Opinión

Nuestro país continúa liderando el desarrollo digital en la región, ubicándose por encima del promedio para las Américas y apenas por debajo de Europa. También está ganando visibilidad en el ámbito de la inteligencia artificial (IA), destacándose a nivel internacional.
En este sentido, Uruguay se convirtió recientemente en el primer país de Latinoamérica en adherirse —junto a once Estados del Consejo de Europa, Canadá, Israel, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea— al primer tratado internacional con carácter jurídicamente vinculante sobre inteligencia artificial. Este acuerdo promueve el progreso y la innovación durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA, al tiempo que busca garantizar que su uso sea compatible con los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.

Existen múltiples formas en que la inteligencia artificial puede ser utilizada de manera perjudicial para las personas. Basta señalar que la actual carrera armamentista tiene lugar en el campo de la IA, a pesar de los esfuerzos de Naciones Unidas por evitar su aplicación en la creación de nuevas armas o soldados digitales superinteligentes. Además, en la vida cotidiana, también puede ser usada como herramienta de vigilancia estatal.
Una de las formas que adopta esta práctica es el uso, cada vez más extendido, de cámaras en espacios públicos que identifican personas mediante reconocimiento facial en tiempo real. También se utilizan tecnologías para el seguimiento de dispositivos móviles o tarjetas electrónicas con el fin de mapear desplazamientos; análisis de patrones de comportamiento a través de algoritmos que detectan movimientos financieros, actividad en redes sociales o trayectos físicos; e incluso, el análisis de llamadas, correos electrónicos o mensajes (aunque esto último generalmente está regulado por leyes de seguridad nacional).

Se trata de un conjunto complejo de prácticas que, por un lado, pueden vulnerar derechos fundamentales como la libertad, la libre expresión o la presunción de inocencia, y por otro, afectan la transparencia si los ciudadanos desconocen qué datos se recopilan sobre ellos. En los regímenes autoritarios, la IA ofrece nuevas herramientas para la represión y el control, facilitando incluso la persecución de disidencias.
En Uruguay, que cuenta con un marco legal sólido en materia de protección de datos personales y que además avanza en una estrategia nacional de inteligencia artificial basada en principios éticos y de derechos humanos, aún se habla poco sobre cómo esta tecnología impacta —para bien o para mal— la vida cotidiana de la población.

El país se ha venido preparando desde hace varios años para el desarrollo de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, aprobada el año pasado para el período 2024–2030. Fue elaborada con aportes de más de 300 personas y 40 instituciones estatales, incluyendo organizaciones de todo el país, en el marco de un proceso liderado por Agesic. Se trata de una hoja de ruta ambiciosa, que define directrices para un uso ético, inclusivo y transparente de la IA en todos los sectores del Estado.
La inteligencia artificial ya no es una posibilidad futura: está entre nosotros. No solo a través de los dispositivos que usamos a diario, sino también como una herramienta concreta en la gestión pública. Por ejemplo, el Estado ya la emplea para optimizar el ruteo de vehículos, clasificar solicitudes en Antel o mejorar la atención ciudadana mediante chatbots.
Agesic ha documentado varios casos de uso de IA en el Estado. Entre ellos, se encuentran la simulación de escenarios de emergencia y evacuaciones; la facilitación de la gestión de permisos de construcción en Montevideo (por el momento sin soluciones similares en el Interior); el procesamiento de lenguaje natural para consultas normativas y la mejora en la búsqueda de información dentro del Estado. Incluso, durante la pandemia, se implementó un sistema automatizado para responder consultas ciudadanas sobre el COVID-19.

Para facilitar el acceso a información básica sobre estas aplicaciones, se creó un Observatorio de Inteligencia Artificial, basado en reportes periódicos de los organismos estatales, que permite centralizar y actualizar esta información en un solo lugar.

Por el momento, el uso más visible de la IA en el Estado es la atención de trámites y consultas ciudadanas: chatbots que responden preguntas o derivan gestiones automáticamente, algoritmos que priorizan determinadas solicitudes. La intención de lograr mayor eficiencia y eficacia en la gestión pública es inobjetable; hacia allí avanza el mundo. Pero cabe preguntarse: ¿qué impacto tiene esto en la vida cotidiana de las personas? ¿Cuántos ciudadanos saben interactuar con el Estado a través de sistemas automatizados? ¿Qué ocurre cuando un adulto mayor intenta realizar un trámite y se enfrenta a una interfaz que no comprende, o cuando alguien no tiene acceso a Internet ni conocimientos para navegar por un sitio web?
En este contexto, parece fundamental no deshumanizar por completo el vínculo entre el Estado y la ciudadanía. Al menos por ahora, la IA debería complementar, y no sustituir, la interacción humana.

También es urgente capacitar a los funcionarios públicos en habilidades digitales, y específicamente en inteligencia artificial. La eficiencia no depende solo de algoritmos: requiere de la intervención humana. Además, muchos de los empleos actuales pueden transformarse radicalmente o incluso desaparecer. Sin embargo, hasta ahora se ha escuchado poco —o casi nada— a los sindicatos de trabajadores públicos sobre esta transformación y reconversión que ya está en marcha. La mayoría de las iniciativas de IA en el Estado se concentran en organismos nacionales o con sede en Montevideo, lo que plantea el desafío de adaptar soluciones a las realidades del interior. En este sentido, deberíamos interesarnos más por cómo estas cuestiones comenzarán a impactar en el ámbito local, claramente influido por lo global. A la luz de las proyecciones sobre IA en Uruguay, parece impostergable formar a ciudadanos y funcionarios para convivir con estas tecnologías y aprovecharlas de forma inclusiva, ética y transparente, como propone la Estrategia Nacional.

Más allá de ser una herramienta de modernización administrativa, la inteligencia artificial debería convertirse en un medio eficaz para el desarrollo territorial. Entonces, cabe preguntarse: ¿se pueden aprovechar las experiencias ya existentes para innovar en la gestión pública a nivel local? ¿Quién debe liderar este proceso? ¿Las intendencias, las empresas públicas, los centros educativos, la sociedad civil organizada?

Es urgente instalar este tema en la agenda pública local. ¿Qué nuevos perfiles laborales comenzarán a ser requeridos? ¿Qué empleos están en riesgo? ¿Está el sistema educativo formando pensamiento crítico en torno a la inteligencia artificial? ¿Puede Paysandú convertirse en un polo de innovación en IA?
La inteligencia artificial no debería profundizar las brechas sociales. Pero es importante recordar que estas tienden a ampliarse cuando las políticas públicas no contemplan las diversas realidades del país.

De acuerdo a lo anunciado por el gobierno, la política educativa de Uruguay para 2025 se enmarca en el Compromiso de Política Educativa Nacional 2025-2030, que busca la construcción de una política de Estado en educación. Entre otros aspectos, los ejes principales son ampliar el Plan Ceibal, la creación de una Universidad de la Educación, el aumento de becas y la transferencia de decisiones a las comunidades, el fortalecimiento de la formación docente para enfrentar los desafíos tecnológicos y la inclusión, el monitoreo continuo de las trayectorias educativas para asegurar la permanencia y el egreso de los estudiantes.

Estos enunciados apuntan a fortalecer el sistema educativo, con educación de calidad para todos, promoviendo la equidad y la inclusión educativa, además de mejorar la formación docente, que incluye reforzar la preparación de los docentes para los nuevos desafíos, incluyendo la evolución tecnológica y las exigencias de la ciudadanía, según se indica en la propuesta.
También ampliar el acceso y la permanencia, incrementar las oportunidades educativas y asegurar la continuidad de los estudiantes en el sistema, uso de la tecnología y la información, ampliar el Plan Ceibal y generalizar el uso de sistemas de información para la toma de decisiones en todos los equipos directivos.

Otro aspecto mencionado es fomentar la participación de las comunidades educativas en la toma de decisiones, acercando el debate a la ciudadanía, mejora de la gobernanza educativa y la gestión de los centros educativos, con un enfoque en la autonomía y la participación.
En fin, enunciados en general compartibles, y más allá de énfasis en algún área u otra, se enmarcan en postulados que con matices han planteado gobiernos de todos los signos, con un saldo no siempre satisfactorio –depende asimismo del color del cristal con que se mire– pero también con el común denominador de las limitaciones en infraestructura, en recursos y bajo la presión y condicionamiento de los gremios de la enseñanza, poniendo piedras en la gestión de la autoridades legítimas en aras de obtener y potenciar su porción de poder.
Ni siquiera el expresidente José Mujica, con los gremios afines de la enseñanza a su postura de izquierda, pudo cambiar este estado de cosas pese a su recordado anuncio de “educación, educación, educación”, para terminar con un resignado “no me la llevan”, aludiendo a la postura y trancazos de los sindicatos del sector.

Con el actual gobierno, lo que se reclamaba de un porcentaje fijo del PBI, seguramente no tendrá andamiento ante las restricciones presupuestales ya materializadas en el proyecto que se discute en el Parlamento, y ello no augura un período tranquilo en la enseñanza.
Sin embargo, hay temas históricos a dilucidar por encima de coyunturas y “reformas”, que refieren al divorcio que históricamente ha sido planteado en cuanto a conceptos sobre la educación y la capacitación para el trabajo en el Uruguay. Este es un desafío que ha sido abordado hasta ahora solo tangencialmente, porque no se ha encarado con la contundencia y decisión necesaria el adaptar la capacitación a la evolución del mercado de trabajo. Ello determina que buena parte de los egresados de la educación secundaria y terciaria se encuentren con un notorio déficit en capacitación para los puestos laborales disponibles –insuficientes, lamentablemente– que se van creando en el país.

Es decir, hay desempleo importante pero a la vez hay sectores que tienen gran demanda insatisfecha por falta de generación de personas con la formación que requieren por ejemplo en el área de las TIC, es decir las tecnologías de la información y la comunicación, entre otras áreas en las que inversiones focales, como es el caso de la forestal, por ejemplo, han creado polos de desarrollo donde hay necesidad de formación específica.
A ello debe agregarse un porcentaje creciente de deserción a medida que se avanza en el sistema educativo, en parte porque hay desestímulo para la juventud en seguir los estudios, que puede deberse a hogares problemáticos en cierta medida, a falta de información sobre como canalizar aptitudes o inclinaciones para traducirlo en el área del empleo a través del estudio, y también a déficit en la oferta educativa para insertarse en la demanda laboral de las empresas.

