Opinión

La búsqueda de sentido es un camino en el que la persona integra sucesivamente razón, amor y libertad, donde la persona descubre que su vida no es fruto del azar, sino que posee una dignidad, una vocación y un propósito.
La cabeza busca la verdad y permite reconocer que la existencia tiene un significado que va más allá de lo material.
El corazón descubre aquello que realmente vale y es digno de amar y perseguir.
La voluntad transforma ese conocimiento y ese amor en decisiones y acciones concretas; en un proyecto de vida que nos permita atravesar las dificultades sin perder el rumbo.
La cabeza busca la verdad, el corazón reconoce aquello que tiene valor y la voluntad transforma ese descubrimiento en una elección.

Cuando estas tres dimensiones se encuentran, la vida deja de ser simplemente una sucesión de acontecimientos y puede convertirse en un camino con dirección, compromiso y sentido.
Desde una mirada cristiana, este camino encuentra su plenitud cuando orientamos nuestra vida hacia Dios y el servicio a los demás.

Ing. Agr. José Francisco Ramos Peralta

Hay que reconocerlo. El director de Tránsito, Dr. Gastón Berretta, habla muy bien. Explica con entusiasmo las espirometrías, los controles, las cebras, las lomadas, los estacionamientos y la importancia de respetar las normas. Y todo eso merece aplausos.
Pero mientras lo escuchaba, me acordé de una vieja frase popular: “Haz lo que yo digo, pero no lo que yo veo”. Porque en Paysandú existe un fenómeno digno de ser estudiado por la ciencia.

La Dirección de Tránsito parece tener una libreta de multas… que funciona perfectamente. Claro… siempre que el destinatario sea un vecino común. Porque si el infractor es un pequeño comerciante, la maquinaria administrativa funciona con una velocidad admirable.

Pero cuando los vehículos de algunas automotoras convierten las veredas en una extensión de su salón de ventas, sucede un verdadero milagro administrativo: la libreta de multas desaparece.

Los inspectores parecen sufrir un ataque repentino de invisibilidad. La ordenanza entra en estado de hibernación.
Y la autoridad mira para otro lado con una serenidad digna de un maestro zen. Hace bastante tiempo planteé personalmente este tema al director. Incluso me aseguró que la ordenanza se estaba cumpliendo.

Entonces uno no sabe si creerle a las palabras… o creerle a sus propios ojos. Porque cualquier sanducero que camine por determinadas calles puede comprobar que los autos siguen ocupando las veredas. Y las veredas, hasta donde sabemos, siguen siendo para los peatones. No para exhibir vehículos.

Lo más curioso es que quienes ocupan esos espacios parecen disfrutar de un beneficio extraordinario.
No pagan alquiler. No reciben multas. No son intimados. No aparecen en los operativos.
Es una especie de inmunidad vial que no figura en ninguna ordenanza… pero que, aparentemente, existe en la práctica. Y eso tiene un nombre muy sencillo. Doble vara.

La ley no puede ser un traje a medida. No puede apretar al más chico y quedar holgada para el más grande. Porque cuando la autoridad selecciona cuidadosamente a quién controlar y a quién no, deja de administrar justicia para administrar conveniencias.
Los ciudadanos no piden privilegios. Piden igualdad. Que el inspector vea al pequeño comerciante… pero también vea a la automotora.

Que la ordenanza sirva para todos… y no solamente para quienes no tienen poder para levantar el teléfono.
Porque las cebras, las lomadas y las espirometrías son importantes.

Pero hay una señal de tránsito mucho más importante. La que dice que todos somos iguales ante la ley. Y esa, lamentablemente, hace tiempo que parece estar tapada por un auto estacionado sobre la vereda.
David Doti

En una especie de carrera demagógica, esta semana se presentaron en el Parlamento una serie de proyectos de ley que tienden a reducir costos legislativos, aunque no se trata de gastos directamente generados por la función legislativa, sino de gastos que han estado históricamente en discusión, como los viáticos por viajes al exterior y el subsidio del que disponen los legisladores una vez que cesan su actividad parlamentaria.

La bancada oficialista presentó dos de estos proyectos. La primera de las iniciativas busca restablecer obligaciones de transparencia que existían pero fueron retiradas en el año 2020: propone regresar a la obligación de rendir cuentas a todos los legisladores nacionales y ediles departamentales que perciban viáticos por misiones en el exterior o comisiones de servicio en el país. El proyecto lleva la firma del senador Daniel Caggiani (MPP) y, en su exposición de motivos, plantea que lo que se pretende es “fortalecer y transparentar el uso adecuado de los dineros públicos, generando nuevos sujetos obligados que deberán acotarse a las disposiciones de la norma”. De esta manera, todo funcionario comprendido por la norma dispondrá de hasta diez días hábiles desde su regreso para rendir cuentas de sus gastos. En caso de que le sobrase dinero, deberá devolverlo al organismo (Parlamento o Junta Departamental), de acuerdo con lo reseñado en un artículo del semanario La Mañana. Las sanciones previstas para quienes incumplan consisten en que, si el funcionario percibe salario, se le descontará el monto total del viático asignado de sus retribuciones futuras, hasta completar la totalidad de la deuda. Si, en cambio, se trata de un cargo honorario, como el de los ediles, se remitirán los antecedentes a las autoridades que lo designaron para que tomen las medidas que estimen pertinentes. En cualquiera de los casos, la persona no podrá volver a ser designada para una nueva misión o comisión de servicio que genere derecho a viático.

El proyecto también incorpora la obligatoriedad de presentar, en el plazo de diez días desde el regreso, tras la participación en actividades, congresos, seminarios, visitas oficiales o cualquier misión financiada total o parcialmente por Estados, instituciones u organismos internacionales, un informe detallado ante la Presidencia de su Cámara. Allí deberá incluirse una copia de la invitación oficial, la identificación del organismo o Estado que efectuó la invitación y el detalle de los gastos cubiertos por terceros: pasajes, alojamiento, alimentación, viáticos, transporte interno y cualquier otro beneficio económico o en especie.
Otro proyecto presentado por Caggiani apunta a recortar el subsidio por cese político. Actualmente, quienes ocupen una responsabilidad política durante más de un año pueden acceder a un subsidio de hasta 12 meses, equivalente al 85% de sus haberes. La intención es reducir este plazo a seis meses y el monto al 66% de los haberes del cargo ejercido. A ello se suma la condición de que el subsidio no se otorgará a quienes estén omisos en la presentación de la declaración patrimonial obligatoria, y que el reingreso a la Administración Pública implicará el cese automático del beneficio.

A continuación, el senador Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, presentó un proyecto que va incluso más lejos, porque propone directamente prohibir los viajes al exterior pagados por el Parlamento.
De acuerdo con lo publicado por Montevideo Portal, el proyecto busca establecer como regla general que senadores y diputados no podrán viajar al exterior con dineros públicos o del presupuesto del Parlamento, y deberán participar en actividades internacionales tales como reuniones, conferencias, congresos o foros mediante videoconferencia u otro mecanismo a distancia cuando esté disponible.

El proyecto de Bordaberry agrega, a modo de excepción, la posibilidad de que las cámaras autoricen un viaje con el apoyo de dos tercios del total de sus integrantes, en casos en que se justifique la presencia física del legislador como necesaria y en la medida en que no pueda ser sustituida por una participación virtual. La restricción alcanzará tanto a los legisladores (senadores y diputados) como a los funcionarios de los servicios comunes del Poder Legislativo, quienes también deberán participar a distancia, salvo que su viaje sea autorizado por la referida mayoría especial. Abre, sí, la posibilidad de que los legisladores viajen por su cuenta sin necesidad de autorización, siempre que paguen todos los gastos con recursos propios y no exista ningún costo directo o indirecto para el Parlamento ni para otros fondos públicos.
Al igual que el proyecto de Caggiani, la iniciativa de Bordaberry también obliga a presentar un informe al regreso, solo que es más generosa con los plazos y otorga la posibilidad de remitirlo dentro de los 30 días posteriores. Bordaberry planteó que desde el comienzo del actual período de gobierno hubo un uso creciente y excesivo de fondos públicos para financiar viajes al exterior de autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, y aportó cifras al respecto: entre febrero de 2025 y junio de 2026 se realizaron 73 viajes al exterior financiados por el Senado, de los cuales 51 correspondieron a legisladores y 22 a funcionarios. En conjunto, representaron 430 días de misión y un gasto de al menos U$S 234.464. El senador colorado fundamentó su propuesta en la necesidad de reducir el gasto público.

No podemos dejar de reconocer el saludable gesto de los dirigentes políticos de recortar gastos. No obstante, y antes de entrar en consideraciones sobre las posibilidades reales de que proyectos como los planteados logren avanzar hacia su aprobación, debemos leer las señales detrás de estas iniciativas. Porque, aunque todos podemos coincidir en que es necesario reducir gastos en el Estado, a la postre 235.000 dólares no van a hacer una gran diferencia.

Resulta llamativo que desde el Parlamento surjan estos gestos que, en cierta forma, dan el brazo a torcer respecto de que estos beneficios de los que gozan los legisladores están de más, y de que da lo mismo si existen o no, porque la función se cumplirá de todos modos.

