Opinión

Adaptarse es la consigna

“Tenemos que entender que Nueva Zelanda no puede permitirse el lujo de proteger todo lo que hemos construido y no podemos permitirnos devolver todo lo que se dañará”. La frase corresponde al comisionado del Clima, Rod Carr, al comentar un novedoso estudio científico capaz de mostrar “qué ocurrirá, dónde y cuándo”, y gracias a ello permite tomar decisiones respecto a las infraestructuras en riesgo debido al cambio climático.

Carr comentó que algunas comunidades que viven cerca del mar tendrán que dejar sus viviendas en unos treinta años. Es que el país insular está sufriendo como pocos por el momento el impacto del cambio climático, que provoca la subida del nivel del mar debido a que –a la par– se están hundiendo partes de su territorio.
El hundimiento del suelo se está produciendo por ejemplo en zonas de las ciudades de Auckland y Wellington, según consta en el informe. Se estima que el nivel del mar puede llegar a aumentar medio metro para el año 2100, pero en la costa neocelandesa –debido al hundimiento– el impacto puede llegar a ser del doble.
En su cuenta de Twitter, el proyecto NZ SeaRise publicó que “el aumento global del nivel del mar de 25 a 30 cm para 2060 es inevitable, independientemente de nuestra futura trayectoria de emisiones. Pero en muchas de las regiones más pobladas de Nueva Zelanda, los movimientos verticales de la tierra significan que estos cambios pueden producirse entre 20 y 30 años antes de lo previsto”.

Pero este no es más que solo un ejemplo. Hay otros casos bastante recientes que han quedado un tanto olvidados en la vorágine de las noticias. Ocurrió en Miami, Estados Unidos. En junio se cumplió un año desde el derrumbe del edificio Surfside, una estructura de 12 plantas, que desde hace muchos años ya presentaba problemas de hundimiento y colapsó parcialmente, con el saldo de 98 muertes.
El cambio climático y su incidencia en el incremento del nivel del mar se colaron entre las hipótesis del porqué de esta tragedia. Hay dos maneras en las que puede haber incidido la suba del mar, como la corrosión del medio salino en la estructura y el debilitamiento del suelo en el que está asentado.

Un informe de CNN al respecto, citando un estudio de Climate Central, estima que se prevé un aumento de entre 0,6 y 2,1 metros en el nivel del mar en el transcurso de este siglo, y que quedarían inhabitables terrenos en los que viven unos 200 millones de personas alrededor del mundo.
Citado en el informe, Arnoldo Valle-Levinson, profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Costera de la Universidad de Florida, afirmó que el aumento del nivel del mar es una amenaza para los edificios en algunas líneas costeras y “ya está mandando señales de que hay que hacer algo para adaptarnos y para prevenir catástrofes como esta”.

Explicó que allí, en la península de Florida, el “suelo kárstico” está compuesto de carbonato de calcio que “se disuelve con relativa facilidad con el agua de mar”, comparado con otros suelos de roca volcánica. Además se trata de un suelo muy permeable, con muchas fracturas por donde se puede meter el agua y esto hace que haya puntos más débiles.
También, por supuesto, está el tema del agua salada. Basta con haber ido alguna vez a la costa para saber qué ocurre con el hierro expuesto. El aumento del nivel del mar puede afectar los cimientos que contengan metal.

La respuesta a esto es adaptarse y, como decía Carr, asumir que no todo se podrá rescatar.
Uruguay también tiene muestras de afectación costera. En junio de este año un violento temporal afectó la costa y el punto donde se registraron mayores pérdidas fue el balneario rochense de Aguas Dulces. Fueron 21 construcciones las que derribó el mar y otras 27 sufrieron diferente grado de afectación. Todas estas viviendas y estructuras estaban edificadas en una zona de dominio público. Allí se ha relevado la presencia de más de 530 viviendas en total en una franja de 1.500 metros de largo y 75 de ancho. Todas ellas, en mayor o menor grado, expuestas a que las afecte el avance de las aguas, que se viene registrando hace mucho tiempo en el lugar, o algún otro fenómeno extremo. El clima es inevitable. Vaya si Paysandú lo sabe. La única respuesta es la adaptación.
Ben Schafer, ingeniero estructural de la Universidad Johns Hopkins, citado en el mismo informe de CNN, expresó que “el cambio climático está cambiando las exigencias para todos nuestros edificios en Estados Unidos”. Adaptación. “El aumento del nivel del mar es un ejemplo de algo que es mucho más amplio. Todos nosotros lo estamos experimentando, y así como lo estamos experimentando nosotros, también nuestros edificios. En muchos casos, se enfrentan a exigencias que no se habían previsto cuando los diseñamos en el pasado”, prosiguió diciendo.
Uruguay tiene un plan nacional de adaptación al cambio climático que ya ha propuesto una serie de medidas referidas a ciudades de más de 10.000 habitantes. El objetivo general es “reducir la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático mediante la creación de capacidades de adaptación y resiliencia en ciudades, infraestructuras y entornos urbanos”.

En el documento Plan Nacional de adaptación a la variabilidad y el cambio climático en ciudades e infraestructura –disponible en la página web del Ministerio de Ambiente– ya se advierte que se esperan cambios en los patrones de circulación recurrentes de los vientos. Se espera una “disminución en la frecuencia de ocurrencia de sistemas de baja presión al sur de Uruguay y de vientos del sur, así como un aumento en la ocurrencia de ciclones y anticiclones sobre el océano Atlántico”, y debido a ello es esperable “que continúe el aumento en el número de eventos extremos de viento, principalmente en la región sur del país durante invierno”.

Asume además que la afectación alcanzará a “la producción de alimentos, la estabilidad de infraestructuras y edificaciones, la continuidad de las actividades y la seguridad de las personas”. Así como que la combinación de factores (vientos, precipitaciones, aumento del nivel del mar) “aumentan el riesgo de inundación y de erosión, con crecidas, marejadas, pérdida de arena de playas y retroceso de barrancas, afectando actividades, ecosistemas e infraestructuras claves en las ciudades”.
Porque todo esto se sabe, porque consta en la documentación, es necesario que también forme parte de la planificación y de la asignación de recursos que es, a la postre, el gran tema detrás. → Leer más

Opinión

Los campos que se vacían y los asentamientos que crecen

Desde hace varias décadas, y durante los gobiernos de todos los partidos, se ha venido desarrollando en Uruguay un proceso de despoblación del medio rural, el que se acentúa en determinados ciclos de la economía, cuando los precios de los productos del agro están en un ciclo depresivo, pero que no es compensado cuando se dan los períodos buenos, en tanto tampoco desde los gobiernos centrales se ha estado a la altura de las circunstancias para lograr la reversión de este negativo panorama.

A propósito de este proceso, del que nos hemos ocupado en numerosas oportunidades desde la página editorial de EL TELEGRAFO, el movimiento Un Solo Uruguay (USU) ha divulgado un documento en el que se formulan reflexiones a propósito de este escenario, y califica el despoblamiento en el campo como “genocidio de la ruralidad”.
Más allá de lo dramático de este concepto, la realidad indica que no le falta razón al movimiento en cuanto a las implicancias de este fenómeno para el país, que no es exclusivo de Uruguay, sino que es global. Con la salvedad de que una cosa es que se dé en naciones industrializadas y desarrolladas, y otra muy distinta en un país como el nuestro, de base esencialmente agropecuaria, y que necesita de un tramado socioeconómico fuerte de apoyo y de carácter regenerativo en el medio en el que se genera la mayor riqueza.

No estamos ante un fenómeno abstracto de vaciamiento de los campos, sino que las familias que emigran por regla general se van hacia asentamientos periféricos de las grandes ciudades, y por lo tanto agravando las carencias por marginación, falta de empleo, déficit educativo, carencias en servicios y precariedad.
El documento hace referencia en su título a que se trata de “Genocidio de la ruralidad en Uruguay: una exitosa política de Estado”, es decir reafirmando el concepto que señalamos de que el escenario trasciende la rotación de partidos en el poder y las ideologías, a la vez de hacer hincapié en que Uruguay lidera el ranking internacional de países que tienen una de las menores poblaciones rurales en relación con su población total, con un magro 4%.

“Al observar los datos de este proceso de desplazamiento de la población rural, vemos que ha sido un proceso ininterrumpido (al menos desde 1960 cuando la población rural era de un 21%) y salvaje en cuanto a sus dimensiones, pasando de más de medio millón de personas en 1960 a escasas 150 mil personas o quizás incluso menos en la actualidad, según el último censo nacional que fue en 2011”, afirma el documento.
Además, cuestiona que “se repita casi como una letanía que el proceso de despoblamiento rural es una tendencia mundial simplemente irreversible”.
Es que estamos a todas luces en un proceso global que se ha dado a lo largo de los siglos, cuando la población mundial vivía en su mayoría en el ámbito rural, desde donde obtenía su sustento diario, pero sobre todo fue a partir de los albores del Siglo XX que el impacto de la revolución industrial en lo que refiere al proceso migratorio obró como un imán para propiciar migraciones masivas de población desde zonas rurales a los centros urbanos, donde había empleo y mejores condiciones de su calidad de vida.

El USU reflexiona que “era bastante lógico que ese fenómeno se diera, ya que los pobladores rurales tenían condiciones de vida paupérrimas y las posibilidades de mejorar su situación económica obviamente estaban en poder trabajar en las fábricas, que empezaban a demandar trabajadores en forma intensiva”, pero a la vez aclara que en los países que fueron la cuna de la Revolución Industrial “el porcentaje de población rural que tienen hoy es muchísimo mayor al de Uruguay” y lo compara con países europeos como Alemania e Inglaterra, entre otros.
A su vez, asegura que, a diferencia de lo que ocurrió en Europa, los pobladores rurales de Uruguay no han migrado desde las zonas rurales a las ciudades para satisfacer una demanda de trabajadores por parte del sector industrial (u otros sectores de la economía), sino que “sencillamente han estado engrosando cinturones de pobreza y multiplicando asentamientos”.

Es cierto, no todos los países son lo mismo, sino que hay factores internos que pueden acelerar o enlentecer este proceso de despoblación. Pero la constante, por encima de estas particularidades, es que los campos se han ido vaciando de familias, aunque debe tenerse presente que no todas las zonas rurales son lo mismo, y que hay explotaciones que favorecen la radicación de familias y otras que tienden a expulsarlas, porque conllevan escasas fuentes de trabajo y condiciones que no alienten a establecerse o permanecer en el medio.

Además, se pone énfasis en un aspecto clave: “resulta evidente que la mayor riqueza que ha tenido y tiene el país radica en lo agropecuario y las exportaciones muestran que aproximadamente un 80% de lo que se exporta tiene su origen en cadenas agropecuarias o agroindustriales. También es claro y nos distingue de muchos otros países el hecho de que más del 90% de nuestro territorio tiene aptitud agropecuaria”.