En este escenario, los gremios docentes constantemente reclaman participar en la gobernanza de la educación, y en realidad no aportan respuestas, sino que son parte del problema, y tienen por regla general motivaciones ideológicas.
Pero seguimos en el gran debe de atender el divorcio entre educación formal y trabajo, la desconexión entre el sistema educativo y el mercado laboral, respecto a lo cual para empezar es fundamental preguntarnos por qué los jóvenes abandonan el sistema educativo, y básicamente las respuestas apuntan al abandono de los estudios para empezar a trabajar, ante necesidades propias o familiares de contar con ingresos en esta etapa de la vida. Por otro lado otros motivos indican que lo que estaba estudiando no era lo que quería o de su interés, como creía al principio.
Es una realidad que responde a un país donde los ingresos de los hogares promedialmente están por debajo de las aspiraciones o necesidades de los integrantes del núcleo y el joven se encuentra con el imperativo de la inmediatez, cuando además lo que aprenden no colma sus expectativas de ingreso al mercado de trabajo, orientación y/o capacidad.

Hay diversidad de factores que inciden para ir alejando al joven de esta etapa clave de la educación, pero en síntesis hay un esquema multicausal que refiere fundamentalmente a que se desacoplan las expectativas y la realidad, porque el estudiante duda si realmente lo que estudia, la oferta en la que participa, le servirá para su futuro y si vale la pena postergar urgencias de ingresos e incluso otros intereses, para una formación que percibe –muchas veces con razón– como de dudosa utilidad.

Estos elementos son los que deberían estar sobre la mesa a la hora de discutir, diagnosticar y actuar en materia de educación y capacitación, y lamentablemente la realidad indica que más allá de algún logro puntual, siempre bienvenido, seguimos con un serio déficit, mientras pasan las sucesivas administraciones y cada una cree venir con la solución bajo el brazo, o peor aún, se abraza a los debates interminables, a las convocatorias al diálogo, también interminables, sin conclusiones valederas y menos aún, con hechos que las respaldan y permitan cambiar la pisada.
Y por algo estamos como estamos.

El trabajo infantil está profundamente ligado a la pobreza y, en la mayoría de los casos, es consecuencia de la falta de ingresos en hogares que residen en los cinturones urbanos desde hace generaciones. Están allí, son visibles, y su presencia ha sido materia prima de múltiples discursos electorales. Las estadísticas indican que hace quince años eran aproximadamente 90.000 los niños y adolescentes en situación de trabajo infantil; actualmente, esa cifra se redujo a 40.200. “Es un disparate”, afirmó el ministro de Trabajo, Juan Castillo, al presentar el informe oficial elaborado por su cartera.
Sin embargo, probablemente esa cifra no refleje la totalidad del fenómeno. Otros factores, como la informalidad laboral y la desprotección institucional, agravan el problema, que se manifiesta de diversas formas y exige políticas públicas integrales para su erradicación.
El trabajo infantil es una expresión clara de la desigualdad que atraviesa a las poblaciones, especialmente en el interior del país, y constituye un mecanismo de perpetuación de la pobreza intergeneracional. En la actualidad, esta problemática parece estar naturalizada, como lo demuestra la ausencia de un plan estratégico nacional para su combate.
A pesar del asombro manifestado por algunas autoridades, conviene revisar el pasado reciente. En 2010, más de 90.000 personas entre 5 y 17 años trabajaban en Uruguay, lo que representaba un 13,4% de esa franja etaria. Aunque hoy el porcentaje ha descendido al 6,8%, ese dato sigue siendo motivo suficiente para visibilizar el problema, aunque solo aparezca cíclicamente en nuevos estudios.
El mayor peso del trabajo infantil se concentra en el grupo de 15 a 17 años, donde se realizan tareas consideradas riesgosas o excesivas para adolescentes. Hace quince años, los varones duplicaban a las mujeres en esta situación; hoy, esa brecha de género prácticamente ha desaparecido. Sin embargo, persiste la desigualdad en las tareas domésticas no remuneradas, ya que las niñas se encargan del cuidado y apoyo en el hogar tres veces más que los varones.
También existen diferencias territoriales: unas 30.000 personas menores de edad que trabajan residen en el interior del país, mientras que las 10.000 restantes viven en Montevideo.
El apoyo a los hogares más vulnerables no debe limitarse únicamente a transferencias monetarias, sino orientarse también a mejorar la capacitación y los ingresos de los adultos que conviven con esos niños. Del mismo modo, un sistema de cuidados con horarios extendidos puede garantizar a los adolescentes una mayor permanencia en los centros de estudio, evitando así que la pobreza se convierta en un círculo vicioso que se repite generación tras generación. Porque cuanto antes ingresan al mundo del trabajo, lo hacen en peores condiciones.
Desde hace décadas, a la vista de todos, niños y adolescentes son empleados durante las zafras en el norte del país. También participan en otras actividades que pueden parecer lúdicas o de exposición, pero que en realidad ocultan formas encubiertas de trabajo infantil.
En Uruguay faltan definiciones claras sobre los matices del trabajo infantil. Es decir, qué se considera trabajo y qué no. Hay actividades sin un empleador directo, como el trabajo de los hurgadores o la colaboración en emprendimientos familiares, donde niños y adolescentes participan sin que necesariamente exista explotación.
Entre las solicitudes de permisos para trabajar presentadas por adolescentes del interior predominan las tareas rurales, mientras que en Montevideo se orientan hacia el comercio minorista, grandes superficies o locales de comida rápida.
En 2006, Uruguay firmó en Brasilia la Agenda Hemisférica para Generar Trabajo Decente en las Américas, que planteaba la eliminación progresiva del trabajo infantil. El compromiso establecía erradicar sus peores formas para 2013 y eliminarlo por completo en 2020. La realidad, sin embargo, dista mucho de esos objetivos, aunque las estadísticas aún provocan asombro en la comunidad.
Según la normativa vigente en el país, la edad mínima de admisión al empleo —sujeta a escolarización obligatoria— es de 15 años, con autorización del INAU. Un adolescente puede trabajar un máximo de 6 horas diarias, y en casos excepcionales, hasta 8 horas si tiene entre 16 y 18 años, debiendo contar con dos días continuos de descanso cada cinco días trabajados.
Como puede observarse, el país ha registrado avances si se comparan las cifras con las de hace quince años. La información estadística permite diagnosticar una disminución del trabajo infantil, atribuible en parte al descenso demográfico en esa franja etaria. Pero también orienta el diseño de políticas públicas en una población cuya situación estructural no ha cambiado significativamente.
Es necesario distinguir el trabajo infantil de aquellas actividades en las que niños y adolescentes colaboran en el hogar o aprenden habilidades básicas. Desde hace años se han incrementado las solicitudes de permisos de adolescentes para trabajar, especialmente durante y después de la pandemia.
En la región, el trabajo infantil se sitúa en torno al 10%, mientras que Uruguay está por debajo del promedio, con menos del 7%. En 2021, el INAU recibió 1.026 solicitudes de trabajo de adolescentes entre 15 y 18 años. En 2022, la cifra ascendió a 1.666, lo que representó un aumento del 48%. Esta tendencia se mantuvo en los años siguientes y es, en parte, un síntoma de la formalización temprana del trabajo en esta etapa de la vida.
A pesar de las cifras presentadas, los datos muestran una tendencia a la baja del trabajo infantil con el paso del tiempo. Es importante recordar que hace quince años la situación era el doble de grave. Y, como ocurre con todos los fenómenos sociales, se requiere de políticas sostenidas en el largo plazo para confirmar y sostener las tendencias. Los gobiernos siempre supieron que las problemáticas sociales que se repiten entre generaciones no se resuelven de un período a otro.
Por lo tanto, no deberían sorprenderse.

El pasado 10 de setiembre se cumplió un año del accidente que sufrió nuestro hijo Sebastián Borthagaray, quien chocó en auto contra un caballo suelto cuando salía de estudiar y que le provocó gravísimas lesiones que aún hoy lo mantienen en CTI.

Una fecha que quedará por siempre marcada en nuestra familia, nuestro hijo está consciente pero tetrapléjico, es decir, no puede mover ni brazos ni piernas y respira a través de una máquina. Nuestra vida familiar cambió, la anterior no existe, hoy no vivimos, sobrevivimos como podemos, esforzándonos en trabajar el tiempo que nos queda libre cuando no lo estamos acompañando. Su porvenir es muy complicado, condenado a una vida de desafíos y limitaciones, pero con la esperanza motivadora de sus grandes ganas de vivir que nos exigen, nos obligan a darlo todo y a seguir adelante pese al cansancio acumulado. Angustia e impotencia son el resultado de este penoso año, mezclado con el profundo amor que nos mueve y, a su vez, nos llena de congoja por su situación. Vivimos momentos muy difíciles, algunos muy críticos, donde su vida parecía esfumarse, pero nuestro hijo siempre supera el obstáculo, siempre da más de lo que parece poder soportar.

Pasamos los primeros 7 meses en el hospital no con pocas dificultades; en el mes de mayo, el nuevo director del HEL nos invitó a retirarnos alegando temas administrativos. Desde febrero venían insistiendo en que debíamos traer a Sebastián a nuestro hogar (¿?), y hacer un CTI en nuestra casa con todos los requerimientos que ese desafío plantea: maquinarias, tubos de oxígeno, respiradores, generadores, etcétera, sin considerar las necesidades, cuidados especiales y el personal especializado, ni el mantenimiento. Y lo más desesperante… todo a nuestro costo. Esta situación nos frustró, nos obligó a buscar soluciones que no teníamos pero que se veían como urgentes.

¿Qué hacemos, a quién apelamos? La atención cambió luego de un estudio al nervio frénico que pagamos de forma particular a profesionales argentinos recomendados por el jefe del CTI del hospital. Dicha intervención, que no se hace en el país, arrojó como resultado que nuestro hijo no volvería a respirar por sí solo. Esta situación, que de haber sido exitosa hubiera dejado bien parado no solo a nuestro hijo frente al problema, sino además al hospital como pionero en la intervención en el Interior, penosamente no resultó y la prensa debió irse sin las notas para las que había sido invitada.

A partir de ahí todo cambió, pareció que Sebastián dejó de ser importante y en los meses siguientes comenzamos a ver la decadencia de su atención profesional. Y quiero justamente destacar que el problema estuvo con las cabezas del CTI, no con el amoroso personal de enfermería, que solo cumple con las órdenes que recibe. Para ellos no tengo más que agradecimiento por el trato con nuestro hijo, a su decir “mi familia del CTI”.

A los seis meses, por intermedio de un amigo en común, se acerca el Dr. Pablo Burjel e intenta poder ver a Sebastián, situación que le fue impedida por el jefe del CTI del hospital.

