Opinión

Los cambios tributarios que plantea el presupuesto quinquenal del gobierno de Yamandú Orsi no deberían ser una novedad. Son el resultado de la continuidad de una política de Estado orientada a la inserción activa de Uruguay en la OCDE.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos está conformada por países que comparten sistemas democráticos liberales y economías de mercado similares. Ya en julio de 2020, el Comité de Inversiones de la OCDE recomendó invitar a Uruguay a convertirse en el miembro número 50 de la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, adhesión que se efectivizó el 25 de febrero de 2021.
Esta invitación fue consecuencia de un minucioso monitoreo sobre las políticas de inversión del país, que desde hace años se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Establecidos por las Naciones Unidas, los ODS tienen como meta garantizar que, para el año 2030, todas las personas puedan disfrutar de paz y prosperidad. Sin embargo, la propia ONU señala que “los recursos financieros de toda la sociedad son necesarios para alcanzar los ODS en todos los contextos”.
Desde 2022, Uruguay se compromete a “tratar a los inversionistas extranjeros de la misma manera que a los nacionales y a promover una conducta empresarial responsable”, según se informó desde Presidencia durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. En ese marco, se estableció un Punto Nacional de Contacto OCDE en el Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de promover la implementación de las Líneas Directrices de la organización para Empresas Multinacionales.
Este proceso implicó el inicio de un alineamiento de las políticas públicas con estándares internacionales para mejorar la gobernanza y atraer inversiones, una línea de trabajo que se consolida en el actual mensaje presupuestal, con reformas en áreas como la transparencia y las competencias tributarias.
En agosto pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Mario Lubetkin, anunció un encuentro técnico con la OCDE para intercambiar experiencias “en un momento clave para evaluar cómo una relación más estrecha con este organismo podría contribuir a mejorar las políticas públicas, la competitividad y la inserción internacional de Uruguay”, según informó Cancillería.
Es decir, asistimos a la continuidad de una política impulsada por sucesivos gobiernos, que implica reformas fiscales y tributarias ahora profundizadas en el debate político actual. Un debate que muchas veces se centra en lo superficial, sin reconocer que estas decisiones responden a un proceso sostenido.
La inserción plena en este organismo internacional exige llevar adelante reformas estructurales, más allá del color político del gobierno de turno. Y este punto debería ser considerado seriamente por quienes sostienen discursos anclados en un pasado que ya no dialoga con el contexto global.
Uruguay —como las empresas que invierten grandes recursos para obtener certificaciones que les permitan acceder a licitaciones o avales de calidad— avanza en un proceso destinado a mejorar su atractivo ante los inversores internacionales. Inversores que, a su vez, establecen patrones claros de conducta tributaria.
Un ejemplo de ello fue la adhesión de Uruguay al Código de Conducta de la Unión Europea a inicios de 2023. Este compromiso implicó la eliminación de medidas fiscales consideradas perjudiciales, lo que llevó a modificaciones del IRAE (Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas) mediante la Ley N.º 20.095. Como resultado, Uruguay fue reconocido como jurisdicción cooperante y eliminado de la llamada “lista gris”.
Paralelamente, el G20 y la OCDE promueven la implementación del Impuesto Mínimo Global. Tal como lo señala la exposición de motivos del proyecto de ley: “la nueva realidad fiscal internacional, particularmente la irrupción del Impuesto Mínimo Global, neutraliza los beneficios tributarios que Uruguay ha venido concediendo para promover la inversión y el empleo”.
El documento explica que, cuando las rentas generadas “no son suficientemente gravadas en Uruguay”, serán “gravadas en otra jurisdicción”. En términos económicos, esto se traduce en que “el sacrificio tributario que realiza nuestro país se convierte en transferencias directas desde nuestra tesorería a la tesorería del país donde reside la matriz última del grupo multinacional”. Para evitar ese efecto no deseado, se propone la creación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico.
El proyecto de ley de presupuesto del gobierno de Orsi incluye un extenso capítulo con modificaciones tributarias, nuevos impuestos y cambios en tributos existentes, como el IRPF. Según el equipo económico, estas reformas representan una “convergencia fiscal” para adaptar la estructura tributaria del país a las tendencias globales, además de corregir “inconsistencias técnicas”.
En el marco del llamado Segundo Pilar de la OCDE, estos cambios afectan especialmente a los países con bajos niveles de imposición, y modifican la manera en que las empresas multinacionales planifican sus estrategias fiscales a nivel global.
Otros países, como Brasil bajo el gobierno de Lula da Silva, también avanzan en reformas ambiciosas. En su caso, se busca sustituir el sistema tributario actual por un sistema basado en la renta, que favorezca la neutralidad económica, la transparencia y evite la acumulación de impuestos.
En cuanto a otras líneas estratégicas promovidas por la OCDE, la organización recomienda fortalecer el sistema educativo y de formación laboral desde la infancia hasta la vida adulta. Asimismo, insiste en la necesidad de avanzar en la descarbonización y la protección del capital natural, siempre alineado con los estándares socioambientales. En todos estos frentes, Uruguay ha mostrado avances sostenidos a través de distintos gobiernos.
Porque, más allá del discurso partidario —sin importar quién gobierne en el presente o lo haya hecho en el pasado—, la política fiscal global está cambiando de forma vertiginosa.
Las normas tributarias no son estáticas. Y eso comienza a ser comprendido por izquierdas y derechas en este mundo globalizado.
Todo lo demás, en definitiva, es discurso para una tribuna que aplaudirá… o no.

Vivimos un tiempo de cambios precipitados para los cuales no estábamos preparados, ya sea por negligencia o improvisación. Si se quiere, podemos también tercerizar la responsabilidad: tampoco lo han hecho quienes deberían cuidar de la regulación de los mercados y de la salud pública. Algo de aquello que escribió Serrat resuena aquí: “Llegamos siempre tarde, donde nunca pasa nada”.
Existe —y también es cierto— una cuota de cansancio real, y otra “virtual”, cada vez que debemos ocuparnos de algo cuyo desarrollo es incierto. Hay documentos reflexivos, pero no de toma de decisión. Así, nadie se equivoca, pero se guarda un silencio cerrado. Quizás la sola voluntad produce el espejismo de que es suficiente, pero los hechos son porfiados y regresan… o mejor dicho, continúan.
Los especialistas dan por probado que las horas nocturnas frente a la pantalla de notebooks, tablets y smartphones constituyen una combinación nefasta para lograr un sueño reparador. Incluso generan efectos indeseados: por ejemplo, quedarse dormido con los lentes puestos o los auriculares encendidos.
Cada persona ha desarrollado sus propias estrategias para dormir mejor. Algunos optan por apagar o programar la suspensión de notificaciones. Otros, por reducir las aplicaciones de redes sociales en sus celulares. También hay quienes culpan a la cafeína y, por ello, reducen su consumo. Otros señalan al mate, aunque, para mis manías, este último no es negociable.
Sin embargo, con el paso del tiempo me fui convenciendo cada vez más de que la cuestión tiene raíces más profundas: la inestabilidad, la incertidumbre y las malas noticias.

No es nuestra culpa

Hace ya algún tiempo, Anne McLaughlin, psicóloga y docente de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, escribió algo casi liberador: “No es tu culpa caer en el doomscrolling”. ¿En qué? En el “arte” de navegar por internet siguiendo el hilo de las malas noticias.
En otras palabras, el doomscrolling es el acto de pasar demasiado tiempo leyendo noticias negativas en línea, especialmente en redes sociales. Ya desde el inicio del COVID-19, surgieron voces que alertaban sobre este comportamiento, que provoca un aumento de los sentimientos de ansiedad y depresión.
Durante la pandemia, los expertos en salud mental advirtieron que la exposición constante a noticias relacionadas con el virus, el temor al contagio, la soledad de las internaciones y la muerte en aislamiento generaron una carga emocional desacostumbrada, profundamente angustiante. Si a eso le sumamos la inestabilidad laboral y económica derivada de las restricciones, el resultado fue una merma notable en la calidad de vida, especialmente en lo que respecta a la salud mental.