Igualmente, acotamos, también es cierto que la actividad pecuaria no es una explotación que demanda mucha mano de obra, y que a la vez requiere grandes extensiones de campo pero poca población dependiente para desarrollarse, contrariamente a lo que ocurre con otras producciones y países donde hay explotaciones agropecuarias más intensivas, aplicación de modernas tecnologías, con cadenas de valor incorporadas en el propio medio, como se han dado en Uruguay en polos de desarrollo puntuales que no han alcanzado para retener a muchos de quienes han optado por emigrar, debido a falta de oportunidades laborales y una calidad de vida insatisfactoria, en promedio.

Por lo tanto estamos ante factores coadyuvantes que han incidido para que en Uruguay se dé con tanta gravedad este proceso y que con un 4 por ciento de población en el medio rural estemos entre los países del mundo con los predios rurales más vacíos respecto al total de la población.
El documento también afirma que en Uruguay hay “una anormalidad en el bestial despoblamiento rural que han generado las políticas públicas de el país”, ya que no “hacer nada es una política pública en sí mismo”, aspecto este que tiene sustento parcial, ya que se ha intentado de alguna forma revertir este proceso, solo que se ha hecho con medidas puntuales, por cada gobierno y no en el marco de la continuidad de una política de Estado, que es la única forma de lograr efectividad, dentro de determinados parámetros.

Y pese a que por regla general hay coincidencias en el sistema político en cuanto a la gravedad del fenómeno, una cosa es asumirlo y otra muy distinta poner manos a la obra, porque se necesitan políticas de mediano y largo plazo para hacer sustentable por lo menos el que se detenga esta emigración sistemática hacia las ciudades.

Pero primero hay que encontrar coincidencias en el diagnóstico y luego pasar a diseñar estas políticas para abordar las respuestas, lo que requiere compromisos, diálogo, trabajo e intercambio de ideas con las partes directamente involucradas que tengan carácter representativo. Y la verdad es que lamentablemente, hasta ahora, los pasos cortoplacistas y puntuales que se han dado solo han sido paños tibios que no han movido la aguja, ni siquiera para disimular que el gran problema sigue planteado en todos sus términos, mientras los años siguen pasando y la gente de nuestro interior profundo sigue yéndose en busca de mejores horizontes. → Leer más

Opinión

Grandes logros, enormes desafíos

Los últimos días han quedado escritos y principios de agosto ha quedado como un momento de grandes logros y merecidos festejos para el deporte uruguayo y, en particular, para ciudades litoraleñas como Paysandú y Mercedes que vieron crecer y desarrollarse a jóvenes deportistas que hoy son motivo de orgullo y reconocimiento.

Manuela Rotundo (Paysandú) y Felipe Klüver (Soriano) nos han dado de las más gratas noticias no sólo por su triunfo deportivo en escenarios mundiales sino porque sabemos a conciencia que ellos constituyen un punto de inflexión en sus jóvenes trayectorias deportivas y porque, además, posicionan a Uruguay en el mapa deportivo internacional.

No es menos meritoria –y además un hecho sin precedentes en la historia del remo uruguayo para la rama femenina– la clasificación de Paulina Centurión y Tatiana Seijas a la final del Mundial Sub 23 de Italia.
El regreso de Luis Suárez al país, y la pasión de multitudes que esto provoca, son también otro componente fundamental del panorama deportivo de los últimos días y un espectacular telón de fondo de la mano de un futbolista consagrado que también la luchó muy de abajo y logró algo que miles de gurises desean y muy pocos logran.

Las historias de vida no sólo son utilizadas como método de investigación descriptiva para conocer las personas y el mundo social que las rodea, sino que tienen el valor y el potencial de revelar el trabajo que hacemos con uno mismo cuando perseguimos un propósito.
En este sentido, una rápida mirada a las historias de vida de estos dos jóvenes deportistas litoraleños que vuelven con medallas nos los presenta en su ciudad natal, haciendo cosas que haría cualquier adolescente hasta que un día, casi fortuitamente, toman contacto con aquello que hoy los ha llevado al podio mundial.
Felipe Klüver, el remero mercedario que acaba de consagrarse en Italia como campeón del mundo en la categoría single peso ligero al obtener medalla de oro en el Mundial de Remo Sub 23, luego de salir sexto junto a Bruno Cetraro en los Juegos Olímpicos de Tokio, comenzó a remar hace siete años. En una nota concedida a El País tiempo atrás, contó que en 2015 estaba en Mercedes cuando un día fue a acompañar a remar a un amigo. Si bien él no practicaba ese deporte y se quedó esperándolo a que terminara la práctica, tuvo luego una invitación ya que el profesor de la escuelita de remo, Carlos Meléndrez lo invitó “a subir a una canoíta”. “Yo de corajudo porque no sabía nadar y no había tenido contacto con el río me subí y desde ese momento me encantó”, contó el sorianense que se convirtió ahora en el primer uruguayo en tener el título que hoy ostenta. La sanducera Manuela Rotundo, lanzadora de jabalina, ha expresado públicamente su orgullo y felicidad por ganar una medalla de bronce para Uruguay en el Mundial Sub 20 de Atletismo en Cali (Colombia), algo que seguramente no soñaba cuando practicaba atletismo en el liceo y fue “descubierta” por un entrenador que observó sus cualidades físicas para el lanzamiento. “En el liceo hacía atletismo (salto largo y disco) y lo compartía con el vóleibol al mismo tiempo. Un día durante un torneo de vóleibol estaba presente Julio (Acosta), me vio y me invitó a entrenar jabalina porque dijo que tenía velocidad en el brazo y además la técnica del lanzamiento tiene similitudes con el saque y pegada del vóley (…) Ahí empecé, me motivé, fui consiguiendo objetivos y sigo entrenando hasta el día de hoy con todas las ganas. Este bronce es un espaldarazo más”, dijo en un artículo publicado en Montevideo Portal.

De esta manera, la existencia de clubes deportivos locales, las plazas de deportes y la práctica del deporte en competencias liceales se constituyen en elementos fundamentales en el inicio de la trayectoria de estos y otros deportistas, siendo además importantes engranajes del complejo universo deportivo uruguayo en el que cada deportista que llega a los objetivos planteados deja tras de sí un camino lleno de sacrificios, desafíos y desvelos propios, familiares y de los equipos que los acompañan.

Si para muestra basta un botón, cabe señalar que la sanducera Manuela Rotundo –quien además fue oro en el Sudamericano Sub 18 que se realizó en Encarnación, Paraguay y previamente plata en la competencia continental Sub 20 de Lima, Perú en el 2021– obtuvo su medalla de bronce compitiendo con jabalina prestada, dado que la falta de 500 dólares extra impidieron que pudiera viajar con la suya. “Es que llegamos hasta el aeropuerto, y nos querían cobrar 250 dólares de ida y otros 250 dólares de vuelta para llevar las jabalinas. Me costó mucho encontrar una. En el primer lanzamiento encontré una que no me quedó muy bien, luego probé con la que estaba usando una chilena-finlandesa, y me quedó bien. Pero si te ponés a buscar una jabalina se te pasa la competencia”, dijo en declaraciones a EL TELEGRAFO. Aún así selló su lugar en el podio con un 55,11, muy cerca del 55,81 con el que en el Iberoamericano de España batió el récord nacional absoluto e hizo historia cosechando la primera medalla mundialista de la categoría para nuestro país.

Seguramente existen muchos más ejemplos y anécdotas de las dificultades que encuentran nuestros deportistas cuando nos representan en competencias internacionales… y aún así se las ingenian para ganar y mostrar su valía.
Entonces, ese mismo motivo de orgullo que nos provocan cuando ganan el que debería hacernos también dimensionar el esfuerzo y reflexionar sobre la importancia de que nuestros jóvenes tengan posibilidades reales de desarrollar carreras profesionales deportivas, en el entendido que ello requiere de dedicación absoluta y exclusiva durante sus mejores años y luego –en la mayoría de los casos y casi con las pocas excepciones de los futbolistas que ganan fortunas en la grandes ligas– esas personas deben continuar sus vidas y subsistir como cualquier ciudadano.

Es verdad que las políticas de apoyo al deporte competitivo han mejorado en los últimos años y que la Secretaría Nacional del Deporte tiene un rol fundamental en cuanto a lograr los apoyos necesarios para los atletas dentro de las posibilidades de Uruguay, pero no es menos cierto que un deportista de alto rendimiento debe enfrentar costos elevados y que vivir de la práctica deportiva es, en general, un negocio poco rentable. Es necesario continuar trabajando e introduciendo mejoras en estos temas en el marco de políticas públicas nacionales –que fortalezcan los sistemas de becas y otros apoyos y acompañamientos– así como el fortalecimiento de la necesaria vinculación del deporte con los ciudadanos a través de las vías y mecanismos hoy existentes y seguramente otros nuevos. Se trata de temas que la actualización del Plan Nacional Integrado de Deporte para el período comprendido hasta 2024 necesariamente debería incluir y considerar. → Leer más

Opinión

Una semana, un hábito, toda una vida

Estamos transcurriendo la celebración de una nueva Semana de la Lactancia Materna, una convocatoria a escala mundial que tiene por propósito promover este hábito alimenticio. Tal vez resulte repetitivo este esfuerzo de todos los años dedicar una semana de actividades a promover estas prácticas, pero las razones lo justifican, por un lado por los beneficios comprobados que tiene y, por otra parte, porque las metas globales todavía están lejos de cumplirse. Y no son demasiado ambiciosas.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), Uruguay el año pasado ya superaba la meta que a nivel mundial planteó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia de nutrición para el año 2025, que es que al menos se alcance al 50% en la tasa de lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida. Uruguay en diciembre de 2020 presentó una tasa de 57,4%, según la encuesta realizada por la cartera.
En el mundo casi dos de cada tres menores de 1 año no son amamantados exclusivamente con leche materna durante los 6 meses que se recomiendan. La tasa no ha mejorado en las últimas dos décadas.

Argumenta la OMS que “la leche materna es el alimento ideal para los lactantes: es segura y limpia y contiene anticuerpos que protegen de muchas enfermedades propias de la infancia. Además, suministra toda la energía y nutrientes que una criatura necesita durante los primeros meses de vida, y continúa aportando hasta la mitad o más de las necesidades nutricionales de un niño durante la segunda mitad del primer año, y hasta un tercio durante el segundo año”. Por eso, de hecho, es que se recomienda mantener la alimentación con leche materna, combinada con otros alimentos, entre los 6 meses y los dos años de vida.
“Los niños amamantados muestran un mejor desempeño en las pruebas de inteligencia, son menos propensos al sobrepeso o la obesidad y, más tarde en la vida, a padecer diabetes. Las mujeres que amamantan también presentan un menor riesgo de padecer cáncer de mama y de ovario”, agrega.

