Opinión

La recuperación vendrá desde el sector privado

La realidad ha demostrado, por si todavía hacía falta, que la economía y el COVID-19 no se llevan bien, y que pese a ser una patología que es de relativa menor gravedad para la enorme mayoría de la población, su capacidad de transmisión y de afectación a personas susceptibles, sobre todo de grupos de riego por factores de edad y comorbilidades, ha demostrado ser temible y ello explica que el mundo haya cambiado radicalmente luego de desatada la pandemia, hace poco más de un año.
Claro, la contradicción con la economía no responde intrínsecamente a un factor sanitario, sino que se da por las medidas adoptadas para contener su diseminación; y ello explica que la reducción de la movilidad, del transporte, del turismo, de las reuniones, de los espectáculos masivos, de los aforos en lugares cerrados de esparcimiento y otros ámbitos, hayan resultado demoledores para las economías de países más vulnerables, entre los que se incluye naturalmente a Uruguay.
No puede extrañar por lo tanto que en una problemática sanitaria que arroja centenares de miles de muertos, en Europa, Estados Unidos, entre otras regiones con gran capacidad económica, estén sobrellevando la crisis en base a sus reservas de recursos, aguardando que una vacunación masiva determine la perspectiva de superar la crisis, en tanto en la región sudamericana, fundamentalmente, a la crisis sanitaria se suma el devastador golpe económico, que ha hecho que por ejemplo en Uruguay la economía cayera un 6 por ciento durante 2020, el primer año de pandemia.
Precisamente, al comentar el escenario sudamericano, el consejero delegado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) James Scriven, considera que el efecto económico de lo que denominó como una “tormenta perfecta” que ha sacudido en los últimos 12 meses a Latinoamérica no se verá hasta dentro de al menos un año, pero los indicadores apuntan que será “devastador y desproporcionado”.
Aseguró asimismo que BID Invest, el brazo para el sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo “es parte de la solución, que tendrá que ser verde e inclusiva. Tenemos una oportunidad muy grande de reequilibrar nuestras economías. Cualquier bibliografía demuestra que la inclusión de mujeres tiene un impacto exponencial sobre nuestras economías”, según da cuenta El País.
Advirtió que también hay que hacer un trabajo “mucho más inclusivo de minorías que no han sido beneficiadas en el pasado. Un 20 por ciento de la población latinoamericana es afrodescendiente. Trabajar junto con esas comunidades y proporcionar más acceso a financiamiento, es parte de nuestra iniciativa verde e inclusiva”.
Consideró que la pandemia “ha sido un huracán que pasó por la región y que se ha sumado a la peor temporada de huracanes del Caribe y Centroamérica así como a la crisis migratoria que sigue existiendo en la región. Se ha producido una tormenta perfecta y todo el grupo BID está volcado absolutamente para poder ayudar a nuestros países”, a la vez de subrayar que “los indicadores señalan el efecto devastador y desproporcionado que está teniendo la pandemia en nuestra región”.
Observó el jerarca en esta línea que pese a que todavía no ha sido difundido el informe oficial del organismo sobre la situación, la realidad a la que se enfrenta la región es algo que nunca había ocurrido: “no creo que haya visto una crisis de esta magnitud en los más de 60 años del grupo BID. No hay ningún ejemplo. Ha habido crisis puntuales en algunos países, pero nunca en los 26 países que conglomeran el Grupo BID”.
Agregó que mientras se está en la etapa de establecer una cobertura con vacunación para contener la pandemia y revertir su avance, “el impacto de la crisis económica lo vamos a ver en el próximo año o 18 meses”, pero a la vez destacó que “esta va a ser una recuperación liderada por el sector privado”, en tanto “la situación fiscal y los temas sociales van a ser la gran prioridad de los países, y es por esto que algunos no van a tener el foco o el espacio para estar concentrados en la recuperación económica. Muchos de los países, y de forma acertada, están focalizados en contener el problema sanitario y vacunar a las poblaciones, y como ciudadano latinoamericano, aplaudo ese esfuerzo de todos los gobiernos”.
Pero consideró que “también hay inversiones de mediano y largo plazo que requieren hacerse y que varios de los países no van a tener espacio para poder hacerlo”, por lo que el organismo financiero regional apuntará a financiar inversiones en los sectores financiero, corporativo e infraestructura de energía, fundamentalmente canalizando financiación a bancos de la región para que éstos lleguen a las mipymes, “que son la columna vertebral de cualquier economía latinoamericana”.
De lo que no hay ninguna duda, como ha mencionado el jerarca, es que si bien la crisis sanitaria tendrá aún mayor impacto negativo en la economía de las naciones de la región, el camino de reactivación pasa por el sector privado, a través de la inversión que cree fuentes de empleo y consecuentes mercados de consumo, para establecer un circuito virtuoso que mejore la calidad de vida en la región.
El papel del Estado deberá centrarse en atemperar el impacto mientras tanto, a la espera de que desde la creación de riqueza por el sector privado se logre la solución real. Pero sin olvidar que el Estado no solo es parte, sino la mayor parte del problema en la región, porque no solo no crea riqueza, sino que por regla general tiende a malgastar los recursos que se generan desde los actores privados, desde los emprendimientos de riesgo. A su vez la fuerza de trabajo privada paga con desempleo y pérdida de ingresos las consecuencias de la pandemia, mientras el empleado estatal mantiene su estatus y su empleo a través del aporte de los actores reales de la economía.
Porque no debe olvidarse que todo lo que se gasta desde el Estado en asistencia social, en planes de contingencia en estas horas, sale del esfuerzo y también el deterioro de la calidad de vida en el sector privado, como se ha visto en esta pandemia. → Leer más

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No tan común

Un año después, en circunstancias diametralmente diferentes como lo han sido la llegada del coronavirus a Uruguay y la situación actual en que hemos pasado a tener nefastos récords de casos nuevos, activos y fallecimientos, el gobierno toma nuevas medidas de disminución de la movilidad que involucran –entre otras– el cese de actividades presenciales en el sistema educativo y oficinas públicas.
De acuerdo a lo anunciado por el presidente Luis Lacalle Pou luego de la reunión del Consejo de Ministros del pasado martes, las medidas tienen como objetivo principal tratar de impedir la saturación del sistema de salud.
Para esto, se definió el cierre de oficinas públicas hasta el 12 de abril (salvo servicios esenciales), la suspensión de la presencialidad en todos los niveles del sistema educativo, la continuidad de disolución de aglomeraciones, suspensión de espectáculos públicos, el cierre de los centros termales de Salto y Paysandú, además de medidas sanitarias como la incorporación de 129 camas de CTI atendiendo las realidades regionales. Se agregan algunas medidas de índole económica como la duplicación de las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad y de tickets alimentación y la reinstalación del tributo COVID-19 por dos meses a los salarios públicos más elevados.
El sustento de todas estas medidas es la necesidad de aplanar la curva de contagios y descomprimir la presión sobre el sistema de salud, que en las últimas semanas ha venido advirtiendo y reclamando una urgente disminución de la movilidad para evitar entrar en la fase dramática de comenzar a decidir quién tiene acceso a una cama en CTI y quién no tiene acceso y eventualmente pueda morir, como ha pasado en otros países.
La disminución de la movilidad también viene siendo solicitada desde febrero pasado por el Grupo Asesor Científico Honorario (Gach) del gobierno. La semana pasada este grupo, que asesora directamente al presidente Luis Lacalle Pou, divulgó un documento firmado por Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini que señalaba que era “esencial tomar un conjunto de medidas que apunten a la disminución sustancial del número y duración de los contactos entre las personas”.
Advertían también que nos encontramos en el momento más alto de trasmisión comunitaria del virus y que a pesar de la vacunación en curso en todo el país “es esencial mantener por varios meses más” el uso de tapabocas, distanciamiento físico sostenido, higiene de manos así como “disminuir muy significativamente contactos, interacciones, mantener ‘burbujas sociales’, pequeñas y sin mezclar, evitar reuniones con no convivientes, y asistir a eventos sociales”. Esto último ya había sido incluido en un documento con recomendaciones divulgado el pasado 7 de febrero.
Por su parte, Lacalle Pou recordó que hace un año el gobierno decidió no confinar a los uruguayos y optó por la libertad responsable, a pesar de la presión de otros ámbitos. “Libertad que, una vez más, venimos a defender”, señaló, hoy en un contexto con mayor número de casos y con una nueva cepa proveniente de Brasil capaz de incrementar la capacidad de contagios, estimados en 2,5 veces más que los que causan las cepas anteriores presentes en el país.
Se trata de una afirmación de profundo contenido ideológico, en la que el gobierno sustenta sus decisiones y con la cual se podrá o no estar de acuerdo pero que marca –en el acierto o el error– el rumbo tomado por el país en esta materia.
Es una responsabilidad que asume el gobierno luego de considerar, según expresó el presidente, los aspectos sanitarios, económicos y sociales de la situación generada por el estado actual de la pandemia y los escasos márgenes de maniobra.
El concepto de “libertad responsable” –resumido en la ya famosa metáfora de las perillas– puede ser analizado desde diferentes ángulos y discutirse, por ejemplo, cuál es su límite y donde empieza el bien común o de qué manera se antepone el bienestar colectivo en una crisis sanitaria.
No obstante, lo que resulta indiscutible es que hablar de “libertad responsable” y sustentar en ella la gestión de la crisis sanitaria nos pone por entero en el terreno del sentido común.
En general se entiende que la expresión “sentido común” describe las creencias o proposiciones que se alimentan por la sociedad y es aquello a lo que nos referimos cuando queremos hablar sobre el conocimiento que todos compartimos. Serían algo así como conclusiones básicas y evidentes a las que todos llegaríamos casi automáticamente sin analizar demasiado, cosas que todo el mundo debería tener claro.
Repasando algunas acepciones se lo describe como “la facultad para orientarse en la vida” (Bergson), “una facultad que posee la generalidad de las personas, para juzgar razonablemente las cosas” (Trout y Rivkin), “el don provisto para saber distinguir todo lo que nos rodea: el bien, el mal, la razón y la ignorancia” (Yash, Hipat Roses e Imeld).
Aristóteles lo atribuía a nuestra capacidad de percibir de manera casi idéntica los mismos estímulos sensoriales cuando estos hacen diana en nuestros sentidos y para Descartes el sentido común es un puente entre el ser racional e inmaterial que según él gobernaba el cuerpo, y el mundo físico. La filosofía pragmatista lo considera un conjunto de creencias sobre aspectos prácticos y básicos del día a día y que resultan útiles para desenvolverse en ellas.
Hay muchas otras aproximaciones –filosóficas, epistemológicas, psicológicas, etcétera– a la dilucidación de qué es el sentido común, lo que evidencia que la complejidad del asunto. Es evidente que el sentido común nos dice que el agua moja y que el sol puede quemar o que si viene un auto directo a nosotros debemos tratar de salir de su trayectoria de alcance. Son todas cuestiones que sabemos por experiencia y por ser conocimientos adquiridos o construidos culturalmente… ¿pero qué pasa con una pandemia que nos azota por primera vez con una fuerza que por generaciones no la habíamos vivido? En definitiva, el concepto de sentido común es complejo y problemático porque no podemos dar por sentado que al vivir experiencias parecidas todos sacaremos las mismas conclusiones de ellas. Por otra parte y suponiendo que nuestro sentido común pueda funcionar muy bien, existen otros muchos legítimos intereses –y seguramente los más fuertes son de índole económica y de subsistencia– en pugna para nuestras decisiones cotidianas, las cuales deberían tener al menos la sensatez de tratar de minimizar el riesgo.
Esto quiere decir que no podemos dejar de tomar las medidas básicas de prevención que hemos aprendido por fuerza de los hechos en el último año. Actuemos responsablemente en ese sentido y hagamos lo que sea indispensable hacer sabiendo que vivimos en una situación riesgosa para nuestra salud y la de los demás. Lo demás, seguramente admite una pausa en beneficio de todos. → Leer más

