Opinión

La educación infantil y el desarrollo humano debe combinar psicología, neurociencia y una visión antropológica integral; debe respetar la naturaleza y el ritmo del niño. El aprendizaje auténtico nace de la admiración, del asombro. El niño aprende mejor cuando descubre la realidad con curiosidad y calma, no cuando está sometido a sobreestimulación constante. Son nocivos el uso precoz y excesivo de pantallas, la hiperactividad, el entretenimiento constante y la presión por adelantar aprendizajes.
Más estímulos no significa más aprendizaje. El cerebro infantil necesita el juego libre, el contacto con la naturaleza, no reemplazarlo por experiencias digitales prematuras, el silencio, la atención, los vínculos afectivos sólidos, el tiempo y una educación que forme inteligencia, voluntad, interioridad, capacidad de atención y afectividad. La educación no es solo transmisión de contenidos, sino acompañamiento personal.
La infancia no debe acelerarse ni saturarse de estímulos: debe protegerse para que el niño madure de manera armónica y profunda.

Ing. Agr. José Francisco Ramos Peralta

Mañana domingo se pone en marcha el segundo período de sesiones ordinarias de la legislatura en el Parlamento. El lunes, el presidente de la República, Yamandú Orsi, concurrirá a la Asamblea General para dejar un mensaje en el que hará un repaso del primer año de gestión y expondrá cómo proyecta el Gobierno los años venideros, continuando con una práctica instaurada por Luis Lacalle Pou. Aunque en nuestra legislación los artículos 168 (numeral 5º) y 177 de la Constitución de la República establecen el deber del Presidente de informar anualmente a la Asamblea General sobre el estado del país y la obligación del Poder Ejecutivo de presentar el presupuesto nacional, asegurando la rendición de cuentas y la transparencia financiera, en realidad no disponen que deba concurrir personalmente a realizar tal presentación. En los últimos años, sin embargo, se ha vuelto una práctica habitual, saludable y digna de reconocimiento.

Pero la semana no comenzó con ese clima; muy por el contrario. Las discusiones originadas en torno al tema de la adquisición y la rescisión del contrato por las patrullas oceánicas (OPV) ocuparon el centro de la escena, llegando al inédito extremo de plantearse, en forma simultánea, la creación de dos comisiones investigadoras —una en cada cámara— para indagar en este proceso. Finalmente primó la cordura y se acordó la instalación de una sola comisión especial con fines de investigación en el ámbito de la Asamblea General. No obstante, no parece estar todo dicho: existe una solicitud de informe técnico respecto de las potestades de una comisión de estas características, que nunca antes se había creado. Se trata, sin duda, de un hito que marca la relevancia del asunto, al menos para los partidos políticos.
En medio de ese clima, el senador Sebastián Da Silva realizó una valoración en la que describió la situación como “espesa”, atribuyéndolo a que “nos metieron tres ajustes fiscales a fin de año, porque hicieron la ‘bobada’ esta de Cardama; o sea, está espeso, el tema está espeso, pero siempre poniendo los intereses del país por encima de las chicanas políticas”. Ante la pregunta de un periodista parlamentario sobre la existencia de una brecha en la casa de las leyes, el senador afirmó que “este es un año donde estamos todos con la cara pintada para la guerra”.

Sin embargo, esa misma semana ocurrió un hecho significativo: el presidente Yamandú Orsi y el expresidente Luis Lacalle Pou se saludaron en la presentación de los nuevos aviones de combate de la Fuerza Aérea. No hubo abrazos ni gestos efusivos; apenas un apretón de manos, sin intercambio de palabras. Pero no son muchos los países de la región —y aun más allá de ella— donde una escena así resulta posible.
A ese acto concurrió, por supuesto, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, pero también quienes la antecedieron en el cargo, Armando Castaingdebat y Javier García, todos protagonistas del tenso debate por las patrulleras oceánicas. Más allá de algún comentario al respecto, no hubo caras largas ni “caras pintadas para la guerra”, aun dentro de una instalación militar.

La semana prosiguió con la aprobación, en ambas cámaras y casi por unanimidad —solo faltaron los votos de los diputados de Identidad Soberana—, del informe de la comisión que entendió en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Uruguay no solo lo ratificó, sino que fue el único país en el que el proceso parlamentario recibió delegaciones para que se expresaran sobre la conveniencia o no del acuerdo. El trámite no preveía la posibilidad de introducir modificaciones o anexos: simplemente se trataba de ratificar o no lo suscrito entre los dos bloques tras más de 25 años de negociaciones, y así se hizo. Sin embargo, los insumos generados por la comparecencia de actores interesados constituirán la base de discusiones posteriores y de decisiones internas que busquen compensar, de algún modo, a los sectores que puedan verse perjudicados, en primera instancia el sector lácteo y la industria manufacturera, aunque a largo plazo podrían aparecer otras consecuencias.

Y como si esto fuera poco, el jueves se celebraron los 15 años del Cudim, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, un instituto que se ha convertido en referencia regional y que ha contado con el respaldo de todo el espectro político, más allá de algunas discusiones iniciales. El camino recorrido ha ratificado las decisiones adoptadas años atrás, así como gestos como el del extinto intendente de Treinta y Tres, Wilson Elso, quien a comienzos de 2009, tras detectársele un cáncer, decidió hacer pública su condición y anunciar que se sometería a un diagnóstico PET en el exterior, con la esperanza de que en el futuro todos los uruguayos pudieran acceder a un procedimiento de ese tipo. Esa aspiración se concretó luego, precisamente, con la creación del Cudim. En ese acto estuvieron presentes autoridades actuales y exjerarcas del gobierno anterior, como el ministro Daniel Salinas, el exsubsecretario José Luis Satdjián y el impulsor histórico y primer director del centro, Henry Engler, quien siguió la ceremonia en forma virtual desde el exterior.

Es cierto y notorio que la relación entre el partido de gobierno y, en particular, el Partido Nacional se ha tensado. Pero no es menos cierto que, pese a todo, el diálogo y las señales continúan siendo los de una democracia sólida, empeñada en avanzar más allá de las desavenencias. Esa es la base que no podemos perder.

La siniestralidad por equinos sueltos es un problema evitable pero mientras el Estado avanza lentamente en la identificación digital con chips y pasaportes, la solución sigue recayendo en la responsabilidad de los propietarios. Y allí hay una falla porque la irresponsabilidad es moneda corriente.
Se trata de un asunto que combina peligrosamente la falta de responsabilidad civil, carencias en la fiscalización y un marco legal que encuentra dificultades de aplicación práctica.
Desde el punto de vista normativo, Uruguay no carece de leyes sino que la dificultad radica en su aplicación y efectividad. Hace ya algunos años el entonces presidente Luis Lacalle Pou firmó el decreto 233/2022 que reglamentó la normativa que habilita a incautar animales sueltos en la vía pública cuando representan un riesgo para la seguridad vial o la sanidad. De esta manera, ante la presencia de un caballo suelto, se pude denunciar al 911 y la Policía debe actuar en primera instancia, para luego intervenir el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y en caso de lesiones, el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).

El Código Rural en su artículo 74 prohíbe la existencia de animales sueltos en caminos públicos y se han fijado multas. Sin embargo, la aplicación de estas normas choca de frente con la realidad. Los caballos sueltos son un problema cotidiano y no siempre está claro quién paga una multa cuando el animal no tiene marca o cuando el dueño, como suele pasar, declara que se lo regaló a otra persona para evadir la responsabilidad. El procedimiento actual indica que el animal requisado debe permanecer cierto lapso en custodia municipal y, en caso de no ser reclamado, el caso pasa a la órbita del MGAP, que puede resolver su venta o donación a instituciones.
A nivel local, la Intendencia ha intentado dar algunas respuestas y se trabaja en coordinación con la Jefatura de Policía y el MGAP en aplicación de multas y requisas. En 2025 la entonces intendenta Nancy Núñez también reforzó el equipo de arrieros municipales. El tema también ha sido tratado en la Junta Departamental, donde el edil Rodrigo Silva presentó el año pasado un proyecto de ordenanza de bienestar animal que busca modernizar la gestión y propone la creación de una oficina dedicada a la recepción de denuncias y cobro de multas, además de contar con un predio para albergar animales requisados ya que la falta de un lugar adecuado y personal veterinario las 24 horas limita la capacidad de respuesta.

