Opinión

Entre pandemia y cuarentena

Aún en medio de la incertidumbre mundial sobre el escenario post pandemia cuando ésta todavía no ha cedido y por el contrario, se registran brotes aquí y allá en países que han intentado gradualmente una apertura, hay algunos elementos no del todo negativos para la economía mundial en algunas áreas específicas –las que precisamente no dependen de aglomeraciones ni de guardar distancia social como la producción de bienes–, en tanto el problema sigue centrado en el área de los servicios.
Entre otras señales positivas, China ha retomado la senda del crecimiento y ello es particularmente importante para el continente sudamericano, en particular, si se tiene en cuenta nuestra condición de abastecedores de materia prima para el gigante asiático.
De todas formas, América Latina se ha convertido en la región más azotada en términos de vidas y costos económicos por la pandemia, con una caída estimada del 7,9 por ciento en el Producto Bruto Interno (PBI) en 2020.
Esto ha ocurrido pese a que el subcontinente tenía una “ventaja” sobre otras partes del mundo, como es el caso de Europa, porque estaba con el diario del lunes sobre la devastación causada por el virus que en principio era una “gripecita” pero que mostró extrema virulencia para personas vulnerables y una capacidad de transmisión pocas veces vista.
Es que si bien algunos de los países de la región reaccionaron temprano, en base a las desgraciadas experiencias de naciones como Italia, España y Francia, igualmente el avance del coronavirus ha devastado a varios países de la región, que supuestamente habían tenido tiempo para hacer preparativos que minimizaran o hicieran menos grave el impacto, habida cuenta de las delicadas situaciones socioeconómicas y la debilidad de los sistemas sanitarios. Aún habiendo aplicado las mismas medidas de contención que los países desarrollados, los resultados han sido diferentes, en general con escenarios muy preocupantes, brotes incontenibles en algunas zonas y un deterioro socioeconómico generalizado.
De acuerdo con un estudio del Banco Mundial (BM) sobre este escenario, las políticas de contención son menos eficaces en los países menos ricos debido precisamente a las bajas condiciones sanitarias, el hacinamiento, la falta de políticas sanitarias de base, la mala alimentación y sobre todo el alto grado de informalidad. Este último es también un aspecto clave, por cuanto la falta de contención en el sistema de seguridad social implica que se trata de personas y microempresas que “hacen la diaria”, que viven al día, y por lo tanto no pueden ampararse en ningún programa de transferencia de recursos más o menos confiable o estable, por determinado período, que implica paralelamente un serio desgaste de los recursos del Estado, encargado de esta transferencia para ir conteniendo los estragos por la caída de actividad.
Las personas del comercio informal se han lanzado a las calles en toda América Latina ante la necesidad de lograr su sustento, sin hacer cuarentena y también con difícil acceso al sistema de salud.
El economista jefe del Banco Mundial para América Latina, Martín Rama, sostiene en el informe que “la pandemia corre más rápido en algunos países. A pesar de que las medidas fueron parecidas, la carrera contra el COVID-19 se ha convertido en una maratón”, en tanto acota que los países de la zona del Caribe son los que han recibido el peor impacto económico, fundamentalmente por la baja del turismo, con caídas del PBI que van del 10 al 18 por ciento”. A la vez países como Chile, Perú, Colombia, aún con poco espacio fiscal han desarrollado importantes transferencias de recursos a la población en esta coyuntura.
En materia económica, Brasil –con una caída del 5 por ciento del PBI– se verá favorecido en la coyuntura que se abre en esta pandemia ante su especialización en productos agrícolas y por la diversificación de sus mercados de exportación más allá de Asia, mientras que por otro lado México, que se nutre de la demanda de Estados Unidos, está seriamente afectado porque sufriendo fuertemente las consecuencias de la pandemia, y por lo tanto ha caído abruptamente la demanda.
Este serie de hechos concatenados, con eje en la pandemia, revela que la trama es muy compleja, pero sobre todo para América Latina, por sus serios problemas estructurales y su debilidad intrínseca para enfrentar shocks globales, vengan del lado que vengan.
Además, una cosa es estar en condiciones de transferir recursos desde el Estado hacia sectores que se quedan sin ingresos por la pandemia, como es el caso de la mayoría de las naciones desarrolladas, que cuentan con espalda financiera y robustos sistemas de contención, y otra muy distinta es el subcontinente, donde la constante es el déficit estructural, las desigualdades, economías precarias, gasto público tan excesivo como ineficaz, así como la informalidad y deudas que condicionan severamente el desenvolvimiento socioeconómico.
La falta de reservas para atender emergencias o capacidad de repago indica el porqué de las dificultades de transferir recursos del Estado para sobrellevar las consecuencias de la pandemia, sin a la vez cometer un suicidio en la economía, como es el caso paradigmático de la Argentina: al arrastre de los serios problemas económicos y deuda acumulada desde los sucesivos gobiernos, se agrega el de la gestión del presidente Alberto Fernández, que se centró en el eslogan de la vida antes que todo. Eso sirvió para encontrarse con que con la cuarentena más larga del mundo está ya entre los primeros lugares mundiales en número de muertes y contagios, además del desastroso efecto sobre la economía, por lo que no se pudo defender a cal y canto la vida y tampoco evitar la acumulación de pobreza en la población.
Si a la vez tenemos en cuenta que una de las conclusiones del Banco Mundial es que habrá que convivir con el virus y sin una vacuna por mucho tiempo, nos encontraremos con que las alternativas en el corto plazo son problemáticas y, peor aún, condicionan severamente la evolución en el mediano y largo plazo.
Y si bien –como señalara el economista del BM Martín Rama– es positivo que muchos gobiernos estén ayudando a la población, “hay que ser realistas; no podrán sostener mucho tiempo el déficit”, más aún teniendo en cuenta que luego de esta primera avanzada surjan nuevas olas de rebrotes en todo el globo, como ya está ocurriendo.
Hay poco margen de maniobra en el corto plazo para cambiar este escenario, y nada indica que será fácil apartarse de este camino con alguna jugada genial. El sentido común indica que hay que ir en una apertura gradual, con protocolos y responsabilidad de la población. Esto por lo menos asegura generar actividad y riqueza, a la vez de seguir atendiendo en la medida de lo posible con transferencia a los sectores que realmente lo necesitan para poder subsistir.
Y a nivel global, pero con derrame sobre todo hacia la región, la alternativa que salta a la vista es volcar recursos financieros con créditos ultrablandos para rehacer las economías y tratar de evitar que la pandemia del COVID también sea una pandemia de penuria económica, porque en esta cadena, hasta quienes se crean al principio a salvo del azote, terminarán cayendo en la volteada, por el arrastre de una economía globalizada.

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Desigualdad y coronavirus en América Latina

América Latina ya era la región más desigual del planeta antes de la llegada del coronavirus. Y lo era antes de las crisis económicas regionales, como 2001-2002 en el Río de la Plata, o la última crisis financiera global de 2007-2008 que marcó recesiones importantes del Producto Bruto Interno. Continuó siendo desigual a pesar de los sucesivos cambios de administraciones y eso no varió a pesar del enfoque progresista instalado en forma simultánea en diversas regiones, ni tampoco cesó cuando el giro se tornó liberal.
La desigualdad siempre se midió por los índices de pobreza que se incrementaban año tras año, a partir de parámetros tan básicos como la gestión pública, el acceso a los servicios y el reparto de la riqueza. La precariedad laboral, el ineficiente control del gasto público, la existencia de latifundios y la escasa inversión pública son algunos de los elementos de una larga lista de factores que incrementan la desigualdad.
La violencia atraviesa, además, al continente que mantiene la tasa más alta de homicidios en el mundo, con 21,5% cada 100.000 habitantes, donde el auge del crimen organizado y la economía ilegal hizo mella en los planes de seguridad de los estados.
La brecha entre ricos y pobres se ensanchó de tal manera que no hay explicación posible a la inacción. El 10% más rico de la región acumula el 71% de la riqueza y el patrimonio. La concentración es tan escandalosa que el 70% más pobre apenas llega al 10% de la riqueza. Una tendencia que se mantiene y aumenta con el paso de los años.
La COVID-19 irrumpe en este escenario desigual y con ausencia de liderazgos, donde se deambula entre la cuarentena más larga del mundo o el discurso que minimiza constantemente las consecuencias de un virus global.
Es en este mismo contexto donde la cantidad de personas que viven en la pobreza extrema habrá aumentado a 150 millones el año que viene. Los nuevos indigentes habitan en países que ya tienen guarismos elevados de pobreza y la recuperación sostenible e inclusiva tardará en llegar. Por la sencilla razón de que si no se redujo la brecha en un contexto menos desfavorable, ahora con la pandemia, las poblaciones –principalmente urbanas– se enfrentarán a una crisis mayor. Una menor resiliencia económica será notoria al finalizar este año y una incógnita en 2021, si no se abre la cancha a nuevas inversiones y a la sustentabilidad económica que ningún gobierno consigue si no pone el ojo sobre el gasto público. Porque el impacto sanitario generará en esta región una recesión sin precedentes que caerá sobre los vulnerables.
Es así que Latinoamérica será la región más afectada del mundo en su economía y estructura sanitaria, con un impacto duradero. Y la recuperación parte del conocimiento de las propias fragilidades que en esta región se han repetido. Es decir, los errores han vuelto a marcarse y los afectados son siempre los mismos.
Además, algunos regímenes de gobierno generaron movimientos migratorios sin precedentes que provocaron verdaderas crisis humanitarias en países vecinos, donde las problemáticas se reparten. La precariedad del empleo que afecta a propios y extraños, como el caso de Uruguay, se extiende a la población económicamente activa. Y en el caso de los migrantes, las condiciones se agravan con el hacinamiento y las perspectivas de trabajos informales, donde el interés está centrado en obtener la documentación necesaria para abordar otros horizontes. Por lo tanto, también se trata de una población cuyo aporte a la economía del país es tan relativa como su permanencia en el territorio.
Las medidas sanitarias en los centros educativos, con menor cantidad de días de asistencia, mostraron un rezago y una deserción que empeoraron un panorama aún más complicado, al menos en Uruguay. De hecho, la visibilidad adquirida por un grupo de padres movilizados por la obligatoriedad, apuró la decisión de las autoridades que anunciaron la vuelta al sistema a partir de mañana martes.
A comienzos de mayo, la desvinculación era calculada en torno a 13.000 niños y correspondía al 4% matriculado al comienzo del año. A esa altura de la pandemia, había perdido todo contacto con sus docentes y las actividades educativas, ni recibían la alimentación escolar. Las cifras actualizadas, según el colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública, estiman en 7.000 desvinculaciones.
La disparidad en la asistencia también va por clase social: el 80% de la asistencia se dio en el quintil 5 o socioeconómico alto, y el 63% en el nivel bajo o quintil 1. A pesar de las nuevas tecnologías, las horas de virtualidad son escasas y hasta nulas en algunos centros educativos. Estas consecuencias prenden en forma negativa a quienes están a punto de abandonar el ciclo primario para continuar en el siguiente nivel y las afectaciones en el aprendizaje golpearán con mayor rudeza en sus rendimientos.
Los centros educativos públicos conforman el entramado social más fuerte del país y su relevancia ha sido histórica. Quitar protagonismo a la ecuación en el resultado global de la economía es no comprender la importancia de la educación, en un escenario ya complejo.
Si Uruguay ya tenía un espacio fiscal reducido, su estrechez se afianza más con la pandemia. El déficit fiscal anterior al coronavirus quedó planchado, al igual que el crecimiento económico. El momento histórico requiere de una acción inmediata porque la COVID-19 reveló la imposibilidad de solucionar debilidades sociales y económicas que vienen por arrastre en la región, donde la “década ganada” nada pudo hacer al respecto.
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Ineludible pero obviado dilema del sistema de seguridad social

