Opinión

El Congreso Nacional de Intendentes se encamina este jueves hacia una de las discusiones más complejas de la administración departamental en los últimos años: la revisión integral del esquema punitivo en el tránsito. Lo que a primera vista podría interpretarse como un simple ajuste técnico de valores es, en rigor, el reconocimiento institucional de que el sistema de sanciones ha alcanzado un punto de saturación que amenaza su propia eficacia. La propuesta de establecer una rebaja sustancial en el monto de las multas –un principio de acuerdo entre los jefes comunales que ya cuenta con eco en proyectos legislativos nacionales– pone sobre la mesa el dilema de la proporcionalidad frente a una realidad socioeconómica que no siempre admite la rigidez de los algoritmos recaudatorios.

La gestión del tránsito en el interior del país, y con particular énfasis en departamentos como Paysandú, enfrenta un equilibrio precario entre la seguridad vial y la capacidad de pago del contribuyente. Históricamente, las multas han sido concebidas bajo una naturaleza dual: operan como una herramienta disuasoria imprescindible para preservar la integridad física de los ciudadanos y, simultáneamente, constituyen un engranaje fundamental de la ingeniería financiera municipal. Al estar indisolublemente vinculadas al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), las sanciones se convierten en un requisito de cumplimiento obligatorio para el pago de la patente de rodados, situándose así en el epicentro de la captación de recursos de las intendencias. No obstante, cuando la sanción pecuniaria se divorcia de la capacidad real de ahorro o subsistencia del sancionado, el sistema se quiebra por su base.
No existe una salida sencilla en un escenario donde convergen la legitimidad de la sanción, la vulnerabilidad económica de los conductores y la necesidad del Estado de mantener el orden público a través de incentivos negativos. Más allá de la frialdad de las estadísticas, existe una multiplicidad de factores humanos que no suelen ser capturados por las planillas de las administraciones públicas. En este sentido, la postura del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, introduce una premisa de corte pragmático que roza lo filosófico: la multa debe ser, ante todo, “pagable” para conservar su esencia como tal. Según ha trascendido a través de este diario, la resolución de la comisión de seguimiento del Sucive de unificar el cobro de multas y patentes a partir de marzo añade una presión adicional sobre el usuario.
Este mecanismo busca cerrar las grietas de la morosidad, pero ignora en ocasiones que el ciudadano medio puede enfrentarse a deudas acumuladas que superan con creces el valor de mercado de su vehículo.

Es aquí donde la gestión pública debe abandonar el pensamiento utópico en favor de un realismo administrativo. Si bien el ideal normativo postula que el cumplimiento estricto de las reglas eliminaría por completo la siniestralidad –una meta que todo gobierno debe perseguir–, la realidad del tránsito es una construcción dinámica, falible y profundamente humana. Una sanción que no se puede exigir por resultar inalcanzable para el infractor es, en términos jurídicos y prácticos, una sanción inexistente. Se convierte en un mero registro burocrático que, lejos de corregir la conducta, empuja al individuo hacia la marginalidad vial. El infractor contumaz, agobiado por cifras que nunca podrá saldar, opta por circular en la clandestinidad, alimentando un círculo vicioso de impunidad y riesgo para terceros que despoja de sentido a la norma misma.

Uruguay ha transitado un camino de notable maduración en la institucionalidad de sus gobiernos departamentales. El fin de la denominada “guerra de las patentes” –aquel período de competencia fiscal desleal entre intendencias– representó un hito de civismo administrativo. La unificación actual del valor de las multas se presenta como el corolario lógico de aquel proceso. No resulta sostenible, desde una perspectiva de equidad republicana, que la gravedad de una infracción técnica dependa exclusivamente de la jurisdicción geográfica donde se comete. Unificar los criterios en Montevideo, Artigas o Cerro Largo no solo simplifica la labor del Estado, sino que fortalece la seguridad jurídica del conductor. Sin embargo, este proceso de armonización aún encuentra obstáculos en la fragmentación de competencias, especialmente cuando se cruzan las jurisdicciones municipales con las del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en las rutas nacionales, generando un mapa de fiscalización que a menudo resulta confuso para el administrado.

La introducción del concepto de “razonabilidad” en el régimen sancionatorio responde a una observación sociológica ineludible: la desigualdad del impacto. Para el propietario de un vehículo de alta gama, una multa de cuantía estándar puede representar un inconveniente menor, un trámite administrativo sin mayores consecuencias en su calidad de vida. Para un trabajador que depende de una motocicleta de baja cilindrada para su movilidad laboral, esa misma sanción puede significar un golpe demoledor a su economía doméstica, equivalente a un porcentaje sustancial de sus ingresos mensuales. Esta asimetría genera un efecto perverso: ante la imposibilidad de pago, se incentiva el abandono del circuito formal. El crecimiento de un parque automotor marginal, que circula sin seguros ni inspecciones técnicas vigentes, es la consecuencia directa de un sistema que expulsa a quienes no pueden redimir sus faltas “desde el vamos”. En el segmento de las motocicletas, el absurdo alcanza su cenit cuando el monto de las sanciones acumuladas incita al propietario a abandonar la unidad y adquirir una nueva, generando un residuo administrativo y ambiental que el Estado debe luego gestionar.

Otro punto de fricción ineludible es la calidad y el foco de la fiscalización. Existe en el imaginario colectivo la percepción de que la inspección de tránsito se orienta con frecuencia hacia la “sanción fácil” —como el estacionamiento indebido en zonas de baja peligrosidad— en lugar de perseguir aquellas conductas temerarias que comprometen la vida. La desatención ante el irrespeto de las preferencias de paso, las maniobras imprudentes en esquinas o el exceso de velocidad en áreas residenciales erosiona la legitimidad de la autoridad. Para que una rebaja de multas sea comprendida como un acto de justicia y no como una medida populista o puramente recaudatoria, debe ir acompañada de una mejora cualitativa en la formación y el despliegue de los agentes de control. La tecnología de radares ha aportado una objetividad necesaria, pero ha eliminado el componente pedagógico del encuentro entre la ley y el ciudadano. Además, la norma tiene que ser respetable para ser respetada, y en el caso de los excesos de velocidad, primero habría que re estudiar con criterios lógicos muchos de los casos en que las velocidades máximas permitidas son absurdas por lo bajo o por los cambios bruscos en el límite permitido. De otra forma se vuelven radares “cazabobos” que claramente están allí para levantar multas.
En última instancia, el acuerdo que emerja del Congreso de Intendentes será un paliativo necesario para miles de contribuyentes. Las fórmulas que contemplan descuentos de hasta el 50% son pasos en la dirección correcta para reintegrar a los conductores a la formalidad tributaria y normativa. No obstante, no se debe incurrir en el error de considerar esta medida como el fin del problema. Se trata de un ajuste técnico sobre una realidad social desgastada. La verdadera solución a la problemática vial no se encuentra en las tablas de valores de una intendencia, sino en una transformación profunda del comportamiento colectivo. El decaimiento de los valores cívicos que se percibe en la convivencia diaria tiene en el tránsito su manifestación más violenta y visible. Mientras el egoísmo y la urgencia sigan prevaleciendo sobre el respeto al derecho ajeno, el sistema continuará atrapado en un ciclo de deudas y parches administrativos. La razonabilidad de la multa es un imperativo de buena administración; la razonabilidad al conducir es, todavía, la gran materia pendiente de la sociedad uruguaya.