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El agua y la tormenta perfecta

No es el ánimo hacer “spoiler”, como se dice ahora, de una película que se estrenó en el año 2000, dirigida por Wolfgang Petersen, con George Clooney, Mark Wahlberg y gran elenco, pero baste con saber que al final de “La tormenta perfecta”, los protagonistas no logran superar el trance, y mueren. El filme, basado en la novela del mismo nombre de Sebastian Junger, esencialmente trata de la tripulación de un pesquero, que movida por su ambición, se adentra en el mar en busca de una mejor pesca, a pesar de las condiciones climáticas no solamente adversas, sino haciendo frente a una tormenta sin precedentes, con el resultado mencionado.
Y en este tema del agua a la humanidad le está pasando algo similar, se le está presentando el panorama cada vez más complejo, sin que aparezcan reacciones efectivas. Hay personas preocupadas a lo largo y ancho del mundo, por supuesto que sí, pero no han logrado con su mensaje conmover a quienes tienen en sus manos la toma de decisiones para hacer un cambio de rumbo a tiempo.
El lunes fue el Día Mundial del Agua, una fecha instituida por las Naciones Unidas, que tiene por propósito poner de relieve los problemas que afectan a este vital recurso. La fecha pasó más invisibilizada que nunca, escondida detrás de los primeros planos que se ha robado la pandemia. Lo urgente nos ha distraído de lo importante, una vez más.
En el contexto de este día se dieron a conocer datos sumamente preocupantes acerca de la disponibilidad del agua dulce en el planeta y las dificultades que para acceder a ella tiene una buena porción de la población mundial. “Se estima que 4.000 millones de personas viven en áreas que sufren una grave escasez de agua física durante por lo menos un mes al año”, lo que se suma a que alrededor de 1.600 millones de personas “se enfrentan a la escasez ‘económica’ de agua, lo cual significa que, aunque haya disponibilidad física de agua, carecen de la infraestructura necesaria” para acceder a ella. Estos datos están contenidos en el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2021, titulado “El Valor del agua”, en su apartado Datos y Cifras, accesible en unwater.org, en varios idiomas.
Señala también este informe (que recopila datos de varios estudios previos) que “varios de los principales acuíferos del mundo están sometidos a un creciente estrés y el 30% de los mayores sistemas de aguas subterráneas se están agotando” y refiere a “las extracciones de agua para el regadío, como primera causa del agotamiento de las aguas subterráneas en todo el mundo”.
Otro de los frentes de tormenta es el aumento del consumo hídrico en el mundo, asociado, por supuesto, al incremento poblacional como primer factor, no solo para consumo como tal, sino para la producción de alimentos. También llevan mención el desarrollo económico y el cambio en los patrones de consumo. “El 69% de las extracciones de agua se destinan a la agricultura, generalmente para el regadío, pero esta cifra también incluye el agua para el ganado y la acuicultura. Esta proporción puede ascender hasta el 95% en algunos países en desarrollo”, señala la publicación. También indica que “El 19% se destina a la industria”, cifra en la que se incluye la generación de electricidad.
El documento agrega al respecto que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) “calcula que, si las tendencias no cambian, el mundo necesitará un 60% más de alimentos en 2050 y que la producción de alimentos basada en el regadío aumentará más de 50% durante dicho período. La cantidad de agua necesaria para dicho crecimiento no está disponible. La FAO reconoce que la cantidad de agua extraída para la agricultura puede aumentar solamente un 10%”.
Pero como si el horizonte no se estuviese poniendo lo suficientemente oscuro, tenemos que agregar otro factor, que es el de la calidad del agua, y vaya si hemos estado hablando de este tema acá en nuestro país en el último tiempo, con cianobacterias, vertidos cloacales e industriales, peces contaminados con pesticidas y metales pesados y la presión social que se opone a la conservación de un humedal, una porción de terreno que ayuda al proceso de limpieza del agua. Todos relámpagos de la misma nube.
Pero, como mal de muchos, consuelo de tontos, publica el informe de la ONU que “se estima que a nivel global el 80% de todas las aguas residuales industriales y municipales se vierten al ambiente sin ningún tipo de tratamiento previo, con efectos nocivos para la salud humana y los ecosistemas” y señala que la proporción “es mucho mayor en los países menos desarrollados, que carecen en gran parte de instalaciones de saneamiento y de tratamiento de aguas residuales”.
En América Latina, particularmente, la proporción media de aguas residuales que se tratan de forma segura se sitúa por debajo del 40%. “Alrededor de una cuarta parte de los tramos fluviales de la región presenta contaminación de distintos patógenos. El principal causante de este tipo de contaminación son las aguas residuales domésticas”, advierte.
El informe, sumamente detallado, también incluye perspectivas preocupantes sobre la creciente demanda de agua para uso industrial, así como los crecientes problemas de acceso a aguas seguras, que provocan por ejemplo que hoy, “más de tres mil millones de personas de todo el mundo y dos de cada cinco centros de atención sanitaria carecen de acceso adecuado a instalaciones para lavarse las manos”. Y resta todavía saber qué va a ocurrir con la novedad que conocimos el año pasado, de tener por primera vez al agua cotizando en la bolsa.
Al igual que la tripulación comandada por Clooney en la ficción, los datos sobre el preocupante escenario en el que nos estamos metiendo, los tenemos sobre la mesa. → Leer más

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Generación ociosa y tarifas caras

Los factores positivos y negativos están presentes en toda ecuación económico financiera cuando se lleva adelante un proyecto, y de lo que se trata es de evaluar el costo beneficio de la inversión en el corto, mediano y largo plazo, y eventualmente, las consecuencias que tendría de no llevarse a cabo.
Por lo tanto, salvo que sobren recursos –cosa que ni por asomo se da en nuestro país– este es un dilema que debe presidir las decisiones, tanto en el ámbito privado como en el Estado, e involucra por supuesto tanto temas prioritarios como de segundo escalón, pero es sin dudas crucial cuando los temas y los plazos urgen.
En este contexto es pertinente señalar que la problemática de la generación, distribución y consumo de la electricidad en nuestro país tiene numerosas aristas, tanto positivas como negativas, e involucra aspectos que tienen que ver por un lado con que la operativa esté en manos de un organismo estatal monopólico en los hechos, afectado por la ineficiencia propia de la gestión por el Estado en una diversidad de áreas y además por el hecho de que los cambios de gobierno no han tenido siempre una continuidad en objetivos enmarcados en políticas de Estado, y ello hace que muchas veces se haya improvisado por factores cortoplacistas.
De todas formas, con disponibilidad o no de generación y distribución, el común denominador con el paso de las décadas ha sido el alto costo de la electricidad para los usuarios, con mayor o menor parque de generación, con energías renovables o no, y es así que seguimos ubicados entre los países que a nivel global tienen la electricidad más cara, no ya solo en la región, y ello afecta las economías de empresas y familias, y a la vez se traduce en mayores costos para producir y dar servicios.
Un planteo enmarcado en esta problemática lo trae al tapete el director de UTE representante de Cabildo Abierto, Enrique Pées Boix, en un reportaje de El Observador, al considerar que si bien la exportación de energía eléctrica es uno de los caminos que tiene Uruguay para canalizar los excedentes de esta energía, el precio de esta venta es muy inferior a las tarifas que cobra en lo interno, y por lo tanto es el usuario de nuestro país el que paga esta diferencia para sostener la economía del ente.
El director tiene diferencias con la forma en que se ha estado encarando esta política en los últimos años, y en este sentido expone que el precio promedio de producción de energía en el Uruguay –teniendo en cuenta que el precio de la producción de la generación eólica e hidráulica– es de 55 a 60 dólares MWh, en tanto esa energía se vende a la Argentina a menos de la mitad, concretamente a 28 dólares.
Aclaró que “UTE no pierde, porque la diferencia la mete en la tarifa”, y por lo tanto “la diferencia la paga Juan Pueblo”. Reconoció que al exportarse la energía no se pierde, pero “cuando haces la cuenta te das cuenta que el ciudadano común o el empresario está subsidiando al ciudadano común y al empresario argentino”.
“Con la estrategia de sacarte de arriba una cantidad de energía sobrante hoy se está subsidiando a los ciudadanos y empresarios argentinos”, en tanto en el caso de Brasil se está pagando un canon se esté o no vendiendo energía, a lo que se agrega el alto costo de inversión en las conversoras con el vecino país, además de la líneas de alta tensión, por lo que evalúa que “es todo a pérdida. Me canso de pedir las evaluaciones socioeconómicas de estos proyectos y no me dan uno. La impresión que uno tiene es que era al grito de la tribuna”.
Asimismo, cuestionó que más de la mitad de la producción está en manos de privados a los cuales UTE debe comprar toda la energía generada aunque no se utilice.
En este contexto, debería tenerse en cuenta que un componente fundamental es la gestión empresarial del organismo en todos estos años para la incorporación de mayor capacidad de generación, y los instrumentos con que se contaba y se pusieron en marcha para lograrlo, habida cuenta del panorama anterior.
Hay elementos a tener en cuenta en cuanto a costos incorporados y compromisos en suministro, siguiendo en buena medida políticas de inversiones a efectos de poner a cubierto al país de déficit en generación en circunstancias extremas como sequías o inundaciones, así como a la vez ir reconvirtiendo la matriz a impulsores renovables.
En estos aspectos se ha ido actuando a lo largo de los años, con buen suceso en cuanto a la transformación energética del origen de generación, reduciendo significativamente la dependencia de impulsores fósiles, de forma de ir diversificando el punto de generación y tener respaldo para los tiempos de crisis.
La presidente de UTE, Silvia Emaldi, explicó respecto a los contratos suscriptos por el ente con generadores privados de energía, –que implican tener que pagar aún cuando hay energía que no se utiliza–, que “son contratos a 20 años donde hay un costo fijo del orden de los 500 millones de dólares anuales. Muchos de ellos están operativos desde 2015-2016, por lo que quedan varios años por delante.
Las inversiones en general ya se hicieron y ahora hay que aprovecharlas. Hemos tirado agua y viento. Uruguay no puede darse ese lujo, porque en realidad fue la ciudadanía la que permitió esas inversiones en el sector eléctrico. Además de exportar energía, tenemos que aprovecharla en el mercado interno. Ese es el objetivo que entre otras cosas, con el plan inteligente estamos tratando de llevar adelante. Esto que es que en 20 horas de lunes a viernes y en 24 horas los fines de semana y feriados las personas pueden acceder a energía a un menor precio, y que tengan más posibilidades de utilizarla”.
De lo que se trata es de aprovechar de la mejor forma posible las fortalezas con que se cuenta y minimizar las debilidades, porque si bien es pertinente que se cuestione los costos que ha insumido la incorporación de energía eólica, se apeló a mecanismos de inversión posibles y accesibles en ese momento, para hacerlo dentro de determinados plazos.
Y el punto es que seguimos con una energía cara que afecta el costo país, con tarifas que no han contribuido a aflojar la presión sobre los sectores productivos y de actividad, y este es el meollo de la cuestión, porque además desde hace varios años desde Rentas Generales se le exigen aportes al organismo, para tratar de reducir el déficit fiscal por los gastos del Estado por encima de la recaudación.
Por lo tanto, entre el ideal y lo posible el desafío radica en aprovechar la generación ociosa con tarifas más accesibles, cuando todos estamos pagando se use o no se use, que es el mal menor respecto a la otra posibilidad, que es la de no tener esta reserva y pagar altos costos cuando se planteen en el momento menos esperado las crisis energéticas, como ha ocurrido una y otra vez antes de las inversiones. → Leer más