Pero no es lo mismo. No da lo mismo. Así como en la sociedad, también entre los miembros del Parlamento hay diferentes situaciones personales. Hay quienes podrán costearse un viaje para conocer experiencias en el extranjero e intercambiar con parlamentarios de otras culturas o trabajar in situ sobre situaciones que podrían extrapolarse a Uruguay, y habrá quienes no.
Es llamativo que el mensaje que sale desde el Palacio Legislativo sea esta disposición a recortar gastos —sí— pero también calidad legislativa, en lugar de defender la función que se cumple, de la que esta representación y el intercambio forman parte indiscutiblemente. Eso sí, probemos esa presentación obligatoria de informes, en diez o 30 días, y la rendición de gastos, y se verá con prontitud cuáles de las misiones han sido de beneficio.

El preacuerdo alcanzado entre el Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca) y las cámaras empresariales del sector fue recibido por la organización sindical como un acontecimiento histórico. Y, desde la perspectiva estrictamente laboral, es comprensible que así sea. La reducción progresiva de la jornada de 44 a 40 horas semanales, sin pérdida salarial, constituye una mejora para los trabajadores alcanzados por el convenio. A ello se agregan ajustes salariales, beneficios sociales, partidas vinculadas a la salud mental, prevención, primera infancia, ropa de trabajo y protocolos ante temperaturas extremas.

Por cierto, el trabajador de la construcción realiza una tarea particularmente exigente, muchas veces a la intemperie, expuesto a riesgos físicos, trabajos en altura, cargas pesadas y condiciones climáticas que pueden ser severas. Además, la construcción no es una actividad cualquiera: moviliza una extensa cadena de proveedores y trabajadores indirectos, desde barracas y fabricantes de materiales hasta herrerías, carpinterías, metalúrgicas, empresas eléctricas, transporte y extracción de materias primas. Su dinamismo repercute sobre una parte importante de la economía.

Pero precisamente porque la construcción es tan importante, el acuerdo no debería ser analizado solamente desde el punto de vista de quienes lo celebran. También corresponde preguntarse qué efecto tendrá sobre el resto de la sociedad.

Y allí aparece una cuestión que el debate público uruguayo suele esquivar: reducir el tiempo trabajado manteniendo intacta la remuneración no es gratis. Puede ser una excelente decisión si la productividad aumenta lo suficiente como para compensar la menor cantidad de horas. Pero si no aumenta la productividad, el costo de cada hora efectivamente trabajada sube. Y cuando aumenta el costo de producir una vivienda, una carretera, un edificio o cualquier otra obra, alguien termina pagando la diferencia. No hay misterio en esto. No existen almuerzos gratis. Y eso, en un país que ya de por sí es caro, ineficiente y que por ello ya no es competitivo en el ámbito internacional, sólo puede hacer una cosa: agravar la situación y hacernos menos competitivos aún.
Según lo previsto en el preacuerdo, la reducción será gradual: una hora menos por semana desde agosto de 2027 y nuevas reducciones sucesivas hasta llegar a las 40 horas en 2030. El salario, mientras tanto, no se reduce. La cuenta económica es sencilla: si se paga prácticamente lo mismo por cuatro horas semanales menos, el costo laboral por hora aumenta. El propio presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, Alfredo Kaplan, señaló que el acuerdo representa para los desarrolladores un aumento significativo de costos y estimó que, al cabo del proceso, el impacto específico de pasar de 44 a 40 horas manteniendo la remuneración equivale aproximadamente a un 10% por ese concepto.

La discusión, entonces, no debería ser si cuatro horas menos de trabajo son buenas o malas para un trabajador. Naturalmente, para quien recibe el mismo salario y dispone de más tiempo libre, son buenas. La discusión relevante es otra: ¿puede una economía que ya tiene elevados costos darse el lujo de aumentar todavía más el precio de producir sin que ello tenga consecuencias sobre el conjunto?

Uruguay tiene un problema previo que hace especialmente delicada esta cuestión: es un país caro medido en dólares. Un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), basado en información de precios del Banco Mundial, encontró que Uruguay era en promedio 27% más caro que un conjunto de 43 economías desarrolladas y emergentes. En alimentos y bebidas no alcohólicas, la diferencia llegaba al 55%, y en productos de limpieza e higiene personal al 58%.

Los datos más recientes del Programa de Comparación Internacional del Banco Mundial muestran, además, que Uruguay registró en 2021 el nivel de precios más alto de América Latina en el índice general de precios del PBI, con un valor de 102 frente a un promedio mundial de 100. Es decir, incluso con las diferencias metodológicas que deben tenerse en cuenta, la evidencia internacional confirma algo que cualquier uruguayo comprueba al viajar: el país no es barato.

El problema se vuelve todavía más evidente cuando se incorpora la productividad a la ecuación.
Una economía puede pagar salarios altos y trabajar menos horas. De hecho, las economías más desarrolladas del mundo suelen combinar ingresos elevados con jornadas relativamente menores. Pero existe una condición indispensable: la producción por hora debe ser suficientemente alta.

La secuencia correcta es productividad, inversión, crecimiento, mejores salarios y, eventualmente, más tiempo libre. Si se pretende comenzar por el final —menos horas y salarios que no bajan— sin que previamente haya aumentado la cantidad de bienes y servicios producidos por hora, el resultado inevitable es un incremento del costo unitario. Y eso es exactamente lo contrario de lo que Uruguay necesita. El país necesita abaratarse, no encarecerse. Necesita atraer inversión, no hacerla más difícil. Necesita producir más con los mismos recursos, no producir menos con los mismos costos. Necesita mejorar su competitividad para vender al mundo y, al mismo tiempo, hacer que las viviendas, los servicios y los bienes sean más accesibles para los uruguayos.
Y surge como un contrasentido que una economía que necesita inversión adopte como señal de progreso un mecanismo que aumenta los costos si no está acompañado por un salto equivalente en productividad.

Precisamente en la construcción se pueden observar con claridad las consecuencias. En una obra pública, el mayor costo puede terminar trasladándose al Estado. Pero el Estado no produce dinero: utiliza recursos que provienen de los ciudadanos que pagan impuestos, del endeudamiento o de la reasignación de partidas. Si una carretera cuesta más, con el mismo presupuesto se pueden construir menos carreteras. Si construir una vivienda social cuesta más, con los mismos recursos se pueden construir menos viviendas.

El empresario Kaplan, en declaraciones al suplemento Economía y Mercado del diario El País, advirtió precisamente sobre este punto: el encarecimiento de la mano de obra también alcanza a las obras públicas y a los programas habitacionales. El problema no es teórico. Si el presupuesto destinado a infraestructura permanece igual mientras aumenta el costo de cada obra, la cantidad física de obras que puede realizarse disminuye.

En el sector privado el mecanismo es todavía más directo. Un desarrollador no puede construir indefinidamente por encima del precio que el mercado está dispuesto a pagar. Si los costos suben, necesita vender más caro para mantener la rentabilidad y justificar la inversión. Si el mercado no acepta ese precio, el proyecto deja de ser viable.
El resultado puede ser una paradoja: una medida destinada a mejorar las condiciones de los trabajadores puede terminar dificultando el acceso a la vivienda de otros trabajadores, y a la vez reduciendo el campo laboral para quienes se benefician de la reducción del horario laboral.

Menor oferta, precios más altos y menos inversión forman una combinación particularmente peligrosa para un país que pretende solucionar su déficit habitacional y atraer capital privado.
Por lo tanto, que el costo pueda trasladarse no significa que el aumento sea inocuo. Significa simplemente que alguien lo paga. Lo paga el comprador de la vivienda. Lo paga el contribuyente cuando se trata de obra pública. Lo paga el inquilino si el mayor costo termina afectando el valor de los inmuebles o de su mantenimiento. Lo paga el consumidor cuando el mayor costo de infraestructura se incorpora a otros bienes. Y lo paga, finalmente, la economía cuando proyectos que antes eran rentables dejan de serlo. En definitiva, el costo puede cambiar de bolsillo, pero no desaparece.

