Opinión

El pasado 24 de junio, dos días antes del Día Internacional contra las Drogas, el informe de las Naciones Unidas hizo un “llamamiento urgente y valiente a los gobiernos de todo el mundo para que renuncien de una vez a las políticas de ‘guerra a las drogas’ manifiestamente fallidas”. El documento detalló que, durante sesenta años, “este enfoque erróneo de la salud pública no sólo no ha reducido el uso y el suministro de drogas, sino que además ha causado de forma generalizada violaciones de derechos humanos”, entre otros cuestionamientos.
El enfoque de la ONU se basa en “la reducción del daño, el tratamiento y el apoyo social” frente a “la evidencia y los datos acumulados durante años por organizaciones de la sociedad civil y mecanismos de derechos humanos en todo el mundo”. La ONU definió que “ya es hora de dejar de malgastar recursos” y exhortó a los gobiernos a aplicar “la despenalización del uso personal, la posesión, el cultivo y la adquisición de drogas, y avanzar hacia la regulación efectiva de las drogas para garantizar acceso legal y seguro a las personas autorizadas”.
La Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UdelaR), en conjunto con El Observador y Juan Pablo Ferreira, director del Instituto Nacional de Estadística (INE), realizó una encuesta cuyos resultados señalan que casi la mitad de los uruguayos respalda la regulación del mercado de la marihuana, aunque el apoyo es menor para otras drogas. Solo el 1,1% opina que deben mantenerse las políticas actuales de combate al narcotráfico y reducción del consumo.

Es interesante destacar que, en el marco de la campaña electoral, las propuestas de los diferentes programas de gobierno procuran cambios. Algunos sugieren avanzar hacia la regulación de los mercados de drogas, similar a lo implementado durante el gobierno de José Mujica, mientras que otros abogan por la participación de los militares en el combate al narcotráfico. También hay quienes proponen desestimular el consumo de sustancias, siguiendo el modelo de regulación del tabaco impulsado por el expresidente Tabaré Vázquez. En resumen, los programas no proponen dejar las políticas tal como están.
El Frente Amplio, en su programa para un próximo gobierno, plantea “estrategias de regulación de los mercados, como instrumentos de lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta las experiencias fallidas de la guerra a las drogas”. En Cabildo Abierto, el candidato Guido Manini Ríos propone una modificación completa de las políticas de drogas implementadas por gobiernos anteriores, incluida la regulación de la marihuana. Su compañera de fórmula, Lorena Quinta, señaló que la política debería centrarse en “evitar el consumo”, comparándolo con la prohibición del tabaco desde 2006.

La fórmula presidencial ha puesto el tema de las adicciones en el centro de la discusión electoral, generando reacciones al criticar las políticas del gobierno de Lacalle Pou y la normalización del consumo de cannabis a través de su venta en farmacias, donde se ofrece con mayor contenido de THC (tetrahidrocannabinol), el principal componente psicoactivo. El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, ha señalado que la evidencia respalda su postura y se manifestó en desacuerdo con la candidata. Radío, integrante del Partido Independiente, ha reiterado que “a la lucha contra las drogas no la va a ganar nunca nadie”.
En el Partido Nacional, Álvaro Delgado ha propuesto aumentar la presencia policial y endurecer las penas en la lucha contra el narcotráfico, así como crear espacios para el tratamiento de adolescentes con problemas de consumo. Por su parte, en el Partido Colorado, el asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, ha enfocado sus propuestas en políticas de control de la cocaína y la pasta base, similares a las ejecutadas por algunos países europeos con opiáceos.
En cuanto a la regulación de otras sustancias más potentes que la marihuana, no hay un consenso claro en la ciudadanía uruguaya. La última Rendición de Cuentas asignó 20 millones de dólares para la implementación de un plan nacional de salud mental y adicciones, pero algunos técnicos opinan que esa cifra “no alcanza ni para empezar”. Además, la opinión pública a menudo reclama redirigir esos recursos hacia áreas más vulnerables, como la infancia o la salud.
Es aquí donde radica un problema fundamental: la sostenibilidad de los proyectos. Iniciativas en zonas vulnerables, particularmente en barrios donde las bandas delictivas tienen control, requieren un seguimiento adecuado en términos de recursos presupuestales y humanos. Sin resultados visibles o estadísticas que demuestren avances, muchos de estos esfuerzos quedan suspendidos en el tiempo.

Sin embargo, un aspecto central no ha sido suficientemente abordado: las familias. Muchas están desestructuradas y, en su mayoría, son lideradas por mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Esta situación no es nueva y es conocida por el sistema político. En 2022, el Observatorio Uruguayo de Drogas constató el “impacto de la exposición al consumo en el hogar, mayor accesibilidad a las sustancias y una legitimación de los consumos”. La gran pregunta sigue siendo: ¿quién se atreve a intervenir en estos espacios? → Leer más

“Preocupa falta de respuestas ante inactividad del puerto sanducero”. Así era el título de EL TELEGRAFO, de una nota mía el viernes 23 de agosto pasado. Nosotros nos comunicamos con el presidente de ANP, Dr. Juan Curbelo en marzo pasado y que al mes siguiente venía a nuestra ciudad a hablar sobre el tema. Por supuesto que no vino. La semana pasada y a raíz de la nota, me pide un amigo mi número de celular para dárselo al Sr. Aníbal Silva, delegado sindical de los 32 trabajadores de la estiba que hace más de año que no trabajan y por supuesto no reciben sueldos. Me llama y me explica cuáles han sido sus periplos desde que queda inactivo el puerto. Reciben por seis meses el seguro de paro, y desde ese momento les dan una canasta a través del Mides y, cuando venía el camión de dicho Ministerio, los llamaban para su descarga. Dejan de recibir esa canasta y por unos meses a través del presidente de ANP les entregan canastas, se les deja de entregar y él quiere hablar con dicho presidente y no es atendido. A todo esto, el año pasado cuando se festeja Paysandú Ciudad, pueden hablar con el presidente de la República, al cual le dicen que le mandarán una carta explicitando su situación. Nunca recibieron respuesta. El 22 de febrero de 2021 firman un acuerdo entre la Intendencia Departamental, con el intendente Dr. Nicolás Olivera y el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Dr. Juan Curbelo, Convenio Marco de Intercambio Interinstitucional, por lo cual se inscriben como monotributistas, pues la Intendencia les daría trabajo en distintas tareas. Después de tres meses y al no haber trabajado ni un día, el Sindicato tuvo que pagar una multa pues al no trabajar no podían pagar la cuota. Perplejidad ante tanto falta a la verdad. Hoy forman una cooperativa de trabajo y les falta el RUT. Increíble pero real.

Ing. Agrim. David Doti

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Una de las relaciones más demandantes que debe llevar adelante una persona e incluso una comunidad, es aquella que se plantea entre el pasado, el presente y el futuro. Qué valor se le asigna a cada uno de esos momentos y desde dónde construimos lo que queremos o podemos ha sido siempre un debate que posee ribetes existencialistas, fundado en lo que hemos sido, somos o seremos. Durante toda su historia los pueblos han demostrado un fundado apego por la idea del futuro, y de esa forma fue construyendo a lo largo de los años las respuestas para cada una de las situaciones que se le fueron planteando. Sin perjuicio de la diversidad de situaciones y urgencias puntuales, un denominador común atravesó todos esos momentos: un sector público presente y una sociedad civil proactiva y movilizada por aquellos intereses superiores para la comunidad.

