracias, negrito”. De locos. > Leer más