En los últimos tiempos, el debate ético sobre la expansión acelerada de la inteligencia artificial (IA) parece haberse concentrado casi exclusivamente en el consumo de sus infraestructuras, en especial las cifras astronómicas de gigavatios que demandan sus servidores y en los millones de litros de agua dulce que se evaporan a diario para enfriar las enormes granjas de datos instaladas en diferentes partes del mundo. Sin embargo, es menos visible el primer y más destructivo eslabón de la cadena tecnológica de la inteligencia artificial.
Antes de que un algoritmo se ponga en marcha o un servidor requiera refrigeración, existe un costo material primario, pesado y silencioso que se cobra directamente sobre el ambiente. Ocurre que, para construir los microprocesadores de última generación, las tarjetas gráficas especializadas y las redes que sostienen el mundo digital, la industria ha desencadenado una voraz cacería de los denominados “materiales críticos”, entre los que se encuentran el litio, el cobalto, el cobre, las tierras raras y materiales de purificación extrema como la alúmina de alta pureza, el galio y el germanio.
Detrás de la ubicuidad y supuesta inmaterialidad algorítmica se oculta, en realidad, un modelo profundamente extractivo cuyas facturas hídricas, ambientales y humanas se pagan en las cuencas contaminadas y en las comunidades más vulnerables y vulneradas de lo que se suele llamar el Sur Global.
Las promesas de limpieza de la atmósfera mediante la transición energética y de expansión de las fronteras del conocimiento humano mediante la IA nos han instalado en un cambio de época que viene acompañado de algunas paradojas físicas y morales que no deberían pasar desapercibidas.
Si nos fijamos en nuestra realidad inmediata, Uruguay y la región han sido testigos directos de esos cambios: por un lado, nuestro país se consolida como hub tecnológico exportador de software y avanza en la atracción de infraestructuras de datos, mientras las grandes empresas tecnológicas mundiales aceleran su carrera por automatizar procesos y entrenar modelos inteligentes masivos.
Sin embargo, detrás del discurso de ciudades inteligentes y servidores en la nube existe una realidad que no se puede negar: nada en el mundo digital es totalmente inmaterial, sino que, por el contrario, todo se basa en un uso de materiales de la corteza terrestre y del agua.
Para terminar con la era de los combustibles fósiles, transitar hacia un mundo más limpio y, a la vez, alimentar a los voraces centros de cómputo, se ha desatado una gran cacería de materiales críticos que debería hacernos preguntar no solo qué tecnología queremos construir, sino a costa de quiénes se está haciendo.
Al mirar en detalle y leer los informes que están produciendo algunos organismos internacionales sobre el tema, reaparecen las asimetrías históricas entre el Norte y el Sur Global.
Por ejemplo, el continente africano posee aproximadamente un tercio de las reservas de estos minerales estratégicos, y solo la República del Congo concentra más del setenta por ciento del cobalto del planeta, insumo indispensable para estabilizar las baterías de los celulares que llevamos en el bolsillo o para los motores eléctricos. Allí la minería artesanal e informal condena a miles de familias y niños a respirar polvos tóxicos, mientras la disputa por el control de los yacimientos genera violencia por parte de milicias armadas que afectan a comunidades enteras.
En América Latina, estas mismas tensiones han dejado de ser un tema de debate sobre una realidad lejana para transformarse en verdaderas heridas abiertas en el territorio. El llamado “triángulo del litio”, repartido entre las alturas andinas de Argentina, Bolivia y Chile, alberga la mayor reserva de este material blando del planeta. Lamentablemente, la técnica dominante para extraerlo, basada en la evaporación masiva de salmuera en piscinas gigantescas, sacrifica el agua. En solo un año, la producción global de litio llega a demandar cientos de miles de millones de litros de agua dulce y salobre, acelerando la pérdida de este elemento vital para las personas y comunidades. En la Puna argentina y el salar de Atacama chileno, la salinización de las napas subterráneas y el agotamiento de los acuíferos han roto el equilibrio ecológico, forzando el desplazamiento silencioso de comunidades originarias cuyos modos de vida dependían de la integridad de la cuenca.
En sociología y salud pública, a estos lugares afectados por los motivos antes señalados se los llama “zonas de sacrificio”, es decir, lugares en el mapa donde la naturaleza, la salud y la vida humana son conscientemente relegadas en favor del consumo de otros rincones del planeta.
La historia regional es pródiga en lecciones amargas, y si los países de América Latina y el Sur Global simplemente cumplen el rol pasivo de ser canteras para abastecer microprocesadores y baterías fabricadas por las potencias industriales, habrá nuevas condenas de subdesarrollo.
Ahora bien, atribuir esta crisis únicamente a los centros de poder financiero sería una simplificación ingenua, porque las “zonas de sacrificio” florecen sobre todo donde la gobernanza local tambalea, la debilidad institucional de los Estados permite la desregulación, o donde la corrupción o la falta de fiscalización interna terminan cediendo las cuencas hídricas al mejor postor.
Por otra parte, si bien es cierto que la industria empieza a explorar alternativas de extracción diseñadas para reducir el consumo de agua, la comunidad internacional debería avanzar más rápido hacia pactos multilaterales vinculantes que garanticen la trazabilidad de los minerales, para que recursos manchados por la violencia, la explotación laboral o la destrucción ecológica no ingresen al mercado formal.
Es que, como ciudadanos y consumidores, la responsabilidad tampoco nos es ajena. Debemos saber que cada pantalla que encendemos y cada imagen que le pedimos crear a una IA solo por divertirnos lleva una huella invisible de agua, suelo y trabajo humano. Exigir dispositivos duraderos, transparentes y éticamente producidos debería ser un deber del estilo de vida contemporáneo. Sin embargo, sería injusto cargar la responsabilidad sobre los hombros del ciudadano, porque las transformaciones necesarias seguramente no vengan de la abstención del uso sino de la presión política para exigir reformas, regulaciones y garantías corporativas éticas.
Desde Uruguay, este debate adquiere una resonancia particular. Nuestro país, que ha mostrado al mundo un modelo exitoso de transición hacia energías renovables y que se consolida como un hub tecnológico regional, no puede ser indiferente a la huella material de su propio progreso, y tampoco está exento de tensiones territoriales internas. El debate sobre el uso intensivo del agua por megaproyectos tecnológicos o el impacto hídrico de la industria forestal está presente para recordarnos que la sostenibilidad es una negociación diaria, y que solo con mirada autocrítica podremos ejercer la responsabilidad de llevar a foros multilaterales una voz en defensa de la gestión ética del agua y la trazabilidad tecnológica, para que nuestro Cono Sur tenga un desarrollo que no sacrifique la dignidad de los pueblos en favor de un extractivismo irresponsable.

Un grupo de delincuentes que se hacen llamar hinchas del Club Atlético Cerro, de Montevideo, secuestró una unidad de transporte colectivo de la cooperativa UCOT el domingo por la mañana. Abordaron la unidad y amenazaron al conductor, dando comienzo a un viaje hasta el Intercambiador Belloni, al otro lado de la capital del país, junto a una decena de pasajeros “normales” del servicio que se vieron inmersos en una situación impensada.

Según relataron fuentes de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott), el periplo duró unos 40 minutos, durante los que el trabajador debió conducir bajo amenazas.
Un video difundido por redes sociales horas más tarde mostró, desde el interior del ómnibus, a varias personas con indumentaria vinculada a Cerro.

El club albiceleste disputaba esa mañana un partido de visitante en el estadio María Mincheff de Lazaroff, en Jardines del Hipódromo. Delante del ómnibus, abriendo paso, iban en dos motocicletas otras personas, también armadas, amedrentando a otros conductores para priorizar el paso del vehículo.

En declaraciones a medios capitalinos, el chofer relató cómo permaneció amenazado tanto desde dentro del ómnibus como por quienes iban en las motos adelante. Tuvieron la “deferencia” de ir permitiendo bajar al resto del pasaje y se tomaron unos minutos en el trayecto para ir a golpear a una persona que estaba en una vereda con indumentaria del Club Nacional, porque les dio la gana. No contentos con ello, al llegar a destino provocaron destrozos varios en el recinto del Intercambiador.
En esa entrevista, el conductor relata que se comunicaron con él desde el servicio 911 para explicarle que no le entendían cuando llamó, seguramente a causa del bullicio dentro del ómnibus. La situación fue también alertada a la Policía desde la propia empresa, que había sido puesta en conocimiento por el conductor de que algo andaba mal. Pese a estos avisos, ni durante el trayecto ni al arribo al Intercambiador hubo presencia policial para reprimir a los delincuentes.
Tras el angustiante episodio, se declaró un paro en la empresa, que se extendió hasta la finalización de la movilización del lunes. El sindicato se reunió ese mismo lunes con el ministro del Interior reclamando respuestas y medidas concretas que permitan desempeñar las tareas sin exponerse a situaciones de violencia.

Desde el sindicato se afirmó que la medida buscó defender “la vida, la integridad y la seguridad de todos los trabajadores y trabajadoras del transporte”, y se remarcó: “La seguridad es un derecho. La vida de nuestros compañeros no se negocia”.
La movilización comenzó tras una asamblea de la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot-UCOT). Los trabajadores se desplazaron con los ómnibus por avenida 8 de Octubre y posteriormente por 18 de Julio, llevando banderas con consignas como “Queremos volver a casa” y “Sin seguridad no hay transporte”.

Una delegación del sindicato se reunió con el ministro del Interior, Carlos Negro, quien informó sobre los avances de la investigación del episodio y las medidas previstas para reforzar la seguridad en el transporte público.
Mucho para comentar deja este episodio. Lo primero es lo expuestos que están en este momento los trabajadores del transporte. Con toda la tecnología de que se dispone hoy, no parece digerible que desde un ómnibus no haya una forma de poner en contexto a la Policía sobre alguna situación anormal y de transmitir la ubicación en tiempo real. Estamos saturados de aplicaciones que siguen los ómnibus; es incomprensible que no se haya desarrollado alguna para dotarlos de más seguridad. Debería poderse reportar a alguna parte que algo así está aconteciendo. No hablamos de tecnología futurista: los medios están, y ni siquiera estamos hablando de costos siderales, al menos para empezar por las zonas que se saben más críticas. Incluso hay miles de cámaras que opera el Ministerio del Interior en la vía pública que deberían permitir rastrear el ómnibus. Es injustificable que a su arribo no haya estado rodeado, por más que no fueran a actuar hasta garantizar la seguridad del trabajador.
Pero no. En cambio, lo que ocurrió fue que, cuando se recibió la alerta de la empresa, un operador del 911 llamó al conductor, le manifestó que no lograba entenderlo, y cortó. No volvió a intentar comunicarse.
Le salió baratísimo, porque un grupo de personas dispuestas a hacer lo que hicieron muy posiblemente también estén dispuestas a cometer un homicidio en ese contexto, o bien pudo escapársele un disparo, o el conductor pudo perder el control y ocasionar un accidente.
Solo por milagro el relato termina siendo casi el de una ocurrencia de unos loquitos del fútbol salidos de un cuento de Fontanarrosa.
El problema es que esto termina siendo cambio chico en comparación con la cantidad de muertes que mes a mes dejan en las calles la violencia y la delincuencia, y nos vamos anestesiando en definitiva. Pero no podemos perder de vista que todo esto no era lo normal en Uruguay hasta hace muy poco tiempo.

