Opinión

Hubo un tiempo, al inicio del segundo mandato del presidente Trump, que amanecía con una sorpresa. Anuncios inéditos que asombraban a propios y ajenos, que poco a poco y más bien, rápidamente, fueron generando un ambiente inestable, inconsistente para la gestión gubernamental.
En repetidas ocasiones y a pesar del escaso tiempo transcurrido de su segundo mandato, Trump ha alegado ignorancia o desconocimiento sobre eventos y procesos importantes. Ante la evidencia de sus errores y al mismo tiempo de intentar evitar asumir sus responsabilidades, comenzó con una estrategia que no cambió, obviamente, nada de la porfiada realidad. Terminó admitiendo que no estaba informado del asunto, ni al tanto de las decisiones importantes. Los círculos de poder de Washington empezaron a confirmar un rumor cada vez más fuerte: el presidente gobernaba en “modo avión”, sin involucrarse ni tampoco informarse de una mínima agenda diaria de seguimiento de los asuntos principales. Ello, asumen preocupados analistas y ejecutivos claves, ha ido instalando dudas e incertidumbre en cuanto a las consistencias de las políticas y acciones principales, y a la sensación de estar frente a un nivel de compartimentación de información y decisión, más cercano a la improvisación y al desconcierto. Ello explica las marchas y contramarchas en las decisiones, las contradicciones, así como algunas ideas disparatadas.

Los ataques a Biden

Sus ataques a la figura del candidato reeleccionista en particular y a los demócratas en general, durante la campaña preelectoral le dio unos resultados electorales muy positivos. Sin embargo, posteriormente, como en una nueva ola de ataques personalizados, hacía afirmaciones del tipo de que Biden “no tiene idea de lo que está pasando”. Lo comentó en el 2022 y lo reiteró en más de una ocasión, casi textual: Biden “no tiene ni idea de lo que está haciendo, ni idea de dónde está. Aparte de eso, está haciendo un trabajo fantástico”.
Un ejemplo de ello se conoció en los últimos días cuando este jueves Trump asumió que poco o nada había aportado en la selección del nuevo candidato a cirujano general, Casey Means. “No lo conozco; escuché la recomendación de Bobby”, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.
Lo mismo sucedió con el candidato para ser fiscal federal de D.C., Ed Martin. “No sabía eso” cuando se le preguntó acerca de un senador republicano clave que se pronunció en contra de su controvertido candidato para ser fiscal federal de D.C., Ed Martin. Los comentarios del senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, se habían producido el día anterior y fueron pronunciadas para producir un efecto político definitivo: frustrar el proceso de confirmación de Martin. Fue una seguidilla de decisiones desacertadas: fue Trump quien directamente había asumido promover la candidatura de Martin. Varios medios confirmaron que con tal propósito había realizado varias llamadas a senadores claves. Después volvió a comunicarse para brevemente anunciarles que había cambiado de opinión, pero no dio ninguna explicación.
En el mismo sentido, fue el desacierto acerca de casi una decena de despidos anunciados de un programa que brinda atención médica a los socorristas y sobrevivientes del 11 de setiembre. “No estoy al tanto de nada que se haya mencionado recientemente”, admitió Trump. Pero dos días después, Fox News anunciaba que fuentes de la Casa Blanca confirmaban extraoficialmente que ese personal ya había sido reincorporado.

Cuestiones claves

En esta misma línea, sumando “distracciones” difíciles de comprender, es el caso más que llamativo de los cuatro soldados que perdieron la vida durante ejercicios de entrenamiento que tuvieron lugar en Lituania. Muy brevemente, la historia es que estos soldados desaparecieron el 25 de marzo, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, informaba a primera hora de la tarde del 26 de marzo que, tristemente, habían sido asesinados. Ese mismo día, pero en horas de la noche, Trump casi doce horas después informaba acerca de “los soldados en Lituania” después de explicar que no había sido informado sobre la situación. El intento, ya transformado en infeliz escapismo, volvió a dejar en falso a Trump.
Otro paso desacertado involucra al secretario de Defensa, Pete Hegseth, cuando ordenó hacia finales del pasado mes de enero detener los envíos de ayuda militar a Ucrania, a pesar de que Trump no habría emitido tal orden ni tampoco estaba al tanto de lo que su funcionario de mayor confianza estaba planificando y ejecutando.
Otros hechos similares es claro que responden a una práctica del presidente de no involucrarse en la gestión salvo en ciertos hechos que, en lo previo, es claro que tendrán repercusión mediática, y no requiere más que una mínima preparación para luego dedicarse a la labor.
Sólo ello explica el hecho de que Trump se ha distanciado una y otra vez de todas aquellas acciones significativas de deportación, constituyendo una modalidad bastante sorprendente.
En los casos de deportaciones, Trump debió asumir que las acciones de deportaciones las había delegado en el secretario de estado Marco Rubio.

Modo Avión

Lo que ayer empezó como asunto para chismes de peluquerías, hoy se comenta con el ceño fruncido. Hay una duda que se ha incorporado en forma de pregunta: cuánto Trump está realmente fuera del circuito y cuánto simplemente está diciendo eso. En busca de una respuesta, el Washington Post advierte “acerca del historial de deshonestidad de Trump (que) es casi incomparable. Cuando se trata de algunos de los temas más sensibles, podría beneficiarse de la distancia de estas decisiones. Pero este enfoque aparentemente de no intervención también asomó la cabeza en su primer mandato, especialmente en lo que respecta a la respuesta de la administración al COVID-19. El New York Times publicó un artículo al principio de la pandemia titulado “El presidente como espectador”.
Para algunos, la cuestión de Trump “modo avión” es una reedición del “presidente como espectador” o sencillamente la misma cosa, un presidente prescindente. → Leer más

La batalla del Puente Milvio, acaecida en las afueras de Roma en el año 312 d.C., tuvo una relevancia que supera ampliamente los aspectos militares de la misma. En ese enfrentamiento Constantino derrotó a su rival, su cuñado Majencio y obtuvo el manto de emperador romano de Occidente. A pesar de tal victoria, lo más importante fue la revelación que experimentó antes de la batalla. Según Eusebio (biógrafo de Constantino) Constantino y sus fuerzas vieron una cruz de luz en el cielo, junto con unas palabras griegas que rezaban En Hoc Signo Vinces [“Con en este signo vencerás”]. Esa noche, Constantino tuvo un sueño en el que Cristo reforzaba el mensaje. El emperador marcó el símbolo cristiano de la cruz en los escudos de sus soldados. Constantino atribuyó la victoria al dios de los cristianos. Al año siguiente, en el 313 d.C. Constantino se reunió con Licinio, el emperador romano de Oriente, y juntos promulgaron el Edicto de Milán. La idea principal de este documento fue establecer la libertad religiosa universal, permitiendo que cada persona practique la religión que considere más adecuada, y específicamente restituir los derechos civiles y patrimoniales a los cristianos. Años más tarde, en el año 380 d.C., el emperador Teodosio I firmó el Edicto de Tesalónica que transformó en oficial esa religión. Como ha señalado National Geographic, “la ruptura definitiva de la unidad del Imperio tras la muerte de Teodosio, fue una de las puertas por las que se inició la primera gran división del culto cristiano; que tras la caída definitiva de Roma se consolidó, a grandes rasgos, con el catolicismo, con base en Roma, en Occidente y la Iglesia Ortodoxa, con base en Constantinopla (ahora Estambul, Turquía), en Oriente”.

Casi 2000 años más tarde, la Iglesia Católica Apostólica Romana y su principal figura, el Papa, tienen un lugar de importancia global que trasciende el número de seguidores de esta religión (una de las tantas que existen en el mundo) y de cuyas opiniones, gestos y mensajes están pendientes no sólo las demás religiones sino también los líderes políticos de todos los países, sin importar el régimen político por el cual se gobiernen o la ideología que practiquen. Si bien la influencia política del Papado se ha visto disminuida con el paso de los siglos, los medios de comunicación han transformado su opinión en un insumo para la toma de decisiones en diversas regiones del mundo. A modo de ejemplo, entre algunas de las razones de esa disminución del poder papal puede mencionarse el avance de las ideas del Iluminismo que marcaron el mapa ideológico europeo en el siglo XIII así como los incipientes movimientos independentistas en las excolonias británicas en 1776 (hoy Estados Unidos) y en varias regiones de América del Sur de la mano de líderes como José Artigas, Simón Bolívar, Bernardo O’Higgins, Antonio José de Sucre, José de San Martín, y Francisco de Miranda, entre otros.
Desconocer la importancia que en el plano político tienen las posiciones asumidas por el Papa es dejarse llevar por una ceguera religiosa que poco beneficia a quien opta por tomar un camino que trata de tapar el sol con un dedo. Nadie pretende que quienes no sean católicos apostólicos romanos compartan o se sientan obligados por las opiniones, pero negar que las mismas tienen gravitación sobre muchos gobiernos, gobernantes y personas (incluso desde el punto de vista político) empobrece el análisis que pueda hacerse de la realidad política global. Un ejemplo de ello es la caída del régimen comunista de la Unión Soviética, precedido por la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. En esa época confluyeron cuatro protagonistas de primera línea cuyas acciones firmaron la partida de defunción de un régimen que asesinó a millones de personas y violó los derechos humanos de otros tantos: el presidente de Estados Unidos (Ronald Reagan) la primer ministro del Reino Unido (Margaret Tatcher), el presidente del sindicato polaco Solidaridad (Lech Walesa) y el Papa Juan Pablo II. En sus múltiples viajes (que le valieron el calificativo de “El Papa viajero”), Karol Wojtyła enfrentó diversas situaciones en las cuales adoptó posturas políticas que nadie puede desconocer, ya sea que se trata de su exitosa mediación entre Argentina y Chile en la disputa por el Canal de Beagle evitando una guerra que parecía inevitable.

Las tensiones entre el poder político y la figura del Papa siempre han existido y seguirán existiendo. Tal vez el ejemplo más evidente de ello tuvo lugar durante la coronación del entonces primer cónsul Napoléon Bonaparte como emperador, evento que se desarrolló el 2 de diciembre de 1804 en la Catedral de Notre Dame, en París. Tal como lo ha relatado el periodista Max Fischer del diario The New York Times, para la coronación como emperador, “debía procederse a la manera de todos los monarcas católicos, que todavía gobernaban la mayor parte de Europa: se arrodillaría ante el papa, por entonces Pío VII, para recibir la corona y una bendición. (…) El simbolismo de la coronación reflejaba siglos de tradición política europea, según la cual la Iglesia Católica le otorgaba formalmente a la realeza la bendición divina que se consideraba indispensable para gobernar. La Iglesia, en su poder, a veces había competido abiertamente con esos mismos monarcas. Pero cuando Napoleón marchó rumbo al altar de la catedral de Notre Dame de París, no se arrodilló frente a Pío VII como lo habían hecho los monarcas franceses hasta entonces. Cuando Pío VII alzó la corona, Napoleón se dio vuelta para mirar a los asistentes sentados en los bancos, tomó la corona de las manos del papa y se la colocó él mismo en la cabeza. En la célebre pintura de Jacques-Louis David que registra ese momento, Pío VII parece retroceder ofuscado, mientras observa cómo Napoleón corona reina a su esposa”.