De una u otra forma todos construimos, a partir de nuestros actos individuales, la ciudad y el departamento que queremos y ello se manifiesta muchas veces en pequeños gestos que pueden ser considerados menores o carentes de importancia, pero cuya suma y repetición termina por definir cómo vivimos y qué características tiene el lugar donde lo hacemos. Si por ejemplo tiramos basura a la calle más temprano que tarde convertiremos nuestra cuadra en un basurero, afectando de esa forma a nuestros vecinos y a nosotros mismos.
Así las cosas, el futuro constituye una tarea en la cual podemos y debemos involucrarnos todos los que vivimos en esta hermosa tierra, porque de nuestros esfuerzos dependen las oportunidades que puedan llegar a tener nuestros familiares más cercanos, pero también la sociedad toda, porque vamos a estar mejor si cada uno de nosotros, trabaja para lograr un departamento que ofrezca oportunidades y en el cual, valga la pena vivir, trabajar, progresar y disfrutar. Ese coro de voces y brazos del cual necesita nuestro departamento debe dejar de lado las legítimas pertenencias político-partidarias para construir un edificio de buenos cimientos. No se trata de que nadie renuncie a sus ideas o adhesiones, pero sí de que pueda trascender las mismas con el objetivo de un bien común y superior, caminando con paso firme y seguro hacia logros que sean un beneficio para toda la comunidad y no solo para el referente político del momento. Los hombres y mujeres para quienes los sanduceros reservamos nuestro mejor recuerdo y agradecimiento merecen tal valoración no por votar a cuál partido, sino por haber superado esa condición (de la cual nunca han renegado y hasta bien que así haya sido) para ocupar el honroso sitial de quienes trabajan sin importar el “pelo” político de quienes se benefician con sus gestiones.

Se trata nada más y nada menos que de las cuestiones que hacen a la “polis” (“ciudad” en griego) y a quienes formamos parte de esta. Por esa misma razón todos tenemos un papel para cumplir, una responsabilidad que honrar y una voz que debemos hacer sentir clara y firme para alcanzar objetivos comunes. No hay tarea chica y tampoco aporte en vano; esos aportes, a diferencia de la leña, no se cuentan al peso y por eso mismo todas son valiosas y pasibles de ser valoradas. Cada uno según sus posibilidades, pero siempre “cinchando” para el mismo lado y por sobre todas las cosas dejando de lado la queja permanente que paraliza cualquier iniciativa y nos transforma en meros espectadores de la realidad sin poder tomar ninguna acción dependiendo de lo que decidan otros que muchas veces tendrán intereses diferentes o contrarios a los nuestros. Solo involucrándose se pueden cambiar las cosas.
La sociedad civil, según la especialista Daniela Jiménez Rivera, “está constituida por diversos componentes, tales como instituciones cívicas y sociales, y organizaciones que dan forma a la fundación de una sociedad funcional”. La importancia de la sociedad civil reside en asegurar la democracia por medio de la representación de la pluralidad de realidades para la toma de decisiones de los servidores públicos y el respeto de los derechos humanos de la población que garantiza la paz, seguridad pública y humana y el desarrollo nacional, como la transformación de un espacio público más abierto y plural en donde se ponga en escrutinio el poder del Estado. (…) La democracia es una casa en construcción donde la sociedad civil se vuelve en vigilante eterno, ya que de no ser así se vulnera la democracia y el ejercicio de la sociedad frente a esta. Se debe de ciudadanizar el poder público, en donde el ciudadano sea el centro de la toma de decisiones para el bienestar común. La sociedad civil debe de colocarse en una posición de conocer, ejercer y exigir sobre los derechos que poseen con respecto al Estado y cualquier otro tema que sea del interés de la sociedad para la construcción de la democracia y un bienestar en conjunto. Porque resulta fácil conciliar una posición de inconformismo y víctima con las realidades del país, pero se antepone la preparación y movilización para la eficacia del poder público”. En similar sentido, la biblioteca del Congreso Nacional de la República de Chile ha señalado que “la Sociedad Civil tiene un papel fundamental para poder conseguir transformaciones reales, empoderando a los ciudadanos para ejercer sus derechos y hacer valer tanto su derecho de participación, como sus responsabilidades en el proceso”.

Así las cosas, y con un desempleo que ronda el 14% de acuerdo con las cifras divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los sanduceros deberíamos pensar en clave departamental sin perjuicio de las instancias electorales que se aproximan y de las legítimas aspiraciones de las colectividades y sus dirigentes en las mismas. Las elecciones tienen una importancia fundamental en tanto de ellas proviene la representación que sólo el pueblo soberano puede otorgarles, pero los períodos de gobierno se extienden por períodos de tiempo que necesitan una acción e interacción también de los referentes de la sociedad civil. Si bien los representantes departamentales (tanto en la Intendencia Departamental como en el Poder Legislativo o en los municipios sanduceros) tienen una lógica y válida iniciativa en sus áreas de competencia, la sociedad civil debe colaborar con los mismos en aquellos proyectos en los cuales se sienta involucrada porque sus organizaciones pueden enriquecer la actividad de esos representantes, dotándolos de más y mejor información sobre determinadas realidades y sus necesidades. No podemos ni debemos esperar todo de las autoridades mencionadas, las cuales muchas veces enfrentan muchos y variados desafíos con recursos acotados y con multiplicidad de demandas en un territorio extenso como el de nuestro departamento. No “le carguemos las tintas” únicamente a nuestros representantes; hagámonos cargo de nuestras propias obligaciones y responsabilidades para transformarnos en generadores de instancias e ideas que sirvan como ámbitos de encuentro, discusión y acuerdo para encaminar nuestro departamento a un futuro más claro para todos. Hay que poner manos a la obra aquí y ahora, recordando en todo momento la famosa frase del expresidente norteamericano John F. Kennedy la cual podríamos adaptar de la siguiente forma: “no te preguntes qué puede hacer Paysandú por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por Paysandú”. → Leer más

Aún no se ha comenzado a construir la residencia estudiantil en el lugar que están rellenando contra el río. Por lo tanto el gobierno departamental debería reconsiderar si el lugar elegido es el más adecuado o hay otros lugares más convenientes donde realizar esa construcción. Es innegable que ese sitio está muy alejado de los centros de estudio y eso perjudicará en gran medida a los estudiantes que deben asistir como mínimo dos veces por día a las clases y al comedor estudiantil. Esa lejanía les demandará gastos muy importantes de tiempo y pagos en transporte, que son dos insumos básicos que los estudiantes no tienen suficiente. ¿El intendente no ha pensado que las estudiantes cuando terminan las clases del día, deben regresar a esa residencia en horas de la noche a ese lugar tan alejado, solitario y oscuro? Se verán obligadas a alquilar un taxi dos veces por día, lo que les ocasionará un gasto no menor a $500 diarios. Con menos que ese gasto pueden alquilar apartamentos amueblados cerca de los centros de estudio y ninguna se alojará en esa residencia.

Habiendo ya firmado el contrato de aceptación del presupuesto que presentó la empresa Ciemsa para construir esa obra y que aún no se ha publicado, el gobierno departamental deberá respetar lo aceptado o enfrentar una reclamación por incumplimiento, si desistiera del mismo o cambiara las condiciones aceptadas. Pero como hay varios lugares más convenientes donde construir esa residencia, no habría ningún incumplimiento si se cambia de lugar, manteniendo todas las condiciones aceptadas. Hay otros lugares mejor ubicados donde construir esa obra y que beneficiaría mucho a los estudiantes y también a la empresa constructora.

Por ejemplo dos amplios espacios tanto al frente como en la parte de atrás del edificio de la exterminal de ómnibus y esos lugares ya tienen pavimento de hormigón en buenas condiciones que facilitarían el comienzo de las obras sobre el basamento ya construido.

Otro lugar posible y bien ubicado es el corralón donde se construirá el Campus Universitario. De aceptarse uno de esos lugares u otros también cerca de los centros de estudio, se beneficiaría tanto a los estudiantes como también a la empresa constructora. Es el momento para repensar la decisión primaria y evitar cometer un error garrafal que perjudicaría y mucho a los estudiantes.