En la Harvard Health Publishing, publicada el 1 de septiembre pasado, se advierte sobre los peligros del doomscrolling. En un artículo firmado por Maureen Salamon, directora ejecutiva de Harvard Women’s Health Watch, se concluye que “consumir constantemente noticias angustiosas puede afectar nuestra salud. Hay que aprender cómo proteger nuestro bienestar”.

La autora señala que “el fenómeno del doomscrolling —una de las palabras del año del Oxford English Dictionary en 2020— cobró relevancia durante la pandemia, cuando nuestras vidas trastornadas nos empujaron a rastrear implacablemente las últimas víctimas del COVID. Pero más de cuatro años después, seguimos inmersos en un profundo malestar social, político y económico. El doomscrolling ha surgido como una amenaza insidiosa para nuestras mentes y cuerpos”, afirman los expertos de Harvard.

A la crisis sanitaria le siguió una etapa de alta inestabilidad política (especialmente en los Estados Unidos) y también económica. “Ha sido un ataque tras otro”, sostiene la Dra. Aditi Nerurkar, profesora en la División de Salud Global y Medicina Social de la Facultad de Medicina de Harvard. Argumenta que “nuestros cerebros y cuerpos están diseñados para manejar breves ráfagas de estrés. Pero en los últimos años, ese estrés simplemente no parece tener fin. El doomscrolling es nuestra respuesta a eso”.

Desde el punto de vista médico, este comportamiento tiene sus raíces en el sistema límbico del cerebro —a menudo llamado “cerebro reptiliano”—, que promueve la autopreservación e impulsa la respuesta de lucha o huida. El estrés activa este impulso primario: nos volvemos hipervigilantes, como si fuésemos radares escaneando el peligro. “Cuanto más te desplazas —scrolling—, más sientes que necesitas seguir haciéndolo”.

Tecnología adictiva

Sun Joo Ahn, experta en juegos y entornos virtuales, explica que “es probable que las personas no estén buscando recibir noticias desalentadoras; simplemente están tratando de recopilar información. Desafortunadamente, mucha de esa información hoy es negativa, y estamos motivados a prestarle más atención —y recordarla por más tiempo— porque tiene un vínculo directo con nuestra supervivencia”, especialmente en tiempos de tensión.

Los medios digitales, consciente o intuitivamente, han percibido esta situación. El contenido se diseña para detonar hiperexcitación, apelando a emociones intensas como el miedo o la indignación, dos reacciones instintivas ligadas a la supervivencia personal y social.
Y en este camino aparecen otras preguntas: ¿cuántas de estas estrategias están integradas en esa vasta categoría llamada “inteligencia artificial”? ¿Hasta qué punto se nos manipula para captar nuestras reacciones casi automáticas y alimentar sistemas de predicción —algoritmos— que, basándose en nuestros desplazamientos anteriores, apuestan a repetir el estímulo con el propósito de obtener las mismas respuestas?
Las redes sociales perpetúan el doomscrolling al utilizar algoritmos diseñados para maximizar la participación del usuario, prisionero de una invisible red de antecedentes. Esos algoritmos priorizan contenido emocionalmente estimulante, donde la incertidumbre conecta con las noticias negativas o con titulares inesperados que nos mantienen desplazándonos por un “rollo infinito” de novedades.

Los modelos comerciales de la mayoría de las plataformas de redes sociales se sostienen gracias a la participación constante de los usuarios: frecuencia de visitas, tiempo de permanencia, clics, etc. Esto se traduce en publicidad dirigida, basada en los patrones de comportamiento de cada uno. El impacto negativo del doomscrolling sobre la salud mental está en el centro del problema. También lo está la ética de unas redes sociales que se benefician de esta dinámica, incluso cuando los usuarios se encuentran en una posición de casi total indefensión.

Una cuestión de salud pública

Es hora de comenzar a hablar seriamente sobre estas cuestiones y de exigir conductas éticas. No se trata sólo de salud mental. Es una cuestión de democracia, en el sentido más amplio. De credibilidad de los medios, y de responsabilidad en las políticas de salud pública.

Quizá debería ocuparme de los avances totalitarios que se procuran a través del presupuesto, en el que se continúa con el cocimiento a fuego lento de la ranita (nosotros) que iniciara Astori y que prosigue Oddone.

Hay tiempo, empero; hoy parece más urgente no apartar los ojos de la Argentina que es un ejemplo, casi siempre para no seguir.
Si tuviera que votar allí; ¡qué dilema! No votaría al kirchnerismo, y su engendro Kicillof, responsable de todo, pero no creo que la opción sea mucho mejor; Milei también en alguna medida es otro engendro del kirchnerismo, porque el equilibrio fiscal y control de la emisión no son más que meros instrumentos para el buen manejo de la economía y no más, (lo hace China). Hay cosas más importantes.

Puede que ese sea el dilema de muchos argentinos y opten por no votar, lo que complicaría la situación: ambos bandos se sentirán mas fuertes y contabilizarán el “ausentismo” como una expresión de rechazo “al otro” y se sentirán mas “animados” y eso no es bueno. Ni “K” ni LLA lo interpretarían como un “que se vayan todos”.

Pero, como sea, alguien va a ganar. Si es Kicillof, ¡agarrate Catalina!, será un golpe desestabilizador para la economía y la política del gobierno. Los “mercados”, que son cobardes, reaccionarán al repliegue hasta las legislativas de octubre, a las que el oficialismo llegaría con el terreno poco abonado. Dólar, reservas, riesgo país serán difícil de enfilar, más la oposición ensoberbecida: a Kicillof le reventará el saco, la “señora” resoplará sabiduría y los “gordos”, siempre en licencia gremial, sacarán provecho.

Ahora, si gana Milei, ¡agarrate Catalina! también. Con viento en la camiseta no doy mucho por la suerte de los periodistas independientes –los no operadores, los no amigos–, tampoco por los legisladores no oficialistas o los no obedientes. Que se cuiden los jueces y que se cuiden todos y los jubilados mártires del equilibrio fiscal. Que se cuide la propia vicepresidente, a la que el pueblo eligió pero que no la quiere “la hermana Jefe”, a la que nadie eligió. Villarruel como Mondino –la excanciller– fueron elementos “suavizantes” y claves para el triunfo de Milei. Y si así paga a los amigos, que se apronten los enemigos.

Cuando hace unos días volvía del Bs. As. en medio de un “candombe” de audios, dudaba un poco sobre “cuánto” habría de cierto. Los argentinos son amigos de inventar conspiraciones y atentados: como el de aquél sicario “bobo” que no revisó el revólver para “matar” a Cristina, o ahora como Milei, que también habla de atentados y amenazas.
Pero resulta que un juez prohibió difundir los audios sobre Karina –la Jefe–, y me asaltó la gran duda: entonces ¿hubo joda?, ¿también se la llevan toda?

Los autoritarios no aprenden. La libertad siempre es la mejor salida, para lo que sea. Pero además es el derecho de la gente a saber lo que pasa y esa es la primera exigencia de la democracia liberal (la única). Sin esa libertad desaparecen todas y desaparece todo. A veces el ciudadano no le da su real importancia y acepta que es preferible ceder algo de libertad de expresión y tener para comer; y ello es muy atendible, pero a larga siempre es hambre para mañana. Fidel decía a los cubanos que no importaba papel prensa para que escriban contra la revolución pues necesitaba esos recursos para el bienestar de los cubanos. Seis décadas después los cubanos siguen sin prensa libre, y también sin bienestar.

El proyecto de Ley de Presupuesto que se encuentra actualmente a estudio del Parlamento incluye un artículo que autoriza a la Dirección General Impositiva (DGI) a levantar el secreto bancario sin intervención judicial. Hasta ahora, para acceder a datos financieros de un contribuyente, se requería la autorización de un juez y la existencia de indicios de evasión.