La transición hacia la movilidad eléctrica dejó hace tiempo de ser una posibilidad deseable desde el punto de vista de la independencia energética y el cuidado del medio ambiente, para convertirse en una realidad. Uruguay, que ha construido una posición particularmente destacada en materia de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, también pretende ocupar un lugar de liderazgo regional en la incorporación de vehículos eléctricos. El reciente XII Congreso Latam Renovables, organizado por la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder) en el Auditorio del LATU, volvió a poner sobre la mesa los avances alcanzados, pero también algunas interrogantes que no pueden ser postergadas.
Es que una cosa es vender vehículos eléctricos y otra, bastante más compleja, es construir todo el ecosistema que debe acompañarlos durante los diez, quince o veinte años de vida útil que puede tener un automóvil. Y ese ecosistema incluye infraestructura de carga, redes eléctricas, mantenimiento, repuestos, mercado de usados, seguros, capacitación técnica y, particularmente, qué se hace con las baterías cuando dejan de ser útiles para mover un vehículo.
En Uruguay, la participación de las energías renovables en la matriz eléctrica constituye una ventaja indiscutible para la electrificación del transporte. También existe una política pública que ha favorecido la incorporación de vehículos eléctricos mediante incentivos tributarios, beneficios en las patentes y condiciones tarifarias. El resultado está a la vista: mientras la penetración del parque eléctrico total todavía es reducida, las ventas de vehículos nuevos muestran una expansión acelerada.
Pero justamente allí aparece la primera advertencia. El éxito comercial de hoy puede convertirse en un problema de mañana si el crecimiento del parque no es acompañado por una planificación integral acorde.
La infraestructura de carga para estos vehículos constituye el ejemplo más evidente. Se ha señalado que Uruguay cuenta actualmente con algo más de 500 puntos de carga pública y que existe el objetivo de alcanzar 600 durante 2026 y 1.000 en 2027. Al mismo tiempo, las estimaciones del sector privado apuntan a un crecimiento muy importante del parque de vehículos eléctricos. El problema no consiste solamente en colocar más cargadores. La cuestión es dónde instalarlos, qué potencia requieren, cómo se distribuye esa energía y qué ocurre cuando varios vehículos necesitan cargar simultáneamente.
Uruguay no tiene, en principio, un problema de generación eléctrica, aunque sí tiene el desafío de llevar potencia suficiente hasta los lugares donde será requerida. Un cargador ultrarrápido puede demandar en pocos minutos una cantidad de energía considerable, y si varios vehículos coinciden en una estación, las exigencias sobre las redes de distribución cambian radicalmente.
Por eso, la expansión de la electromovilidad exige inversiones que muchas veces no son visibles para el comprador del automóvil. Subestaciones, transformadores, líneas, sistemas de gestión inteligente de la demanda y mantenimiento de los puntos de carga forman parte de una infraestructura que debe crecer a tono con el ritmo de las ventas.
A la vez existe el tema de la distancia, porque la experiencia de Montevideo no necesariamente se reproduce en el Interior del país. Para quien utiliza un vehículo eléctrico fundamentalmente dentro de la capital, la carga doméstica puede resolver buena parte de sus necesidades. Pero cuando se recorren cientos de kilómetros, se abandonan las rutas principales o se pretende llegar a localidades alejadas, la autonomía vuelve a adquirir una importancia determinante. No alcanza con decir que un vehículo tiene una autonomía determinada en condiciones ideales. El usuario necesita saber dónde podrá cargarlo, cuánto demorará y qué ocurrirá si el cargador está ocupado, fuera de servicio o vandalizado.
La infraestructura, por tanto, no puede medirse únicamente en cantidad de enchufes. Debe medirse también en confiabilidad.
Entre los desafíos hay además uno menos visible y potencialmente mucho más complejo: el final de la vida útil de las baterías. Por un lado, la discusión ambiental sobre el automóvil eléctrico suele detenerse en las emisiones que se evitan durante su utilización. Y es cierto que, en un país con una matriz eléctrica como la uruguaya, la electrificación del transporte presenta ventajas ambientales evidentes. Pero ninguna tecnología es completamente inocua. Una batería requiere minerales, procesos industriales, transporte y, finalmente, una estrategia para su reutilización o reciclaje.
Uruguay ha avanzado normativamente en este terreno. El Decreto 227/025 estableció un régimen específico para la gestión de baterías de más de un kilovatio, incluyendo las utilizadas en vehículos, y prioriza la extensión de su vida útil, el segundo uso, el reciclaje y otras formas de valorización. También establece obligaciones para fabricantes, importadores, distribuidores, puntos de venta y usuarios, además de sistemas de registro, trazabilidad y gestión mediante canales autorizados.
Es un paso importante. Pero una cosa es tener una norma moderna y otra muy distinta es disponer de la capacidad material para hacerla cumplir, y por ahí pasa uno de los mayores interrogantes para nuestro país.

Y hay una cuestión adicional que merece mucha más atención: ¿qué ocurrirá con el valor de los automóviles eléctricos usados?
La transparencia será fundamental. El comprador debería poder conocer el estado real de la batería, su capacidad remanente, historial de cargas, reparaciones, sustitución de módulos y eventuales actualizaciones. Un sistema de certificación de salud de batería podría terminar siendo tan importante para el mercado de usados eléctricos como lo es hoy la documentación de mantenimiento de un automóvil convencional.
De lo contrario, se corre el riesgo de crear un mercado de primera mano fuertemente subsidiado y un mercado de segunda mano castigado por la incertidumbre.
Un vehículo eléctrico de seis, ocho o diez años puede ser perfectamente funcional, pero su valor residual estará condicionado por la capacidad que conserve su batería, por la garantía que le reste, por la disponibilidad de repuestos y por la posibilidad de actualizar o reparar sus componentes.
Hoy, el comprador mira fundamentalmente el precio de adquisición, el ahorro de combustible, el costo de mantenimiento y los beneficios tributarios. Mañana tendrá que mirar algo más: el estado de la batería.
Por eso, la política de promoción de la electromovilidad no debería limitarse a estimular la venta del cero kilómetro. También debe preocuparse por construir un mercado saludable de vehículos eléctricos usados.
La discusión que dejó el Congreso Latam Renovables es, entonces, bastante más profunda que la cantidad de autos eléctricos que Uruguay puede vender durante un año: abarca la dotación de infraestructura, la sustentabilidad y el equilibrio entre la irrupción del eléctrico y el parque automotor ya existente, en un país que no tiene la capacidad económica, tecnológica y de infraestructura de los países desarrollados para administrar estos cambios. Y si ellos todavía no las tienen todas consigo en esta materia, y tratan de ir corrigiendo los errores sobre la marcha, es de sentido común ver primero qué es lo que está ocurriendo allá, para no apresurarnos cuando tenemos la posibilidad de ver por adelantado cómo viene la película y, en el mejor de los casos, construir nuestro propio desenlace.