Si bien existen religiones que podrían llegar a tener más seguidores a nivel mundial, la Iglesia Católica Apostólica Romana posee una gran capacidad de generar hechos públicos que son difundidos globalmente a través de los medios y son recibidos (en el acuerdo o el disenso) por muchas personas, no sólo por los seguidores de esa religión. A esto debe sumarse que a diferencia de lo que sucede con otras religiones, en las cuales no existe una autoridad central o única, la figura del Papa se encuentra en el vértice de una estructura jerarquizada y sus opiniones tienen alcance mundial para su iglesia. Adicionalmente, el Papa es la máxima autoridad del Estado de la ciudad del Vaticano (nombre oficial del Vaticano) el cual es un Estado independiente reconocido por varios países y que forma parte de organismos internacionales tales como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Unesco, la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Así las cosas, las opiniones del Papa serán religiosas en tanto representa la máxima autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero también serán políticas ya sea por la naturaleza de los temas tratados o por el hecho de ser el Jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano. → Leer más

Hace pocas horas, Paysandú fue escenario del denominado lanzamiento de papel y comienzo de recolección de firmas contra proyectos de emprendimientos relacionados con el hidrógeno verde, en nuestro departamento, con participación de organizaciones ambientalistas, así como organizaciones sociales vinculadas a la izquierda.

Mediante esta campaña, los grupos procuran frenar la instalación de las denominadas plantas de hidrógeno verde en la región de Paysandú, y según los organizadores estas plantas, promovidas como una solución sostenible, podrían traer consigo más perjuicios que beneficios para la región, incluyendo la posible contaminación de recursos naturales y el impacto negativo en las comunidades locales.
El nucleamiento indica que la causa que los aglutina es la defensa del territorio, la lucha contra la contaminación y el rechazo al saqueo de los recursos naturales. La consigna final del volante, “¡En defensa de nuestro territorio, contra la contaminación y el saqueo!”, busca ser un llamado urgente a la acción por parte de los patrocinadores.

El objetivo central es el cuestionamiento a la futura instalación de una planta de hidrógeno verde en la zona de Constancia, y de esta forma procuran instalar en la sociedad un debate que por su lado pone énfasis en que se está ante un saqueo de los recursos naturales, mientras que los promotores de la iniciativa sostienen que se trata de proyectos que tienen en cuenta exigentes medidas de prevención para no afectar el ecosistema, y que a la vez significan una necesaria inversión para aprovechar en forma inocua los recursos naturales y generar fuentes de empleo.
Es una dicotomía que desde hace mucho tiempo se ha instalado en el país, ante diferentes iniciativas, y que hasta ahora, con gobiernos de todos los partidos, no ha sido obstáculo para que igualmente se instalaran emprendimientos que como el caso paradigmático de la madera, implica un antes y un después para el país, y sobre todo para zonas del interior profundo, sin que a la vez se cumplieran los malos augurios de contaminación y saqueo a los que han apelado los grupos opositores.

Era previsible que grupos ambientalistas se dediquen, por la esencia de su creación, a procurar información y en base a ésta, cuestionar, si corresponde, determinados emprendimientos que a juicio de estos colectivos impliquen riesgo para la sustentabilidad del medio ambiente.
Entre otras iniciativas, se cuestionó con acritud por estas organizaciones la aprobación en la década de 1980 de la Ley de Desarrollo Forestal y de los consecuentes emprendimientos como implantación de bosques con destino a su industrialización, pero sobre todo la instalación de las plantas de celulosa que se encuentran hoy en funcionamiento en nuestro país, lo que a su vez fue acompañado y potenciado por colectivos ambientalistas entrerrianos, que llevaron la “lucha” medioambiental al extremo de cortar puentes internacionales sobre el río Uruguay –con el apoyo del gobierno kirchnerista– y llevar el cuestionamiento hasta el Tribunal Internacional de La Haya, al que por supuesto desconocieron cuando el fallo no fue de su agrado. Por lo demás el tiempo ha demostrado, por lo menos hasta ahora, que no se han dado casos de peces con dos cabezas o un solo ojo, ni niños con deformidades o un incremento exponencial en los casos de cáncer producto de la contaminación del río, extremos estos que habían sido mencionados casi como una certeza por los ambientalistas ante la instalación de las plantas.
Ahora los cuestionamientos de estos grupos se dirigen a los proyectos de instalación de plantas de hidrógeno verde en Paysandú y en Tambores, a efectos de la exportación de este energético renovable a los mercados demandantes. Las críticas tienen que ver sobre todo con el uso de grandes volúmenes de agua para obtener el producto, que en el caso del emprendimiento de Tambores refiere a la extracción del recurso subterráneo del acuífero Guaraní que pasa por la zona, entre otros aspectos.

A esta inquietud se han sumado grupos de empresarios hoteleros y vinculados al turismo de localidades de la zona de Colón, Entre Ríos, quienes presentaron al intendente colonense José Luis Walser una carta en la que plantean sus inquietudes en torno al proyecto de instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú.
Entre otras instancias vinculadas a la iniciativa, tuvo lugar, en el marco de la normativa vigente, en el Espacio Cultural Gobbi una audiencia pública relacionada con el proceso de recategorización de los suelos en que se proyecta la implantación del emprendimiento de la empresa HIF Global para la obtención de hidrógeno y combustible sintéticos, convocatoria formulada por la Intendencia Departamental en el marco del Plan de Actuación Integrada Complementario, referido a esta recategorización, a la vez que se contó con la aprobación de la Junta Departamental sanducera.
Debe tenerse presente que el proyecto HIF Global contempla una inversión global del orden de los cuatro mil millones de dólares, correspondientes a 1985 millones para la producción de la planta propiamente dicha, con vista a la captura de CO2, la producción de metanol y la terminación del combustible sintético. HIF espera producir 500.000 toneladas por año de e-metanol para luego convertirlo a e-gasolina, para alcanzar una producción de 210.000 toneladas al año, y como subproductos gas licuado y aceite pesado. A esta inversión hay que agregarle el adicional de 2.000 millones de dólares para la instalación de parques eólicos, granjas voltaicas y líneas de transmisión eléctricas en un radio de hasta 180 kilómetros de la ciudad de Paysandú.

Se trata de una enorme inversión, entonces, la más grande que se ha volcado al país, y ello apareja perspectivas de fuentes de trabajo durante y después de la construcción de la planta, así como el reciclaje de recursos naturales y generación de energía categorizadas como ecológicas en el ámbito internacional, en todos los casos con cadena de apoyos en infraestructura que también implica recursos y plazas de trabajo.
Y como en todos los casos, más allá de lo que los grupos ambientalistas y seudoambientalistas dicen lo que creen que “tiene” que suceder si se instala la planta, la realidad y el sentido común indican que en todo emprendimiento de estas características, se está ante la necesidad de conciliación de intereses y el desafío, como en tantos órdenes de la vida, de discernir entre planteos bien fundados y atendibles y extremismos al grado de pretender que siempre se deje todo como está, que por las dudas no se debe tocar ni una piedra.

De haberse seguido este criterio a rajatabla, hoy estaríamos todavía en la edad de piedra, por lo que lo que corresponde en todos los casos es que se consideren exhaustivamente los proyectos desde todos los ángulos, en base a las normativas y ordenamiento legal vigente, con los consecuentes estudios y controles medioambientales por los organismos correspondientes, en una clara estimación de costo- beneficio de la inversión para el país y para el interés general, lejos de los extremismos que solo ven el mundo desde su “verdad” indiscutible. → Leer más

A principios de abril, las nuevas autoridades de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) presentaron las cifras de siniestralidad del año pasado, las cuales evidencian que los accidentes de tránsito siguen siendo un problema no resuelto. Lejos de reducirse, la siniestralidad vial aumentó casi un 5%.
Por otra parte, como es tradicional desde hace varios años, el mes de mayo ha sido elegido para una campaña de concientización de alcance internacional conocida como “Mayo Amarillo”, que busca dar visibilidad a un asunto tan urgente como difícil de concretar: reducir los siniestros, la cantidad de personas lesionadas y, especialmente, las muertes evitables en el tránsito.
El Movimiento Mayo Amarillo nació en Brasil en 2014, en el marco de la Década de Acción para la Seguridad Vial promovida por la Organización de las Naciones Unidas, y ha ganado notoriedad internacional a partir del compromiso de organismos públicos, empresas, organizaciones sociales y la ciudadanía. En Uruguay, cada año la iniciativa es liderada por la Unasev, que promueve la participación de diversos actores estatales, a los que también se suman instituciones del sector privado en diferentes puntos del país.
Trabajar por una movilidad segura es una tarea de todos los días del año, pero siempre es bienvenido este esfuerzo nacional e internacional para que el tema esté presente en la agenda de los medios de comunicación y en las acciones que diversas entidades realizan en el territorio, especialmente en escuelas, barrios y organizaciones sociales.
Bajo el lema “Movilidad Humana, Responsabilidad Humana”, el Movimiento Mayo Amarillo invita este año a reflexionar sobre el compromiso que implica desplazarnos con respeto y conciencia. La idea central es que, diariamente, cada una de nuestras acciones en los trayectos que recorremos como parte del tránsito refleja valores fundamentales que contribuyen a una convivencia armónica y solidaria entre todas las personas que comparten el espacio público.

Esos valores y acciones son cada vez más necesarios en un mundo donde los conflictos y la aceleración aumentan, y en el que el “virus del asfalto” sigue siendo mortal, llevándose vidas de personas de todas las edades; aunque, en Uruguay, afecta principalmente a los jóvenes. Y eso no debería ser así en un país de apenas algo más de 3 millones de habitantes.
Según el informe elaborado por el Sistema de Información Nacional de Tránsito (SiNaTrán), como consecuencia de los 21.597 siniestros registrados durante el año 2024, un total de 27.300 personas resultaron lesionadas. Esto implica un promedio de 75 personas lesionadas por día, incluyendo heridos de cualquier entidad y fallecidos. La estadística indica que 434 personas fallecieron como consecuencia de siniestros de tránsito, lo que representa un aumento del 2,8% (12 personas más) respecto a 2023 (422 fallecidos).
En Uruguay, muere en promedio más de una persona por día por esta causa y, lamentablemente, esta situación continúa perpetuándose. En este sentido, vale la pena preguntarse: ¿qué haríamos si recibiéramos la noticia de que una persona muere por día durante todo el año a causa de un virus o enfermedad que no se puede prevenir con alguna vacuna? Años atrás, cuando se registraron los primeros casos de dengue autóctono en nuestro país, después de décadas sin esa enfermedad, se produjo un rápido desabastecimiento de repelentes, tejidos mosquiteros y espirales, como clara señal de la preocupación de la población. Algo similar ocurrió al inicio de la pandemia de COVID-19 con los tapabocas, máscaras y alcohol en gel. Sin embargo, no hemos asistido a ninguna medida preventiva que movilice de manera similar a la población ante el grave problema de los lesionados y fallecidos en el tránsito.