De acuerdo con lo informado por La Diaria, el artículo 635 del proyecto de ley mencionado introduce, según explicó a la diaria Andrés Blanco, profesor grado 5 del Instituto de Finanzas Públicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, “dos cambios en la normativa vigente vinculada al secreto bancario. En primer lugar, el artículo 635 establece que, “en cumplimiento de solicitudes expresas y fundadas por parte de la autoridad competente de un Estado extranjero”, la Dirección General Impositiva (DGI) podrá requerir a las entidades financieras información sobre cuentas financieras, productos, servicios y cualquier operación relativa tanto a personas físicas como jurídicas. La DGI podrá requerir esto exclusivamente en el marco de instrumentos internacionales que hayan sido ratificados por Uruguay en materia de intercambio de información. En el presupuesto también se dispone que la información será solicitada mediante el Banco Central del Uruguay (BCU), a través de una “resolución fundada del director general de Rentas”, es decir, el titular de la DGI. El BCU deberá cumplir con lo solicitado en un plazo de cinco días; las entidades financieras, en tanto, dispondrán de un plazo de 15 días desde la notificación del BCU para remitir la información correspondiente. Blanco indicó que, en este primer cambio, en el intercambio de información con administraciones tributarias extranjeras “no va a haber un procedimiento en el cual se le dé vista al involucrado, como ocurre hoy”.

Blanco expresó, sobre el primero de los cambios propuestos: “Me parece que la modificación que se está proyectando no está bien, porque acá en Uruguay está bastante asentada la idea de que cuando hay algún tipo de perjuicio para una persona, que en el caso de los intercambios de información seguro que lo hay, la persona tiene que tener la posibilidad de una instancia previa frente a la propia administración y, al final, lo que hace la administración tiene que tener algún tipo de control judicial”. En cambio, en el intercambio de información con el extranjero, “como está todo previsto de una manera tan rápida, no hay ninguna instancia para que nadie pueda controlar judicialmente qué es lo que hace la administración”. Acerca de la modificación planteada para el ámbito nacional, Blanco dijo que “es razonable que la administración tenga acceso a la información bancaria, como ya tiene acceso a otro tipo de informaciones”. A modo de ejemplo, mencionó que en la actualidad la DGI tiene acceso a lo que se vende y lo que se compra, “en tiempo real”, gracias a la facturación electrónica. Blanco consideró que se trata de “un paso más de lo que hoy ya puede ver la DGI con la información que tiene”, y puntualizó que “el secreto bancario no se termina con esto, [sino que] se termina para la administración tributaria”, que sería la única que tendría el acceso a dicha información”.

En resumen, lo que pretende el gobierno es nada más y nada menos que una nueva flexibilización del secreto bancario ya que, como lo ha señalado la periodista Helen da Silva, “la Dirección General Impositiva podrá acceder a la información de cuentas, productos y operaciones financieras sin aval judicial ni aviso al contribuyente, tanto para investigaciones propias como para cumplir pedidos de fiscos extranjeros. Esta medida, aunque busca cumplir con recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), genera preocupación sobre su posible efecto en la inversión extranjera y local”.

En la mencionada OCDE es precisamente, donde ha nacido y crecido esta “fiebre regulatoria” de los países desarrollados para terminar con el secreto bancario en la mayor cantidad de países que sea posible. Se trata de otro de los objetivos de la agenda global que desde hace años vienen tejiendo gobiernos, organismos internacionales y académicos de diversos orígenes con la finalidad de conformar un “gobierno mundial” varios temas sensibles (incluyendo la legalización de la marihuana, la eutanasia, el aborto y la ideología de género, entre tantos otros) sigan ganando terreno y construyendo a nuestro planeta al gusto y capricho de los poderosos. Ante este avance de la filosofía “woke” y de la voracidad fiscal transfronteriza vale la pena preguntarse: ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Qué se busca con este nuevo ataque al secreto bancario? Al igual que el “tero” (que siempre confunde sobre la ubicación de su nido) la Ocde y el gobierno uruguayo quieren hacernos creer que se trata de justicia tributaria y de lograr más recursos para que las administraciones tributarias pueden cumplir con sus objetivos (salud, seguridad, defensa, etc.). Todo eso es una gran mentira. Lo que quieren esos organismos y gobiernos (incluido el uruguayo) es el control total de la sociedad a través de la obtención de información y el cruzamiento de datos, violando las normas constitucionales de nuestro país. Esa es “la verdad de la milanesa”.

Tal como lo han señalado el Dr. Rodolfo Mezzera Aguirre y el Contador Carlos Ruiz Lapuente, la Constitución Nacional establece, en su artículo 7º, el derecho de las personas a ser protegidas en su libertad “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general”. El artículo 28 de la carta magna consagra a su vez, la protección del derecho a la intimidad disponiendo la inviolabilidad de los documentos de los particulares: “Los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie, son inviolables, y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general”.
Por su parte, el artículo 72 extiende las garantías constitucionales a todos los derechos que sean inherentes a la personalidad humana: “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”. En consecuencia, el derecho de la persona humana, a la propia intimidad y confidencialidad de su información personal se encuentra consagrado en normas de orden público uruguayo, estableciendo expresamente que dichos derechos sólo podrán ser limitados por leyes dictadas por razones de interés general”.

En su novela “Por quién doblan las campanas”, el escritor norteamericano Ernest Hemingway (1899-1961) incluye una memorable frase final que pronuncia su protagonista: “No preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti”. Lo mismo se aplica a este nuevo quiebre al secreto bancario: no preguntes a quienes persiguen, nos persiguen a todos porque quieren el control total de cada uno de nosotros.

El presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, fue uno de los oradores en las recientes 40ª Jornadas Anuales de Economía “Profesor Ricardo Pascale”. En una mesa que compartió con especialistas como el presidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, y el exvicepresidente del Banco Central de Chile, Pablo García Silva, se refirió a las políticas que lleva adelante nuestro país, resaltando los avances en materia de credibilidad y estabilidad de precios.

La exposición de Tolosa (ver en el QR) resulta sumamente interesante para comprender el escenario actual, en momentos en que el dólar no gana valor, y para entender cómo ese comportamiento no está entre los objetivos —al menos primarios— del organismo, cuyo foco principal es el control inflacionario por encima de todo.

En la mesa se habló sobre la consolidación del régimen de metas de inflación en América Latina. Respecto a la experiencia uruguaya, el presidente del BCU valoró que se implementó “sin ninguna de las condiciones consideradas tradicionales como prerrequisitos, pero con un fuerte compromiso institucional. Estas condiciones se han ido fortaleciendo en el proceso mismo de implementación, disparando un círculo virtuoso entre logro de resultados y credibilidad”. Previamente, Uruguay había adoptado estas metas inflacionarias “con agregados cambiarios, que no habían sido cumplidas en la mayor parte del tiempo durante 15 años”.

Tolosa destacó que hoy Uruguay logra mantener la inflación dentro del rango objetivo desde hace más de dos años, incluso enfrentando escenarios de volatilidad cambiaria. Consideró este hecho un cambio histórico, ya que “la inflación adopta una dinámica propia y deja de moverse al compás del tipo de cambio”. Señaló que esta política, iniciada en 2020, se enfrentó inicialmente con la mala suerte de la pandemia. Sin embargo, una vez recuperada cierta normalidad, ya se acumulan 26 meses con los datos de inflación dentro del rango de tolerancia —anteriormente denominado “rango meta”—, lo que ha ocurrido pese a diversas presiones. “Porque en estos dos años ha habido todo tipo de shocks y, por ejemplo, una depreciación significativa de la moneda a fines de 2024”, indicó.

En general, durante episodios de fuertes depreciaciones —como el que ocurrió en 2024, con una variación del 15%—, se generaban picos de inflación. “La vez pasada dije que la inflación era como la ‘novia’ de la depreciación: van a todos lados juntos, digamos, y llega un momento en que se produce la separación, donde la inflación adopta una dinámica propia”. Esta vez, destacó, ha sido diferente. “Simplemente los formadores de precios seguían lo que pasaba con el tipo de cambio muy de cerca, por más que nosotros tratábamos de llevar adelante este régimen de metas de inflación a la uruguaya”. Y, de repente, ese foco cambió: en lugar de fijarse en el tipo de cambio, la referencia pasó a ser “la meta de inflación en sí misma”. Para Tolosa, se trata de una separación de estos “novios”, lo cual supone “un cambio histórico en el régimen monetario del Uruguay”.