Hace 19 años que en Uruguay no se cumple el Decreto N.º 359/007, que reglamenta los tiempos de espera en los distintos prestadores de salud para acceder a consultas de diversas especialidades, así como de medicina general.
El objetivo inicial de la normativa, promulgada en setiembre de 2007, era mejorar la accesibilidad de los usuarios y la calidad asistencial. Junto con el decreto, el Ministerio de Salud de entonces emitió una ordenanza que regulaba los tiempos de espera.
Allí se indica —y aún sigue vigente— que los prestadores deben otorgar citas para consultas externas en medicina general, pediatría y ginecoobstetricia en un plazo máximo de 24 horas desde el momento de la solicitud. En el caso de las consultas externas para cirugía general, deben asignarse en un plazo máximo de dos días.

El artículo 3 del decreto señala que las consultas para especialidades médicas y quirúrgicas no pueden coordinarse, en ningún caso, en un plazo mayor a 30 días desde su solicitud. Los procedimientos quirúrgicos no urgentes deben coordinarse en un plazo menor a 180 días desde el momento en que el médico especialista indicó la cirugía.
Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública emitió la Ordenanza 537/2012 —vigente desde hace 14 años—, donde establece que todos los prestadores deben operar bajo un sistema de asignación de citas para consultas externas de todas las especialidades, con una apertura de agenda de al menos tres meses, que deberá actualizarse a diario.

En 2023, el MSP firmó un decreto para que los usuarios que acrediten incumplimientos en los tiempos de espera para la atención con especialistas puedan cambiar de prestador de salud. Sin embargo, en los departamentos del interior del país las opciones para cambiar no son múltiples y, por lo tanto, los usuarios quedaron igualmente sujetos a la espera.

La realidad, entonces, es porfiada: no se cumple una reglamentación que atravesó diversas administraciones con omisiones graves, principalmente en las localidades más alejadas.
Ahora, la actual administración tiene un borrador de nueva normativa presentado ante la Junta Nacional de Salud (Junasa) para modificar los tiempos de espera vigentes desde hace casi dos décadas. El documento aguarda la firma del presidente Yamandú Orsi e incluirá cambios obligatorios, como la creación de unidades de gestión de listas de coordinación de pacientes.
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, ha señalado que los tiempos de espera “son inadmisibles”, ya que las mayores dificultades de acceso se registran en psiquiatría de adultos y niños, traumatología, urología, neurología y neuropediatría.

Tras un año de gestión, reconoció una reducción “todavía muy tímida”, de entre 8 % y 15 %, en algunas especialidades. Si bien existe una problemática estructural dentro del sistema, también inciden factores culturales, tanto a nivel profesional como en la comunidad, que requerirán un abordaje más amplio desde el punto de vista comunicacional.
Lustemberg anunció en julio del año pasado la creación de una Comisión en Tiempos de Espera, que funciona bajo la órbita de la Junasa, con el objetivo de modificar el decreto de 2007.
El nuevo proyecto especifica, como lo hacía el anterior, tiempos de espera de hasta 24 horas hábiles para consultas en medicina general, pediatría y ginecotocología. Entre otros aspectos, en las consultas con el médico tratante del usuario en el primer nivel de atención, el plazo máximo podrá extenderse hasta 30 días corridos, siempre que el profesional esté en funciones.

En cirugía general, la fecha agendada no podrá exceder las 48 horas hábiles. Para otras especialidades médicas o quirúrgicas, el plazo no podrá superar los 30 días corridos desde la fecha de solicitud. A efectos de su cumplimiento, se tomará la primera fecha disponible con un profesional de la especialidad; si se trata del especialista habitual del usuario, el plazo máximo será de 90 días corridos.
El MSP definirá en su reglamentación las denominadas “consultas priorizadas”, cuyos plazos no podrán exceder los 10 días hábiles desde su solicitud.
El prestador deberá garantizar la atención de las consultas no urgentes en el plazo establecido por el ministerio dentro de los límites geográficos departamentales. Si no dispone de recursos propios ni de complementación de servicios con otro prestador, deberá resolverlo dentro o fuera de dicho territorio.
El plazo para las cirugías oncológicas no urgentes será de 30 días corridos desde la indicación quirúrgica; las demás cirugías no urgentes deberán realizarse en un plazo inferior a 180 días.

La iniciativa también establece límites para estudios no urgentes, que oscilarán entre 60 y 90 días, según la especialidad. Otros, como la mamografía y la endoscopía digestiva, cuando sean priorizados, no podrán exceder los 30 días corridos desde su indicación.
De acuerdo con el texto, los prestadores “deberán velar” para que no se generen prolongaciones en los tiempos de espera y se prevé la creación de una comisión de seguimiento en la Junasa.
No obstante, una vez que entre en vigencia, también los usuarios deberán velar por el cumplimiento de esta nueva normativa, que exige adaptaciones administrativas y de procedimientos, así como ajustes culturales que deberán permear desde los profesionales de la salud hacia la comunidad.
En las distintas realidades del país debe considerarse que, al norte, no siempre se radican especialistas, lo que vuelve especialmente sensible la credibilidad de los decretos y, sobre todo, su ejecución, que depende de la gestión administrativa y de su efectivo cumplimiento.

La normativa existe. Sin embargo, su desempeño ha sido escaso, a juzgar por las reiteradas quejas de los usuarios en los medios de comunicación ante la falta de respuestas a sus reclamos.

Como vecino de la ciudad de Paysandú quiero expresar mi opinión sobre el reciente aumento en la Contribución Inmobiliaria para el año 2026, por parte del intendente.

Considero que este aumento es totalmente desproporcionado y no se alinea con la situación económica del departamento, ni del país, porque en mi caso dicho aumento asciende al 20%, cuando la inflación anual proyectada por el Banco Central es de un 4%, es decir que el aumento es cinco veces mayor que la inflación.

Además de eso, los contribuyentes que estamos haciendo el esfuerzo para mantenernos al día en el pago del mencionado tributo, realizando ajustes en otros rubros del diario vivir, nos vemos ante un desafío que me parece injusto y que nos conduce a caer en la morosidad. No me parece adecuado el momento elegido para este aumento desproporcionado, teniendo en cuenta que el departamento está pasando por una recesión industrial y comercial, que lleva a las empresas a enviar personal al seguro de desempleo con la consecuente baja en el ingreso de estas personas. Sólo para mencionar algunas, Fricasa, Paycueros, fábrica de portland, etcétera. El intendente no se solidariza con la ciudadanía ante esta situación y complica aún más la economía de los contribuyentes, subiendo desproporcionadamente este impuesto.