Al presentar el Plan Nacional de Seguridad Vial para el período 2025-2030, las nuevas autoridades de la Unasev reafirmaron su interés en posicionar el tema dentro de las políticas sanitarias y de inclusión social, así como entre las políticas públicas de educación y equidad. En recientes actividades públicas y ante los medios de comunicación, han manifestado también que son conscientes de la necesidad de una respuesta estructural a nivel nacional, sostenida en el tiempo y coordinada entre las diferentes instituciones responsables de atender diversas situaciones vinculadas al tránsito, tanto desde la perspectiva de la prevención como del control, en los ámbitos departamental y nacional.
Indudablemente, hay una importante tarea por delante para las intendencias, especialmente si se considera la alta participación de motociclistas en los accidentes de tránsito, y el hecho de que los siniestros fatales entre motociclistas aumentaron casi un 8% en 2024. Si bien el 80% de los motociclistas involucrados en accidentes llevaba casco, un 20% no contaba con este implemento de seguridad obligatorio. Se trata de un dato relevante, ya que la estadística muestra que quienes no usan casco fallecen el doble que quienes lo utilizan.
Los nuevos escenarios que plantea la reactivación del ferrocarril o los problemas históricos, como los caballos sueltos que continúan provocando accidentes fatales y lesiones graves, deberían poder gestionarse mediante acuerdos institucionales e instrumentos normativos, fiscales y legales adecuados.

En el mejor de los mundos posibles, las leyes deberían poder aplicarse, pero en materia de tránsito en Uruguay no siempre sucede así. Por ejemplo, la complejidad que supone la aplicación de la Ley de Faltas —donde los juzgados se encuentran saturados por la demanda— constituye un nuevo problema a resolver. En este sentido, el director de la Unasev, Marcelo Metediera, solicitó a los directores de tránsito de las intendencias que aporten información sobre cuántos oficios relativos a la Ley de Faltas se remiten a los juzgados y cuántos son efectivamente procesados. “Porque, por un lado, vamos a trabajar en esa información y, por otro, vamos a analizar la capacidad real de los juzgados para ver si podemos utilizar la infraestructura existente o si es necesario contar con nueva infraestructura”, sostuvo.
Si queremos mejorar la calidad de vida de las personas, propiciar el bienestar y la seguridad en el espacio común de circulación —calles y rutas que todos utilizamos a diario—, es necesario abordar con seriedad el problema del tránsito. El inicio de una nueva administración de gobierno nacional y, próximamente, de nuevas gestiones departamentales y municipales, constituye una renovada oportunidad para que quienes son elegidos para gobernar desplieguen la creatividad y los recursos necesarios para abatir tan nefastas estadísticas vinculadas al tránsito.
Claro está, peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de todo tipo de vehículos también debemos hacer nuestra parte. → Leer más

En las últimas semanas de campaña electoral departamental, una nueva propuesta ha sido integrada el debate público: en la Junta Departamental “el edil nacionalista Dr. Marcelo Tortorella presentó su proyecto Aceitera Indhar, que apunta a destinar este lugar de la ciudad a erigir un complejo habitacional de edificios públicos y privados, además de viviendas en modo cooperativo y privado”. En esa ocasión, Tortorella expresó que “El planteo, entre otros aspectos, incluye la ‘recalificación y resignificación de un espacio urbano previamente utilizado como una planta aceitera para transformarlo en un espacio que generará empleo en la construcción (100 personas en promedio durante 5 años) y ofrecer soluciones habitacionales para 3.000 personas, distribuidas a vía de ejemplo en cooperativas y programas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), procurando resultados económicos positivos para la Intendencia de Paysandú con la integración del área urbana en un desarrollo inmobiliario sostenible sin necesidad de inversión adicional en infraestructura y servicios’. ‘Proponemos en este sentido declarar al Proyecto Aceitera Indhar de interés departamental, para permitir tanto al actual intendente como a quien sea electo por la ciudadanía para hacerse cargo de esa responsabilidad a partir del 11 de mayo y llevarlo adelante, pues esta es una herramienta de desarrollo urbano que mucho bien le hará a los sanduceros’, puntualizó el edil”.
Finalmente, la Junta aprobó, por 23 votos en 26 y con el apoyo de ediles de todos los partidos, la declaración de interés departamental de este proyecto.
Hasta aquí todo bien. Palabras más, palabras menos, se trata de un ejemplo de planes de largo plazo, con un antecedente como el de Paylana que ha demostrado haber sido una buena decisión que en principio merece el mayor de los apoyos. Si a eso se suma la votación mayoritaria en la Junta Departamental (una forma de proceder por encima de banderías políticas que tantas veces hemos reclamado desde esta página editorial), el resultado parecería ser casi óptimo.
Sin embargo, a la fiesta de una propuesta tan necesaria faltó un invitado necesario: el estacionamiento para los autos de las personas que vivirán y trabajarán, según el caso, en los edificios proyectados.

Todo ello debido a que el estacionamiento se ha transformado en un tema de gran importancia para el tránsito sanducero. El pasado 9 de febrero el editorial de nuestro diario, bajo el título “La falta de estacionamiento en Paysandú” expresaba lo siguiente: “La pregunta parece simple, pero encierra un desafío que se renueva cada vez que los automovilistas se suben a sus coches: ¿en dónde encontraré lugar para estacionar? Se trata de una incertidumbre que crece día a día y que en ciertos lugares u horarios se vuelve francamente crítica.
Pensemos, por ejemplo, no sólo en la denominada ‘zona azul’ sino también en los alrededores de la Corporación Médica de Paysandú (Comepa) o del Hospital Escuela del Litoral (HEL), e incluso arterias que antes ofrecían estacionamiento sin mayores inconvenientes pero que hoy se ven congestionadas con automotores (avenida España, Bulevar Artigas, República Argentina, Leandro Gómez, entre otras). El problema de conseguir estacionamiento no se trata únicamente de las demoras o molestias que le pueden causar a los automovilistas, sino que suponen un aumento de posibilidades de que se produzcan accidentes de tránsito con otros coches, con peatones, motociclistas o quienes utilizan su bicicleta para desplazarse”.
Con legítima preocupación hacíamos notar que se había anunciado la construcción de una gran superficie comercial en la zona de Plaza Varela y la ampliación de la terminal de ómnibus y el respectivo centro comercial, sin perjuicio de los diversos edificios que se construyen en distintos lugares. (…) “Como si fuera poco, varias automotoras ocupan amplios espacios de las calles estacionando los autos en venta, los que permanecen en esos lugares donde todo el día, imposibilitando el recambio de coches y con ello un tránsito más fluido y seguro. En el caso de actividades deportivas en el estadio cerrado “8 de Junio” o en el Estadio Artigas, el déficit de estacionamiento en la zona atenta directamente contra la concurrencia a espectáculos deportivos en ambas instalaciones”.

Si estamos hablando de que en la antigua aceitera Indhar vivirán 3.000 personas y asumimos que un quinto de las mismas (600) podrían poseer un auto, estamos refiriéndonos a una cantidad de vehículos que transformará totalmente la dinámica de la zona, máxime teniendo en cuenta que frente a dicho predio se encuentran ubicados un centro educativo, una distribuidora, un comercio de construcción e instalaciones de la empresa estatal UTE. Ante esta situación las autoridades siguen sin “hincarle el diente” a un tema de vital importancia para la movilidad y el desarrollo urbano: el estacionamiento para los vehículos que van a transitar en una zona que incrementará dramáticamente su población.
El problema ya está instalado en Paysandú a falta de una reglamentación acorde a los tiempos actuales, y se aprecian puntos céntricos donde se construyeron torres que no cuentan con suficientes estacionamientos. Quizás el caso más notorio sea el de Baltasar Brum y Sarandí, donde hay tres edificios que en algunos casos son para beneficiarios del BPS, y que por eso se presume que éstos no tienen vehículos; pero la realidad es que incluso en estos casos sí tienen y los estacionan hasta en las ochavas de las esquinas, generando una situación de riesgo para el tránsito en esas arterias. Sin ir más lejos, se ven autos estacionados frente a las viviendas de los realojos de barrio El Espinillo o Antena 35, por lo que jamás debe presumirse que por la edad o condición económica de los ocupantes de las viviendas no será necesario contar con espacios para automóviles.

El problema que se puede generar por este motivo es un nodo de 3.000 viviendas en una manzana céntrica, como lo es el predio de Indhar, sin dudas es de tener en cuenta, en especial porque sabido es que la actual administración municipal –que según dictan las encuestas, tiene importantes chances de continuar—se ha mantenido ausente en lo que respecta al control del Tránsito, cuya Dirección se ha visto reducida a una oficina recaudadora a través de la multa fácil y del millonario aporte de los radares cazabobos. Ciertamente no está para evitar las situaciones de riesgo, ni ordenar nada, así que lo que no se haga por la vía de la creación de infraestructuras, no se resolverá por ordenamiento.
Todavía estamos a tiempo de que el proyecto de la antigua aceitera Indhar sea un proyecto con todas las de la ley, que incluya lugares de estacionamiento en su área y que no “barra debajo de la alfombra” el problema del tránsito vehicular esperando que se haga cargo el gobierno que sea electo el próximo domingo 11 de mayo. Si no lo hacemos, estaremos creando un problema donde no existía y seguramente tendremos que dedicar tiempo y recursos a solucionar una situación que se podría haber evitado con un poco de cabeza, sentido común, responsabilidad política y previsión. → Leer más

Recientemente dábamos cuenta a través de un artículo de EL TELEGRAFO que de acuerdo con el Monitor Educativo presentado por la División de Investigación, Evaluación y Estadística (DIEE), junto a la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), durante 2024 Primaria atendió a 26.032 estudiantes menos que en 2020, lo que equivale a un descenso de 7,6% de la matrícula.
La causa principal que se menciona es que la disminución no responde a un menor nivel de la cobertura ni a un traspaso al sector privado, sino que resulta del impacto de la gran caída de los nacimientos en el país registrada desde 2016.
Según Monitor Educativo, que facilita el acceso a la información sistematizada acerca de la Educación Inicial y Primaria, en el período 2002-2024 a nivel nacional y departamental, la repetición global en educación común (de 1º a 6º) se ubicó en 2%, un punto porcentual por encima de 2023 y 0,8 puntos por debajo de 2022. En cuanto a la asistencia, fue de 84,4%, valor similar a la de 2023, por debajo de los registros previos a la pandemia (86,2% en 2019).