Debe haber razones que expliquen del por qué se eligió ese lugar tan alejado: ¿Cual es la conveniencia de construir donde se está rellenando el terreno para evitar que sea alcanzado por alguna creciente del río?
El argumento que pone el intendente es que le gusta el lugar y que le encantaría vivir allí: ¿Es válido ese argumento y justifica construir tan lejos ocasionando perjuicios a los estudiantes?

¿Se ha tenido en cuenta el perjuicio que les ocasionará a los estudiantes el tener que recorrer como mínimo diez kilómetros por día para asistir de mañana y de tarde a los centros de estudio y al comedor estudiantil?

Ese relleno que se está haciendo para elevar el terreno debe ser muy bien compactado y luego construir una gruesa planchada de hormigón que resista el peso del edificio de cinco pisos.
En cambio esos gastos no son necesarios en el lugar que sugerimos, porque ya están construidos en el corazón mismo de los centros de estudio.

Ing. Ricardo Brasesco

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Así como los mexicanos cantan que “como México no hay dos…”, nosotros sencillamente afirmamos que “cómo el Uruguay no hay”. Esto se da internamente, con ciertas nostalgias y poca gratitud, pero se inflama cuando estamos fuera del país, al que con humildad llamamos “paisito”, pero del cual, lo asumimos con convicción, el mundo está pendiente. ¿O no?

Y eso alcanza al éxtasis cuando se trata de exposiciones de candidatos presidenciales ante plateas de empresarios y potenciales inversores argentinos. En donde sea; en Buenos Aires o Punta del Este. (“En ese país es que quiero vivir yo”; pensaría cualquiera, mientras hace la cola para conseguir el pasaporte italiano).

Es lo que pasó hace algunos días con el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, quien viajó a la vecina capital llevado de la mano por López Mena y se reunió y tuvo un almuerzo con empresarios argentinos.

Si uno se remite a las informaciones de los principales medios escritos, Orsi se preocupó en resaltar “el respeto a la reglas” y las “políticas nacionales” y “de Estado” que priman en el Uruguay y transmitirle “certezas” a los presentes y “la seguridad” de que aquí no pasa ni cambia nada gane quien gane, que el país ofrece estabilidad, que “funciona” y “seguirá funcionando si gana el FA”. Le faltó decir, poco menos, que será la continuidad del gobierno de Lacalle Pou, a quien en lo “local” le da como “en bolsa” y le cuestiona todo. Por momentos parecía un discurso de Delgado y más cuando éste mira un poquito para lo social y la “zurda”, instado por Ripoll.

Más de lo mismo; se podría decir. Incluso cuando respondió preguntas sobre la huelga, las ocupaciones, la LUC, la política fiscal y la tributaria o el Mercosur, Orsi aventó cualquier sospecha sobre eventuales cambios. Titubeó un poco con Venezuela: a él no le gusta que lo interroguen sobre ese tema y quizás faltó alguna pregunta más, por lo que leí.

Convengamos que el candidato de la izquierda las da casi todas en la herradura y muy pocas en el clavo. Por ahí se entusiasmó y tras observar que los uruguayos somos algo “lentos”, especie de “argentinos sin intensidad”; reclamó “que nos contagien”. ¡Epa!, ¿que nos contagien qué?: ¿el dengue? ¿el mal de Chagas? ¿la COVID-19? (estamos todos fritos dada la performance de Alberto Fernández). ¿Que nos contagien de progresismo “kirchnerista”? ¿No dice Mujica que “esta vieja es peor que el tuerto”? Batlle, por su parte se extralimitó, dijo que “son todos unos ladrones desde el primero hasta el último”; exageró y lo admitió. La verdad es que son muy pocos pero, eso sí, casi todos kirchneristas y “se la llevan toda”.
Es posible que Orsi lo haya dicho por aquello de que “al bobo para que corra hay que decirle que es rápido”.

Sobre Venezuela no termina de concretarlo y hace salvedades: “no es una dictadura común y corriente”, dice, cosa que también podría decir de Cuba o Nicaragua, por ejemplo. Cosas de “la geopolítica” y de Lula.

Por lo que yo leí, reitero, no le preguntaron sobre el plebiscito propuesto por el Pit Cnt y el Partido Comunista, –uno de los dos grandes de la coalición–, al cual el candidato no apoya pero no desapoya. Ahí sí que “las certezas”, “garantías”, “reglas claras”, “políticas de Estado”, “estabilidad”, se van todas al “carajo”, por decirlo a la moda. → Leer más

El 23 de marzo de 2010 el presidente Barack Obama cerraba el trámite que transformaba en ley una de sus más emblemáticas reformas y victorias parlamentarias en el 111 Congreso. Sería su gran legado a la nación.
Nacía La Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), formalmente denominada Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA), o en el lenguaje popular, de los debates políticos y de los medios, la Obamacare. Ésta, y su complementaria enmienda, la Ley de Reconciliación de la Atención Médica y la Educación de 2010, son la mayor revisión regulatoria y el mayor esfuerzo democratizador de expansión de la cobertura más significativas del sistema de atención médica de los Estados Unidos. Para encontrar antecedentes importantes, pero de menor magnitud, hay que remontarse hasta la promulgación de Medicare y Medicaid, en la década de 1960. Pese a los intentos de demoler o por lo menos recortar el alcance de los servicios o los beneficiarios, la mayoría de las disposiciones de la ley siguen vigentes.

Debió superar durísimos embates, a todos los niveles. Quizás una de las instancias más duras tuvo lugar hacia mediados de 2021 cuando el 17 de junio de 2021 la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó ese día una demanda llevada adelante por 18 estados de mayoría absoluta de republicanos que reclamaban declarar la inconstitucional de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. La más alta instancia judicial de los Estados Unidos desestimó en esa sentencia las demandas relacionadas con el llamado “mandato individual” que obligaba a todos los ciudadanos a contratar un seguro médico. Y más importante aún de esa victoria jurídico-política: era ésta la tercera vez que la Corte Suprema fallaba a favor de la normativa, del legado de Obama, que permitió el acceso a cobertura médica para más de 20 millones de estadounidenses. A esa resolución fundamental, la Corte Suprema llegó con un contundente pronunciamiento de 7 votos a favor de la continuidad de la normativa y su solvencia jurídica, contra dos por la negativa.
Se cerraba así un debate jurídico de 18 estados republicanos, liderados por Texas, así como otros demandantes individuales. Básicamente, el más alto tribunal del país laudaba señalando que no tenía base legal la demanda que pretendía la anulación de la norma que permitió a millones de estadounidenses obtener cobertura médica a través de programas públicos o aseguradoras privadas.

Como dato adicional para la jurisprudencia y mayor precisión de los juristas, la sentencia fue redactada por el juez liberal Stephen Breyer. Este jurista, que se jubiló en el año 2022, fue nominado por el entonces presidente Bill Clinton. Tocó a Joe Biden nominar un candidato para suceder a Breyer. Desde que quedó abierto el período para la nominación, Biden anunció su compromiso de impulsar a una candidata, una mujer negra. De acuerdo con los cambios promulgados en 2013, facilitan y protegen la nominación presidencial a la Corte Suprema, evitándose la llamada práctica del “obstruccionismo”. En los hechos, eso significa que el jefe de gobierno no está obligado a articular una mayoría especial de 60 votos, que usualmente se requiere para romper el bloqueo y dar paso a una votación final.
Si bien estas elasticidades ahora favorecían a los demócratas, antes, en el período de gobierno de Donald Trump, le permitieron llenar tres vacantes sin mayores dificultades.