Hago un llamado al intendente desde mi humilde lugar, e invito a los demás contribuyentes afectados a que realicen gestiones dentro de sus posibilidades, para que se revea esta decisión que afecta la ya complicada situación económica de los sanduceros.

Dardo Arévalo

La inteligencia artificial (IA) es una de las revoluciones tecnológicas más importantes de la historia, comparable con la electricidad o Internet; está transformando la vida humana, la economía y la forma en que pensamos el futuro: capaz de permitir a las máquinas aprender, reconocer información y tomar decisiones.

Gracias al crecimiento del poder computacional y la disponibilidad masiva de datos, los avances recientes han sido extraordinarios.

Hoy ya está presente en la vida cotidiana (asistentes virtuales, sistemas de recomendación, traducción automática, diagnóstico médico, vehículos autónomos, automatización industrial, acelerando descubrimientos en ciencia), mejorando la eficiencia y abriendo nuevas posibilidades.

Sin embargo, también genera desafíos, uno de los principales es el impacto en el trabajo. Muchas tareas rutinarias serán automatizadas, lo que obligará a las personas a reconvertirse y desarrollar actividades más humanas: creatividad, pensamiento crítico, empatía y adaptación. No se trata necesariamente del fin del empleo, sino de su transformación profunda.

Se pueden plantear problemas éticos; puede amplificar sesgos humanos presentes en los datos, afectar la privacidad y concentrar poder en pocas organizaciones tecnológicas.

La sociedad debe participar en el debate sobre cómo usar esta tecnología, estableciendo reglas que protejan la dignidad humana y el bien común. La tecnología no es neutral, depende de las decisiones humanas. La inteligencia artificial podría superar ciertas capacidades humanas en muchos campos, lo que plantea preguntas filosóficas sobre la conciencia, la identidad y el rol del ser humano.

Hay que plantearse una postura equilibrada, ni miedo paralizante ni optimismo ingenuo. El verdadero desafío no es solo tecnológico, sino humano; la clave es comprender, prepararse y participar activamente en la construcción del futuro: cómo usar la IA para construir una sociedad más justa, libre y desarrollada.

Ing. Agr. José Francisco Ramos Peralta

En los últimos días, nuestro diario informó que “a través de una moción que ha quedado radicada en la Comisión de Medio Ambiente de la Junta Departamental de Paysandú, los ediles del Partido Nacional Rodrigo Silva, Jorge Pedrosa, Patricia Vásquez Varela, Carlos Romero, Pablo de María, Luis Martins, Vanessa Contrera, Arturo Terra, Gustavo Silgoria, Aurora Rodríguez y Carina Texeira señalan su inquietud ante la inequidad y demoras en servicios de emergencia en Guichón y el interior profundo”, por lo que apuntan a que las autoridades competentes en esta problemática establezcan los correctivos correspondientes para dar respuestas valederas a las necesidades de los vecinos de esos lugares. Argumentan en tal sentido que “en el accidente ocurrido el 19 de enero de 2026 en ruta 4, próximo a Guichón, donde una motocicleta con dos ocupantes colisionó con una camioneta, resultando en lesiones graves y en el fallecimiento de una joven vecina, la demora en la llegada de la ambulancia fue prolongada y generó indignación en la comunidad”.

Los ediles antes mencionados exigieron, asimismo, “equidad territorial en los servicios de emergencia: Guichón y el interior profundo merecen la misma atención que cualquier ciudad. La vida no puede esperar”, plantean en su iniciativa. Además de expresar en la moción su profundo pesar por este fallecimiento, así como expresan sus condolencias a los familiares de la víctima, en su planteo exigen “al Ministerio de Salud Pública y a ASSE el refuerzo inmediato del servicio de ambulancias en Guichón y zonas rurales”. Asimismo, solicitan la creación de un plan de respuesta rápida para emergencias en rutas departamentales, con móviles estratégicamente ubicados. También expresan en su moción ante el deliberativo departamental, “reclamar la equidad territorial en salud, para que ningún vecino del interior profundo quede desprotegido”.

Por su parte, el senador suplente del Partido Nacional, Jorge Larrañaga Vidal, asegura que “la falta de ambulancias y la demora en la respuesta médica en zonas rurales de Paysandú continúa siendo una problemática vigente. En una entrevista concedida a Radio Paysandú, el legislador sostuvo que, pese a los avances registrados en los últimos años, aún existen localidades donde la asistencia sanitaria no llega con la rapidez necesaria. El tema sigue estando y sigue faltando. (…) En ese sentido, recordó el trabajo impulsado en el período anterior por el exdiputado Juan Carlos “Carlucho” Moreno, quien realizó pedidos de informes y gestiones vinculadas a la cobertura de emergencias médicas en el interior profundo. El senador suplente mencionó casos concretos ocurridos en jurisdicciones como Piedras Coloradas y, anteriormente, en Cerro Chato, donde vecinos plantearon dificultades para acceder a una atención rápida ante situaciones de urgencia”.

En el mismo sentido, en nuestro editorial del día 23 de octubre de 2024 informamos que “el diputado del Partido Colorado, Juan Carlos Moreno, expuso en la media hora previa de la Cámara de Representantes, la necesidad de instalar en Paysandú el SAME 105”. Explicó que la descentralización del servicio permite que “los ciudadanos del interior profundo tengan las mismas oportunidades que los residentes en Montevideo o en las capitales departamentales. Vimos con alegría el fortalecimiento de una zona del departamento de Paysandú en las diferentes rendiciones, así como en el presupuesto quinquenal. En el eje de la ruta 90, la devolución de la Unidad Ejecutora al Centro Auxiliar de Guichón, así como la reapertura de policlínicas en centros poblados de diferentes municipios”. Moreno destacó que “en el eje de las rutas 3 y 26, la salud está necesitando refuerzos en cuanto a recursos humanos para la policlínica de Quebracho y su ampliación horaria para tener una mayor presencia durante las 24 horas”.

Explicó que “hay ambulancia e infraestructura que no se ha podido usar como corresponde, como en Chapicuy”.
El tema planteado no es nuevo y, lamentablemente, se repite cada tanto. Ante esta situación cabe preguntarse: ¿qué es lo que está faltando para que una carencia de tanto impacto sanitario y tanta necesidad humana sea finalmente solucionada? ¿A quién le corresponde tomar la decisión técnica y política para que un reclamo popular tan justificado y necesario pueda finalmente concretarse? ¿Será que nuevamente –y sin importar el partido político que gobierne– los “genios” de Montevideo están haciendo “tejes y manejes” que priorizan a la zona metropolitana y a los balnearios al este de Montevideo en detrimento del interior profundo?