Tanto OMS como Unicef recomiendan que los niños inicien la lactancia ya en la primera hora del nacimiento y que sean amamantados exclusivamente por esta vía, es decir que no se les proporcionen otros alimentos, ni líquidos, ni siquiera agua. La leche tiene todo lo que se necesita. Otra recomendación es que los bebés sean amamantados “bajo demanda, es decir, tan a menudo como el niño quiera, día y noche”, y desaconseja el uso de mamaderas, tetinas y chupetes.
La misma organización ha advertido sobre el rol distorsivo que están jugando en el mundo algunas empresas que comercializan “sucedáneos de la leche materna”, que continúan socavando los esfuerzos para mejorar las tasas de lactancia materna y su duración en todo el mundo. Es tal la incidencia que se creó un Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, también conocido como NetCode, que tiene por propósito garantizar que esos sucedáneos no se comercialicen incorrectamente. Pero es que incluso desde la difusión que realizan, desincentivando la lactancia materna, ya suponen a veces una amenaza contra la calidad de vida de los niños.
Se hacen muchos esfuerzos por promover e incentivar la lactancia materna, se imparten permanentemente cursos de formación para que el personal de salud pueda brindar el apoyo especializado a las madres que amamantan, para que las ayude a superar los problemas que se presenten y supervisen el crecimiento de los niños.

Hay políticas de fomento como la de las salas de lactancia, que por suerte son cada vez más y en Paysandú esta semana se ha inaugurado una nueva en dependencias de la Universidad de la República. Salas que –es importante aclararlo– no tienen por objetivo “esconder” a la madre que amamanta sino todo lo contrario, están a disposición para quienes necesiten de la privacidad y la comodidad de ese espacio, pero nada de malo tiene que las madres alimenten a sus hijos en ámbitos públicos, porque a demanda es a demanda, y los bebés no conocen de horarios y oportunidades.
Nuestro país tiene también una arraigada tradición en materia de seguridad social, un ejemplo de ello son las asignaciones familiares prenatales, primas por nacimiento y, por supuesto, la licencia maternal, que es un apoyo importante.

Aún así, a pesar de todo este sistema de estímulos que Uruguay tiene, se cumple esa meta de superar el 50% de lactantes, pero no llegan a ser 6 de cada 10 niños los que reciben lo básico, que son esos 6 meses de alimentación exclusiva. Ello debería bastar para darnos cuenta del complicado panorama que se afronta en países que no tienen todas estas posibilidades.

La ya referida encuesta mostró que en nuestro país las mayores debilidades en cuanto a la práctica de la lactancia se dan en los comienzos. “Hay una baja prevalencia de inicio temprano de la lactancia, así como un alto uso de preparados para lactantes en las maternidades, además de una elevada indicación de lactancia mixta”, advirtió el informe.
Es el consuelo del tonto contentarse con que los datos de nuestro país son mejores que los de la región, o con el promedio mundial. Todavía queda mucho por hacer y esta semana es una buena oportunidad para interiorizarse sobre el tema. → Leer más

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Reforma para acordar y no para imponer

Continuando con los pasos tendientes a promover una reforma de la seguridad social que contemple la evolución de la realidad socioeconómica del país, a partir del borrador elaborado por la comisión de expertos en el tema convocada por el presidente Luis Lacalle Pou en su momento, el viernes el mandatario presentó el anteproyecto al Frente Amplio en la persona de su presidente, Fernando Pereira, en lo que constituye un paso indispensable, teniendo en cuenta que la coalición de izquierdas representa la opinión de la mitad del país, y que se requiere en este tema un consenso político para dar viabilidad a una iniciativa que sin dudas despierta más rechazos que apoyos, dadas las características que necesariamente debe tener.
Luis Lacalle Pou, al comentar esta instancia, sostuvo que la reforma brinda soluciones, pero opinó que se debe actuar, porque hay situaciones insostenibles, además de considerar que la propuesta construye un sistema sostenible y más solidario.
Por su lado el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, manifestó que se va a estudiar con “rigurosidad, sensatez y profundidad”, con la participación de 25 técnicos y a partir de los aportes que el Frente Amplio dejó en la Comisión de Expertos, de la que precisamente se retiró por no estar de acuerdo con varios de los puntos incluidos en el borrador.
Luego del encuentro en la sede del Frente Amplio, el presidente de la República aseguró que la iniciativa requiere de consensos “lo más amplios posibles”, y sobre las diferencias políticas con Pereira, Lacalle Pou dijo que acordaron hacer “un paréntesis en la batalla diaria política”, ya que es “un tema de todos”.
“Si no hacemos algo en este gobierno, el próximo va a tener que tomar medidas más urgentes”, advirtió el mandatario, a la vez de asegurar que el proyecto abarcará a todas las cajas y subsistemas, incluido el Servicio de Retiro de las Fuerzas Armadas.
Explicó que primeramente se deberán atender los problemas que afrontan la caja bancaria y la de profesionales para que a futuro puedan confluir en un sistema único, mientras que Pereira reclama saber si la reforma de la seguridad social “es un proyecto del presidente o de la coalición”.
Precisó asimismo que 25 técnicos estudiarán el anteproyecto, pero adelantó que la fuerza de izquierda no se expedirá hasta que no lo haga el gobierno, aunque a la vez consideró que está sumamente convencido de que la seguridad social es una “prioridad nacional”.
Días antes, en un paso previo, el mandatario entregó el documento en el que se viene trabajando desde hace más de un año a los líderes de la coalición, instancia en la que el líder colorado Dr. Julio María Sanguinetti dijo que el cambio de las reglas será “muy lento” en el tiempo, mientras que Pablo Iturralde y Pablo Mieres pidieron el “compromiso” del Frente Amplio.
Rodolfo Saldain, designado por el gobierno para liderar el proceso de reforma y quien trabajó en el proyecto, dio detalles del plan, que plantea cambiar las reglas desde 2027 y establecer una transición gradual entre los dos regímenes –el actual y el futuro– por 20 años.
Saldain detalló que el anteproyecto consta de unos 250 artículos. Se propone “un nuevo sistema” que será “común” para todos los trabajadores, sin cajas paraestatales, “que quedará operativo después del período de convergencia” de 20 años.
En los próximos cinco años no habrá cambios de reglas para quienes se jubilen, y a partir del sexto año se comenzará con un régimen mixto: “La jubilación se calculará en 80% por las reglas actuales y 20% por las nuevas” que surjan de la reforma, y en los años siguientes se irá incrementando ese último porcentaje de a 5%. “Pasados 20 años, todo el sistema quedará regido” por las nuevas condiciones jubilatorias, señaló el profesional experto en la materia.
Uno de los principales cambios en el régimen es la suba de la edad de retiro de 60 a 65 años, con excepciones para determinadas actividades –como la construcción y los rurales– y otras que mantendrán la bonificación en los años de aportes. Esta variación será gradual en el tiempo, comenzando con 61 años como edad de retiro para la generación nacida en 1967 –aquellas personas que hoy tienen 55 años– y llegando a 65 años para los nacidos en 1971 –que hoy tienen 50 años–.
Para el cálculo jubilatorio, además, se tomarán en cuenta los 25 mejores años de aporte de los trabajadores, en lugar del criterio actual, que toma en cuenta los últimos diez o los 20 mejores años.
Consultado sobre si esta modificación no implica una inevitable baja de las pasividades, Saldain dijo que ese cálculo “no es lineal” ya que depende de la trayectoria laboral de cada persona. Luego de la reunión el presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dijo en conferencia de prensa que Lacalle Pou les transmitió su convicción de que es necesario que se transite el camino de reforma de la seguridad social. Al igual que “los gobiernos anteriores” del Frente Amplio dijo, el actual reconoce que existe la necesidad de cambios, pero que “en este caso” quieren “que salga adelante”.
“¿Eso quiere decir que lo queremos hacer como coalición? No, nosotros queremos que sean todos los trabajadores, empresarios y uruguayos quienes reconozcamos un problema que hace más de 20 años que está arriba de la mesa, que sentimos que es necesario modificarlo, y no para hoy sino para más adelante, para las próximas generaciones”, sostuvo Iturralde.
Aclaró que “ningún jubilado que está cobrando hoy algún tipo de pasividad va a tener ninguna reforma”. Además, “todos aquellos que tienen derechos adquiridos al día de hoy los mantienen, y los van a mantener los próximos cinco años para poder jubilarse de acuerdo con estas mismas reglas”.
La enorme importancia del tema y la proyección de mediano y largo plazo sobre la vida de los uruguayos plantea el imperativo de que se alcance amplio consenso político para llevarlo adelante, lo que implica el desafío de elevar las miras por encima de los cortoplacismos, las miradas ideológicas a ultranza y negociar para llegar a un proyecto que si bien podría dejar cosas por el camino, permita acuerdos en los puntos más significativos para no encontrarnos un día con que por diferencias de menor cuantía, se postergue lo realmente importante y el futuro nos encuentre con deberes por hacer, con efectos traumáticos sobre el tejido socioeconómico nacional.
Este es precisamente el imperativo para el sistema político: aventar cortoplacismos y la búsqueda de ventajas electorales y de hacer pagar costos políticos al adversario, para asumir las responsabilidades de gobernar en las buenas y en las malas, sobre todo en temas que como este, implican asir el toro por las astas, aunque no resulte simpático ni agradable, como todo remedio. → Leer más

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Bienestar animal, problema y solución en manos de todos

En su programa de gobierno, el entonces candidato a la Intendencia de Paysandú, Nicolás Olivera, reconocía el crecimiento descontrolado de los animales de compañía y la práctica del abandono en las calles que “ha llevado a un estado de emergencia que nos interpela como sociedad”.
En julio de 2020, mientras el planeta atravesaba por el panorama más duro de la pandemia sanitaria, el programa de gobierno no miraba para el costado en otros problemas sociales que hoy demuestran diversas complejidades. Allí, el actual intendente era enfático al señalar que “por eso debemos ir hacia una política pública clara y eficiente en materia de tenencia responsable y bienestar animal”.

Por aquellos días el Parlamento aprobaba –por mayoría– la Ley de Urgente Consideración (LUC) Nº 19.889. En su artículo 377 se creaba el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) que da relevancia a su tarea, en tanto desde 2015 solo existía la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba), donde tomaban decisiones específicamente las representaciones del gobierno. Es decir, las responsabilidades caían en manos de autoridades que ya tenían otras ocupaciones y las decisiones ocurrían en torno a la figura de un gerente. Este INBA es un organismo independiente y dentro de los recursos del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) se presupuestan los aspectos concernientes a su funcionamiento, conformado –además– por representantes de las protectoras y los productores.