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Resultados ya conocidos en un escenario incierto

El impacto de la pandemia en los hogares uruguayos está reflejado en un estudio académico de la Universidad de la República y Opción Consultores donde señala que el 94% de los hogares afectados redujo sus gastos y el 22% debió vender pertenencias. El 71% de los hogares sintió el impacto en forma negativa durante el 2020 y un 55% recurrió a sus ahorros.
El estudio devela que los sectores con menos educación resultaron con mayores afectaciones y la tendencia se encuentra acentuada en la población femenina. La capacidad de resiliencia y recuperación también se vio reducida en apenas un año y la desigualdad del shock se hizo evidente en un sector de la población que no contaba con otras herramientas que sus manos para trabajar.
Si miráramos el barrio entero, veríamos a una América Latina complicada. Las estadísticas aseguran que cerrarán unas tres millones de empresas, la cantidad de pobres aumentarán a una cifra cercana a los 30 millones y el Producto Bruto Interno regional caerá un 8,1%.
Las denominadas actividades “no esenciales” sufrieron en mayor medida provocando una gran pérdida de puestos de trabajo entre marzo y mayo del año pasado. Enseguida quedó en evidencia que el continente tenía un tejido productivo débil y en algunos casos la sociedad no estaba preparada, lo que conspiró contra cualquier posibilidad de recuperación.
Pero en el continente con mayores desigualdades las realidades de cada país también son diferentes. Si bien Centroamérica ha sufrido efectos devastadores, Paraguay, Uruguay y Guatemala comparativamente han salido mejor parados.
En todos los casos, las mujeres y los jóvenes han percibido el impacto, mientras atraviesan por grandes dificultades para su reinserción en el mercado laboral.
Por otra parte, no es posible hablar de la pandemia, sin hacer referencia al constante incremento de la deuda pública y del déficit fiscal. Y Uruguay no tenía un plan de contingencia ni económica ni sanitaria para enfrentar esta nueva situación. Aunque en años anteriores nuestro país tuvo capacidad de ahorro, las malas inversiones que precedieron al contexto de pandemia, hicieron que se esfumaran los recursos que hoy se necesitan para enfrentar la crisis.
Y ahora algunos de los referentes que impulsaron el malgasto se ubican en la vereda de enfrente y exigen soluciones que no son posibles de sostener. Claro, ahora no son gobierno, pero cuando lo fueron tampoco utilizaron el criterio de aplicar una economía “contracíclica”. O como haría cualquier ama de casa: guardar para cuando no hay.
A este escenario se suma el descenso en las inversiones privada y pública, que normalmente son los grandes motores generadores de empleos.
Y si en el corto plazo es difícil calcular el impacto de una pandemia que recrudece sus consecuencias a nivel global, aún resultará más trabajoso mirar las posibilidades de recuperación en un mediano plazo. Porque las empresas registran importantes caídas, por lo tanto avizoran más un panorama de cierre antes que una mejoría.
Aunque el optimismo es imprescindible para avanzar como humanidad y es el estímulo para dejar de lado las adversidades, las matemáticas nos demuestran una realidad bastante más cruel.
Antes de la pandemia, la pobreza había bajado a 30,3% en 2019. Es que había costado casi veinte años descender del 45% que registraba en 2001 América Latina.
Por eso, no existen ahora en tiempos de pandemia así como no se encontraron antes, en otros momentos históricos, soluciones rápidas que alivien a los más desfavorecidos.
Sin embargo, los reproches son más o menos los mismos, cuando es la realidad que se presenta de frente.
Y como quienes hoy encuentran las soluciones, tampoco fueron capaces de generar los cambios que se necesitaban cuando se podían hacer, América Latina en su conjunto continuará dependiendo de las materias primas y de las inversiones del “gran capital” para salir adelante.
Todo esto, aunque resulte muy antipático. Por eso, deberán convencerse que aunque pase la contingencia y las medidas restrictivas, este continente seguirán regidos por el mercado. Es decir, las mismas reglas que precedieron a un momento histórico como el actual.
Porque la desigualdad e imprevisibilidad no surgieron por generación espontánea. Es el reflejo de las decisiones de gestiones anteriores –no solo Uruguay– que quedan plasmadas en más incertidumbres que certezas.
Ningún integrante de la clase política debería ser tan irresponsable de ubicarse en la vereda de enfrente y achacarle todo a la pandemia sanitaria. Esta contingencia solo sirvió para agudizar los problemas ya existentes y visibilizar unos cuantos más, que probablemente no veíamos desde nuestras comunidades.
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El informalismo, problema crónico que se acentúa en la pandemia

La crisis socioeconómica asociada a la pandemia ha contribuido significativamente a dejar al desnudo el delicado escenario prepandemia que vivía nuestro país, desde que entre otros aspectos, la falta de empleo venía de la mano con el creciente deterioro de las empresas, déficit fiscal, consecuencia de los problemas de recaudación y gasto excesivo del Estado.
Es decir, bastaron unas pocas semanas o apenas unos días para que se percibiera en toda su magnitud que miles de uruguayos a los que se decía se había sacado de la pobreza, no era otra cosa que un relato apoyado en transferencias de recursos, que se agotaron cuando cesó la bonanza económica propiciada desde el exterior, y que estas familias habían salido de la pobreza solo por las estadísticas, en forma temporal, con este maquillaje.
Así, en medio de la incertidumbre generada por la pandemia, y aún teniendo en cuenta la incidencia heterogénea del impacto sanitario, social y económico, la crisis ha servido para poner al desnudo falencias en un “paraguas” que se creía era producto de fortalezas que al fin de cuentas no eran tales.
Más allá de la calidad y cobertura de los sistemas sanitarios, de las virtudes y deficiencias en cada nación, así como de la espalda económico financiera, existen aspectos laterales a tener en cuenta, para tener idea de la magnitud del impacto que implica para la población en la coyuntura y las perspectivas de rebote hacia una situación de determinada normalidad.
En el caso de Uruguay, una acertada descripción del panorama surge a partir de conceptos vertidos a El País en su momento por el economista Néstor Gandelman, al hacer referencia a que amplios sectores de trabajadores y empresas de bajo porte han quedado expuestos a campo abierto en el temporal, cuando había un “relato” sobre una situación mucho mejor.
Hizo hincapié además en la problemática de la informalidad, que considera “es tanto causa como consecuencia de la falta de desarrollo. Es una debilidad social por el atraso que conlleva en los métodos de producción, acceso a servicios públicos y la posibilidad de mitigar riesgos de shocks. En el extremo, impide atemperar golpes como el que estamos sufriendo. Desde el punto de vista recaudatorio, también es un problema que empresas y trabajadores no contribuyan al fisco en la medida en que lo hace el resto de la economía”, apuntó el economista, quien acierta en uno de los aspectos claves en cuanto a los flancos débiles que implica tener una economía informalizada en una serie de áreas.
Estamos por lo tanto ante un tema puntual generado por la pandemia, pero que acentúa un déficit crónico del país, que resulta agravado cuando queda expuesto en toda su magnitud en coyunturas como la actual, desde que implica que amplios sectores de la población y de la fuerza productiva, de las células del tejido socioeconómico, resultan sin cobertura en una emergencia de consecuencias imprevisibles.
Y cuando desde la oposición y grupos satélites de organizaciones sociales y sindicales se reclama más asistencia a los sectores más vulnerables en medio de la pandemia, omiten decir que se están necesitando más que nunca los recursos que se gastaron alegremente en años anteriores. Mientras se trata la emergencia, debe evaluarse la importancia de encarar esfuerzos en épocas normales para captar a los sectores que están trabajando fuera de la legalidad.
Esto no es un descubrimiento ni mucho menos, de todas formas, al punto que es un aspecto que se ha estado abordando en los últimos años, con resultados que se habían expuesto en su momento como satisfactorios, porque se había logrado bajar un 40 por ciento prácticamente crónico de informalismo en nuestro país hasta porcentajes del orden del 22 por ciento, con algunos altibajos, de acuerdo a cifras de organismos del Estado y sobre todo del Banco de Previsión Social (BPS).
Sin embargo, el escenario que ha quedado visible por la crisis de la pandemia es distinto al que se presentaba, o por lo menos desnuda en el mejor de los casos que el informalismo estaba latente y que la regularización estaba prendida con alfileres, porque las necesidades de asistencia por el Estado en estos grupos ha sido mucho mayor e inmediata de lo que se podía suponer.
Al respecto más allá de entredichos sobre la realidad y lo que se decía por integrantes del anterior gobierno, que dio lugar a cruces con las autoridades actuales, no es menos cierto que tenemos la confirmación de la vulnerabilidad que como sociedad aún tenemos tanto en niveles de pobreza como de informalidad. Dentro del concepto de informalidad se incluye tanto a empresas como trabajadores que operan fuera del marco legal y regulatorio. La informalidad denota dos aspectos, uno relacionado con incumplimiento y evasión de las reglas establecidas y otro con la precariedad en que las actividades son conducidas.
Sin dudas que la informalidad o el informalismo es un elemento indeseado: por un lado, desde el punto de vista de los trabajadores y empresas implicadas, conlleva no tener acceso a los beneficios de cobertura y derechos inherentes a la seguridad social y solidez institucional de empresas. A su vez, por el lado del Estado, es decir del propio país, se trata de un factor de debilitamiento institucional por una menor recaudación de organismos previsionales, de la percepción de tributos y cargas sociales, y por ende de extensión de cobertura para evitar que por ejemplo, situaciones como la pandemia hagan crujir la capacidad de respuesta del Estado y actores de la economía ante lo inevitable.
Paralelamente, y no menos importante, la actividad informal significa una competencia desleal en el mercado, porque quienes están en esta situación pueden competir con menores precios contra quienes operan dentro de la legalidad, cumplen con sus obligaciones y están al día con impuestos y cargas sociales.
La respuesta a esta situación, más allá de aspectos culturales e idiosincrasia, entre otros factores, debe pasar por una combinación de instrumentos adecuados para sancionar a los omisos, establecer controles adecuados en forma sistemática y en forma complementaria y combinada, hacer más atractiva la integración al circuito regular de los infractores.
Pero también y no menos importante es reducir la carga tributaria, porque el informalismo es en definitiva la única forma de subsistencia para muchas empresas a las cuales les resultaría imposible mantenerse en la formalidad, en un país caro, como es el nuestro.
Pero claro, en época de inundaciones no es buena idea ponerse a reparar un puente con problemas desde hace años, sino que estamos ante otro de los temas pendientes que debe abordarse con una respuesta integral tan pronto superemos la crisis sanitaria. Y es fundamental tenerlo en agenda, dentro de las prioridades. → Leer más