Es verdad que cada tanto la clase política pone este importante tema sobre la mesa, pero lo preocupante es que no se logren diseñar y ejecutar acciones concretas. No obstante, es de justicia mencionar que, a instancias del entonces presidente de la República José Mujica, en el año 2014 se creó el “Sistema de Transporte Aeromédico de Emergencia”, estrategia impulsada por Presidencia de la República y el Ministerio de Salud Pública y coordinada con la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Fuerza Aérea, lo cual implicó la compra de una aeronave Airbus Helicopters AS- 365 “Dauphin” que fue adquirida por la Presidencia de la República para el rescate de personas en situación de emergencia y para traslado sanitario. En el año 2024 el entonces presidente Luis Lacalle Pou firmó una resolución por la cual se destinaría parte de lo recaudado en multas en rutas nacionales para la compra de un nuevo helicóptero para emergencias viales. Aun así, está a la vista que esos esfuerzos han sido insuficientes.
Lo cierto es que la atención de emergencias médicas en el interior no puede limitarse a la cobertura de accidentes viales, sino que debe atender las situaciones sanitarias puntuales y habituales de los habitantes de esas regiones. Sin lugar a dudas una atención sanitaria eficaz y eficiente a esa población rural sumaría razones para que quienes quieran permanecer en el campo puedan hacerlo. La semana pasada, el sitio de noticias Todo el campo recogió declaraciones sobre este tema formuladas por el Dr. en Economía Diego Aboal, quien integra el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) y fue director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el período 2020-2025. Aboal informó que, “en el mundo, Uruguay está ente los 11 países de menor población rural del planeta. En 1963, casi 500.000 personas vivían en el medio rural”, un total que ha caído notoriamente: Hoy, según el censo 2023, quedan unas 140.000. En apenas 60 años, Uruguay perdió más de 350.000 habitantes rurales”, lo que “significa pasar de una población rural del 19% al 4% de la población total” del país. Estamos ante “una caída de casi 80% en términos relativos”.
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 8, establece que “todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”. Es hora de que esta norma deje de ser letra muerta para volverse una realidad y que se terminen los ciudadanos “de primera” y de “segunda” cuando hablamos de servicios sanitarios en el interior del departamento.

El de AFE debería ser un caso de estudio en las universidades del mundo, la liquidación, lenta y triste, de un monopolio público. No una reforma que lo tumbe y, desde los cimientos, dar inicio a algo nuevo que le suceda, no. Como un ensañamiento el Estado uruguayo se encargó de desangrar una de sus empresas, de desinflarla, quitándole sentido de a poco, viendo cómo los funcionarios que iban quedando atestiguaban el proceso a costo, seguramente, de su propia salud, física y mental, asignándole una misión que al mismo Estado ya no le interesaba, mientras todo alrededor se iba cayendo de a pedazos, literalmente, porque mientras se desarticulaban secciones, los locales que iban quedando vacíos y sin mantenimiento se venían abajo, cuando no se los llevaron en carretilla. Pero a la misma vez nadie se ha animado a dejar de sostener la mascarilla de oxígeno para poner fin a la agonía y el discurso seguía siendo el de revitalizar, invertir, recuperar. Una y otra vez, uno y otro período, la empresa siguió cayendo al vacío, y en eso sigue, con cada vez menos trabajadores, funciones y razón de ser. Y ahí está la Estación Central, viejo símbolo de la modernización del país convertida en un yuyal cercado con un tejido exhibiendo su ostentosa fachada como si fuese una parodia de su original propósito.

Ahora, el actual directorio ha lanzado una licitación para desprenderse de material en desuso y poner en marcha “un plan de ordenamiento de su patrimonio inmobiliario en todo el país”, como una forma de “generar ingresos para fortalecer el sistema ferroviario”, además de “reducir la dependencia del subsidio estatal y reposicionar al modo ferroviario como un actor clave en la logística nacional”, según indicó en una entrevista con radio Carve el presidente del directorio, Ernesto César.

En la aplicación de estas medidas, la empresa está llevando a cabo un relevamiento de los importantes volúmenes de rieles, durmientes y otros materiales que quedaron fuera de uso tras la modernización de la infraestructura, especialmente a partir de la obra del Ferrocarril Central, pero también por otras renovaciones, como la que se concretó —parcialmente al menos— en esta zona del país, donde también quedó mucho material ocioso, acumulado en diferentes puntos y del que se pretenden desprender, incluyéndolo en estas licitaciones, vendiéndolo como acero reutilizable.

Además de generar recursos, la medida busca resolver problemas asociados a estos acopios, como vandalismo, falta de seguridad e inconvenientes para las comunidades cercanas. “Estamos solucionando un problema en territorio y al mismo tiempo creando una fuente de ingreso para el modo ferroviario”, señaló César.

El directivo aludió en estos planes a la intención de que Servicios Logísticos Ferroviarios (SELF), una empresa subsidiaria, creada hace ya décadas como una estrategia para concretar estos mismos planes que ahora vuelven a anunciarse, pero que terminaron en lo mismo de siempre, la situación de SELF difiere poco de la de AFE.

César sostiene que estas decisiones se enmarcan en el proceso de transformación del sistema ferroviario, cuyo inicio sitúa años atrás en la apertura del uso de las vías con fines de transporte de carga a operadores privados, lo que tuvo una primera concreción real recién con la inauguración del Ferrocarril Central. En este esquema, AFE participa a través de SELF, en los papeles una empresa de capital estatal, que opera en régimen privado. Pero podría también situarlo en el momento que quisiera, porque hablar de un proceso, como dando la idea de que se han venido dando pasos prestablecidos en un programa, proyecto o cosa similar, cuando a la vista está que nada de ello ha ocurrido y que lo poco que sobrevive lo hace por pura vocación y resistencia de los trabajadores, que una y otra vez han planteado alternativas y reclamado mejorar para trata de sostener lo que por un lado las autoridades han estado diciendo, un período de gobierno tras otro, pero que no han llevado a la práctica más que en forma parcial y dejando por fuera la estructura de aquella empresa gigante que se conformó tras la adquisición de los viejos ferrocarriles de los ingleses, ferrocarriles que no supimos mantener y mucho menos mejorar.

Para César se ha abierto una oportunidad para “redimensionar la empresa y enfocarnos en la operación ferroviaria”, en alusión a las decisiones que en 2022, por vía legal, trasladaron al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la administración y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, lo que deja a AFE solamente en el rol de operadora, tanto en pasajeros como en carga. Sin embargo en los hechos es una operadora que solamente opera una línea de pasajeros entre Tacuarembó y Rivera dos veces por semana y que en materia de cargas hace traslados para Ancap entre Minas y Montevideo, por medio de SELF, y que aspira a recuperar el traslado de combustible, también de Ancap, a las plantas de Treinta y Tres y Durazno. Aspira, porque hasta ahora no hay nada oficial, y, como están las cosas, quizás hasta más conveniente sea para la petrolera —y para todos— una tercerización de estos pocos traslados que van quedando, y empezar a ir terminando con esta triste agonía.