No obstante, no se pueden obviar los mensajes provenientes del sector productivo, que aluden a los costos que esta política supone para los agroexportadores, que siguen siendo la base de la economía nacional, hasta donde tenemos entendido. En julio pasado, el asesor de la Federación Rural, Milton Ramallo, se refirió a esta política en la red social X, luego de que el Comité de Política Económica anunciara una baja en las tasas de interés —en ese momento al 9%—. Comentó: “El comunicado habla de inflación en los valores esperados en el horizonte de 24 meses, 4,5%, pero mantienen la tasa de política monetaria contractiva para consolidar la inflación. Sabiendo el impacto negativo que tiene esta política en el sector productivo, tenía margen suficiente para una baja mayor. Necesitamos contar con un Banco Central que no esté de espaldas al sector productivo del país cuando este lo necesita”.

Algunos días antes, el 27 de junio, la Federación Rural había publicado un comunicado recordado, sobre todo, por su llamativo título: “El campo y la fábula de la rana hervida”, en el que se aludía y fundamentaba lo que consideran un atraso cambiario que se arrastra desde hace tres años.

Sin embargo, en su intervención, Tolosa no solo descartó que estemos ante un escenario de “atraso cambiario”, sino que utilizó el término opuesto: “adelanto cambiario”. Señaló: “Siempre se habla en Uruguay de atraso cambiario (…) Generalmente, en Uruguay, la devaluación era menor que la inflación, y cuando subía la devaluación, la inflación también subía. No había momentos en los cuales la depreciación fuera sosteniblemente más alta que la inflación, o sea, momentos de lo que vendría a ser ‘adelanto cambiario’, donde la depreciación le gana a la inflación. Como las expectativas inflacionarias estaban desancladas, eso siempre generaba que la inflación siguiera al tipo de cambio.

Y ahora, por primera vez, tenemos este momento de ‘adelanto cambiario’. Por alguna razón, los titulares y los diarios siguen hablando de atraso cambiario, pero los datos dicen otra cosa”, aseguró. En agosto pasado, el BCU anunció una nueva reducción de la tasa de interés, llevándola al 8,75%, “manteniendo la instancia contractiva de la política monetaria”, justamente la frase que antes había criticado Ramallo.
Este rumbo aparece hoy tan sólido que Tolosa destacó la independencia de hecho del Banco Central, respaldada por la confianza del mercado. “Lo que al mercado le importa, digamos, es que el Banco Central pueda llevar adelante su política, que no haya interferencias, que no haya ruido, que haya un consenso político y social sobre la importancia de actuar cuando es necesario. Y eso, en Uruguay, ha sido así”. Agregó: “Cuando nosotros —el BCU— tenemos que subir la tasa de interés, lo hacemos. De hecho, hubo ciclos de suba de tasas dos veces en los últimos cuatro años, y no hubo interferencia política, por más que esto es bastante costoso fiscalmente de hacer”. Además, se jactó de ser el primer presidente de la institución “que no tiene ninguna afiliación política declarada formal, lo que creo que no hubiese sido posible con otro tipo de resultados, hasta hace poco tiempo”.

Al cierre de su intervención, contestando preguntas, aludió también al proceso conocido como desdolarización de la economía, que, en su visión, debe abordarse de forma positiva y a través de incentivos. “Hay más instrumentos en pesos que antes, pero el uruguayo sigue teniendo en su portafolio más del 80%, o, si consideramos los activos externos, quizás un 90% de su cartera en moneda extranjera, particularmente en dólares”. Señaló que se desconoce, muchas veces, la debilidad de esta moneda y que “la Reserva Federal está bajo mucho más ataque que el Banco Central del Uruguay”, por lo que adelantó que habrá una campaña de comunicación en este sentido, dado que existe “un sobredimensionamiento del riesgo que implica estar expuesto al peso uruguayo”.

Anunció, además, que se está considerando “seriamente que los precios en la economía uruguaya deban estar expresados en ambas monedas. Es decir, si se desea expresarlos en dólares, está bien, pero además deben estar expresados en moneda nacional. Eso ayuda a fijar ideas sobre la importancia de la moneda nacional y termina, en última instancia, incidiendo en las decisiones financieras”.

https://youtu.be/0xO3N5FPFO0?t=2448

Ya en el inicio del proceso parlamentario tras el envío del mensaje del Presupuesto Quinquenal por el Poder Ejecutivo, sin dudas que una de las expectativas de muchos ciudadanos del interior profundo están centradas en que se atiendan presupuestalmente las necesidades de la problemática de la vivienda rural insalubre, a través de la herramienta por excelencia que es el Mevir. Al respecto su presidente, Andrés Lima, había manifestado en agosto pasado que esperaba contar con los recursos presupuestales para responder a numerosos planteos de familias del medio rural que procuran alcanzar el sueño del techo propio.
Precisamente en el inicio de la gestión de este gobierno, sobre el mes de mayo, Mevir anunció que uno de sus principales compromisos asumidos para cumplir en el quinquenio 2025-2030 es el inicio de la erradicación de agrupamientos rurales irregulares.
La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, dijo que el ministerio asume públicamente uno de sus principales compromisos para el quinquenio 2025 – 2030: comenzar a erradicar los agrupamientos rurales irregulares.
“Este programa está enfocado en la regularización y mejora de los asentamientos rurales informales con el fin de retomar los avances logrados en la administración 2015-2019 (programa activo desde 2017), cuyo desarrollo fue interrumpido en el período de gobierno 2020-2024”, indicó el gerente general de Mevir, Gonzalo Balarini.
El objetivo es dar respuesta a situaciones dispersas en todo el territorio, atendiendo agrupaciones de entre 10 y 30 familias con muy mala infraestructura –agua, saneamiento y electricidad– o sin ella, y con viviendas en general precarias o insuficientes y con problemas de regularidad de la tierra.
Los tipos de agrupamientos que alcanza el plan son los siguientes: asentamientos irregulares en suelo urbano de pequeñas localidades, asentamientos irregulares en suelo rural, agrupamiento irregular rural de baja densidad y otros tipos. Asimismo, “esta administración busca retomar el espíritu fundacional de Mevir, cuya razón de ser fue, desde su creación en 1967, la erradicación de los rancheríos rurales”, expresó Balarini.
“El objetivo de las políticas a aplicar es que ninguna familia rural continúe viviendo en condiciones inaceptables de precariedad o aislamiento”, añadió.
Desde Mevir indicaron que las viviendas de los agrupamientos son extremadamente precarias y no cumplen con las necesidades básicas: falta de agua potable, saneamiento y en algunos casos de electricidad, dimensiones de las viviendas insuficientes para el número de habitantes y construidas en materiales como terrón, paja o chapa que son inadecuados o están en pésimo estado de conservación.
Se sabe que se presentan situaciones de aislamiento, sin medios para trasladarse y donde predominan caminos vecinales que están en mal estado y son inundables. Son familias con escasos ingresos y elevada presencia de menores de edad.
“Estas son las razones por las que el Ministerio de Vivienda decidió enfocarse, a través de Mevir, en ayudar a estas familias que viven en situaciones que muchos no nos podemos llegar a imaginar”, destacó por su parte Andrés Lima, presidente de Mevir.
Pero sin dudas, más allá de la impronta que le dé el gobierno de turno, y algún eventual pase de facturas, el éxito con que se ha desarrollado la gestión de Mevir desde su creación ha sido el de la continuidad de sus políticas, donde por lo general las nuevas autoridades se han caracterizado por no venir con un carácter refundacional, sino que se centran en cumplir con los fines específicos y mejorar en todo lo que sea posible las políticas de llegada a la familias rurales.
Así, en la gestión de la administración anterior, entre otras acciones, se puso en marcha el programa Pequeñas Grandes Obras Rurales, con un plan piloto a desarrollar para productores del departamento de San José con vistas a incorporar nuevas instalaciones, para contribuir a mejorar el rendimiento en el medio rural, como es el caso de perforaciones, tanques, bombas de agua, tambos, corrales, caminería interna y alambrado. Enmarcado en el concepto de construcción de comunidad, Pequeñas Grandes Obras Rurales es orientado a mejorar las condiciones productivas y la calidad de vida de las familias rurales, a través de la ejecución de obras de infraestructura que optimicen el ejercicio de su labor, de acuerdo a los objetivos señalados por sus impulsores.
Es de destacar que desde el organismo creado por el Dr. Alberto Gallinal en la década de 1960 para contribuir a erradicar los rancheríos rurales, además de la acción transformadora en esta materia que ha logrado desarrollar en seis décadas, ha incorporado al cabo de los años objetivos más ambiciosos, destinados no solo a mejorar la calidad de vida, sino a la vez de contribuir, mediante acciones complementarias de costo subsidiado o reducido, al arraigo de las familias en el medio rural facilitando y promoviendo las explotaciones familiares o de pequeños emprendimientos.
En tal sentido se busca mejorar las condiciones productivas de las familias participantes y promueve prácticas de manejo sustentable de los recursos naturales desde una perspectiva social y ambiental.
Por cierto, la fecunda obra de Mevir ha tenido altibajos, pero en mayor o menor medida durante los sucesivos gobiernos de todos los partidos se ha mantenido un apoyo significativo a la obra, con mayor o menor énfasis, que podría definirse como una política de Estado para contribuir a reducir la profunda brecha que subsiste entre el interior profundo y los emplazamientos urbanos, que concentran la mayor parte de los servicios en base a la exigencia derivada de una mayor población.
Estas mejores condiciones de vida desestimulan paralelamente la permanencia de las familias en el campo, las que siguen dejando el medio rural para radicarse en los cinturones de las ciudades.
Pero fuera de los elementos macro que refieren a política económica y acciones que acompañan la producción agropecuaria, a través de la gestión de los organismos nacionales de gobierno, la acción focalizada de Mevir, junto al trabajo de otras entidades relacionadas con el agro, es un factor decisivo a la hora de retener a la población rural en su medio, y por lo tanto toda inversión que se haga –y que se incluya en la dotación presupuestal– con este fin es una apuesta al futuro tanto en lo que refiere a la matriz productiva como a la socioeconómica, teniendo en cuenta el aporte a la calidad de vida en las zonas menos favorecidas del territorio nacional.