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El desafío es de los dirigentes

El fútbol sanducero baraja la posibilidad de volver a coquetear con el profesionalismo después de dos intentos fallidos. Primero Bella Vista y luego el Paysandú FC tuvieron sus respectivos pasajes dentro de la AUF, se aventuraron en búsqueda de un porvenir mejor, aunque las cachetadas recibidas terminaron por cortar abruptamente la vida profesional de ambas instituciones.
La idea volvió a surgir hace algunos meses, y más allá de que la posibilidad fue pensada y puesta sobre la mesa en varias ocasiones previas aunque sin apretar el acelerador, el interés de algunos inversores reavivó la posibilidad. En este caso se planteó en primer lugar revivir al Paysandú FC, teniendo en cuenta que eso permitiría acelerar la vuelta al ámbito de la AUF y poder así jugar en la Primera División Amateur. Además, la deuda que todavía mantiene el Paysandú FC por aquella participación profesional tanto en Primera como en la Segunda División, sigue latente, pero es viable poder saldarlas.
Las conversaciones telefónicas y por Zoom se sucedieron, pero no terminaron de cuajar. El plazo para intentar dar ese salto a la AUF es cada vez menor, pero los inversionistas plantearon otra posibilidad ante la Liga de Fútbol y la Intendencia, las tres patas del proyecto que estarán involucradas en caso de que todo se concrete, aunque con responsabilidades diferentes: la creación de un Club Atlético Paysandú.
A grandes rasgos, la idea es poder conformar esta nueva institución con el apoyo del fútbol local, de los clubes del medio, a través de la Liga de Fútbol. Tal como en su momento informó EL TELEGRAFO, para la primera temporada saldría al ruedo la selección de Paysandú para jugar con el primer equipo, mientras se comienza a trabajar, ya pensando en el segundo año de esta nueva incursión del fútbol sanducero en la AUF, con las formativas.
La idea trazada dice que en tres o cuatro años se puede pelear por el ascenso a Primera División, ya con un club afianzado y con una base importante de futbolistas del medio local, que habrán hecho su camino en las formativas de la Asociación.
La idea, pese a lo que podría imaginarse teniendo en cuenta los antecedentes, no es mal vista sobre todo entre los clubes del fútbol local. O al menos por muchos de ellos, que piensan en esta posibilidad permitirá dar un salto de calidad y también económico. Y pelear de otra manera contra los clubes capitalinos, que se llevan a los futbolistas por migajas, o peor, sin pagar ni un peso a las instituciones de origen. La novela de siempre.
Teniendo a la selección como cara de este Atlético Paysandú en la Primera División Amateur, los clubes del medio también aportarían a sus jugadores para conformar las diferentes categorías formativas. Los inversores están dispuestos, de arranque, en colaborar cubriendo todos –o en su gran mayoría– los gastos que insume a los clubes del medio competir en el ámbito doméstico, algo que todas las temporadas se traduce en un dolor de cabeza para los dirigentes.
No son pocos los clubes que extraoficialmente han opinado que la posibilidad es buena, y se debe avanzar rápidamente. Ahora, la pelota está en el ámbito de la Liga de Fútbol, que debe definir si abraza la idea en procura de trabajar en esta apuesta, o si se mantiene sobreviviendo en esta realidad diaria.
Las dos incursiones anteriores en la AUF fueron complicadísimas. Bella Vista sufrió en soledad lo que significa sumergirse en un ámbito difícil, en el que es complicado poder salir a flote en medio de situaciones muchas veces anormales que nacen con intereses que van muchísimo más allá de lo deportivo. Y las deudas terminaron por liquidar el sueño.
Paysandú FC vivió de manera similar la experiencia, pese a que el club nació con el apoyo de algunos clubes de la Liga, aunque solo dos eran de Primera División. También los números en rojo a la hora de hablar de dinero terminaron por tirar la expectativa por el piso.
La sensación es que hoy Paysandú cuenta con otras armas para hacerse valer en ese ámbito. Y que aprendió de los errores. Pero hay algo clave dentro de esta posibilidad: contaría desde el vamos con el apoyo de la Intendencia.
Eso sí: más allá de las variables y posibilidades, el gran desafío pasa casi exclusivamente por los dirigentes.
En los últimos años se ha apostado a un trabajo profesional en las formativas sanduceras, sobre todo en lo que a selecciones se refiere. Los jugadores que han pasado por los combinados tuvieron la posibilidad de contar con cuerpos técnicos del mejor nivel, profesionales en cuanto a su trabajo y sobre todo con formación, apostando a sumar deportólogos, sicólogos y otros profesionales que hoy son indispensables a la hora de pensar en el desarrollo de un futbolista.
La apuesta, incluso, ha surgido en muchos casos de los propios cuerpos técnicos, que alejados del pensamiento dirigencial tienen en claro qué es lo que el futbolista debe recibir en cuanto a formación. Pero no pensando en el resultado deportivo (intrascendente a nivel local) sino, justamente, en cómo puede servirle esa formación integral a futuro.
La ecuación es clara: el club sufre el día a día por la falta de dinero, y muchas veces ni siquiera piensa en que su jugador no solo se muestra en las selecciones sino, por sobre todo, que está trabajando de una manera profesional, que le brindará mayores posibilidades de no fracasar al dar el salto al profesionalismo. Y a mayor formación, seguramente mayor rédito conseguirá la institución. Lo mismo sucedería con el futbolista que aporte un club al Atlético Paysandú.
Los entrenadores del medio, y no solo a la hora de hablar de fútbol, gritan a cuatro vientos la vital importancia de que un futbolista en crecimiento pueda desarrollarse en su lugar, en su medio, donde pueda tener las mismas posibilidades que en un club profesional capitalino, pero sin dejar su casa. El propio Oscar Tabárez, técnico de la selección uruguaya, se ha expresado una y mil veces sobre la importancia de evitar el desarraigo.
El fútbol local ha crecido en cuanto al trabajo que se realiza en formativas, y ha contado también con el apoyo de la Intendencia como institución, que se ha preocupado y colaborado con diferentes programas puestos a disposición que, también justo es decirlo, no siempre han tenido la respuesta esperada.
Se ha repetido hasta el cansancio que en cuanto a fútbol, Paysandú tiene materia prima de sobra. Y las muestras están a la vista.
Pero ahora –y más allá de esta posibilidad concreta de la formación del Atlético Paysandú–, el desafío es de los dirigentes, que tienen que comenzar a pensar qué idea se abraza para de una vez por todas hacer valer para el fútbol sanducero esa fábrica interminable de buenos valores, que casi siempre termina beneficiando a otros para quedarse con migajas en las manos.
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Opinión

El margen de maniobra en pandemia

Una de las consecuencias visibles de la pandemia, con un COVID-19 porfiado y reconvertido en más cepas y nuevas oleadas, sobre todo en los países del primer mundo, es el de acentuar la incertidumbre tanto en lo que refiere a su contención y eventual desaparición o minimización, como sus repercusiones en el área socioeconómica.
En el marco de un recrudecimiento global y una vacunación con diversos grados de avance pero todavía con una cobertura muy menor, es evidente que el país enfrenta un crecimiento significativo de casos y sobre todo que hay circulación del virus en la comunidad, lo que explica la pérdida del hilo epidemiológico y por cuarentenas que no se cumplen, porque la responsabilidad ciudadana es veleidosa y no solo es problema de responsabilidad, sino a menudo también de necesidades y prioridades que no pasan por asumir la gravedad que conlleva el seguir circulando en la comunidad.
Como ha sido la constante, no hay respuestas ante la pandemia que no resulten contrapuestas, es decir el choque entre efectivas medidas sanitarias de prevención contra la economía, sintetizada por algunos sectores extremos en que el dilema es entre morir de COVID o morir de hambre.
Por supuesto, desde el punto de vista sanitario y radical contra la pandemia, la respuesta más contundente y eficaz sería la cuarentena total, pero nos deja como consecuencia directa el empobrecimiento general y un golpe devastador en la economía.
Quiere decir que en resumidas cuentas, es impracticable la cuarentena por razones de dinero: si Uruguay tuviera otra espalda financiera, otras posibilidades, la contención podría lograrse, mientras se aguarde que se extienda la cobertura de vacunación en marcha, con unos cinco mil a diez mil millones de dólares que se inyecten en la economía en forma de asistencia (¿?) lo que conlleva una distribución que daría lugar a injusticias mayúsculas, pese a que se haga con la mejor intención, suponiendo que se pueda conseguir ese dinero sin comprometer el futuro inmediato y de mediano plazo del país.
Hay planteos, sobre todo procedentes desde la oposición política, por ejemplo, de que se paralice el país por quince días: ahora, ¿quién puede en su sano juicio, pedir que se aplique una medida restrictiva de esta naturaleza? ¿De dónde saldrían los ingresos para pagar salarios, para que las empresas se sostengan durante más de dos semanas e igualmente cumplan con los pagos al personal, los servicios, los impuestos, los insumos pendientes, etcétera?
Claro, una cosa son los funcionarios del Estado, que seguirían cobrando sus sueldos guardaditos en su casa, como se hizo al principio de la pandemia, simplemente porque el motor privado clave, sobre todo el agro, que no sabe de pandemias ni de vacaciones, seguiría produciendo; aunque esta es solo una pata de la economía, y otra muy distinta sectores de actividad autodependientes, que viven el día a día, del movimiento en la calle, caso concreto de los cuentapropistas, entre otros.
Ahora, ¿cómo se puede además pedir a los grupos más vulnerables que asuman el impacto de un cierre total? ¿Cómo se puede pedir a las empresas duramente golpeadas, que siguen de crisis en crisis, que ya durante los últimos años han venido en picada y se han perdido sistemáticamente fuentes de empleo, que se ingrese en un parate total para contener la enfermedad, con la gente ya cansada de más de un año de pandemia y la economía en retroceso?
Bueno, la respuesta va a ser siempre, por más vueltas que se le dé, que el contar con un mar de dinero que se pueda distribuir como si nada para mantener circulando la economía. Lo puede hacer por ahora Estados Unidos, que ha destinado miles de millones de dólares en un plan especial del presidente Joe Biden para sostener la economía y mantener los empleos. La primera potencia mundial tiene una posibilidad que nuestro país y el resto del mundo no tiene: imprimir dólares y así crear una burbuja artificial de riqueza que permite aguantar el temporal hasta que dé resultado, como se espera, el esquema de vacunación masiva.
Paralelamente, importantes economías europeas están haciendo agua mientras siguen creciendo los casos y se suceden las oleadas de COVID-19, con una cobertura de vacunación lenta y todavía insuficiente.
El dilema es aún más duro por lo tanto para los países que no tienen espalda financiera y deben seguir funcionando, pese que la medida genial sería que todos nos pudiéramos quedar en casa recibiendo los salarios, pasividades o a asistencia financiera como si estuviéramos en actividad. De hecho, si lo pensamos bien sería espectacular que sea así siempre, no solo ahora con la pandemia, que el Estado nos “banque” sin tener que trabajar ni producir.
Pero lamentablemente, este extremo infantil es inviable, y dada la emergencia se está procurando una salida intermedia, con resultados que no son los de hace un año en cuanto a la observación de elementales medidas de prevención por las instituciones y población en general.
La libertad responsable invocada como la respuesta ciudadana más lógica para contener el avance de la pandemia, que resultó medianamente eficaz hace un año, aparece ya con serias señales de saturación en gran parte de la población, sobre todo en los grupos menos susceptibles, como son los jóvenes, y un escenario similar lo vemos por ejemplo en países como Alemania, España e Italia, con manifestaciones en la calle y represión en protesta por nuevas medidas restrictivas ante rebrotes de la pandemia.
Por lo tanto la realidad indica que el movimiento de “perillas” a que refiere el presidente Luis Lacalle Pou es un instrumento válido, es cierto, pero requiere una contraparte de responsabilidad que en su momento se manifestó en forma positiva, pero que hoy ya aparece como desgastado en gran medida por la prolongación de un escenario que es reflejo de la flexibilización pero también sobre todo del incumplimiento de elementales medidas de precaución, que se puede hacer en cortos períodos pero que por el propio factor humano son insostenibles en la sociedad a lo largo de los meses.
Ante estos factores en juego, y la imposibilidad ya señalada de cuarentena total o parálisis de actividad significativamente mayor a la de hoy, que ya nos afecta económicamente, la realidad indica que mal que nos pese, no hay mucho más allá que apelar a seguir con lo que ya se ha hecho, con algún retoque, y apostar a que este recrudecimiento de la pandemia haga que el ciudadano común apele al sentido común y siga las exhortaciones a cuidarse y cuidarnos, mientras esperamos que la vacunación de los resultados que todos queremos. → Leer más