La mayoría de Biden

Para la designación del sustituto de Breyer, los demócratas no debieron preocuparse por si los republicanos intentaran apelar a un intento obstruccionista contra la nominación que habrían de proponer pues la relación de fuerzas aseguraba que no era necesaria ninguna cuestión de esas, sino mantener el timonel firme. Recordemos, fruto del resultado electoral, el Senado quedó dividido 50-50, y con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris se rompería ese empate. Para asegurar el cumplimiento del compromiso asumido, los demócratas debían mantenerse unidos y/o, para reasegurar el resultado, obtener el respaldo de unos pocos republicanos. Así sería menos estresante la resolución.
Solamente imaginemos que la enfermedad o una muerte de cualquiera de los senadores demócratas pondría en riesgo la aprobación de la nominación, pues les podría suspender el privilegio de una mayoría ajustada y con ello arriesgar recorrer un complicado procedimiento de confirmación.
El presidente Biden anunció la nominación de la jueza Ketanji Brown Jackson para la Corte Suprema. Así, optando por una prestigiosa jueza de la corte federal de apelaciones, comenzaba a hacer historia ya que podría ser la primera mujer negra en ocupar tan alta función. La carrera profesional de la jueza Jackson es, objetivamente, impresionante. Así se convirtió en el 116 juez de Corte Suprema de los Estados Unidos. En este enlace www.judiciary.senate.gov/judge-ketanji-brown-jackson pueden acceder a toda la información y documentos que estuvieron a consideración para la ratificación de la jueza. Créanme, vale la pena leerlo. Y si no leen inglés, no se preocupen, que con el botón derecho del mouse ubicado encima del texto, van a encontrar la opción “traducir a español”, y sanseacabó la dificultad.

La victoria de Obama, su legado

Una de las mayores sorpresas que trajo el debate presidencial, y pasó desapercibido, fue el reconocimiento de una derrota de parte de Trump. Más allá de los eufemismos de campaña, Trump asumió que la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), del año 2010, llegó para quedarse. En el mismo debate, Trump volvió sobre el tema y sostuvo con mayor claridad que mantendrá el Obamacare, salvo “que alguien planteara algo mejor para sustituirlo con un modelo de mejor y más atención a un menor costo”. “Hasta entonces”, concluyó, “lo haría lo mejor que se pueda manejar”.
Solamente para dar cuenta del cambio de Trump respecto al Obamacare, aquella plataforma republicana del 2016 planteaba que “cualquier agenda honesta para mejorar la atención médica debe comenzar con la derogación”. Pero esta plataforma en su versión 2024 llegó con un cambio sustancial: ahora propone “ampliar el acceso a una nueva atención médica asequible”.
El Proyecto 2025 abandona ese planteo de reclamar la derogación de la ACA. Ya en otro tono, sereno y no confrontativo, una iniciativa de la Fundación Heritage dice ofrecer “sugerencias de políticas para frenar los abusos” de la ley… pero de la ley, nada. La estrategia de cuestionar supuestos abusos no definidos no es novedosa sino un viejo artilugio, una estratagema lanzada a partir del rechazo que recoge tal planteo pretender por la puerta de atrás, sinuosa y deshonesta, internet sabotear la aspiración de la sociedad.

La lucha por el Obamacare ha llegado a su fin. Más de una década necesitó para afianzarse, pero hoy ya es un mínimo universal de salud a la que pueden aspirar los ciudadanos. No es completo, y aún dista, por ejemplo, de la universalidad de nuestro sistema nacional integrado de salud, pero constituye un gran avance.
El sistema de salud de Estados Unidos sigue en la agenda de estas elecciones 2024, pero no el Obamacare que ha ganado la partida. El legado de Obama está de pie. → Leer más

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicó un estudio en el que se analizan la probabilidad de vulnerabilidad laboral ante la inteligencia artificial de más de 750 profesiones (u oficios) en horizontes temporales de uno, cinco y diez años. ¿Cómo lo hizo? Apelando a la inteligencia artificial, por supuesto.
Con este estudio, explica la fundamentación, “tratamos de superar algunas de esas limitaciones utilizando los amplios conocimientos y las capacidades analíticas avanzadas de grandes modelos lingüísticos para crear un novedoso Índice de Exposición Laboral Generado por la IA (Genoe, por sus siglas en inglés). Este índice calcula la probabilidad de vulnerabilidad laboral a la inteligencia artificial, como se ha dicho.
Emplea, sigue detallando, una novedosa metodología que utiliza “grandes modelos lingüísticos para realizar evaluaciones de tipo experto, que denominamos ‘encuestas de IA sintética’. Este enfoque genera respuestas basadas en grandes conjuntos de datos, procesa y sintetiza rápidamente la información y proporciona evaluaciones coherentes de todas las profesiones, ofreciendo una alternativa escalable a las encuestas tradicionales de expertos humanos”. En concreto, el resultado de la aplicación de este modelo mostró que, en promedio, “las profesiones tienen un 28% de probabilidades de verse afectadas por la IA en el próximo año, porcentaje que aumenta hasta el 38% y el 44% en horizontes de cinco y diez años, respectivamente”. A continuación se hizo el ejercicio de aplicar esto a los datos del mercado laboral de los Estados Unidos y de México, con lo que se trazó la estimación de que “43 millones y 16 millones de empleos, respectivamente, estarán expuestos a la IA en el horizonte de un año”, y que la cifra que aumentará “a 60 millones y a 22 millones en cinco años, y a 70 millones y a 26 millones en diez años”. Las cifras alarman.
El mismo mecanismo se trasladó al mercado de trabajo del conjunto de América Latina y los resultados mostraron que “unos 84 millones de empleos estarán expuestos a la IA en el plazo de un año, cifra que aumentará a 114 millones en cinco años y a 132 millones en diez años”. Y agrega que, “suponiendo que esta exposición media sea aplicable a los mercados laborales del mundo entero, 980 millones, 1.330 millones y 1.540 millones de empleos estarían expuestos a la IA en los horizontes de uno, cinco y diez años, respectivamente”. Estas cifras alarman aún más.
Sin embargo, en un giro de optimismo, el informe prosigue diciendo que estas estimaciones “no corresponden directamente a pérdidas de puestos de trabajo”. Prefiere hablar, en cambio, de “transformaciones laborales”, en cuanto aparecerán “nuevas funciones en algunos sectores” que “probablemente complicarán el panorama” y que las estimaciones “tampoco tienen en cuenta la posible creación de nuevos puestos de trabajo gracias a los avances de la IA o a avances tecnológicos imprevistos que podrían alterar el panorama laboral en una u otra dirección”. De todos modos no deja de reconocer lo obvio: los datos “indican la gran proporción de profesiones que son vulnerables y pueden sufrir cambios significativos a medida que la IA se integre al mercado laboral”.
El análisis, que lleva la firma de los expertos Miguel Benitez y Eric Parrado —y se puede descargar, por el momento en su versión en inglés, por medio del código QR adjunto—, incluye también resultados preocupantes en cuanto a la igualdad en materia de género e ingresos. Indica que tanto en Estados Unidos como en México, “las mujeres tienen una presencia significativa en los trabajos administrativos y de oficina. Esto hace que sean más propensas a verse afectadas por la IA”, así como que en ambos países “también se prevé que la IA afecte de forma desproporcionada a los trabajadores de medianos y bajos ingresos”.
Considera el BID que este nuevo índice puede ser un aporte para quienes tienen la responsabilidad de formular políticas públicas en el desarrollo de intervenciones específicas y medidas de apoyo para los trabajadores en aquellas profesiones u oficios que presentan una mayor exposición, “por ejemplo, mediante políticas de educación y capacitación, programas de seguro de desempleo y estrategias de desarrollo económico”, algo en lo que nuestro país es referencia, con instrumentos como el Fondo de Reconversión Laboral y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), que se financia a través del primero. Ojo, no quiere decir que no se pueda perfeccionar el trabajo que viene realizando, porque siempre hay margen para esto, pero es un modelo que funciona y con ello puede servir de ejemplo para este tiempo que se viene, a estar por los pronósticos de este informe. El modelo, prosigue, “también puede, por un lado, ayudar a las empresas a tomar decisiones estratégicas en ámbitos relacionados con el desarrollo de la mano de obra y la integración de la tecnología, y por el otro, proporcionar a los trabajadores información valiosa para la planificación de su carrera profesional y la adquisición de competencias”. Además, estima, “la perspectiva holística y de futuro del índice Genoe debería aportar ideas cruciales a los formuladores de políticas públicas que pretenden salvaguardar el empleo y el bienestar de las personas en todas las esferas de la sociedad”. → Leer más