Claro que el programa de gobierno del entonces candidato a intendente fue elaborado con anterioridad a la sanción de la LUC. Por lo tanto, refiere a una legislación preexistente como la Ley Nº18.471 o de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales, cuyas “soluciones han resultado insuficientes e ineficaces. Importantes vacíos legales y procedimentales han impedido su correcta aplicación, además de adolecer de problemas en el diseño institucional, el ejercicio de la autoridad y la gestión”.
Sin resultados en la aplicación de la ley, se cerraba un período de gobierno con animales sueltos en la calle, sanciones enfocadas a algunas personas y una comisión sin recursos humanos ni logísticos para recorrer profundamente el país e imponer la ley en toda su dimensión.

El actual intendente veía claramente ese panorama y sus consecuencias. Describía que una población canina controlada “reduce los problemas sociales tales como zoonosis, problemas ambientales, pérdidas productivas, accidentes de tránsito, mordeduras, animales sueltos, maltrato animal y mayores gastos de limpieza de la ciudad por parte de la Intendencia”. Proponía establecer “tres pilares fundamentales: educación, castración y adopción” como una forma de comenzar a solucionar una problemática de nivel nacional. Se comprometía a la “creación de un centro veterinario público municipal de acceso gratuito que atienda situaciones urgentes de animales en situación de calle que estén accidentados o enfermos y posterior derivación a refugios adaptados para tal fin, coordinando con oenegés dedicadas al tema”. Anunciaba “campañas de castraciones masivas y obligatorias, a nivel de todo el departamento para caninos y felinos” y una “política activa de adopción de mascotas en régimen de tenencia responsable”. Además de la “exoneración tributaria a refugios de animales” y el avance “en proyectos de sustitución de tracción a sangre (TAS) en el uso urbano por otros mecanismos al tiempo de atender la situación de quienes evidencian un elevado índice de precarización laboral”.

A dos años de ese programa municipal y de la legislación nacional, muy poco se ha avanzado. Paysandú fue pionero en comenzar con el control de la población canina en julio de 2021, pero a punto de cumplir un año la oenegé se bajó del convenio con la Intendencia ante la falta de recursos propios y la imposibilidad de cumplir con su parte.
En general, el voluntarismo pone esfuerzo y ganas, pero los recursos se limitan a los aportes de colaboradores que, en general, son irregulares. Incluso era imposible que se cumplieran con los cupos de 40 castraciones por jornada. Tanto porque existe desidia en algunas comunidades, así como no existe una campaña masiva de “información, educación y concientización” que insista sobre el problema que es todos.

Porque hay un estudio con datos viejos que es el único insumo para cotejar con esta realidad. En 2017 se calculaban 1,75 millones de perros con dueño en un país con casi 3,5 millones de habitantes. Hay una relación de un perro cada dos personas y esa es una cifra muy elevada. O para comparar con la región, donde es de un perro cada cinco humanos. Y ni que hablar en Europa que es de uno a 10, según el país.
En las áreas rurales, los productores han reflejado su malestar y ya no saben cómo solucionar el destrozo que queda después del ataque de jaurías. Las muertes de las majadas son una foto de la realidad que se complica con los decretos de caza, el abandono de camadas de cachorros en cajas que se crían a campo abierto y la conformación de un círculo vicioso donde parece que nadie fuera responsable.

Durante más de un año hubo una fuerte campaña que solo difundió 135 artículos de la LUC –tanto para su derogación como su confirmación– de un total de 476. Es decir que hay otros 341 que –también– rigen la vida de los uruguayos. Sin embargo, poco se conoce de ese extenso articulado.
Por ejemplo, el artículo 386 de la LUC, que determina la obligatoriedad “de practicar las esterilizaciones de las especies de animales domésticos, de perros y gatos, tanto hembras como machos”. Si se desconoce la ley 18.471 por los propios integrantes de la cadena de actores que deciden en el tema, no sería imposible pensar que la ley es desconocida en la población. Incluso, el código rural habilita al sacrificio del animal que destroza las majadas. Pero no hace falta llegar a eso.

Este pequeño país, tan dividido en chacras, ve cómo la pelota de la responsabilidad se pasa de una cancha a otra sin resolver el problema. Mientras tanto, la política del bienestar animal es diferente, según el territorio.
La intendencia frenteamplista de Canelones tiene la Unidad de Bienestar Animal dentro de su estructura municipal. Las nacionalistas de Colonia y de Rocha cuentan con una Oficina de Bienestar Animal. En uno de los casos, a cargo de un médico veterinario y en el otro, con un animalista y rescatista como referente. O en Río Negro, donde la comisión de Zoonosis trabaja en forma conjunta con las autoridades municipales. Es decir, no es una cuestión de color político sino de conciencia social.

Porque si se deja la solución del problema en manos de la población, solo podemos esperar a que el maltrato animal continúe y empeore todos los días, con consecuencias en el tránsito, la producción y la convivencia.
No es tan difícil de comprender que el tenedor irresponsable no se volverá responsable por generación espontánea, sino por acciones coercitivas y de control. Que aún están lejos de aplicarse.
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Opinión

Integración si, desintegración, no

Los estragos económicos y sociales causados por la pandemia del coronavirus COVID-19 obligaron a los gobiernos de todos los países (sin importar sus signos políticos, ideológicos o filosóficos) a realizar cuantiosos gastos para tratar de mitigar las nefastas consecuencias de un fenómeno que generó un alto en la actividad global que lentamente comienza a recuperarse. Alemania, por ejemplo, aprobó en junio de 2021 un proyecto presupuestario para el 2022 con un nuevo endeudamiento de casi 100.000 millones de euros (119.000 millones de dólares) para financiar más medidas contra la pandemia de COVID-19, lo que elevó la deuda total relacionada con el coronavirus en el período 2020-2022 a 470.000 millones de euros.

Como ha señalado la economista argentina Andrea Podestá, “tradicionalmente, el rol de la política fiscal se ha resumido en tres funciones que están interrelacionadas: la asignación de recursos, la distribución del ingreso y la estabilización de la economía. La primera se refiere a suministrar con eficiencia los bienes y servicios públicos de forma de asignar mejor los recursos cuando existen fallas de mercado. En la segunda, la política fiscal tiene por objeto modificar la forma en que los bienes se distribuyen entre los miembros de una sociedad, ajustando la distribución del ingreso y la riqueza de las personas, las zonas geográficas, los sectores o los factores productivos, para alinearla a lo que la sociedad considera más justo o igualitario. En la tercera función se procuran atenuar las variaciones de los ciclos económicos, reducir la volatilidad de las variables macroeconómicas y contribuir al crecimiento económico, al empleo y a la estabilidad de los precios”. En pocas palabras: los recursos públicos pueden ser utilizados excepcionalmente en casos de crisis para prevenir o mitigar algunos efectos puntuales que la misma pueda tener en determinados sectores de actividad. Obviamente que cuanto mayor enfocada sea la ayuda que se le otorga a los damnificados, mejor uso se estará dando a los siempre escasos fondos públicos. No se trata pues de que “papá Estado” se haga cargo de todos los problemas que se presenten en la economía (algo que al final alguien termina pagando de una u otra forma por aquello de que “no existe el almuerzo gratis” y ese “alguien” obviamente es Juan Pueblo) sino de saber cómo, cuándo y dónde utilizar esos menguados recursos.

Como ha señalado la publicación española “El Economista” en relación con el aumento del gasto público causado por el COVID.19, “una de las batallas ideológicas más decisivas a lo largo del Siglo XX, en los países con un sistema capitalista, fue la que protagonizaron John Maynard Keynes y Friedrich Hayek, ambos amigos, defensores del liberalismo y enemigos filosóficos con fuertes diferencias sobre el papel del estado: si debía ser intervencionista o mantenerse al margen de la economía. Keynes dominó los años posteriores al Crack del ‘29 y, especialmente, los de las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, con sus propuestas de gasto público e inversiones estatales. Hayek, por contra, vivió su momento de gloria de la mano de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que usaron sus teorías como inspiración para sus respectivos países. Una hegemonía que duró cuatro décadas y a la que el COVID parece haber puesto fin: Keynes ha vuelto, de la mano de los herederos de quienes le enterraron”.

En nuestro país, las ayudas que el gobierno adoptó y ejecutó como forma de paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria tuvieron una clara relación con las políticas keynesianas y el propio presidente Luis Lacalle Pou lo expresó en claridad: “No vamos a amputarnos ningún mecanismo para poner a andar al país (…) No somos ortodoxos” (…) “Recuerdo acá que la ministra de Economía cita a uno de sus autores preferidos que es Keynes; a muchos les llama la atención, yo lo aprendí a valorar un poco escuchando a Azucena Arbeleche”. A través de variados instrumentos concretos tales como beneficios tributarios y seguros de paro especiales, entre otros, el gobierno nacional apoyó en tiempos de COVID-19, pero ante la caída de la actividad comercial en nuestro departamento, esa ayuda brilla por su ausencia.

En la actualidad, Paysandú está siendo atacado por un nuevo virus que causa más daños desde el punto de vista económico y social: la compra de bienes y la contratación de servicios que los sanduceros realizan en la ciudad de Colón. Como ya lo hemos señalado en innumerables ocasiones, los efectos económicos de esta angustiante situación comenzaron a sentirse en el momento mismo en el cual se habilitó nuevamente el libre tránsito de vehículos y personas por el puente internacional que nos une con esa ciudad entrerriana. La sangría es abundante e imparable, de la misma forma que son imparables las consecuencias, que incluyen envíos a seguro de paro, despidos o crecimiento de la informalidad empresarial. Inexorablemente Paysandú camina a paso largo a una larga noche de crisis, porque mientras el dinero en efectivo se gasta en la vecina orilla, de este lado crecen las deudas en tarjetas de crédito, la libreta del almacén donde se compra lo que no se trae del otro lado, los préstamos contraídos para pagar el día a día, entre un largo etcétera. Y a contramano de la lógica, el gobierno nacional fomenta el “bagayo” y la destrucción del empleo sanducero otorgando la famosa tarjeta vecinal para obtener un descuento en el pago de peajes e incluso exonerando de su pago al retornar a territorio uruguayo los días domingo. Eso no es fomentar la integración de Paysandú, eso es fomentar la desintegración de Paysandú.

¿Cómo es posible que ante esta situación el gobierno nacional no tome cartas en el asunto? Existen dos caminos bien claros: o se vuelve al “cero kilo” de la era Mujica, cuando designó a un duro administrador de Aduanas para que se cumpliera a rajatabla –en este caso Horacio García Daglio–, con excelentes resultados, o destina cuantiosos fondos públicos (en forma directa o a través de renuncias fiscales como sucede con el Imesi a las naftas) para tratar de conservar los puestos de trabajo que aún existen y recuperar los que se han perdido. Esta última opción parece menos efectiva, pero es imprescindible para comercios que han visto esfumar sus ventas sin posibilidad de competir aún si no tuviesen que pagar impuesto alguno ni servicios, como es el caso de las estaciones de nafta, las ópticas, almacenes, farmacias, etcétera.