La Intendencia de Paysandú anunció su interés en avanzar hacia la implementación de un nuevo modelo de recolección de residuos domiciliarios con clasificación en origen. Es decir, separar los residuos en el hogar.
En una entrevista publicada días atrás en este medio, el director de la Unidad de Gestión Ambiental y Cambio Climático de la Intendencia, Matías Casco, expresó que uno de los principales objetivos de su área es transformar el modelo de recolección de residuos y avanzar hacia el cierre definitivo del vertedero.
El nuevo modelo propuesto incluye recipientes diferenciados para residuos orgánicos, reciclables y plásticos, además de la futura incorporación de incentivos para las familias que participen activamente. Al respecto, Casco citó la experiencia de Canelones —el departamento con mayores avances en clasificación a nivel domiciliario—, señalando que allí se recupera casi un 45 % de los residuos, frente a una media nacional del 5 %. “Si logramos involucrar a la ciudadanía —el primer agente llamado a atender esta problemática—, con el simple hecho de separar lo orgánico de lo reciclable y reutilizable, podremos descongestionar significativamente el sistema”, opinó.
Efectivamente, se trata de una iniciativa que puede marcar un punto de inflexión en la gestión de los residuos domiciliarios urbanos sanduceros y en el vínculo entre la ciudadanía y el ambiente, pero también implica un gran desafío. Separar residuos en casa no es solo una decisión política o técnica, ni una mera recomendación ambiental. Involucra, fundamentalmente, un cambio de hábitos y una nueva práctica cultural que exige la conciencia de asumir que la ciudad que habitamos merece cuidado y responsabilidad. Cada uno de nosotros es un eslabón fundamental para alcanzar esa meta.

Hacer frente a este desafío es mucho más que distribuir contenedores para clasificar nuestros desperdicios. Es, ante todo, un compromiso que cada familia debe asumir con un proyecto que involucra a toda la comunidad.
Desde esta perspectiva, resulta totalmente válido preguntarnos si realmente estamos preparados para clasificar. Entendemos, en este sentido, que no alcanza con ofrecer infraestructura para cambiar una cultura. Por el contrario, el éxito de propuestas de este tipo no radica exclusivamente en lo que pueda decidir e instrumentar la Intendencia, en una adecuada planificación o en que los recolectores pasen en tiempo y forma por los domicilios —todo lo cual es absolutamente necesario—, sino que depende de los hábitos que se construyen o se resisten cada día.
En el contexto latinoamericano se está avanzando hacia sistemas de recolección de residuos más eficientes y sostenibles, lo que ha permitido desarrollar experiencias que reportan beneficios significativos en cuanto a la mejora de la cobertura de los servicios y la reducción del impacto ambiental.
Las ciudades que han logrado avances significativos en la gestión de residuos lo han hecho combinando políticas públicas con participación comunitaria y educación ambiental sostenida. En Colombia, por ejemplo, la separación en origen se volvió obligatoria, pero su éxito dependió de campañas masivas de sensibilización y del reconocimiento formal de los recicladores. En Chile, una ley obliga a las empresas a hacerse cargo del ciclo de vida de sus productos, y al mismo tiempo promueve la clasificación en origen como parte de una estrategia nacional de economía circular. No obstante, en otras ciudades donde se implementaron sistemas de clasificación sin acompañamiento educativo ni inclusión social, los resultados fueron menos exitosos y, en algunos casos, la infraestructura terminó infrautilizada.

Estas experiencias muestran la importancia de la educación de la población, la necesidad de campañas de sensibilización y de otras estrategias para fomentar el compromiso y la participación en cada hogar, institución, centro educativo y barrio, dado que cada uno de estos espacios cumple un rol fundamental en la creación y el fortalecimiento de una cultura del reciclaje y la reutilización.
Por otra parte, una serie de cuestiones sociales y tecnológicas también deberían ser analizadas y discutidas en un cambio de modelo como el propuesto. Por ejemplo, la economía circular, que promueve la reutilización, el reciclaje y la reparación, requiere infraestructura adecuada para el tratamiento de residuos, mercados para los materiales recuperados y políticas que incentiven la innovación. Además, por un motivo no solo de justicia social, sino también de eficiencia ambiental, es importante evitar que los nuevos modelos a implementar excluyan a los recicladores informales, quienes durante años han sostenido la recuperación de materiales. Es necesaria su formalización e integración al sistema.
Desde el punto de vista tecnológico, la experiencia internacional en el sector de gestión de residuos sólidos se encuentra en una fase incipiente de transformación digital. Sin embargo, estudios recientes plantean cómo el sector puede beneficiarse del uso de tecnologías a lo largo de toda la cadena: desde la clasificación y recolección hasta el transporte, la valorización y la disposición final.
En los últimos años, se han desarrollado y puesto en funcionamiento diversas herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia de la gestión de residuos sólidos a nivel global, como el Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA) y la computación en la nube. Estas herramientas son clave hoy en día para generar y analizar datos útiles en la toma de decisiones y en la mejora de los servicios de gestión de residuos. Entre ellas se incluyen sistemas de posicionamiento global e información geográfica para los vehículos de recolección y la ubicación de contenedores, sensores que miden el nivel de llenado y el estado de los recipientes, así como tecnologías para la comunicación, la recopilación de datos y el análisis de información. Asimismo, gobiernos locales y empresas de recolección selectiva están utilizando las TIC y la inteligencia artificial para educar a los vecinos sobre reciclaje, enviar recordatorios por correo electrónico o publicar contenidos informativos en redes sociales.