A su vez en inicial, la tasa de asistencia fue de 76%, valor muy cercano al de 2023 y 8,4 puntos porcentuales menor al de Primaria. La tasa de asistencia fue mayor en el Interior que en Montevideo, en los grados más altos respecto a los más bajos y en los quintiles menos vulnerables.
Este descenso en la matrícula evidentemente tiene relación directa con el hecho de que la pirámide demográfica en el Uruguay ha agudizado la tendencia de los últimos años, que es de carácter global, pero que es más que nada un sello de los países desarrollados –no es nuestro caso, precisamente–, donde hay un mayor envejecimiento de la población y retroceso en los nacimientos, con familias que tienen cada vez menos integrantes.
Remitiéndonos a la realidad de la región, informes periodísticos indican que por ejemplo la caída en la cantidad de nacimientos por año en la Ciudad de Buenos Aires es preocupante y sus efectos son visibles. Los datos proyectados dicen que para el año 2028 la inscripción en primer grado tendrá un 33% menos de niños. De mantenerse esta tendencia, se llegará a ver que más de la mitad de los bancos de las escuelas permanecerán vacíos.

Desde 2019, en la ciudad mueren por año más personas que las que nacen, y solo por mencionar algunos ejemplos, lo mismo ocurre en ciudades tan distantes y disímiles como Bogotá, Madrid, Seúl, Tokio, Oslo, Múnich, Estocolmo, entre otras.
Y el origen radica en que las personas en condiciones de tener hijos hacer valer sus decisiones de no tener hijos o postergar los nacimientos, en base a argumentos razonables de acuerdo a sus prioridades o forma de pensar y ver la vida.
Sobre todo en países de la región, pero extrapolable también a una visión global, se menciona el factor económico, las consecuentes mayor cantidad de horas de trabajo por los componentes de la pareja, espacio reducido, necesidad de ayuda de fuera de la familia, etcétera. Pero muchas de las parejas que no tienen dificultades económicas, incluso aquellas cuyos sueldos combinados son holgados, tampoco tienen hijos, y por ende los argumentos tienden a centrarse en la competitividad de sus carreras, el aprovechamiento de la vida en sí, y en razones más abstractas, como dudas existenciales de la pareja o personal.

En reportaje del semanario La Mañana, el asesor en instituciones educativas Aníbal González Izaguirre, da cuenta sobre este tema, que en un informe de ANEP del año 2022, se establece que la población en edad escolar (de 0 a 17 años) disminuirá un 25% hacia el año 2030. Los nacimientos ocurridos después de este informe fueron menores a los proyectados, por lo que la caída será aún más pronunciada de lo previsto. Ante esta tendencia, “prevemos una gran racionalización de la oferta educativa, lo que supondrá los mayores cambios en la educación privada en la historia reciente del país. Estos incluirán cierres de jardines y colegios, fusiones, adquisiciones y posiblemente veamos diferentes innovaciones en las propuestas educativas atendiendo a esta y a otras tendencias sociales de la actualidad. En concreto, en cuanto a la oferta educativa privada, entendemos que, si nada cambia, en los próximos cinco años cerrarán unos 80 centros privados aproximadamente”.
Claro que este escenario no solo determina esta situación en la educación privada, sino que como da cuenta el monitor, la caída se da a nivel de todo el sistema, tanto estatal como privado, porque la caída de la natalidad es la causa principal.
En este contexto, desciende asimismo año a año la población en la matrícula en escuelas rurales. No desciende tanto la cantidad de escuelas porque la decisión de Primaria responde a que las escuelas se van quedando con menos niños pero se van manteniendo abiertas hasta lo más que se pueda, incluso hasta que queda sin niño, que es en el momento que se puede cerrar una escuela. Por lo que, digamos que de las aproximadamente 1.120 escuelas del medio rural, unas 900 son de maestro único, es decir, que tienen una cantidad de niños baja de tal modo que hay un solo docente en la escuela y de esas 900 hay unas 600 que tienen 10 niños o menos y unas 250 tienen cinco niños o menos.

En este caso estamos ante un fenómeno agudizado por la despoblación rural dentro de una tendencia nacional y global. Hay que tener en cuenta que en el último año, por ejemplo, Estados Unidos alcanzó en 2023 la tasa más baja de fertilidad de su historia, con la porción más grande de mujeres entre 25 y 44 años que nunca tuvieron un hijo. Un estudio del Pew Research Center reveló que 57% de los adultos menores de 50 años que indican que es improbable que formen una familia señalan la falta de interés como uno de los factores principales.
Por su parte, Rusia, donde la caída de la fecundidad es muy agudizada, temen que la intervención propagandística de occidente esté desalentando los nacimientos. El Congreso ruso aprobó en una primera lectura el polémico proyecto de ley que penaliza la difusión de propaganda que busque desalentar los nacimientos o promueva las familias sin hijos.
La realidad uruguaya indica que estamos en un país que tiene una de las mayores tasas de alfabetización del mundo y también de escolarización de niños en todos los estamentos de la sociedad, por lo que estamos lejos de otras realidades en las que el problema no es solo de natalidad, sino también de decisiones o posibilidades de que los niños reciban educación desde la más temprana edad.

Ergo, la caída de la matrícula escolar tiene una base fundamentalmente cultural, y por lo tanto sobre este factor debe actuarse en procura de por lo menos reducir esta tendencia que tiene que ver con el propio núcleo de cada familia, con la problemática de metas personales y/o de pareja, prioridades, creencias, escenario socioeconómico, etcétera.
Ello nos la pauta de que estamos ante una realidad de muy difícil reversión por ser multicausal y por lo tanto con respuestas a medida de difícil identificación y mucho más aún, de aplicar con alguna perspectiva de éxito. Y no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, porque conlleva nada menos que cambiarle la cabeza, la forma de pensar y las prioridades a la gente. → Leer más

Al finalizar el evento “Desayunos Útiles” de Somos Uruguay, donde expuso sobre el tema “Uruguay seguro: gestión y planificación”, el ministro del Interior, Carlos Negro, declaró en rueda de prensa que están “muy preocupados por la salud y el estado de la fuerza policial”.
En medio de intensos cruces políticos y renuncias de jerarcas que acaparan los titulares mediáticos, pasó bastante más desapercibida la afirmación del secretario de Estado: “La fuerza policial efectiva en el territorio no sea quizás los 25.000 funcionarios policiales” con los que se cree se cuenta en la actualidad.

Según el ministro, “en lo efectivo, la cantidad de funcionarios policiales que desempeñan tareas operativas no supera los 4.000”, debido a problemáticas vinculadas a la salud mental.

Negro lamentó que esta situación se vea reflejada en el “alto índice de suicidios en la Policía”, que “duplica el índice general de la sociedad”. El jerarca se refería a 4.000 efectivos por turno, aunque a ese total deben sumarse los funcionarios de la Guardia Republicana, Policía Caminera y agentes de drogas. De acuerdo con el ministro, la tenencia de armas incide en la cantidad de suicidios. Y si bien las certificaciones o bajas no se relacionan exclusivamente con la salud mental, esta representa la mayoría de los casos.

En la actualidad, el Ministerio del Interior cuenta con unos 33.000 funcionarios, de los cuales alrededor de 26.000 son efectivos policiales.
Las declaraciones, planteadas de esta manera, resultaron confusas. El escenario presentado por el ministro no fue respaldado con documentación pública ni con estadísticas que eviten lecturas lineales de los números. Porque, al menos hasta el momento, no existe un informe que contemple bajas, licencias prolongadas, tareas administrativas u otras razones médicas. En cualquier caso, se impone una auditoría interna en el ministerio para conocer el estado real de la fuerza y, fundamentalmente, tener claridad sobre las cifras que se presentan a la ciudadanía.

Por lo demás, ya se sabe que la cantidad de suicidios en la fuerza policial prácticamente duplica la tasa de la población general. El informe presentado hace un año señaló 38,2 casos por cada 100.000 personas, cuando en Uruguay –según la clasificación de la Organización Panamericana de la Salud– la tasa general es de 18,8 por cada 100.000 habitantes. En general, la instrumentación de políticas eficientes para la atención de la salud mental a nivel nacional es deficiente. Es un desafío que atraviesa distintas administraciones, independientemente de si existió en su momento un contexto de pandemia global, una crisis económica hace más de veinte años o una problemática extendida de consumo de sustancias. En Uruguay ha sido una debilidad persistente.

Existe legislación y, por ende, profuso debate parlamentario, técnico y político sobre el tema. Pero eso no significa que se haya saldado con soluciones visibles.

A mediados del año pasado, en el marco del Día Nacional para la Prevención del Suicidio, se presentaron cifras por departamento. Lavalleja presentó la tasa más elevada, con 39,5 casos cada 100.000 habitantes; seguido por Rocha, con 37,6, y en tercer lugar, Paysandú, con 37,3 cada 100.000 habitantes.

La instalación de recursos adecuados en los departamentos donde las estadísticas marcan cifras críticas también es un problema. Por ejemplo, los centros de atención para jóvenes de 14 a 29 años, denominados “Ni silencio ni tabú”, pertenecientes al Instituto Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, están presentes en Canelones, Cerro Largo, Florida, Montevideo, Río Negro y Rocha. Es decir, sólo uno de los departamentos con tasas elevadas cuenta con estos talleres específicos.
El financiamiento es necesario para comprometer recursos técnicos y obtener instalaciones adecuadas donde desarrollar programas de prevención. Pero también es imprescindible el apoyo comunitario mediante una fuerte divulgación pública. De lo contrario, la capacidad de atención de los distintos servicios seguirá siendo limitada.

Por lo tanto, no parece tratarse solo de un asunto presupuestal, sino también de gestión. Y de cómo llegar con los mensajes a una población sensible, con altas probabilidades de perpetuar el estigma asociado a las enfermedades mentales.
Desde todo punto de vista, es necesario ser cuidadosos con los anuncios, porque también pueden constituir obstáculos para que las personas busquen ayuda cuando la necesitan. Las estadísticas demuestran la falta de protocolos para atender casos de emergencia, y muchas personas deben esperar o ser hospitalizadas.

En este escenario, se evidencia la desigualdad en la distribución de los servicios sanitarios y en la calidad de la atención, lo que obliga a pacientes de escasos recursos a enfrentar largas esperas. Y en ese “mientras tanto”, pueden sufrir nuevas crisis que, con frecuencia, conducen al uso acelerado de tratamientos farmacológicos, postergando un abordaje más integral que facilite una recuperación efectiva.
Es imprescindible un trabajo coordinado entre las autoridades del gobierno, la sociedad civil y la comunidad. Pero ese esfuerzo conjunto para fortalecer el sistema de atención debe ir acompañado de mensajes claros, que eviten ingresar en un terreno minado por la polémica. Porque se trata de un tema sensible, persistente y que ha atravesado las distintas orientaciones políticas que han gobernado el país.