A pesar de esto, los caballos sueltos no han dejado de provocar siniestros y continúan siendo un riesgo de en la vía pública. Es necesario entender que no hablamos de accidentes, sino de fallas sistémicas que provocan siniestros, algunos de ellos de gravedad.
El problema no es sólo de Paysandú, sino que la estadística indica que los animales sueltos provocan un centenar de siniestros anuales, algunos de ellos con consecuencias graves o fatales. Las multas suelen ser ineficaces contra propietarios que no tienen sus animales registrados o que los abandonan deliberadamente.

¿Qué se puede hacer entonces? ¿Qué han hecho otros países al respecto? Una búsqueda rápida sobre el alcance del problema en la región y las soluciones implementadas por países vecinos indica la existencia de sistemas de trazabilidad electrónica en Chile y hasta la redefinición jurisprudencial de la responsabilidad de las empresas concesionarias de rutas en Brasil y Argentina.
En Paraguay la gestión de los animales sueltos intenta equilibrar seguridad vial y bienestar animal y la ley establece un marco ético por el cual los animales decomisados no pueden ser sometidos a eutanasia por falta de lugar para albergarlos pero, en contrapartida, el deambular libre de animales que pongan en peligro el tránsito conlleva multas y decomiso.

En Argentina, por su organización política federal, la legislación es generalmente provincial. En el Chaco, la ley considera que la presencia de animales sueltos es una falta imputable tanto al dueño del animal como a las empresas que poseen la concesión de las rutas. En San Juan la legislación autoriza subasta pública de animales cuyos dueños no comparecen luego de 48 horas de ser citados.
Uno de los avances más interesantes en la gestión del riesgo vial por animales sueltos viene de la jurisprudencia civil de Argentina, Chile y Brasil, donde se ha consolidado la tendencia a atribuir responsabilidad a las empresas concesionarias de autopistas y rutas con peajes, decisión fundamentada en la relación de consumo y deber de seguridad.

En Brasil se estableció que las concesionarias respondan independientemente de la existencia de culpa, por los daños causados por animales domésticos en rutas al entender que las tareas de fiscalización y remoción de animales son previsibles y forman parte del servicio por el cual el usuario paga.
En Argentina se ha aplicado la Ley de Defensa del Consumidor para adjudicar obligaciones similares a empresas concesionarias de rutas ya que se interpreta que el usuario tiene derecho a llegar sano y salvo a destino y la presencia de animales se interpreta como una ruptura a esa garantía de seguridad. En Chile las empresas concesionarias deben adoptar las medidas necesarias para que las vías de circulación estén libres de semovientes. Para atacar las dificultades de identificación de los propietarios, principal obstáculo para la aplicación de sanciones y reclamo de indemnizaciones, Chile ha implementado un sistema de trazabilidad equina mediante el uso obligatorio de microchips antes de los 12 meses de edad de los animales, o de su primer movimiento.

Uruguay también va por ese camino y está implementando el pasaporte equino, buscando la uniformidad en el control sanitario y de movimientos. Los animales también deben contar con identificación electrónica mediante chips para equinos de deporte y equinoterapia, los cuales permiten acceder de forma inmediata al dueño a través de un lector.
En todos los países mencionados uno de los problemas críticos es la falta de infraestructura para la contención de animales tras su rescate de la vía pública, así como los costos de alimentación y servicios veterinarios.
Sin embargo, la vida de una persona no puede depender de si una portera quedó abierta o alguien dejó intencionalmente pastando los caballos en la vía pública. La seguridad vial es un derecho de los ciudadanos, al igual que el uso y el goce del espacio público garantizado por la ley y penalizado cuando se violenta la convivencia. La presencia de caballos sueltos no solo es un peligro sino un acto de irresponsabilidad humana perpetuado por la desidia desde hace décadas.
Es imperioso buscar soluciones reales y eficaces para proteger la integridad física y la vida de quienes circulan por calles, rutas y caminos del departamento. Un caballo no debería estar allí y si lo está alguien debe responder por eso.

No hay soluciones mágicas pero es evidente que para cambiar la situación actual se requiere una acción coordinada de los gobiernos locales y nacionales y la sociedad civil. La trazabilidad electrónica de animales, la responsabilidad de las empresas que obtienen ganancias con la infraestructura vial son bases fundamentales para disminuir el riesgo en las rutas y proteger las vidas de las personas que circulan por rutas y caminos. Pero por lo pronto, lo más importante es ejecutar la ley, que ya está vigente y contempla muchos de los problemas que existen, porque si los controles no se hacen y las sanciones no se aplican, todo lo demás es letra muerta.

La situación del empleo en Paysandú ha dejado de ser un tema de indignación para transformarse en un tema de resignación. Desde hace mucho tiempo los sanduceros hemos aceptado, casi como un hecho del destino, que los pocos puestos de trabajo que aún existen se vayan perdiendo o simplemente se precaricen, sumidos en la informalidad al pasar de empleos registrados a empleos “en negro” o al transformarse en changas esporádicas para “ir tirando”. Entretanto, quien ha perdido su empleo busca la forma de “rebuscarse” y el consumo y el pago de tributos municipales (contribución inmobiliaria, patente, etcétera) cae en picada, acelerando un círculo vicioso donde nadie nada gana.

En nuestra edición del día de ayer informábamos que “los trabajadores de AmBev-Cympay nucleados en el SOEN fueron convocados por la gerencia a una reunión donde anunció una “parada” de la producción en la planta sanducera a partir del 1º de marzo, el ingreso al seguro de desempleo al 90% de los trabajadores de la planta –unas 90 personas aproximadamente– y reconoció que ‘no está descartado’ el cierre”. El caso de esta empresa no es una situación aislada sino una perla más en el collar del desempleo sanducero que por cierto ya es lo suficientemente largo y pesado como para que nos preguntemos, parafraseando a los personajes de la novela “Conversaciones en la Catedral” de Mario Varga Llosa… ¿cuándo se jodió Paysandú? Ajustando esa interrogante a nuestra realidad departamental, deberíamos preguntarnos… ¿En qué momento nos transformamos en una sociedad que comenzó a caminar hacia atrás y a renunciar al progreso de su gente? ¿Qué fue lo que cambió en todos estos años?
Lo que cambió en nuestro país durante esos años se puede resumir en una sola oración: altos costos y el sindicalismo extorsivo. En efecto, Uruguay es un país tremendamente caro en términos internacionales, fruto de cargas impositivas tan ridículas como necesarias para solventar un aparato público lleno de cargos inventados, funcionarios “ñoquis” y cargos que los políticos de todos los partidos sin excepciones reclaman para sus militantes más cercanos. Desde hace muchas décadas el Estado Uruguayo es un botín que cada cuatro años se disputan los políticos que si bien “nos endulzan los oídos” cada cuatro años con promesas que queremos escuchar, sólo están preocupados porque “le renueven la beca” y seguir viviendo cuatro años a costillas de “los nabos de siempre”, o sea los contribuyentes que saben bien lo que son las 8 horas (no como los políticos) y deben pagar peso sobre peso tarifas ridículamente costosas y un combustible absurdamente caro. Hasta el embajador de la República Popular China en Uruguay, Huang Yazhong reconoció hace algunas semanas que “Uruguay es un país muy lindo, para nuestro círculo diplomático (es) el mejor destino. La única desventaja aquí es el costo de vida, es relativamente caro, no solo (respecto) a América Latina, sino también en todo el mundo. Si puede ayudar a bajar un poco el costo de vida, entonces no solo mejora mucho la vida del pueblo, si no que eleva mucho la competitividad económica de Uruguay”.

Y cuál es la respuesta del gobierno para procurar bajar el “costo país”. Pues muy por el contrario, todo lo que se les ocurre es aumentarlo directa o indirectamente, porque para gastar plata sí tienen excelentes ideas, pero para ahorrar o hacernos más competitivos, nada. Mientras tanto distraen la atención de los ciudadanos, quienes creen que el futuro del país se juega en las lanchas encargadas al astillero Cardama o en la capacidad productiva de la estancia María Dolores. Al igual que el tero, los políticos uruguayos gritan lejos del nido para desviar el foco de los grandes temas. Si a eso le sumamos un poco de fútbol, el combo perfecto para nublar la capacidad crítica de la población está lista. Al igual que en la Antigua Roma, todo se trata de “pan y circo”.