En definitiva, es hacia estos caminos por donde transita la innovación en la mejora de la gestión de residuos sólidos, y hay aún mucho por avanzar.
Paysandú puede seguir los pasos de Canelones, pero también puede proyectarse como un laboratorio a medida, con un modelo propio de desarrollo técnicamente viable y sostenible en el tiempo, apoyado en una estrategia comunicacional y educativa potente, territorializada y sensible a la idiosincrasia local.
Debemos entender que la clasificación domiciliaria difícilmente pueda imponerse por decreto ni asumirse como una moda o una imposición ambiental. Es un camino largo y desafiante que exige corresponsabilidad con el territorio y la ciudad que queremos habitar.

Titula el portal de Presidencia de la República: “Gobierno proyecta acciones para retrasar edad de inicio de consumo de alcohol” y agrega que la JND (Junta Nacional de Drogas), “realizará antes de fin de año una campaña de prevención para adolescentes, sobre alcohol, cannabis y bebidas energizantes”.
Estas acciones anunciadas vienen a cuento de los resultados —recientemente publicados— de la X Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media, que realizó el Observatorio Uruguayo de Droga, dependiente de la referida Junta.

Algunos de los datos de la encuesta enumerados en el artículo indican que el universo de estudio comprendió a adolescentes de entre 13 y 17 años, escolarizados, de ciudades de 10.000 habitantes. El muestreo se efectuó en todo el país entre el 26 de setiembre y el 1º de noviembre de 2024, entre 5.067 estudiantes de 101 centros educativos y 302 clases de centros de enseñanza públicos, privados y de educación técnica.

Según la investigación, el 82% de los estudiantes consumió alcohol alguna vez en su vida, 67% en el último año y 42% en el último mes. El uso de esta sustancia alcanza a una mayor proporción de mujeres que de varones y es superior en el Interior del país respecto a Montevideo. La edad media de inicio es 13 años.
Por otra parte señala que el 82% de los alumnos consumió bebidas energizantes alguna vez en su vida, 66% en el último año y 37% en el último mes. El uso de esta sustancia aumentó respecto a la medición de 2021 y es la más usada por los menores de 15 años.
El 14% de los estudiantes consultados dijo haber consumido tabaco (cigarrillos) en el último año, lo que mantiene la tendencia descendente. Las mujeres lo usan en mayor medida que los varones.

Uno de cada cinco estudiantes probó marihuana alguna vez en su vida y 15% la consumieron en los últimos 12 meses.
Estos datos permiten hacerse una idea del escenario que se enfrenta en nuestros centros educativos en materia de consumos juveniles, si además consideramos que, según datos del informe Adolescentes, jóvenes y empleo en la Educación Media, realizado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), en el año 2022, el 92,2% de los adolescentes de 14 a 17 años asiste a educación media, por lo que permite tener un panorama bastante completo hasta esa edad. No obstante, el mismo informe de ese año indicaba que la concurrencia de estudiantes desciende de forma significativa entre los 18 y 21 años.

Resulta interesante repasar los comentarios que, respecto a estos resultados, efectuó el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi, quien, después de plantear que todo consumo en esa etapa incide de forma negativa en el desarrollo, aseguró que esta realidad no se modificará si no es con una política pública sostenida “no solo del Gobierno, sino de toda la sociedad” y adelantó que la JND trabaja en un Sistema Nacional de Prevención, cuya primera medida será realizar una campaña de concienciación sobre los efectos del uso de cannabis, alcohol y bebidas energizantes dirigida a adolescentes, antes de fin de año.

En realidad lo primero que destacó es la herramienta de contar “con un Observatorio de Drogas que hace series, esto en el tema de investigación es muy importante porque podemos comparar en distintos años. Esta es la décima encuesta que hacemos en 20 años, lo cual es maravilloso desde el punto de vista de lo que nos puede aportar para hacer política pública”.

Los resultados a lo largo de estos años demuestran cierta estabilidad en todas las sustancias. “Hay en marihuana una disminución y hay un aumento enorme en relación al tema de las bebidas mal llamadas energizantes, que son bebidas estimulantes”. Y aquí hizo un apartado para explicar este concepto. “Muchas veces estas bebidas energizantes se confunden con la ionizantes, que tiene que ver con el ejercicio, y muchos padres y por supuesto muchos adolescentes y niños, no conocen la diferencia entre la vida ionizantes y la bebidas energizantes”.

Aunque es cierto que el mercado ha variado mucho en cuanto a la oferta de este tipo de bebidas, es difícil concebir que a estas alturas haya alguien que siga confundiéndose entre los dos grupos que plantea el secretario y es más probable que quien consuma una bebida lo haga pensando en obtener los “beneficios” que ofrece la otra. El mismo Rossi lo plantea al indicar que las bebidas energizantes se consumen junto al alcohol y que “ahora estaban planteando los investigadores que las personas, los adolescentes, que consumen bebidas energizantes y alcohol, tienen tres veces más posibilidades de intoxicarse”. Los datos muestran una incidencia del consumo muy similar a la del alcohol, que es un consumo tradicional, ya no entre los adolescentes sino en la sociedad toda. Y este es precisamente el problema más complejo, porque el consumo de alcohol está más que aceptado, es incluso “celebrado”, en la medida que está muy asociado a situaciones de festejos y de alegrías compartidas, algo que, además, se ha encargado muy bien de aprovechar y enfatizar la publicidad a lo largo de los años. No en vano en muchos países se ha determinado la prohibición de asociar bebidas alcohólicas —o “energéticas”— con eventos o instituciones deportivas, por ejemplo. Sin embargo, al igual que otras, como las dedicadas a las apuestas deportivas, estas industrias se han mostrado muy hábiles para sortear estos obstáculos y seguirse promocionando y asociando su imagen.
Por ello, la campaña que propone la Junta Nacional de Drogas tendrá muchos desafíos que enfrentar, además del de llegar a sus destinatarios —que hoy ya no es tarea tan sencilla— para que, aunque cargado de buenas intenciones, no se vuelva un mero gasto. No va a alcanzar con acciones en los medios si antes no se logra que haya determinada predisposición en la sociedad para aceptar el mensaje. De buenas a primeras, no parece que hoy se esté dando ese prerrequisito.

En relación con un hecho de violencia ocurrido recientemente en la intersección de Wilson Ferreira Aldunate y Ciudad de Young, a una cuadra de nuestro local comercial, deseamos informar a la opinión pública que dicho episodio no guarda relación alguna con nuestra empresa.

El incidente se vincula a las aglomeraciones que habitualmente se generan en el cantero central de la avenida, donde concurren personas a pasar la noche.

Queremos transmitir tranquilidad a nuestros clientes: nuestro equipo de trabajo se encuentra plenamente comprometido y capacitado para brindar un servicio de excelencia, priorizando en todo momento la seguridad dentro de nuestras instalaciones.

Asimismo, destacamos que las autoridades competentes ya se encuentran trabajando en medidas para dar solución a la problemática que afecta tanto a los vecinos de la zona como, en parte, a nuestra actividad.

Agradecemos la confianza de siempre y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de quienes nos eligen.

Atentamente, Directiva de Aura

Con pocas horas de diferencia, mientras se aprestaba a reunirse el Consejo de Ministros para recibir al ministro de Economía y Finanzas Ec. Gabriel Oddone, su segundo en esta cartera, el subsecretario Ec. Martín Vallcorva tuvo a su cargo lo que varios dirigentes políticos calificaron como un “sincericidio”, al explicar a la militancia en una reunión partidaria que el Frente Amplio no podría cumplir lo que prometió en campaña, y no necesariamente porque se haya encontrado con números distintos en la economía a los que esperaba recibir del anterior gobierno.

Luego de la reunión del Consejo de Ministros para tratar el tema, Oddone enfatizó en conferencia de prensa junto a la contadora general de la Nación Adriana Arosteguiberry y al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Rodrigo Arim, los compromisos del gobierno que lidera Yamandú Orsi y destacó que la planificación presupuestaria persigue ampliar y fortalecer la matriz de protección social, mejorar los estándares de seguridad pública y acelerar el crecimiento económico y equitativo.

“Es un presupuesto de oportunidades y audaz para un contexto cargado de incertidumbres y restricciones”, dijo Oddone al comenzar la presentación del proyecto de ley que tiene más de 700 artículos y estará basado en los principios de responsabilidad, transparencia, sostenibilidad y eficiencia, según destacó, y por otro lado anunció que el presupuesto contará con una asignación incremental de 140 millones de dólares en 2026 y que convergen a 240 millones para 2029.