Pero como dice el viejo refrán, “Dios está en todas partes pero atiende en Montevideo” donde esta realidad no golpea, y es precisamente a esos jerarcas a los cuales debemos explicarle que nuestro departamento necesita un paquete de medidas que, con la misma filosofía que se aplicó durante la pandemia del coronavirus COVID-19, se apoye la economía departamental en forma focalizada, ayudando a quienes realmente lo necesiten y con la mayor transparencia sobre los fondos utilizados y su destino.
El gobierno nacional tiene que remangarse la camisa de una vez por todas y asumir su responsabilidad con Paysandú. Y debe saber que, de no hacerlo, pagará las consecuencias duramente, porque cuando los comercios cierren, el desempleo se multiplique, la pobreza se dispare y el dinero circulante desaparezca sin remedio, el “pueblo” inexorablemente culpará al actual gobierno de la “carestía”, de la falta de empleo, de las tarjetas sociales que no alcancen para llegar a fin de mes. Y se habrá olvidado que todo eso que falta de este lado del río es la riqueza que se fue hacia Colón. Lo decimos en forma clara, directa y para quien lo quiera escuchar. Si a la ministra Azucena Arbeleche le gusta tanto el economista John Maynard Keynes, que se ponga a trabajar en un plan con fondos públicos para ayudar a Paysandú, tal como hizo con el COVID-19.

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Opinión

Pelearla en las redes

El llamado al uso de la tecnología como herramienta para combatir la trata de personas pauta este año el mensaje con motivo del Día Mundial Contra la Trata, que se conmemora en esta jornada. De hecho el mensaje parte de la base de que la tecnología es “una herramienta que puede tanto permitir como impedir la trata de personas”, es decir, que –bien empleada– puede utilizarse en ambos sentidos. Hoy, no obstante, se ha convertido en un medio que permite a los traficantes de personas “reclutar, explotar y controlar a las víctimas; organizar su transporte y alojamiento; publicitar a las víctimas y llegar a clientes potenciales; proporcionar vías de comunicación entre los perpetradores; y ocultar ganancias criminales. Todo eso con mayor rapidez, rentabilidad y anonimato”, plantea la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

A comenzar por el principio. Como tantas veces se ha dicho, la trata de personas es un delito no tan sencillo de detectar, de hecho suele ocurrir que las mismas víctimas no toman consciencia sino hasta pasado bastante tiempo de que lo están siendo. Se han dado casos, incluso, de víctimas que se han manifestado en defensa de quienes les están sometiendo, por no comprender a cabalidad que las circunstancias en las que se encontraban no son dignas para una persona. Debido a ello, y a que la persona puede estar sometida a una situación de vulnerabilidad respecto a su tratante, es que se considera que el consentimiento de la víctima es irrelevante a efectos de este delito. Y si para la misma víctima es difícil a veces darse cuenta, qué no decir para el resto de las personas.

Se define a la trata como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”, que incluirá, “como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. Hay quienes definen también a la trata como una forma moderna de esclavitud, por más que en muchos de estos vínculos haya por medio un pago de servicios y que en cierto punto se los pueda hacer ver como “acordados” entre ambas partes.
Según la oficina, en 2018 hubo alrededor de 50.000 víctimas de la trata de personas y 148 países denunciaron su existencia.

La mitad de las víctimas detectadas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual, y el 38% fueron explotadas para realizar trabajos forzosos. Las mujeres siguen siendo las principales víctimas, representan el 46% de los casos, y otro 19% son niñas. La proporción de niños y niñas entre las víctimas de la trata detectadas se ha triplicado, mientras que la proporción de niños varones ha aumentado cinco veces en los últimos 15 años.
Con respecto al rol de la tecnología, lo que está planteando es un llamado a que las personas tengan un rol consciente para prevenir y combatir este tipo de delitos. “En la tecnología también radica una gran oportunidad. El éxito futuro en la erradicación de la trata de personas dependerá de cómo las fuerzas del orden, los sistemas de justicia penal y otros sectores implicados puedan aprovechar la tecnología en sus respuestas”, plantea el mensaje este año. Ello incluye, agrega, “ayudar en las investigaciones para arrojar luz sobre el modus operandi de las redes de trata; potenciar los procesamientos a través de pruebas digitales para aliviar la situación de las víctimas en los procesos penales; y brindar servicios de apoyo a los supervivientes”.

Como forma de participar en la campaña –denominada Corazón Azul– se invita, por ejemplo, a compartir y comentar los mensajes de las redes sociales en el Día Mundial, permanecer atentos a las amenazas en línea y reportar páginas o actividades sospechosas a las autoridades. Existe además un Fondo Fiduciario Voluntario de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Trata, que brinda asistencia y protección en el terreno a las víctimas de la trata, al que se invita a aportar voluntariamente.
Por supuesto que también hay un apartado que se dirige a los Estados Miembro, en el que se los insta a “asegurar que lo que es ilegal y procesado fuera de línea también sea ilegal y procesado en línea”, así como a “ampliar su alerta en la lucha contra la trata en el ciberespacio, incluso proporcionando recursos para la aplicación de la ley y asegurando que se implementen políticas y regulaciones”. Del mismo modo se requiere el apoyo de las empresas tecnológicas para “garantizar que se implementen medidas y restricciones que impidan el uso de plataformas y herramientas tecnológicas en el tráfico de personas; utilizar el ingenio tecnológico para luchar contra la trata de personas e identificar proactivamente el material ilegal y dañino en línea y tomar medidas inmediatas y efectivas para eliminarlo”. La trata de personas es un delito mundial que comercia con personas y las explota. Personas de todos los géneros, edades y antecedentes pueden convertirse en víctimas, en todas las regiones del mundo y, por supuesto, también en Uruguay, a la vuelta de su casa. → Leer más

Opinión

No solo un fallo judicial revocado

A la vez que el ministro de Salud Pública, Dr. Daniel Salinas, sostuvo en conferencia de prensa en las últimas horas que es hora de hacer una valoración para darse cuenta de la “extrema gravedad” que implica haber suspendido la vacunación contra el COVID-19 de los menores sin fundamento legal adecuado”, a partir de la decisión del Tribunal de Apelaciones de revocar el fallo, no podemos menos que evocar la imagen de un grupo de personas –todos activistas antivacunas– de “festejar” en la calle el fallo del juez Alejandro Recarey de hacer lugar al pedido de amparo que dio lugar a esta suspensión.

Los “festejos” los protagonizó un grupillo de “iluminados” que a través de la burda interpretación legal del magistrado impidió que miles de niños accedieran a la vacunación voluntaria contra la enfermedad, con el consentimiento de sus padres, tutores y/o responsables, solo porque ellos afirman, sin ningún sustento y solo porque así lo creen y proclaman, que la vacuna es perjudicial, y que su salud sería objeto de una amenaza prácticamente irreversible.

Salinas aseguró en las últimas horas, tras la revocación del amparo, que las vacunas contra el COVID-19 son “seguras” y subrayó que “no existen grafenos en las vacunas. Parece mentira que tenemos que estar diciendo todo esto después de un año y medio de vacunación. No hay nanoelementos digitales que se activan con el celular, no hay ARN que modifique el ácido desoxirribonucleico del núcleo”, aludiendo a las estupideces repetidas por antivacunas y delirantes que sin embargo fueron admitidos como válidos por el juez para sustentar su fallo en primera instancia. De esta manera el ministro salió a rebatir a terraplanistas de la salud, que podrían parecer simpáticos si no fuese porque encontraron en el Dr, Recarey el Ptolomeo que precisaban de juez.

Estamos ante un tema que tiene varias puntas, entre ellos el hecho de que existen grupos de personas, como en toda sociedad, que creen a pie juntillas cuanto escenario conspiranoico aparezca en Internet, desde que el cambio climático es creado por las fuerzas del Imperio con antenas instaladas en Alaska hasta que la Tierra es plana, pasando por que las vacunas tienen chips de nanotecnología y magnetizan a las personas, por supuesto.

Claro que están en su derecho de creer lo que quieran creer, como un acto de fe, pero la cosa cambia cuando pretenden imponer sus delirios al resto de la sociedad que ellos entienden que está adormecida, y salen a buscar protagonismo con actos y acusaciones en la vía pública, en las redes sociales y en medios de difusión.
Mucho peor aún es descubrir que con estas razones seudocientíficas, tienen eco en personas con buena formación académica y cultural, además de alcanzar un poder de decisión como para dar lugar a fallos insostenibles ante tribunales de alzada, pero que alcanzan para generar daños y situaciones irreparables. Y más aún en el ámbito judicial, cuando mediante interpretaciones retorcidas generan conmoción, en este caso mediante la paralización temporal del programa de vacunación voluntaria, lo que implica que el juez se puso por encima de la voluntad de miles de personas que sí querían vacunar a sus menores a cargo, porque consideran que es la forma de velar por su salud y la de sus semejantes, por encima de esta visión apocalíptica.

La instancia judicial que se generó a partir del pedido de amparo es digna de una novela de ciencia ficción dramática, y tan retorcida en cuanto al basamento jurídico como en cuanto a legítimas dudas que se deben aclarar, por cuanto este recurso, como el referente a las dos personas que se negaban a hacerse un hisopado para ingresar al país, fueron presentados por el abogado representante en el preciso momento en el que asumió este magistrado como juez subrogante de feria, y por lo tanto había claro conocimiento de su postura activa contra las vacunas para obtener el fallo favorable en el momento en que se podía.

El Tribunal de Apelaciones examinó los argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo cuando apeló el fallo de Recarey, a partir de lo cual señala varios incumplimientos legales y procesales en la acción de amparo que presentó el abogado Maximiliano Dentone y en la resolución del magistrado.
En un documento de 29 páginas, en la parte final se termina señalando: “Revócase la sentencia definitiva de primera instancia impugnada y en su lugar desestímase la demanda en todos sus términos”.

El conductor del programa radial En Perspectiva, Emiliano Cotelo, conversó sobre el fallo con los abogados Adrián Gutiérrez, profesor de Derecho Administrativo en la UdelaR y la UCU y Gabriel Valentín, profesor Titular de Derecho Procesal de Facultad de Derecho de UdelaR y director de la Revista Uruguaya de Derecho Procesal.
Valentín dijo que en la primera parte de la sentencia es “un resumen básicamente del planteo del Ministerio de Salud Pública y de ASSE”, porque en parte el Tribunal “decide en la medida de lo que plantea la parte que se sentía agraviada” por el fallo original.

“Era un amparo en el que se invocaba estar actuando en representación de todos los titulares de un interés difuso (o colectivo). Un interés difuso es cuando los titulares están indeterminados. No sabemos quiénes son y cuántos son concretamente. Son indeterminados la enorme cantidad de niños que podían estar afectados por el plan de vacunación. También había que verificar si estaban los requisitos para que esta persona que dice venir en defensa de los titulares del interés pueda representarlos a todos. ¿Tiene la suficiente representatividad?”, apuntó Valentín, quien destacó el análisis que hizo la sentencia sobre la representación del abogado Maximiliano Dentone.