Es difícil sostener argumentos para contrastar la cruzada global contra el cambio climático, o mejor dicho, contra las medidas que se están instrumentando en procura de reducir la afectación medioambiental, solo que hay un conflicto de intereses y factores geopolíticos que hacen que no todos los países se incorporen con el mismo grado de compromiso, y menos aún que estén dispuestos a financiar las acciones propuestas sin pedir algo a cambio, ya sea directamente o en forma velada.
Es por eso que las respectivas convocatorias y las posteriores evaluaciones en los foros mundiales resulten contradictorias respecto a logros o grado de compromiso, y así se van sucediendo las instancias acordadas en su momento, en las que predominan los enunciados y las buenas intenciones por sobre pasos valederos en la buena dirección.
En grandes líneas, están ahora sobre el tapete negociaciones sobre el financiamiento del combate climático, los alcances de la discordia en las negociaciones de la COP29, cuando la idea central es promover desarrollo económico bajo en carbono y el uso de autos eléctricos, transición ecológica, y reforestación, entre otros objetivos.
Yendo por partes, tenemos que las negociaciones climáticas de la ONU se centran este año en cómo lograr el compromiso mundial de recaudar miles de millones de dólares para que los países en desarrollo enfrenten eficazmente la crisis climática, con la interrogante de cuánto dinero se comprometerán a aportar los países desarrollados para ayudar a los países vulnerables a enfrentar un clima extremo.
Respecto a la financiación climática precisamente no existe una definición consensuada. En términos generales, la “financiación climática” se refiere a cualquier dinero gastado, ya sea público o privado, para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de “hacer compatibles los flujos financieros con (…) un desarrollo de bajas emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al cambio climático”.
Ello incluye todos los fondos (públicos o privados) que promueven un desarrollo económico bajo en carbono y la adaptación: energía eólica, solar, nuclear, hidrógeno limpio; autos eléctricos; transición ecológica en la agricultura; reforestación; aislamiento térmico de viviendas; acceso seguro al agua; saneamiento; sistemas de salud capaces de gestionar olas de calor e inundaciones; diques para enfrentar el aumento del nivel del mar, etcétera, como los principales ítems.
Solo que según los técnicos, no hay en principio una norma universal estricta sobre la financiación “verde”, y a veces la frontera es borrosa entre la ayuda al desarrollo y la financiación climática, a la vez que faltan definiciones sobre cuando dinero se necesita y las áreas comprendidas desde el punto de vista práctico en esta categoría para resultar beneficiario con la financiación.
En el ámbito de la ONU o los medios, la “financiación climática” se refiere más bien a las dificultades de los países en desarrollo para obtener a nivel internacional el dinero necesario para una “transición justa” ecológica y para enfrentar las catástrofes climáticas, y sus necesidades (excluyendo a China) han sido evaluadas en 2,4 mil millones de dólares anuales para 2030 por expertos designados por la ONU.
En este conflicto de intereses habría quienes pagan y quienes reciben para contribuir entre todos a la preservación del ecosistema, y en este aspecto es pertinente traer a colación que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CNUCC), adoptada en Rio en 1992, enumeró los países obligados a proporcionar ayuda financiera al resto del mundo debido a su responsabilidad histórica.
Estos países –Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Reino Unido, Canadá, Suiza, Turquía, Noruega, Islandia, Nueva Zelanda y Australia– se comprometieron en 2009 a proporcionar 100.000 millones de dólares anuales en ayuda climática hasta 2020 y hasta 2025.
Sin embargo, no lograron alcanzar ese objetivo hasta 2023, lo que provocó una brecha diplomática entre el Norte y el Sur.
En la COP29, en noviembre venidero, los países firmantes del Acuerdo de París deben acordar un nuevo objetivo financiero más allá de 2025.
India, por su lado, ha propuesto 1 billón de dólares anuales, una cifra que los países ricos consideran una provocación, argumentando que solo representan el 30% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero.
Esos países exigen que China y los países del Golfo también contribuyan. Actualmente, la mayor parte de esta ayuda se canaliza a través de bancos de desarrollo o fondos gestionados conjuntamente con los países afectados, como el Fondo Verde para el Clima (12.800 millones de dólares prometidos por los países donantes para 2024-2027) o el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (5.000 millones de dólares para 2022-2026).
Reorientar los subsidios de las energías fósiles hacia energías limpias o cancelar la deuda de los países pobres a cambio de inversiones climáticas también son vías posibles.
Esta conferencia mundial sobre el clima COP29 en Bakú, es un momento clave para que los líderes avancen en sus compromisos climáticos. Debe tenerse presente que la Conferencia de las Partes (COP) es el grupo de naciones que han firmado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1992. En ella se comprometen a actuar conjuntamente para estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero “a un nivel que impida interferencias antropógenas (inducidas por el hombre) peligrosas en el sistema climático”. Desde entonces, las Partes, o naciones, se han reunido casi anualmente.
La última COP, la COP28, se celebró el año pasado en Dubái y fue la COP sobre el clima con mayor asistencia de la historia y esta conferencia hizo hincapié en la necesidad de una acción decidida para avanzar en energías renovables, una transición justa y más.
En los últimos años, los mercados de carbono se han convertido en un punto álgido de la política climática internacional, en gran medida por sus resultados desiguales. Por un lado, han demostrado su potencial como vía libre de deuda para canalizar la financiación de los grandes emisores hacia prometedores proyectos limpios o verdes. Por otro lado, la falta de rigor ha hecho que, a menudo, los mercados de carbono no impulsen reducciones reales de emisiones, sino que destinen fondos a lugares innecesarios o no verificables y permitan el denominado “lavado verde” (una estrategia de mercado que utilizan algunas empresas para aparentar ser más respetuosas con el medio ambiente de lo que en realidad son), según la definición más compartida.
Lograr un resultado sólido en la COP29 es fundamental para enviar una fuerte señal de progreso. La COP29 puede sentar un precedente para la acción climática global si se cierra la brecha financiera, se persiguen estrategias de adaptación sólidas y se fomentan soluciones innovadoras e inclusivas.
Aquello del que contamina pague tiene por lo tanto sus bemoles, porque las naciones desarrolladas, las grandes contaminantes, así como países como China, que entra en esta categoría, tienen un grado de compromiso que va de la mano con sus intereses económicos y geopolíticos, y a la hora de las decisiones y de cumplir sus compromisos, suele borrarse con el codo lo que se escribe con la mano, y así se van sucediendo los foros, los COP, y lamentablemente, los logros van y vienen, la negociaciones también, y los foros se parecen más a un perro persiguiendo su cola, que a planteos serios entre partes que se respetan y que deberían centrarse en el compromiso común, en lugar de reafirmar recelos y diferencias.

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El desafío del acceso al agua para todas las personas y la preservación y cuidado de este recurso fundamental para la vida humana, cada vez más afectado por problemas de contaminación que desafían su sustentabilidad, será el tema principal de la 10ª Conferencia Internacional sobre Aguas, un evento de alto nivel que se realizará en nuestro país con participación de más de 300 delegados de todo el mundo.