Le acercamos las imágenes realizadas en Montevideo y Paysandú. El doctor, al ver y analizar las mismas, concluyó que aún había huesos que comprimían la médula. A Sebastián, en Montevideo, debieron haberle operado su cervical abordando la intervención desde adelante y detrás para descomprimir el canal medular, pero solo se hizo por adelante, quedando, a su entender, pendiente una nueva operación para liberar las vértebras que aún oprimían la médula. Que tenía una caquexia crítica o desnutrición severa (ahí escuchamos por primera vez esta palabra) y que debíamos revertir esa situación con urgencia.
Cuando planteamos esta situación al jefe de CTI quedamos perplejos frente a su respuesta categóricamente negativa.

Frente a este diagnóstico decidimos buscar otras opiniones.
Consultamos en Fleni de Buenos Aires, un neurocirujano del Británico de Montevideo y el hospital Sirio-Libanés de San Pablo y, para nuestra sorpresa, todos coincidían con “el loco” de Burjel, pero a casi 7 meses del accidente y con huesos ya sellados no era posible realizar una segunda intervención, y que su situación de caquexia era pocas veces vista. Nos dijeron que no había daño medular total y que se podía esperar algo de recuperación, pero éramos conscientes de que, lejos de buscar recuperarlo, nuestro hijo se estaba muriendo poco a poco. Las soluciones sanitarias se agravaban por el lado de los aspectos físicos de Sebastián, la atención profesional se volvió decadente. El cuerpo de mi hijo consumido, lastimado por heridas por presión, una desnutrición severa en casi todo su cuerpo, ¡imagínense un muchacho de 1,93 metros pesando 40 kilos! Así era la situación penosa soportada por nuestro hijo. Muchas veces hablamos y solicitamos mejorar su alimentación, pedimos aumentar las proteínas, pero el jefe de CTI se negaba argumentando que como “Sebastián está paralizado, no se mueve, no gasta energía, por lo tanto no necesita mejorar más ni su alimentación ni sus proteínas”. Nada más alejado de la realidad. La Fundación Christopher Reeve (referente mundial en parálisis), con la que tengo comunicación hace meses, me envió la cantidad de proteínas que debería ingerir por día (las personas con parálisis necesitan el doble de proteínas que quien no la padece), pero con el jefe del CTI solo encontrábamos negativas, seguramente porque acá “saben más”, y porque no es posible cuestionar la capacidad del profesional a cargo.

En cada reunión con el jefe de CTI, nos decía que la situación era esta y que no esperáramos mejoras. Ante nuestra desesperación como papás, al ver que nuestro hijo día a día se moría un poquito más y no se hacía nada al respecto, consultamos a varios profesionales de Paysandú, Montevideo y Salto.

Los de Montevideo y Salto, relacionados a nutrición y dispuestos a venir a tratar el caso, debían comunicarse primariamente con el jefe de CTI, pero luego de la comunicación desestimaban venir.
Los profesionales de Paysandú, de varias especialidades, nos dieron su negativa; algunos no nos contestaron los mensajes, otros se negaron a verlo y hubo quien contestó “no quiero chocar con mis colegas”… ¿Cómo chocar?, ¿entonces se estaba en conocimiento de que se estaban haciendo las cosas mal? La idea era aportar conocimiento, no chocar.

Conocimos la hipocresía, la falta de ética, la mentira, la desidia y, por sobre todo, la falta de humanidad de varios profesionales y, no menor, un ego extraordinario inversamente proporcional a su capacidad profesional.

Todo esto nos causó un gran estrés, sumado al dolor.
El hostigamiento que sufrimos en el hospital nos llevó a enfermarnos, era darse contra la pared continuamente, tratar con profesionales que no están preparados para este tipo de pacientes, pero con un ego tan grande que les impide aprender y llegan a creerse dioses y decidir quién vive y quién muere.
Hoy Sebastián hace 5 meses que está en Comepa, hoy agradecemos la invitación del director del hospital que nos ha servido para conocer las tristes diferencias profesionales y de cabeza que existen entre los CTI.
A los 15 días de ingresado le pusieron una cánula fonatoria que le permitió hablar y empezar a comer por boca; a los 40 días había aumentado más de 20 kgs, y su cuerpo comenzó a cambiar y sentir nuevas sensaciones.

Pero en lugar de estar pensando en llevarlo a un centro de rehabilitación para continuar su tratamiento de recuperación, sucedió lo más temido: el gran riesgo del que nos informaron cuando ingresamos a la institución, la osteomielitis, consecuencia de las grandes úlceras infestadas y mal curadas, huesos expuestos, necrosis y mal olor, producto de la desidia sufrida en el manejo de las heridas por la licenciada “experta” del hospital.

Es inimaginable todo lo que hemos vivido y estamos viviendo: ver a tu hijo sano, enérgico, decidido, independiente, en una cama sin poder moverse, sin poder secarse sus propias lágrimas. Para él solo tenemos palabras de admiración, por su resiliencia, su fortaleza aún en los peores momentos con dolor.
Pero también hemos tenido que sufrir de los otros, cuando ha dicho que está cansado, que no quiere más, que ya no tolera. Y les puedo asegurar que esa situación tan dolorosa aprieta el corazón hasta casi hacerlo reventar y es, por lejos, lo más duro que puede soportar una madre, un padre, una hermana.
Nuestra vida es Sebastián, hoy vivimos en función de su estado, tratando de no descuidar a nuestra hija que también nos necesita.
Nuestra familia resiste como puede, con terapia y medicamentos para tratar de sobrellevar esta situación tan dura.

No solo ha sido un año de dolor por las consecuencias del accidente de Sebastián, sino a un montón de hechos que hicieron este año aún más doloroso.
A un año del accidente no hay culpables, los caballos siguen sueltos pese a la ardua tarea que hemos realizado para tratar de sacarlos de la vía pública.
Llegando a la conclusión de que no hay intereses, ni políticos ni sociales, para terminar con este flagelo.
Fallan las autoridades, falla la Intendencia, falla la Policía, fallan los ministerios.
No hay control, los animales siguen estando ahí por donde todos pasamos, simplemente esperando el momento mientras sus dueños descansan tranquilos, sabedores de que son intocables si algo grave ocurre.

Falla el BPS otorgando una miserable pensión por incapacidad, falla el sistema político integral. Falla el gobierno de principio a fin, sin bandera política, falla la Justicia, que deja un vacío por donde nadie es culpable. Pareciera que lo que el gobierno omite, hay que salir a pedírselo a la sociedad apelando a la solidaridad. A la solidaridad de este hermoso pueblo que reacciona cuando se lo precisa, que nunca suelta la mano y que hace propio el problema.
Por último, quisiera agradecer a quienes siempre nos acompañan, esa familia preciosa que nos permite disipar el dolor y aumentar los logros.

A las personas desinteresadas que nos proponen su cuidado. A quienes se han movido desde el anonimato buscando auxilio, respuestas y colaboración.
Al personal de enfermería, siempre cariñoso, que ha tenido Sebastián. A los profesionales donde hoy descansamos nuestra confianza.
Al liceo Pyaguazú, al Instituto Anglo, a Ludo, que posibilitan que nuestra hija pueda seguir estudiando.
Solo pedimos a Dios, al universo, tener la fuerza suficiente para acompañar a nuestros hijos en este desafío que tanto nos exige.

Alejandra Soler – Leonardo Borthagaray, Papás de Sebastián

La Asociación de Sociedades Tradicionalistas de Paysandú, en un gesto dictatorial y censurador, decidió no brindar más entrevistas a la comunicadora televisiva y radial Mercedes Xaubet, reconocida profesional de Paysandú. La excusa para semejante atropello fue una nota emitida en un informativo hace aproximadamente un año, donde se informaba que los afectados por las estampidas del año pasado reclamaban que alguien se hiciera responsable de los daños ocasionados. A raíz de ello, se cuestionó la ética y el trabajo de la comunicadora, llegando incluso al absurdo de afirmar que, por no ostentar el título de “Licenciada”, no es periodista.

Es cierto que cada institución o persona puede decidir a quién brindar entrevistas. Pero cuando una Asociación que se presenta como “Tradicionalista” adopta una medida de este tipo, lo que hace es sentar un precedente gravísimo de censura y de ataque directo a la Libertad de Expresión.

Esa libertad está consagrada en la Constitución de la República y en la Ley de Prensa N° 16.099 (1989), que protege el derecho de las personas a comunicar pensamientos, ideas e información sin censura previa, estableciendo únicamente responsabilidades posteriores en caso de abusos. Esa protección comprende a todos los medios de difusión y garantiza el derecho a fundar medios de comunicación.
A esto debe agregarse otro punto fundamental: en Uruguay no existe obligatoriedad de contar con un título universitario para ejercer el periodismo. Sí se espera formación, experiencia y responsabilidad profesional, pero la legislación y los principios constitucionales son claros: el ejercicio del periodismo no está restringido a un título académico.

La decisión tomada por la Asociación no solo es injustificable, sino también hipócrita. Pretender que una periodista es culpable de los daños causados en un hecho ajeno a su labor informativa es, como mínimo, un despropósito.
Con esta medida, los directivos de la Asociación no logran otra cosa que dañar y desprestigiar a quienes hacen su trabajo con compromiso y profesionalismo, como en este caso la comunicadora Mercedes Xaubet.

Miguel Baccaro Dirigente del Partido Colorado Paysandú

En los últimos días, nuestro diario informó que “Jefatura de Policía estableció un listado de “medidas de seguridad” a aplicarse durante el 31º Encuentro con el Patriarca, entre el 18 y 21 venideros. Las mismas determinan la prohibición de consumo de alcohol durante la marcha, restricción en el uso de cuchillos y el impedimento total en el caso de menores de edad. La muerte de un hombre integrante de una sociedad nativista, tras el Desfile de la Ciudad de este año, ha llevado a que se extremen las medidas para evitar situaciones similares. Entre las “medidas de seguridad”, publicadas en el sitio oficial de la Asociación de Sociedades Tradicionalistas de Paysandú, se destacan la “prohibición de ingesta de alcohol durante la marcha; prohibición de expendio de alcohol en puestos no autorizados por el Municipio, con especial control a vehículos; prohibir a los locales autorizados por la Intendencia de Paysandú el expendio de bebidas en envases de vidrio; prohibición de expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad, de acuerdo a la normativa vigente”.