El escenario coyuntural del Uruguay, enmarcado en una problemática estructural agravada por el déficit fiscal de más del 5 por ciento del PBI que dejaron los gobiernos del Frente Amplio, con el agregado de la pandemia, ha tenido como una de sus derivaciones la elaboración de un proyecto de presupuesto quinquenal austero.
No podía esperarse otra cosa, por más que la oposición cuestione el supuesto “ajuste”, cuando de lo que se trata es de ordenar las cuentas del Estado a las posibilidades del país, y tratar de atenuar el impacto socioeconómico de una caída de actividad sostenida, sin que el gobierno anterior hiciera precisamente el “ajuste” de los gastos a la realidad.
Todo indica que la caída de actividad e incipiente recesión sitúan nuevamente la perspectiva de que la agenda estará ocupada por bastante tiempo en atender problemas urgentes y el futuro inmediato, en desmedro de los temas de mediano y largo plazo que son de fundamental importancia y que esperan definiciones.
En este panorama de urgencias, donde se intenta apagar focos aquí y allá para que no se incendie la pradera, nos encontramos con que siguen postergados –en los gobiernos de todos los partidos– la dilucidación de desafíos que en el mediano y largo plazo son un cuello de botella nacional, le toque a quien le toque gobernar, y no en un solo período.
Así, tenemos que si bien no fue un tema de primera línea de ninguno de los partidos que comparecieron en las elecciones nacionales, la seguridad social y su financiación de cara al futuro es un factor omnipresente cuando hablamos de los recursos del Estado, y su abordaje –sobre todo las posibles respuestas– no serán para nada simpáticas.
De todas formas, la reforma de la seguridad social es una de las prioridades anunciadas por el gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou, incluso convocando y poniendo en funciones a una comisión de expertos que abordará este tema, aunque lo que surja de este estudio no tiene condición vinculante ni mucho menos, por cuanto más allá de los aspectos técnicos, que son además siempre discutibles, están de por medio aspectos políticos a considerar.
El sistema de previsión social, considerado como de avanzada en América Latina, está aquejado de una gradual pérdida de sustentabilidad, en parte por factores coyunturales pero también por componentes estructurales que es preciso corregir antes de que las urgencias se traduzcan en respuestas improvisadas y por lo tanto ineficaces y solo para atender problemas puntuales en el corto plazo.
Entre otras cifras, surge que el gasto estatal en pasividades aumentó 2,5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) entre 2007 y 2019, en tanto actualmente es del orden del 9,3 por ciento del PBI y todo indica que alcanzará el 10,8 por ciento en 2027.
Para poder diagramar alguna línea de solución, lo primero que debe lograrse es acuerdo en el diagnóstico, cosa de no partir desde el principio de conclusiones equivocadas. Es decir, la idea es asumir la realidad como tal, sin pecar de previsiones optimistas, que las más de las veces se tornan en frustraciones y en tener que salir corriendo a apagar incendios.
Nuestro país tiene un alto envejecimiento demográfico, comparable al de las naciones desarrolladas, solo que con finanzas muy precarias y una economía del Tercer Mundo, por lo que tenemos los dos elementos más críticos de la ecuación para estrechar nuestras posibilidades de maniobra y no ceder a la tentación de tejer soluciones en el aire que luego se derrumbarían como un castillo de naipes.
Por lo tanto, tal como se presenta el esquema actual, todo indica que no habrá suficientes recursos o financiamientos para una demanda en alza, sobre todo si tenemos en cuenta, entre otros condicionamientos, que mientras en 1996 había unas 700.000 pasividades, al cierre de este 2020 este número será de casi 800.000, con la previsión de unas 818.000 para 2024.
El desafío primario es el de lograr que los ingresos y egresos del sistema estén en situación de llegar a un equilibrio financiero, ante un lastre significativo en base a políticas que han tendido a incorporar pasividades, y es así que el incremento del alta de jubilados ha sido casi exponencial a partir de la Ley de Flexibilización Nº 18.395 de 2008, que derivó asimismo en un alza de jubilaciones por invalidez o incapacidad física. Ello por un lado ha tenido su impacto social positivo pero también su impacto financiero, en un acto voluntarista que no ha tenido la contrapartida de ingresos y tiende a aumentar el déficit, en tanto paralelamente hay una sobrevida muy larga en comparación con las edades mínimas jubilatorias. Un dato muy alentador en cuanto a la calidad y expectativa de vida, pero también contribuye a hacer crujir al sistema.
Por lo tanto, aunque el Uruguay alcanza muy buenos niveles en cobertura, suficiencia del sistema e indicadores sociales para los adultos mayores, en la actualidad los niveles de gastos en el sector son similares a los previos a la reforma de 1996 y ha ido en peligroso aumento, según se estima.
En el aspecto demográfico evidentemente tenemos menos nacimientos y mayor expectativa de vida, lo que significa inequívocamente que estamos ante un envejecimiento de la población que implica desafíos a los que se llega con disponibilidad de recursos muy menguados y coberturas acotadas en diversas áreas relacionadas sobre todo con la seguridad social, con la productividad y con los requerimientos de recursos humanos y materiales.
Y por más que se dé vueltas en el asunto, reaparece como el eje de la cuestión la sustentabilidad del sistema de seguridad social ante el aumento de la población mayor, los recursos disponibles y las exigencias que se irán acentuando en lo que refiere al apoyo para atender la calidad de vida de este sector de población, que de una forma o de otra siempre recaerá sobre los actores activos del sistema.
Este es el quid de la cuestión, el dilema en la comisión de reforma del sistema, y es de esperar que los actores políticos de todos los partidos –una vez se tenga completo el estudio– estén a la altura del desafío, desprovistos de miradas cortoplacistas y descartando intereses político-ideológicos. Es menester que busquen consensos para que se conciba una salida razonable y así desactivar el reloj de la bomba de tiempo del sistema.

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El difícil equilibrio entre lo “alternativo” y lo “normal”

Nombrar como ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos a una pastora evangelista –Damares Alves– fue una clara señal del gobierno de Bolsonaro. El polémico presidente brasilero, como había planteado en su campaña, no se iba a andar con vueltas a la hora de enfrentar ciertos temas. Y la ministra Alves no se quedó corta tampoco cuando expresó su enojo ante el estreno por Netflix de la película francesa “Cuties”.
Antes de eso, también se había levantado revuelo con respecto al póster publicitario de la película. O sea que, sin siquiera haberla visto, había ciertos elementos visuales en el mero anuncio que ya ponían los pelos de punta al gobierno brasilero. En el póster se ve a un grupo de niñas en poses de baile. Poses no propias de niñas, es cierto, sino más propias de mujeres adultas. A la vez, en otro anuncio, el mismo grupo de niñas parecen haber salido de una gran compra en una tienda y exhiben con gran desparpajo algunas prendas íntimas femeninas que, ojo, se han colocado por sobre la ropa que llevan.
O sea que no hay desnudos. Pero todo eso fue más que suficiente para Alves y Bolsonaro. Inmediatamente prohibieron el estreno de la película en Brasil y, como ya se ha informado, van a proceder a “investigar” por pedofilia a la mismísima Netflix.
No es la primera vez que Bolsonaro la emprende contra el cine. Cuando había anunciado recortes para los fondos de producción cinematográfica que da el Estado en el país norteño, se había referido directamente a otra película titulada “Bruna Surfistinha”, que no era otra cosa que la historia de una famosa prostituta.
“El estado no va a financiar películas de ese tipo” dijo el presidente brasilero. En esa especie de cruzada conservadora los adherentes y los críticos del bolsonarismo han encontrado en el tema de la sexualidad un ingrediente a la vez maleable y peligroso.
Porque es muy difícil ponerse de acuerdo con un tema así. Sobre todo cuando viene desde un país tan “sexualizado” como Brasil. Pero vamos por partes.
Es cierto, la película “Bruna Surfistinha” no podía defenderse mucho. Era apenas una excusa para mostrar la belleza de la protagonista Deborah Secco y poco más. No tenía el contenido social de otros filmes provenientes de la filmografía brasilera, no tenía actuaciones para destacar, la historia que contaba casi que no existía y, la supuesta “decadencia” del personaje –real– no hacía mella en el físico de la Secco, que se exponía hasta de canto durante toda la película. Que el Estado financie esa clase de películas era bastante delirante, no tanto por el sexo, sino por lo mala que era.
Por supuesto que “Cuties” es una película mucho mejor. La directora Maïmouna Doucouré incluso ganó en su categoría en el prestigioso Festival de Sundance. La historia es la de una niña musulmana de once años que, a la vez que comienza a descubrir su femineidad, también se despierta en ella una vocación por el baile. No por la danza clásica, ni por la danza moderna, sino por el baile callejero. Un baile que, para decir las cosas como son, de recatado no tiene nada. Es un baile dirigido casi totalmente a la sensualidad, a la provocación.
Seguramente, la directora Doucouré eligió ese tipo de baile y no otro, o cualquier otra actividad artística, porque chocaba frontalmente contra las férreas costumbres musulmanas con las que la protagonista, inevitablemente, tendrá que luchar. Es decir, a los efectos de la historia en cuanto a efectuar una narrativa que atraiga al público, su elección fue más que acertada. Olvidó sin embargo, el clima actual respecto a ciertos fenómenos sociales.
Pensar que la intención de la película “Cuties” es ofrecer una imagen sexualizada de sus menores protagonistas para así vender más su producto es bastante tonto. Como también es tonto pensar que, una película en la que un “héroe” elimina por su propia mano a varios delincuentes esté tratando de imponer el mensaje de que ese es el único camino para terminar con la delincuencia.
El problema viene por otro lado. Es la época que nos ha tocado vivir. Si esta película de niñas bailarinas hubiese salido hace unos años, o quizás hace unas décadas, nadie, o casi nadie, hubiese visto una gran diferencia entre lo que hacen los personajes del filme y lo que hacen las niñas que bailan candombe en nuestro país, ni tampoco entre eso y los niños que bailaban lambada en el videoclip que popularizara ese baile.
¿Había pervertidos que podían ver a esos niños y niñas desde un ángulo netamente sexual? Por supuesto. Los había antes y los hay ahora. ¿La diferencia? Ahora se los denuncia, se los escracha, se los condena; antes no.
Eso en sí es totalmente positivo. Ya son varias las historias mediante las que nos enteramos de abusos que se han mantenido por años en el seno de una familia donde nadie se animaba a denunciarlos. Pero quedarse solo en eso también es un error. Porque de esa forma todo se vuelve sospechoso. Todo se tiñe de una suspicacia que no siempre tiene que ver con la realidad.
El movimiento feminista y el movimiento LGBT+ tienen razón en lo que dicen. Pero lo que pasa ahora con “Cuties” es una prueba de que el asunto se les está yendo de las manos. Y si aquí relacionamos a esos movimientos con la izquierda, con esto que pasa en Brasil, se puede comprobar que hay tanta ceguera intelectual en la izquierda como en la derecha.
En la película las niñas hacen baile callejero porque es la forma que encuentran para liberarse. Es algo típico de la adolescencia, querer ser mayores de lo que son. Nos ha pasado a todos alguna vez. Y todos hemos cometido errores en ese camino. Algunos tontos, otros con consecuencias más serias.
Eso es lo que plantea la película. Y ahí podría quedar todo si la sociedad en sí no fuese tan hipócrita. Que haya una película más o menos no va a hacer que haya más o menos pedófilos, ni que los niños y adolescentes dejen de actuar muchas veces como adultos sexualmente activos –o aún más activos que estos, en algunos casos–. Así como deben hacerse las denuncias, también hay que hablar de la realidad, de las cosas que le pasan a la gente, del sexo que todos, antes o después, practicarán. Todos, mujeres, hombres, homosexuales, lesbianas, transexuales. Y abrir todas las “perillas”. Sin olvidarse ni de las “alternativas” ni de las “normales”. La solución no pasa por la censura, porque lo único que haría sería esconder la realidad, y eso se llama hipocresía.
Quizás el equilibrio no sea sencillo, pero si dejamos por el camino a un grupo, que puede llegar a ser incluso el más común del mundo, los estamos dejando a todos. Dejan a uno, dejan a todos, parafraseando una de las frases más conocidas de las marchas feministas.
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Propuestas para toda coyuntura