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Derechos, consumidores y pandemia

Hace algo más de 20 años Uruguay introdujo en su legislación la protección de los derechos del consumidor. Pensar en los consumidores es un hecho que hoy consideramos totalmente necesario y justo pero que es relativamente reciente en la historia moderna ya que si bien siempre existió el consumo, recién desde la revolución industrial comenzó a adquirir la importancia que actualmente tiene.
Por otro lado, la despersonalización de las relaciones económicas y jurídicas del mercado, la publicidad, el marketing, los nuevos sistemas de promoción y ventas, que llevan a nuevas formas de contacto social y jurídico entre empresarios y consumidores, y más recientemente la informatización y digitalización de los sistemas y técnicas de promoción, distribución, comercialización y ventas, produjeron una visión distinta de la técnicas empresariales.
Llegó un momento en que existió consenso social respecto a que el consumidor podría quedar indefenso y eran necesarias normas jurídicas que lo ampararan. Surgieron asociaciones de consumidores, leyes y decretos que regulan la relación entre consumidores y vendedores de bienes y prestadores de servicios y, posteriormente, oficinas públicas de atención a los consumidores.
En Uruguay, desde agosto de 2000 rige la Ley de Relaciones de Consumo (Ley 17.250), que establece la normativa nacional a aplicarse en la materia.
La nuestra -al igual que otras leyes similares que se inspiran en el derecho europeo fundamentalmente-, tiene como punto de partida la existencia de una desigualdad real, una relación no paritaria en el mercado entre el consumidor y el proveedor: el consumidor necesita adquirir productos y servicios y actúa en forma aislada en el mercado, posee información limitada sobre el producto o servicio a contratar y sobre las condiciones de financiamiento del mismo, hay un cuadro de asimetría informativa. Por otra parte, está sometido a intensa publicidad tendiente a resaltar las virtudes reales o supuestas del producto o servicio que se ofrece en el mercado lo que ejerce una presión hacia el consumo.
En este contexto, la legislación de protección al consumidor procura que el desequilibrio existente entre el proveedor y el consumidor, que se manifiesta en el acceso a la información, en esa capacidad económica diferente y en un poder de negociación diferente, no derive en prácticas abusivas.
Por otra parte, la efectiva vigencia de los derechos del consumidor tiene un efecto benéfico para el conjunto social y también mejora la equidad social puesto que también hay efectos positivos sobre las empresas que actúan responsablemente.
En el tiempo transcurrido desde la aprobación de la ley, Uruguay ha procurado avanzar en lo que respecta a la generación de los canales necesarios para que tanto consumidores como proveedores de bienes y servicios puedan informarse, negociar sus problemas o, eventualmente solicitar la intervención del Estado para dirimir diferencias.
No obstante, ese avance sigue siendo lento y presenta dificultades, que se acrecientan en el interior del país aunque es posible solicitar asesoramiento e iniciar un trámite de reclamo en la web del Área de Defensa del Consumidor y a través de un teléfono de llamada gratis para las personas que no manejan herramientas informáticas.
Según informó el Área de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, los datos acumulados en los últimos cinco años reflejan una constante en el número de atenciones anuales, con mínimas variaciones.
Aún así, en 2020 la mayor cantidad de consultas fueron referidas a índoles financieras 1.129 consultas, seguidas por asuntos comerciales (317 consultas) y temas vinculados a cooperativas y asociaciones (367 consultas.
Se destaca en el Sector Servicios el aumento en algunos asuntos como es el caso de agencias y operadores de viaje, transporte, clubes, gimnasios, entretenimiento en relación a años anteriores, tratándose de sectores fuertemente afectados por las pandemias en el que aumentaron los puntos de conflicto o intereses encontrados con usuarios, con crecimiento de problemas como incumplimiento, cobro indebido, rescisión. Los referidos incrementos han sido consecuencia de la situación y las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19.
Similares situaciones se han dado en otros lugares del mundo y en respuesta a la crisis pandémica, los miembros de Consumers International –organización que reúne a grupos de consumidores de unos 120 países– solicitaron la protección y el empoderamiento de las personas en el mercado basado en los derechos del consumidor, y estrategias coordinadas en todas las naciones y organismos intergubernamentales para construir un mercado justo, economías seguras, resistentes y sostenibles a través de la protección del consumidor.
En este sentido, resulta crucial garantizar que todas las personas tengan acceso a las necesidades legítimas como consumidores, así como el derecho a la salud y el acceso a tratamiento básico, vacunas y productos que ayuden a protegerse del COVID-19, la protección de los mercados locales y los medios de y el acceso de los más vulnerables a alimentos seguros y saludables.
La organización también solicitó especial atención al hecho de que las personas que no se encuentran bien, que cuidan a otros o que se aíslan pueden no ser capaces de obtener un ingreso o pueden carecer de acceso a los servicios financieros de la manera habitual y pueden ser más vulnerables al fraude. La protección de las personas de las prácticas de mercado injustas, la promoción de la transparencia en los precios y el respeto de los reembolsos legalmente garantizados así como la puesta a disposición servicios de resolución de disputas se consideran acciones que los estados deben garantizar en el marco de la crisis pandémica.
Finalmente y no menos importante, hay otras cuestiones que también resultan afectadas en tiempo de COVID-19. Una de ellas son las noticias falsas, información errónea y ventas y estafas engañosas, por lo que es necesario advertir a los consumidores contra las estafas y aconsejar cómo protegerse.
A su vez, considerando que los datos personales tienen un papel clave que desempeñar para frenar la propagación de COVID-19, es necesario advertir que deben usarse de manera responsable, segura y protectora de la privacidad, sin dar lugar a discriminación durante o después del brote.
En épocas de crisis, los consumidores pueden ser un eslabón frágil especialmente si el avance en la efectivización social de sus derechos es muy lento y aún no están totalmente internalizados por la sociedad, especialmente si las personas no son conscientes de tales derechos ni saben dónde asesorarse y reclamar. → Leer más

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Videovigilancia y reconocimiento facial, un debate pendiente

Las redes de cámaras en la vía pública no dejan de crecer en todo el Uruguay y se han convertido en una herramienta efectiva, al menos para la disuasión del accionar delictivo, aunque hay sobrados ejemplos también de cómo han permitido aclarar hechos delictivos y otras situaciones, como el incendio de grandes dimensiones ocurrido recientemente en el centro de nuestra ciudad.
Sin embargo, esta amplia disponibilidad de aparatos que registran todo lo que acontece en la vía pública tendrá un complemento poderoso, con el siguiente paso, ya aprobado en la ley de presupuesto de este período, Ley N° 19.924. En los artículos 191º y 192º de esta norma se crea, en el Ministerio de Interior, una base de datos biométrica, que se vincula a su vez con la base de datos de Identificación Civil, o mejor dicho, lo que se dispone es la migración de todas las imágenes disponibles desde la dependencia que expide las cédulas de identidad y los pasaportes, hacia esa nueva base de datos.
Es decir, que la base de datos no solo contendrá los datos biométricos de personas poseedoras de antecedentes penales, sino que será capaz de asociar automáticamente imágenes del rostro con datos identificatorios de cualquier persona. Las posibilidades de este sistema son muy amplias, por supuesto.
Así que tenemos por un lado, en el artículo 191º, la creación de “una base de datos de identificación facial para su administración y tratamiento con fines de seguridad pública” y en el 192º la autorización de la “migración actualizada” de “la totalidad de las imágenes faciales de las personas mayores de edad de las que lleva registro, los nombres y apellidos de sus titulares, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de cédula de identidad, fecha de expedición y fecha de expiración de esta última”.
Una pregunta pertinente es si alcanza con esto que se aprobó en la Ley de Presupuesto para que el Estado incorpore a sus sistemas de videovigilancia la identificación biométrica de las personas. Técnicamente sí, figúrese que en China estos sistemas ya están en funcionamiento y pueden reconocer fácilmente a cualquier persona entre 2.000 millones, a partir de cotejar las imágenes captadas por una cámara con una base de datos estatal.
Hay discusiones legales, de base filosófica, que tenemos pendientes. Consideremos qué está pasando hoy con lo que ya está dispuesto, con la mera videovigilancia, sin identificación automatizada. Hay situaciones claramente irregulares. Un ejemplo de ello son las cámaras de particulares orientadas a la vía pública, algo que no podría ocurrir. La Unidad reguladora y de control de datos personales elaboró cinco guías que compendian la normativa vigente al respecto y la explicita en formas de proceder.
“Como criterio general, las cámaras se pueden instalar en cualquier espacio, con las siguientes limitaciones: no se pueden utilizar en espacios públicos, locales sindicales, baños, vestuarios o similares, entre otros, ni enfocarse hacia predios linderos”. No deja lugar a dudas, los particulares no deberían videovigilar la vía pública, pero se hace y por obvias razones. Además, las áreas controladas con estos sistemas deben tener letreros que alerten sobre esta situación a quienes por allí circulen, y en ellos se debe indicar el nombre del responsable y el lugar donde las personas pueden ejercer sus derechos respecto a esa vigilancia.
Lógicamente que el argumento por el que no se controla que las cámaras no estén orientadas hacia la vía pública es que pueden dar una mano –como ocurre prácticamente todos los días– en el esclarecimiento de ilícitos. Es claro que en las circunstancias actuales el debate entre libertad y seguridad en los hechos se ha laudado definitivamente hacia esta última.
Pero volviendo al tema del reconocimiento facial, las experiencias y los debates que se están dando en el mundo deben servirnos como insumo para entender cómo los puntos de vista fluctúan en función del contexto. En el nuestro, como en la región, hoy lo primordial son los problemas de seguridad pública, pero en otros lugares, están bajo amenaza derechos fundamentales y allí se ha enfocado la discusión.
Recientemente, en Estados Unidos, grandes empresas decidieron dejar de compartir con la policía –temporalmente– los datos que recopilan de sus usuarios. Esto ocurrió en medio de las fuertes protestas por el accionar de las fuerzas del orden contra personas que protestaban por abusos cometidos por efectivos.
Otras grandes empresas han desistido de seguir desarrollando sus sistemas de reconocimiento facial por cuestionamientos éticos. Otros, en cambio, ya se ufanan de que sus sistemas de Inteligencia Artificial de gran potencia son capaces no solamente de reconocer personas, sino que además, a través de sus gestos, identificar estados de ánimo.
Por eso es que, si bien es comprensible que se quiera recurrir a dispositivos dotados de inteligencia artificial hoy, como una forma de protección o de prevención frente a la acción de la delincuencia, habrá que sopesar hasta dónde no se están resignando a la vez otros derechos. → Leer más