La conferencia, a realizarse en Punta del Este, es organizada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) en colaboración con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco (COI/Unesco), siendo Uruguay país anfitrión. Se realiza bajo el lema “Acciones transformadoras e impactos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre Agua y Océanos: La respuesta del GEF al desafío global” y reunirá a líderes, expertos y representantes de proyectos internacionales para abordar los desafíos globales urgentes relacionados con la sostenibilidad del agua y los océanos.

Sin duda el del agua es un tema crucial para el futuro de la humanidad, dado que hoy en día ya miles de millones de personas en todo el mundo todavía viven sin agua potable y saneamiento gestionados de forma segura, a pesar de que el acceso a ambos servicios es considerado un derecho humano e incorporado así en muchas legislaciones nacionales. Esto hace que sea realmente muy difícil, sino casi imposible alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el mundo se ahoga bajo el peso de la contaminación por plásticos, producto del cual se fabrican más de 430 millones de toneladas anualmente. De ellas, dos tercios se utiliza para objetos y artículos que se usan y tiran rápidamente, en algunos casos es basura en cuestión de minutos o segundos que luego persiste largamente como contaminante e inunda océanos y cursos de agua y, cada vez más penetra en la cadena alimenticia humana.

Estas pequeñísimas partículas de plástico están presentes en artículos de uso cotidiano, como cigarrillos, ropa y cosméticos y según investigaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el uso continuado de algunos de estos productos aumenta la acumulación de microplásticos en el medio ambiente.

Cuando son ingeridos seres vivos del ecosistema marino, como por ejemplo aves, peces, mamíferos y plantas, los microplásticos provocan efectos tóxicos y mecánicos, lo que da lugar a problemas como la reducción de la ingesta de alimentos, la asfixia, los cambios de comportamiento y la alteración genética. Además de consumirlos en peces o mariscos, las personas pueden inhalar microplásticos del aire, ingerirlos del agua y absorberlos a través de productos para la piel. Tal es su impacto y propagación que actualmente se han encontrado microplásticos en diversos órganos humanos, e incluso en la placenta de los recién nacidos.

Las fibras de acetato de celulosa presentes en los filtros de cigarrillos son microplásticos muy comunes entre la basura de las playas del mundo. Los plásticos como el poliéster, el acrílico y el nailon constituyen aproximadamente más de la mitad del material que se utiliza para confeccionar la ropa que utilizamos, que desprenden microplásticos, conocidos como microfibras, al lavarlas y no es un dato menor que -según un estudio de 2020 del PNUMA- el 9% de la cantidad anual de microplásticos que se desechan en los océanos proviene de la ropa y otros productos textiles de uso diario. Aunque no es algo que mucha gente tenga presente, fumar también daña el mar y usar prendas hechas con fibras naturales de origen sostenible o lavar la ropa con menos frecuencia es una contribución interesante al medio ambiente.

Por otra parte, los problemas de acceso al agua –que son gravísimos en algunas partes del planeta– también han ocurrido y afectado duramente en Uruguay, en especial durante períodos de sequías y crisis hídrica que en los últimos tres años pusieron en jaque el sistema productivo y que en la principal ciudad del país, Montevideo, privaron de agua potable a gran parte de la población al acabarse las reservas.

La crisis dejó más de 1.880 millones de dólares en pérdidas en el sector agropecuario entre 2022 y 2023 y afectó a más de 1.700.000 personas, según el gobierno uruguayo. Como se recordará, se trató de la peor sequía en los últimos 70 años que dejó seco a Paso Severino, principal reserva de agua metropolitana, provocando una crisis sin antecedentes en el marco de la cual el agua corriente de Montevideo se volvió imbebible y salada al usarse aguas del Río de la Plata para no cortar el suministro.

Grandes emprendimientos industriales hoy existentes o en proceso de instalarse, como el caso de las plantas procesadoras de pasta de celulosa o el hidrógeno verde, están siendo cuestionadas por los grandes volúmenes de agua que utilizan o utilizarán y la gestión que realizan del recurso proveniente de nuestros principales ríos como el Uruguay o el río Negro. Sería interesante en este sentido que –en el marco de los controles ambientales y de la misma manera que se registran las emisiones– existan datos disponibles sobre la huella del agua corporativa, de forma que esa sea también una variable a considerar a la hora de la evaluación de la sostenibilidad.

“Conservar nuestros océanos y ecosistemas de agua dulce para fortalecer la seguridad hídrica y mejorar las oportunidades de desarrollo económico de nuestra economía azul es esencial para la salud de las personas y del planeta”, sostuvo Fred Boltz, Gerente de Programas del GEF. Se trata de una acción que es necesario emprender con urgencia dado que, como señaló el secretario general de la ONU, António Guterres, estamos empujando los límites planetarios al borde del abismo, con récords de temperatura global y múltiples afectaciones del cambio climático que en una “parodia de justicia climática” afecta más a los menos responsables de la crisis, esto es a las personas más pobres de los países vulnerables.

Es de esperar que la conferencia internacional y los compromisos y acciones colaborativas que puedan surgir o fortalecerse en esta instancia, así como en otras venideras, sean útiles en la búsqueda de respuestas a los grandes desafíos locales y globales relacionados con el agua dulce y la salud de las aguas de los océanos. → Leer más

Al hablar en conferencia de prensa tras presentar la Rendición de Cuentas 2023 ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche trajo a colación ante los parlamentarios situaciones adversas que debió enfrentar el gobierno ya al poco tiempo de asumir, y que a su juicio contribuyeron sustancialmente a que se deteriorara el panorama fiscal en el país, como consecuencia del declive de la actividad económica mundial que repercutió en nuestro medio, así como fuertes erogaciones para paliar los efectos de la pandemia.

Precisó que se vivieron “situaciones adversas” como la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, la mayor sequía de los últimos 100 años y la comparación de precios relativos con Argentina, cuando el país vecino estuvo muy barato en dólares y en particular para los uruguayos.
“Implicaron para el país un costo de aproximadamente 4.000 millones de dólares, casi cinco puntos del producto”, sostuvo, y agregó que el empleo es una arista “fundamental”, por estar “relacionado directamente con la calidad de vida de los uruguayos”.

Respecto al déficit fiscal, que según la cartera cerró el año móvil a julio en 4,3%, Arbeleche afirmó que no estaba “pensado” que este “fuera a ser el déficit fiscal en este momento”.

“La inflación baja más rápido de lo que teníamos pensado”, aseguró, y señaló que “tiene un efecto fiscal de menor recaudación”. “Es bueno para todos”, dijo, calificándolo como una “sorpresa positiva”.

“No teníamos pensado que este iba a ser el déficit fiscal en este momento, porque aquí lo que tenemos es una sorpresa en la baja de la inflación. Cuando hace un año que presentamos la Rendición de Cuentas para este año, teníamos una estimación de inflación que resultó” mayor “a lo estimado”, explicó.

“Hay una sorpresa en que la inflación baja más rápido de lo que teníamos pensado. No tenemos dudas que es bueno para todos. Tiene un efecto fiscal de menor recaudación y eso explica que hoy tengamos un déficit al que habíamos programado para este año. Eso no quiere decir que se esté gastando más. El gasto nominal para 2024 es exactamente el mismo que teníamos planeado hace un año, con la salvedad de un gasto adicional por las inundaciones, pero es algo menor”, agregó.

La secretaria de Estado trajo a colación aspectos de primera línea en el marco de la política económica, que no debe medirse solo en el aspecto fiscal –que es muy importante, y base para realmente propiciar programas sustentables– sino en la calidad del gasto, en la relación con los ingresos y la presión fiscal sobre los sectores reales de la economía, que son los que generan la riqueza que se recicla en el tramado socioeconómico.

Es pertinente traer a colación que la Ley de Urgente Consideración (LUC) incluyó artículos que refieren a la regla fiscal, un concepto que es muy importante para el manejo macroeconómico y que por lo tanto, quiérase o no, repercute en la microeconomía y sobre la situación de los sectores más vulnerables de la población, de seguirse otros caminos.