La publicación de EL TELEGRAFO informaba, además, que “En cuanto a la portación de cuchillos o facones, lo establecido por la Jefatura de Policía indica la “restricción en uso de cuchillos solo como parte de la indumentaria gaucha durante la marcha, debiendo permanecer luego en los fogones” y la prohibición en el caso de menores de edad. Considerando también siniestros de tránsito de ediciones anteriores, en la que estuvieron involucrados equinos y hubo algunos que no se pudieron identificar, se determina como obligatoria la identificación “de equinos mediante numeración con pintura, asignada por la organización a cada aparcería. Los equinos no identificados serán excluidos de la marcha conjuntamente con el jinete”. Tampoco se podrá dejar caballos en la ruta, establece Jefatura de Policía. Cada sociedad nativista “deberá contar (con la debida antelación) de un predio cerrado para el descanso de los equinos, lo que deberá ser comunicado a la organización conjuntamente con los datos de la persona responsable del cuidado de los mismos en forma presencial en las diferentes paradas”. Al día siguiente, nuestro periódico dejaba constancia que “La Asociación de Sociedades Tradicionalistas de Paysandú respaldó las medidas que se aplicarán durante el Encuentro con el Patriarca entre el 18 y 21 venideros y subrayó que la mayoría ya forman parte del Reglamento de Marcha, aunque no son aplicadas plenamente. La implementación de nuevas medidas asegurará su orden, crecimiento y continuidad a largo plazo”. Este respaldo es una señal de gran importancia que deberá ir acompañado de la supervisión correspondiente.

Ante este panorama, queda claro que el Encuentro con el Patriarca ha revelado, con estos dimes y diretes en materia de tradiciones, un nuevo beneficio: permitir un debate serio, necesario, oportuno y conveniente sobre la seguridad de una de las fiestas populares más importantes del Uruguay.
El punto central de todo este tema radica en el equilibrio que lógicamente debe existir entre las tradiciones y las más elementales normas de seguridad para quienes participan de estas fiestas multitudinarias, donde debería primar el bienestar de quienes se acercan a disfrutar de un espectáculo único en todo el país. Ninguna actividad pública en el país puede soslayar o dejar de lado las más elementales normas de seguridad para los asistentes y para los animales y nadie, por más criollo que se sienta, tiene derecho a poner en peligro su vida propia y la de quienes los rodean. Mezclar grandes cantidades de bebidas alcohólicas con la presencia de armas como facones (capaces de inferir heridas mortales en caso de peleas circunstanciales) no puede ser nunca una buena idea ni tiene nada que ver con la tradición bien entendida.

Y ni siquiera se trata exclusivamente del riesgo de que se vuelva a producir un “duelo criollo”, sino que un facón puede producir gravísimas lesiones en caso de un accidente, por ejemplo al caer el jinete por la causa que sea. De hecho esto ha sucedido en innumerables oportunidades incluso durante la marcha del Encuentro con el Patriarca o en los campamentos, hechos que pocas veces trascendieron porque la fortuna quiso que no terminaran en tragedia.

Por más antiguas y respetadas que sean las tradiciones en un momento determinado, deben adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas sensibilidades sociales y no al revés. Y si una tradición mal entendida o que cause daños a personas o animales debe perderse en aras de mejores prácticas, pues que así sea.
Además, se debe tener en cuenta que, en materia de jinetes “no son todos los que están ni están todos los que son” porque para acudir a la Meseta a homenajear al más grande de los orientales, muchos asistentes “se disfrazan” de gauchos; lo que está muy bien, porque de eso se trata, de “vivir” la tradición por un momento. No estamos hablando de la persona que realmente que vive en el campo y está familiarizado con las tradiciones, enseres y tareas camperas sino con el fenómeno surgido en los últimos veinte años que algunos den a llamar como “agroboy”, esa figura icónica de la agropecuaria nacional, el cual posa de ser más gaucho que el mismísimo Martín Fierro pero que poco o nada tiene que ver con la esencia campera. Por ejemplo, y si de indumentaria tradicional estamos hablando, poco tienen que ver las actuales bombachas de campo “slim” que se han puesto de moda, muy influenciados con la visión capitalina de lo que es la vida en el campo y las influencias extranjeras, con aquellas que lucían los verdaderos gauchos que tan detalladamente retrató del pintor uruguayo Juan Manuel Blanes en sus cuadros. La “Pampero” no tiene ni parecido lo que documenta la historia Patria, así como tampoco la boina que luce tan bien en los jóvenes “tradicionalistas” de la actualidad.

Así las cosas, es imposible dejar de puntualizar que las tradiciones, por más arraigadas que se encuentren y por más cultivadas que sean, deben de adecuarse a las mínimas normas de seguridad. El cuchillo verijero o el facón del gaucho puede tener sentido en las tareas de campo, para cuerear un bicho que murió lejos de la estancia, cortar un tiento o comer un asado improvisado, pero nada de eso ocurrirá en un desfile gaucho actual en medio de la ciudad o durante la Marcha. Hace 200 años también se acostumbraba a llevar un trabuco naranjero, pero ahora a nadie se le ocurriría portar uno en un encuentro tradicionalista. Si se puede sacar el trabuco de la tradición, también se puede postergar el facón.

Por eso, bienvenidas las nuevas medidas, y cabe felicitar a la Asociación de Sociedades Tradicionalistas de Paysandú que las respaldaron sin condicionamientos. Tanto la Marcha a la Meseta como los desfiles tradicionalistas y el Encuentro con el Patriarca en general han crecido mucho en el correr de los años, y concentran multitudes. No da para jugar a la “ruleta rusa” con la seguridad, porque lo que todos queremos es disfrutar de un evento maravilloso en familia, sin tener que lamentar ningún tipo de accidente.

En su editorial del pasado jueves 11 “Una sentencia que vulnera la libertad de expresión” Búsqueda plantea un tema que, concluye el semanario, “Da como para preocuparse”.
Siempre hay que repetirlo, la libertad de expresión, la libertad de prensa son primeras e indelegables. Sin libertad de expresión no hay democracia. Es la que permite al ciudadano efectivamente ser libre y soberano. No puede renunciar a esa libertad y si lo hace será porque le teme a la libertad y le resulta más cómodo tener tutores. Pero, definitivamente, no las puede delegar ni hay contrato que justifique ceder esas libertades individuales; ahí es cuando comienza el totalitarismo.
La sentencia en cuestión tiene que ver con el derecho de respuesta y obliga a Búsqueda a publicar un artículo que no fue redactado por sus periodistas, ubicado en un lugar y con un espacio dispuesto por los jueces y al que no se le puede hacer ningún agregado que sirva para ubicar al lector: decirle de qué se trata y el por qué de eso que está leyendo (el derecho de respuesta, hasta por razones prácticas se ejerce mayoritariamente en los medios escritos, ni soñarlo en redes, plataformas y más).
El tema del derecho de respuesta, réplica o ratificación fue motivo de mucho debate a lo largo de Occidente, diría que en el último cuarto del siglo pasado.
Muchos lo veían como un serio riesgo para la plena libertad de prensa, para la independencia de los medios y de los periodistas, para la pluralidad informativa, para la libertad de empresa y para la propiedad privada. Otros en cambio daban por hecho que los periodistas son unos mentirosos, que hay que humillarlos y a los medios profanarlos, y además unos tontos que no saben cuidar su negocio: sacrifican su única ventaja comparativa que es la credibilidad.
Hubo también los que directamente querían acabar con la libertad de expresión. Julio Verne, por 1870, escribió un libro –París en el Siglo XX– en el que previó el fin de la libertad de prensa por causa del derecho de réplica.
Pero a la vez era cierto y se admitió que se hacía preciso amparar al ciudadano ante el “poder” de la prensa y garantizarle el derecho a defenderse en el mismo terreno. Y bien dicho: era cierto, porque hoy con los cambios y el avance tecnológico ya no lo es.
El uso de ese derecho se condicionó a que se tratara de informaciones manejadas con negligencia, mintiéndose a sabiendas y con desprecio por la verdad y que existiera una “real malicia”. Que además, no se dejara de lado “la prueba de la verdad”, para no obligar la publicación de una “réplica” que no se ajustara a los hechos y ahí sí se mintiera a sabiendas. Debía considerarse si los medios habían ofrecido espacio y chance al “ofendido” para aclarar y dar su opinión, y que el nivel de “agravio” (tan subjetivo) fuera determinado por un juez. Prácticamente nada de todo esto último pesó en la sentencia que castiga a Búsqueda, según su editorial.
Ahora, todo este amparo es para el ciudadano común, no para los funcionarios públicos que están sometidos al escrutinio ciudadano y más cuando hay manejo de fondos públicos (lo de Búsqueda tiene que ver con eso). Para ellos ese amparo se restringe y se espera que los jueces actúen en consecuencia. Se imagina el lector a los ejércitos de abogados a la orden del burócrata mayor, pagados todos por el contribuyente, reclamando derechos de respuesta. Entonces sí que se cumpliría la profecía de Julio Verne.

El desacuerdo es parte viva e intensa de la democracia. Así, el debate de ideas es fundamental para el progreso… y progreso en sentido amplio. El de las naciones, que comienza con el generar espacios adecuados para las discusiones, un marco institucional que facilite el intercambio de ideas, la sofisticación de las soluciones, más allá del cortísimo plazo, del arrebato pasional, y atendiendo lo que habrá de suceder el día después.
Los discursos, reflejo de su pensamiento que estuve conociendo a partir de su asesinato, me han mostrado a un Charlie Kirk de una personalidad por lo menos confrontativa y agresiva, y hasta insensata. Por ejemplo, ésta referida al porte de armas: “Creo que vale la pena. Creo que vale la pena pagar el precio, por desgracia, de algunas muertes por arma de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda (de la Constitución estadounidense, que garantiza el porte de armas) para proteger nuestros otros derechos otorgados por Dios. Es un acuerdo prudente, es racional”.
En la misma línea de agresividad, ésta referida a la cuestión del transgénero: “El único tema que creo que va en contra de nuestros sentidos, incluso en contra de la ley natural, y me atrevo a decir, que es un insulto en la cara a Dios, es el fenómeno transgénero que está ocurriendo en Estados Unidos ahora mismo”.
Si esas dos muestras no fueran suficientes para descubrir el fondo del pensamiento de Kirk, esta afirmación acerca de la vicepresidenta Kamala Harrys que acompañó a Joe Biden y que resulta aún más contundente e ilustrativa: “Fue elegida vicepresidenta por ser una mujer negra”.
Pero Kirk tenía también otro perfil que no hay que eludir: que no solía apelar a la violencia verbal ni a insultos. En su naturaleza estaba la de priorizar las “batallas verbales” y era totalmente consciente de ello. Lo resumía de manera contundente: “jugamos a la ofensiva con un sentido de urgencia para ganar la guerra cultural de EE. UU.” Esta afirmación define con certeza una de sus mayores virtudes: el hecho de elevar a postulado para una nueva generación de jóvenes revaliden “valores tradicionales”. Y dan sentido a su manera de comunicarse, de estar en línea con una base de algo más de un millón de jóvenes, dando sentido nuevo a un discurso fugaz, temperamental, y carente de prioridades éticas, presentándolo con mayor contundencia y así transformarse en uno de los principales sostenes en la primera carrera electoral de Trump, la que lo llevaría a la Casa Blanca.
Posiblemente todo ello sea así. No tengo elementos para aceptar o rechazar categóricamente uno u otra caracterización. Sin embargo, casi todas sus valoraciones políticas, incluyendo las referidas a personas físicas además de hechos políticos o leyes, están teñidas de indisimulada intolerancia.