A todo lo anterior se le suma el sindicalismo extorsivo llevado adelante por la casta sindical, el cual ha comenzado a dar sus nefastos frutos. Sabido es que el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, presentará un proyecto de ley en el Parlamento para que las empresas avisen con antelación al Estado a la hora de despedir trabajadores. Algo parecido a lo que sucedía en la dictadura cuando los militares aplicaban la censura previa para saber de qué iba a escribir un periódico, aunque hoy es Castillo que quiere saber qué piensa hacer usted con su empresa y ver si lo van a autorizar o no. ¿Cuál es el motivo por el cual se impulsa esta iniciativa? La posibilidad de que la “patota sindical” del Pit Cnt, brazo de “acción” del Frente Amplio pueda presionar a los empresarios para lograr mejores indemnizaciones para ellos mientras el resto de los “perejiles” que compongan la plantilla de la empresa se arreglaran como puedan. En efecto, en los últimos tiempos se han ido de Uruguay o han reducido su operación en nuestro país una gran cantidad de empresas internacionales, entre las cuales se cuentan BASF y Sabre, últimas protagonistas involuntarias de una sangría que no para y a la cual se sumará, más temprano que tarde, Conaprole, una empresa que está sufriendo el asedio sistemático e implacable de “la patota sindical”, y que por lo visto sigue el camino de la emblemática empresa ONDA de transportes, que en los ’90 terminó cerrando cuando ya no le quedaban más pasajeros porque no se podía confiar en que el ómnibus saliera a destino, por los paros sorpresivos del sindicato.

Por lo pronto, exigir a las empresas un preaviso de cierre o despidos masivos lo único que puede lograr es desestimular la inversión en Uruguay, más cuando el Ministerio de Trabajo y el Pit Cnt están alineados al Partido Comunista. Y eso los empresarios lo tienen muy en cuenta.

Esto ocurre justo en un momento en que el país necesita imperiosamente atraer inversiones, porque el presupuesto dispuesto por el gobierno para el quinqueño está supeditado a un crecimiento que difícilmente se pueda cumplir.

Paradójicamente, en su discurso al asumir como presidente de la República el 1º de marzo de 2025, Yamandú Orsi expresaba lo siguiente: “El país necesita recuperar la senda de crecimiento que permita generar, a partir del desarrollo más intensivo del conocimiento y de la inversión, no solo mayor cantidad, sino también calidad de trabajo que permita un piso de dignidad salarial y, con ello, una mejor distribución del ingreso”. La realidad cuando aún no se ha cumplido un año desde esa fecha es totalmente diferente: Uruguay no tiene desarrollo, no tiene inversión, no tiene mayor cantidad ni mayor calidad de trabajo. En cuanto a la distribución del ingreso… es muy difícil pensar en la distribución cuando el ingreso ni siquiera existe. Y para colmo: todas las políticas llevadas adelante por Orsi y Castillo suman más costos al país en lugares de reducirlo.

Las palabras del presidente Orsi sonaron muy lindas en el recinto parlamentario, pero han sido y son palabras huecas y sin sentido que chocan de frente con una realidad donde la incapacidad del gobierno no sólo para frenar la pérdida de empleo sino también para aumentarlo, son las caras visibles de un gobierno paralizado, incapaz de reaccionar, inoperante y sumergido en disputas políticas menores y no en los grandes problemas del país.

Por acá por el Litoral y en el norte del país no se ha notado demasiado, pero el sur está atravesando una situación de déficit hídrico que, aunque no se acerca a las angustias vividas en 2023, ha hecho acordar a más de uno aquellos tiempos en los que el agua que salía de la canilla era “no potable pero bebible”, a decir de alguna autoridad del momento. Tres años después de aquellos momentos mucha agua ha corrido bajo los puentes, pero de soluciones concretas a los problemas que el área metropolitana afronta, nada más que proyectos, discusiones, marchas, contramarchas y cuestionamientos.

En los últimos días se ha escrito un nuevo episodio con la observación por el Tribunal de Cuentas de la República a las decisiones de OSE que llevaron a una renegociación del contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, que había presentado inicialmente el proyecto Neptuno, para que se encargue de la Represa de Casupá y de una serie de obras para dotar de una reserva segura de agua para potabilizar al área metropolitana. La objeción, básicamente, consiste en que hay un apartamiento notorio entre el proyecto propuesto originalmente por el consorcio y lo que se termina acordando. Hay un detalle que no se puede pasar por alto y es la forma en la que surgió Neptuno. Fue una propuesta realizada por la empresa para ejecución de obra pública y el mecanismo empleado prevé que se llame a una licitación en la que el proponente tenga ventaja en la consideración. En este caso el consorcio debió perder su ventaja en una nueva licitación, al tratarse de obras completamente diferentes a las que originalmente propuso.

Pero claro, los informes del Tribunal de Cuentas no son vinculantes, es decir, el organismo observado puede cumplir o no con el dictamen del cuerpo, y si no lo hace, basta con que disponga la reiteración del gasto, como ya anunció OSE que ocurrirá en este caso, por lo que se concretará la proyectada represa en Casupá. Esta decisión le valió al gobierno críticas desde la oposición, que ha calificado de capricho estas actuaciones, de las que el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, se defendió diciendo que “lo importante son los resultados” y asegurando que se obtendrán las reservas necesarias gracias a la construcción de la represa. A su vez, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, dijo que hay “fundadas razones de interés público, conveniencia técnica y económica y un fuerte respaldo jurídico” para reiterar el gasto.
Tanto el proyecto Casupá como Neptuno han sido blanco de críticas porque ninguna de las dos son una alternativa inocua. Así como se indicaba que Neptuno tomaría agua de una zona en la que son frecuentes los episodios de floraciones algales y de excesos de salinidad, lo que encarecería los costos de tratamiento, en el caso de Casupá es evidente que habrá afectación de intereses de vecinos y productores, y se trata de una de las zonas más productivas del país.

“Hoy, con la renegociación que se cuestionaba, el Uruguay tendrá un plan integral de obras realmente muy significativas, una nueva planta potabilizadora, otra de gestión de los lodos y de aguas corrientes para la nueva planta y la anterior; una nueva subestación eléctrica para respaldar las dos plantas, y algo fundamental: mejorar la conducción del agua hacia los hogares de nuestra población con una séptima línea de bombeo significativa”, repasó el ministro.
Ahora bien, así como desde parte de la oposición se habla de un capricho, también viene al caso mencionar que el anterior gobierno firmó el proyecto Neptuno ya con un pie en el estribo y ese acuerdo condicionó todo lo que vino después. No cometió ninguna ilegalidad allí, es cierto, pero quitó al actual margen de acción, en la medida que la solución que se adoptó fue diferente, pero con las mismas empresas consorciadas con las que se había firmado el proyecto anterior.

Ahora bien, han quedado sin quien las represente en esta discusión otras dos alternativas que cuando menos debieron haberse puesto sobre la mesa de análisis. Una de ellas es el planteo de Uruguay Sustentable, que consiste nada menos que en la reparación de toda la red de distribución del agua de OSE, cuyo deterioro es la causa por la que hay una enorme diferencia entre el agua que se toma del Santa Lucía y la que efectivamente se factura. Ambientalmente es la alternativa más sostenible: optimizar la cantidad de agua que se toma del medio a la que realmente la población demanda.

Según los datos que presentan los ambientalistas, la red de OSE es un colador por el que el agua ya potabilizada se escurre por las calles o hacia el suelo, sin más. Un verdadero sinsentido. Sus cálculos dicen que alcanza con estas mega reparaciones alcanzaría para garantizar la disponibilidad del recurso, en la medida que sería necesaria menos agua bruta disponible para atender a la misma demanda. Cuando menos debió estudiarse la propuesta que se elevó tanto a Presidencia de la República como a la misma OSE.