La historia de las relaciones internacionales rara vez se escribe con la celeridad que demandan los mercados, pero el caso del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) representa un ejercicio de paciencia que ha rozado la parálisis durante un cuarto de siglo. Resulta paradójico que, tras 25 años de negociaciones estancadas, haya sido un factor externo –la retórica proteccionista de la Administración estadounidense de Donald Trump y su amenaza de aranceles globales– el catalizador definitivo para que Bruselas volviera la mirada hacia el Cono Sur. La firma del acuerdo en enero de 2026 en Asunción marcó un hito diplomático, pero el texto, lejos de ser un punto de llegada, se ha revelado como el inicio de una fase de incertidumbre política y técnica de consecuencias aún impredecibles para Uruguay.
En la orilla oriental del Río de la Plata, la disposición ha sido históricamente de urgencia. Para Uruguay, el acuerdo no es solo una oportunidad comercial; es un mecanismo de liberación frente al “corsé” que ha supuesto un bloque regional a menudo disfuncional. Sin embargo, en el continente europeo, la realidad es de una fragmentación de intereses que la burocracia comunitaria apenas logra disimular. La heterogeneidad de las economías que componen la Unión ha generado un baile de idas y venidas donde los reparos ambientales y las cuotas agrícolas se han utilizado como escudos para proteger intereses domésticos. Hoy, la implementación plena de esta zona de libre comercio, que aspira a eliminar barreras para el 90% de los productos intercambiados, se enfrenta a una ratificación parlamentaria que amenaza con ser tortuosa.
El foco de la resistencia se localiza, una vez más, en París. El gobierno francés, presionado por un sector agrícola con una capacidad de movilización social extraordinaria, ha liderado el bloque de los escépticos. Francia no solo pide cautela; exige salvaguardias que califica de “concretas, precisas y operativas”. Bajo este lenguaje tecnocrático se esconde el temor a una opinión pública soliviantada ante las próximas contiendas electorales. Los lobbies de productores de Francia y Polonia ven en la carne y los granos del Mercosur una amenaza existencial, y su influencia en el Parlamento Europeo es lo suficientemente sólida como para augurar una votación ajustada en abril. La estrategia de los opositores en Estrasburgo es clara: dilatar los plazos y utilizar las mociones de censura como herramientas de desgaste para posponer lo inevitable.
Mientras tanto, en Uruguay, el sistema político decidió apostar por la celeridad. El Poder Ejecutivo y el Legislativo coinciden en la ambición de ser el primer país del bloque en ratificar el tratado. La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes ya trabaja en el texto con la presencia del canciller, Mario Lubetkin. No obstante, el manual de la prudencia sugiere que la rapidez en Montevideo no garantiza un amanecer más temprano en el acceso a los mercados. El proceso legislativo uruguayo se enfrenta a una decisión binaria: aprobar o rechazar el texto íntegro, sin posibilidad de enmiendas. Este escenario obliga a una reflexión profunda sobre quiénes serán los ganadores y perdedores de un cambio en las reglas de juego que transformará el mapa productivo del país.
La competitividad emerge aquí como la palabra clave y, a la vez, como el gran talón de Aquiles de la economía nacional. La firma del acuerdo ha dejado al descubierto las tareas pendientes que el país postergó durante décadas. En un mercado de libre intercambio con Europa, Uruguay no solo competirá con los agricultores franceses; competirá, fundamentalmente, con sus propios vecinos del Mercosur. Brasil, Argentina y Paraguay comparten una estructura productiva similar, pero a menudo con costos operativos inferiores y escalas de producción que el Uruguay pequeño debe compensar con eficiencia y calidad.
Las voces de alerta desde el sector agropecuario son nítidas. Jorge Andrés Rodríguez, desde la Federación Rural, ha señalado que el impacto positivo de la reducción de aranceles podría quedar diluido si no se aborda la estructura de costos internos. El valor del dólar y el patrón de precios relativos sitúan a Uruguay en una posición de vulnerabilidad frente a competidores extremadamente ágiles. La agilidad que el mercado demanda no siempre es la que caracteriza a una clase política más preocupada por el equilibrio electoral que por la reforma estructural. En la misma línea, Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), subrayó la complejidad de las cuotas cárnicas. El acceso a Europa no es un cheque en blanco; es un derecho a postularse y negociar en una mesa donde cuatro potencias regionales buscarán el mismo trozo de pastel.
El acuerdo con la UE es, en definitiva, un espejo que devuelve una imagen incómoda de la realidad nacional. Durante años, la retórica del “atraso cambiario” y la “falta de inserción internacional” sirvió para justificar las carencias del sector exportador. Ahora que la inserción está a un paso de concretarse, queda en evidencia que los deberes en materia de competitividad no se han hecho. Las asimetrías económicas con los vecinos y la rigidez de los costos internos –desde la energía hasta la logística– actúan como un lastre que ningún tratado comercial puede eliminar por sí solo.
Es imperativo que el gobierno y el sistema político en su conjunto abandonen la complacencia de los “festejos” diplomáticos y asuman una visión pragmática. La ratificación parlamentaria es solo el trámite legal de un desafío mucho mayor: el de la supervivencia económica en un entorno global de alta exigencia. La ventana de oportunidad que ha abierto el contexto geopolítico actual no permanecerá abierta indefinidamente. Si el país se limita a “acomodar el cuerpo” ante el próximo ciclo electoral, corre el riesgo de que el histórico acuerdo UE-Mercosur termine siendo una victoria de papel, una zona de libre comercio donde Uruguay tenga los productos, pero no los precios para venderlos. La competitividad no es una opción política; es, a partir de ahora, una condición de subsistencia.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) observa con preocupación el aumento drástico en los casos de sarampión en las Américas durante el año pasado y lo que va de 2026, por lo que emitió una nueva alerta epidemiológica para la región en la que hace un llamado a los países a intensificar la vigilancia, realizar vacunación y dar respuesta rápida a los brotes para interrumpir la trasmisión y proteger a la población.
La comunicación, destaca la persistencia de casos y brotes en varios países en un contexto de aumento sostenido de casos durante 2025 en comparación con los últimos cinco años, una tendencia que parece continuar en 2026 según la información oficial del organismo internacional. En 2025, la región notificó 14.891 casos confirmados de sarampión, incluyendo 29 defunciones, en 13 países: Argentina (36 casos), Belice (44 casos), Bolivia (597 casos), Brasil (38 casos), Canadá (5.436 casos, incluyendo 2 defunciones), Costa Rica (1 caso), El Salvador (1 caso), Estados Unidos (2.242 casos, incluyendo 3 defunciones), Guatemala (1 caso), México (6.428 casos, incluyendo 24 defunciones), Paraguay (49 casos), Perú (5 casos) y Uruguay (13 casos). Este total representa un aumento de 32 veces respecto a los 466 casos registrados en 2024, lo que marca el punto más crítico desde 2019.
Según informó la OPS, en las primeras tres semanas de 2026, se confirmaron 1.031 casos adicionales de sarampión en siete países –Bolivia (10), Canadá (67), Chile (1), Estados Unidos (171), Guatemala (41), México (740) y Uruguay (1)– sin defunciones notificadas.
Según el mismo informe, en 2025 se notificaron más de 552.000 casos sospechosos de sarampión en 179 países, de los cuales cerca del 45% (247.623) fueron confirmados, lo que refleja un resurgimiento global de la enfermedad en un contexto de brechas persistentes de inmunización.
Este total representa un aumento de 43 veces en comparación con los 23 casos notificados en el mismo período de 2025 y también una constatación de que la inmunidad colectiva se está debilitando peligrosamente.
Como es sabido, la interconexión regional, facilitada por el turismo y el comercio y el aumento de la movilidad internacional pospandemia, hacen que la geografía no sea un obstáculo y convierte a cualquier brote en los países vecinos en una amenaza latente para las fronteras uruguayas.
El sarampión es altamente contagioso pero prevenible mediante la vacunación con dos dosis, por lo cual el organismo internacional está solicitando a los países cerrar brechas de cobertura, mantener la vigilancia y proteger a los viajeros cuando se dirigen a zonas de trasmisión activa, especialmente en el contexto de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y otros eventos masivos con alta movilidad de personas.
Uruguay, que se enorgullecía de no haber registrado casos de trasmisión local desde 1999, vio interrumpida la buena situación de más de dos décadas con el resurgimiento del sarampión con un foco en el departamento de Río Negro. Luego, el impacto geográfico no se limitó a esta zona del país sino que hasta la fecha también se reportaron casos en Montevideo, Maldonado y Rivera, lo que indica que el riesgo de propagación es real y requiere una vigilancia activa en todos los departamentos. Esto, sumado a la situación regional, se ha transformado en un desafío que demuestra la erosión sistemática de las coberturas de vacunación y la existencia de grietas en el escudo sanitario del país.
Si bien podemos estar tentados a pensar que el sarampión es una enfermedad que siempre existió y se cura con reposo, en realidad se trata de uno de los virus más agresivos conocidos. Su tasa de ataque es muy grande ya que en una población no vacunada una sola persona infectada puede contagiar a otras 18 y, por otra parte, no se necesita contacto físico ya que el virus puede permanecer suspendido en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada haya abandonado una habitación. Por otra parte, los síntomas se pueden confundir con los de una gripe hasta que aparecen las manchas, pero el contagio puede ser anterior a éstas. Y aunque los casos registrados hasta ahora en Uruguay han sido leves, se trata de un virus que puede causar daños permanentes y graves como neumonía, encefalitis, ceguera o sordera.
Uruguay cuenta con un esquema de vacunación gratuito que incluye vacuna contra este virus pero la efectividad del sistema depende de la participación de la población. Una sola dosis de la vacuna otorga un 93% de protección pero al completarse la segunda, la inmunidad alcanza al 97% y suele durar toda la vida. Parecería que no hay excusas para dejar de vacunarse, sin embargo, este escudo protector tiene sus fallas. La desinformación, ciertas creencias religiosas, e incluso las “fake news” crean barreras difíciles de penetrar para los equipos de salud.
Uno de los mayores desafíos actuales es la población de adultos jóvenes y de mediana edad ya que como la segunda dosis se incorporó en 1992, muchas personas nacidas entre 1967 y 1987 pueden tener solo una dosis y por eso el MSP está convocando a vacunarse bajo la consigna de que Uruguay no puede dejar de ser un país libre de sarampión y eso es “una tarea de todos”.
Resulta paradójico que en un país con un sistema de salud tan robusto como el nuestro, la falta de memoria histórica sobre la gravedad potencial del sarampión se convierta en nuestra principal vulnerabilidad, dejando a los nacidos en el período mencionado en una zona gris de protección.
Hay que considerar también que la percepción de seguridad que brindan décadas de control del virus puede haber derivado en una peligrosa complacencia, reduciendo la urgencia de mantener nuestros esquemas de vacunación al día ante síntomas que muchos médicos jóvenes ni siquiera han visto en su práctica clínica.
El asunto también ha puesto sobre la mesa un debate sobre derechos: por una parte la Ley 9.202 y decretos posteriores establecen la obligatoriedad de la vacunación para el acceso a centros educativos y la obtención del carné de salud y por otro, ciertos movimientos que incluso encuentran eco en el Parlamento, han impulsado proyectos de ley que defienden la libertad de elección.
El caso es que la consigna de “mi cuerpo, mi decisión” choca de frente con la realidad biológica: al no vacunarse la persona no solo asume un riesgo para sí misma sino que se transforma en un eslabón de contagio para el virus que, podría contagiar por ejemplo a bebés que aún no tienen edad para recibir la vacuna o pacientes con defensas deprimidas.
Por otra parte, es evidente que no alcanza con tener las vacunas disponibles y que se necesita un trabajo de cercanía con respeto cultural y una comunicación clara que despoje a algo tan vital como la vacunación de tintes políticos o ideológicos.
La salud pública es una construcción colectiva y frágil. Nuestro país cuenta con una historia de éxito en vacunación y una infraestructura de salud de gran nivel y no podemos descansar en los laureles. Sin embargo, este éxito histórico de las vacunas en Uruguay nos ha puesto ante la trampa de que al no haber visto casos de sarampión en tantos años, hemos perdido el sentido de urgencia. La ciencia ha desarrollado una vacuna efectiva contra este virus. No deberíamos permitir que una enfermedad de hace 2.500 años propagada mundialmente a partir del siglo XVI, nos perjudique nuestro bienestar en el siglo XXI.