En esta línea, Valentín recalcó que se consideró que Dentone “no es interesado directamente y no representa a ningún titular del interés”. El tribunal afirma que este profesional por lo tanto “no tiene representatividad adecuada” de la colectividad representada, señaló el especialista.
“El juez de primera instancia debió rechazar el amparo solo por este requisito. No podía haber pasado la puerta del tribunal por la ausencia de este requisito”, afirmó.

En buen romance, sostiene que el juez debió descartar de plano y de entrada el recurso de amparo, más allá de la delirante argumentación sobre supuestos peligros de la vacunación que recogió como si fuera la verdad revelada, y dispuso el amparo claramente fuera de lo que contemplan las disposiciones legales. Peor aún, en posteriores declaraciones periodísticas, el juez sostuvo que el tribunal no levantó ninguno de sus argumentos y que al decir que no correspondía el amparo porque estaba fuera de las disposiciones que así lo establecen, argumentó que se lo rechazó por aspectos puramente “formales” y no de fondo.

¿Y no pasa nada? ¿Un juez que comete errores de semejante calibre continuará actuando como si nada? Es un episodio que debe llamar la atención y buscarse los correctivos internos, porque más allá de la fiabilidad de los magistrados, como de todo ser humano, en este como en otros casos han surgido posturas fundamentalistas que no tienen nada que ver con la neutralidad que debe tener un juez, quien debe estar sólidamente apoyado en lo que establece la ley, y no buscar la chicana para que las cosas sean como él entiende que deberían ser. → Leer más

Opinión

Brecha de género digital

El acceso a Internet ha sido considerado como una brecha a superar para una mayor igualdad y la superación de diferentes barreras, especialmente en sectores de la población limitados por cuestiones de geografía o situación socioeconómicas y culturales. No obstante, esa visión optimista e ingenua ha colapsado contra realidades en las que desigualdades preexistentes continúan y se perpetúan dentro y fuera del espacio digital.
Un reporte de la World Wide Web Fundation, titulado “Women’s Rights Online”, examina las desigualdades digitales de género analizando la calidad del acceso que tienen las personas, las referidas barreras adicionales y la forma en que se utiliza Internet.
Si bien hay situaciones nacionales que no se ajustan a la media, el estudio mostró que a nivel mundial, los hombres tiene un 21% más de probabilidades de estar en línea, porcentaje que se sitúa en el 52% en los países menos adelantados.

La denominación de “brecha de género digital” se utiliza para referir las diferencias entre hombres y mujeres en el acceso y uso significativo de la conectividad digital considerando las diferentes formas en que las mujeres tienen menos oportunidades de usar y beneficiarse de Internet.
“La conectividad digital no es solo cuestión de infraestructura técnica. Es un recurso para mejorar la vida de las personas, la calidad de las instituciones y la prosperidad de las economías. Es una herramienta estratégica para posibilitar el funcionamiento de las sociedades ante crisis como la provocada por la COVID-19. Es un derecho humano habilitante de salud, educación, trabajo y servicios públicos. Es una de las más poderosas tecnologías que el mundo haya visto. Sin embargo, a menos que las mujeres puedan hacer un uso significativo de Internet, la brecha de género en el mundo digital es una barrera para el desarrollo, una alerta de peligro para la recuperación económica y una oportunidad perdida”, alertan los especialistas del BID Antonio García Zaballos y Maribel Amanda, en un extenso artículo sobre el tema.

Agregan que “la conectividad digital podría ayudarnos a cerrar la brecha de género en el mundo laboral y esto representaría un aumento del 35% del Producto Interno Bruto (PBI) en el mundo, de acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional”, por lo que es fundamental contar con políticas públicas que colaboren en la disminución y eliminación de la brecha digital de género con la finalidad de contar con sociedades más justas e inclusivas y de acelerar la recuperación económica luego de la pandemia.

Al referirse a la compleja situación digital en la que hay muchos sectores rezagados en el uso eficiente de las TIC para acceder a servicios, comunicarse y participar en el mercado laboral, señalan que “el hecho de que 37% de la población mundial jamás ha utilizado Internet (UIT 2021), nos muestra cuán grave es esta crisis. Entre las múltiples poblaciones excluidas, las mujeres se encuentran desproporcionadamente afectadas. Esto se ve reflejado en el hecho de que los hombres tienen al menos un 10 por ciento más de probabilidad de estar en línea. Este porcentaje aumenta al 52 por ciento en los países en vías de desarrollo y cuenta con marcadas variaciones según la locación, nivel de ingreso, edad, discapacidad, entre otras variables”.
Barreras como la falta de habilidades digitales y de dispositivos propios son factores que en cierto punto se retroalimentan e inciden fuertemente en cuestiones como la empleabilidad o el acceso a oportunidades.

Uruguay es uno de los países más desarrollados en la región en lo que respecta a gobierno digital, comercio electrónico y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). A nivel regional se destacan sus avances en cuanto a la posibilidad de trámites del estado en línea, el hecho de contar con documento de identidad con chip e información biométrica o la firma digital y la historia clínica digital, entre otros. Hoy podemos decir que en nuestro país se ha superado la brecha digital de la mano de planes como Ceibal e Ibirapitá, no obstante, existen otras brechas que hacen que persistan las desigualdades y no se haya cumplido totalmente la promesa de igualdad.
En este sentido, es necesario un mayor esfuerzo para alfabetizar digitalmente a la población dado que no alcanza con el acceso a un dispositivo para ser capaz de utilizarlo en forma eficaz y en su máximo potencial. En especial, es necesario y conveniente que las mujeres puedan beneficiarse de Internet no solo con fines de acceso a la información y la comunicación sino también para el apoyo de sus emprendimientos y la creación de nuevas oportunidades de trabajo.
En este sentido, otro documento, en este caso elaborado por el Banco Mundial, denominado “Jugar un partido desigual: diagnóstico de Género en Uruguay”, señala diferentes aspectos de la desigualdad entre las mujeres y los hombres, agregando que las brechas de género en la participación laboral y emprendedurismo existentes antes de la pandemia podrían estar costando al país cerca del 13% del producto per cápita.

Nuestro país cuenta con uno de los niveles más bajos de actividad emprendedora femenina con respecto a la masculina en toda la región de América Latina y el Caribe. El informe del Global Entrepreneurship Monitor 2016/17 califica a Uruguay como país con la relación mujer/hombre más baja en cuanto a Actividad Emprendedora Total en la región y lo posiciona con uno de los desempeños más pobres en términos de actividad emprendedora femenina.

Se trata de un costo que el país no puede permitirse seguir pagando pero difícilmente pueda revertirse si no empezamos a solucionar la diferencia del 31% en la brecha salarial entre hombres y mujeres, o el hecho de que apenas un 12% de las empresas son propiedad de mujeres, mientras que que solo un 11% de las mujeres ocupan cargos directivos.
El escaso lugar que ocupa la mujer en el ecosistema empresarial y emprendedor nacional es algo que algunas organizaciones y el propio Estado -a través de distintos programas y dispositivos de apoyo- se proponen cambiar, dado que son conscientes del potencial de las mujeres en el mercado de trabajo y la economía.
Hoy, con recursos propios y apoyo internacional Uruguay está desarrollando proyectos para impulsar la transformación digital de las empresas y mejorar la ciberseguridad. Son más frecuentes las capacitaciones cortas sobre las TIC para emprendedores y también existen -aunque son insuficientes aún- instrumentos de apoyo para este sector. Sin embargo, es necesario visibilizar las desigualdades referidas a las mujeres teniendo en cuenta que la igualdad de género -dentro y fuera de Internet- también es una manera de promover la economía y de caminar hacia una sociedad más inclusiva y justa.
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Opinión

No debe quedar duda alguna

En el marco de la presente discusión parlamentaria del proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, como es habitual, estamos presenciando algunos intercambios de opiniones, incluso entre los socios de la coalición de gobierno, respecto a la mejor forma de distribuir los recursos que el Estado tiene a disposición, con la consigna de no caer –como ha ocurrido anteriormente– en la trampa de tener que recurrir a endeudar al país para atender todo lo que hay que atender. Y parte de esta discusión ha tenido como protagonista al Ministerio de Ambiente, una cartera que se creó en este gobierno y que –como era esperable viendo cómo se está moviendo el mundo– ha tenido un rol preponderante en el lapso que lleva en funcionamiento.
Días atrás se conoció una declaración de un movimiento ambientalista que ponía en tela de juicio la capacidad del ministerio en cuestión de atender todas sus responsabilidades con los recursos que se le asignaron, citando que además existían algunos compromisos con organismos crediticios extranjeros y temas propios de la organización de la cartera que podrían poner en riesgo la capacidad de hacer frente a aquello que el Ministerio tiene que hacer en su rol de policía ambiental y otros compromisos asumidos, como la creación de algunas áreas protegidas que fueron anunciadas por el ministro Adrián Peña. Una de ellas, como es sabido, en Paysandú: Desembocadura e Islas del Queguay.
Esta semana Peña aludió al tema, no en entrevista con EL TELEGRAFO, pese a que se solicitó con insistencia, sino en un programa radial de Montevideo, Doble Click, de la emisora Del Sol FM. Allí el secretario de Estado señaló que se han contemplado en el proyecto de Rendición de Cuentas algunas de las aspiraciones que se plantearon con antelación, pero que otras estaban pendientes de lo que se pudiese conversar (negociar) en el Parlamento.
Entre lo que se contempló, dijo Peña, está justamente el traslado a un nuevo edificio, en el que puedan funcionar todas las direcciones que hoy dependen de la cartera que están “desparramadas en cinco oficinas”. También se contempló, dijo, la renovación de la flota vehicular del ministerio, “una flota muy vieja con vehículos donde el más nuevo es del 2014 y hay vehículos con más de trescientos mil kilómetros, tenemos un fuerte gasto en mantenimiento”. Además se accedió también a la inversión necesaria para actualizar el equipamiento de los laboratorios de la cartera, que lógicamente es muy necesario que estén actualizados y se hizo lugar a una partida de 17.000.000 de dólares “para trabajar y aportar a las intendencias departamentales en la línea del cierre de vertederos, que es una de las líneas más importantes de nuestro plan nacional de gestión de residuos”.
Pero pese a que se contempló todo esto, hubo algunos temas que quedaron por fuera de las primeras versiones del proyecto y entre estos temas que quedaron fuera está un pedido de “refuerzo para recursos humanos básicamente atendiendo que en el próximo año 2023 vamos a recibir la operativa de UPM 2”, señaló Peña. Es decir, un pedido muy específico que iba con nombre y apellido: UPM 2.
Lógicamente, no es que se trate de recursos que se fueran a dedicar específicamente a la contratación del personal que iba a desempeñarse en los controles de la nueva planta, no, claramente lo que se expresa es que a raíz de la puesta en marcha de la nueva fábrica de celulosa es necesario contar con más personal para el funcionamiento general. Pero planteado así, puede dar lugar a interpretaciones como la que han hecho algunos nostálgicos de los puentes cortados, que han afirmado que “se está debatiendo si se puede controlar a UPM 2”. No, no cabe duda que se va a poder y se va a controlar a UPM 2 y a las demás fábricas de celulosa que funcionan en el país; en todo caso la duda es si, a la vez, se podrán atender todos los otros frentes que el Ministerio de Ambiente tiene en el país.
“Hay mucha cosa ya desplegada, hay mucha inversión ya hecha, vamos a recibir miles de datos por hora. Bueno, todo eso hay que procesarlo, hay que transformarlo en información para el control. Eso se necesita, inversión en equipamiento, pero también inversión en personas que puedan llevar adelante esa tarea. El Ministerio de Ambiente tiene un personal muy calificado, más del 80% del personal técnico es gente muy calificada que es la que sostiene todos los días la función del ministerio. Nosotros venimos claramente con un estrés, digamos, en la demanda”, dijo Peña.
Agregó que “desde la existencia del Ministerio las denuncias ambientales han aumentado más de un 30% por ciento. Obviamente no tenemos un 30% más de personal. Entonces, estamos cumpliendo con la tarea, con la función, pero lo estamos haciendo claramente en una situación de estrés, diría yo”, reconoció.
Sumado a la operativa de la nueva planta de UPM, Ambiente debe también resolver sobre la obra del Ferrocarril Central y sobre la proyectada nueva planta potabilizadora que tomará agua del Río de la Plata, y todos ellos son temas claves.
El planteo que se ha realizado es, según el ministro, por un monto de 25 millones pesos de asignación presupuestal, una cifra que en el contexto del presupuesto no parece demasiado significativa, que se puede obtener “quitando” recursos de alguna otra parte. Pero claro, seguramente en varias otras partes del Estado han de hacer falta esos 25 millones, solo que, con los antecedentes que este tema tiene y en un momento de particular tensión, aunque no parece que de momento haya riesgo de un bloqueo como el de mediados de los 2000, no es necesario exponerse de esta forma.