La otra alternativa fue presentada por el Movimiento Un Solo Uruguay, que a nadie sorprenderá que se diga que no goza de la simpatía del partido hoy en el gobierno. En pocas palabras consistía en un trasvase de agua desde un embalse ya existente en el río Negro —evitaríamos tener que hacer una nueva represa— a la cuenca del río Santa Lucía para que sirva de respaldo en momentos críticos del abastecimiento. De acuerdo al proyecto trascendido es una obra que no sería chica ni sencilla, pero que así y todo sería mucho más accesible que las dos primeras opciones, pero entre la poca simpatía hacia el movimiento y que el tema ya estaba encaminado, no parece que vaya a tener mucho andamiento. De cualquier forma, de estas dos alternativas seguiremos escuchando en el futuro, aun con la represa de Casupá, en la medida que el área metropolitana sigue concentrando población y que los problemas de escasez de lluvia van a seguir estando a la orden del día.

No sería para nada descabellado incluso que en el futuro hablemos de una toma en el río Uruguay. En definitiva desde Villa Soriano hasta Paso Severino hay poco más de 200 kilómetros, técnicamente y financieramente no debería ser un escollo significativo, si los romanos trasladaban el agua miles de kilómetros en acueductos que hasta el día de hoy nos siguen maravillando, y se construyeron sin las posibilidades tecnológicas con las que contamos hoy.

El Congreso Nacional de Intendentes se encamina este jueves hacia una de las discusiones más complejas de la administración departamental en los últimos años: la revisión integral del esquema punitivo en el tránsito. Lo que a primera vista podría interpretarse como un simple ajuste técnico de valores es, en rigor, el reconocimiento institucional de que el sistema de sanciones ha alcanzado un punto de saturación que amenaza su propia eficacia. La propuesta de establecer una rebaja sustancial en el monto de las multas –un principio de acuerdo entre los jefes comunales que ya cuenta con eco en proyectos legislativos nacionales– pone sobre la mesa el dilema de la proporcionalidad frente a una realidad socioeconómica que no siempre admite la rigidez de los algoritmos recaudatorios.

La gestión del tránsito en el interior del país, y con particular énfasis en departamentos como Paysandú, enfrenta un equilibrio precario entre la seguridad vial y la capacidad de pago del contribuyente. Históricamente, las multas han sido concebidas bajo una naturaleza dual: operan como una herramienta disuasoria imprescindible para preservar la integridad física de los ciudadanos y, simultáneamente, constituyen un engranaje fundamental de la ingeniería financiera municipal. Al estar indisolublemente vinculadas al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), las sanciones se convierten en un requisito de cumplimiento obligatorio para el pago de la patente de rodados, situándose así en el epicentro de la captación de recursos de las intendencias. No obstante, cuando la sanción pecuniaria se divorcia de la capacidad real de ahorro o subsistencia del sancionado, el sistema se quiebra por su base.
No existe una salida sencilla en un escenario donde convergen la legitimidad de la sanción, la vulnerabilidad económica de los conductores y la necesidad del Estado de mantener el orden público a través de incentivos negativos. Más allá de la frialdad de las estadísticas, existe una multiplicidad de factores humanos que no suelen ser capturados por las planillas de las administraciones públicas. En este sentido, la postura del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, introduce una premisa de corte pragmático que roza lo filosófico: la multa debe ser, ante todo, “pagable” para conservar su esencia como tal. Según ha trascendido a través de este diario, la resolución de la comisión de seguimiento del Sucive de unificar el cobro de multas y patentes a partir de marzo añade una presión adicional sobre el usuario.
Este mecanismo busca cerrar las grietas de la morosidad, pero ignora en ocasiones que el ciudadano medio puede enfrentarse a deudas acumuladas que superan con creces el valor de mercado de su vehículo.

Es aquí donde la gestión pública debe abandonar el pensamiento utópico en favor de un realismo administrativo. Si bien el ideal normativo postula que el cumplimiento estricto de las reglas eliminaría por completo la siniestralidad –una meta que todo gobierno debe perseguir–, la realidad del tránsito es una construcción dinámica, falible y profundamente humana. Una sanción que no se puede exigir por resultar inalcanzable para el infractor es, en términos jurídicos y prácticos, una sanción inexistente. Se convierte en un mero registro burocrático que, lejos de corregir la conducta, empuja al individuo hacia la marginalidad vial. El infractor contumaz, agobiado por cifras que nunca podrá saldar, opta por circular en la clandestinidad, alimentando un círculo vicioso de impunidad y riesgo para terceros que despoja de sentido a la norma misma.

Uruguay ha transitado un camino de notable maduración en la institucionalidad de sus gobiernos departamentales. El fin de la denominada “guerra de las patentes” –aquel período de competencia fiscal desleal entre intendencias– representó un hito de civismo administrativo. La unificación actual del valor de las multas se presenta como el corolario lógico de aquel proceso. No resulta sostenible, desde una perspectiva de equidad republicana, que la gravedad de una infracción técnica dependa exclusivamente de la jurisdicción geográfica donde se comete. Unificar los criterios en Montevideo, Artigas o Cerro Largo no solo simplifica la labor del Estado, sino que fortalece la seguridad jurídica del conductor. Sin embargo, este proceso de armonización aún encuentra obstáculos en la fragmentación de competencias, especialmente cuando se cruzan las jurisdicciones municipales con las del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en las rutas nacionales, generando un mapa de fiscalización que a menudo resulta confuso para el administrado.

La introducción del concepto de “razonabilidad” en el régimen sancionatorio responde a una observación sociológica ineludible: la desigualdad del impacto. Para el propietario de un vehículo de alta gama, una multa de cuantía estándar puede representar un inconveniente menor, un trámite administrativo sin mayores consecuencias en su calidad de vida. Para un trabajador que depende de una motocicleta de baja cilindrada para su movilidad laboral, esa misma sanción puede significar un golpe demoledor a su economía doméstica, equivalente a un porcentaje sustancial de sus ingresos mensuales. Esta asimetría genera un efecto perverso: ante la imposibilidad de pago, se incentiva el abandono del circuito formal. El crecimiento de un parque automotor marginal, que circula sin seguros ni inspecciones técnicas vigentes, es la consecuencia directa de un sistema que expulsa a quienes no pueden redimir sus faltas “desde el vamos”. En el segmento de las motocicletas, el absurdo alcanza su cenit cuando el monto de las sanciones acumuladas incita al propietario a abandonar la unidad y adquirir una nueva, generando un residuo administrativo y ambiental que el Estado debe luego gestionar.

Otro punto de fricción ineludible es la calidad y el foco de la fiscalización. Existe en el imaginario colectivo la percepción de que la inspección de tránsito se orienta con frecuencia hacia la “sanción fácil” —como el estacionamiento indebido en zonas de baja peligrosidad— en lugar de perseguir aquellas conductas temerarias que comprometen la vida. La desatención ante el irrespeto de las preferencias de paso, las maniobras imprudentes en esquinas o el exceso de velocidad en áreas residenciales erosiona la legitimidad de la autoridad. Para que una rebaja de multas sea comprendida como un acto de justicia y no como una medida populista o puramente recaudatoria, debe ir acompañada de una mejora cualitativa en la formación y el despliegue de los agentes de control. La tecnología de radares ha aportado una objetividad necesaria, pero ha eliminado el componente pedagógico del encuentro entre la ley y el ciudadano. Además, la norma tiene que ser respetable para ser respetada, y en el caso de los excesos de velocidad, primero habría que re estudiar con criterios lógicos muchos de los casos en que las velocidades máximas permitidas son absurdas por lo bajo o por los cambios bruscos en el límite permitido. De otra forma se vuelven radares “cazabobos” que claramente están allí para levantar multas.
En última instancia, el acuerdo que emerja del Congreso de Intendentes será un paliativo necesario para miles de contribuyentes. Las fórmulas que contemplan descuentos de hasta el 50% son pasos en la dirección correcta para reintegrar a los conductores a la formalidad tributaria y normativa. No obstante, no se debe incurrir en el error de considerar esta medida como el fin del problema. Se trata de un ajuste técnico sobre una realidad social desgastada. La verdadera solución a la problemática vial no se encuentra en las tablas de valores de una intendencia, sino en una transformación profunda del comportamiento colectivo. El decaimiento de los valores cívicos que se percibe en la convivencia diaria tiene en el tránsito su manifestación más violenta y visible. Mientras el egoísmo y la urgencia sigan prevaleciendo sobre el respeto al derecho ajeno, el sistema continuará atrapado en un ciclo de deudas y parches administrativos. La razonabilidad de la multa es un imperativo de buena administración; la razonabilidad al conducir es, todavía, la gran materia pendiente de la sociedad uruguaya.