Uruguay registra cifras récord de llegada de cubanos desde el año pasado. En 2025, incluso, la cifra ya triplicaba la correspondiente a 2024. A estos guarismos hay que sumar que el país entregó cerca de 14.000 cédulas de identidad a ciudadanos cubanos, lo que convierte a esta nacionalidad —con excepción de los uruguayos— en la que más documentos obtuvo.
Cuba atraviesa situaciones cada vez más dramáticas. La crisis del combustible no tiene antecedentes; los hospitales suspenden cirugías, los hoteles cierran y el suministro de energía se interrumpe durante largas horas.
Casi dos millones de personas abandonaron la isla en menos de un lustro y, además de Estados Unidos, son varios los países latinoamericanos que reciben esa oleada migratoria. Uruguay recepciona una cantidad importante cada año. De hecho, la organización UruVene, creada para los venezolanos residentes en el país, atiende cada vez más consultas de cubanos. Algo similar ocurre en Venezuela, donde faltan medicamentos e insumos básicos para intervenciones quirúrgicas.
El gobierno de Donald Trump comenzó una campaña de deportaciones masivas en la que utiliza inteligencia artificial para el rastreo, la vigilancia y la detención de indocumentados. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés, incrementó los arrestos domiciliarios y las interceptaciones callejeras de personas.
La administración de Trump destinó unos 3.000 millones de dólares a incentivar a los gobiernos estatales y locales a colaborar en estos operativos y permite que las agencias policiales actúen como agentes migratorios. Esta política ha generado un fuerte impacto económico y social debido al temor generalizado y a la salida de trabajadores, que puso un freno a la producción agrícola y a la construcción.
La consecuencia es directa y proporcional al daño: se dispararon los precios de los alimentos y de las viviendas. En forma paralela, se impusieron mayores barreras a los estudiantes internacionales y se incrementó de manera sostenida el número de deportaciones a más de 40 países, mediante vuelos de traslado masivo con destino a América Latina, el Caribe, África y Asia.
Es decir, Estados Unidos terceriza las deportaciones mediante acuerdos con países de distintos continentes. Entre ellos se encuentra Uruguay, cuya Cancillería mantiene conversaciones diplomáticas para que el país reciba a cubanos y a personas de otras nacionalidades deportadas desde Estados Unidos.
Cuando el 29 de julio un diario estadounidense informó sobre el intercambio de un documento preliminar de “entendimiento” sobre cooperación migratoria, saltaron todas las alertas.
En principio, porque los propios legisladores oficialistas se enteraron por los medios de prensa y, en segundo lugar —pero no menos importante—, porque las reivindicaciones históricas de la fuerza política en el gobierno se daban de bruces con la realidad.
En medio de la noticia surgieron debates vinculados con la soberanía, los derechos humanos y la necesidad de incrementar un perfil de población que es minoritario en un país envejecido. Mientras tanto, otros países latinoamericanos firman acuerdos de este tipo con el gobierno estadounidense, lo que instala un debate público de connotaciones diversas.
El texto que se discute deja a Estados Unidos la discrecionalidad de sugerir candidatos a la deportación, mientras Uruguay mantiene la potestad de aceptarlos o rechazarlos. El criterio de la administración Trump es que en el territorio uruguayo ya se encuentra instalada una numerosa comunidad cubana.
Sin embargo, los migrantes cubanos trabajan en condiciones precarias y pagan altos costos de alquiler. En los últimos días, un amplio desalojo en la Ciudad Vieja de Montevideo reveló situaciones de hacinamiento y la ocupación de antiguas propiedades en condiciones poco claras, donde residen personas de varias nacionalidades. Esto acarrea problemas de convivencia, ante la comprobación de que en distintos lugares se utilizan las instalaciones para la venta de droga. Además, intervino el Ministerio de Desarrollo Social, dado que se trata de familias que literalmente pasaban a situación de calle.
Entonces, mientras no se aseguran las mínimas condiciones indispensables para quienes ya residen en el país y aún no se resuelven unas 30.000 solicitudes en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno negocia nuevas llegadas de migrantes.
En este caso, la condición de deportados es diferente de la inmigración —una realidad histórica en América Latina—, en tanto se trata de destinos obligados y no elegidos. Una vez instalados en el país, los choques son inmediatos con el alto costo de vida y con las tensiones que se expresan en las redes sociales, donde quedan en evidencia sectores de la población poco receptivos.
Por su parte, el presidente Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin reconocieron la existencia de ese diálogo cuando ya era evidente la información divulgada por un medio estadounidense y replicada, con mayores detalles, por otro medio capitalino.
Las tensiones internas en el Frente Amplio son visibles, aunque los discursos hacia afuera mantienen cautela. Los legisladores de la oposición han realizado pedidos de informes y reclaman explicaciones, mientras el gobierno niega que existan documentos formales.
En medio de las deportaciones, el gobierno de Trump reconfiguró el sistema judicial migratorio y trasladó sus competencias al Departamento de Justicia. Esto obligó al reemplazo de centenares de jueces para acelerar la resolución de los casos. Y, mientras enfoca su política en el argumento de la seguridad nacional para expulsar del país a criminales convictos y pandilleros, los operativos también afectan a indocumentados sin antecedentes penales.
Es, en definitiva, una población que no cumple con el ideal de nación racial que tanto impulsa desde la Casa Blanca. El interrogante no está sobre lo que se ve, sino todo lo contrario. En cualquier caso, cabe preguntarse cuáles son los intereses políticos y económicos que están detrás de esta situación y que aún no han sido explicados a los uruguayos.

Las postergaciones de la visita del presidente Yamandú Orsi a nuestro departamento han resultado muy llamativas, pero se trata de algo que no es nuevo: durante la campaña política presidencial en el año 2024 fue notorio el esfuerzo del Frente Amplio por mantenerlo apartado de la prensa y especialmente de cualquier intercambio de opiniones (conversatorios, debates, mesas redondas) en las cuales pudiera quedar en evidencia que se trataba de un candidato que claramente no estaba preparado para ejercer la primera magistratura de nuestro país.
Si bien Orsi intenta llevar adelante un estilo campechano y llano, se trata de una postura claramente impostada y seguramente aconsejada por su círculo de confianza y los asesores de imagen de turno, que dista mucho de la forma de ser del expresidente José Mujica, quien, más allá de adhesiones o rechazos a su figura, tenía una forma de expresarse y de relacionarse que era legítima. Claramente, Orsi quiere parecerse a Mujica, pero no le sale.
Y el entorno en Presidencia de la República no podría ser peor para Orsi: por un lado, Alejandro “Pacha” Sánchez (aspirante no declarado a ser el próximo presidente uruguayo) y, por otro, Jorge Díaz, cuyo accionar conjunto permanente en la prensa condena al presidente Orsi a un papel de permanente debilidad y segundo plano, un aceptador de lo que proponga ese particular pero eficaz dúo, y lo transforma sin más en un mero espectador de la realidad nacional. Una cosa es clara: cuando hablan Sánchez y Díaz, habla el Estado uruguayo, pero cuando habla Orsi las declaraciones son confusas, erráticas. Después es “Pacha” quien sale a dar explicaciones de que lo que dijo el presidente no es lo que cualquier mortal interpreta, sino otra cosa que solo las mentes más lúcidas como la de él pueden entender, y pone en palabras simples la ambigüedad presidencial.
En medio del reciente escándalo por la camioneta mencionada, se dio a conocer en la prensa capitalina que el mandatario adeudaba el Impuesto de Primaria por una casa que adquirió en 2024, y que su domicilio —que puso a nombre de su esposa antes de asumir— tuvo reformas no declaradas ante la Dirección Nacional de Catastro. Cada explicación que dio —en respuesta a lo que la prensa iba “destapando”— fue una peor que la otra.
Temas como el uso de vehículos militares para patrullar las zonas más peligrosas de Montevideo también han sido objeto de marchas y contramarchas, desmentidos y todo tipo de vacilaciones de un presidente y de un ministro, Carlos Negro, que tampoco da la talla.
A esto debe sumarse la constante, insidiosa y efectiva acción del “fuego amigo” contra Orsi que lleva adelante el propio Frente Amplio, y en especial algunas de sus figuras, como por ejemplo el senador socialista Gustavo González y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, quien ha contradicho ante la prensa al presidente, a pesar de que este había pedido que no lo hicieran. A esto se agrega que el Pit Cnt, si bien no abandona su rol de brazo ejecutor y patotero del Frente Amplio, sigue empeñado en lograr la renuncia del ministro Oddone, quien a duras penas logra mantenerse en el cargo. La reciente polémica en la interna frenteamplista sobre la existencia de documentos tendientes a lograr la radicación de deportados cubanos en Uruguay (algo que el canciller Mario Lubetkin negó en un primer momento, pero que finalmente tuvo que admitir) completa un panorama poco halagüeño.
Ante todos estos antecedentes, no es de extrañar que la desaprobación del presidente Orsi se encuentre en el 65%. Tan débil es la actual posición de Orsi que hasta el expresidente Julio María Sanguinetti salió a la prensa a defenderlo, expresando que se trata de un “presidente honesto, prudente, afectuoso”, al tiempo que resaltó “la experiencia administrativa” del actual mandatario.
Pero el presidente tampoco ayuda para que su imagen mejore en algo en la opinión pública. Y un ejemplo claro lo tenemos en Paysandú, un departamento que está sufriendo una de las peores catástrofes laborales en la industria local, con amenazas de cierre simultáneas en grandes empresas como Frigorífico Casa Blanca, Cympay y Portland Ancap, fuerte reducción de personal y producción en Paycueros, citrícolas en problemas, entre otras. Y si bien Orsi estuvo ya una vez de visita en el departamento, fue a un pequeño pueblo a 80 kilómetros de distancia de la fuerza sindical que lo esperaba en la capital departamental, y para dar “buenas noticias” para la zafra citrícola. A nuestra ciudad no vino ni siquiera a inaugurar el tomógrafo del Hospital, tras haber anunciado su visita y postergado a último momento, justo cuando Paysandú esperaba una respuesta a las declaraciones de su ministra de Industria por el apagado del horno de la planta de Portland de Ancap y el cierre de la producción local.
Ahora el desaire le tocó a Guichón. Dos veces. La excusa: el mal tiempo. Se suponía que vendría a reinaugurar un tramo de la ruta 4 —que ya había sido pavimentado durante la administración Bentos, y que ahora se amplió y se le aplicó carpeta asfáltica—, pero una pálida franja amarilla de alerta meteorológica de Inumet le hizo cancelar el vuelo. No había alertas de magnitud para ese día, como sí se había advertido para el día siguiente.
Paradójicamente, el recientemente inaugurado aeropuerto internacional de Paysandú nunca estuvo cerrado por mal tiempo —que por cierto nunca llegó—, así como tampoco dejó de operar el aeropuerto Chalkling. Además, en caso de que puntualmente se pudiera formar una tormenta, el helicóptero puede bajar en cualquier terreno —nuestro país es una “penillanura suavemente ondulada”— y esperar a que pase con total seguridad. Y por si eso fuera poco, la Armada Nacional cuenta con extraordinarios pilotos, acostumbrados a operar en condiciones extremas porque deben poder hacer rescates en alta mar justamente durante temporales. Los vimos pilotar con gran destreza y seguridad precisamente cuando el expresidente Lacalle Pou vino a Piedras Coloradas el 1.° de enero de 2022 y aterrizó en un baldío en medio de vientos huracanados y lluvia torrencial. El entonces presidente Lacalle Pou bajó del helicóptero sin paraguas ni impermeable y se dirigió a un público que vio con asombro cómo el mandatario se acercaba a saludar a los vecinos, que hasta ese momento vivían con la angustia de no saber si el fuego les llegaría a sus casas.
Pero aun si Orsi teme volar —es algo muy natural—, siempre tiene la alternativa de viajar por carretera. No son más de cuatro horas y media o cinco las que lo separan de la comodidad de la Torre Ejecutiva. Pero esa opción también la descartó. Simplemente no vino a Guichón, por segunda vez. Parece que la gente de Guichón no vale la pena.
Los números del presidente van en caída. Y Orsi poco hace para revertirlo.