A todo esto, ante dirigentes y militantes de su partido Vallcorba confesó que “el programa (del Frente Amplio) es impagable”. Sostuvo en la instancia que “cuando se votó el programa del congreso, ya sabíamos que si pensábamos que era para un período de gobierno, estábamos razonando mal. Porque es impagable, es imposible de pagar. ¿Es una buena orientación de hacia dónde tenemos que ir? Sí, pero no se puede hacer”.

El estupor ganó a su audiencia pero las sensaciones se multiplicaron, en cantidad y variedad de reflexiones, en tanto la oposición recibió el sinceramiento como “un centro al área” de cara al gol, porque en resumidas cuentas, la fuerza de gobierno prometió en campaña electoral a la ciudadanía lo que se sabía de antemano que no se podría cumplir.

Estos dichos fueron criticados por dirigentes de la oposición, quienes señalaron que hubo “demagogia” y “deshonestidad” del FA durante la campaña electoral. Por otro lado, desde el FA, el senador Gustavo González aventuró en diálogo con La Diaria que lo dicho por Vallcorba sobre una insuficiencia de recursos para cumplir con el programa genera que la discusión acerca de imponer un impuesto al 1% más rico de la sociedad cobre “más vigencia que nunca”, porque así se tendría más recursos para cumplir el programa ahora en duda. La frase, pronunciada en un comité de base y recogida por el semanario Búsqueda, indignó a miles de militantes frenteamplistas que se resistían a creer estas reflexiones, y muchos optaron por cuestionar al mensajero antes que analizar el tema en sí, que debería ser lo realmente importante, para saber qué se puede hacer y que no, qué esperar del presupuesto, que es precisamente lo que vale a la hora de gobernar, más allá del programa comprometido ante la ciudadanía. Es que al parecer el Frente Amplio en la campaña electoral se mandó la de Tortorelli, aquel pintoresco candidato presidencial que en las elecciones de 1942 y 1950 prometía construir las carreteras en bajada para ahorrar combustible e instalar canillas públicas donde saliera leche gratis para los más desfavorecidos. Salvando las distancias, la principal diferencia en este caso es que a Tortorelli la ciudadanía no le creyó, por lo cual nunca llegó a presidente.

Pero desestimando el episodio de Vallcorba –por lo menos ante las preguntas de los periodistas– el titular de Economía, el Poder Ejecutivo todo, explicó al país el contenido y prioridades del mensaje presupuestal remitido al Parlamento sobre el filo del plazo, el 31 de agosto: la prioridad de las asignaciones incrementales será Infancia y Adolescencia, que concentrará aproximadamente el 40% de las asignaciones. También se priorizarán las áreas de Seguridad, Crecimiento económico, Salud y Vulnerabilidad Social (10%).

Respecto a la política fiscal, el secretario de Estado destacó que el déficit con el que se encontró la administración es el más elevado desde 1995 y por esa razón la estrategia estará basada en la responsabilidad, la transparencia y la sostenibilidad. En ese sentido, dijo que se buscará una nueva regla fiscal con un ancla de deuda pública de mediano plazo ubicada en el 65% del PBI (deuda neta GC-BPS) con metas de corto plazo que implicarán una convergencia gradual hacia un equilibrio primario para el 2029.

Respecto al gasto público sobre el PBI (Producto Bruto Interno), Oddone dijo que se mantendrá en niveles actuales y especificó algunas de las obras en infraestructura que se llevarán a cabo.
Entre los proyectos que destacó el ministro figuran la construcción de una represa en Casupá, la planta potabilizadora en Aguas Corrientes, planta potabilizadora y represa en el arroyo Solís Chico y otras obras de mejoras en redes de abastecimiento de OSE.

Además, en materia de salud, estará incluida la construcción del Hospital de la Costa y diversas inversiones en la red vial, a la vez que por otro lado, el ministro subrayó que los ingresos crecerán basados en mejoras de la eficiencia recaudatoria y ajustes tributarios, aumentando en un 1,5% del PBI.
Entre las iniciativas tributarias el secretario de Estado destacó la incorporación de medidas para localizar en Uruguay el Impuesto Mínimo Global para empresas multinacionales que facturan más de 750 millones de dólares y la equidad en el tratamiento tributario entre las ganancias de capital originadas en inversiones locales y en el exterior.

Además, se aumenta el tope de franquicias a 800 dólares utilizado en un máximo de hasta tres veces y se agrega el 22% de IVA, exceptuando los envíos desde Estados Unidos, en los que se podrá optar con utilizar el régimen actualmente vigente.

Pero más allá de esta presentación, que naturalmente ya estaba elaborada antes del sincericidio de Vallcorba, es legítimo preguntarse cuánto de lo que se incluye en el documento del Presupuesto-Quinquenal es posible cumplir y cuanto no, cuánto es “impagable” a la hora de la realidad y cuanto tiene su origen en los planteos voluntaristas y reclamos de los sectores que siempre están rodeando al gobierno de turno para sacar su tajada en el reparto de recursos presupuestales.

Y sobre todo, de acuerdo a lo que expresara el subsecretario, ¿cuánto de lo que se formula es parte de la “orientación” que no se puede cumplir en el quinquenio, sino que es parte de hacia donde se debe ir, y sobre lo que por tanto no hay que tener expectativas de cumplir en el corto plazo?

El ministro Oddone, de sólida formación académica y en quien no en balde confió Yamandú Orsi la conducción de la cartera –frente a otros aspirantes de la izquierda más propensos al voluntarismo resumido en el que “de algún lado va a salir la plata”– seguramente explicará, convencerá y/o impondrá a los dirigentes de su partido –no ya a la militancia–, el por qué siempre es mejor hacer lo que se debe hacer por el interés general, por el ciudadano de a pie, dejando de lado los delirios y aventuras de gastar lo que no se tiene, porque entre (mal)cumplir con los eslóganes y afrontar la realidad, no hace falta tener más de dos dedos de frente para saber cuál es la mejor –la única– opción valedera.

La última encuesta de Unicef en Uruguay confirma una tendencia que, aunque ha descendido levemente, en líneas generales se mantiene estable: la crianza y disciplina violenta afecta al 40 % de los niños y adolescentes de entre 2 y 14 años. Esta práctica se ha normalizado. En cifras, son aproximadamente 222.000 personas afectadas, donde se destacan las agresiones psicológicas, seguidas por los castigos físicos.

La violencia, que siempre afecta el desarrollo emocional a cualquier edad, tiene un impacto aún más profundo en las primeras etapas de la vida. Ese aprendizaje, como resultado de la naturalización de situaciones extremas en el hogar, será replicado por el niño o adolescente como un método válido para resolver conflictos en su entorno.

Por lo tanto, no es difícil comprender que las sociedades violentas no son producto de hechos aislados ni espontáneos, sino el resultado de un crecimiento marcado por la baja autoestima y la resolución de conflictos basada en la agresión mutua.

A esto debe sumarse la exposición a la violencia doméstica contra sus madres, en un contexto de vergüenza y silencio, porque tanto la víctima como el agresor forman parte del núcleo familiar.
El año pasado, el INAU registró más de 8.900 situaciones de violencia —24 por día—, donde el 90 % de los agresores eran familiares. La disciplina basada en castigos físicos continúa siendo socialmente aceptada y atraviesa distintos contextos socioeconómicos y culturales. Incluso, se presenta con humor en algunas series animadas, se integra a personajes infantiles o aparece de forma reiterada en los guiones de las plataformas de entretenimiento.

Desde la base, entonces, la salud mental crece afectada por estas tendencias. Y aunque su abordaje esté incluido entre las metas prioritarias, el actual Presupuesto Quinquenal poco podrá hacer si no se produce un cambio de paradigma tanto familiar como institucional.