Tras una reunión celebrada hace un mes con la ministra de Economía y Finanzas, Ec. Azucena Arbeleche, integrantes del Movimiento Un Solo Uruguay (USU) aguardan la respuesta de la secretaria de Estado sobre la serie de propuestas e inquietudes que le trasladaran en la oportunidad, en la línea de reivindicaciones del sector que viene encarando desde hace ya tiempo, durante la última administración del expresidente Tabaré Vázquez.
Los puntos expuestos por el movimiento, como lo hizo en el anterior gobierno, reivindica medidas en apoyo al comercio y sectores productivos concebidos en una visión integral de país y no solo centralista, lo que fue cuestionado por el propio Vázquez cuando en un recordado encuentro mano a mano con algunos voceros del sector mantuvo un ida y vuelta sobre con una despedida de “nos veremos en las urnas,” con el desenlace ya conocido.
Algunos puntos incorporados a la plataforma planteada a la Ec. Arbeleche refieren al comercio, aspecto en el que el USU recuerda que desde antes de la pandemia el sector venía sufriendo serias dificultades económicas y financieras en todo el país, pero sin dudas los problemas se han agudizado como consecuencia de la caída de actividad por el COVID-19.
En este entendido consideran que es fundamental contar con medidas que permitan sobrevivir y que puedan mantener las fuentes de empleo emprendimientos que desde hace tiempo están muy comprometidos, y entre otros aspectos aspiran a que se bajen los costos fijos de aquellos que siguen con las puertas abiertas. Ello implica que se elimine la tarifa comercial de los servicios públicos, eliminación de la obligatoriedad de la facturación electrónica, y flexibilizar los plazos para el cambio de categoría de DGI ante la expectativa de menor facturación de miles de empresas.
Otro punto refiere a la instrumentación de medidas en apoyo del sector turismo, duramente golpeado por las acciones de contención de la pandemia, a través de un alivio en las tarifas públicas, abonar los impuestos nacionales una vez terminada la temporada y cambiar la estrategia de estimación de ingreso.
En cuanto al sector productivo agropecuario, se pide una mayor celeridad en el pago de los productos vinculados a la exportación, como es el caso de la carne, cereales y oleaginosos, además de subrayar que en los hechos el productor financia en buena medida la operativa industrial, en tanto por otro lado un capítulo aparte tiene que ver con la necesidad de poner a disposición de los productores mecanismos de financiación con vistas a mantener las fuentes laborales, mantener las empresas activas y que aumente el circulante en el mercado.
Otro aspecto planteado por el movimiento hace hincapié en que es fundamental generar condiciones para captar inversiones extranjeras en el país, habida cuenta de su rol fundamental en el corto y mediano plazo. “Entendemos necesario que esa captación venga atada a una visión de desarrollo del gobierno, donde se definan en qué áreas de la actividad se prioriza la inversión y por ende se darán los beneficios fiscales necesarios para que lleguen. A modo de ejemplo se puede hablar de inversiones en la industria textil, en el desarrollo de cuencas lecheras, en la instalación de parques temáticos pensando en el turismo”, entre otras acciones.
Se trata evidentemente de propuestas ampliamente compatibles, por cuanto se inscriben en el sentido de generar sustentabilidad con emprendimientos de riesgo privados y empleos genuinos, lejos del Estado omnipresente y demandante de los recursos generados por el esfuerzo del capital y el trabajo en el ámbito privado.
En gran medida, se apunta a promover la inversión y redireccionar recursos para facilitar el camino al emprendedor, tanto al que ya tiene sus empresas en marcha y están atravesando un difícil momento, como al que tiene inquietudes, proyectos y capital para volcar llegado el momento.
El momento es precisamente el quid del asunto: esta propuesta es absolutamente de recibo y debió haber estado en la agenda del anterior gobierno, cuando todavía se estaba a tiempo de revertir políticas y se contaba con cierto espacio fiscal para atacar de inmediato esta problemática, en lugar de insistir en la encerrona de más gasto público y menor recaudación, que lo dejaron sin margen de maniobra por errores propios.
En plena pandemia, con una mayor caída de la actividad económica y también sin margen de maniobra, el planteo de Un solo Uruguay encuadra dentro de las grandes líneas de acción a emprender por el actual gobierno, como ya lo había expuesto en la campaña electoral, solo que a los problemas del país se suman los del contexto internacional y la necesidad como nunca de gestionar políticas con mirada de corto, mediano y largo plazo, en medio de urgencias para atender con escasos recursos y un contexto recesivo.
Es decir que la incertidumbre reinante en el escenario internacional es un ingrediente adicional para la inversión, y a la vez debe tenerse en cuenta que exoneraciones fiscales que deben instrumentarse para estimular la inversión y el desenvolvimiento de las empresas, implican en una primera etapa que el Estado deje de percibir recursos a la espera de la apuesta de que este salvavidas para la economía derive en el reciclaje de recursos y se perciban resultados positivos.
El dilema está en el ínterin, en la espalda financiera que el Estado no tiene. Bueno, más allá de las alternativas de acotar el gasto público previsto en el presupuesto quinquenal en estudio en el Parlamento, para ir aliviando la situación de los sectores reales de la economía, entre otras medidas para paliar la crisis, hay una expectativa positiva respecto al clima de incertidumbre mundial, que pasa por la puesta a disposición de créditos benignos para estimular la economía en los países más afectados.
En este sentido es pertinente traer a colación la reflexión del economista uruguayo Carlos Vegh, docente de economía internacional, cuando expresa al semanario Economía y Mercado, del diario El País que “asumiendo que la batalla contra el COVID-19 se gana en 6-12 meses más, el entorno internacional debería ayudar, con tasas de interés bajísimas, al crecimiento de la economía mundial a partir del año que viene, con mayor demanda por materias primas, un dólar débil que impulse a las bolsas locales, e incentivos para los países industrializados para invertir en las naciones emergentes si las condiciones se dan.
Esto es lo que cabe esperar, y esperemos que se de, pero debe haber una cuota parte de nosotros mismos, y en este sentido es de recibo hacerse eco en la medida de las posibilidades, con las salvedades y agregados o correctivos en cada caso, de la propuesta de este movimiento, como parte de la respuesta posible.

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Políticas educativas del día después