El ministros de Turismo, Pablo Menoni, dijo en el programa televisivo Polémica en el Bar que antes de terminar este período de gobierno se espera tener habilitado un mecanismo para que quienes visitan el país en condición de turistas puedan acceder a comprar y consumir cannabis de manera legal, algo que les está vedado en el marco normativo actual. A raíz de este comentario del secretario de Estado el tema fue abordado en el periodístico Las cosas en su sitio, de Radio Sarandí, donde recogieron algunos antecedentes al respecto de este asunto con el que se viene “mareando” hace años, desde que se aprobó la ley que habilitó a los uruguayos, prácticamente.

No es la primera vez que el tema está sobre la mesa, lo hemos abordado anteriormente incluso en esta misma página, por ejemplo cuando la exministra Liliám Kechichián pronunció públicamente haber cambiado de opinión al respecto, para pasar de reticente a partidaria de abrir la posibilidad a los visitantes de acceder a este producto, en las mismas condiciones que los uruguayos, algo que reafirmaría, decía en ese momento, “la postura progresista del país” entorno al consumo de esta sustancia.

Durante el período pasado, mientras superábamos las secuelas de la pandemia y la declaración de la emergencia sanitaria, especialmente dura con el sector turístico, un grupo de legisladores del Frente Amplio presentó un proyecto de ley que pretendía al mismo tiempo habilitar y regular el turismo canábico. En la exposición de motivos explicaban que se busca “complementar la normativa” vigente, teniendo en cuenta su incidencia en el desarrollo de la actividad turística en nuestro país. Entre quienes opinaron al respecto estuvo el entonces ministro de Turismo, Tabaré Viera, quien por un lado planteó que no debería ser la marihuana un producto turístico, pero por otro expresó que no debería existir restricciones para que quienes vienen de visita accedan en las mismas condiciones, es decir, que tengan los mismos derechos. Y aunque pudiera parece una contradicción, en realidad no lo es, porque una cosa es autorizar a un turista que llega al país a comprar y consumir una sustancia que es legal para los residentes, y otra muy distinta es hacer campañas publicitarias anunciándolo, haciendo énfasis en ello, en lugar de en nuestros valores como destino turístico.