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Opinión

Un tratado con China, con rosas y espinas

La decisión del gobierno uruguayo de continuar avanzando en un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, aunque todavía muy verde y en etapa de gestación para un futuro no muy inmediato, ha causado una diversidad de argumentos en favor y en contra. No solo en lo interno, sino sobre todo en el Mercosur, acuerdo regional que sigue paralizado, sin haber suscripto tratados preferenciales con ningún otro bloque en el mundo, y por lo tanto en una perspectiva permanente de mirada hacia adentro y no de proyección de apertura.
Estas breves consideraciones iniciales bastarían para inferir que lo menos se debería intentar cambiar la mirada y considerar que suscribir un acuerdo con el gigante asiático sería una opción digna de explorar. Aunque cuando se avanza en esta dirección se pisan callos y las reacciones varían de acuerdo a la visión e interés de cada país o sector, porque no todos tienen las mismas aspiraciones ni intereses.

En lo que hace al bloque regional, que hasta ahora no ha satisfecho las esperanzas que se habían depositado inicialmente en cuanto a su repercusión, la idea del presidente Luis Lacalle Pou es de avanzar en un TLC con China con o sin Mercosur, pero a la vez reclamando comprensión y flexibilidad del bloque. Es que, como dijera el expresidente José Mujica, no “se la llevan” Argentina y Paraguay, en tanto Brasil se mantendría en una posición ambigua y nunca se sabe hacia dónde va a salir.
El punto es que además de expresar la determinación de Uruguay de continuar negociando el TLC con China, en la reciente Cumbre del Mercosur el mandatario uruguayo advirtió a los otros países miembros del grupo regional que la apuesta de este gobierno es ir a más.

Asimismo consideró que el plan es que mientras dure la presidencia pro tempore del bloque, que Uruguay ejerce desde la semana anterior, la idea es avanzar en los acuerdos que el bloque regional tiene pendiente desde hace ya muchos años, como el que se negocia con la Unión Europea, en eterna negociación que nunca se termina de materializar.
En cuanto a un TLC con Estados Unidos, las perspectivas son inciertas y poco estimulantes, sobre todo porque su actual presidente Joe Biden tiene un perfil proteccionista y la situación mundial tras la pandemia y la invasión rusa a Ucrania es un freno sustancial para avanzar en estos acuerdos. Como si no pasara nada, cuando hay una inflación mundial histórica y los precios de las materias primas tienen altas y bajas significativas, tras situarse en un techo prácticamente inédito. Otra perspectiva para Uruguay es avanzar en un acuerdo con Turquía, de modesta proyección en principio, pero siempre con el resquemor de los socios mayores del Mercosur en el sentido de que también pueda significar abrir una puerta de entrada para que otras economías avancen sobre la región.

Pero, con región o sin región, un país pequeño y de mercado interno mínimo como Uruguay debe abrirse al mundo y aventar proteccionismos a ultranza que en otras décadas solo han traído rezago tecnológico e ineficiencia, como regla general. Debemos buscar mercados para nuestros productos de exportación que permitan el ingreso de divisas y mejorar la calidad de vida, así como inyectar recursos en una economía muy vulnerable y altamente dependiente de los avatares internacionales.

Evidentemente está fuera de toda discusión que el gran beneficiado, desde el punto de vista sectorial en un TLC con China, sería el agro, productor de materias primas que actualmente están en una fase de precios altos, pero que a su vez necesitan contar con la posibilidad de ingresar con aranceles preferenciales en los grandes mercados, donde deben competir con producciones de otros países que sí tienen en vigencia tratados preferenciales y que por lo tanto cuentan con grandes ventajas para competir con mejores precios.
Así, además de la consabida postura del Pit Cnt de rechazar abiertamente cualquier tratado que signifique innovar sobre lo que existe, hay argumentos contrapuestos en los sectores empresariales sobre lo que podría esperarse de un tratado de esta proyección.

De una compulsa de El Observador a través del suplemento Café y Negocios, surge que para la industria cárnica la oportunidad más inmediata de un acuerdo con China reside en la desgravación progresiva que va hacia el arancel cero. Indicaron empresarios que este es un camino que han recorrido otros proveedores con China, como es el caso de Australia y Nueva Zelanda, a la vez que subrayan que Uruguay paga por aranceles unos 150 millones de dólares en el mercado chino.
A la vez, desde la industria láctea se considera que debe apoyarse un avance hacia la firma de un tratado con el gigante asiático, recordando que el principal competidor de la industria, Nueva Zelanda, ya tiene una cuota libre de arancel con China y que ello trae aparejado dificultades para la industria uruguaya del sector.

En cambio, representantes de la industria siderúrgica, como es el caso de otras industrias que tienen alto valor agregado, un proceso de esta naturaleza debe estar acompañado de políticas públicas que permitan otra posibilidad de competir, poniendo énfasis en los altos costos locales, incluyendo el tipo de cambio, el costo de la energía y de la mano de obra, proyectado en dólares hacia el exterior.
En la misma línea, pero en una posición más vulnerable, desde la industria textil se señala que hay mucho para perder en un acuerdo de esta naturaleza con China, teniendo en cuenta que en este momento la balanza comercial es deficitaria con ese país, y que todo lo que se le puede vender al país asiático se le está vendiendo, por lo que es muy dudoso, por decir lo menos, que a través de un TLC se puedan mejorar estas ventas.
Entienden asimismo los industriales que en un sector tan afectado como el textil, si llegan productos más accesibles, sobre todo en materia de confección, las consecuencias podrían ser devastadoras.

Es decir, cada uno opina según cómo le va en la feria, como dice el refrán, pero de lo que no cabe dudas es que dentro de una visión teórica de que abrirse al mundo siempre es lo mejor, a la larga, en caso de que finalmente Uruguay pueda firmar con o sin Mercosur un acuerdo de estas características, hay que hilar muy fino y analizar cuidadosamente los elementos en juego.
Como en todo acuerdo de ida y vuelta, se debe apostar a un proceso de transición en el que los potenciales perjudicados tengan tiempo de adaptarse al proceso, pero a la vez contemplando beneficios y perjuicios en la globalidad, ante la asimetría entre las fortalezas y debilidades internas por sector, lo que no es una tarea fácil para ningún gobierno, ya sea individualmente o como bloque regional.

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Opinión

Los mensajes son protagonistas

Los liderazgos políticos –al menos en América Latina– no abundan. La región es un ejemplo de los acuerdos que deben alcanzarse para convencer al electorado de que un partido ha evolucionado en sus ideologías y en la forma de llegada a las masas. Eso ocurre en el actual escenario electoral de Brasil o en el proceso que eligió a Gustavo Petro en Colombia, o antes con las alianzas que debió tejer Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para llegar a la presidencia de México.

El progresismo no ha llegado solo y en algunos casos no cuenta con las mayorías necesarias para llevar adelante las reformas que prometió. Colombia no tiene un liderazgo de oposición definido pero el Congreso está dividido y el diálogo de Petro deberá ser más abierto que nunca porque el primer presidente de izquierda en la historia colombiana enfrentará a un legislativo dominado por los partidos tradicionales.

De hecho, anunció que su ministro de Hacienda será José Antonio Ocampo, un académico de vasta trayectoria internacional, ministro durante los gobiernos de César Gaviria, de Ernesto Samper y codirector del Banco República de Colombia durante la presidencia de Juan Manuel Santos. Será el encargado de llevar adelante una nueva reforma tributaria y –como ya es costumbre cuando un país gira a la izquierda en América Latina– las expectativas estaban centradas en torno a quién tomaría las riendas de la economía. Todas las voces claramente acalladas ante un magistral guiño del presidente electo hacia los mercados financieros.

AMLO lideró una alianza con dos partidos de izquierda y una formación como el Partido Encuentro Social (PES) vinculado a la colectividad evangélica, que no era bien vista en su país, ante la posibilidad de instalar una agenda conservadora. Hoy enfrenta un fracaso compartido con la frontera estadounidense por las muertes de decenas de migrantes y la deshumanización de una comunidad que retoma el desplazamiento y el tráfico de personas. AMLO había prometido durante su campaña electoral en 2018 que, al final de su mandato –en 2024– iba a disminuir la migración de mexicanos. Tres años después, en 2021, México era la mayor fuente de migración ilegal a Estados Unidos y la Patrulla Fronteriza lleva arrestados más de 600.000 ciudadanos. La tragedia en Texas, con la muerte de más de medio centenar de personas, es el resultado de las políticas descompuestas, el aumento alarmante de los homicidios y la falta de empleo. Lula Da Silva venía de batir todos los récord, cuando ganó las elecciones de 2006 en Brasil con más de 58 millones de votos. Cuando se fue, tenía 87 por ciento de popularidad y doce años después estaba preso en su país bajo la presidencia de la extrema derecha que había llegado con 57,7 millones de voluntades.