¿Sabes cuántos…?

Al momento de recibir el impacto de esa bala que acabó con su vida, Kirk había comenzado un intercambio con una persona del público, algo que según las crónicas de la prensa estadounidense, eran recurrentes en él. Lo siguiente es una suerte de resumen compacto de lo incluido en medios estadounidenses: un asistente le pregunta acerca de sus posiciones acerca de las armas y otros extremos, a lo que Kirk replicó: “¿sabes cuántos estadounidenses transgénero (uno de los blancos políticos de Kirk) han cometido tiroteos masivos en los últimos 10 años?” A lo que agregó rápidamente: “demasiados”, reforzando su respuesta ante la debilidad argumental de no cuantificarla… con ello recogió intensos aplausos. Kirk reforzaba esa sensación de tener todas las respuestas con una suerte de tics de tomar y abandonar breve y constantemente el micrófono encima de la mesa/escritorio, con movimientos rápidos y breves intervenciones.
Pero fue el mismo interlocutor quien con aparente conocimiento de causa le retrucó aportando la cifra: “En Estados Unidos, son cinco. Cinco es mucho, ¿verdad?” En ese ágil intercambio, volvió a retrucar: “¿Saben cuántos tiroteos masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años?” Segundos después Kirk recibió el mortal balazo que acabo con su vida. Alcanzó a responder: “¿Contando o no con la violencia de pandillas?” Al concluir esa respuesta que evadía la cuestión, pero era efectista. En ese momento, Charlie Kirk se transformó en una nueva víctima de la intolerancia. Nada justifica un asesinato. Para concluir este capítulo sobre Kirk, esta cita suya lo resume a pleno y sin intermediarios ni interpretaciones subjetivas. Al referirse a la palabra empatía, se sinceraba: “la verdad es que no soporto la palabra empatía… pero es muy efectiva en política. Prefiero la compasión a la empatía. Ese es un tema aparte para otro momento”, explicó en aquel momento. Días después lo desarrolló en un tuit: “Las mismas personas que les dan sermones sobre ‘empatía’ no sienten ninguna por los soldados dados de baja por la vacuna, los niños mutilados por las grandes empresas médicas o las vidas devastadas por el fentanilo que cruza la frontera”.

Una historia larga

La violencia política, penosamente, no es algo nuevo en la cuestión pública estadounidense. Podemos, para ir bastante atrás en el tiempo, encontrar en el mes de noviembre del año 1950 el asesinato de un oficial de policía, Leslie Coffelt, de la custodia del presidente Harry S. Truman, al intentar repeler un intento de asesinato en Blair House, también llamada The President’s Guest House, una residencia oficial en Washington DC. Parte de la residencia funcionaba como residencia presidencial y la otra parte como la Casa de Huéspedes del Presidente, a la que con humor referían como “el hotel más exclusivo del mundo”. Es un complejo de cuatro casas que en las sucesivas renovaciones fueron transformándose hasta “compactarse” en una sola de 14 habitaciones. La década de los sesenta los asesinatos políticos en los Estados Unidos marcaron una época violenta, donde enfrentamientos aún no explicados reflejaron la intensidad del enfrentamiento. La lista de los asesinatos es tremenda. Sólo para recordar esos magnicidios, evoquemos los nombres del presidente John F. Kennedy, el reverendo Martin Luther King Jr., el senador Robert F. Kennedy, Malcom X…

Pero no sólo JFK murió asesinado. También Abraham Lincoln, 16º presidente; James Garfield, 20º presidente; y William McKinley, 25º presidente. Todos ellos asesinados por heridas de bala.
Aunque no presidente, en junio de 1963 Medgar Evers fue asesinado por un supremacista blanco en Jackson, Mississippi. Y mañana lunes se cumplirán 62º años del atentado del 15 de setiembre de 1963 contra una iglesia de Birmingham, Alabama, autoría del Ku Klux Klan, en el que mataron a cuatro niñas negras.

¿Y ahora?

Lo que muchos ciudadanos sensatos advertían desde hace algún tiempo, tristemente, es ya una realidad descontrolada. Y lo es no sólo en Estados Unidos. También los hechos de violencia social y política se precipitan en nuestra hermana Argentina.
En medio de esta decadencia democrática, comienzan a levantarse voces de ciudadanos respetados y respetables, llamando serena y firmemente a actuar de un modo diferente, con sentido de responsabilidad. El camino de la polarización y hostilidad se puede y debe revertir. Se trata de una revisión amplia del sentido de los valores democráticos, de la solidaridad del estado de bienestar. Pero no se trata de recrear antojadizamente el pasado, sino de cruzar puentes que nos acerquen a una convivencia civilizada y pacífica para no resignarnos a vivir con miedos ni responder con violencia. Teniendo como norte que “la libertad es siempre la libertad de los que piensan diferente” (Rosa Luxemburgo).

La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay presentó su Informe de actividad correspondiente al segundo Trimestre de este año en el que concluye que “si bien el sector Comercio y Servicios se mantiene en una senda de crecimiento, ésta es de menor impulso y con resultados de crecimiento menos generalizados tanto a nivel de rubros, regiones y tamaños de empresa”. Pero a esto agrega que el escenario para la segunda mitad del año “luce más desafiante, con expectativas empresariales que se moderan en un contexto de desaceleración de la actividad económica sectorial y global”. Ya iremos a ver con más detalles qué es lo que se está describiendo en el plano general, viendo “el monte”, la evaluación de todo el país, pero antes debemos puntualizar en estas diferencias regionales a las que alude la conclusión, porque en el marco de un ciclo favorable en el país en general, para el Litoral el escenario no parece ser el mismo. Las ventas en el sector Comercio, determinó la investigación, crecieron tanto en Montevideo como en el Interior, un comportamiento que se sostiene desde comienzos del 2024. En Montevideo el aumento fue de 2,4%, “acelerando su crecimiento si se compara con el resultado alcanzado durante el trimestre anterior”. En el Interior el panorama fue distinto: las ventas fueron menos dinámicas y aumentaron 1,1% en la comparación interanual, “marcado una desaceleración de importancia respecto a los resultados alcanzados durante el comienzo del año, cuando crecieron 6,8%”. En cuando a los Servicios, puntualiza que “de igual manera que lo registrado en el primer trimestre del año, las ventas disminuyeron en Montevideo (-11,8%) y crecieron en el Interior (4,6%)”.

Pero hay más novedades al respecto, porque el informe también plantea una desagregación entre diferentes regiones del interior y lamentablemente en nuestra región el escenario no ha sido el más favorable, por más que “las ventas de las distintas regiones consideradas mostraron en general una evolución positiva”. El informe indica que las empresas del interior y de Montevideo mostraron avances moderados, de 2,3% y 1,7% respectivamente. “Cuando se observa el comportamiento de las ventas en las distintas regiones del interior del país, se registra un crecimiento tanto en la Costa (4,0%) como en el Noreste (7,1%). Sin embargo, y al igual que en el primer trimestre del año, las empresas del Centro y del Litoral mostrar retrocesos: -16,5% y -3,4% respectivamente”. Consultadas respecto al desempeño en la primera mitad del año, “el 50% de las empresas manifestó que el desempeño fue acorde a lo esperado, aunque fueron más las empresas que reportaron un desempeño peor al esperado (39%) en comparación con las que declararon un desempeño mejor al previsto a inicios del año (10%)”. Cuando la consulta fue sobre los principales desafíos que enfrenta el negocio para lograr mayores niveles de crecimiento, “la opción ‘Menor nivel de actividad económica general’ ocupó el primer lugar con un guarismo del 22%. A continuación, se ubicaron los costos laborales (17%) y los costos tributarios, con una participación del 14%”. Otras respuestas minoritarias aludieron, por ejemplo, a los bajos niveles de consumo/inversión privada (9%), competencia informal (9%), competencia desigual ante franquicias de postales internacionales (8%). A este escenario, en el caso particular del Litoral, cabe sumarle el incremento en el precio del dólar en Argentina, que ha superado el techo de la banda determinado por el gobierno del vecino país, aunque no se puede hablar de una “disparada”, es un síntoma de que la presión alcista está allí, mientras que en nuestro país ocurre lo contrario, de forma que la brecha cambiaria tiende a ampliarse y con ella la tentación por volver a cruzar masivamente a surtirse.

Volviendo sobre el panorama general que plantea el informe de la Cámara de Comercio y Servicios, fruto de un relevamiento realizado entre 254 empresas de todo el país, es interesante ver algunos detalles más. La actividad del sector Comercio y Servicios, medida por la variación interanual de las ventas reales, creció 2,2% en el segundo trimestre de 2025 y con este se alcanzaron seis trimestres consecutivos con tasas de variación positivas, por más que se observa “un proceso de desaceleración de cierta importancia respecto a los trimestres previos”. De los 13 rubros considerados, durante este período, 7 de ellos disminuyeron sus ventas a la vez que 7 de cada 10 empresas declararon una caída o estancamiento de sus ventas en términos reales respecto al segundo trimestre de 2024.

En la evaluación por rubros volvió a destacarse el desempeño positivo de Indumentaria e Informática, que crecieron 3,4% y 1,9% respectivamente, aunque a un ritmo menos dinámico respecto a los registros previos. El rubro Supermercados también volvió a crecer, e incluso levemente por encima respecto al registro del trimestre anterior, alcanzando una variación positiva de 3,0%. Los rubros de Hoteles e Inmobiliarias aceleraron su ritmo de crecimiento para este período, con un aumento real de sus ventas de 12,5% y 6,7% respectivamente. Muchos de los rubros que venían creciendo en períodos anteriores, tuvieron en este segundo trimestre una caída interanual de sus ventas, tal es el caso de Materiales de construcción, Ferreterías y Pinturerías (-3,2%), Minimercados (-5,4%), Vehículos, Repuestos automotores, Combustible (-3,0%), Restaurantes y confiterías (-3,9%), entre otros.