Hace 19 años que en Uruguay no se cumple el Decreto N.º 359/007, que reglamenta los tiempos de espera en los distintos prestadores de salud para acceder a consultas de diversas especialidades, así como de medicina general.
El objetivo inicial de la normativa, promulgada en setiembre de 2007, era mejorar la accesibilidad de los usuarios y la calidad asistencial. Junto con el decreto, el Ministerio de Salud de entonces emitió una ordenanza que regulaba los tiempos de espera.
Allí se indica —y aún sigue vigente— que los prestadores deben otorgar citas para consultas externas en medicina general, pediatría y ginecoobstetricia en un plazo máximo de 24 horas desde el momento de la solicitud. En el caso de las consultas externas para cirugía general, deben asignarse en un plazo máximo de dos días.

El artículo 3 del decreto señala que las consultas para especialidades médicas y quirúrgicas no pueden coordinarse, en ningún caso, en un plazo mayor a 30 días desde su solicitud. Los procedimientos quirúrgicos no urgentes deben coordinarse en un plazo menor a 180 días desde el momento en que el médico especialista indicó la cirugía.
Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública emitió la Ordenanza 537/2012 —vigente desde hace 14 años—, donde establece que todos los prestadores deben operar bajo un sistema de asignación de citas para consultas externas de todas las especialidades, con una apertura de agenda de al menos tres meses, que deberá actualizarse a diario.

En 2023, el MSP firmó un decreto para que los usuarios que acrediten incumplimientos en los tiempos de espera para la atención con especialistas puedan cambiar de prestador de salud. Sin embargo, en los departamentos del interior del país las opciones para cambiar no son múltiples y, por lo tanto, los usuarios quedaron igualmente sujetos a la espera.

La realidad, entonces, es porfiada: no se cumple una reglamentación que atravesó diversas administraciones con omisiones graves, principalmente en las localidades más alejadas.
Ahora, la actual administración tiene un borrador de nueva normativa presentado ante la Junta Nacional de Salud (Junasa) para modificar los tiempos de espera vigentes desde hace casi dos décadas. El documento aguarda la firma del presidente Yamandú Orsi e incluirá cambios obligatorios, como la creación de unidades de gestión de listas de coordinación de pacientes.
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, ha señalado que los tiempos de espera “son inadmisibles”, ya que las mayores dificultades de acceso se registran en psiquiatría de adultos y niños, traumatología, urología, neurología y neuropediatría.

Tras un año de gestión, reconoció una reducción “todavía muy tímida”, de entre 8 % y 15 %, en algunas especialidades. Si bien existe una problemática estructural dentro del sistema, también inciden factores culturales, tanto a nivel profesional como en la comunidad, que requerirán un abordaje más amplio desde el punto de vista comunicacional.
Lustemberg anunció en julio del año pasado la creación de una Comisión en Tiempos de Espera, que funciona bajo la órbita de la Junasa, con el objetivo de modificar el decreto de 2007.
El nuevo proyecto especifica, como lo hacía el anterior, tiempos de espera de hasta 24 horas hábiles para consultas en medicina general, pediatría y ginecotocología. Entre otros aspectos, en las consultas con el médico tratante del usuario en el primer nivel de atención, el plazo máximo podrá extenderse hasta 30 días corridos, siempre que el profesional esté en funciones.

En cirugía general, la fecha agendada no podrá exceder las 48 horas hábiles. Para otras especialidades médicas o quirúrgicas, el plazo no podrá superar los 30 días corridos desde la fecha de solicitud. A efectos de su cumplimiento, se tomará la primera fecha disponible con un profesional de la especialidad; si se trata del especialista habitual del usuario, el plazo máximo será de 90 días corridos.
El MSP definirá en su reglamentación las denominadas “consultas priorizadas”, cuyos plazos no podrán exceder los 10 días hábiles desde su solicitud.
El prestador deberá garantizar la atención de las consultas no urgentes en el plazo establecido por el ministerio dentro de los límites geográficos departamentales. Si no dispone de recursos propios ni de complementación de servicios con otro prestador, deberá resolverlo dentro o fuera de dicho territorio.
El plazo para las cirugías oncológicas no urgentes será de 30 días corridos desde la indicación quirúrgica; las demás cirugías no urgentes deberán realizarse en un plazo inferior a 180 días.

La iniciativa también establece límites para estudios no urgentes, que oscilarán entre 60 y 90 días, según la especialidad. Otros, como la mamografía y la endoscopía digestiva, cuando sean priorizados, no podrán exceder los 30 días corridos desde su indicación.
De acuerdo con el texto, los prestadores “deberán velar” para que no se generen prolongaciones en los tiempos de espera y se prevé la creación de una comisión de seguimiento en la Junasa.
No obstante, una vez que entre en vigencia, también los usuarios deberán velar por el cumplimiento de esta nueva normativa, que exige adaptaciones administrativas y de procedimientos, así como ajustes culturales que deberán permear desde los profesionales de la salud hacia la comunidad.
En las distintas realidades del país debe considerarse que, al norte, no siempre se radican especialistas, lo que vuelve especialmente sensible la credibilidad de los decretos y, sobre todo, su ejecución, que depende de la gestión administrativa y de su efectivo cumplimiento.

La normativa existe. Sin embargo, su desempeño ha sido escaso, a juzgar por las reiteradas quejas de los usuarios en los medios de comunicación ante la falta de respuestas a sus reclamos.

Como vecino de la ciudad de Paysandú quiero expresar mi opinión sobre el reciente aumento en la Contribución Inmobiliaria para el año 2026, por parte del intendente.

Considero que este aumento es totalmente desproporcionado y no se alinea con la situación económica del departamento, ni del país, porque en mi caso dicho aumento asciende al 20%, cuando la inflación anual proyectada por el Banco Central es de un 4%, es decir que el aumento es cinco veces mayor que la inflación.

Además de eso, los contribuyentes que estamos haciendo el esfuerzo para mantenernos al día en el pago del mencionado tributo, realizando ajustes en otros rubros del diario vivir, nos vemos ante un desafío que me parece injusto y que nos conduce a caer en la morosidad. No me parece adecuado el momento elegido para este aumento desproporcionado, teniendo en cuenta que el departamento está pasando por una recesión industrial y comercial, que lleva a las empresas a enviar personal al seguro de desempleo con la consecuente baja en el ingreso de estas personas. Sólo para mencionar algunas, Fricasa, Paycueros, fábrica de portland, etcétera. El intendente no se solidariza con la ciudadanía ante esta situación y complica aún más la economía de los contribuyentes, subiendo desproporcionadamente este impuesto.

Hago un llamado al intendente desde mi humilde lugar, e invito a los demás contribuyentes afectados a que realicen gestiones dentro de sus posibilidades, para que se revea esta decisión que afecta la ya complicada situación económica de los sanduceros.

Dardo Arévalo

La inteligencia artificial (IA) es una de las revoluciones tecnológicas más importantes de la historia, comparable con la electricidad o Internet; está transformando la vida humana, la economía y la forma en que pensamos el futuro: capaz de permitir a las máquinas aprender, reconocer información y tomar decisiones.

Gracias al crecimiento del poder computacional y la disponibilidad masiva de datos, los avances recientes han sido extraordinarios.

Hoy ya está presente en la vida cotidiana (asistentes virtuales, sistemas de recomendación, traducción automática, diagnóstico médico, vehículos autónomos, automatización industrial, acelerando descubrimientos en ciencia), mejorando la eficiencia y abriendo nuevas posibilidades.

Sin embargo, también genera desafíos, uno de los principales es el impacto en el trabajo. Muchas tareas rutinarias serán automatizadas, lo que obligará a las personas a reconvertirse y desarrollar actividades más humanas: creatividad, pensamiento crítico, empatía y adaptación. No se trata necesariamente del fin del empleo, sino de su transformación profunda.

Se pueden plantear problemas éticos; puede amplificar sesgos humanos presentes en los datos, afectar la privacidad y concentrar poder en pocas organizaciones tecnológicas.