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Flanco abierto en la barrera regional contra la aftosa

Pese a la atención casi exclusiva de medios y opinión pública mundial a los pormenores de la pandemia y la vacunación, no ha sido ajena a la inquietud, sobre todo de quienes están vinculados al sector ganadero, las exportaciones y la economía en general, el hecho de que oficialmente el estado brasileño de Río Grande del Sur fue declarado libre de fiebre aftosa sin vacunación, dado que en los últimos días se contó con el visto bueno del equipo técnico de la Organización Mundial de Salud Animal (OIE). Luego de prácticamente un año de tomada la decisión, recientemente la ministra de Agricultura de Brasil, Tereza Cristina, confirmó la noticia al secretario de Agricultura del Estado de Río Grande del Sur, Covatti Filho.
Debe tenerse presente que Río Grande del Sur comenzó con este proceso el 29 de abril de 2020, cuando dejó de inocular a su rodeo vacuno. La aprobación será votada en la 88ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE, en tanto se indicó que el visto bueno será extendido también para los estados de Paraná y Bloque I (Acre, Rondônia y parte del Amazonas y Mato Grosso). “La fase más difícil la ganamos. Estamos prácticamente aprobados. Quiero felicitarlos a todos por su esfuerzo”, dijo la ministra.
Mientras tanto, los países vecinos, incluidos el Uruguay, están en otra. Desde que el estado de Río Grande del Sur inició este proceso, Uruguay ha trabajado en los protocolos sanitarios para continuar exportando ganado a Brasil, exceptuando dicho estado.
Es así que en Uruguay, la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSA) a través de su División de Sanidad Animal estableció con carácter obligatorio que, entre este lunes 15 de marzo y el 15 de abril de 2021, se lleve adelante la vacunación contra la fiebre aftosa de todas las categorías bovinas.
Continuando con las políticas que se instrumentan en esta materia, esta decisión se adoptó con el fin de preservar la situación sanitaria del país y mantener los importantes logros obtenidos con relación a la sólida inmunidad del rodeo nacional contra la enfermedad.
Consecuentemente, en nuestro país no se pueden realizar eventos de concentración de bovinos en el período comprendido entre el 15 y el 31 de marzo de 2021, inclusive. Sin embargo, están habilitados los eventos con cambio de propiedad que no impliquen movimiento de animales, como los remates por pantalla.
Las repercusiones de la medida en el vecino estado son notorias con los que limita, donde lógicamente se reciben con recelo estas noticias y sus eventuales consecuencias en el rodeo de la región, por más que en esta zona se indicó que desde hace 19 años no se ha informado de brotes de fiebre aftosa. Es así que se está lejos de compartir la decisión de Río Grande del Sur y en nuestro medio se seguirá vacunando, como así también en Argentina y Paraguay.
Jorge Slavica, veterinario integrante de la Junta de INAC, consideró que Uruguay no corre ningún peligro por esta medida y que debe seguir vacunando, como se está haciendo precisamente. La extensión a otras áreas de Brasil, además de Río Grande del Sur, implica la puesta en marcha de la Instrucción Normativa No. 23, con reglas complementarias para restringir y controlar la entrada de animales vacunados contra la fiebre aftosa en los estados y regiones informadas.
La decisión brasileña se basa en la aspiración de subir un escalón en el estatus sanitario, para poder aprovechar mejor los mercados, lo que explica que Río Grande del Sur quiera convertirse en un Estado libre de fiebre aftosa sin vacunación.
El presidente de la Federación de Agricultores de Río Grande do Sul (Farsul) Gedeão Pereira, dijo que se acató la decisión de la mayoría de los sindicatos y reafirmó el compromiso de “trabajar profundamente por la defensa del retiro de la vacunación. Todos somos socios y queremos lo mejor para el agro y la pecuaria de Río Grande del Sur”, aseguró.
Admitió que hubo una discusión muy fuerte y fueron 44 los sindicatos que se mostraron favorables a dejar de vacunar, en tanto otros 39 se opusieron, lo que quiere decir que hubo una votación ajustada y reparos bien fundados entre muchos productores, teniendo en cuenta los antecedentes regionales.
Pero he aquí el quid de la cuestión: el presidente de Farsur argumentó que “estamos en el sur de Sudamérica y protegidos por Uruguay, Argentina, Paraguay y así como otros estados (San Pablo y Matto Grosso) que están vacunando”.
Es decir que Brasil, gran exportador de carne suina con hueso al mundo, busca llegar a los grandes nichos de carne bovina: Japón, Corea del Sur, México y otros para valorizar sus exportaciones, y para subir al status de libre de aftosa sin vacunación se apoya en la buena barrera que hacen sus grandes vecinos exportadores, es decir nuestro país, Argentina y Paraguay.
Pero hay otras visiones, que parte sobre todo de los países que siguen vacunando, y que fueron de los que cayeron en la rodada cuando la crisis por el brote aftósico de 2001, que fue devastador, sobre todo para la economía uruguaya.
La decisión de Río Grande del Sur, si bien ya se preveía, genera aprensión en los productores ganaderos uruguayos y el propio gobierno, y no sin razón. Por ahora, Uruguay aspira a seguir manteniendo la vacunación obligatoria contra fiebre aftosa en su rodeo bovino, asegurándose los mercados de alto valor que costó mucho conquistar: Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, China, México y Unión Europea, entre otros.
Igualmente, las diferencias marcadas de precios que existían en la década del 90 entre circuito aftósico y no aftósico quedaron atrás y la ecuación beneficio-riesgo que entraña dejar de vacunar por ahora no es considerada como una opción favorable, sobre todo si se tiene en cuenta que Uruguay demostró la seriedad de sus certificaciones y es hoy el único país que puede acceder a Japón y Correa del Sur, siendo libre de aftosa con vacunación, aunque entra con cortes desosados.
Otra pauta del escenario surge de la reflexión de que “creo que no será una amenaza el cese de la vacunación del rodeo bovino en Río Grande del Sur”, según admitió a El País Roque Almeida, veterinario que es delegado de Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) en la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal (Conhasa).
Según la visión de este profesional, el vecino Estado brasileño “se podría transformar en un centinela que complementaría la vigilancia sanitaria que haga Uruguay”, para evitar el reingreso de la fiebre aftosa a su territorio.
“Si surgiera la enfermedad, Uruguay podría prevenir o tendría la oportunidad de reaccionar antes”, dijo Almeida, para a su vez aclarar que no dejaría de vacunar el stock bovino uruguayo. “No veo mal la decisión de Río Grande del Sur en la medida que Uruguay mantenga la vacunación. Para nosotros no sería un problema”, afirmó Almeida.
Por su lado, Jorge Bonino Morlán, médico veterinario y delegado de los productores por más de tres décadas ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), apuntó que Uruguay “deberá seguir manteniendo toda su vigilancia interna y externa para evitar reintroducciones de la aftosa. Deberá tener mayores precauciones en la frontera para evitar correr cualquier riesgo”.
Esta es sin dudas la postura más lógica ante las circunstancias: hacer lo que se debe hacer para preservar la riqueza ganadera, pese a los costos de vacunar, y con la mirada puesta en lo que pasa en el limítrofe estado brasileño, porque no es bueno salir a correr sobre vidrios rotos, confiando en que nunca se nos va a perforar el zapato. → Leer más