Cuando se considera la dimensión del tamaño de las empresas, se observaron retrocesos en las pequeñas y en las micro, estas últimas con una caída más acentuada que el dato anterior, con un registro de -7,9%. Las pequeñas empresas pasaron a terreno negativo (-1,6%), mientras que las medianas y grandes empresas continúan atravesando una fase de crecimiento, con una variación de ventas de 3,1% y 2,6% respectivamente.

Finalmente se indican las expectativas de los empresarios para el próximo trimestre del año, en el que un 20% espera que sus ventas disminuyan en los próximos meses, mientras que el restante 49% espera que los niveles permanezcan incambiados en la comparación interanual.

Los rubros Restaurantes y confiterías, Publicidad, y Supermercados son las más optimistas, mientras que Indumentaria, Vehículos y repuestos automotores e Inmobiliarias se ubican entre las empresas más pesimistas.

Hace años, décadas atrás, recordamos que un diputado sanducero se reprochaba y a la vez cuestionaba implícitamente a la propia comunidad sanducera al preguntarse –y preguntar—“¿A ver, en qué anda Paysandú?”, aludiendo a lo que por aquel entonces ya asimilaba como la nada misma, por ausencia de realizaciones.
Pero también de propuestas, de respuestas a reivindicaciones históricas que por aquel entonces eran consideradas como necesidades impostergables absolutas para la consolidación y despegue del departamento: recordamos el dragado y la eterna reactivación del puerto, una zona franca por nuestra ubicación estratégica inmejorable, un parque industrial, un aeropuerto internacional, la represa del Chingolo, la Universidad en Paysandú, la eliminación de la tarifa de “telediscado” de Antel en llamadas a Montevideo, la instalación de un tomógrafo en Comepa o el Hospital, entre otras posibilidades que se nos escapan a la hora de redactar este incompleto comentario.
Ya por aquel entonces se vislumbraba el cambio estructural del otrora Paysandú industrial, inquieto y desarrollista, para la mejor calidad de vida para su gente y oportunidades laborales para los hijos de este solar.

Pero por esos años no solo se podían contar con los dedos de la mano las inversiones que tanto se anhelaba, sino que ya empezaba el desgajamiento de muchos emprendimientos tradicionales y que eran simbólicos en el departamento: la Nabisco había adquirido nada menos que Famosa (Fábrica Modelo Pesce y Cerini Unidos S. A), y se comenzó a llevar las máquinas hacia Montevideo, con una oferta de traslado laboral a la capital que por supuesto no conformó la mayoría de los empleados –radicados en nuestra ciudad– en tanto también había dejado de operar Cármica, todas cuentas de un largo collar: Paylana, Norteña como fábrica de cerveza, Azucarlito como ingenio procesador de la remolacha azucarera que se plantaba en nuestro departamento y en Río Negro, fundamentalmente, que dejaba muchos de millones de dólares al año en la región.

Es decir, aquello del “¿en qué anda Paysandú?” resultaba difícil de responderse a la ligera, porque además no solo se trataba de Paysandú, sino que sin saberlo entonces, estábamos asistiendo al cambio de paradigma, a la transición acelerada hacia otra época,
Iban quedando atrás los tiempos del proteccionismo a ultranza de los emprendimientos dentro de fronteras, con fuertes subsidios, directos e indirectos, sobre todo mediante el cobro de fuertes aranceles a los similares importados y protección desde el Estado a través de distintas modalidades tributarias.

En suma, el modelo imperante era la búsqueda de asegurar fuentes de trabajo en un mundo que recién salía de la guerra, que se estaba recomponiendo, y que al principio necesitaba nuestros productos casi a cualquier precio, pero luego los mercados tuvieron capacidad de elegir y muchas veces, resolver las cosas por su cuenta.

El subsidio no significa otra cosa que destinar recursos de toda la sociedad a proteger aquello que interesa, pero ignorando la premisa básica de que no se puede subsidiar para siempre, sino que en el mejor de los casos el subsidio debe ser temporal y orientado a áreas estratégicas, de modo de que con el tiempo el emprendimiento del que se trata se despegue para andar por sus propios medios y pueda desenvolverse sin ayuda del resto.
Y en el ordenamiento del comercio mundial nuestro país había quedado con los figurines atrasados, porque con nuestra pequeña economía, nula capacidad de imponer condiciones como las grandes potencias, y encima con muchas vulnerabilidades, el Uruguay debió tomar las cosas como venían, con la salvedad de que hemos sido la mayor parte del tiempo un país caro, y cuando no lo fuimos, ello se lograba a fuerza de devaluaciones que traían mucho más problemas que los que se pretendía superar.

Pero en este cambio de época, el país del Interior, el del norte del río Negro, y fundamentalmente Paysandú, han llevado las de perder, en el marco de una tendencia que se ha ido acentuando con los años.
Es que en este país caro, con insumos caros en dólares, al igual que la mano de obra, el problema se ha potenciado en los departamentos del norte del río Negro, porque nos quedamos con los altos costos respecto al mundo pero a la vez también respecto a Montevideo, y es ahí donde se hace más pertinente la pregunta del “¿en qué anda Paysandú?”

Lo saben muy bien los sucesivos intendentes a los que les ha tocado gobernar nuestro departamento, como así también nuestros legisladores, y los de los departamentos vecinos: cuando se sale a buscar inversores, a los que se les ofrece el oro y el moro para que radiquen sus empresas en nuestro medio, nos encontramos con que terrenos gratis, exoneración de tributos municipales y la mar en coche, no mueven la aguja cuando éstos deben optar por radicar sus capitales, porque las facilidades de contar con un puerto en Montevideo y Nueva Palmira para la salida oceánica, exenciones tributarias en zonas francas en los departamentos que circundan a Montevideo, los organismos del gobierno y del Estado a las pocas cuadras, un gran mercado consumidor de un millón y medio de habitantes en pocos kilómetros a la redonda, una mejor infraestructura, entre otros aspectos, hacen una diferencia que ningún beneficio municipal de por vida puede absorber.

Los emprendimientos forestales, ganaderos y agrícolas están en el Interior solo por razones de disponibilidad de suelos, pero si pudieran estarían no más allá de Colonia, San José y Canelones, por las ventajas comparativas que señalábamos.
Es decir, la descentralización con herramientas diferenciales es la única apuesta valedera para el Interior más lejano de Montevideo, para el norte del río Negro, y una forma de hacerla realmente efectiva es que los costos resulten más convenientes cuanto más al norte se vaya, y por ejemplo, en el caso de los costos laborales, se podría pensar en reducir aportes –sobre todo patronales– a mayor distancia de Montevideo, así como en el caso de las exoneraciones tributarias, por mencionar dos aspectos altamente significativos en los costos empresariales, entre otros beneficios.

Pero solo para empezar, aunque pueda no ser del agrado –seguramente que no– de nuestros gobernantes, de quien le toque gobernar, y así seguramente surjan mil excusas respecto a por qué no se puede hacer, solo porque el favorecido no es Montevideo. Pero en un país en el que hasta se cobra una tasa de inflamables a Ancap en beneficio de la Intendencia de Montevideo, –lo que no se hace en ninguna otra Intendencia– y un impuesto nacional al gasoil para subsidiar el transporte capitalino, estas cosas sí pueden hacerse, sí hay voluntad política.
Porque es lo realmente importante, más allá de las urgencias coyunturales, en lugar de ir con parche sobre parche, con “soluciones” que solo son un engaño para la gilada, para seguir tirando.

El deterioro de la salud mental de la población constituye una crisis silenciosa pero devastadora, que requiere ser abordada con urgencia, facilitando el acceso a la atención y la prevención en todo el territorio nacional.
Aunque se han logrado avances en indicadores socioeconómicos y en la cobertura sanitaria, los problemas psicológicos y emocionales —particularmente el suicidio— continúan siendo una de las mayores amenazas para el bienestar social, así como uno de los grandes desafíos de la salud pública a nivel nacional y mundial.
Uruguay se encuentra entre los países latinoamericanos con la tasa más alta de suicidios. Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), el año pasado más de 700 personas se quitaron la vida (lo que representa una tasa de aproximadamente 21 personas cada 100.000 habitantes) y se registraron más de 5.704 casos de intentos de autoeliminación, cuya notificación es obligatoria desde 2012.
El problema de la salud mental se agrava si consideramos que los trastornos depresivos y de ansiedad afectan a aproximadamente el 10 % de la población, y que las personas en contextos de vulnerabilidad socioeconómica tienen un riesgo aún mayor de desarrollar trastornos mentales severos, en parte debido a la falta de acceso a servicios especializados y al estigma asociado a buscar ayuda.
Este panorama exige acciones urgentes. Si bien ya se comienzan a observar resultados, aún queda un largo camino por recorrer, y es necesario avanzar con rapidez. En estos días, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó en su sitio web el esfuerzo de Uruguay en la prevención del suicidio. En particular, resaltó la implementación de un sistema nacional de vigilancia digital de intentos de autoeliminación en tiempo real, que permite una detección más temprana, respuestas clínicas oportunas y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.
“Reconociendo que los intentos de suicidio previos constituyen un importante factor de riesgo para futuros suicidios, las autoridades sanitarias uruguayas han priorizado a nivel nacional la mejora de la detección y el seguimiento de estos eventos. El reciente lanzamiento de un sistema nacional de registro digital está permitiendo respuestas más rápidas y precisas a la conducta suicida, y ofrece información valiosa que fundamenta tanto la atención clínica como las políticas de salud pública”, señaló la OMS.
En cuanto al desarrollo de esta iniciativa, cabe señalar que en 2013 se implementó un registro en formato papel, el cual presentaba limitaciones en términos de oportunidad y efectividad. Por ello, en 2022 el MSP dio inicio al registro digital, estableciendo que los 97 servicios de urgencia del país deben reportar cada intento de suicidio atendido en sus puertas de emergencia dentro de las 24 horas posteriores al evento. Este sistema digital, cuyo ingreso de datos lleva en promedio solo cinco minutos, ha permitido determinar qué variables son más relevantes, equilibrando el valor epidemiológico con la viabilidad clínica y teniendo en cuenta experiencias internacionales. Según la OMS, el sistema uruguayo ya está mostrando beneficios, dado que los profesionales de salud mental autorizados pueden acceder a datos en tiempo real sobre intentos de suicidio recientes, lo que facilita un seguimiento rápido. Además, las directrices clínicas nacionales para el manejo y seguimiento de personas con intentos de suicidio exigen que todas las personas que acudan al servicio de urgencias sean atendidas por un profesional capacitado —como un psiquiatra, psicólogo o enfermero/a especializado en salud mental— dentro de las 48 horas y hasta un máximo de 7 días posteriores al intento. De esta manera, el sistema de vigilancia y las directrices clínicas se complementan como mecanismos que promueven la intervención oportuna y la continuidad de la atención.
“Al establecer una infraestructura nacional para el monitoreo en tiempo real, Uruguay está sentando las bases para una prevención más inteligente, basada en la evidencia, la colaboración y la respuesta rápida. Los datos ya están informando el diseño de la próxima Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio de Uruguay”, expresó la OMS.