La declaración de emergencia sanitaria por COVID-19 está a punto de cumplir 7 meses en Uruguay y a poco del cierre del ciclo escolar de algunos niveles educativos, la gran pregunta es cuánto realmente se ha ganado y perdido en cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje y cuál será, en definitiva, el impacto de esta crisis en situaciones de rezago y deserción educativa.
Se trata de un problema que es necesario considerar si bien los estudiantes uruguayos fueron los primeros de Latinoamérica en volver a las aulas y su situación durante la pandemia ha sido sustancialmente mejor que la de otros países de la región debido al acceso, a través del Plan Ceibal, a la plataforma educativa a distancia.
En este sentido, Unicef destacó recientemente que se trata de un hecho único en América Latina gracias al cual ha sido posible que un 77% del los niños y niñas pudieron continuar su educación.
El arribo de la pandemia a Uruguay hizo que aproximadamente 800.000 estudiantes de los diferentes niveles educativos discontinuaran sus clases presenciales y determinó la necesidad de instrumentar rápidamente estrategias de enseñanza-aprendizaje en formato virtual.
No obstante, hoy se sabe que aproximadamente el 23% de los niños no se conectaron a las clases en línea, situación que los coloca en situación de riesgo de desvinculación del sistema educativo formal.
Se trata de un tema que era en gran medida previsible y que es advertido por algunos especialistas. En este sentido, un trabajo de Elisa Failache, Noemí Katzkowicz y Alina Machado, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración publicado en abril pasado con el título “La educación en tiempos de pandemia. Y el día después” ponía el foco en tres desafíos que luego se perfilaron como realmente importantes para la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje: el acceso a las plataformas digitales y condiciones materiales para el aprendizaje; la capacidad de las familias para la enseñanza a distancia o desde el hogar y, por último, la efectividad del entorno virtual para favorecer el aprendizaje.
Desde esa perspectiva, las autoras plantean que el uso de formas de aprendizaje alternativas mediante el uso de la tecnología ha sido imprescindible para paliar la situación pero también señalan la importancia de considerar “sus efectos potenciales sobre el aprendizaje y la posible desvinculación de estudiantes, para planificar las políticas educativas del día después, a efectos de no acrecentar las desigualdades existentes en el sistema educativo de nuestro país”. Existe una serie de desafíos, que no son menores, a los cuales tenemos que enfrentarnos como sociedad. No se puede desconocer por ejemplo, la relevancia de la educación primaria y secundaria, dado que “la etapa de edad escolar cubre un período sensible para el proceso de desarrollo educativo posterior de las personas, y en este período el acceso a los espacios virtuales depende especialmente de las posibilidades del hogar y del apoyo familiar”. En cuanto a la educación media, si bien la evolución de la matriculación es positiva, persisten problemas de acceso, permanencia y egreso, por lo cual estas autoras habían propuesto –entre otras acciones– reforzar el Programa Maestros Comunitarios en primaria o el Programa de Tutorías en Ciclo Básico, y en la medida que la emergencia sanitaria culmine, reforzar el apoyo a quienes tuvieron una participación más frágil.
Desde una perspectiva similar, Unicef publicó en setiembre un informe llamado “Seguimiento del retorno a las clases presenciales en centros educativos en Uruguay” cuyos autores –Anahí Alarcón y Gustavo Méndez (CIESU)– señalan las lecciones aprendidas y desafíos por delante, los cuales pueden ser insumos para otros países en sus esfuerzos por reabrir las escuelas así como al propio gobierno uruguayo de cara a las próximas etapas.
El resumen ejecutivo de este trabajo plantea algunas conclusiones interesantes para pensar la compleja realidad del sistema educativo uruguayo actual. Allí se expresa que si bien el carácter voluntario del regreso a clases favoreció el escenario frente a reticencias iniciales de las familias, podría abrir brechas entre los que concurren y los que no, por lo que resulta fundamental buscar las mejores estrategias para sortear este problema. A su vez, señala como un gran desafío la selección de contenidos educativos a desarrollar en un esquema de presencialidad con días y horarios reducidos.
En este sentido, señala que “las primeras reflexiones impulsadas en torno a este tema en el sistema educativo uruguayo se inclinan a promover metas por tramos y lógica de ciclos, trascendiendo los grados y materias” lo cual “también interpela la configuración de comunidades educativas y los roles de cada actor en ellas”.
Otro desafío señalado –muy presente en las discusiones de estos días– es la evaluación educativa, dado que para Unicef se vuelve importante “evitar la centralidad de la calificación” cuando “lo crucial son los procesos de enseñanza y aprendizaje, cómo se recrean en este contexto, qué adaptaciones requieren de la escuela, de los estudiantes y del propio sistema educativo”.
Al respecto, el presidente de la ANEP, Robert Silva, ratificó en estos días que habrá evaluación porque es necesario reconocer el trabajo de todos los niños y sus familias, “que se esforzaron mucho” aunque aún no está determinado cómo se realizaría y se espera contar con un documento en ese sentido para la semana próxima.
Por otra parte, parecería que la ANEP está decidida a avanzar con la instrumentación de tutorías para atender las necesidades de estudiantes con cierta vulnerabilidad, que la pandemia agudizó y llegaron incluso a desvincularse. Dichas tutorías se realizarán desde febrero próximo y comprende estrategias para todos los niveles educativos y, particularmente en Primaria, donde se priorizará lectura, escritura y matemática.
Se trata de formas de contención específica que, de implementarse en forma adecuada y con el compromiso de los equipos docentes, podrían ayudar a nivelar situaciones de desventaja y vulnerabilidades hoy presentes en parte del alumnado que por distintas razones quedó para atrás durante el transcurso de la pandemia y que requieren un plan de seguimiento y apoyo que se presenta como imprescindible. Es en ese sentido que las políticas educativas “postpandemia” son importantes y necesarias para dar respuestas a situaciones de rezago y desvinculación específicas en los subsistemas educativos.
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Opinión

Afuera llueve

La Organización Internacional del Trabajo publicó la sexta edición de su informe “La COVID-19 y el mundo del trabajo”, a través del cual ha estado siguiendo la evolución del impacto que la pandemia ha ocasionado en el empleo, a escala global. Si bien Uruguay escapa a algunas realidades que se plantean, no deja de ser un parámetro para tomar en cuenta que nuestra situación es de cierto privilegio respecto a lo que ocurre en la región y en buena parte del globo, y por otra parte, agregar una dimensión diferente a los meros números con que suelen manejarse los informes que hablan de cantidades de contagiados y de decesos que llegan a través de los canales internacionales de la información.
De acuerdo a este informe “la proporción de trabajadores que residen en países en los que se ha establecido algún tipo de cierre de lugares de trabajo es del 94%”. Si bien hay variaciones en función de la región que se considere, otro dato que añade la organización es que alrededor del 70 por ciento de los trabajadores residen en países en los que se siguen aplicando medidas de cierre, ya sea a escala nacional o en zonas geográficas específicas. En los países de bajos ingreso esas medidas han pasado a aplicarse de forma más laxa, pese al aumento de casos de COVID-19.
Aún así, la pérdida de horas de trabajo sigue siendo mayor que lo previamente estimado. Se estima que la pérdida de horas de trabajo en el segundo trimestre de 2020, comparándolo con el cuarto trimestre de 2019, se eleva al 17,3 por ciento. Esto significa unos 495 millones de empleos equivalentes a tiempo completo. Pero esta cifra superó la estimación que la OIT realizó en el informe anterior, en el que pronosticaba un alza del entorno del 14 por ciento, es decir unos 400 millones de empleos a tiempo completo. Esto es una diferencia de casi cien millones respecto a los cálculos.
En los países de ingreso mediano y bajo, los más afectados por la pandemia y por las medidas para combatirla, se registró en el segundo trimestre de este año, una pérdida de horas de trabajo de alrededor del 23,3 por ciento, lo que se traduce en 240 millones de empleos equivalentes a tiempo completo.
Las nuevas estimaciones sitúan la cantidad de horas de trabajo perdidas en el tercer trimestre de 2020, en el entorno del 12,1 por ciento, o sea 345 millones de millones de empleos equivalentes a tiempo completo. Las previsiones para el cuarto trimestre del año ponen de manifiesto una situación más desfavorable que la que se esperaba. Se estima que a ese entonces la pérdida de horas de trabajo sea del 8,6 por ciento, o sea, unos 245 millones de empleos equivalentes a tiempo completo.
Señala además la organización que esta pérdida de horas de trabajo trae consigo un aumento del desempleo y, especialmente, de la inactividad. Quiere decir que no solamente hay personas que pierden su trabajo, sino que también aumentan quienes además dejan incluso de procurarlo. “El aumento del nivel de inactividad es una de las principales consecuencias de la actual crisis laboral, en la que es necesario hacer hincapié en el plano político”, insiste la OIT. Otro dato que presenta el informe es que la disminución del empleo ha afectado en mayor medida a las mujeres que a los hombres.
La OIT ha incluido también en esta sexta edición una estimación de la “pérdida de ingresos provenientes del trabajo”, la que calculó, en los tres primeros trimestres de 2020, al 10,7 por ciento con respecto al mismo período de 2019. Esto equivale al 5,5 por ciento del PBI. Las cifras no tienen en cuenta la aplicación de medidas para sustentar esos ingresos, como los subsidios por desempleo y licencias especiales que se aplicaron en nuestro país.
Esta pérdida de ingresos es más notoria en países de ingreso mediano, donde ronda entre el 15,1 y el 11,4, para países de ingreso mediano bajo y mediano alto, respectivamente.
En Uruguay el Estado ha hecho un esfuerzo muy importante por alivianar la carga al sector privado durante lo más duro de la situación, cuando en el país estuvieron prácticamente detenidas las actividades “no esenciales”, y más allá de algunos reclamos de sectores que quieren retomar su actividad lo antes posible, se ha actuado con criterios claros y fundamentados. Asumiendo riesgos, es cierto, pero logrando que –al menos por el momento– la situación luzca bajo control, si comparamos con lo que ocurre afuera. Incluso desde el gobierno se han anunciado incentivos para las empresas que retomen trabajadores que se encuentran en seguro de paro parcial, un beneficio que se creó a partir de la presente crisis.
Sin embargo, el advenimiento de una temporada estival y el riesgo de afrontarla sin la posibilidad de contar con el turismo regional, son un dolor de cabeza para el sector turístico, uno de los más importantes generadores de ingresos en nuestra economía.
La pandemia impactó Uruguay en marzo, con la temporada alta recién concluida en el Este. Y no se trata solamente de la discusión de abrir o no abrir las fronteras, ya que además hay que considerar que el impacto en la economía de los países vecinos, sobre todo en Argentina, de donde procede la mayoría de nuestros visitantes estivales, ha sido muy importante. Esto ha tenido como efecto por un lado el deterioro en el ingreso de los trabajadores (hay estimaciones que hablan de hasta 850 millones de empleos perdidos en el país y una caída en la economía del 8,5%), pero además ha ocasionado que Uruguay “esté muy caro” para ellos, y de hecho el valor del peso argentino tiende a cero. En estas condiciones, para atraerlos, también habrá que redoblar el esfuerzo en beneficios como los que se han activado en años anteriores, un esfuerzo más que saldría (o que dejaría de ingresar), otra vez, de las arcas estatales.
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Opinión