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A un año de la pandemia

A un año de la declaración de emergencia sanitaria en Uruguay, los miles de casos positivos y varios centenares de muertos, aprendimos que el coronavirus en Uruguay, COVID-19 o SARS-coV-2, no fue producto de la irresponsabilidad de una empresaria de Carrasco.
Sin embargo, costó mucho terminar entendiendo esto. Las críticas en las redes sociales, tan acostumbradas a ver “la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio”, dijeron a su antojo todos los disparates que se le pudieron ocurrir a cuanto internauta tuviese un celular a mano, cual dueño de la verdad revelada e impoluto bienhechor. Nadie pensó en las personas individualizadas, en sus familias y en la posibilidad latente de que a esto iba a ocurrirle a cualquiera, más temprano que tarde, y que no se trataría de “la enfermedad de los ricos”, como se quiso presentar por quienes siempre buscan dividir a la sociedad. Y que ese momento iba a llegar más temprano que tarde.
Por ese entonces lo hacían ver como una enfermedad de la clase pudiente que salía a pasear por el mundo y traía el contagio al “paisito”, casi en forma intencional, como un siniestro asesino serial, sin mirar a los más vulnerables. Y en Uruguay muchos creían que el país podía mantenerse aislado de la tempestad, siempre y cuando no llegase una “Carmela” con plata a traernos el virus del extranjero.
En esos tiempos, dábamos clases de ignorancia y seguíamos ofendiéndonos entre nosotros, sin apelar a los mejores ejemplos que tiene la historia en materia de pandemias. Poca reflexión y demasiados perjuicios.
Pero resolvimos que, desde nuestra pequeña comarca sanducera así como en nuestra idiosincrasia uruguaya, era mejor “cobrar al grito”, despacharnos a nuestras anchas y no pensar en las posibilidades de contagios por salir a trabajar o por mantener contactos con nuestros seres queridos.
Durante varios meses la culpa fue de “Carmela”, –a esta altura ese nombre es genérico; cualquiera que genere un foco COVID pasa a ser una “Carmela”– y después de unos pocos irresponsables. Sin embargo, a un año de aquél duro comienzo nos sigue costando el “nosotros”, con las responsabilidades compartidas que implica el diálogo y la opinión reflexiva para no mezclar las cosas. Fundamentalmente para no continuar en la creencia que ubica a los malos en el otro bando y a los buenos, en el nuestro, que por ser “nuestro” es el lado bueno.
Así, vimos a una sociedad segmentada, dividida y amplificadora de una brecha cultural e ideológica que, también, utilizó a la COVID-19 en sus discusiones políticas. Pero no de políticas sanitarias, sino de la forma rastrera y crítica que no suma en una democracia.
El punto en cuestión es saber si aprendimos algo de todo el daño que genera un virus que no se conocía y para el que el mundo no estaba preparado para enfrentarlo. Salvo algunas excepciones los países pudieron enfrentar la pandemia con mayor holgura y tiempo para adoptar decisiones. Pero, en otros casos –como el nuestro—se encontraron con una caja apretada, pocos recursos e insumos y la necesidad de buscar consensos para enfrentar todos juntos a un enemigo invisible.
En nuestro país, incluso las autoridades sanitarias evolucionaron en sus formas de comunicar. Y si en un principio era un acto egoísta que cualquiera de nosotros saliera a comprar un tapabocas porque era necesario para el personal de la salud y las personas afectadas, hoy ni siquiera se concibe ingresar a un comercio o lugar de alto tránsito de personas, sin un barbijo. Es obligatorio su uso en las oficinas públicas, en lugares de cobranzas, supermercados, transporte público de pasajeros, centros de atención a la salud y lugares de distracción.
Mientras la región y otros países del mundo se confinaban obligatoriamente, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunciaba que dicha medida no se iba a aplicar en el país y confrontaba con quienes tenían un salario asegurado e incluso una parte de la clase política que lo exigía.
En forma paralela, el tejido de la seguridad social, cuya trama y urdimbre es el resultado del trabajo de varias generaciones y administraciones, hacía su trabajo de sostener a quienes iban al seguro de desempleo. Y de esa forma, evitar tanto como fuera posible que quedaran al costado del camino una importante cantidad de uruguayos.
También hubo que lidiar con el exitismo. La mirada puesta sobre Uruguay y los titulares que generaban las estadísticas, ubicaban al país en un lugar bastante temerario. Fuimos “el mejor de América en la gestión de la pandemia”, también resultamos nominados a un premio internacional, el índice Low nos ubicó en el lugar 12 de un total de 99 naciones y así sucesivamente. Hasta que la matemática –y la realidad– nos confrontó y en octubre de 2020, comenzó el incremento sostenido e imparable de los casos que atravesaron a la sociedad. Incluso a quienes habían criticado a la empresaria de Carrasco, pero resultaban contagiados en las playas del Este, durante las vacaciones o en Carnaval. O en la frontera con Brasil, en algunos casos por personas que viajaban para aprovisionarse de productos de la canasta básica a menor precio o para vender dentro de fronteras; en estos casos no era precisamente “gente pudiente” que viajaba “por placer”, pero el daño fue igual o peor.
Con el tiempo pasamos de vaciar el stock de alcohol en gel, jabones y papel higiénico de las góndolas de los supermercados y farmacias, a minimizar y desconocer los riesgos de un virus que aún mantiene en vilo a la comunidad internacional.
Pero nada es nuevo. Es el resultado del comportamiento cíclico de los seres humanos, que no responden al sentido común, sino al miedo y su bagaje cultural. Y hasta en ocasiones de la “manija” política y Uruguay no estuvo exento de este condimento que no alimenta, sino que contamina.
A medida que pasaba el tiempo, comenzamos a mirar puertas adentro y vimos adultos mayores solos, adolescentes y niños depresivos. Vimos tanta o más violencia intrafamiliar que las estadísticas que acostumbrábamos a difundir. Apreciamos las dificultades para lidiar con el desempleo en tiempos de crisis y un escenario prepandemia complicado con dos dígitos. Vimos ollas populares de un día para otro, por lo tanto, comprendimos que ya había personas complicadas para tener una comida diaria y que solo la pandemia sirvió para desnudar.
Entendimos que no es lo mismo el marketing que la realidad y vimos que desde antes de la COVID-19, se engrosaban los cinturones de la ciudad con la instalación de nuevos asentamientos.
Pero ver no es lo mismo que aprender. Por eso, a pesar del año transcurrido, aún nos falta la mirada plural en vez de la crítica reduccionista que amplifica esa brecha de la que tanto hablamos.
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Opinión

Vacunas y COVID-19: ¡sabremos cumplir!

De acuerdo con la cadena periodística BBC, “A fines del siglo XIX, decenas de miles de personas salieron a las calles en oposición a las vacunas obligatorias contra la viruela. Hubo arrestos, multas y algunas personas incluso fueron enviadas a la cárcel. Se blandieron pancartas que exigían ‘Revocar las leyes de vacunación, la maldición de nuestra nación’ y aseguraban que era ‘Mejor celda de prisión que bebé envenenado’ (…) ‘La gente hacía preguntas sobre los derechos, especialmente los derechos de la clase trabajadora. Había una sensación de que las clases altas intentaban aprovecharse, un sentimiento de desconfianza’”. A pesar de todos estos ataques, en el año 1959 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó un programa de erradicación global de la viruela, objetivo alcanzado en 1977. La llegada de las vacunas contra el COVID-19 a nuestro país ha despertado las fantasías y el afán de protagonismo de quienes se oponen a las mismas porque viven en un mundo paralelo regido por teorías conspirativas, el mismo mundo donde también se afirma que la Tierra es plana o que Elvis Presley no murió en el año 1977 y aún vive oculto en Argentina.
En Uruguay, por ejemplo, la figura más visible de esas voces antivacunas es el excandidato a la Presidencia Gustavo Salle Lorier quien, junto a otros representantes de la denominada “Caravana por la Verdad”, entre ellos Javier Sciutto, estuvo en Paysandú en el marco de una gira nacional del movimiento que cuestiona la pandemia de coronavirus y denunció que la vacuna puede producir una modificación genética. Como fuera informado en el pasado mes de febrero por nuestro diario, “Cabe aclarar que si bien Javier Sciutto en su perfil de Twitter se presenta como ‘coordinador y docente de Bioestadística’ de Facultad de Medicina Santa Casa de San Pablo, Brasil, dicha universidad brasileña aclaró que el mismo no ocupa esos cargos. La agencia francesa de noticias AFP desmintió además varias afirmaciones de Sciuto en referencia al coronavirus, algunas de las cuales fueron repetidas en Paysandú”.
Resulta paradójico que este tipo de ataques se produzca en un país como el nuestro, que cuenta con altos niveles de vacunación a los cuales la población ha adherido y adhiere sin las manifestaciones que llamativamente se han producido en el caso del COVID-19. En efecto, de acuerdo con el sitio web del Ministerio de Salud Pública (MSP) “el actual Plan Nacional de Vacunación fue creado en el año 1982 por la ley 15.272, que declaraba obligatoria la vacunación contra la tuberculosis (vacuna BCG), difteria, tos convulsa (pertussis), tétanos (vacuna DPT), poliomielitis (vacuna OPV), sarampión, rubéola y paperas (vacuna triple viral o SRP). La vacunación es universal y gratuita, siendo un programa prioritario para el MSP. El Certificado Esquema de Vacunación (CEV) ha tenido múltiples incorporaciones desde entonces. Actualmente incluye 15 vacunas dirigidas al control de las principales enfermedades inmunoprevenibles”. Existen otro tipo de vacunas, como por ejemplo la vacuna antigripal, la vacuna antineumocócica 23 valente, la vacuna contra fiebre amarilla y la vacuna antirrábica. De acuerdo con el MSP, “las vacunas del PNV tienen indicaciones por fuera del plan regular en algunos pacientes que por sus condiciones laborales o patológicas lo requieren”. Frente al detalle de las vacunas que componen el PNV cabe preguntarse… ¿alguna vez los uruguayos pusimos el énfasis en la marca de las vacunas que nos administraban? ¿Eso era necesario o bastaba con saber que las mismas habían sido autorizadas por las autoridades sanitarias competentes en la materia? Hay que tener en cuenta, además, que nuestro país cuenta con una Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones (CNAV), una de las más antiguas de toda América y “su principal cometido es brindar asesoramiento para optimizar el funcionamiento del PNV y desarrollar estrategias para disminuir al mínimo las enfermedades inmunoprevenibles con la máxima cobertura vacunal posible y que integran representantes de 15 instituciones u organismos con injerencia y expertice en el tema vacunas”. Los datos de los integrantes de dicha Comisión y las actas de sus reuniones se encuentran disponibles al público en la página web de ese Ministerio, lo que deja claramente de manifiesto la transparencia con la cual actúa ese organismo.
Es interesante reflexionar sobre qué hubiese sucedido con la salud a nivel global si no se hubieran aplicado vacunas contra enfermedades tan graves como el sarampión, la propia viruela, la poliomielitis u otras que forman parte del PNV del MSP. ¿Cuál sería el estado sanitario de la población mundial si quienes se oponen a las vacunas hubiesen tenido éxito con sus trasnochadas demandas? La respuesta es simple: los resultados hubiesen sido catastróficos y se hubieran pagado con decenas o quizás cientos de millones de vidas humanas o con los sufrimientos de quienes tendrían que haber vivido con las secuelas de tales enfermedades. Está claro que en el pasado no existían las redes sociales, un mecanismo de fácil acceso y bajo costo a través del cual aún quienes carecen totalmente de conocimientos científicos realizan afirmaciones temerarias y sin fundamento para tratar de dar credibilidad a sus absurdas teorías; mientras otro tanto que se cree “instruido” y apenas es un usuario de la red global toma esas versiones como la voz de la ciencia y la razón. La vacuna contra el COVID-19 no es obligatoria por lo que su aplicación no viola libertad individual alguna y por eso mismo su aplicación es una decisión individual pero cuyos beneficios se proyectan sobre toda la comunidad.
La campaña que llevan adelante los antivacunas adquiere suma peligrosidad en un momento en el cual crece el número de personas contagiadas en nuestro país, lo que transforma ese predicamento en un acto de irresponsabilidad, de frivolidad sanitaria y de atentado contra la salud pública. Creemos que, salvo por algunas honrosas excepciones, se necesita un compromiso mucho más claro y contundente de los líderes políticos nacionales y departamentales para apoyar la vacunación y que esa actitud debe extenderse a los demás referentes en el área sindical, deportiva, empresarial, cultural y social para lograr que más personas se vacunen diariamente. Son precisamente esos referentes quienes deberían estar en los primeros lugares de las colas de vacunación. Todos los que puedan vacunarse (referentes o no) deben hacerlo de inmediato porque es el único camino para dejar atrás una pandemia que ha causado y seguirá causando graves perjuicios económicos, educativos y sanitarios. Si algo nos ha demostrado este año de emergencia sanitaria es que muchas veces la responsabilidad individual con la cual deberíamos actuar por nuestra salud y por la salud de los demás es dejada de lado para asistir alegre e irresponsablemente a marchas sociales, actos políticos, reuniones familiares o simplemente para juntarse en la costa sanducera o en cualquier otro punto sin respetar las medidas sanitarias y facilitando el contagio. Lo cierto es que la vacuna contra el COVID-19 llegó finalmente a nuestro país y ahora es el momento para demostrar nuestro compromiso republicano y nuestra solidaridad asistiendo a vacunarnos cuando seamos convocados para ello. Es la hora de vacunarse y también en este caso los uruguayos debemos dejar en claro que sabremos cumplir. → Leer más