Este sistema facilita el conocimiento de los casos y la atención de las personas mediante información oportuna y de calidad. Representa un gran avance, ya que una vigilancia eficaz no solo permite tomar decisiones fundamentadas para abordar el problema, sino que también puede salvar vidas. Sin embargo, aunque constituye un paso clave para garantizar respuestas oportunas y coordinadas, es necesario complementarlo con otras herramientas y, fundamentalmente, con políticas públicas sustentadas en la evidencia acumulada, así como con la asignación presupuestal necesaria para efectivizar las acciones en el territorio. Estas deben adaptarse a las poblaciones de alto riesgo y facilitar la prevención.
Los trastornos de salud mental, como la ansiedad y la depresión, son cada vez más frecuentes y afectan a personas de todas las edades y niveles de ingreso. Constituyen una causa importante de discapacidad prolongada, aumentan los años de vida saludable perdidos y generan costos económicos significativos tanto para las familias afectadas como para los sistemas de salud.

Se trata de un tema todavía invisibilizado e incluso tabú. Pero, teniendo en cuenta su impacto en la salud pública y social, ¿no resulta fundamental abrir el diálogo sobre las enfermedades mentales y el suicidio? ¿No constituye acaso un problema que no puede seguir siendo ignorado si realmente queremos prevenirlo? Especialmente en estos casos, el silencio puede impedir que las personas —incluso aquellas que se encuentran en nuestro entorno más cercano— reciban la ayuda que necesitan.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, señaló recientemente, en la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Salud Mental —en el marco de la presentación de la Estrategia Nacional de Salud Mental para el período 2025-2030— que la salud mental es una de las “prioridades del gobierno” en el actual quinquenio, y que se apuesta a superar el modelo biomédico para adoptar un enfoque comunitario y basado en derechos.
En este sentido, resulta impostergable que el gobierno actúe con diligencia y eficacia para garantizar el acceso a la atención en salud mental como un derecho básico de todas las personas, acortando los tiempos de espera para consultas y evitando una lógica centralista que muchas veces ignora las realidades de quienes viven en el interior del país.

Coincidimos en que la salud mental no reside exclusivamente en los hospitales, sino también en las plazas, las escuelas, los liceos, las redes barriales, los clubes deportivos y los espacios culturales. Todos estos pueden ser aliados clave en la articulación con el sistema de salud, en pos de la meta de prevenir y mejorar la salud mental de la población. Esta necesidad se vuelve aún más apremiante cuando los especialistas comienzan a advertir sobre el impacto negativo del uso excesivo de pantallas, redes sociales e inteligencia artificial en la salud mental de adolescentes y jóvenes.
La oreja de nuestros problemas de ansiedad y depresión no puede ser ChatGPT. Pero se necesitan recursos, formación y reconocimiento para abrir el diálogo y fortalecer las redes de cuidado en el espacio comunitario.

La Universidad Tecnológica (UTEC), dio a conocer su Memoria 2024, una suerte de rendición de cuentas sobre cómo se va desarrollando la segunda universidad pública de nuestro país, que nació con un perfil muy marcado, como su nombre lo indica, pero además con la impronta de establecerse en el interior del país. Esta presentación (accesible desde el código QR) permite acceder a datos reveladores sobre el impacto que está generando la institución en los pocos años que lleva de actividad. Entre los datos se menciona, por ejemplo, que el 39% de los estudiantes se encuentra inserto en el mercado laboral, según el Censo de Estudiantes realizado en 2024, y de ellos, el 70% lo hace en empleos vinculados a sus carreras. “Ellos demuestran que es posible estudiar una carrera terciaria y trabajar. La elevada empleabilidad de las formaciones que ofrece la Universidad refleja que es posible vivir esta doble experiencia”, destaca. Presenta algunos casos como el de Celina Gasperi, quien estudia Ingeniería Logística y trabaja en la Aduana de Nueva Palmira, y el de Paola Curbelo, estudiante del Posgrado en Agua y Desarrollo Sostenible que trabaja en la Intendencia de Durazno.

Pero a la vez da a conocer cómo se va adaptando la oferta educativa a los nuevos requerimientos que la tecnología impone. “La Inteligencia Artificial en el centro de las nuevas propuestas académicas del Norte”, destaca otro de los títulos del informe institucional. “La Licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial se sumó a la oferta académica de UTEC en 2024”. Allí se aplican matemáticas, estadísticas y el desarrollo de sistemas de aprendizaje automático como algunas de las habilidades que adquieren los estudiantes. “La carrera fue parte de una variada propuesta brindada por UTEC en sintonía con las demandas del sector productivo. Con la inteligencia artificial y sus aplicaciones irrumpiendo en escena en 2024, UTEC también abrió preinscripciones para la Especialización en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial junto al Instituto Tecnológico de Massachusetts”, agrega. Del mismo modo UTEC ofrece un posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial, que “propone explorar las alternativas a partir de estas tecnologías. Las imágenes ecocardiográficas ya se utilizan para detectar y medir la grasa en arterias, sin embargo, el proyecto desarrollado por Francisco Gil, estudiante del posgrado apunta a que la detección se realice en forma automática, mediante el entrenamiento de redes neuronales que ayudan a analizar esas imágenes”, como ejemplo de avances en los que trabajan los investigadores, que superan ya el centenar en la comunidad de UTEC.

Por otra parte, recientemente, a instancias de UTU, tuvo lugar un encuentro de diálogo e intercambio con el fin de fortalecer la Educación Técnica y Tecnológica de Nivel Terciario frente a los desafíos del presente y las oportunidades del futuro. “Las opciones educativas dependientes de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (Dgetp-UTU) están en crecimiento a nivel terciario e incluirán innovaciones como diseño de videojuegos, inteligencia artificial y análisis de datos. La matrícula en 2025 totalizó 17.777 alumnos”, destacó el Ministerio de Industria, Energía y Minería, cuya titular, Fernanda Cardona, participó de la instancia junto a la ministra interina de Educación y Cultura, la vicepresidenta, Carolina Cosse, la directora general de UTU, Virginia Verderese, y la Consejera de ANEP, Elbia Pereira.

UTU dispone de nada menos que 75 propuestas técnico-terciarias en todo el país en áreas como logística, óptica, informática, ambiente, agro, química, turismo, gastronomía, eventos, comunicación y biotecnologías, a la vez que está previsto abrir cursos terciarios sobre diseño de videojuegos, técnicas asistidas, inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y macrodatos (big data), comentó Verderese, quien afirmó que el nivel terciario se consolida entre quienes optan por la formación profesional.

De la matrícula de este año, el 48% se encuentran en Montevideo y el resto en los departamentos del Interior.
La Encuesta de Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Eutic) del año 2022, reveló que en Uruguay “el 90% de las personas de 14 años y más son usuarias de Internet, y el 83% lo utiliza diariamente”, y que existen muy bajas brechas digitales de acceso y uso, tanto si se analiza por edad como por género o por nivel socioeconómico y destaca que las condiciones en cuanto a desarrollo digital, conectividad y clima de negocios “han llevado a que nuestro país sea el destino de importantes inversiones e iniciativas que reafirman a Uruguay como un polo de innovación tecnológica” y menciona una serie de concreciones en esa materia de la mano de capitales europeos, chinos y estadounidenses.

Aunque muchos vaticinan que la edad de oro de la programación está llegando a su fin y que millones de trabajadores alrededores del mundo deberán reconvertirse, en buena medida esto se debe a la irrupción de la Inteligencia Artificial en los últimos años, es decir que aunque es un cambio, el futuro para muchos de ellos sigue estando en la tecnología. Con estos niveles de penetración y el buen posicionamiento del país en la materia, es una buena noticia que el sistema educativo demuestre capacidad de atender estas demandas y estar a la altura en estos niveles de la formación.

Sin embargo no se puede dejar pasar que no todo el sistema educativo ha estado a la altura y que sigue habiendo en niveles inferiores cierto “analfabetismo informático” que impide que desde temprano lo niños, que ya cuentan con equipos, puedan sacar el mayor provecho de los mismos. Prueba de ello es que solo 36% de los alumnos uruguayos de octavo grado —lo que antes era segundo de liceo o UTU— superó el nivel básico en alfabetización computacional y manejo de información, y un 45% llegó a un grado de suficiencia en pensamiento computacional, en la más reciente edición —del 2023— del Estudio Internacional de Alfabetización Computacional y Manejo de Información (Icils, por sus siglas en inglés).

En la última sesión de la Junta Departamental de Paysandú y tras plantearse el tema como grave y urgente por aplicación del Art. 47 del reglamento interno, el cuerpo aprobó por unanimidad una declaración por la que se manifiesta “inquietud” respecto a que se pueda contar con los recursos necesarios para el funcionamiento de las instalaciones universitarias en Paysandú, pese a la incorporación de la estructura edilicia del Campus Universitario.
De acuerdo a lo expresado por los ediles en el recinto, tras haber mantenido una reunión con el rector de la Universidad, Héctor Cancela, el problema, como se temía, radica en la afectación de recursos por el Poder Ejecutivo para atender el presupuesto universitario, en tanto días antes el propio rector había advertido, según informó La Diaria, que con los montos asignados por el gobierno será “casi ínfimo lo que se va a poder cubrir” de las necesidades que tiene la universidad, sobre todo en el caso del Interior.

Cancela expresó que el presupuesto asignado por parte del gobierno es “bien distinto” al monto que había solicitado la casa de estudios –un incremento del 52% al final del quinquenio– y a “las expectativas que podíamos tener al respecto”.
El presupuesto que el Poder Ejecutivo entregó al Parlamento prevé tres partidas anuales por un total de 350 millones de pesos: una partida de 150 millones de pesos para becas de grado y otras dos de 100 millones de pesos cada una para financiar horas docentes y para las obras en el Hospital de Clínicas.
A su vez, hay 140 millones de pesos para ajustes salariales, que surgen de una negociación tripartita y están sujetos a la ratificación por parte de los gremios y del Consejo Directivo Central (CDC) de la UdelaR, explicó Cancela. Tomando en cuenta los fondos fijos por 350 millones de pesos y los 140 millones, la partida presupuestal será de un 3% de lo que pidió la UdelaR.