(Nota completa para abonados y en edición impresa)

Hace algunos años, un basquetbolista apodado “Air Pap”, jugador profesional de baloncesto griego y capitán del equipo Olympiacos de la Liga Griega de Baloncesto (GBL) y la Euroliga, se lamentaba con una cuota de humor bien llevado de que su nombre no lo había ayudado a traducir el reconocimiento que el periodismo deportivo le otorgaba en popularidad entre los fanáticos, porque su apellido era algo difícil de pronunciar y recordar. En los hechos, muchos fanáticos apelaban a creatividad propia para referirse a él, siempre respetuosamente.

Con una altura de 2,04 metros era considerado uno de los mejores jugadores defensivos del baloncesto europeo y estadounidense; jugó en Olympiacos, FC Barcelona, Houston Rockets, Denver Nuggets y regresó a Olympiacos en 2016. Renovó contrato para la temporada 2027-2028.
Konstantinos “Kostas” Papanikolaou, su nombre de nacimiento, cuya reflexión acerca de su popularidad podría ser acertada, pero ello no afectó el reconocimiento profesional.

No es el primero ni el último

Esta circunstancia en la vida de Papanikolaou, que como todo recuerdo guardado solo en mi memoria seguramente tiene imprecisiones, la rescaté estudiando la biografía de Abdulrahman Mohamed El-Sayed… ¿quién es? Un médico de 41 años convencido de que “pronunciar mi nombre produce sonidos que salen de partes de la garganta que las personas no saben que tienen”… también es un nombre con más caracteres de los que caben en una cartelería de publicidad política, por lo que lo redujo a apenas 12 letras de las 25 originales.
Y a partir de esa decisión, que tiene su riesgo y que ha cuidado de no opacar sus orígenes, se reconoce como Abdul El-Sayed, a quien los demócratas de Michigan convirtieron en ganador de la interna partidaria y, por tanto, candidato al Senado.

Con su victoria en la interna demócrata estadual, este médico norteamericano de 41 años tiene seria posibilidad de alzarse con una victoria y dejar su nombre en la historia de la democracia estadounidense como el primer senador musulmán. Ya empezó a dejar su impronta al ganar la interna del Partido Demócrata en Michigan. Eso ha sido suficiente para ganarse todo tipo de “ofensas” de parte del trumpismo, para quienes él se ha transformado en “comunista, islamista, yihadista, infiltrado y el hombre del odio”.

La lucha electoral fue intensa y obtuvo una ajustada victoria: 48,5% contra 47,5%. Victoria por un punto porcentual, pero victoria al fin. Por ello, cuando se oficializó que Abdul El-Sayed era el ganador, lo primero que expresó fue un llamado a la unidad del partido, a “recomponer” el campo demócrata, “sea cual sea la magnitud de nuestras discrepancias”.

En una entrevista, al contar su historia más personal, también plantó sus ideas acerca de su mirada sobre la educación: “tuve la oportunidad de asistir a excelentes escuelas públicas y a una universidad pública increíble. Me pagaron la carrera de medicina. Eso es lo que me dio Estados Unidos”.

Médico con un posgrado en cirugía, ha forjado su formación académica en base a becas. Primero en la Universidad de Michigan, donde conoció a quien tiempo después sería su esposa Sarah Jukaku y madre de sus dos hijas.
Con otras instancias en el Oriel College de la Universidad de Oxford, posteriormente se graduó en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Columbia. Concomitantemente, su esposa se graduó de fisiatra.

Parte de la renovación

A esta interna partidaria, el candidato llegó con las mejores credenciales, con el respaldo de líderes locales de fuerte arraigo y proyección, así como también de una centroizquierda identificada con Barack Obama. El dos veces presidente no puede, por restricción constitucional establecida en la 22.ª enmienda, postular a un tercer mandato, pero está jugando un papel clave en el apoyo partidista, reforzando una línea renovadora y de marcada veta social.

Líderes nacionales como la exsenadora y vicepresidenta Kamala Harris, los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Chris Van Hollen, Tina Smith, Ed Markey, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar y Delia Ramírez, entre otros. La lista de referentes locales, políticos y sociales es diversa y extensa, tanto como las organizaciones.

En la mira de los ataques

La prensa estadounidense, especialmente la de Washington, que suele, por definición, seguir de cerca las cuestiones políticas pero que también muchas veces genera bulos y estrategias de información falsa, ya hizo sentir su presión.

Los primeros comentarios han tenido que ver con el perfil religioso del ganador, donde se mezcla todo. Luego, cuando se confirmó el triunfo de Abdul El-Sayed, fue el propio Trump quien le dedicó otros mensajes.
“El condado de Wayne (Detroit), en Michigan, es una de las zonas electorales más corruptas de Estados Unidos, si no del mundo”, dijo Trump en su acostumbrado estilo de descalificar hasta una escala del absurdo, burda, que ya no goza de credibilidad.

Luego apeló a las redes sociales: “comunista perdedor que odia a los judíos y a Israel”, y sumó otra: “es el hombre de odio”. J. D. Vance hizo su aporte: “Dios no lo quiera, van a tener al presidente El-Sayed en tres años”. Y en un estilo que recuerda a cierto programa, la senadora trumpista Katie Britt se sumó: “Una alianza de comunistas e islamistas está tomando el control del Partido Demócrata. En realidad, es un simpatizante yihadista. Nos están infiltrando desde dentro”.

El-Sayed ha rechazado estas acusaciones. En una entrevista reciente publicada por la revista Time, el candidato expresó que prefería el “capitalismo a nivel comunitario” para que la gente acceda de modo igualitario a los recursos.
Volvió Trump a arremeter en su tono habitual, a lo que El-Sayed respondió en una entrevista con CNN que se oponía a gastar miles de millones de dólares en equipamiento militar para terceros, cuando es necesario desarrollar proyectos nacionales en infraestructura, sanidad y educación.

Varios analistas políticos admiten que el presidente apela una vez más al insulto, instalando un clima tenso. Pero cada vez con menos resultados. Por ejemplo, según Forbes, la aprobación de su gestión de la guerra con Irán ha disminuido seis puntos desde junio, incluyendo del 71% al 61% entre los republicanos.
La aprobación de Trump está ocho puntos por debajo de la que tenía en julio de su primer mandato y tres puntos por debajo del 36% de aprobación de Biden en julio de 2022 (encuesta AP-NORC, 23 al 27 de julio).
La encuesta desnudó descontento con los beneficios financieros de Trump, que según declaraciones superaron los 2.000 millones de dólares en 2025. El 85% de los demócratas y el 62% de los independientes desaprobaban. Los republicanos están divididos: el 20% desaprobaba, el 15% aprobaba y el 65% decía que no importaba. Una fotografía que ha dejado preocupados a los suyos.

“Oddone no es dueño del Frente Amplio”, dijo el senador socialista Gustavo González. Y es cierto; aunque mucho menos lo es el dicente. Él lo admitió; bueno sería: los números cantan (porcentajes, votos, legisladores). Basta ver cómo les fue al MPP y al Partido Socialista en octubre del ‘24. Peor si se mira y mide el apoyo que recibieron el MPP y sublemas que “acumularon”, con el conseguido por el Partido Comunista y el Socialista juntos.