El inequívoco mensaje electoral de los sanduceros

Cuando todavía no está claro si el Partido Nacional va a tener 16 o 17 ediles en la Junta Departamental de Paysandú, como así tampoco la distribución final de bancas dentro de cada partido, hay sin embargo datos claros a procesar y evaluar como saldo de la elección departamental en Paysandú, tanto desde el punto de vista electoral como de la gestión en curso y lo que cabe esperar de la administración que encabezará el intendente electo, Nicolás Olivera.
El futuro administrador del equipo que tendrá a su cargo la gestión del gobierno departamental en los próximos cinco años sin dudas asume una gran responsabilidad y un desafío para cumplir con lo que expuso en la campaña electoral, con el ciudadano como destinatario pero también como atento vigilante de que se hagan las cosas bien y poner énfasis en las respuestas que necesita Paysandú ya desde hace muchos años.
No es porque sí, por lo pronto, que desde la administración de Jorge Larrañaga –único intendente que resultara reelecto desde el retorno de la democracia–, se han ido alternando intendentes y partidos en la gestión del departamento, lo que revela, más allá de consideraciones políticas y electorales, que el ciudadano en general no se ha dado por satisfecho con las sucesivas administraciones municipales y que no le han llegado las soluciones que reclama.
También influyen las simpatías políticas y la composición del electorado, sus afinidades ideológicas, que tienen su incidencia en la elección departamental, pero aún así con un alto porcentaje de ciudadanos, tal vez no menor al 20 por ciento, que tienen una postura cambiante en el voto, según su propia perspectiva, y este sector es el que define el resultado de las elecciones.
Pero hay otros aspectos en juego que tienen que ver con la forma en que el dirigente político se evalúa a sí mismo en su gestión, y como en realidad lo percibe la población ajena al círculo que crea el microclima que le hace ver otra cosa a quien espera ser evaluado por el electorado.
Este elemento queda nítidamente expuesto cuando se escuchan reflexiones de dirigentes sanduceros del Frente Amplio que subrayan que “la gente de Paysandú no entendió el mensaje, porque no supimos transmitirlo”, como si el problema se centrara en la comunicación y no en la gestión.
Pero, ¿no se les ocurre pensar que tal vez la gente sí captó perfectamente lo que fue su gestión, lo que se hizo y lo que no se hizo, pero quiere otra cosa y por eso votó por el cambio?
Este aspecto es central y por lo menos revela un alto grado de soberbia en quienes así lo evalúan, porque pone de manifiesto que asumen –o pretenden hacer creer– que el rechazo popular fue antojadizo, que solo es un problema de comprensión del mensaje, como si el ciudadano fuera un ignorante al que hay que llevar de la nariz para que entienda.
Si se sigue considerando al ciudadano poco menos que como infradotado, que no es capaz de razonar y actuar en consecuencia por sus propios medios, siempre se estará tropezando con la misma piedra.
Y no se trata de que estemos haciendo un juicio de valor sobre la gestión, porque como suele ocurrir, ésta tuvo sus luces y sus sombras, sino sobre la falta de autocrítica o de reconocimiento de errores propios, que sin dudas los hubo. En cambio, se entiende del caso caer en la autocomplacencia de señalar que la gestión del Frente Amplio fue excelente, pero que sin embargo no se pudo hacer entender al ciudadano que esto que se hizo era lo mejor que le podía pasar y por eso registró una derrota tan contundente en las urnas.
Un gobierno departamental, ya en una visión global, tiene que hacer primero lo mejor que puede dentro de sus competencias, que comprende entre otros aspectos prioritarios la vialidad urbana y rural, los servicios imprescindibles como alumbrado y recolección y deposición de residuos, gestiones para la captación de inversión en el departamento en la diversidad de áreas posibles, una sinergia y coordinación con el gobierno nacional para hacer que las políticas públicas redunden en una mejor infraestructura local y servicios de carácter nacional, por citar solo algunos aspectos centrales.
Y si los recursos son escasos, como lo son, sobre todo en coyunturas económicas difíciles como las que estamos travesando, lo prioritario es acceder a lo esencial con lo que se tiene y se puede conseguir, antes que seguir incorporando áreas que podrán ser pasibles de un trabajo serio y dedicado cuando los recursos abundan, trabajando sobre el tejido social en la muy limitada forma en que lo puede hacer un gobierno departamental, pero con expectativas que no siempre es posible satisfacer y para lo que es necesario distraer recursos materiales y humanos de otras áreas o endeudándose.
La responsabilidad que recae sobre Olivera a partir de su asunción tiene que ver con hacerse eco de lo que plantea el ciudadano común, el que fuera de toda duda sí sabe discernir entre la realidad y lo que se le ha querido transmitir desde integrantes de la administración saliente. Por ejemplo, es preciso corregir déficits en materia vial, con calidad de obras que dista de ser la mejor y que obliga al poco tiempo a invertir nuevamente recursos para rehacer trabajos que deberían durar un lapso razonable de acuerdo a su costo.
Ello implica una certera previsión y seguimiento de la obra municipal y controles de las empresas adjudicatarias, además de trabajar criteriosamente en la búsqueda de inversiones, una acertada elección de las acciones prioritarias en una coyuntura muy difícil por la caída de actividad, su agravamiento por la pandemia y la consecuente mayor morosidad en los tributos municipales, con un instrumento formidable a disposición, como lo es el fideicomiso votado en la Junta Departamental para su uso por el gobierno que sucediera al de Guillermo Caraballo.
Una gran posibilidad y al mismo tiempo una gran responsabilidad, porque implica el contraer deuda en un gobierno departamental ya deficitario, por lo que deberán compatibilizarse acciones imprescindibles con las perspectivas de repago del fideicomiso más allá del período de gobierno, tal como fue autorizado por la Junta Departamental, en el entendido de que lo que se financie por esta vía debe ser de necesidad y proyección tal que trascienda las tareas habituales de una Intendencia, para dar sustentabilidad al crecimiento y desarrollo del departamento.
Una tarea que los sanduceros han confiado al próximo intendente por una sustancial mayoría de votos, en una carta de crédito que no es sin embargo carta blanca –valga el juego de palabras– ni irrevocable hasta que sea sometido nuevamente a la voluntad popular. Un desafío que implica entre otras cosas que el jerarca se rodee de un equipo de trabajo en el que la capacidad esté por encima de las inclinaciones partidarias y los amiguismos, con sensibilidad hacia la gente pero con la firmeza de poder decir que no llegado el momento y no emitir promesas fáciles, así como dotar de la mayor transparencia posible a su gestión, con discernimiento para generar lo que es posible antes que un ideal casi siempre inalcanzable.
Y sobre todo trabajo, mucho trabajo, creatividad pero no delirio, apertura mental y considerar propuestas vengan de donde vengan, en el entendido de que el objetivo supremo es lograr lo mejor para el departamento sus habitantes, que es el leit motiv de un gobernante.
Apostamos a la inteligencia y sentido común del nuevo intendente para llevar adelante la conducción del departamento dentro de estos parámetros, que sin dudas son también los que ha expresado implícitamente el votante sanducero en las urnas el 27 de setiembre.
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Opinión

Con el diario del lunes

Los partidos políticos que se postularon tanto en las elecciones nacionales como en las departamentales se exponían a un escenario complejo. Las adversidades atraviesan por los aspectos económicos, pero también políticos, con liderazgos que perdieron fuerza, otros que necesitaron consolidarse y una continua interpelación hacia las internas partidarias.
Porque hay partidos y sectores que pagaron el costo de no dejar lugar y presuponer que las administraciones anteriores –en el caso de los candidatos que querían repetir mandatos– eran el aval suficiente para la continuidad.
Con el PBI que crece lento, con un incremento de la tasa de desempleo, las dificultades para el despegue de las inversiones privadas y un déficit fiscal que nunca pudo abatirse, complicaron las decisiones y enfervorizaron a la opinión pública que retrataba su descontento cuando hacía específica mención a estos temas.
Sin embargo, no solo Uruguay padece los impactos negativos. A la región le cuesta consolidar sus liderazgos y las problemáticas se agravaron con una contingencia sanitaria de final incierto.
El propio inconformismo abrió el abanico a nuevos liderazgos y desafiaron a las figuras ya establecidas –algunas consulares en la política uruguaya– y crecían los cuestionamientos a la clase política en general. Eso sumado al impacto mediático de algunos supuestos casos de corrupción, acrecentaron el descreimiento y dejaron la marca en aquellos que buscaban argumentaciones en defensa de comportamientos que ponen en tela de juicio a la ética de los políticos.
En vez de demostrar autocrítica y comenzar a revalorizar otros conceptos con la mira puesta en un convencimiento un poco más estratégico, algunos dirigentes orientaron su discurso a la vehemencia y dejaron por el camino todo lo construido en años de caminar entre los votantes. No supieron canalizar el descontento y en la política eso se cobra en votos. Así como también se cobra en un descenso en los niveles de confianza hacia una clase dirigente que aún cree que llega a determinados lugares por generación espontánea.
Porque confundir gestión con hacer política es reiterar un error porfiado de querer poner todo blanco sobre negro y caer en comparaciones pueriles, mientras el tiempo pasa.
Claramente, esto fue canalizado y aprovechado por nuevos protagonistas en la vida política del país, que nunca estuvieron agazapados ni escondidos, sino que ocuparon el lugar que le dieron otros y después, la propia ciudadanía.
Porque los valores cambian y esto no es ni bueno ni malo para una sociedad que crece desde variados puntos de vista. Sin embargo, hubo y habrá dirigentes que canalizarán su veta discursiva siempre hacia el mismo tema, al intentar dividir entre derecha o izquierda, cuando es sabido que los tiempos modernos exigen profundidad en los debates. Y que estos tengan una base de ideología.
Cada vez que un partido pierde, siempre tiene necesidad de una autoevaluación y crítica. No obstante, aún cuando gana debe interpelarse con el mismo ahínco. De lo contrario, su proyecto está calculado solo para una gestión y esa visión estadista escasea en todos los colores.
Si las evaluaciones de las gestiones eran negativas, no era tan difícil suponer que eso se trasladaría al cuarto secreto. Porque la opinión pública es subjetiva y cada votante valora un desempeño, de acuerdo a su momento personal, aunque no siempre sea el reflejo de la realidad general. En este caso, bien vale la expresión de “cada voto es un mundo”.
La coalición que gobierna el país sabe que tiene por delante la labor del zurcidor y que es una acción que debe ejecutar todos los días, tanto desde el ámbito parlamentario como en el Poder Ejecutivo. Sus integrantes tienen que lidiar con la inexperiencia de unos, la impaciencia de otros y la altivez de otros cuantos más.
Y evitar en cualquier caso la fragmentación o herir susceptibilidades que provoquen alejamientos porque el voto extrapartidario fue el gran protagonista de las consultas ciudadanas.
La clase dirigente también deberá analizar la forma de capitalizar los votos ganados o, por el contrario, las razones de su abandono. Porque es posible que esté naciendo un nuevo perfil de votante, no tan afectado por las camisetas ni tan fanatizado y con mucha más libertad de pensamiento o desapego que sus entornos familiares.
Es un votante que se guía por sus percepciones, que siempre serán individuales. Aunque insistan en la necesidad de transformaciones colectivas.
Si no hay una vinculación individual o colectiva con esos liderazgos, lo que ocurra después no tiene mucho sentido de análisis. Eso, precisamente, ocurrió con algunas figuras que posicionaban muy en las encuestas, pero que a la larga quedaron rezagadas, porque vimos que no todo es simpatía ni empatía para ganar una contienda.
Y lo vimos tanto a nivel nacional, como departamental. Porque hubo candidatos con pisos y techos de simpatizantes afectados, algunos con notorios desgastes que permanecieron a desgano en la disputa electoral y la tendencia a un discurso antipolítico que no es nuevo en el mundo.
Con el diario del lunes, solo es posible resaltar la solidez del sistema partidario uruguayo pero las grietas quedaron en evidencia. Tanto en las internas como hacia fuera de los partidos. A eso deberán apuntar en las próximas contiendas. > Leer más