Por otra parte había en las manifestaciones de Tabaré Viera en ese momento un reconocimiento implícito: los turistas ya están accediendo al cannabis.

“No tiene sentido que tengan determinadas prohibiciones que en definitiva después terminan si son consumidores, visitantes, pero consumidores, terminen buscando bocas de venta, que es lo que queremos evitar”. La demostración sobre lo fácil que es acceder al producto para los visitantes la dieron los populares youtubers que estuvieron el año pasado en el país, Luisito Comunica y Speed, que no la compraron en la farmacia.

El mecanismo que se piensa sería una habilitación temporal, que les permita comprar y consumir en el circuito legal de la misma forma que los nacionales, sin tener que exponerse innecesariamente en el mercado ilegal.

Ahora bien, pongamos que se decide avanzar en este camino, lo primero que hay que hacer es ponerse en consulta con los gobiernos vecinos, no para pedir autorización, que bueno fuera, sino para evitar reacciones adversas que puedan poner en riesgo las relaciones internacionales y que puedan tomar las medidas que entiendan oportuno para advertir a sus nacionales al viajar a nuestro país sobre, por ejemplo, los riesgos de pretender regresar con lo adquirido a sus respectivos países —así como debería advertirse a quienes viajan a Brasil sobre lo sensible que está esa sociedad con respecto a temas de discriminación racial y el cuidado que hay que tener en la gestualidad y en las expresiones, válido para hinchadas de fútbol, pero también para cualquiera que vaya de paseo—.

Una de las posibilidades que se abre, de acuerdo a lo que se comentó en el programa radial, es ampliar las potestades de los clubes canábicos, una de las vías legales que autorizó el país para acceder a la sustancia. El proyecto que se planteó en 2022 les permitía incrementar su número y la cantidad de plantas en producción, como una forma de atender el incremento en la demanda, en un contexto de oferta reducida. Si este es el criterio, habrá que poner mucho la lupa encima de estos clubes, que pueden volverse una especie de agujero negro en la normativa. Sin ir más lejos cabe mencionar el incidente de mediados de enero de este año, cuando un “cliente” —como se lo menciona en las notas de El País y de Montevideo portal sobre el incidente— asaltó uno de estos clubes que funciona en Montevideo, en la zona de Villa Dolores. Al respecto cabe indicar que los clubes canábicos no pueden tener clientes sino miembros, en la medida que no pueden comercializar la sustancia a externos. Se dijo que esta persona frecuentó el club durante algunas semanas antes de cometer junto a sus secuaces el atraco que les reportó seis kilos de marihuana y $ 40.000 en efectivo. No somos quienes para opinar si esto es mucha sustancia o mucho efectivo para el funcionamiento de un club. Antes de darles más cuerda habría que terminar de establecer controles para ver si efectivamente funcionan como estaba previsto que lo hicieran.

El uso y goce del espacio público está contenido en la ley y es para todos los ciudadanos. Es la misma normativa que define las faltas y penaliza con trabajo comunitario las conductas que violenten la convivencia y deterioren sus instalaciones.

En la actualidad, basta caminar por cualquier ciudad del país para observar el incumplimiento de las disposiciones. Pero, particularmente en Paysandú, además del incumplimiento de la normativa, se observan actos de desidia que afectan la convivencia, además del libre tránsito de las personas.

Las veredas rotas u ocupadas con vehículos, residuos, desperdicios de materiales de construcción o artículos promocionales; las volquetas desbordadas o rotas; el abandono de balizas que demarcan pozos en medio de las calles –incluso en algunas preferenciales– por tiempo indefinido; balizas colocadas sobre las veredas sin justificación; la persistencia de personas en situación de calle que duermen en plazas y frentes de viviendas particulares a cualquier hora del día; y la vandalización del ornato público demuestran que en los hechos las leyes no están para ser respetadas.

En algunos casos son normas imposibles de aplicar o controlar, pero también sucede que muchas veces son interpretadas según el “cristal político” con que se mire. Como, por ejemplo, la ley de faltas, que establece con certeza el derecho al uso y goce de los espacios públicos, el fomento de la convivencia, así como define las faltas en caso de incumplimiento.

El mantenimiento irregular de los espacios comunes es una responsabilidad colectiva que se incumple. En nuestros “Cortocircuitos ciudadanos” se exponen todos los días las dificultades existentes en amplias zonas de la ciudad que persisten por meses.

Y no son simples incomodidades que generan dificultades en el paso de los vecinos; es la restricción al uso de un espacio público básico, como las calles, plazas o veredas, que muchas veces se reducen a espacios donde se instalan todo tipo de efectos personales.

Pero nada puede ejercerse fuera de la ley y, si no se cumple, entonces se elude. Los gobiernos departamentales están llamados a activar los mecanismos para que la ciudad sea accesible en toda la extensión de la palabra y del territorio. De lo contrario, perderemos tiempo —como hasta ahora— en declaraciones amigables con determinados colectivos, cuando solo alcanza con recorrer los barrios para ver la realidad.

Como sociedad, estamos llegando a un punto en que no bastan las exhortaciones, porque ya conocemos las abundantes explicaciones sobre derechos y deberes.

Es decir, no es posible que los vecinos deban abandonar las plazas a determinadas horas del día porque hay otros que ejercen la mendicidad o pernoctan bajo los efectos de sustancias. Tampoco es aceptable que no se pueda transitar por veredas que comprometen el paso de personas con discapacidad, baja movilidad o adultos mayores, por ocupaciones indebidas. Los organismos encargados de proteger esos derechos no deben dar explicaciones, sino actuar, porque son sus competencias. Aunque resulte antipático, el fin principal es el uso y disfrute de los espacios en comunidad y, si una política departamental no alcanza para tomar medidas, entonces persistirá el problema de la convivencia.
Los vecinos verán la aplicación desigual de la ley, porque unos pueden ocupar el espacio para vivir u otros para vandalizarlo sin que nada suceda.

Las generaciones pasadas recuerdan el uso de los espacios públicos con un rico anecdotario y cada barrio tuvo su impronta. Pero todos ayudaron a construir una identidad colectiva que, en nuestro caso, es el ser sanducero.

Hoy parece dificultoso continuar con aquel legado. Porque la indignación ciudadana se expresa en las páginas, gana lugar en redes sociales, en nuevos hábitos ante la inseguridad y en la visibilidad de una ciudad que, como Paysandú, pretende mostrarse al visitante desde sus puntos de vista histórico, turístico, productivo y de hermandad con el mundo.

En los últimos años —no hace muchos— ese espacio comenzó a transformarse de manera silenciosa, ya sea por nuevos hábitos de las generaciones digitales, así como particularmente por las desigualdades en el uso y costumbres de las comunidades.

Resta cuestionarnos si los cambios en la utilización de los espacios públicos vinieron para quedarse o serán temporales, por cuestiones sociales o por deterioro en el cumplimiento de los derechos de uso y goce para todos.