El cuestionado Gabriel Oddone hace algunos días dijo que no habían sido elegidos —él, el sector y el partido a que pertenece— para “hacer la revolución” ni para “dinamitar”. Mucho más cierto.
Es que, efectivamente, no le dijeron nada a los votantes sobre aplicar la más dura y pura dialéctica: la de que “lo peor es lo mejor”. Todo lo contrario: Oddone fue el caballito de batalla —y no creo que “caballo de Troya” precisamente— de José Mujica y Yamandú Orsi para dar “garantía” a empresarios e inversores de que el triunfo del FA para nada afectaría los equilibrios ni el manejo macroeconómico ni las reglas: cambiarias, tributarias, laborales, de respeto a la actividad y la propiedad privada, a los contratos y convenios de todo tipo. Fue lo que dijo el entonces candidato en San Pablo, Buenos Aires, por todos lados y por todos los rincones del Uruguay, además.

El país seguirá funcionando igual, sin ningún tipo de barquinazo raro o cambios bruscos; ese fue el mensaje claro para todos y para los votantes uruguayos en especial. “Oddone es a Orsi lo que Astori fue a Mujica”, se batió urbi et orbi. Los que ganaron dentro del FA dijeron “no” al impuesto a los ricos —aún lo dicen— y no apoyaron el plebiscito del PCU, socialistas y Pit Cnt para dinamitar el sistema jubilatorio y arrasar con las AFAP. Es como “meterse en cana uno mismo”, ejemplificó Mujica, y sin embargo en esto algo han flaqueado, como ha ocurrido también, ya llegándose a otros extremos, con lo de que no se aumentarían ni crearían nuevos impuestos.
¿Les creyeron inversores y empresarios? Están a la espera, viendo, preguntando y advirtiendo, y por ahora muy quietitos. Es lo que siente en carne propia Oddone y que parece que no se dan cuenta los mayoritarios “mujiquistas”, “astoristas” y “seregnistas”, en tanto les importa un comino a la minoría de ortodoxos y ultradialécticos que lo interpretan a su gusto y gana; y que se lo hacen creer al resto. ¡Increíble!

¿Lo creyeron los ciudadanos? Sí, y votaron a Orsi, y fueron aún más los que quedaron contentos con el nuevo presidente. Hoy ya no. Esperaban que ejerciera más el mando.
La mayoría se siente decepcionada, quizás piensa que fueron engañados, que les mintieron a sabiendas, “que los hicieron entrar”, y es eso lo que se refleja en las encuestas.

Es lo que siente muy buena parte de los que votaron al FA en octubre, y la totalidad de los casi 200 mil que sumaron su voto a Orsi en el balotaje. Los que ven que el impuesto a los ricos sigue vigente y el “arrase” jubilatorio un poco postergado pero también en la mira —para eso se convocó a las “bases” maquilladas de “diálogo social” y habrá congreso en octubre— y los que pagan los impuestos —viejos y nuevos—, los que ven los avances de los ministerios comunistas con Juan Castillo y el Pit Cnt a la cabeza, los que sienten que no tienen la chance de “esperar” ni tienen escape.
No ver eso es hacerse trampas al solitario, o es que los han hecho entrar; “como a unos chorlitos”, como decían en mi pueblo.

En estos días, asistimos a un espectáculo que roza el absurdo total: la plana mayor de la derecha rasgándose las vestiduras y saliendo en procesión a exigir “honestidad”, ante una deuda doméstica del presidente en su casa de Salinas.
Hay que reconocerle a la derecha uruguaya una capacidad asombrosa para la manipulación política. Tienen el don de encoger elefantes y agigantar hormigas con una velocidad que envidiaría el mago más audaz. Bocinean de forma indignante como catastrófica, el simple hecho en que el presidente Orsi figuró con un retraso en el pago del impuesto de Primaria por una suma que apenas arañaba los 7.000 pesos uruguayos, una cifra que a cualquier compatriota se le puede traspapelar entre las facturas a pagar en un mes complicado. Realmente resulta obsceno tener que pedirle sensatez a quienes gobernaron el país hasta hace muy poco, pero la memoria colectiva no puede ser tan frágil. Calificar de “bochornoso” un atraso impositivo hogareño –que el propio Orsi mandó a regularizar enseguida y pagó de su propio bolsillo– es de un cinismo de dimensiones olímpicas.

No maquillar la historia y jamás la impunidad

No se justifica el olvido, el mandatario debe dar el ejemplo, pero pongamos la balanza sobre la mesa de la República. Comparemos la dimensión de un trámite doméstico frente al festival de privilegios e impunidad que se orquestó en los últimos cinco años donde Luis nunca se podría atrasar en la contribución de la casa, porque vivía en la residencia y la contribución la pagaba el pueblo. ¿Esta es la honestidad?
Mientras la gente de a pie masticaba la Ley de Urgente Consideración que facilita el desalojar a un inquilino en apenas un mes, si se atrasaba con el alquiler. Mientras la gente de a pie masticaba que nos aumentaban por ley la edad jubilatoria a los 65 años obligándola a trabajar más y viviendo menos, el presidente Luis Lacalle Pou vivía en una realidad paralela en una mansión donde no gastaba en nada. ¿Esta es la honestidad?
Durante cinco años, el pueblo uruguayo financió la vida del presidente en la residencia de Suárez y Reyes, viviendo igual que un rey, con un gasto anual total que rondó los 4,8 millones de dólares, acumulando casi 24 millones de dólares estatales en todo el período.

¿Esta es la honestidad?
Pensemos que siete mil pesos uruguayos no alcanzan hoy ni para pagar dos días de sueldo del jardinero de la lujosa casa presidencial. El pueblo uruguayo pagó sus niñeras para hijos adolescentes, peluqueras para la primera dama y hasta un gimnasio privado montado exclusivamente para el disfrute del mandatario. ¿Esta es la honestidad? Pero hay ejemplos diferentes.
Estos compañeros sí: Son símbolos de honestidad
Ni Tabaré Vázquez, ni Pepe Mujica eligieron vivir a costa de la plata de los uruguayos; siempre prefirieron sus hogares y sus barrios. También Orsi vive en su casa de Salinas y paga absolutamente todas sus cuentas. ¿No es esta la mayor muestra de honestidad?

La memoria trae más dudas: ¿Cuánto nos costó?

Contrario a lo anterior con la plata del pueblo, el gobierno anterior no solo costeaba lujos domésticos, sino que financiaba cosas muchísimo más oscuras. ¿Cuánto nos costó?
Nos van a decir, ¿cuánto nos costó realmente la persecución y el espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Bergara? ¿Esta es la honestidad?
¿Cuánto nos costó a los uruguayos usar el aparato del Estado para perseguir a “Loly”, para saber si le era infiel, movilizando comisarios y recursos de inteligencia como si fuera un asunto de seguridad nacional? ¿Esta es la honestidad?
¿Cuánto nos costó armar la cacería ilegal contra el dirigente sindical Marcelo Abdala? Por supuesto que nunca sabremos las cifras exactas porque se financió en las sombras, con la caja negra de un poder que usaba patrulleros y sistemas informáticos del Ministerio del Interior como si fuesen su empresa de detectives privados. No sabemos cuánto nos costó, pero seguro que mucho más de 7.000 pesos. ¿Esta es la honestidad?
En las oficinas más íntimas de la Torre Ejecutiva, otro escándalo, no se les traspapelaron deudas de Primaria, sino que se gestionaban pasaportes exprés a ciudadanos rusos por 50.000 dólares, cada uno en una red criminal liderada por el mismísimo jefe de la custodia presidencial. ¿Esta es la honestidad?

Otro escándalo fue saber que enviaron un pasaporte exprés, completamente gratis y por valija diplomática al narco que lo esperaba en una cárcel de Dubái. ¿Esta es la honestidad?
Otro escándalo que tuvo su colmo fue cuando se reunieron en el piso 11 de la propia Torre Ejecutiva para romper actas notariales y borrar chats de prueba, una cita donde el propio Luis Lacalle Pou admitió que “pasó a saludar”. ¿Esta es la honestidad?
Otro escándalo se daba, mientras recibían un misterioso cargamento desde los Emiratos Árabes, llegaban de regalo 450 Kg de pescado más duro que una piedra. ¿Estarían congelados? ¿Esta es la honestidad?

Críticas sin honestidad

Salen ahora dando cátedra de moral pública, y sin embargo durante el gobierno anterior todos los días aparecian noticias que los involucraban en situaciones de corrupción. Hoy vienen a hablar de transparencia quienes sostuvieron a ministros y autoridades que destruyeron actas de la cancillería frente a la nariz de la Justicia. ¿Esta es la honestidad?
El gobernar con honestidad no se daña por ser infalible con la burocracia de los tiempos de los impuestos. En cambio gobernar con honestidad es no robarle al pueblo, no es usar el aparato del Estado para perseguir senadores opositores. Tampoco es gobernar con honestidad, exprimir el presupuesto nacional para financiar caprichos personales mientras se le pide austeridad a los trabajadores. ¿Esta es la honestidad?
Al uruguayo le gusta la sensatez, por eso cambió de rumbo y sacó a los que no gobernaron con honestidad. Cuando la derecha sale en jauría a gritar por esta deuda para intentar tapar el saqueo que le hicieron a la gente, quedan en evidencia quienes no gobernaron con honestidad. El pueblo distingue perfectamente al presidente que se atrasa con una cuenta de la contribución de su casa, con el otro presidente que convierte el palacio presidencial en un feudo privado donde vivió 5 años financiado por el pueblo, no gobernaron con honestidad.