La sociedad debe participar en el debate sobre cómo usar esta tecnología, estableciendo reglas que protejan la dignidad humana y el bien común. La tecnología no es neutral, depende de las decisiones humanas. La inteligencia artificial podría superar ciertas capacidades humanas en muchos campos, lo que plantea preguntas filosóficas sobre la conciencia, la identidad y el rol del ser humano.

Hay que plantearse una postura equilibrada, ni miedo paralizante ni optimismo ingenuo. El verdadero desafío no es solo tecnológico, sino humano; la clave es comprender, prepararse y participar activamente en la construcción del futuro: cómo usar la IA para construir una sociedad más justa, libre y desarrollada.

Ing. Agr. José Francisco Ramos Peralta

En los últimos días, nuestro diario informó que “a través de una moción que ha quedado radicada en la Comisión de Medio Ambiente de la Junta Departamental de Paysandú, los ediles del Partido Nacional Rodrigo Silva, Jorge Pedrosa, Patricia Vásquez Varela, Carlos Romero, Pablo de María, Luis Martins, Vanessa Contrera, Arturo Terra, Gustavo Silgoria, Aurora Rodríguez y Carina Texeira señalan su inquietud ante la inequidad y demoras en servicios de emergencia en Guichón y el interior profundo”, por lo que apuntan a que las autoridades competentes en esta problemática establezcan los correctivos correspondientes para dar respuestas valederas a las necesidades de los vecinos de esos lugares. Argumentan en tal sentido que “en el accidente ocurrido el 19 de enero de 2026 en ruta 4, próximo a Guichón, donde una motocicleta con dos ocupantes colisionó con una camioneta, resultando en lesiones graves y en el fallecimiento de una joven vecina, la demora en la llegada de la ambulancia fue prolongada y generó indignación en la comunidad”.

Los ediles antes mencionados exigieron, asimismo, “equidad territorial en los servicios de emergencia: Guichón y el interior profundo merecen la misma atención que cualquier ciudad. La vida no puede esperar”, plantean en su iniciativa. Además de expresar en la moción su profundo pesar por este fallecimiento, así como expresan sus condolencias a los familiares de la víctima, en su planteo exigen “al Ministerio de Salud Pública y a ASSE el refuerzo inmediato del servicio de ambulancias en Guichón y zonas rurales”. Asimismo, solicitan la creación de un plan de respuesta rápida para emergencias en rutas departamentales, con móviles estratégicamente ubicados. También expresan en su moción ante el deliberativo departamental, “reclamar la equidad territorial en salud, para que ningún vecino del interior profundo quede desprotegido”.

Por su parte, el senador suplente del Partido Nacional, Jorge Larrañaga Vidal, asegura que “la falta de ambulancias y la demora en la respuesta médica en zonas rurales de Paysandú continúa siendo una problemática vigente. En una entrevista concedida a Radio Paysandú, el legislador sostuvo que, pese a los avances registrados en los últimos años, aún existen localidades donde la asistencia sanitaria no llega con la rapidez necesaria. El tema sigue estando y sigue faltando. (…) En ese sentido, recordó el trabajo impulsado en el período anterior por el exdiputado Juan Carlos “Carlucho” Moreno, quien realizó pedidos de informes y gestiones vinculadas a la cobertura de emergencias médicas en el interior profundo. El senador suplente mencionó casos concretos ocurridos en jurisdicciones como Piedras Coloradas y, anteriormente, en Cerro Chato, donde vecinos plantearon dificultades para acceder a una atención rápida ante situaciones de urgencia”.

En el mismo sentido, en nuestro editorial del día 23 de octubre de 2024 informamos que “el diputado del Partido Colorado, Juan Carlos Moreno, expuso en la media hora previa de la Cámara de Representantes, la necesidad de instalar en Paysandú el SAME 105”. Explicó que la descentralización del servicio permite que “los ciudadanos del interior profundo tengan las mismas oportunidades que los residentes en Montevideo o en las capitales departamentales. Vimos con alegría el fortalecimiento de una zona del departamento de Paysandú en las diferentes rendiciones, así como en el presupuesto quinquenal. En el eje de la ruta 90, la devolución de la Unidad Ejecutora al Centro Auxiliar de Guichón, así como la reapertura de policlínicas en centros poblados de diferentes municipios”. Moreno destacó que “en el eje de las rutas 3 y 26, la salud está necesitando refuerzos en cuanto a recursos humanos para la policlínica de Quebracho y su ampliación horaria para tener una mayor presencia durante las 24 horas”.

Explicó que “hay ambulancia e infraestructura que no se ha podido usar como corresponde, como en Chapicuy”.
El tema planteado no es nuevo y, lamentablemente, se repite cada tanto. Ante esta situación cabe preguntarse: ¿qué es lo que está faltando para que una carencia de tanto impacto sanitario y tanta necesidad humana sea finalmente solucionada? ¿A quién le corresponde tomar la decisión técnica y política para que un reclamo popular tan justificado y necesario pueda finalmente concretarse? ¿Será que nuevamente –y sin importar el partido político que gobierne– los “genios” de Montevideo están haciendo “tejes y manejes” que priorizan a la zona metropolitana y a los balnearios al este de Montevideo en detrimento del interior profundo?

Es verdad que cada tanto la clase política pone este importante tema sobre la mesa, pero lo preocupante es que no se logren diseñar y ejecutar acciones concretas. No obstante, es de justicia mencionar que, a instancias del entonces presidente de la República José Mujica, en el año 2014 se creó el “Sistema de Transporte Aeromédico de Emergencia”, estrategia impulsada por Presidencia de la República y el Ministerio de Salud Pública y coordinada con la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Fuerza Aérea, lo cual implicó la compra de una aeronave Airbus Helicopters AS- 365 “Dauphin” que fue adquirida por la Presidencia de la República para el rescate de personas en situación de emergencia y para traslado sanitario. En el año 2024 el entonces presidente Luis Lacalle Pou firmó una resolución por la cual se destinaría parte de lo recaudado en multas en rutas nacionales para la compra de un nuevo helicóptero para emergencias viales. Aun así, está a la vista que esos esfuerzos han sido insuficientes.
Lo cierto es que la atención de emergencias médicas en el interior no puede limitarse a la cobertura de accidentes viales, sino que debe atender las situaciones sanitarias puntuales y habituales de los habitantes de esas regiones. Sin lugar a dudas una atención sanitaria eficaz y eficiente a esa población rural sumaría razones para que quienes quieran permanecer en el campo puedan hacerlo. La semana pasada, el sitio de noticias Todo el campo recogió declaraciones sobre este tema formuladas por el Dr. en Economía Diego Aboal, quien integra el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) y fue director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el período 2020-2025. Aboal informó que, “en el mundo, Uruguay está ente los 11 países de menor población rural del planeta. En 1963, casi 500.000 personas vivían en el medio rural”, un total que ha caído notoriamente: Hoy, según el censo 2023, quedan unas 140.000. En apenas 60 años, Uruguay perdió más de 350.000 habitantes rurales”, lo que “significa pasar de una población rural del 19% al 4% de la población total” del país. Estamos ante “una caída de casi 80% en términos relativos”.
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 8, establece que “todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”. Es hora de que esta norma deje de ser letra muerta para volverse una realidad y que se terminen los ciudadanos “de primera” y de “segunda” cuando hablamos de servicios sanitarios en el interior del departamento.

El de AFE debería ser un caso de estudio en las universidades del mundo, la liquidación, lenta y triste, de un monopolio público. No una reforma que lo tumbe y, desde los cimientos, dar inicio a algo nuevo que le suceda, no. Como un ensañamiento el Estado uruguayo se encargó de desangrar una de sus empresas, de desinflarla, quitándole sentido de a poco, viendo cómo los funcionarios que iban quedando atestiguaban el proceso a costo, seguramente, de su propia salud, física y mental, asignándole una misión que al mismo Estado ya no le interesaba, mientras todo alrededor se iba cayendo de a pedazos, literalmente, porque mientras se desarticulaban secciones, los locales que iban quedando vacíos y sin mantenimiento se venían abajo, cuando no se los llevaron en carretilla. Pero a la misma vez nadie se ha animado a dejar de sostener la mascarilla de oxígeno para poner fin a la agonía y el discurso seguía siendo el de revitalizar, invertir, recuperar. Una y otra vez, uno y otro período, la empresa siguió cayendo al vacío, y en eso sigue, con cada vez menos trabajadores, funciones y razón de ser. Y ahí está la Estación Central, viejo símbolo de la modernización del país convertida en un yuyal cercado con un tejido exhibiendo su ostentosa fachada como si fuese una parodia de su original propósito.