Al menos hasta ahora, se han establecido enfoques aislados para atender el problema, sin políticas públicas consensuadas. Con declaraciones más o menos altisonantes que describen un panorama ya conocido por todos, pero sin medir las reacciones de una población que, por otro lado, sigue preocupada por la seguridad ciudadana y a la que se le presenta una fuerza policial debilitada.
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Desde hace muchos años se habla de la decadencia de la industria sanducera y del fin de un ciclo que tarda en terminar y para el cual no se ve ninguna alternativa a corto plazo. Aunque pocos lo recuerden, ya en la década de 1960 se hablaba del fracaso del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Al final, cuando ISI fracasó estrepitosamente y el mundo comenzó a derribar sus barreras comerciales, esas empresas se transformaron en recursos dolorosos de un pasado de bonanza que no volverá. Ni siquiera el Frente Amplio, un partido político que impulsa la intervención del Estado en varias áreas de la actividad privada habla de la ISI o reivindica su legado.

Hoy la situación del mundo ha cambiado dramáticamente, al punto que el proteccionismo comercial está en las manos de un país que siempre abogó por la libertad de comercio (Estados Unidos), de la mano de un liberal en lo económico (Donald Trump). La República Popular China, por el contrario, ostenta con orgullo su calidad de defensora de las libertades comerciales, a pesar de que hace más de 75 años está gobernada por un régimen comunista. Un verdadero “mundo del revés” como expresara en sus canciones la gran cantautora argentina María Elena Walsh.

Mientras tanto, nuestro departamento ha visto una lenta pero inexorable caída del liderazgo del sector privado sanducero y también de sus acciones concretas y articuladas con otros actores locales para el desarrollo del departamento y el bien de la comunidad. Es verdad que el panorama no ha sido alentador tras el cierre de empresas como Famosa, Cármica, Paylana, Pili, Ferropay, la reducción de actividades como ha pasado con la antigua Norteña (hoy AmBev), Fricasa o Paycueros. La mayoría de las empresas que aún tienen abiertas sus puertas lo han logrado mediante innovación, para tratar de mantenerse en un mundo cada vez más competitivo que produce cada más más productos a menor precio. A ello se deben las fusiones de empresas en todo el mundo donde “el pez grande se come al chico”. Por más que los sanduceros hagamos como los niños y nos escondamos atrás de la puerta, nos tapemos los oídos y tratemos de no hacer ruido, la realidad nos va a alcanzar tarde o temprano y cuando lo haga será un momento doloroso para los trabajadores, pero también para toda la comunidad.

El sector privado sanducero, que en otro momento supo ser audaz, se fue apagando con los años, mientras sus instituciones gremiales perdían el vigor de antaño y cada empresario trataba de sobrevivir como podía, ocupándose de su actividad diaria. Una reacción lógica en situaciones de crisis, pero carente de mirada de largo plazo y por ende, suicida en el mediano y largo plazo. Si uno se mira los pies cuando va caminando, sin prestar atención al camino por el cual transita, más tarde o más temprano tendrá una caída. Y eso le pasó al sector privado sanducero, con el agravante que aún no se ha vuelto a poner de pie. Varias de las instituciones que supieron nuclear a empresas o comerciantes privados ya no existen o no funcionan de acuerdo con sus propios objetivos. Un caso es el de la Asociación de Exportadores de Paysandú (Asepay), la cual hace años que no funciona y otro el del Centro Comercial e Industrial de Paysandú (CCIP), cuyo Consejo Directivo comunicó a todos sus socios en febrero de 2025 que, “tras un proceso de evaluación y habiéndose cumplido un amplio ciclo de representatividad al frente de dicha institución, han resuelto de manera conjunta, no continuar en sus respectivos cargos promoviendo así la renovación del mismo”. O sea, de las dos instituciones más representativas del sector empresarial en Paysandú, una de ellas no existe más y la otra está acéfala. Todo ello en el medio de una situación muy delicada por el desempleo, el informalismo y la subdeclaración de aportes patronales, todo lo cual coloca a los trabajadores y a los empresarios sanduceros en una posición muy delicada.

Ante este panorama, es necesario que el sector privado se reorganice y realice a la sociedad los aportes necesarios para construir liderazgos claros y estables. Se deben fijar nuevos objetivos, estructura, mecanismos internos e interacción con la sociedad que reflejen el nuevo mundo en el cual nos ha tocado transitar. No se puede esperar que el tipo de cambio con Argentina nos favorezca para vender más, ya que eso equivale a contratar un médico brujo para que haga llover en medio de la sequía. Hay que planificar el futuro e ir hacia él con paso decidido y firme. A pocos kilómetros de Paysandú, el Centro Comercial e Industrial de Salto brinda un ejemplo del cual no debemos tener miedo de tomar los aspectos positivos para adaptarlos a Paysandú. A modo de ejemplo, esa institución organizó la semana pasada una jornada de respuestas de los cinco candidatos a intendente de Salto, Ramón Fonticiella, Carlos Albisu, Álvaro Lima, Gustavo Chiriff y Marcelo Malaquina, con la consigna de un “Salto Posible”, con cuatro temas estratégicos definidos por el CCIS como pilares del desarrollo local: Economía y Finanzas, Infraestructura, Cadena de Valor y Desarrollo Productivo y Orden, Fiscalización y Coordinación Institucional. También en un departamento cercano, organizado por el Centro Comercial e Industrial de Soriano, se reunieron los candidatos a intendente departamental por ese departamento y respondieron sobre tres puntos: medidas para las micro y pequeñas empresas de Soriano, proyectos de seguridad en la vía pública y controles a los establecimientos informales. ¿Por qué en Paysandú no pudo celebrarse una instancia similar con nuestros candidatos departamentales? Las organizaciones empresariales de nuestro departamento necesitan dejar de ser un grupo de catarsis donde cada uno va a plantear sus problemas y empezar a liderar el sector privado y desde allí realizar aportes efectivos, prácticos, realizables y sustanciales para el desarrollo del departamento.

En el pasado mes de marzo el Plenario Departamental del Pit Cnt de Paysandú organizó un encuentro programático en la Casa de la Universidad, con el objetivo de analizar la realidad laboral del departamento y elaborar un documento que será presentado a candidatos a la Intendencia, diputados y la sociedad en su conjunto. El evento contó con la presencia del presidente del Pit Cnt, Marcelo Abdala, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. Nuestros lectores podrán coincidir o no con dicho informe, pero nadie puede desconocer que se trata de un insumo que el Pit Cnt elaboró y puso a disposición de todos los sanduceros, lo cual tiene un indudable valor. Las organizaciones empresariales de Paysandú, en cambio, permanecen en silencio y sin elaborar ni aportar a los candidatos a la Intendencia sanducera documentos como los elaborados por los trabajadores organizados.
Lo cierto de todo esto es que, más tarde o más temprano, las organizaciones empresariales sanduceras deberán dejar su actual pasividad y asumir su rol de liderazgo en un departamento que muchas veces se deja vencer por la desesperanza y la falta de horizontes, exigiendo a sí mismos y presentando a la clase política local propuestas claras e innovadoras para la construcción de nuevos paradigmas que impulsen a nuestro departamento a un nuevo período de crecimiento y bienestar. → Leer más

Antonio Gramsci está presente. Si lo estará. Pero no siempre a la vista y expuesto a la discusión pública.
Hizo muy bien el senador Javier García en dedicarle una columna al comunista italiano. A su innovadora catequesis que ha permitido recuperarse al socialismo, a sus catequistas y a los cuadros de intelectuales y dirigentes del “Partido” que lo han leído y los miles de seguidores que engrosan las filas y que ni saben quién es ni a donde los llevan.
Ya he recomendado aquí el libro de Juan Pedro Arocena, “Gramsci- Su influencia en el Uruguay”. Es una excelente introducción al tema y más en esta época en que se dedica tan poco tiempo a este tipo de lectura. Resulta una comprobación muy palpable de que nada hay más práctico que una buena teoría.
Hay que saber aplicarla, lo que se hace más fácil en este caso específico para quienes asumen que el fin justifica los medios y que la honestidad es harina de otro costal.
La recomendación es muy especial para las juventudes de los partidos liberales y democráticos.
Tambien sería aconsejable para la dirigencia mayor de esos partidos. No les haría mal hacer una pausa en la puja por reforzar o soñar con liderazgos y en la tarea por asegurar ocupación e ingreso mientras se deja el camino libre a Gramsci.
Arocena enseña, desasna y pone al día en cuanto a historia, doctrinas, pero a la vez muestra un planteo teórico muy aplicable en la práctica y en el devenir de los uruguayos.
Por ejemplo cuando aborda el tema de la “mala fe” según Gramsci, el “contraste entre el pensar y el hacer”, el doble discurso, las distintas varas éticas; el haz lo que yo digo pero ni te fijes, que no te importa, en lo que yo hago.
Aquello de muy proletario en la prédica y el reclamo pero con gustos muy burgueses (es que la burguesía tiene buen gusto). El autor cita el caso del senador del Partido Comunista que resuelve no tributar conforme a la ley al construir su casa y recién lo hace al ser es descubierto por la prensa. ¿Ubican el caso?
Pues bien, el libro fue editado en octubre del 2022 –dato importante– porque al día de hoy los casos sobre contrastes, doble discurso y mala fe suman mucho más. El más emblemático, por ahora, es el de la exministra de Vivienda. Es de manual. Activista full time y, como recomienda Gramsci y sus seguidores, provocando e inventando antagonismos incluso allí donde no debería haberlo, por cuanto se está defendiendo solidariamente a los pobres: me refiero al Hospital del Cerro. ¿La recuerdan en primera fila?
¿Cuando el presidente del FA habla de discusiones a nivel de zócalo se refiere a a ese tipo de actividad o activismo?. La exministra cuando legisladora era muy exigente en cuanto a las obligaciones tributarias de los ciudadanos, pero resulta que construyó una serie de casas sin pagar un céntimo al Estado. Y además pensaba que era correcto porque no quería renunciar y lo debió hacer por la presión popular. Y habrían más y aparentemente con casas de descanso en lugares muy pitucos.
Arocena, no encara el hecho de que el gramscismo no hubiera avanzado tanto si no fuera porque colorados y blancos le entregaron “la cultura” al FA, restaurada la democracia. Tampoco en el ’22 pensaría, supongo, que el Partido Nacional llevaría en su fórmula presidencial a una típica activista del gramscismo, pensando más en el ’30 que en el ’25 y más en el interés personal que en el del Partido y los uruguayos. → Leer más