Opinión

El por qué del balotaje sin balotaje

Con la culminación en las últimas horas del escrutinio definitivo en los 19 departamentos, con la definición de sus respectivos intendentes y alcaldes, se está cerrando el proceso electoral instaurado con la última reforma constitucional, que entre otros aspectos ha incorporado la celebración de elecciones internas para el ordenamiento de los partidos, las elecciones nacionales y las departamentales separadas en el tiempo, elemento revulsivo en un país en el que ni siquiera hubo ambiente años previos en el sistema político para instaurar el voto cruzado como paliativo al paquete electoral.
En esta oportunidad, la convocatoria a elecciones departamentales en el último domingo de setiembre se dio en medio de características inéditas desde que se pusiera en vigencia la reforma constitucional de 1996 en el área electoral, por cuanto se dilató unos cinco meses la convocatoria a elecciones departamentales como consecuencia de la pandemia y el elevado factor de riesgo que significaba en mayo la aglomeración de personas en actos y circuitos electorales, entre otros aspectos.
Y precisamente la pandemia no solo ha tenido incidencia en la postergación del acto eleccionario en sí, sino que varios politólogos y analistas estiman que ha sido decisiva en esta oportunidad la extensión de la tradicional “luna de miel” del gobierno con los ciudadanos, como ocurre tras cada consulta popular, por cuanto la administración que encabeza Luis Lacalle Pou tuvo el buen tino de no hacerse eco de las apelaciones a una cuarentena total obligatoria que promovieron, entre otros, el expresidente Tabaré Vázquez y dirigentes del Sindicato Médico del Uruguay, entre otros actores, y en cambio optó por no cesar las actividades a cal y canto, como ocurriera por ejemplo en la vecina Argentina.
Ello evitó que el país ingresara en una pronunciada recesión tras el preocupante escenario económico heredado por el nuevo gobierno de la administración del Frente Amplio, y se logró que no cayera a niveles aún más graves la actividad económica, aspecto este que ha sido muy bien valorado por la mayoría de la población.
Como era de esperar, el comportamiento del electorado respondió a una realidad local en cada departamento, con lo que se cumplió el principal objetivo que en este sentido dio motivo a la reforma electoral, apuntando a evitar el efecto “arrastre” tradicional de la elección nacional sobre la departamental, desde que antes había un solo “paquete” de un partido en la oferta a los electores, y muchas veces buenos candidatos locales a la intendencia, bien valorados, fueron dejados de lado por el efecto de la ola nacional, haciendo que en los hechos se acentuara el ya histórico centralismo en el país, con la macrocefálica Montevideo determinando los destinos de todos los uruguayos.
Felizmente, la libertad para el elector de cada departamento ha permitido, pese a que quedan imperfecciones en el sistema electoral que son pasibles de correcciones, que la opinión del electorado directamente interesado en la suerte de su departamento primara sobre el intento de dirigentes nacionales de incorporar en la discusión electoral temas que nada tienen que ver con la problemática lugareña, como la mentada oposición a la LUC (Ley de Urgente Consideración), el desafuero del senador Guido Manini Ríos y otros temas puntuales que son ajenos a los intereses y competencias de un gobierno departamental y los municipios.
Ello explica que en la consulta popular los resultados reflejaran lo que realmente piensa el electorado del Interior sobre lo que le preocupa, pese a dirigentes que solo han intentado arrimar agua para su molino a contramano de lo que es la problemática que es prioridad en cada departamento, y que los ciudadanos se ocuparon de dejar bien en claro en la instancia del 27 de setiembre.
Es que no solo se votó por el o los candidatos de cada partido que el ciudadano esperaba ocuparan el cargo de intendente, alcaldes, ediles y concejales, sino también contra quien o o quienes no ha querido que tuvieran esas responsabilidades, y este es un elemento decisivo y sobre todo legítimo, que está dentro de las reglas de juego.
En el caso de las elecciones nacionales, el votante sin embargo tiene una opción más, desde que en casos de que ninguno de los candidatos alcance el 50 por ciento de los votos más uno, por lo menos, se va a una segunda vuelta para que surja como presidente el candidato más votado entre los dos partidos mayoritarios, como ocurre en la mayoría de las democracias del mundo.
Nada más democrático que esta opción adicional y definitiva, por cierto, por cuanto no solo se opta por quien se prefiere presidente, sino además contra quien no se desea llegue al máximo cargo, si es que no está el aspirante de su partido entre quienes disputan la Presidencia.
Esta opción no existe en las elecciones departamentales, por lo que el ciudadano hace un símil de balotaje en la única oportunidad que se le brinda, y ello explica el trasvasamiento de votos entre votantes de los partidos tradicionales para derrotar al Frente Amplio en la mayoría de los departamentos, beneficiando en la enorme mayoría de los casos al Partido Nacional y en el departamento de Rivera, al Partido Colorado.
Donde no se dio un escenario para hacerlo, por desinteligencias entre dirigentes de ambos partidos, fue Salto, y ello dio como resultado que el Frente Amplio, como el tercio mayor, se hiciera nuevamente del gobierno departamental.
Las imperfecciones del sistema propician que un partido deba “vaciarse” en beneficio de otro, para cerrarle el paso al partido que la mayoría ciudadana no quiere en el gobierno. Quedó de relieve como nunca en esta elección de 2020, y también ha expuesto y reafirmado, por si hacía falta, el déficit de sintonía y empatía de la izquierda con la realidad que viven los ciudadanos del Interior y sobre todo del interior profundo, y es así que solo ha obtenido mayoría en el área metropolitana y algunos nucleamientos urbanos.
Un llamado de atención, un tirón de orejas, casi una revancha, hacia dirigentes que en varias instancias solo dejaron traslucir soberbia y “ninguneo” hacia el Interior, sus representantes, organizaciones de productores y fuerzas vivas que solo han reclamado atención y mejores condiciones para reducir las asimetrías y falta de oportunidades que padecen los ciudadanos del norte del Santa Lucía.

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Opinión

No es solo el coronavirus

Es impresionante lo que puede repercutir una enfermedad del político más poderoso del mundo. Y ni que hablar si ese quebranto de salud es justo el tema del momento, del año, del lustro, de la década. En medio de la campaña electoral, de unas elecciones que tendrán lugar dentro de un mes, el presidente de Estados Unidos se contagió del coronavirus COVID-19. Nada menos.
Y justo él, Donald Trump, que al principio de la pandemia se mofaba de su letalidad, pero al observar luego cómo se propagaba, infectaba a miles y morían otros tantos, se dio cuenta que la situación resultaba realmente seria (igual, nunca se mostró realmente preocupado). Estados Unidos suma casi 210 mil personas muertas por el coronavirus, la cifra más alta de decesos por este motivo en el mundo.
Los mercados recibieron un sacudón por esta noticia, mientras que para la campaña que terminará por reelegir a Trump o, en su defecto, anunciar la victoria del demócrata Joe Biden, esto significa un freno que a su vez llena de especulaciones de todo tipo. No es para menos.
Hace unos pocos días tuvo lugar el primer debate televisivo –toda una tradición en ese país, algo para imitar– entre ambos candidatos, una instancia en la que quedaron marcadas las diferencias de estilo, aunque también se notó, y mucho, lo fuera de foco que pueden estar los dos respecto al mundo y a la sociedad actuales. Trump en tono burlón, como le encanta, y Biden, a la defensiva y nervioso, con una exasperante parsimonia. Para muchos fue el peor debate presidencial de la historia. Nada bueno salió de ahí.
Y ahora esto. El coronavirus que irrumpe, de forma terminante y definitiva, en la campaña electoral que deberá elegir al presidente de Estados Unidos por el próximo período de cuatro años (que comienza en enero de 2021). La enfermedad del mandatario –como la de la primera dama, Melanie, también con coronavirus– supone, a priori, la interrupción de un calendario muy cargado de actos, al tiempo que, justamente, la atención se centra en el COVID-19, algo que Trump querría minimizar.
Tras el acto del miércoles en Minesota, el presidente mostró claros signos de cansancio, más allá del habitual en este tipo de trajín. Un día después, Trump se enteró que su asesora Hope Hicks –con la que había viajado a Minesota en un avión– había dado positivo al COVID-19, pero siguió adelante con su agenda del día. Esto, como ha sido común en Trump y sus asesores, fue silenciado a los medios que, audaces, se enteraron: entonces recién ahí el mandatario reveló que se había hecho una prueba y, más tarde, que había dado positivo.
El diagnóstico de Trump le obligó a cancelar el acto que tenía programado ayer en el estado clave de Florida, y dinamitó la estrategia con la que su equipo de campaña planeaba estrechar la ventaja que Biden lleva al presidente en muchos estados importantes.
El presidente tenía previsto multiplicar en las próximas semanas sus viajes a los estados donde hay más en juego, en los que ya había empezado a programar actos en espacios cubiertos, con cientos de personas agolpadas en el público, para transmitir su mensaje de que lo peor de la pandemia ya había pasado.
“La enfermedad obligará ahora a Trump a permanecer encerrado en la Casa Blanca durante al menos dos semanas y dificultará sus esfuerzos de distraer la atención de la pandemia, apenas tres días después de que el presidente se burlara de Biden en el debate por llevar mascarilla”, afirma un buen análisis de la agencia Efe.
El impacto en la campaña puede depender de si sus síntomas empeoran, algo que muchos expertos en salud no descartan ya que, como hombre de 74 años que padece de obesidad, reúne al menos tres factores de riesgo. Según esos expertos, la semana que viene puede ser clave para saber cómo va a evolucionar la salud de Trump.
Para Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC para América del Norte, es difícil decir exactamente cuán trascendental es esto a tan solo 32 días de las elecciones estadounidenses. Esta ya era una campaña muy particular, sin eventos masivos debido a la pandemia. Además, el segundo debate presidencial entre Trump y Biden está programado para el 15 de octubre en Miami, Florida, y todavía no está claro cómo afectará el contagio del presidente a su organización. No se descarta que el debate se pueda hacer de manera virtual.
Lo cierto es que el positivo del presidente al coronavirus puede significar un golpe duro para su campaña a la reelección, que ahora parece más complicada de lo que venía. Con el foco puesto en un asunto que prefería evitar, se le podría hacer más cuesta arriba la lucha por achicar la diferencia que le lleva Biden en las encuestas de opinión.
También puede suceder que Trump logre recuperarse con rapidez del virus y retome su campaña con bríos. “Algunos votantes hasta podrían sentir mayor empatía por el presidente en este momento de dificultad personal para él”, dice la BBC. De esto bien podría agarrarse el mandatario. Ante la dificultad añadida, explotar el sentimiento de pena entre la ciudadanía representaría una baza que no debería despreciar frente a esta realidad. Con Trump, todo puede pasar. Por lo pronto, debería quedarle claro que esto no es un juego. Y que la vida es siempre paradójica.
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Opinión