Ahora, el actual directorio ha lanzado una licitación para desprenderse de material en desuso y poner en marcha “un plan de ordenamiento de su patrimonio inmobiliario en todo el país”, como una forma de “generar ingresos para fortalecer el sistema ferroviario”, además de “reducir la dependencia del subsidio estatal y reposicionar al modo ferroviario como un actor clave en la logística nacional”, según indicó en una entrevista con radio Carve el presidente del directorio, Ernesto César.

En la aplicación de estas medidas, la empresa está llevando a cabo un relevamiento de los importantes volúmenes de rieles, durmientes y otros materiales que quedaron fuera de uso tras la modernización de la infraestructura, especialmente a partir de la obra del Ferrocarril Central, pero también por otras renovaciones, como la que se concretó —parcialmente al menos— en esta zona del país, donde también quedó mucho material ocioso, acumulado en diferentes puntos y del que se pretenden desprender, incluyéndolo en estas licitaciones, vendiéndolo como acero reutilizable.

Además de generar recursos, la medida busca resolver problemas asociados a estos acopios, como vandalismo, falta de seguridad e inconvenientes para las comunidades cercanas. “Estamos solucionando un problema en territorio y al mismo tiempo creando una fuente de ingreso para el modo ferroviario”, señaló César.

El directivo aludió en estos planes a la intención de que Servicios Logísticos Ferroviarios (SELF), una empresa subsidiaria, creada hace ya décadas como una estrategia para concretar estos mismos planes que ahora vuelven a anunciarse, pero que terminaron en lo mismo de siempre, la situación de SELF difiere poco de la de AFE.

César sostiene que estas decisiones se enmarcan en el proceso de transformación del sistema ferroviario, cuyo inicio sitúa años atrás en la apertura del uso de las vías con fines de transporte de carga a operadores privados, lo que tuvo una primera concreción real recién con la inauguración del Ferrocarril Central. En este esquema, AFE participa a través de SELF, en los papeles una empresa de capital estatal, que opera en régimen privado. Pero podría también situarlo en el momento que quisiera, porque hablar de un proceso, como dando la idea de que se han venido dando pasos prestablecidos en un programa, proyecto o cosa similar, cuando a la vista está que nada de ello ha ocurrido y que lo poco que sobrevive lo hace por pura vocación y resistencia de los trabajadores, que una y otra vez han planteado alternativas y reclamado mejorar para trata de sostener lo que por un lado las autoridades han estado diciendo, un período de gobierno tras otro, pero que no han llevado a la práctica más que en forma parcial y dejando por fuera la estructura de aquella empresa gigante que se conformó tras la adquisición de los viejos ferrocarriles de los ingleses, ferrocarriles que no supimos mantener y mucho menos mejorar.

Para César se ha abierto una oportunidad para “redimensionar la empresa y enfocarnos en la operación ferroviaria”, en alusión a las decisiones que en 2022, por vía legal, trasladaron al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la administración y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, lo que deja a AFE solamente en el rol de operadora, tanto en pasajeros como en carga. Sin embargo en los hechos es una operadora que solamente opera una línea de pasajeros entre Tacuarembó y Rivera dos veces por semana y que en materia de cargas hace traslados para Ancap entre Minas y Montevideo, por medio de SELF, y que aspira a recuperar el traslado de combustible, también de Ancap, a las plantas de Treinta y Tres y Durazno. Aspira, porque hasta ahora no hay nada oficial, y, como están las cosas, quizás hasta más conveniente sea para la petrolera —y para todos— una tercerización de estos pocos traslados que van quedando, y empezar a ir terminando con esta triste agonía.