El ministro Gabriel Oddone participó como orador en la Reunión Nº 61 de la Red de Bancos Centrales y Ministerios de Finanzas de América Latina y el Caribe, celebrada en el contexto de las Reuniones de Primavera (por la primavera boreal, está claro) del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que se desarrollaron la semana pasada en Washington D.C., Estados Unidos. Lo hizo en un panel que compartió con los ministros de Finanzas de Panamá, Felipe Chapman; de Costa Rica, Nogui Acosta; y el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de Argentina, Carlos Guberman.
De esta participación de Oddone surgen algunas referencias sobre la hoja de ruta a corto y mediano plazo para el gobierno, así como algunos desafíos que se vislumbran en el horizonte, y que resulta pertinente comentar. Señaló que “Uruguay necesita crecer a tasas más aceleradas que en la última década, que ha sido apenas del 1 por ciento. Si no crecemos a tasas más aceleradas, no podemos sostener nuestro modelo de convivencia y ese es el desafío principal que tenemos por delante.” Además, adelantó que se está revisando la regla fiscal y promoviendo algunos cambios en la gestión presupuestaria. En esa línea, enfatizó que el gobierno tiene un fuerte compromiso con la reducción del índice de precios al consumo: “Nuestra inflación hoy está en niveles del 6 por ciento. Nosotros tenemos como objetivo llevarla a niveles del 4,5 por ciento en los próximos dos años”. Para esto, se asume que “tenemos que hacer algunas cosas más de las que veníamos haciendo: tenemos que mejorar nuestra competitividad, aumentar la productividad de nuestros factores y promover mejoras en los procesos de formación de precios”, expresó.
Este punto, que fue un nudo en la intervención del ministro, lo es también en la historia de nuestro país, que no ha logrado superar problemas estructurales que hacen que Uruguay sea un país caro, tanto para propios como para extraños. No es una revelación para nadie. Uruguay es un país de renta media y alta, uno de los que más ingresos genera en la región, pero también es un país donde el costo de vida es elevado: es caro el transporte, la vivienda, y, paradójicamente, para un país que se jacta de ser productor de alimentos, también son caros los comestibles. No obstante, tiene otras virtudes, como una buena canasta de servicios que ofrecer a la población (educación y salud gratuitas y de calidad) y, en términos comparativos, un buen nivel de seguridad, aunque es notorio que esta se ha deteriorado mucho en las últimas décadas.
Pero sigamos con el ministro, quien también se refirió a las tendencias globales que enfrenta la gestión de políticas públicas, tanto en Uruguay como en el mundo. Entre estas mencionó el fenómeno del cambio climático y su impacto en la gestión fiscal, los avances tecnológicos y, en particular, la irrupción de la inteligencia artificial y su impacto en los mercados laborales. Por último, señaló el surgimiento de una nueva visión mercantilista de dichas políticas a nivel global.
Al final de su exposición, Oddone aludió a la preocupación del gobierno por atender los niveles de pobreza en la infancia y adolescencia, que describió como uno de los principales problemas que enfrenta el país y que el gobierno se propone resolver. “Uruguay es un país en el que, si las personas están integradas al mercado laboral formal, acceden a niveles de protección social razonables en términos de salud, pensiones y protección laboral.” Agregó que, si en cambio “las personas no están comprendidas por ese sistema laboral formal, que son aproximadamente el 10 por ciento de la población, están altamente expuestas a un problema de vulnerabilidad social, y esto afecta principalmente a niños y adolescentes”, planteó. Aquí surge un problema de fondo que, junto con la inseguridad (sin que ello implique necesariamente una relación estricta entre ambos fenómenos, aunque indiscutiblemente tienen un grado de parentesco significativo), no ha dejado de crecer en las últimas décadas.
No todo ese 10% de la población, pero sí una porción de ella, está ya más lejos que simplemente de la obtención de un empleo formal para integrarse al contrato social. Son personas que han perdido la fe en la organización social, que tal vez recurrirán eventualmente a beneficios como la educación, el transporte, la salud o prestaciones económicas proporcionadas por el Ministerio de Desarrollo Social —aunque quedó demostrado que entregar dinero no es una solución mágica—, pero que, a su vez, entienden y aceptan la ilegalidad como una forma de vida y sustento. Siguen otro modelo.
Las redes criminales han encontrado en este sector de la población una fuente de recursos humanos muy importante, ofreciéndoles no solo dinero, sino también otras referencias que el resto de la sociedad simplemente dejó de brindarles y las excluyó. Cabe destacar que se precisan más elementos para que el esquema funcione: las redes criminales han encontrado también en nuestro país fuentes de recursos financieros y espacios donde “blanquear” sus capitales, como dejó en evidencia el mayor escándalo financiero de la historia de nuestro país.
Volver a generar las condiciones y emprender las acciones necesarias para que ese 10% —o el porcentaje que fuera— vuelva a adherir a la pauta social tradicional puede llevar muchos años, tal vez décadas, y requerir un esfuerzo presupuestal significativo. Sin embargo, es un camino que debe empezar a recorrerse. Y no se trata solo de ofrecer oportunidades e incentivos. Recientemente, en Maldonado, en el realojo del asentamiento Kennedy, se les entregaron casas a las personas con el compromiso de que no volvieran a cometer delitos en ellas, a riesgo de perderlas. No todos, ni la mayoría, pero varios incumplieron. ¿Cuál es la receta? Será trabajo para los expertos y probablemente habrá mucho de ensayo y error en el camino, pero lo que está comprobado es que no se pueden agotar las soluciones en seguir instalando más cámaras de videovigilancia, aumentar el número de policías, incrementar las penas o ampliar las cárceles, porque tampoco todo esto se ha mostrado efectivo.

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Los recientes episodios de evasión e informalidad (irregularidades, para usar el eufemismo de forma general) que han sido revelados por investigaciones periodísticas, y que salpican al sistema político—en este caso particular, a jerarcas del gobierno—deben evaluarse en un contexto mucho más amplio, despojado de factores político-ideológicos, y situarse en la realidad crónica de nuestro país.

En Uruguay, la informalidad se presenta en prácticamente todos los ámbitos y tiene una gran relevancia, de carácter cultural. Además, está profundamente arraigado el concepto—bien fundamentado—de que el Estado recauda recursos que no se devuelven en la medida que los ciudadanos esperan o necesitan. Esto se ha traducido a menudo en el dicho de que los uruguayos pagamos impuestos propios de países del primer mundo, pero recibimos servicios al nivel de naciones africanas.
Este concepto, aunque extremo, está estrechamente vinculado a la realidad. Esto nos lleva a la reflexión de que no solo se trata de pagar impuestos y aportes, sino de exigir que estos sean utilizados de la mejor manera posible, en beneficio del ciudadano.

En el caso específico de los aportes laborales, que son fundamentales para la cobertura social y el bienestar de los trabajadores, Uruguay se caracteriza por un fuerte informalismo, a pesar de que ha ido disminuyendo en los últimos años en comparación con décadas anteriores.
La informalidad laboral hace referencia al empleo que no está sujeto a la legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos y carece de cobertura de protección social y prestaciones laborales. En 2024, la tasa de ocupación informal en Uruguay fue del 22,7%, siendo más alta entre los hombres (23,6%) que entre las mujeres (21,6%). Los departamentos con mayores tasas de informalidad son Artigas, Cerro Largo y Rivera.

Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año pasado, la tasa de desocupación—que mide el número de personas desocupadas que buscan empleo y están disponibles para trabajar en relación con el total de la fuerza laboral—fue del 8,2%. Por otro lado, la tasa combinada de subocupación y desocupación, que considera tanto a los desocupados como a los subocupados (aquellos que tienen empleo pero no suficientes horas de trabajo), fue del 16,7%.

Los datos también evidencian diferencias entre la capital y el interior del país, con una situación más favorable en Montevideo en comparación con el resto del país. Asimismo, cuando se analizan los datos por género, se observa que las mujeres enfrentan una situación más desfavorable que los hombres. Por edad, los jóvenes tienen mayores dificultades que las personas mayores, y en términos de nivel educativo, las personas con menor formación tienen peores perspectivas laborales.

En cuanto a la informalidad en el ámbito laboral, en 2024 la tasa de ocupación informal fue del 22,7%, cifra apenas superior a la que se obtiene al medir la informalidad a través del no registro en la seguridad social. En ese año, el porcentaje de trabajadores no registrados en todo el país fue del 21,7%: 22,6% en hombres y 20,5% en mujeres.
Sin embargo, al analizar la informalidad según la situación en la ocupación, se observa un alto porcentaje de informalidad entre los trabajadores por cuenta propia. Un 60,9% de estos trabajadores son dueños de una unidad económica informal. Este comportamiento es esperado, dado que los trabajadores autónomos suelen acceder a puestos de trabajo más inestables, tanto temporal como contractualmente.

En el caso de los contratistas dependientes, un 46,5% son informales, mientras que las tasas más bajas de informalidad se encuentran entre los empleados (10,4%) y los empleadores (5,9%). Al desglosar la informalidad según tipo de ocupación, los grupos laborales con mayor informalidad son los oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y otros oficios (43,4%), seguidos por los agricultores y trabajadores calificados del sector agropecuario, forestal y pesquero (37,9%), y las ocupaciones elementales (34,1%). También presentan niveles significativos de informalidad los trabajadores de los servicios y los vendedores en comercios y mercados (29,5%).

En situaciones de crisis, amplios sectores de trabajadores y pequeñas empresas quedan expuestos a la caída de la actividad económica, lo que aumenta la informalidad. Este fenómeno se convierte en una causa y consecuencia de la falta de desarrollo, generando un círculo vicioso de difícil solución.
Desde el punto de vista recaudatorio, la informalidad también constituye un problema, ya que las empresas y trabajadores que no contribuyen al fisco en la misma medida que el resto de la economía debilitan los flancos de un sistema económico formalizado. Como consecuencia, amplios sectores de la población y de la fuerza productiva, las células del tejido socioeconómico, quedan sin una cobertura adecuada.

Por eso, los esfuerzos en tiempos normales deben centrarse en incorporar a los sectores que operan fuera de la legalidad. Este es un aspecto que ha sido abordado con énfasis en los últimos años, con resultados que se consideraron satisfactorios en su momento, pues la tasa de informalidad se redujo de un 40% crónico a alrededor del 22%, aunque con altibajos, según cifras de organismos del Estado, especialmente del Banco de Previsión Social (BPS).

Un desafío adicional es hacer crecer la economía dentro de un marco de formalidad. Esto beneficia a todos, aunque claramente implica un alto costo en términos de cargas sociales e impuestos.
La falta de cobertura en el sistema de seguridad social genera que muchas personas y microempresas, al vivir al día, no puedan acceder a programas de transferencia de recursos confiables o estables durante determinados períodos. Esto, a su vez, representa un serio desgaste de los recursos del Estado, que es el encargado de esas transferencias para mitigar los efectos de la caída de la actividad económica.

Un alto nivel de informalidad no solo afecta al sistema, sino que pone en riesgo la estabilidad económica general. Lo más grave es que impacta directamente a aquellos que son y serán beneficiarios del sistema, ya que sus prestaciones serán más bajas cuando llegue el momento del retiro. Asimismo, los servicios destinados a las personas en las diversas etapas de la vida, especialmente en la vejez, se verán gravemente afectados.