En suma, apunta a generar reglas para evitar la expansión distorsionante del gasto público, que se paga con más impuestos del sector privado, que es el motor de la economía, creador de riqueza y de empleos genuinos.

Al respecto, el economista Jorge Caumont subrayó en su momento en el suplemento Economía y Mercado, del diario El País, acerca de la regla fiscal, que “en nuestro país la evidencia empírica nos muestra que el resultado conjunto negativo de la actuación del gobierno central, de los organismos del artículo 220 de la Constitución –entre otros los de la enseñanza– y del BPS, se ha venido financiando de manera creciente con aumento de impuestos –con alzas de sus alícuotas o con cambios en la fase imponible– para recaudar más”, como característica que se dio con marcado énfasis en gobiernos de la coalición de izquierdas, fundamentalmente.

El punto es que aún con estas acciones, con una política tributaria contractiva de la actividad privada en la última década no ha sido posible equilibrar el resultado fiscal –no se cubre la brecha entre ingresos y egresos– y se recurre el endeudamiento tanto con instituciones financieras y residentes del país como del exterior, a través de préstamos, emisión de títulos en distintas monedas y en otros instrumentos por el estilo, tanto en moneda local como extranjera.

Pero, como es lógico, los déficits de las cuentas de la administración y el financiamiento con impuestos con endeudamiento, comprometen la actividad económica presente y futura, y en particular, a las futuras generaciones que deberán repagar la deuda que cubriera los desequilibrios como el señalado.

Cuando asumió el gobierno de Luis Lacalle Pou, el mandatario y su equipo económico hicieron hincapié en que se apuntaría a reducir el déficit fiscal –que se situaba en casi el 5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI)– desde que se estaba en un nivel preocupante, y por más vueltas que se le dé, el peso de este desequilibrio siempre recae en los sectores productivos, en el empresario, el empleado, los pasivos, porque no hay almuerzos gratis, y el dinero que se reparte sin tenerlo solo puede cubrirse temporalmente “haciendo la bicicleta” o con más impuestos, porque no hay milagros en la economía.

Los sectores que producen bienes y servicios del ámbito privado son los que mueven la economía, y son por lo tanto los que aportan sistemáticamente para sostener el aparato estatal, las inversiones, el pago de salarios, la amortización de la deuda, el funcionamiento de los organismos que están en la primera línea en la contención social.

Y en este caso, la ministra aludió a eventos que dieron por tierra con todo intento –pertinente o no, útil o no– de reducir un déficit fiscal que el último gobierno de la coalición de izquierdas había dejado en el 5 por ciento, porque entre otros aspectos, en la década de bonanza económica por el escenario favorable mundial, que se extendió hasta 2014, se incurrió en gastos que incluso superaron la recaudación adicional de esos años, y peor aún, se incorporaron gastos fijos al Estado como si la bonanza fuera a durar para siempre.

No puede extrañar que ante gastos adicionales de la pandemia para atender a los sectores más vulnerables de la población, caída de actividades, pérdida de empleos –en el ámbito privado, no en el estatal, por supuesto–, seguido a la subida de precios internacionales y de costos de fletes, entre otras consecuencias por la invasión rusa a Ucrania, seguido de una sequía histórica, el déficit fiscal se mantendría a niveles poco tranquilizadores, y de ahí que la ministra mencionara estos elementos como factores negativos para la contención de este déficit que ha trepado al 4,3 por ciento.
El objetivo de la introducción de una Regla Fiscal obedeció a la necesidad de contar con una guía esencialmente técnica alejada de cualquier ideología para evitar el mal uso de la política fiscal y que ella opere de manera contraria a la etapa del ciclo económico que ocurra, es decir, para favorecer políticas contracíclicas.

Pero todo indica que en este período no se ha logrado, por más que se manejan atenuantes como los factores extraordinarios mencionados, lo que pone de relieve no solo inconsistencias del gobierno de turno, sino que reafirma también las vulnerabilidades y dependencias históricas de nuestro país, que hacen que ante un escenario muy acotado, el margen de maniobra sea mínimo y las buenas intenciones y enunciados queden a menudo desmentidos por la porfiada realidad. → Leer más

La presencia de caballos sueltos en varias zonas de la ciudad, particularmente en Avenida de las Américas, es cotidiana. Un rápido recorrido por las páginas de EL TELEGRAFO en los últimos años confirman que hay lugares que se han vuelto “calientes” por la ocurrencia de siniestros de tránsito graves, con el protagonismo de animales que mueren en el lugar y sus propietarios nunca aparecen.
La gravedad de las lesiones transforman la vida de los involucrados porque las discapacidades, transitorias o permanentes, detienen una dinámica familiar que obliga a repensar todo de nuevo. Es así que el trato ético hacia los animales, la convivencia y tolerancia entre personas resulta –nuevamente– interpelada.
Es que las lesiones graves o incluso la muerte de conductores luego de un accidente de tránsito quedan impunes. Porque el caballo no tiene identificación alguna ni marca y esto se ha vuelto costumbre para evitar sanciones económicas o legales.
El 26 de julio de 2022 se reglamentó la normativa que habilita la incautación de animales sueltos en la vía pública, a través del Decreto presidencial 233/022.
La Ley de Urgente Consideración (LUC) –Ley 19.889 del año 2020– aprobó un artículo que autoriza al Poder Ejecutivo al decomiso, venta, donación o faena de bovinos, ovinos, porcinos o equinos que se encuentren en la vía pública y no sean reclamados en 72 horas.
También desde estas páginas se ha escrito profusamente sobre la normativa vigente, pero poco difundida. El decreto establece que la División de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca está habilitada al decomiso definitivo de los animales de producción, de dueños conocidos o desconocidos, que se encuentren retenidos en dependencias del Ministerio del Interior.
Luego del decomiso, el Ministerio de Ganadería deberá definir el traslado de los animales y se hará cargo de los gastos correspondientes al pastoreo y sanidad. Resolverá, además, sobre su comercialización o denuncia ante el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), en el caso de un deterioro físico o sanitario.
Sin embargo, en julio del año pasado, el secretario general de la Intendencia Fermín Farinha había manifestado su malestar en el Congreso de Intendentes porque en Paysandú no se cumplía –hasta entonces– con el mencionado decreto.
El jerarca municipal expuso allí sobre el problema que abarca aspectos de “seguridad vial, sanitario, de tenencia responsable y de bienestar animal” y comprometió apoyo institucional en la tarea. “Somos los primeros interesados en terminar con el problema de los animales sueltos, pero no tenemos la necesaria competencia. Sí tenemos la mayor buena voluntad”, dijo Farinha.
Este año, los equinos requisados en la vía pública son trasladados a un campo, donde la Intendencia de Paysandú contrató los servicios de un privado con el fin de cumplir con dicho decreto y aporta dos arrieros, una camioneta con tráiler, enmarcado en acciones conjuntas con el Ministerio del Interior.
El contrato con el privado está a cargo de la Intendencia y continuará hasta que las autoridades ministeriales obtengan otro espacio de similares características.
Sin embargo, faltan campañas de concientización e información sobre los alcances de la normativa que, como puede leerse, no tiene mayores consecuencias ulteriores.
Al igual que las mordeduras de perros y particularmente cuando la reincidencia confirma la irresponsabilidad de sus dueños. El INBA hizo un llamado a la responsabilidad, contención y precauciones en el hogar, ante posibles ataques. En promedio recibe 62 denuncias mensuales, pero claramente se trata de un subregistro.
Según el instituto, el Ministerio de Salud Pública reportó entre 2.500 y 3.500 personas mordidas al año en la última década y exhorta a denunciar ante el Ministerio del Interior, en tanto las lesiones pueden implicar consecuencias penales para el propietario.
Es que, en ocasiones, el dueño del perro no está a la vista y cuando esto ocurre, no existe un reproche penal que se aplique con severidad, con la salvedad de alguna advertencia o decomiso de animales. Eso ocurrió en Rocha, donde un adulto mayor resultó con severas lesiones provocadas por un pitbull, cuyo dueño es reincidente. Y reincidente reciente, porque el último hecho lo tuvo como protagonista en 2022 y ha sido objeto de múltiples denuncias previas. A esta persona le retiraron tres perros hace dos años y en enero de 2023, los vecinos de Antoniópolis alertaron sobre nuevos ataques en el barrio. Hasta el nuevo hecho ocurrido hace pocos días. Es decir, ignora las advertencias una tras otra.
La Dirección de Bienestar Animal de la Intendencia de Rocha reclama sanciones económicas y la prohibición definitiva de tenencia de animales a este propietario porque ya ha demostrado su irrresponsabilidad. En la actualidad, la fiscalía de Rocha resolvió que los perros permanezcan bajo custodia de la citada dirección, mientras avanza el proceso judicial.
Pero no son hechos aislados y eso significa que aún no se comprende la gravedad del problema porque no hay consecuencias efectivas para los propietarios irresponsables. De lo contrario, hay una peligrosa sensación de impunidad, porque los caballos sin marcas provocan accidentes graves o los perros atacan a las personas en la vía pública y no pasa mucho más que lo ya informado.
Las pruebas para las sanciones estaban a la vista. Tanto en el adulto mayor lesionado, como en los vecinos que también resultaron mordidos al tratar de ayudarlo.
La directora ejecutiva de INBA, Marcela Delgado, señaló que en la gran mayoría de los casos de mordeduras y ataques, la ciudadanía espera la incautación de los animales. Sin embargo, la solución implica la responsabilidad del infractor, establecer la sanción correspondiente y en el caso de resultar reincidente, agregar los antecedentes al expediente, que puede ser penal si configuró un delito.
Pero algo pasó en el medio para que este propietario sea reincidente. Y algo ocurrre con los caballos sueltos en la vía pública y casi siempre en las mismas zonas.
Porque los decretos son claros y no admiten dobles lecturas. → Leer más