La historia de las relaciones internacionales rara vez se escribe con la celeridad que demandan los mercados, pero el caso del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) representa un ejercicio de paciencia que ha rozado la parálisis durante un cuarto de siglo. Resulta paradójico que, tras 25 años de negociaciones estancadas, haya sido un factor externo –la retórica proteccionista de la Administración estadounidense de Donald Trump y su amenaza de aranceles globales– el catalizador definitivo para que Bruselas volviera la mirada hacia el Cono Sur. La firma del acuerdo en enero de 2026 en Asunción marcó un hito diplomático, pero el texto, lejos de ser un punto de llegada, se ha revelado como el inicio de una fase de incertidumbre política y técnica de consecuencias aún impredecibles para Uruguay.
En la orilla oriental del Río de la Plata, la disposición ha sido históricamente de urgencia. Para Uruguay, el acuerdo no es solo una oportunidad comercial; es un mecanismo de liberación frente al “corsé” que ha supuesto un bloque regional a menudo disfuncional. Sin embargo, en el continente europeo, la realidad es de una fragmentación de intereses que la burocracia comunitaria apenas logra disimular. La heterogeneidad de las economías que componen la Unión ha generado un baile de idas y venidas donde los reparos ambientales y las cuotas agrícolas se han utilizado como escudos para proteger intereses domésticos. Hoy, la implementación plena de esta zona de libre comercio, que aspira a eliminar barreras para el 90% de los productos intercambiados, se enfrenta a una ratificación parlamentaria que amenaza con ser tortuosa.
El foco de la resistencia se localiza, una vez más, en París. El gobierno francés, presionado por un sector agrícola con una capacidad de movilización social extraordinaria, ha liderado el bloque de los escépticos. Francia no solo pide cautela; exige salvaguardias que califica de “concretas, precisas y operativas”. Bajo este lenguaje tecnocrático se esconde el temor a una opinión pública soliviantada ante las próximas contiendas electorales. Los lobbies de productores de Francia y Polonia ven en la carne y los granos del Mercosur una amenaza existencial, y su influencia en el Parlamento Europeo es lo suficientemente sólida como para augurar una votación ajustada en abril. La estrategia de los opositores en Estrasburgo es clara: dilatar los plazos y utilizar las mociones de censura como herramientas de desgaste para posponer lo inevitable.
Mientras tanto, en Uruguay, el sistema político decidió apostar por la celeridad. El Poder Ejecutivo y el Legislativo coinciden en la ambición de ser el primer país del bloque en ratificar el tratado. La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes ya trabaja en el texto con la presencia del canciller, Mario Lubetkin. No obstante, el manual de la prudencia sugiere que la rapidez en Montevideo no garantiza un amanecer más temprano en el acceso a los mercados. El proceso legislativo uruguayo se enfrenta a una decisión binaria: aprobar o rechazar el texto íntegro, sin posibilidad de enmiendas. Este escenario obliga a una reflexión profunda sobre quiénes serán los ganadores y perdedores de un cambio en las reglas de juego que transformará el mapa productivo del país.
La competitividad emerge aquí como la palabra clave y, a la vez, como el gran talón de Aquiles de la economía nacional. La firma del acuerdo ha dejado al descubierto las tareas pendientes que el país postergó durante décadas. En un mercado de libre intercambio con Europa, Uruguay no solo competirá con los agricultores franceses; competirá, fundamentalmente, con sus propios vecinos del Mercosur. Brasil, Argentina y Paraguay comparten una estructura productiva similar, pero a menudo con costos operativos inferiores y escalas de producción que el Uruguay pequeño debe compensar con eficiencia y calidad.
Las voces de alerta desde el sector agropecuario son nítidas. Jorge Andrés Rodríguez, desde la Federación Rural, ha señalado que el impacto positivo de la reducción de aranceles podría quedar diluido si no se aborda la estructura de costos internos. El valor del dólar y el patrón de precios relativos sitúan a Uruguay en una posición de vulnerabilidad frente a competidores extremadamente ágiles. La agilidad que el mercado demanda no siempre es la que caracteriza a una clase política más preocupada por el equilibrio electoral que por la reforma estructural. En la misma línea, Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), subrayó la complejidad de las cuotas cárnicas. El acceso a Europa no es un cheque en blanco; es un derecho a postularse y negociar en una mesa donde cuatro potencias regionales buscarán el mismo trozo de pastel.
El acuerdo con la UE es, en definitiva, un espejo que devuelve una imagen incómoda de la realidad nacional. Durante años, la retórica del “atraso cambiario” y la “falta de inserción internacional” sirvió para justificar las carencias del sector exportador. Ahora que la inserción está a un paso de concretarse, queda en evidencia que los deberes en materia de competitividad no se han hecho. Las asimetrías económicas con los vecinos y la rigidez de los costos internos –desde la energía hasta la logística– actúan como un lastre que ningún tratado comercial puede eliminar por sí solo.
Es imperativo que el gobierno y el sistema político en su conjunto abandonen la complacencia de los “festejos” diplomáticos y asuman una visión pragmática. La ratificación parlamentaria es solo el trámite legal de un desafío mucho mayor: el de la supervivencia económica en un entorno global de alta exigencia. La ventana de oportunidad que ha abierto el contexto geopolítico actual no permanecerá abierta indefinidamente. Si el país se limita a “acomodar el cuerpo” ante el próximo ciclo electoral, corre el riesgo de que el histórico acuerdo UE-Mercosur termine siendo una victoria de papel, una zona de libre comercio donde Uruguay tenga los productos, pero no los precios para venderlos. La competitividad no es una opción política; es, a partir de ahora, una condición de subsistencia.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) observa con preocupación el aumento drástico en los casos de sarampión en las Américas durante el año pasado y lo que va de 2026, por lo que emitió una nueva alerta epidemiológica para la región en la que hace un llamado a los países a intensificar la vigilancia, realizar vacunación y dar respuesta rápida a los brotes para interrumpir la trasmisión y proteger a la población.
La comunicación, destaca la persistencia de casos y brotes en varios países en un contexto de aumento sostenido de casos durante 2025 en comparación con los últimos cinco años, una tendencia que parece continuar en 2026 según la información oficial del organismo internacional. En 2025, la región notificó 14.891 casos confirmados de sarampión, incluyendo 29 defunciones, en 13 países: Argentina (36 casos), Belice (44 casos), Bolivia (597 casos), Brasil (38 casos), Canadá (5.436 casos, incluyendo 2 defunciones), Costa Rica (1 caso), El Salvador (1 caso), Estados Unidos (2.242 casos, incluyendo 3 defunciones), Guatemala (1 caso), México (6.428 casos, incluyendo 24 defunciones), Paraguay (49 casos), Perú (5 casos) y Uruguay (13 casos). Este total representa un aumento de 32 veces respecto a los 466 casos registrados en 2024, lo que marca el punto más crítico desde 2019.
Según informó la OPS, en las primeras tres semanas de 2026, se confirmaron 1.031 casos adicionales de sarampión en siete países –Bolivia (10), Canadá (67), Chile (1), Estados Unidos (171), Guatemala (41), México (740) y Uruguay (1)– sin defunciones notificadas.
Según el mismo informe, en 2025 se notificaron más de 552.000 casos sospechosos de sarampión en 179 países, de los cuales cerca del 45% (247.623) fueron confirmados, lo que refleja un resurgimiento global de la enfermedad en un contexto de brechas persistentes de inmunización.
Este total representa un aumento de 43 veces en comparación con los 23 casos notificados en el mismo período de 2025 y también una constatación de que la inmunidad colectiva se está debilitando peligrosamente.
Como es sabido, la interconexión regional, facilitada por el turismo y el comercio y el aumento de la movilidad internacional pospandemia, hacen que la geografía no sea un obstáculo y convierte a cualquier brote en los países vecinos en una amenaza latente para las fronteras uruguayas.
El sarampión es altamente contagioso pero prevenible mediante la vacunación con dos dosis, por lo cual el organismo internacional está solicitando a los países cerrar brechas de cobertura, mantener la vigilancia y proteger a los viajeros cuando se dirigen a zonas de trasmisión activa, especialmente en el contexto de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y otros eventos masivos con alta movilidad de personas.
Uruguay, que se enorgullecía de no haber registrado casos de trasmisión local desde 1999, vio interrumpida la buena situación de más de dos décadas con el resurgimiento del sarampión con un foco en el departamento de Río Negro. Luego, el impacto geográfico no se limitó a esta zona del país sino que hasta la fecha también se reportaron casos en Montevideo, Maldonado y Rivera, lo que indica que el riesgo de propagación es real y requiere una vigilancia activa en todos los departamentos. Esto, sumado a la situación regional, se ha transformado en un desafío que demuestra la erosión sistemática de las coberturas de vacunación y la existencia de grietas en el escudo sanitario del país.
Si bien podemos estar tentados a pensar que el sarampión es una enfermedad que siempre existió y se cura con reposo, en realidad se trata de uno de los virus más agresivos conocidos. Su tasa de ataque es muy grande ya que en una población no vacunada una sola persona infectada puede contagiar a otras 18 y, por otra parte, no se necesita contacto físico ya que el virus puede permanecer suspendido en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada haya abandonado una habitación. Por otra parte, los síntomas se pueden confundir con los de una gripe hasta que aparecen las manchas, pero el contagio puede ser anterior a éstas. Y aunque los casos registrados hasta ahora en Uruguay han sido leves, se trata de un virus que puede causar daños permanentes y graves como neumonía, encefalitis, ceguera o sordera.
Uruguay cuenta con un esquema de vacunación gratuito que incluye vacuna contra este virus pero la efectividad del sistema depende de la participación de la población. Una sola dosis de la vacuna otorga un 93% de protección pero al completarse la segunda, la inmunidad alcanza al 97% y suele durar toda la vida. Parecería que no hay excusas para dejar de vacunarse, sin embargo, este escudo protector tiene sus fallas. La desinformación, ciertas creencias religiosas, e incluso las “fake news” crean barreras difíciles de penetrar para los equipos de salud.
Uno de los mayores desafíos actuales es la población de adultos jóvenes y de mediana edad ya que como la segunda dosis se incorporó en 1992, muchas personas nacidas entre 1967 y 1987 pueden tener solo una dosis y por eso el MSP está convocando a vacunarse bajo la consigna de que Uruguay no puede dejar de ser un país libre de sarampión y eso es “una tarea de todos”.
Resulta paradójico que en un país con un sistema de salud tan robusto como el nuestro, la falta de memoria histórica sobre la gravedad potencial del sarampión se convierta en nuestra principal vulnerabilidad, dejando a los nacidos en el período mencionado en una zona gris de protección.
Hay que considerar también que la percepción de seguridad que brindan décadas de control del virus puede haber derivado en una peligrosa complacencia, reduciendo la urgencia de mantener nuestros esquemas de vacunación al día ante síntomas que muchos médicos jóvenes ni siquiera han visto en su práctica clínica.
El asunto también ha puesto sobre la mesa un debate sobre derechos: por una parte la Ley 9.202 y decretos posteriores establecen la obligatoriedad de la vacunación para el acceso a centros educativos y la obtención del carné de salud y por otro, ciertos movimientos que incluso encuentran eco en el Parlamento, han impulsado proyectos de ley que defienden la libertad de elección.
El caso es que la consigna de “mi cuerpo, mi decisión” choca de frente con la realidad biológica: al no vacunarse la persona no solo asume un riesgo para sí misma sino que se transforma en un eslabón de contagio para el virus que, podría contagiar por ejemplo a bebés que aún no tienen edad para recibir la vacuna o pacientes con defensas deprimidas.
Por otra parte, es evidente que no alcanza con tener las vacunas disponibles y que se necesita un trabajo de cercanía con respeto cultural y una comunicación clara que despoje a algo tan vital como la vacunación de tintes políticos o ideológicos.
La salud pública es una construcción colectiva y frágil. Nuestro país cuenta con una historia de éxito en vacunación y una infraestructura de salud de gran nivel y no podemos descansar en los laureles. Sin embargo, este éxito histórico de las vacunas en Uruguay nos ha puesto ante la trampa de que al no haber visto casos de sarampión en tantos años, hemos perdido el sentido de urgencia. La ciencia ha desarrollado una vacuna efectiva contra este virus. No deberíamos permitir que una enfermedad de hace 2.500 años propagada mundialmente a partir del siglo XVI, nos perjudique nuestro bienestar en el siglo XXI.