Salida de la pobreza no solo en las estadísticas

Los últimos datos conocidos indican que la pobreza alcanzó al 40,9% de la población argentina en el primer semestre de 2020, por lo que el país sudamericano alcanzó uno de los peores índices semestrales de pobreza e indigencia en su historia. En cuanto a los grupos de edad, 56,3% de las personas de 0 a 14 años son pobres.
En ancas de lo que se considera ha sido la cuarentena más larga del mundo, y la consecuente repercusión sobre la actividad general y laboral en particular, el índice de pobreza en Argentina se ha ido elevando hasta llegar al 40,9% de la población en el primer semestre de este año, pero ya con un estimativo del 47 por ciento a setiembre, con un 10,5% en nivel de indigencia.
La información fue proporcionada por el estatal Instituto de Estadísticas (Indec), el cual ahora es creíble, luego de haber disfrazado los datos o directamente dejar de funcionar durante los gobiernos de los Kirchner. Al cierre de 2019, la tasa de pobreza había sido de 35,5% y la indigencia de 8%.
En la comparación interanual, la cantidad de personas bajo la línea de la pobreza aumentó 5,5 puntos porcentuales, y en indigencia 2,8 puntos porcentuales. En cuanto a los grupos de edad, un 56,3% de las personas entre 0 y 14 años son pobres. Con estas cifras se calcula que 18,5 millones de argentinos son pobres y 4,7 millones son indigentes.
“De a poco se va aproximando a la mitad de la población que no está en condiciones de cubrir con sus ingresos una canasta básica de consumo imprescindible. Eso es muy preocupante porque tiene muy alto porcentaje de niños y adolescentes”, dijo el economista Ricardo Aronskind.
“Es una situación muy parecida a lo que vivimos en 2001 y 2002”, cuando Argentina vivió su peor crisis. “Ya se están haciendo políticas públicas para aplacar el problema, pero va a requerir un esfuerzo muy grande para que retroceda” la pobreza, agregó Aronskind.
“El gobierno deberá hacer dos tipos de políticas: una de fuerte estímulo a la producción, sobre todo a las actividades que demandan mucho empleo, y transferencias directas de ingresos a la población”, añadió.
La situación argentina, con ser realmente grave desde el punto de vista socioeconómico, es solo un ejemplo –aunque exacerbado por nefastas políticas populistas–, de lo que ha ocurrido en toda la región, que a sus serios problemas estructurales ha añadido las consecuencias de las medidas para contener la pandemia, por regla general con escasa o nula espalda financiera, para instrumentar medidas paliativas hacia la parálisis de actividad, con destino a los sectores más desfavorecidos del tramado social.
Ocurre que Argentina, con una inflación de más de 40% anual, está en recesión desde 2018. La pandemia del COVID-19 ha golpeado duramente a su economía y el Fondo Monetario Internacional calcula que cerrará este año con una contracción de por lo menos 9,9% del Producto Bruto Interno (PBI).
Pero este escenario es general al subcontinente sudamericano, con matices, porque hay situaciones y situaciones, y en muchos casos se está pagando el precio a políticas voluntaristas desarrolladas con el objetivo de mantener artificialmente por encima de la línea de pobreza a sectores de la población mediante transferencias desde el Estado, con claras motivaciones electorales. Ello significa tener siempre sobre la cabeza de esos sectores la espada de Damocles, por cuanto estas políticas no son sustentables y nuevamente se cae en la pobreza cuando el Estado se queda sin dinero para sostener a estas familias con asistencia directa.
Por lo tanto lo que estamos viendo a nivel global, con un esquema recesivo notorio, es mucho más grave en las economías subdesarrolladas y sobre todo en América Latina, porque lo que se hace es acentuar los problemas que se vienen arrastrando en forma endémica y apenas paliados coyunturalmente, con escenarios comerciales más favorables en los commodities, como ocurriera en la década anterior hasta 2014 (“la década ganada”, diría Cristina Kirchner en Argentina), pero reapareciendo situaciones de pobreza a indigencia a niveles similares una vez se deja de recibir las transferencias desde las arcas estatales.
Hay que tener en cuenta sí que en una economía, en cualquier país, la transferencia de recursos es un factor clave para el desenvolvimiento, la sensación térmica de la población, de los operadores económicos, de las empresas, del ciudadano común. Por incidencia de una serie de factores, esta transferencia que deriva de un sector a otro puede ser una consecuencia natural del mercado sin la intervención del Estado, con una intervención moderada de éste como redireccionador de recursos o como en el caso de los estados de regímenes de economía colectivizada, con todo dependiendo del Estado, incluso como empleador único.
Pero el tema es que transferir recursos debe tener como punto de partida que existan recursos, o de alguna forma hacer o promover que esta transferencia sea base para avanzar hacia el autosustento de la economía, es decir actuar como agente catalizador para multiplicar recursos y generar un circuito virtuoso.
Lamentablemente, los regímenes populistas que se han dado en todo el mundo pero sobre todo en América Latina, suelen poner la carreta delante de los bueyes y han puesto énfasis en la redistribución como un agente mágico que solucionará los problemas de desigualdad y marginación, cuando la cosa es mucho más compleja que el voluntarismo. Es que esta “solución” puede ser en realidad –generalmente lo es– un multiplicador de pobreza, justamente al revés de lo que se pregona, porque tarde o temprano, la realidad gana.
“La pobreza es consecuencia de múltiples factores que hay que atacar. No alcanza con las transferencias monetarias, y cuando la economía de un país crece no se arregla dándole dinero a la gente”, expresó meses atrás al respecto, entre otros conceptos, en el suplemento Economía y Mercado, del diario El País, el director del Centro de Desarrollo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) Dr. Mario Pezzini.
Reflexionó empero que “esta manera de atacar el problema tenía una justificación fuerte: la idea de que si uno pasa la línea de pobreza extrema, supera el problema y no va a retornar, porque hay mecanismos de mercado que le permiten integrarse automáticamente a la sociedad. Pero es evidente que vuelve a caer. En América Latina hubo una fuerte reducción de pobreza extrema y ahora está volviendo a crecer. Hay múltiples vías para que eso pase, la pérdida de trabajo, reducción de ingresos, inflación, empleo informal que no permite acceder a una buena jubilación, etcétera. Por tanto, hay que buscar otro modelo de cooperación”, expuso.
Las reflexiones del director del programa de la OCDE refiere a una problemática que tiene que ver con la dirección de la cooperación internacional, es decir identificar países a los que canalizar con mayor énfasis esta ayuda y la forma en que éstos pueden encarar políticas y reformas para un mejor aprovechamiento de estos recursos.
El punto es que las carencias potenciadas por la pandemia exigen que esta cooperación internacional atienda las situaciones que se han dado en cada país por el crecimiento de la pobreza, y de lo que se trata es de que los gobiernos puedan recibir esta ayuda financiera excepcional de organismos internacionales para contribuir a reducir la brecha, poner en movimiento las cadenas productivas y de comercio, y generar un circuito virtuoso de inversión, más trabajo y reciclaje de riqueza para que la gradual salida de la pobreza sea sustentable y no un simple dato estadístico que se cae tan pronto cede la transferencia desde el Estado, lo que es lisa y llanamente hacerse trampas en el solitario. > Leer más

Opinión

¿Y del corazón cómo estamos?

En tiempos en que tanto se ha escrito, dicho y actuado en prevención de la nueva enfermedad actualmente pandémica, COVID-19, es necesario no desatender viejas dolencias con las que lidiamos desde hace tiempo y continúan demandando prevención, asistencia e inclusión activa en forma permanente en las políticas públicas de salud.
La actual Semana de la Salud Cardiovascular nos recuerda una vez más que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el país: 24 personas por día.
Por otra parte, las enfermedades del sistema circulatorio como el accidente cerebrovascular (ACV) y la enfermedad isquémica del corazón son las principales causas de discapacidad y muerte prematura.
“La actividades de prevención, es decir acciones que se enfocan en reducir y eliminar las conductas de riesgo para la salud harían posible evitar al menos un 80% de las de las enfermedades cardiovasculares, lo que repercute en minimizar el impacto que estas enfermedades tienen y la discapacidad que generan en la población uruguaya” sostiene la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular que, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, llevan adelante la denominada Semana del Corazón hasta mañana 2 de octubre.
Se trata de una campaña nacional tiene como objetivo informar y facilitar estrategias para que las personas adopten un estilo de vida saludable como medida de prevención y control de las enfermedades cardiovasculares. Este esfuerzo de múltiples actores públicos y privados no es nuevo, son que la llamada Semana del Corazón comenzó a realizar hace ya 28 años. Las primeras tres ediciones fueron organizadas por la Asociación Procardias y el Programa de Enfermedades Cardiovasculares del Ministerio de Salud Pública y en 1994 estos organismos, en conjunto con la Sociedad Uruguaya de Cardiología, la Cátedra de Cardiología de la Facultad de Medicina, el Sindicato Médico del Uruguay y la Federación Médica del Interior, fueron los asesores para la creación de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular por decreto de ley. En esta ley se establece que la Comisión es la encargada de organizar la Semana del Corazón que se desarrolla cada año en la semana que comprende al 29 de setiembre por ser el Día Mundial del Corazón.
En este sentido, se entiende que el aumento del conocimiento de las personas sobre estos temas permite mejorar su salud, su bienestar general, disminuir la presencia de factores de riesgo y combatir la mortalidad prematura causada por enfermedades cardiovasculares.
Las condiciones que aumentan la posibilidad de presentar enfermedades no trasmisibles pueden ser conductuales o biológicas. Entre las primeras se encuentra la alimentación no saludable, la inactividad física, el consumo de tabaco, la contaminación del aire o el uso nocivo del alcohol mientras que entre los segundos, se ubica la hipertensión arterial, el sobrepeso y obesidad o la glicemia elevada. Cuanto más conocimiento tengamos de estos factores de riesgo y cómo prevenirlos o atenuarlos y cuanto más hagamos por introducir cambios saludables en nuestra vida, menos expuestos estaremos a engrosar la nefasta estadística –respecto a la cual pocos parecen alarmarse- de 24 muertes por día en un país tan pequeño como Uruguay.
Por otra parte, de acuerdo a los estudios realizados, las actividades de prevención, es decir acciones que se enfocan en reducir y eliminar las conductas de riesgo para la salud harían posible evitar al menos un 80% de las de las enfermedades cardiovasculares, lo que repercute en minimizar el impacto que estas enfermedades tienen y la discapacidad que generan en la población uruguaya.
Aunque suele pensarse en la enfermedad cardiovascular como una enfermedad de las “personas mayores” y del “hombre”, son la principal causa de muerte de las mujeres en todo el mundo (1 de cada 3 muertes son de mujeres, lo que significa una muerte por minuto) por lo cual es vital que las mujeres sepan acerca de su riesgo, no lo subestimen y puedan tomar medidas para protegerse y proteger a su familia. En el marco de una política de Estado en materia de salud Uruguay promulgó la Ley 18.360, que dispone la instalación de desfibriladores externos automáticos en los espacios públicos o privados donde exista afluencia de público, los que deben ser mantenidos en condiciones aptas de funcionamiento y disponible para el uso inmediato en caso de necesidad de las personas que por allí transiten o permanezcan. En este sentido, es fundamental que las empresas, instituciones y organizaciones públicas y privadas comprendidas por la ley cumplan con la colocación de cardiodesfibriladores (DEA), ya que un importante porcentaje de muerte súbita podría revertirse con el uso precoz de un desfibrilador.
Hoy en día numerosos lugares cuentan con desfibriladores y eso es una gran ventaja dado que la mayoría de las muertes súbitas ocurren en el hogar, el trabajo o lugares públicos. Otro aspecto fundamental es que en el lugar donde se colocan estos aparatos haya personal entrenado para la resucitación, ya que las maniobras deben iniciarse inmediatamente, pues los 10 primeros minutos son vitales para la resucitación y, como se ha demostrado, por cada minuto que se retrase la resucitación se pierde 10% de posibilidades de éxito.
En este sentido, y seguramente teniendo en cuenta lamentables casos ocurridos de muerte súbita de deportistas, la Secretaría Nacional del Deporte, que dirige Pablo Ferrari, anunció en la presente Semana de la Salud Cardiovascular el objetivo de instalar desfibriladores automáticos externos en las instituciones deportivas más carenciadas, para lo cual dicha repartición iniciará una campaña de recaudación de fondos para que las empresas del sector privado donen equipamientos.
Sabido es que los clubes más débiles económicamente –y lo mismo ocurre con otras organizaciones en similar situación en otros sectores de actividad donde se producen aglomeraciones por distintos motivos–, suelen enfrentar condiciones que impiden la adquisición de estos equipos. No obstante, cabe preguntarse si corresponde que el Estado organice una “vaquita” y apele a donaciones de privados para cumplir con una responsabilidad social de velar por la salud pública en un tema que por su incidencia se sitúa entre los más importantes a tener en cuenta en prevención. Aún en épocas de recortes de gastos, seguramente sería mucho más efectivo que el propio gobierno se haga cargo de adquirir estos equipamientos y los distribuya con criterio que dejar el tema librado a la buena voluntad de eventuales donantes, dado que una sola vida que se pierda por la falta de un desfibrilador, es un precio personal, familiar y social extremadamente caro. > Leer más