Por ello, es esencial poner énfasis en campañas que contribuyan a modificar un patrón cultural arraigado, que lamentablemente forma parte de nuestra idiosincrasia: la tendencia a vivir el presente sin considerar las consecuencias del mañana. Es necesario entender que el esfuerzo adicional de hoy redundará en beneficio de todos. Si todos cumplimos, todos pagaremos menos, en lugar de que siempre sean los mismos quienes lo hagan, de manera doble, por ellos y por quienes no lo hacen. → Leer más

Unas 50 millones de personas fueron afectadas por un enorme apagón eléctrico que abarcó al menos la Península Ibérica y posiblemente otros países en forma parcial, caso de Andorra, dado que hay diferencias entre las fuentes, algunas de las cuales mencionan a Francia e incluso a Alemania, aunque sin confirmación oficial al respecto.
El episodio ocurrió el lunes y se extendió por varias horas, con diferencia entre los lugares, ya que el restablecimiento del servicio fue progresivo.
En España y Portugal, los dos estados más afectados, se generó un caos de proporciones. Se paralizaron trenes metropolitanos, ferrocarriles, subterráneos y aeropuertos; se cortó el servicio telefónico y las conexiones a internet, quedaron fuera de servicio cajeros automáticos, comercios y semáforos.

Eduardo Prieto, jefe de operaciones de Red Eléctrica, señaló que se trataba de una situación sin precedentes y la calificó de “excepcional y extraordinaria”, a la vez que Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea encargada de promover las energías limpias, calificó el incidente de “uno de los episodios más graves registrados en Europa en los últimos tiempos”.
Posiblemente lleve un tiempo conocer a ciencia cierta la causa de esta situación, aunque los expertos han puesto varias hipótesis sobre la mesa. Una posibilidad es la ocurrencia de problemas en la red, en tendidos extensos en los que un problema pudo provocar “un efecto cascada en otras zonas”. Oficialmente en Portugal se maneja la versión de que se trató de “problemas técnicos no especificados que proceden de fuera del país”.

Lo que sí se han apurado en descartar es que se haya tratado de un ciberataque, incluso el mismo Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, y Luis Montenegro, primer ministro de Portugal, así como Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, han salido a refutar versiones al respecto. Otra de las hipótesis planteadas, y en principio descartada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), es la de un fenómeno climático.
Ahora bien, aunque un episodio de este tipo no tenga precedentes en Europa, no quiere decir que no hayan existido anteriormente, de hecho sí lo hubo, ha quedado quizás un poco escondido en la memoria colectiva detrás de la pandemia, pero el 16 de junio de 2019 Uruguay, Paraguay y Argentina vivieron un corte de similares dimensiones en términos de población afectada, y muchísimo más grande en cuando a cobertura geográfica; un episodio histórico al grado que tienen una entrada propia en la Wikipedia con el título: “Apagón de Argentina, Paraguay y Uruguay de 2019”. Allí se menciona que el apagón “fue causado por un error operativo de Transener (empresa especializada en transmisión eléctrica), al dejar fuera de servicio la línea de alta tensión Colonia Elía – Campana para reparar la torre 412, que estaba siendo erosionada por el río Paraná Guazú”.

En Buenos Aires dejaron de funcionar metros y trenes —estos últimos en Uruguay de todos modos no funcionaban, como es sabido—. Lo mismo que ahora en España y Portugal, en ese momento salieron de servicio o vieron afectada su operativa comercios de distinto tipo, semáforos, cajeros automáticos, ascensores, servicios de internet, etcétera.

El secretario de Energía de Argentina, Gustavo Lopetegui, explicó en ese momento que “la desconexión se produce de manera automática, son las computadoras las que lo hacen cuando detectan desequilibrios que pueden causas un daño mayor”.
Argentina vivió después de ese otro apagón masivo, en 2023, que no se trasladó a la red uruguaya. Ocurrió el 1º de marzo y su origen habría sido la ola de calor que azotaba la región por esos días que afectó la línea entre Campana y Rodríguez a raíz de un incendio en las líneas, que no afectó a la central atómica de Atucha, como se manejó entre las posibilidades en un primer momento.

Pero volviendo el episodio de las últimas horas, repasar en las redes sociales, en las voces de los usuarios, las experiencias vividas, no son más que una demostración de en qué medida nos hemos vuelto extremadamente dependientes de toda la tecnología que nos rodea y como –para algunos para bien, para otros, para mal– quienes proceden de Latinoamérica no solamente no encuentran tan fuera de lo común estas situaciones sino que además saben cómo reaccionar y sobrellevar el momento. Pero ni siquiera el acostumbramiento a la precaridad de nuestra infraestructura puede librarnos de los efectos de una falla que se extienda por más tiempo del debido. Además de lo ya mencionado un apagón eléctrico sostenido podría privarnos de disponer de dinero, hoy, que todo está digitalizado, pero además nos hemos habituado a comunicarnos a través de servicios que dependen de los sistemas informáticos, que serían los primeros en caer. Sería una lista muy extensa en caso de enumerar todos los problemas que enfrentaríamos en caso de que existiese una falla –toque madera, lector–. Con menos ánimo de sembrar preocupación que de plantear una reflexión sobre en qué medida el modo de vida que conocemos, nuestras propiedades, nuestra economía –incluso personal–, nuestra propia supervivencia, está a nada de ser afectado por un fallo masivo que podría ser ocasionado por causas naturales, como una tormenta solar, de la que tantas veces se ha advertido, un sabotaje informático o estructural, o un carancho que hace nido en una transformadora eléctrica, como ya nos pasó en 2016. → Leer más

Cuando van transcurridos casi dos meses de gobierno, sobre todo desde filas frenteamplistas se señala que el gobierno que encabeza el presidente Yamandú Orsi se mantiene en una especie de stand-by, sin grandes anuncios y mucho menos acciones, contrariando en alguna forma el sentimiento de muchos de sus votantes que posiblemente apostaban a que desde el primer momento, y mediante la aprobación de determinadas leyes, se cumplieran promesas y compromisos electorales asumidos en campaña por las nuevas autoridades.
En realidad algo de eso hay, y desde la oposición se indica que este lento tránsito hacia la acción ejecutiva se debe a que el partido de gobierno se lanzó con todo en campaña a tratar de ganar la elección, pero sin grandes luces para planificar lo que iba a hacer en el gobierno.
Es cierto que la personalidad del presidente no es la de apresurarse a tomar decisiones, y una muestra clara la tuvimos con el titubeo respecto al sonado caso de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, cuando tras varios días de “procesar” información, recién a la semana le pidió la renuncia a la exsecretaria de Estado.

Pero es cierto, hasta ahora no han surgido grandes anuncios y ni siquiera lineamientos acerca de temas de primera prioridad, más allá de darle continuidad a determinados programas ya en marcha. Lo que está bien, precisamente, porque de eso se trata un gobierno, de corregir lo que se entienda que está mal o no condice con la propuesta electoral, pero a la vez de dar continuidad a lo que sirve para el país, en tanto se consideren correctivos o se generen condiciones para redoblar la apuesta o ir en otra dirección, llegado el caso.
Lo que sí es seguro es que todo gobierno con sentido de responsabilidad, sin llegar a hacer “temblar las raíces de los árboles”, como había anunciado en su primera presidencia Tabaré Vázquez –lo que por supuesto no se concretó– debe asumir que no hay mucho margen de maniobra, o que la interna dentro de la fuerza de gobierno es tan feroz que cualquier decisión relevante que tome provocará un caos en sus filas.
En este stand-by, sí el nuevo gobierno ha llevado adelante algunas decisiones que tienen más bien carácter simbólico y/o signo ideológico, algo así como para hacer ver que ahora gobierna la izquierda, con señales contundentes hacia los grupos afines, como los sindicatos de la enseñanza o un guiño al régimen de Nicolás Maduro, al no reconocer al gobierno electo de González Urrutia en las últimas elecciones venezolanas.
Tenemos así que el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) levantó hace pocos días dos sanciones impuestas en el gobierno anterior hacia una maestra y la directora de la Escuela 35 en el barrio Buceo, luego de que la docente leyera una carta de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) que criticaba la reforma educativa impulsada en la anterior administración.
El hecho había ocurrido en marzo de 2023, cuando la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (Dgeip) sumarió y sancionó a la maestra y directora con una suspensión de 30 días y la retención del 50% de su salario. En ese entonces, las sumariadas presentaron un recurso de revocación, expediente que la DGEIP desestimó en setiembre de 2024 y elevó al Codicen.

Con el cambio de gobierno, la actual administración resolvió anular la sanción, al entender que la actuación de ambas docentes se enmarcó dentro del ejercicio legítimo de la libertad sindical, lo que pese a todo, desde el punto de vista objetivo debe considerarse como una violación de la laicidad, y la decisión del nuevo Codicen se encuadra en consideraciones político – ideológicas.
Más allá de estas concesiones a sectores afines –totalmente intrascendentes, por cierto–, también el propio presidente indicó que la situación deficitaria de Ancap era peor que la que se había indicado por el gobierno saliente, y consideró que había que adoptar acciones para corregir este desfasaje en el organismo estatal, en tanto voceros de la exadministración de Lacalle Pou consideraron que esta realidad no es tal y que de lo que se trata es de que se procura preparar a la ciudadanía para aprobar un ajuste fiscal.
Precisamente el excandidato presidencial Alvaro Delgado hace pocas horas a EL TELEGRAFO que “vieron un capítulo y no la serie. Están preparando lo que va a pasar la semana que viene”, con el precio de los combustibles.
Advirtió que “hay una caída importante en el precio del petróleo Brent y del West Texas Intermediate, bien importantes. A diferencia de lo que hacíamos nosotros, que con la LUC usábamos el precio de paridad de importación, ahora vuelven a fijarse por la necesidad de caja”, en tanto consideró que el déficit del año pasado se debió a “un conflicto sindical vinculado a la asociación que queríamos hacer con empresas privadas para no seguir perdiendo plata en el cemento Portland. Eso agregó cada día un lucro cesante de 390.000 dólares. Ninguno de los que hoy habla de déficit ha advertido la situación de conflicto que se vivió. Pero considerando el quinquenio, hay un claro superávit de 200 millones de dólares”.
Al ser un ente monopólico en los combustibles, como en estos momentos en que hay una baja del petróleo, claramente las autoridades del organismo han optado por hacer caja, por lo que se absorbe esta diferencia favorable sin trasladarse la rebaja al consumidor en aras de mejorar la situación financiera del ente.