Debo admitir que me gusta estar bien informado de lo que pasa en mi departamento, en mi país, y en el mundo que habitamos, cada vez más relacionado. Todos los días compro y leo EL TELEGRAFO y los domingos El País, que es cuando escriben “las plumas” y la página editorial se fortifica políticamente. Soy del “diario papel” donde puedo marcar lo que me parece más destacado o puedo dejar mi opinión breve a favor o en contra sobre lo que leí. (O apuntar el teléfono de uno que me llamó mientras leo).
Pero no soy un fanático obseso de la noticia. He mantenido durante muchos años esa gimnasia. Y tengo costumbre de mirar los llamados “informativos” de los tres canales montevideanos, a mediodía o de noche.
Eso me convirtió en un espectador exigente de la calidad de los mismos.
Y así llegue hace tiempo a la conclusión de ¡que fácil es armar un “informativo” televisivo en esos 3 canales! Uno o dos conductores centrales, corresponsales en los departamentos y media docena de reporteros en los distintos barrios de la capital.
¿Informativo o
noticiero policial?
Inician con algunas noticias de corte político local, luego pasan a los corresponsales y reporteros, donde cada uno vierte noticias generalmente dramáticas. Accidentes de tránsito de toda laya en capital o interior. Violaciones, abusos, incendios, rapiñas. balaceras en barrios periféricos donde al detalle se cuentan muertos, heridos y hasta el número de casquillos de los proyectiles disparados y sus calibres. O bien de casas baleadas, habitadas o no. Todo eso matizado con tandas publicitarias, que los tres hacen a la vez. Para “no pisarse la manguera”. Dentro de todo ese maremángnum, y sobre todo por la época preelectoral, aparece el presidente de la República y su comitiva inaugurando diversas obras y pequeños trozos de sus rondas con los medios del lugar. Y a veces algún ministro o director de ente estatal hace un sucinto comentario sobre alguna pregunta puntual.
Lo que es casi nula es la faz informativa de lo importante que pasa en el mundo del cual formamos parte, y al que no podemos pedirle “que pare para bajarnos”. Por lo tanto es importante saber qué pasa para prever acontecimientos y concatenarlos entre sí para entender mejor las decisiones de los gobiernos del mundo e ir formando posición frente a esas posturas.
De mañana preparo el mate y leo EL TELEGRAFO. Me entero de lo local, de lo nacional, de opiniones editoriales y de vecinos, quejas, elogios, “brincadeiras” y voy a las páginas de Mundo y América. Allí encuentro noticias provenientes de agencias internacionales muy interesantes, la mayoría de las cuales ni se mencionan en los “informativos” esos tres canales.
Vamos a ejemplos de la primera semana de este mes.
Jueves 5 del corriente
En la página 12 del ejemplar de ese día se informa de: a) las tendencias derechistas en las elecciones del domingo anterior en los Estados alemanes; b) la visita de Putin a Mogolia para acelerar la creación del Corredor Económico Mongolia – Rusia – China; c) las denuncias de la empresa “Grafhika” de EE.UU. sobre intentos de China para influir en las elecciones de EEUU; d) la quinta visita inspectiva de Rafael Grossi, director general de la Organización Internacional de Energía Atómica (agencia nuclear de la ONU) a la zona de la central atómica de Zaporiyia (Ucrania) la más grande del mundo, hoy bajo control de Rusia; e) la decisión de Netanyahu dada a la prensa internacional de que no van a ceder el control militar de la divisa de Egipto con Gaza.
En la página 13 se informa sobre acontecimientos en América; a) la marcha de las campañas proselitistas de los candidatos a la presidencia de los EE.UU., Harris y Trump; b) referente a Venezuela, la entrega de una comunicación del abogado José Vicente Haro, defensor del líder opositor González Urrutia al fiscal general de ese país; c) protestas en Argentina, de los jubilados contra reformas del presidente Milei.
Viernes 6 del corriente
En la página 12 del ejemplar de ese día se informa de: a) Putin opina que China, India y Brasil podrían mediar en su guerra contra Ucrania; b) Taiwán detecta “maniobras de desembarco” del ejército chino; c) el super tifón Yagi estraga el sur de China; d) En Francia, Macrón nombró como primer ministro al conservador Michel Barnier resolviendo la crisis iniciada el 7 de julio pasado.
Y en la página 13 se informa sobre acontecimientos en América; a) María Corina Machado, líder opositora en Venezuela, se responsabiliza de la publicación que hizo de las actas electorales; b) el grave conflicto del gobierno colombiano de Gustavo Petro con el gremio de los camioneros que paraliza el país; c) el ministro de Derechos Humanos de Brasil, fue denunciado por acoso sexual; d) envían paquete explosivo a presidente de la Sociedad Rural Argentina.
De este último tema y casi ningún otro, dieron noticia informativa esos canales capitalinos.
Con una hermana mía, socióloga egresada de la UdelaR, y que fue docente de esa universidad por 21 años en materias respectivas a esa disciplina, muy lectora, y al día con los acontecimientos en general, suscriptora del diario francés Le Monde, del diario argentino Clarin y del uruguayo El País y que no mira “informativos” de TV capitalinos, charlamos a menudo y cuando le refiero alguna noticia que dio EL TELEGRAFO, se sorprende. Consecuencia: pensaba suscribirse a EL TELEGRAFO. ¡Y se suscribió nomás!
La prensa bien usada informa de verdad la realidad y construye así la formación popular. Cada cual conoce, juzga, discute, analiza sobre sucesos reales cuya transmisión fue ceñida a la verdad y así va formando sus opiniones.
El que además lee, enriquece su cultura.

Ing. Ramón Appratto Lorenzo → Leer más