La memoria, nos te trae alguna aberración

La derecha hoy quiere imponer que una deuda domiciliaria del presidente, es una aberración. Esto me genera una duda, cuál es para la derecha la definición de aberración.
Aberración es vivir en la residencia del pueblo y hacer que los uruguayos paguemos las reformas de cañerías, los tableros eléctricos, el parque de casi medio millón de pesos mensuales, los sueldos de cocineros, mucamas, niñeras y los 80 guardias de seguridad de una residencia monárquica que nos costaba a todos los uruguayos, miles de dólares por mes. ¿Esta es la honestidad?
Aberración es mandarle un pasaporte gratis y forma exprés a la cárcel a un narco uruguayo preso en Dubai.

¿Esta es la honestidad?
Aberración es expedir pasaportes para ciudadanos rusos vendidos a grandes cifras de dinero y negociando desde el cuarto piso de la Torre Ejecutiva. ¿Esta es la honestidad?

Nos preguntamos, deuda o pasaporte

Pónganse a pensar que un solo pasaporte ruso, vendido en más de dos millones de pesos, entra casi 287 veces en la deuda que le critican a Orsi. Por más que la derecha arranque temprano su campaña electoral, el pueblo uruguayo despierta la memoria y sabe muy bien de qué lado está la verdad, por eso la lucha con el pueblo y para el pueblo continúa, “levanten esas banderas que desde lejos se puedan ver”… ¡Que siga gobernado la honestidad!

Pablo Miranda Ponce

Quisiera compartir una historia que, estoy seguro, representa a muchas familias de Paysandú y especialmente de Guichón.

Conocí al Dr. Ismael Terzano no solo como un excelente dermatólogo, sino como un médico profundamente humano. Aunque ejercía en Montevideo, nunca dejaba de regresar a su querido Guichón. En vacaciones atendía gratuitamente a quienes golpeaban la puerta de su casa buscando ayuda. Lo hacía con una sencillez y una generosidad que hoy cuesta encontrar.

Mi padre tuvo un problema importante en la piel. El doctor Terzano lo examinó y, en lugar de conformarse con una consulta rápida, le dijo: “Vaya a verme a Montevideo para hacerle los estudios necesarios”. Convocó a otros colegas hasta llegar al diagnóstico correcto. Aquello cambió la vida de mi padre.

Ese primer encuentro en Guichón no quiso cobrarlo. Mi padre, agradecido, le regaló un enorme zapallo. Tiempo después, Ismael me contó entre risas que junto a su madre lo cortaron, llenaron una mesa entera y terminaron haciendo un exquisito dulce de zapallo. Esa anécdota refleja la sencillez que siempre lo caracterizó.

Los años pasaron y el Dr. Terzano asistió al cumpleaños número 94 de mi padre. Verlo compartir ese día con nuestra familia, feliz de estar entre los Claro, fue un regalo que jamás olvidaremos.

Por todo ello, quisiera proponer que Paysandú o Guichón le rindan un homenaje en vida. Sería un hermoso gesto que una calle llevara el nombre del Dr. Ismael Terzano, como reconocimiento a un profesional que dedicó su conocimiento y su corazón al servicio de la gente.
Los pueblos no solo deben recordar a sus grandes médicos cuando ya no están. También deben agradecerles mientras aún pueden recibir ese reconocimiento.

Con profundo respeto y gratitud.

Un uruguayo, nacido en Paysandú y residente en Argentina

No es noticia. El 24 de junio de este año, dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala abierta de Richter, respectivamente, sacudieron el norte de Venezuela, dejando hasta ahora unos 4.000 fallecidos, un número significativo de personas que aún permanecen desaparecidas y más de 11.000 heridos de diversa entidad. Los sismos redujeron a escombros la zona de La Guaira y algunos sectores de la capital, Caracas, en una catástrofe de esas que no se pueden prever. ¿O en este caso sí?
De un tiempo a esta parte vienen circulando versiones sobre la existencia de un informe elaborado por expertos japoneses, encomendados por el gobierno de Hugo Chávez a comienzos de este siglo, en el que no solamente se advertía sobre los devastadores efectos de un terremoto de la dimensión de los que habían ocurrido en el país en el pasado, sino que, además, se sugerían medidas de mitigación de riesgos y las formas de financiarlas. Ese informe —insisten estas versiones, que incluso se han difundido en medios internacionales— fue absolutamente ignorado por el gobierno bolivariano.

Lo primero que cabe señalar es que es cierta la existencia de este documento, solo que no fue ocultado ni mucho menos destruido, como sugieren algunas de estas versiones. Muy por el contrario, alcanza con una simple búsqueda en Google para que aparezca entre los primeros resultados, titulado “Estudio sobre el Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas”. Fue entregado al gobierno venezolano en 2005, efectivamente, pero fue fruto de un trabajo que expertos japoneses llevaron adelante desde 2002, en colaboración con científicos y técnicos locales. Lo que parece tener bastante certeza es el hecho de que no se llevaron adelante —algunas tal vez sí, pero parcialmente— las acciones allí sugeridas.

No sorprenderá que, como suele ocurrir en estos casos, el estudio fuese solicitado a partir de otro episodio trágico: en este caso, un devastador deslave ocurrido en la misma zona de La Guaira en 1999. En nada debe sorprendernos, a nosotros, los uruguayos, que tenemos en la rambla montevideana un emblema, una postal del país en la actualidad, pero que en su momento —se construyó en el primer tercio del siglo XX— fue una solución pensada para frenar los embates de los temporales del Río de la Plata.
Cuando arribó el equipo técnico, se analizaron, entre otras dimensiones, los riesgos sísmicos, de deslizamientos e inundaciones que amenazaban la región. Entre las conclusiones, el informe indicaba que la ubicación geológica, la calidad del suelo, las deficiencias en la planificación urbana y las modalidades de construcción hacían de Caracas una ciudad “altamente vulnerable” ante un terremoto. Los expertos contratados por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) detectaron que prácticamente ninguna edificación en la zona norte de Caracas y en La Guaira cumplía con condiciones sísmicas adecuadas. También señalaron que hospitales y centros de emergencia estaban ubicados en áreas expuestas y podrían quedar inoperativos en una catástrofe.

El mismo estudio aclara —se puede acceder a él escaneando el código QR adjunto— que “no es, de forma alguna, un modelo de predicción para el próximo terremoto, sino más bien una visualización de los daños posibles y de las consecuencias de la ocurrencia de un evento de este tipo”. Agrega que no se evaluaron estructuras específicas, “sino que emplea el análisis estadístico para evaluar la vulnerabilidad de una región. El resultado no debe ser utilizado para el diseño sísmico de estructuras, ni tampoco para usos de aseguradoras”.

Allí se plantea, para calcular las eventuales víctimas, que el número de personas por casa en el área de estudio es de 4,5. Se estudió la capacidad sísmica de las edificaciones existentes construidas entre 1968 y 1982, que presentaban “de baja a moderada capacidad sísmica, principalmente falta de resistencia contra un terremoto como el de 1812”. En cuanto a las edificaciones existentes construidas entre 1983 y 2001, se apunta en el informe que tenían “capacidad sísmica moderada contra un terremoto como el de 1812”.

En cuanto a la capacidad sísmica de las edificaciones construidas después de 2002, estas tenían capacidad sísmica alta contra un terremoto como el de 1812. Sin embargo, explicaba el informe, existían muy pocas edificaciones —menos del 0,1%— en el área de estudio con estas características.

No señala expresamente que fuese a haber determinada cantidad de muertes, pero el estudio sí transmite la alta vulnerabilidad de la zona frente a un eventual episodio sísmico, impresión que quedó a la vista luego de los recientes sismos. Para mitigar el impacto, el equipo proponía llevar adelante un Plan Maestro con veinte medidas concretas, entre ellas, el reforzamiento sísmico de edificios y puentes existentes; la construcción de estructuras para controlar flujos de escombros; la reubicación de familias asentadas en zonas de alto riesgo; la implementación de sistemas de alerta temprana y evacuación; la creación de un centro de comando de emergencias, y el fortalecimiento de la organización comunitaria para la prevención.
Ahora bien, ¿el hecho de que exista este informe, con sus sugerencias, es suficiente para afirmar que las consecuencias, al menos las fatales, pudieron haberse evitado? Difícilmente.

Nosotros, desde acá, desde Uruguay, no podemos asegurarlo. Tampoco tenemos las credenciales para reprochar nada. Basta reconocer las dificultades que la geóloga Leda Sánchez tiene para recorrer, a lo largo y ancho del país, el equipamiento que ha colocado, gestiona y mantiene, y que le permite —nos permite— disponer de información sobre los riesgos de un eventual episodio sísmico. En todos estos años, Sánchez no ha logrado que se le aseguren las partidas necesarias para montar un sistema de alerta temprana. Incluso hay quienes se burlan cuando la experta plantea que el país está expuesto a la ocurrencia de un terremoto, del que, además, hemos tenido avisos.
Ojalá se equivoque y nunca ocurra. Y, en caso de que ocurra, tal vez en realidad no estemos tan expuestos, por las características de nuestra densidad poblacional y, posiblemente, por una mejor calidad de las edificaciones. En todo caso, no lo sabemos.