Es decir, se trata de una decisión discrecional, que tiene en cuenta las finanzas del Estado contrariamente a lo que estaba vigente, en que se hacía un traslado –hasta cierto punto– del precio de paridad de importación al precio al consumo. En estas dos bibliotecas hay algo de razón, por cuanto de un modo se atenúan las grandes fluctuaciones, en tanto por el otro se hace un traslado directo de los beneficios o perjuicios de los precios internacionales.
Y muy poco más, por ahora, lo que no quiere decir que se haga un juicio de valor negativo de este período de gobierno. Es todavía muy poco tiempo para evaluar, hay que dar tiempo a que el ministro de Economía y Finanzas y su equipo puedan desarrollar sus políticas, en coordinación con los demás ministerios y áreas de gobierno, y en suma, las cartas recién podrán mostrarse cuando se elabore el nuevo presupuesto.
Es el momento en que se verán las patas a la sota, ante la posibilidad real de contar con recursos para ejecutar las políticas que permitan o no dar cumplimiento a los compromisos electorales, y hasta dónde. Lo demás es por ahora más que nada especulación y el tira y afloje tradicional de los intereses que inciden en el juego político y el consecuente relato hacia el ciudadano de a pie. → Leer más

En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Maltrato y Abuso Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes, que se conmemora cada 25 de abril, Uruguay reafirma la incapacidad de su Estado para implementar políticas públicas efectivas que garanticen que esta población —cada vez más reducida en un país envejecido— crezca en ambientes libres de violencia.

Este panorama, que se repite y se agudiza en cada informe anual presentado por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), exige un compromiso institucional y comunitario firme. De lo contrario, continuarán siendo solo cifras y relatos que ocupan los titulares de los medios de comunicación. Y esto ocurre cada año.

El informe correspondiente a 2023, presentado el año pasado, destacó un incremento en los casos de violencia hacia niños y adolescentes. Según las autoridades del Ministerio del Interior de entonces, el 87% de los casos fueron detectados en “fase crónica”. En promedio, se atendieron 22 situaciones diarias, dos más que en 2022. El 54% de las víctimas fueron mujeres, y se destacó una “violencia instalada”, según el Sipiav.
Cabe señalar que, según este sistema, se están registrando solo los casos detectados y en los que se puede intervenir. Es decir, existe un subregistro de situaciones no denunciadas o que no llegan a ser conocidas.

En muchos casos, las víctimas no reconocen que están expuestas a un entorno de violencia debido a la naturalización de un fenómeno que afecta a todas las edades, aunque es más prevalente en el grupo etario de 13 a 17 años.
Veamos lo ocurrido en 2024, según lo presentado por las autoridades del Poder Ejecutivo y el Sipiav el pasado viernes. En el último año, se atendieron 8.924 casos de violencia contra menores, lo que representa 797 casos más que en el informe anterior. Esto equivale a 24 situaciones diarias, dos más que en 2023.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dimensionó el problema con cifras y comparó que en 2011 hubo solo 824 intervenciones, cifra que actualmente se ha multiplicado por diez. Hace más de una década, el subregistro era aún mayor, pero desde la creación del Sipiav —vigente por ley desde 2019— es posible hacer un seguimiento detallado de esta problemática que sigue en aumento año tras año.
La ministra se comprometió a implementar equipos de reparación de daños en cada departamento y reconoció que hay mucho por avanzar en una sociedad que aún entiende la violencia como una forma válida para resolver conflictos.
Un aspecto crucial es que el 90% de las personas agresoras detectadas son familiares o personas que forman parte del entorno cercano de los niños y adolescentes afectados.

De acuerdo con el registro de los últimos años, el maltrato emocional sigue encabezando las estadísticas con un 39% de los casos, seguido por el abuso sexual con un 22%, la negligencia con un 21%, el maltrato físico con un 16%, y la explotación sexual con un 2%.
Los análisis y diagnósticos de estas circunstancias, elaborados durante años, llegan siempre a las mismas conclusiones: se requieren políticas públicas e inversiones sostenidas a largo plazo, un enfoque integral de la problemática y un cambio de paradigma en la percepción de la violencia, promoviendo además una cultura de buen trato.

El maltrato y abuso sexual infantil en Uruguay no difiere significativamente de otros países de la región. Por ejemplo, se estima que dos de cada tres niños y adolescentes en América Latina han experimentado algún tipo de violencia. La naturalización de estos casos, los factores socioeconómicos y la falta de acceso a la justicia por parte de esta población solo agravan los hechos que posteriormente se reflejan en los informes. Y esto sigue ocurriendo año tras año.

Si la conclusión es que “la situación es alarmante”, entonces es necesario explicar por qué, a pesar de los avances normativos —algunos de ellos pioneros en América Latina— las cifras siguen aumentando.
Veamos algunos ejemplos: la Ley 17.815, aprobada en 2004, tipifica la explotación sexual infantil como delito penal. La Ley 17.559, de 2003, ratifica el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil. En 2009, la Ley 18.561, o Ley de Acoso Sexual, tipifica el acoso sexual en el ámbito laboral y educativo, estableciendo sanciones y procedimientos para su denuncia y prevención.

La Ley 19.580, aprobada en 2017, establece un marco integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género, reconociendo diversas formas de violencia y estableciendo medidas de prevención, protección y reparación. En 2018, esta ley modificó el Código Penal, estableciendo penas más severas para el abuso sexual, especialmente cuando la víctima es menor de 15 años. Además, la Ley 19.747, de 2019, creó el Sipiav, un sistema interinstitucional para prevenir, atender y reparar situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes.
No obstante, en Uruguay el delito de abuso sexual prescribe, lo que representa una seria limitación para las víctimas. Además, enfrentan la falta de recursos y deben recurrir a profesionales que no siempre cuentan con la capacitación necesaria en este ámbito. La ausencia de protocolos claros expone a las víctimas a una segunda forma de violencia: la revictimización.

Los resultados anuales de los informes del Sipiav demuestran que los avances legales no han sido suficientes, ya que las prácticas violentas siguen estando naturalizadas, no solo en la sociedad, sino también dentro de las instituciones, entre las distintas gestiones de gobierno.
Por eso, no basta con la indignación. Este panorama exige una acción más decidida y comprometida, que seguramente implicará mayores complejidades que repetir año tras año que este problema es “alarmante”.

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Hay más de 250 cardenales procedentes de más de 90 países, pero apenas unos 135 son cardenales electores. La condición de electores se extingue al cumplir los 80 años. Aunque no se hable de qué está en juego en esta elección, es inocultable que la decisión llega inmersa en un cambio de época.
Algunas pistas hay si apelamos al propio Francisco, cuando el 21 de diciembre de 2019 marcó en sus reflexiones a la Curia Romana en ocasión de las felicitaciones navideñas. Pero habría más referencias de similar encuadre.

El cardenal Newman, y su obra El desarrollo de la doctrina cristiana, deja planteada una transformación interior. Lo formuló así: “Aquí sobre la tierra vivir es cambiar, y la perfección es el resultado de muchas transformaciones. La percepción de que el cambio de época pone serios interrogantes a la identidad de nuestra fe no ha llegado, por cierto, improvisamente”. En tal cuadro se insertará también la expresión “nueva evangelización” adoptada por San Juan Pablo II, quien en la Encíclica Redemptoris missio escribió: “Hoy la Iglesia debe afrontar otros desafíos, proyectándose hacia nuevas fronteras, tanto en la primera misión ad-gentes, como en la nueva evangelización de pueblos que han recibido ya el anuncio de Cristo”. Y lo enfatiza, reforzando el concepto: es necesaria una nueva evangelización, o reevangelización.

En otras palabras también de Francisco, pero esta vez del año 2013, señala como principios orientadores los que están en discusión, que marcarán el cambio de época, y que pueden ser orientadores para definir el futuro.
En este sentido, el primer énfasis estuvo puesto en el trabajo a largo plazo: “el tiempo es superior al espacio”. Tan trascendente como este primer punto, ubica “la unidad (que debe) prevalece sobre el conflicto. El conflicto no puede ser ignorado o disimulado. Ha de ser asumido. Pero si quedamos atrapados en él, perdemos perspectivas, los horizontes se limitan y la realidad misma queda fragmentada”.

El tercer elemento es que “la realidad es más importante que la idea”. En otras palabras, no caer en la tentación de recurrir a cuestiones que no son las de fondo y son evasivas, algo así como los intelectualismos sin contenidos. Y una extensión de esta misma máxima, que el “todo es superior a las partes, y al mismo tiempo también más que la mera suma de ellas”.

Los electores

Otro dato relevante es que alrededor de 110 de los cardenales electores han sido elegidos directamente por Francisco en los últimos 10 años, lo que pondría en ventaja a esta corriente de opinión y proyección, y que no sólo busca reordenar la institución, sino postular nuevos desafíos y significados. Lo que han traído a estos días, es la reflexión y una revisión amplia, aun considerando que se trata de información reservada y en proceso: pero lo que se asoma, y existe ciertos consensos en ello, es que estamos ante una gran reformulación, que encaminan los destinos hacia una visión reflexiva, y la de una Iglesia más inclusiva.

Sin una regla escrita, los antecedentes advierten que a los cardenales estas reuniones les insumen alrededor de 2 a 3 semanas cuando se reúnan en Roma, después de la muerte del papa. Estarán reunidos bajo la custodia de una obra mayor de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Estas nuevas deliberaciones encuentran a la iglesia en un momento de desafíos y revisión.

Cuando avance la ceremonia, y se produzca la invitación a los cardenales votantes, las puertas se cerrarán hasta el anuncio de que el colegio elector haya completado la votación, y se anuncie el “habemus papam”. A partir de ese momento empieza otra historia.
La institución adopta medidas especiales para asegurar la reserva del proceso, especialmente, de los intercambios. Los cardenales se obligan a la reserva a través de un juramento de absoluto secreto, la prohibición de contacto con el mundo exterior mientras se extienda el proceso. Incluso en los antecedentes y también en éste en particular, se habrán retirado los teléfonos y se asegura la veda a periódicos, televisión, cartas y mensajes. Finalmente, se adoptan recaudos para asegurar que en la capilla no se hayan instalado dispositivos de escucha antes y durante el cónclave.
De este modo, los cardenales se abocarán a la exclusiva labor de decidir quién será el próximo papa. La presencia inmensa del Papa Francisco será plena, pues los intercambios y las votaciones, una o varias, transcurrirán en la casa de Santa Marta, cerca de la Capilla Sixtina, donde Francisco vivió los últimos 12 años.

Así las cosas, después de que se pronuncien las palabras “extra omnes” (todos fuera), refiriéndose a todos menos a los cardenales votantes y a un puñado de funcionarios y médicos, las puertas se cierran. Se abrirán, como fue dicho, cuando la elección haya concluido.
El papa dejó escuetas instrucciones para la “parte no pública” de su cortejo. Una tumba sencilla y una breve inscripción: “Franciscus”. Ahora comienza una labor reservada que acabará cuando el humo blanco anuncie que han logrado para un candidato la mayoría necesaria y desde ese momento “habemus papam”, hay papa. Luego, empezarán a intentar decodificar las líneas rectoras del nuevo papado. → Leer más