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Cultivar las singularidades

La realización el pasado domingo de las elecciones departamentales y municipales provocó que pasara casi sin repercusión prácticamente la celebración del Día Mundial del Turismo. Una fecha que se conmemora cada año el 27 de setiembre desde 1980, es decir, que este 2020 cumplió sus 40 años.
Además, este año tuvo la particularidad de que por primera vez la celebración oficial no estuvo auspiciada por un único Estado Miembro de la Organización Mundial del Turismo, OMT, sino que fue el bloque de Mercosur quien asumió la responsabilidad: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Chile como observador. Con esto se pretendió dar un mensaje sobre “el espíritu de solidaridad internacional que recorre el turismo y que la OMT ha reconocido como esencial para la recuperación”, en un año que está siendo el peor de este sector de la economía, desde que se lo asumió como tal.
El lema del Día Mundial del Turismo 2020 fue “Turismo y desarrollo rural” y encuadra perfectamente con las premisas que rodean las actuales circunstancias en las que se puede desarrollar la actividad en el contexto de pandemia, favoreciendo la vida al aire libre y sin aglomeraciones, en una modalidad en la que se ha trabajado mucho pero que, tal vez por falta de masividad, quizás en el imaginario de la comunidad no se equipare al turismo de los grandes números, como el que convoca la temporada estival en las zonas costeras de nuestro país y alrededor del mundo.
Enfatiza la OMT en que durante estas 4 décadas, el Día Mundial del Turismo ha puesto en relieve el poder del turismo para llegar “prácticamente a todos los lugares de nuestra sociedad. Hoy, este mensaje es más importante que nunca. Cuando nos enfrentamos a una crisis sin precedentes, el lema del Día Mundial del Turismo de 2020, ‘Turismo y desarrollo rural’, resulta especialmente pertinente”.
Se asume que el turismo ha demostrado ser vital para muchas comunidades, aunque “su verdadera fuerza está aún por terminar de desplegarse”. En este sentido se considera que el sector no es solamente una fuente principal de empleo, especialmente para las mujeres y los jóvenes, sino que ofrece también oportunidades de cohesión territorial e inclusión socioeconómica para las regiones más vulnerables. “El turismo ayuda a las comunidades rurales a conservar su singular patrimonio natural y cultural, apoyando proyectos de conservación, muchos de los cuales protegen especies en peligro o tradiciones y sabores perdidos”, afirmó en su mensaje el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili.
En nuestro país el turismo rural tiene andado un buen camino. Ya no se trata de experiencias incipientes, hay muy buenos productos turísticos rurales, orientados a públicos exigentes; de hecho hay una organización que los nuclea, la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural, Sutur, que es un ejemplo en el desarrollo de productos, así como en la tarea de difusión y comercialización.
El turismo rural tiene una lógica muy diferente a la del turismo masivo, de hecho el turista rural parte de una premisa distinta, busca cosas diferentes, usa los recursos de otra forma y se preocupa por la conservación y por entender la lógica de un medio que no conoce y que quiere conocer. Es muy distinto a quien simplemente va unos días a la playa. Culturalmente es muy diferente y su consumo y su impacto son distintos.
La OMT se plantea esta crisis como “una oportunidad de repensar el sector turístico y su contribución a las personas y al planeta, una oportunidad para que el turismo se reconstruya como un sector más inclusivo y resiliente. Convertir el desarrollo rural en uno de los ejes de las políticas turísticas, a través de la educación, la inversión, la innovación y la tecnología, puede transformar la vida de millones de personas y preservar nuestro medio ambiente y nuestra cultura”.
Incluso el turismo es una actividad con potencial para ayudar en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprovechado “como motor del desarrollo rural”.
“El turismo en espacios rurales es un gran impulso para el desarrollo interno de Uruguay, y en el actual contexto de posición del sector, se posiciona como una oferta atractiva, alejada de propuestas masivas, e innovadora en experiencias sensitivas y emocionales”, expresó en su mensaje con motivo de este día, el ministro de Turismo, Germán Cardoso, que además enfatizó en el buen posicionamiento de la marca país Uruguay Natural y en la captación de inversiones que pretende el actual gobierno en el sector, aunque en específico los anuncios han aludido a proyectos hoteleros asociados a la industria del juego y en la franja costera.
Llegado el momento veremos si el turismo que sobrevendrá tras la pandemia será el más cercano a la naturaleza y alejado de las experiencias masivas, tal cual espera la OMT, o si, a pesar de todo, el calor, la playa y el sol siguen marcando los tiempos.
En su mensaje Matías Lammens, el ministro argentino de Turismo y Deportes, destacó que se abre para Sudamérica una oportunidad a partir de esta situación internacional, para posicionar una modalidad en la que la región tiene sus ventajas. En específico para Uruguay se trata de una posibilidad de romper la estacionalidad y de apuntalar el crecimiento de todo el sector complementando ofertas. En el turismo rural el país tiene serias ventajas comparativas y, particularmente en esta región, se ha mejorado esa oferta con propuestas culturales (Anglo, Meseta de Artigas, Casa de Quiroga, etcétera). Sería bueno que se le apuntalara dándoles más protagonismo y visibilidad.

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Opinión

El desafío de generar empleo sustentable

“El emprendedor es quien va a sacar adelante el empleo del país. Más allá del problema de la pandemia, cuando asume esta administración, en Uruguay ya teníamos un problema en el mercado laboral de destrucción de puestos de trabajo que era muy importante y, por eso, de entrada el mayor desafío en materia de política económica es la creación de empleo. Ese empleo no tiene que surgir del sector público (…) El empleo tiene que venir del emprendedor grande, pequeño, mediano”, en tanto “hay un rol para el Estado en materia de crecimiento económico y de aumentar el empleo, pero quien tiene que proveer de más empleo tiene que ser el sector privado”, es la reflexión central que aporta la ministra de Economía y Finanzas, Ec. Azucena Arbeleche, en una entrevista a la agencia EFE, al desgranar conceptos respecto al eje central de su política económica.
Es que a esta altura del tercer milenio ya no debería haber ninguna confusión sobre el papel clave de la articulación entre la creación de la riqueza y las acciones simultáneas y consecuentes no solo para una mejor distribución de los recursos con favorable impacto socioeconómico, sino también para hacer que este circuito sea sustentable, un gran debe que queda al desnudo cuando en los gobiernos populistas se termina el dinero de los otros o el ingresado en situaciones excepcionales, como ha sido el escenario reciente de nuestro país.
Al hacer referencia a las principales líneas del proyecto económico del Gobierno y el papel de Uruguay en el panorama internacional en el marco de la pandemia por el coronavirus, la secretaria de Estado evalúa que a poco de asumir, “lo importante era que las emergencias y la urgencia que implicaba la pandemia no nos quitara el foco en una agenda de mediano plazo. Era atender los dos frentes a la vez: lo inmediato, que era lo más importante y lo urgente, pero también no perder la mirada en lo estructural, en el mediano plazo”.
Esta suma de desafíos, entre la urgencia, el corto y el mediano plazo, explica que la nueva administración diera prioridad a generar instrumentos para enfrentar la emergencia sanitaria, social y económica, en sus respectivos planos y plazos, y sobre todo, asumir que atacar lo inmediato no significara mayores compromisos y limitaciones para atender lo importante, que es la postpandemia en un contexto global y nacional muy difícil. Y no puede soslayarse que en lo que refiere al escenario socioeconómico postpandemia, una vez que la manifestación del COVID-19 quede superada, pese a su magnitud, nos encontraremos todavía ante una realidad difícil, cuyo desafío central tiene que ver con la provisión de empleos genuinos, es decir enmarcados en la captación de inversiones precisamente como lo señala en sus expresiones la titular de Economía.
Tiene toda la razón Arbeleche cuando indica que el emprendedor es el que va a sacar adelante el país, en la conjunción de inversión, capital de riesgo y empleo, que son los factores que mueven la rueda de la economía, y no el sector público, cuyo papel en el mejor de los casos, sería por lo menos el de no entorpecer y quitar dinamismo a la inversión privada. Es decir, justo al revés de como se ha hecho durante más de una década, con la incorporación de un gasto estatal que ha hecho trepar el déficit fiscal por encima del 5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), como se recibiera por el nuevo gobierno de manos del Frente Amplio, y que ha subido más aún en estos meses por efectos del aumento del gasto por la pandemia y la consecuente caída de actividad ante medidas de contención. Sobre este panorama la secretaria de Estado evalúa que “lo que esperamos para 2020 es un deterioro del déficit fiscal y ahí es donde hay un cambio de prioridades por estar en situación de pandemia. Del 20 al 21 tenemos una mejora significativa del déficit fiscal, que está basado en un menor gasto, en una mayor eficiencia de todo el sector público (…) De ahí para adelante el gasto se mantiene constante, en términos reales, en un contexto que estimamos el producto empiece a crecer. La economía, luego de la caída de este año, va a tener un rebrote el año que viene y va a mantener su ritmo de crecimiento. Creemos que estas estimaciones son realistas, totalmente alcanzables y hay un compromiso muy fuerte de parte de todo el Gobierno para alcanzar esas metas”.
Por supuesto, si bien nos sitúa en la realidad, las expectativas de la titular del Ministerio de Economía aparecen en principio teñidas de un optimismo, porque hay todavía una incertidumbre muy grande a nivel global y un panorama recesivo del que no va a ser muy fácil salir en el corto plazo por lo menos. Ello aporta una cuota adicional de incertidumbre por situaciones externas, de las que dependemos como país netamente exportador y con mercado interno reducido.
Ahora, el punto es que entre las alternativas ante el estrecho margen de maniobra, lo único a descartar sería el seguir pateando la pelota para adelante, que nos ha resultado carísimo a todos los uruguayos, con más déficit fiscal, más deuda y más costos rígidos incorporados al Estado, bancados por todos los ciudadanos, sin espalda financiera porque se ha gastado todo lo había ingresado en la época de bonanza y más aún.
Y como bien expresa Arbeleche “por eso hemos incorporado en la Ley de Urgente Consideración (LUC) el concepto de regla fiscal, que nos permite que las políticas sociales siempre se lleven adelante, independientemente del ciclo económico”; se trata de una regla de oro para cualquier gestión con sentido común, para no cargar todo el costo del Estado sobre los actores reales de la economía.
Es decir, los que nos sacarán del pozo serán los emprendedores que contribuyen a crear la riqueza, justo al revés de los que pregonan que se empieza por repartir, en el colmo del delirio, cuando esa riqueza no existe. > Leer más