Opinión

El deporte y la política en 100 días

Dicen que los primeros 100 días son importantes para cualquier gobierno a la hora de mostrar su impronta. Pero también que existe esa luna de miel que permite a los gobernantes acomodar el cuerpo y sin tanta presión de la sociedad.
La Dirección de Deportes de la Intendencia se tomó al pie de la letra la primera de las teorías, y salió al ruedo decidida a darle intensidad al partido. Las ideas están a la vista, y los resultados pueden esperarse si se mantiene esa postura de seguir potenciando a un deporte sanducero que merece que en él se centre la atención.
Es que, aunque todavía pueda existir alguien que lo dude, el deporte es un pilar fundamental para cualquier sociedad.
Nadie puede negar a esta altura del Siglo XXI la importancia de la práctica deportiva. Y más aun en este nuevo contexto de pandemia. El Congreso español, sin ir más lejos, aprobó en febrero la declaración de la actividad física y el deporte como actividad esencial, dado el beneficio comprobado para la salud de las personas.
En ese sentido, hay que remarcar que desde la dirección que dirige Guillermo Arias se apostó a la masificación de la práctica del deporte. Ante esto, por ejemplo, las escuelitas deportivas municipales no dejaron de funcionar en verano y, además de crearse algunas nuevas, se extendieron las actividades previstas para diciembre, enero y febrero, también durante este mes. Y eso incluye a las piscinas.
Pero también se miró hacia el interior del departamento, y se pensó en llevar actividades a los diferentes centros poblados de Paysandú. Si bien ese es el segundo pilar del proyecto denominado “Acercando el Deporte”, rápidamente se instrumentó el primero: cada 15 días una delegación de niños y jóvenes del interior del departamento viene a realizar actividades deportivas.
Para ello fue clave llegar a cada centro poblado y dialogar con los referentes de cada uno de ellos, muchas veces olvidados por la política, salvo a la hora de salir a pedir el voto.
Pero además se comenzó a pensar en la captación de talentos y en darle una herramienta fundamental a las jóvenes promesas deportivas sanduceras. Así, se presentó el programa “Sueño Olímpico”, que tiene como padrinos a dos referentes del deporte nacional: Milton Wynants y Dolores Moreira.
El objetivo es seguir apostando a la masificación de la práctica del deporte comunitario, pero captar a los mejores exponentes de las escuelas departamentales y brindarles una preparación integral diferenciada del resto de los alumnos, en procura de un desarrollo que permita pensar en el alto rendimiento.
Esto no solamente beneficiará a determinados deportistas, sino que seguramente tendrá su efecto a la hora de que más niños y jóvenes quieran seguir los pasos de sus referentes, a los que se tiene al alcance de la mano y a la vista todos los días.
Por estos días, además, se anunció que se comenzará a meter mano en algunas instalaciones deportivas, y el primer paso será el velódromo municipal.
Mucho se ha hablado que en estos 100 días esta administración ha hecho más que lo que hizo la anterior durante todo su período, hablando de deportes. Pero hay que separar las cosas; sobre todo cuando se habla de este tipo de direcciones en las que la clave no pasa solo por las ideas que puedan surgir de la cabeza de los directores de turno.
La Dirección de Deportes de la administración Caraballo y luego Díaz, pudo llevar adelante solo algunas de las ideas planteadas. Porque la realidad es que pueden surgir propuestas, pero en definitiva se depende de las cabezas del gobierno departamental.
La movida desarrollada por la Dirección de Deportes, que incluye otras aristas además de las que se vienen estableciendo en estos primeros 100 días de gobierno, tiene un aspecto clave más allá de la impronta que puede imprimirle el director: el apoyo del intendente y de su núcleo más cercano. Más claro: de los que toman las verdaderas decisiones.
Porque en deporte puede haber mucha idea, pero si no se cuenta con el aval y el apoyo de los principales jerarcas de la Intendencia, es imposible llevar adelante cualquier proyecto.
El intendente Olivera parece haberlo entendido, y ha apoyado las propuestas de la Dirección de Deportes. Un cambio importante es la contratación de Milton Wynants, con todo lo que significa tener a un medallista olímpico trabajando y promoviendo el deporte desde el ámbito oficial.
Al medalla de plata en Sidney 2000 había y hay que sacarle el jugo, en el buen sentido. Y su contratación no significa otra cosa que una inversión, además de una seguridad merecida para el deportista, más aun cuando todos los gobiernos terminan sumando sin razón a mucha gente por compromiso político.
Hay diferencias entre lo que pasó en la anterior administración comunal y estos primeros 100 días de la actual en cuanto a deporte, dejando en claro que las anteriores autoridades de la Dirección de Deportes consiguieron logros que fueron tomados por las actuales para elevar la vara. Nada más y nada menos, que lo que se debe hacer siempre en cualquier ámbito de gobierno: tomar lo bueno realizado anteriormente y potenciarlo, con impronta propia. Y sumar además nuevas propuestas.
Los primeros 100 días del deporte sanducero, en plena pandemia y con propuestas en todos lados para incentivar la actividad física, han sido por demás positivos.
Pero el desafío es importante: lo complicado será trabajar para que las semillas sembradas comiencen a germinar y crecer con fuerza, y las ideas se mantengan en el tiempo.
Para ello, el intendente y su entorno deben mantener ese compromiso.
Y hay algo que este gobierno, el anterior y el que vendrá, deben tener en claro si el deporte no está entre sus prioridades: es una enorme y productiva forma de hacer política, a la hora de buscar la aprobación de la sociedad. Y es mucho más importante de lo que se piensa en este país, por la idiosincrasia del uruguayo.
El político debe entender que, más allá de la enorme importancia del deporte en una comunidad, es también una forma de sacar rédito político. Y si alguien lo mira desde ese lugar, al menos el deporte podrá beneficiarse.
Esto, está clarísimo, no es nuevo ni mucho menos. Pasa en todas partes, pasó en todas las épocas y con políticos de toda índole. Solo hay que entenderlo.
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Opinión

Frustraciones en un Mercosur que cumple 30 años

Si el Mercosur a lo largo de sus casi 30 años de existencia ha tenido serias dificultades que han resultado harto complicadas para sus países miembros, mucho más las ha tenido en este período de pandemia, en que las economías de la región han sido devastadas por las consecuencias de medidas restrictivas, al punto que sin excepciones, ha caído en forma contundente en el último año el PBI regional, con la Argentina presentando el pico de esta acentuada reducción de la producción y circulación de bienes y servicios, con serias consecuencias socioeconómicas, especialmente en el empleo.
Igualmente, con la mirada puesta en que 2021 sea el último año de pandemia, y se logre a través de la vacunación masiva revertir el proceso de deterioro, es evidente que se parte de un nivel muy bajo y que prácticamente cualquier cosa que se haga o logre va a ser una mejora respecto al escenario actual.
Pero es cierto que el Mercosur ha estado lejos de satisfacer las expectativas despertadas en el primer momento, en parte por la concepción cerrada en que ha sido instrumentado, pero también por actitudes que se han puesto de manifiesto a lo largo de los años, porque sobre todo con gobiernos progresistas se manejó el acuerdo regional como un club de presidentes amigos, anteponiendo ideologías al objetivo primordial del bloque de promover el intercambio comercial, la integración, la mejora de la calidad de vida en los países socios.
Tal vez y solo tal vez, la pandemia sea una oportunidad para el sinceramiento y la asunción de responsabilidades, con la mirada puesta en establecer los correctivos que se han ido postergando y los paños tibios que han sido determinantes para que los avances hayan sido muy acotados y los problemas muchas veces magnificados por situaciones puntuales, pero que marcan la constante.
El punto es que el acuerdo comercial del cono sur sudamericano cumplirá 30 años el próximo 26 de marzo y el saldo que queda de estas tres décadas de vigencia deja un gusto amargo en cuanto a logros y al aprendizaje que por lo menos debió surgir de este período de reacomodo del acuerdo.
Es pertinente traer al tapete reflexiones al respecto del economista Isidoro Hodara, exdirector general de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el doctor en Economía Marcel Vaillant, docente de Comercio Internacional de la Universidad de la República (UdelaR), con relación al pasado, presente y futuro del Mercosur, quienes recientemente suscribieron junto a otros académicos y profesionales una declaración favor de la apertura comercial, en respaldo a la estrategia del gobierno de impulsar negociaciones en el Mercosur que sin debilitar al conjunto, habiliten a negociar con terceros a velocidades diferentes.
En este sentido, evaluaron que se trata de una medida importante para “quebrar el encerramiento regional que se vuelve contra la propia región”, aunque a la vez coinciden en que deben manejarse escenarios alternativos ante el escaso peso relativo del Uruguay en el bloque.
Respecto a la declaración, Vaillant explicó que “entendimos que era buen momento para demostrar apoyo a las intenciones expuestas por el presidente (Luis Lacalle Pou) en el sentido de tomar liderazgo y plantear con claridad la necesidad de modificar esa realidad. Un camino que también otros gobiernos habían intentado llevar adelante con escasos resultados. Tenemos claro que hemos sido frágiles en plantear esas cosas como país, porque lo hemos hecho en forma fragmentada. Quizás hoy nos encontremos con más posturas coincidentes para empujar un cambio como el que se requiere”.
A su vez Hodara evaluó que “ha habido un inmovilismo casi cadavérico en materia de crear oportunidades para la expansión de nuestro comercio exterior. La luz de esperanza más grande fue el acuerdo Mercosur-Unión europea, y doce meses después no estamos seguros si el acuerdo está todavía vivo, según las últimas declaraciones”.
En el mismo sentido, Vaillant trajo a colación recientes declaraciones del canciller Francisco Bustillo en el parlamento en el sentido de que el acuerdo no está cerrado y que hay varios aspectos pendientes: “creo que no es una afirmación precisa. Entiendo que la negociación terminó. Lo que queda son aspectos puntuales que refieren a cuestiones técnicas. Es posible que no se ratifique y es cierto que las reacciones proteccionistas y los intereses asociados a las demandas ambientales de Europa pusieron alerta sobre quienes llevaban el liderazgo político de un acuerdo. Lo que queda es el tiempo político de Europa”.
Por su parte Hodara acotó que “dicho con ironía, antes pensábamos que se había cerrado el acuerdo y ahora descubrimos que no lo teníamos, o que no es fácil hacerlo valer ante los poderes legislativos de algunos países, sobre todo los europeos. Pero nada obstaría para que algún país del Mercosur aproveche para hacer una picardía”.
Con esta perspectiva signada por una mirada que no es alentadora pero sí ciertamente realista, que es lo que vale al fin de cuentas, tenemos más o menos el panorama actual, que no es muy distinto del de hace ya muchos años, con el agregado de un acuerdo más o menos cerrado (¿?) que ofrecería otras perspectivas pero que está trancado porque hay muchos intereses en juego, algunos expuestos pero otros ocultos. En este último caso sin dudas tienen que ver con los lobbies de productores del agro europeos que siguen reclamando la permanencia de medidas proteccionistas ante ventajas comparativas de producción de los países del Mercosur por razones naturales y no por tecnología.
El punto es que Uruguay ha sido parte y prisionero del inmovilismo mercosuriano, pero por otro lado ha tenido la permanente vocación de avanzar en instrumentos de inserción internacional, con suerte disímil, con regímenes especiales de comercio proclives a la exportación y servicios financieros que van en la misma dirección de apertura que sin embargo no han sido suficientes como para cambiar definitivamente la pisada.
Por lo tanto, de lo que se trata es de disociarnos en lo posible del corsé que ha signado la actuación del bloque desde su nacimiento. Con Argentina y Brasil como países netamente proteccionistas, y que se han jugado siempre al unilateralismo o a lo sumo bilateralismo en el bloque, con prescindencia de los otros socios, con ambos como grandes proteccionistas, es poco y nada lo que podemos esperar si seguimos abrazados a esta ruta y sujetos a los intereses de estas grandes economías, que no necesariamente son los nuestros ni mucho menos. → Leer más