El rector indicó que el presupuesto se discutirá en el próximo CDC, pero reconoció que “hay mucha preocupación en la universidad”, porque, si bien algunos rubros fueron tenidos en cuenta, ha sido con montos muy pequeños con relación a la necesidad y otros “directamente tienen un incremento cero. Lo que estamos viendo es que, realmente, de las necesidades que tiene la enseñanza universitaria, va a ser muy pequeño –casi ínfimo– lo que se va a poder cubrir”.

Cancela afirmó que, en base al presupuesto propuesto por el gobierno, la perspectiva para el interior del país es “realmente muy dura”, porque “se asigna cero peso al programa territorial de la universidad”, para el que la universidad pedía unos 830 millones de pesos. Cancela advirtió que, “en la medida en que quedamos congelados en recursos”, el desarrollo en el Interior “puede ir retrocediendo”.
Y acá está el problema que se percibe para llevar adelante las políticas de descentralización que propone la Universidad, porque no alcanza con los proyectos, sino que es imprescindible contar con dinero para financiarlos, y en estas restricciones caerían en la volada las dependencias universitarias en el Interior, incluyendo las sanduceras.

De mantenerse así las cosas, solo quedaría como esperanza la batalla que puedan dar los legisladores en el Parlamento para cambiar esta disposición de recursos que propone el Poder Ejecutivo y a esto apunta precisamente la exhortación de la declaración de la Junta Departamental, en el sentido de contar con la acción coordinada de la “paybancada” para obtener los recursos.

Actualmente preside la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), dependencia del Poder Ejecutivo que tiene que ver con la forma de distribución de los recursos presupuestales, el Dr. Rodrigo Arim, quien ejerciera como rector y tuviera activa participación en ejercicio de ese cargo para hacer realidad el Campus Universitario. Pero Arim renunció para integrarse a este gobierno desde la OPP y ahora está del otro lado del mostrador, defendiendo lo que ofrece el Ejecutivo en el Presupuesto, y pese a que sabe los rubros que se necesitan para esta descentralización universitaria, y más allá de su convicción personal, no hay dudas de que forma parte del gobierno y de que actuará en consonancia con la línea de acción del Poder Ejecutivo.

Nos encontramos una vez más con la dicotomía que hay en la postura de nuestros dirigentes políticos cuando se alternan estando en el gobierno o en la oposición, porque los que ayer reclamaban recursos hoy dicen que no hay, y al revés, los que decían que no había hoy sostienen que se puede. El ministro de Economía y Finanzas, Ec. Gabriel Oddone, explicó el por qué de la contradicción entre la promesa del presidente Yamandú Orsi en campaña de no subir impuestos, y su propio respaldo, en el que había puesto un matiz aludiendo al concepto de readecuación fiscal.
Oddone indicó a los legisladores que “el presupuesto incluye un incremento de los ingresos como porcentaje del producto”, algo que antes de asumir “había sostenido que creía que eso no era necesario”.

“Pero definitivamente la situación fiscal que el país tiene por delante requiere de una consolidación y una convergencia fiscal a los cinco años que tiene que hacer uso de los ingresos que el Estado tiene a su disposición”, detalló, y aclaró que la Cámara se refirió “estrictamente” a su postura, y no mencionó al Frente Amplio.
En esta línea, recordó que sus afirmaciones durante la campaña de 2024 se dieron “porque la información” que “disponía hablaba de un déficit fiscal proyectado para este año de 2,8% del PBI [Producto Bruto Interno]”.
De hecho, agregó, “la estadística oficial durante la campaña electoral del año pasado reportaba ese déficit, pero ahora va a ser del 4,1%”.
“Todos los analistas privados, entre los cuales yo también estaba, decíamos: (habrá un déficit del) 3%; del 4,1% nunca”, reconoció.
Indicó que trató de “ser cuidadoso con las palabras” durante la campaña, sin embargo, contrastó: “Convengamos que el escenario fiscal que tenemos por delante no tiene nada que ver con el que nadie se imaginaba hace un año”.

Habló de las críticas ante lo “optimista” del presupuesto elaborado por el Ejecutivo. “No corresponde hablar de optimismo porque todos, incluso el equipo económico del período anterior, creíamos que íbamos a crecer más de lo que estamos creciendo. Así que nosotros creemos que es un supuesto realista”, sostuvo.
“Y, si no ocurriera así, tendremos que tomar decisiones. Al piloto del avión vos no le preguntás qué pasa si tenés una tormenta que te agarra, lo tendrás que gestionar, ese es nuestro trabajo”, completó.

Es decir que como hemos sostenido siempre, la que manda es la realidad, mucho más allá que las promesas electorales y los voluntarismos, que por regla general solo cumplen el rol de “enganche” electoral para los que están dispuestos a creer en el partido o ideología que sea.
Y en este camino cuesta arriba, la palabra la tienen ahora nuestros legisladores, recogiendo el sentir de nuestras fuerzas vivas, con planteos serios y muy bien fundados en el Parlamento en el marco de la discusión presupuestal en pro de obtener los recursos que se necesitan para hacer realidad la descentralización universitaria, sobre todo en el norte del río Negro, para continuar una transformación educativa imprescindible para el Interior y el país.

Los cambios tributarios que plantea el presupuesto quinquenal del gobierno de Yamandú Orsi no deberían ser una novedad. Son el resultado de la continuidad de una política de Estado orientada a la inserción activa de Uruguay en la OCDE.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos está conformada por países que comparten sistemas democráticos liberales y economías de mercado similares. Ya en julio de 2020, el Comité de Inversiones de la OCDE recomendó invitar a Uruguay a convertirse en el miembro número 50 de la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, adhesión que se efectivizó el 25 de febrero de 2021.
Esta invitación fue consecuencia de un minucioso monitoreo sobre las políticas de inversión del país, que desde hace años se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Establecidos por las Naciones Unidas, los ODS tienen como meta garantizar que, para el año 2030, todas las personas puedan disfrutar de paz y prosperidad. Sin embargo, la propia ONU señala que “los recursos financieros de toda la sociedad son necesarios para alcanzar los ODS en todos los contextos”.
Desde 2022, Uruguay se compromete a “tratar a los inversionistas extranjeros de la misma manera que a los nacionales y a promover una conducta empresarial responsable”, según se informó desde Presidencia durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. En ese marco, se estableció un Punto Nacional de Contacto OCDE en el Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de promover la implementación de las Líneas Directrices de la organización para Empresas Multinacionales.
Este proceso implicó el inicio de un alineamiento de las políticas públicas con estándares internacionales para mejorar la gobernanza y atraer inversiones, una línea de trabajo que se consolida en el actual mensaje presupuestal, con reformas en áreas como la transparencia y las competencias tributarias.
En agosto pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Mario Lubetkin, anunció un encuentro técnico con la OCDE para intercambiar experiencias “en un momento clave para evaluar cómo una relación más estrecha con este organismo podría contribuir a mejorar las políticas públicas, la competitividad y la inserción internacional de Uruguay”, según informó Cancillería.
Es decir, asistimos a la continuidad de una política impulsada por sucesivos gobiernos, que implica reformas fiscales y tributarias ahora profundizadas en el debate político actual. Un debate que muchas veces se centra en lo superficial, sin reconocer que estas decisiones responden a un proceso sostenido.
La inserción plena en este organismo internacional exige llevar adelante reformas estructurales, más allá del color político del gobierno de turno. Y este punto debería ser considerado seriamente por quienes sostienen discursos anclados en un pasado que ya no dialoga con el contexto global.
Uruguay —como las empresas que invierten grandes recursos para obtener certificaciones que les permitan acceder a licitaciones o avales de calidad— avanza en un proceso destinado a mejorar su atractivo ante los inversores internacionales. Inversores que, a su vez, establecen patrones claros de conducta tributaria.
Un ejemplo de ello fue la adhesión de Uruguay al Código de Conducta de la Unión Europea a inicios de 2023. Este compromiso implicó la eliminación de medidas fiscales consideradas perjudiciales, lo que llevó a modificaciones del IRAE (Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas) mediante la Ley N.º 20.095. Como resultado, Uruguay fue reconocido como jurisdicción cooperante y eliminado de la llamada “lista gris”.
Paralelamente, el G20 y la OCDE promueven la implementación del Impuesto Mínimo Global. Tal como lo señala la exposición de motivos del proyecto de ley: “la nueva realidad fiscal internacional, particularmente la irrupción del Impuesto Mínimo Global, neutraliza los beneficios tributarios que Uruguay ha venido concediendo para promover la inversión y el empleo”.
El documento explica que, cuando las rentas generadas “no son suficientemente gravadas en Uruguay”, serán “gravadas en otra jurisdicción”. En términos económicos, esto se traduce en que “el sacrificio tributario que realiza nuestro país se convierte en transferencias directas desde nuestra tesorería a la tesorería del país donde reside la matriz última del grupo multinacional”. Para evitar ese efecto no deseado, se propone la creación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico.
El proyecto de ley de presupuesto del gobierno de Orsi incluye un extenso capítulo con modificaciones tributarias, nuevos impuestos y cambios en tributos existentes, como el IRPF. Según el equipo económico, estas reformas representan una “convergencia fiscal” para adaptar la estructura tributaria del país a las tendencias globales, además de corregir “inconsistencias técnicas”.
En el marco del llamado Segundo Pilar de la OCDE, estos cambios afectan especialmente a los países con bajos niveles de imposición, y modifican la manera en que las empresas multinacionales planifican sus estrategias fiscales a nivel global.
Otros países, como Brasil bajo el gobierno de Lula da Silva, también avanzan en reformas ambiciosas. En su caso, se busca sustituir el sistema tributario actual por un sistema basado en la renta, que favorezca la neutralidad económica, la transparencia y evite la acumulación de impuestos.
En cuanto a otras líneas estratégicas promovidas por la OCDE, la organización recomienda fortalecer el sistema educativo y de formación laboral desde la infancia hasta la vida adulta. Asimismo, insiste en la necesidad de avanzar en la descarbonización y la protección del capital natural, siempre alineado con los estándares socioambientales. En todos estos frentes, Uruguay ha mostrado avances sostenidos a través de distintos gobiernos.
Porque, más allá del discurso partidario —sin importar quién gobierne en el presente o lo haya hecho en el pasado—, la política fiscal global está cambiando de forma vertiginosa.
Las normas tributarias no son estáticas. Y eso comienza a ser comprendido por izquierdas y derechas en este mundo globalizado.
Todo lo demás, en definitiva, es discurso para una tribuna que aplaudirá… o no.