Hoy el escenario planteado para el PT es Lula o nadie. Y si bien es una fortaleza, también es una debilidad porque no han dado lugar a la formación de nuevos líderes. Algo que también le ocurre al progresismo uruguayo.
Sin embargo, en Brasil surgió algo impensado. En 2006, el candidato socialdemócrata Geraldo Alckmin desnudaba casos de corrupción y malversación de fondos en los intensos debates televisivos que mantenía con el líder del PT. En mayo de este año, fue elegido por Lula para conformar su fórmula presidencial.

Es decir, los férreos opositores se unieron ante el surgimiento de Bolsonaro, que supo desde el primer momento capitalizar el descontento de los brasileños con la promesa de instalar nuevas formas de hacer política. Con el paso de los años, Alckmin encontró diferencias en su interna partidaria y, ya sin chances de gobernar el estado más grande de Brasil –San Pablo– abandonó el PSDB y se afilió al Partido Socialista Brasileño, cercano al PT.
A partir de allí, todo lo demás es la crónica diaria que no tiene mayores explicaciones, sino las chances de acceder a la presidencia del vecino país.

Gabriel Boric representa al cambio generacional y cultural en la política chilena. Ingresó al Palacio de la Moneda de la mano de Apruebo Dignidad –una alianza entre el Partido Comunista más partidos del Frente Amplio– y Convergencia Social –Partido Socialista, Partido Radical y Partido por la Democracia– que tienen minoría en ambas cámaras. Con ese escenario, el presidente más joven de América Latina no consigue las mayorías necesarias para concretar una de las promesas electorales más fuertes, como la reforma tributaria y tendrá múltiples desafíos ante la elevada expectativa del electorado sobre su figura.

En Argentina, la estrategia para que el kirchnerismo volviera a la Casa Rosada estuvo en las manos de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, quien eligió a su compañero de fórmula. Con trece casos por corrupción abiertos, de los cuales cinco pasaron por la etapa de juicio, parecía bastante más posible que armara sus valijas rumbo a El Calafate. Nadie calculó que la alianza peronista Frente de Todos –conformada por antiguos rivales– derrotara en primera vuelta a Mauricio Macri.

Desde su inmunidad de senadora enfrentó una campaña electoral con una estrategia pocas veces vista en un partido donde la oposición más feroz ha sido históricamente interna. Argentina enfrenta hoy una encrucijada política, un momento sensible con los peores registros de inflación y grandes complicaciones de endeudamiento con el FMI.
Por su lado, Uruguay comienza a prender motores hacia 2024, aunque el discurso sea otro. La izquierda mide su liderazgo y las encuestas no dicen nada nuevo. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, cuenta con el 24 por ciento de la intención de voto dentro de la interna frenteamplista. La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, recoge el 22 por ciento de las voluntades.
Pero aparece un tercer candidato que muestra su fuerza en medio de ambos: “No sabe” se lleva el 24 por ciento de los votantes. Esa realidad demuestra el paso del tiempo y la falta de espacio para nuevos crecimientos.

El oficialismo, por ahora, actúa con cautela. Con la excepción de algunos referentes que tienen la urgencia de comenzar a explicar los logros del gobierno de Luis Lacalle Pou.
Hasta el momento, se escuchan más fuertes las voces de las organizaciones sociales y sindicales que han logrado –con una comunicación más llana– instalar a diario otro tipo de discurso. Es necesario un equilibrio en los mensajes para evitar llegar tarde a un electorado que no está distraído y que puede resultar sensible a todo lo que escuche.
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Opinión

Productividad laboral: un debate urgente

En varias ocasiones suele afirmarse que el libro “El Capital” del filósofo alemán Carlos Marx (1818-1883) es una obra sobre la cual muchos hablan, pero pocos han leído; circunstancia que puede aplicarse a la discusión sobre la productividad laboral, un tema que siempre está en la agenda de la negociación colectiva tanto a nivel de rama de actividad como de empresa, pero que nunca (o casi nunca) ha podido ser plasmada en el día a día de las relaciones laborales de nuestro país. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “la productividad laboral representa el volumen total de producción (medido en términos de Producto Bruto Interno (PBI) producido por unidad de trabajo (medido en términos de número de personas empleadas u horas trabajadas) durante un período de referencia temporal determinado. Se trata de un importante indicador económico “que está estrechamente vinculado al crecimiento económico, la competitividad y el nivel de vida dentro de una economía”. Como ha señalado la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) del año 2018, “El crecimiento económico moderno está basado principalmente en el aumento de la productividad y no en el incremento de la ocupación, más allá de que este crecimiento pueda generar efectos sociales positivos”.
En Uruguay, los políticos de todos los partidos, así como las organizaciones de trabajadores y empleadores han señalado la importancia de la productividad, así como la necesidad de discutir mecanismos que la incorporen al mundo del trabajo. A modo de ejemplo, el exministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro, sostuvo en el año 2016 que “Uruguay debe continuar mejorando imprescindiblemente la productividad de su trabajo y producción para alcanzar mayor desarrollo” porque “mejorar la productividad es vital para Uruguay”. Murro fue más allá en sus declaraciones y ligó la productividad a otra de las urgencias sociales y económicas que tiene nuestro país, como lo es la seguridad social de nuestro país, señalando que “hoy tenemos un financiamiento basado en impuestos e importes. Habrá que pensar en la productividad. Yo pienso que la productividad puede y debe ser una fuente de financiamiento de las políticas de seguridad social”. Por su parte el actual ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres sostuvo el año pasado que “mejorar la productividad es una pata fundamental para mejorar el crecimiento económico y por tanto también de la generación de puestos de trabajo, y de la mejora de las condiciones y posibilidades de generación de riqueza”, destacando que sin aumento de la productividad “la competitividad queda renga” y que “no hay futuro sin mejora de la productividad”. Hasta el lector más distraído sabrá apreciar que importante resulta el tema que dos ministros de trabajo pertenecientes a distintos partidos políticos coinciden en la importancia de la productividad para el desarrollo de nuestro país.
A pesar de su importancia, la productividad tiene en nuestro país un primer “cuello de botella” que dificulta (cuando no impide) su adopción y aplicación: su adecuada medición basada en criterios objetivos. Como ha señalado el estudio Ferrere en el año 2017: “saber cuánto y cómo se produce en Uruguay es fundamental para mantener un buen relacionamiento laboral. El acuerdo sobre los mecanismos de medición y crecimiento salarial adecuados permitiría disminuir la conflictividad laboral además de mejorar la calidad de los productos y la competitividad del país. Existe consenso en que el crecimiento sostenido y a largo plazo del salario real debe estar atado al crecimiento de la productividad. Sin embargo, esa aceptación generalizada no se aplica con frecuencia. El gobierno, la oposición, las cámaras empresariales y sindicatos están de acuerdo, al menos en eso. Pero lo que está ausente es una mecánica concreta que permita ajustar los salarios en base a la productividad”.
Es importante señalar que en varias ocasiones distintas figuras de la central sindical Pit Cnt han señalado su disposición a discutir los temas relacionados con la productividad. En el mismo sentido, la economista Alejandra Pico (integrante del Instituto Cuesta Duarte) expresó en el año 2019 que “los Consejos de Salarios hay que modernizarlos e incorporar productividad. Se plantea erróneamente que los trabajadores están en contra y no es cierto: hay que tener información y disposición de las dos partes. También hay que activar más negociación por empresa” (…) “el sistema de negociación colectiva no está contribuyendo a mejorar la productividad”. Para el sindicalista Richard Read el tema también posee una gran importancia y por ello sostuvo el pasado mes de junio que “no discutir productividad en Uruguay es no exigirle a un cuadro de fútbol que se entrene. Es apostar a que vaya y juegue el domingo. Hay que entrenarse; la productividad es parte de la sobrevivencia de Uruguay, un país que no tiene energía propia, que es dependiente, que el mercado es chico, que lo que tiene es una gran logística de salida al océano; que tiene muchas buenas cabezas pensantes, lo vimos en la pandemia, lo vemos con el tema del software, pero para cooptar capitales se necesita algo más que retribución tributaria. También mano de obra calificada”. Sobre la productividad Read reconoció: “Yo la puteé muchos años. Después un día la vi pasar y me di cuenta de que estaba muy rica. Le dije: “Vení, vení, te pido disculpas; vení que tengo que hablar contigo”. Cuando me di cuenta de que realmente estaba equivocado, totalmente equivocado, que me había comido todos los Billiken y toda la perorata que todavía siguen vendiendo”.
Según Néstor Gandelman (doctor en Economía y profesor de la Universidad ORT) “en Uruguay estamos atrasados en los procesos de medición de la productividad”, quien afirmó que es un recurso que debe emplearse para diseñar políticas y para que las empresas puedan conocer su situación respecto a la competencia. Como contrapartida se manifestó en contra de considerar mediciones de productividad por sector en los Consejos de Salarios ya que “no reflejan la heterogeneidad de las empresas”. Este es, precisamente, uno de los desafíos más grandes de la medición de la productividad: resulta imposible aplicar los mismos criterios a empresas que aplican diferentes procesos de producción o de prestación de servicios, con distintos equipos y en diferentes lugares del país, entre otras situaciones particulares y concretas que deben ser contempladas en forma individual. De la misma forma que no es justo exigirle a un pequeño comerciante del Interior que pague los mismos sueldos y otorgue los mismos beneficios laborales que una gran cadena internacional ubicada en un shopping del Montevideo o Punta del Este.
Ante esta situación, resulta imperante que tanto empleadores como trabajadores resuelvan en forma conjunta iniciar una negociación real sobre productividad, una discusión que no puede demorarse más. Nuestro país puede y debe producir y prestar más y mejores bienes y servicios como forma real y sustentable de poder generar fuentes de trabajo genuinas y duraderas para apostar al desarrollo social y económico de sus trabajadores.
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Opinión

Las grandes empresas sí colaboran

El día de ayer en la sección Cortocircuitos Ciudadanos salió una publicación anónima diciendo que luego del fenómeno meteorológico las grandes empresas no han colaborado con donaciones ni descuentos. Nos parece importante aclarar que esto no es correcto. Además de tener una variedad de productos con descuentos, hemos enviado al Cecoed una serie de donaciones realizadas por otras empresas, por particulares y por nosotros mismos. Esta misma situación se ha repetido en otras ocasiones, como por ejemplo con ayuda a los desplazados por las inundaciones, en casos de incendio o cuando sucedió la tormenta en Dolores. En todos los casos se han realizado de manera anónima y a través de los organismos del estado correspondientes.

Fempay SRL

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