¿Qué otros cambios vendrán en el futuro como consecuencia de las transformaciones sociales que las nuevas generaciones impondrán en el uso del espacio público? ¿Cuánta accesibilidad mostrarán los lugares comunes, donde el uso y goce verdadero —para todos por igual, sin dificultades ni miedos— no sea una vulneración de derechos humanos?.

El uso de la IA es un hecho de la realidad tan contundente como imparable, y la discusión sobre su uso o no es tan bizantina como inútil. Nadie discute hoy en día si la Tierra gira alrededor del Sol o por qué punto cardinal amanece en el mundo. Tampoco debería hacerse con la IA, que es como un tren que viene de frente a toda velocidad. Por ello, nuestro esfuerzo debe estar centrado en cómo utilizarla, en lugar de tratar de tapar el sol —o detener un tren— con un dedo.

Un artículo publicado en julio de 2023 por Stefania Giannini, subdirectora general de Educación de la Unesco, expresó que: “La tecnología nunca es ideológicamente neutra. Exhibe y privilegia determinadas visiones del mundo y refleja formas particulares de pensar y conocer. Los nuevos modelos y servicios de IA generativa no constituyen una excepción. Los chatbots de IA como ChatGPT permiten que los usuarios tengan una experiencia radicalmente diferente con respecto a las tecnologías de IA basadas en búsquedas tradicionales de Google u otras webs. La tecnología de búsqueda selecciona y clasifica un menú de contenidos que los humanos han elaborado en respuesta a las consultas de los usuarios. En cambio, los chatbots con grandes modelos lingüísticos generan respuestas singulares y, como tales, mucho más autorizadas, utilizando contenidos producidos por máquinas. Los chatbots de IA funcionan, por tanto, como oráculos omniscientes. (…) En definitiva, las respuestas carecen de humanidad.

Las máquinas que proporcionan respuestas inmediatas, concisas y aparentemente definitivas a preguntas sobre determinados conocimientos pueden resultar útiles para los alumnos, los docentes y otras personas. Pero la tecnología también puede marcar el comienzo de un mundo en el que el conocimiento de las máquinas se convierta en dominante y los modelos de IA patentados se eleven a la categoría de fuentes globales, e incluso veneradas, de autoridad. Estos modelos proyectarán determinadas visiones y formas de conocer el mundo, dejando en un segundo plano a otras. A pesar de las promesas de la IA y otras tecnologías digitales de diversificar aún más nuestros sistemas de conocimiento, es posible que estemos avanzando en la dirección contraria. (…) A medida que la tecnología de la IA sigue impregnando nuestro mundo, debemos preservar y salvaguardar la diversidad de nuestros sistemas de conocimiento y desarrollar las tecnologías de la IA de manera que protejan y amplíen la riqueza de nuestros conocimientos como bien común. No podemos permitir que nuestros diversos sistemas de producción de conocimiento se atrofien, y debemos evitar que la creación de conocimientos se desvincule de los seres humanos. Aunque las máquinas entiendan algún día nuestra moral y nuestra ética, ese día aún no ha llegado. Ajustar la inteligencia de las máquinas a los valores humanos representa, como han afirmado muchos científicos y filósofos, un compromiso apremiante”.

En el marco de esta filosofía anticipatoria, en las últimas semanas “un total de 21 medios de comunicación de 12 países de América Latina han sido seleccionados para la etapa de implementación del AI Product Lab, un programa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con el apoyo de la Google News Initiative (GNI). Con el objetivo de impulsar la innovación y la aplicación de inteligencia artificial en las redacciones, esta fase clave permitirá a las organizaciones periodísticas avanzar del diseño de ideas a la implementación técnica de soluciones basadas en IA orientadas a fortalecer la sostenibilidad y el desarrollo editorial en la región. (…) Nuestro objetivo es promover un debate informado, la colaboración regional y el aprendizaje práctico que fortalezcan el periodismo, la innovación y la libertad de expresión en América Latina”, señaló Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

Como ha informado la comunicadora argentina Guadalupe López: “El documento firmado por la SIP también tiene como objetivo garantizar que las oportunidades comerciales y la innovación puedan prosperar dentro de un marco ético y responsable. (…) El documento, respaldado por más de 25 organizaciones internacionales, constituye un capítulo más en la batalla de los medios contra los modelos de inteligencia artificial generativa, en línea con el bloqueo que varios medios han realizado para que su contenido no pueda ser rastreado y utilizado para entrenar a ChatGPT”. (…) Ante este panorama, la postura de la SIP debe ser tomada en cuenta como un ejemplo sobre cómo abordar un tema que no es una moda pasajera, sino que ha cambiado y seguirá cambiando nuestra manera de vivir, de trabajar y de interactuar con otras personas.

En ese abanico de posibles afectaciones, el propio periodismo y la educación son áreas que requieren especial atención. En el periodismo, por los desafíos ya mencionados y por la tentación de recurrir a la ley del mínimo esfuerzo para retener información sin informarse debidamente acerca de lo que se está hablando, lo que lleva indefectiblemente a una menor conciencia de lo que se escribe. En parte, ello se debe a una pérdida de capacidades cognitivas que se arrastra de generación en generación.
En efecto, como lo ha señalado la historiadora argentina Laura Peiró: “Desde finales del siglo XIX, cada nueva generación superaba a la anterior en las pruebas de desarrollo cognitivo, un fenómeno que los expertos documentaron y celebraron como una constante de la evolución social.

Sin embargo, los datos más recientes indican que hemos llegado a un oscuro punto de inflexión histórico: la Generación Z es, oficialmente, la primera en registrar niveles de inteligencia inferiores a los de sus predecesores, los millennials. (…) Este retroceso no es una percepción subjetiva ni una queja generacional de café; es una realidad técnica respaldada por estudios globales y expertos en neurociencia. En enero de 2026, el doctor Jared Cooney Horvath, neurocientífico cognitivo especializado en aprendizaje humano, presentó un testimonio impactante ante el Senado de los Estados Unidos confirmando este declive. La tendencia que nos hizo ‘más inteligentes’ que nuestros padres y abuelos durante décadas se ha revertido, planteando una emergencia social que cuestiona directamente los pilares del sistema educativo moderno”.

Sin lugar a dudas, el uso responsable de la IA requiere un marco normativo basado en la ética, la responsabilidad, la libertad de expresión, la libertad de prensa y la protección de la individualidad de las personas. Todo ello exige reglas claras que impidan “monopolios de hecho”, como sucede hoy con varias empresas de tecnología y comunicaciones. A ello debe sumarse, además, la perspectiva humana en los temas importantes, que siempre es necesaria y bienvenida.

Si la IA hubiese existido en 1492 y los Reyes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla le hubiesen preguntado si la Tierra era redonda, seguramente Colón todavía estaría esperando la respuesta en el puerto de Palos. Gracias a la decisión de los Reyes, no fue así. Y ello demuestra que, muchas veces, la IA no es sinónimo de progreso, sino de confirmación de lo ya conocido y, por ende, de una posible limitación para el progreso humano.