Hechos que enlutan a la sociedad, como el trágico final de Luna —la niña de 13 años asesinada por su padre—, son ejemplos de violencias extremas que interpelan profundamente, al dejar la sensación de que el desenlace pudo haberse evitado. Se registraron llamados de auxilio. El rol del Estado, a través de diversas instituciones especializadas, pudo ser clave. Sin embargo, la respuesta fue tardía: se demoraron las medidas cautelares y la vigilancia para asegurar su cumplimiento.

La duda queda en el aire: ¿es aceptable que un niño o adolescente sea revinculado a un entorno que lo maltrata y humilla de forma reiterada? ¿Nadie reparó en el daño causado por el trato desigual y denigrante que recibía la niña respecto a otros niños del entorno familiar? ¿Tiene más validez —para la justicia u otros organismos con injerencia en estos temas— la palabra de un adulto que la de una niña de 13 años?

O el caso de Oriana, que murió a los tres meses de nacer con un test positivo de marihuana y cocaína, hija de una madre consumidora, con sífilis congénita y afectación de órganos vitales. En el medio, una resolución la revinculó con su progenitora, y la vulnerabilidad se profundizó hasta el punto de que la niña murió sola, en la cama de una pensión. Tampoco en este caso el Estado, a través de sus instituciones especializadas, logró garantizar los mecanismos de protección a una bebé de tres meses.

Comparado con otros países de la región, Uruguay cuenta con una legislación avanzada. Sin embargo, ante situaciones como estas, cabe preguntarse: ¿para qué se legisla tanto si las normas no se aplican o se ejecutan con discrecionalidad? Porque, para Luna y Oriana, el sistema de protección legal llegó tarde.
Las organizaciones de la sociedad civil exigen acciones. La Plataforma Infancias y Adolescencias reclamó la declaración de una emergencia nacional que jerarquice esta problemática y habilite mecanismos urgentes para su atención. Resulta clave una coordinación efectiva entre organismos, ya que los compartimentos estancos conducen a la falta de respuestas y de acciones articuladas. Ambas niñas —y otros casos ocurridos este año— sufrieron, además, una forma de violencia institucional y judicial que no siempre es reconocida como tal.

La Plataforma también demandó recursos específicos en el Presupuesto Quinquenal para el abordaje de estas situaciones, así como la reglamentación de la Ley 20.376 de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, aprobada el año pasado por unanimidad.

Uruguay tiene todas las condiciones para garantizar el seguimiento de situaciones de violencia infantil. El año pasado nacieron 29.899 niños, el nivel más bajo desde 1888, y la tendencia continúa en descenso. Este dato, más que alarmar, debería convocar a repensar las prioridades. La prevención debe centrarse en erradicar la violencia como práctica aceptada, y llevarse a cabo con políticas instaladas en los territorios, orientadas a transformar las pautas de relacionamiento entre adultos y hacia niñas, niños y adolescentes. Porque desde los escritorios, ya existen las definiciones teóricas.

El mensaje del gobierno en este Presupuesto Quinquenal que ingresará al Parlamento señala que la infancia es una prioridad. Pero los recursos deben ir acompañados de políticas eficaces, que ya están contempladas en diversas leyes.

No se requiere mayor legislación. Es hora de alinear criterios —hoy dispersos— para asistir a una población que muchas veces no tiene quién la defienda. La violencia ocupa un lugar central en nuestra sociedad porque el sistema, de alguna manera, permitió que así ocurriera.

Lo imperdonable es que ataca a los más vulnerables, y que los agresores surgen desde el interior del hogar, el mismo que se supone debe ofrecer contención y protección.

La otra violencia, más silenciosa, es la que ejerce una sociedad que mira hacia otro lado, o un Estado que, en ocasiones, llega tarde… o no llega.

En las últimas semanas la Universidad de la República (UdelaR) ha vuelto a estar involucrada en una polémica que cuestiona su talante supuestamente abierto y tolerante, al tiempo que la desliza lenta pero inexorablemente a las regiones más oscuras de la intolerancia y la falta de respeto hacia las opiniones de aquellos que no piensan como sus autoridades en los distintos niveles de cogobierno (docentes, estudiantes y egresados). Nos estamos refiriendo al hecho protagonizado por una profesora en la Facultad de Derecho en la UdelaR, Florencia Salgueiro, quien además es Coordinadora de Palestina en Uruguay, realizando un llamado para detener a los uruguayos hoy radicados en Israel que sirven en el ejército israelí, que lleguen a Uruguay, acusándolos de genocidio y alegando que Uruguay, de acuerdo con el Estatuto de Roma, tiene el deber de apresarlos. Lo afirmado por Salgueiro está basado en varias mentiras, pero una de ellas fue expresamente rebatida por la periodista uruguaya Ana Jerozolimski: “La verdad es que la Corte Internacional de Justicia no ha determinado en absoluto que Israel cometió genocidio. Recibió la demanda de Sudáfrica, a la que Israel debe responder hasta comienzos del año próximo, tras lo cual habrá otra ronda de argumentos de las partes”.

El artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad establece que la misma “tendrá a su cargo la enseñanza pública superior en todos los planos de la cultura, la enseñanza artística, la habilitación para el ejercicio de las demás funciones que la ley le encomiende. Le incumbe, asimismo, a través de todos sus órganos, en sus respectivas competencias, acrecentar, difundir y defender la cultura; impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública; defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno”.

Desde la UdelaR siempre se ha hecho una defensa irracional y totalitaria de la llamada “libertad de cátedra” la cual se encuentra consagrada a título expreso en el artículo 3 de su ley orgánica el cual dispone que “la libertad de cátedra es un derecho inherente a los miembros del personal docente de la Universidad. Se reconoce asimismo a los órdenes universitarios, y personalmente a cada uno de sus integrantes, el derecho a la más amplia libertad de opinión y crítica en todos los temas, incluso aquéllos que hayan sido objeto de pronunciamientos expresos por las autoridades universitarias”. Si bien queda claro que la libertad de cátedra es un derecho plenamente vigente, resulta importante y necesario determinar el alcance de esa libertad en el marco del alcance y los límites de la autonomía universitaria y la libertad de enseñanza en conjunción con otros derechos fundamentales de la persona humana, como por ejemplo aquellos consagrados en el artículo 7 de la misma, según el cual “los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general”. Esta situación pone de manifiesto una tensión que existe en Uruguay desde el año 1958, momento en el cual se aprueba la ley orgánica de la UdelaR. ¿Qué debería primar? ¿La libertad de cátedra (en este caso la libertad de sostener posiciones antisemitas) o los derechos inherentes a la personalidad humana de aquellos uruguayos que forman parte de la colectividad judía y que, más allá de dicha pertenencia, deben ser protegidos por los actos de discriminación que en forma más o menos velada lleva adelante la UdelaR? ¿Acaso no rige para la UdelaR la Ley 17.817 según la cual se declara “de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación”? La ley mencionada anteriormente deja en claro que “se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”. Como ha señalado la Universidad de Alcalá de Henares, en el año 2016, “La libertad de cátedra no tiene carácter absoluto, y puede ser limitado. Así, la libertad de cátedra se ejercerá sin más límites que los establecidos en la Constitución y en las leyes y los derivados de la organización de las enseñanzas en las Universidades”.

A pesar de la claridad de las normas mencionadas, la UdelaR ha proseguido –y prosigue– con su discurso antisemita que se aleja de su carácter supuestamente democrático. Basta recordar que en el año 2014, cuando Israel atacó a El Líbano –un estado títere desde donde se lanzaban cientos de cohetes y misiles por día hacia ciudades de Israel– ese centro educativo trajo especialmente para dar una charla a la docente universitaria de vastas credenciales –con características de activista pro palestina– Susana Mangana. Y cuando representantes de la colectividad judía solicitaron la misma sala universitaria para invitar al periodista Claudio Paolillo para dar otra perspectiva del conflicto, les fue negado el uso de la misma.

Pero también actúa sobre los propios profesores de la Universidad. A modo de ejemplo recordemos que en el año 2024 la Facultad de Humanidades de la UdelaR suspendió un curso del académico uruguayo Alberto Spektorowkski tildándolo de “sionista”. Y A todo ello debe sumarse que usar la libertad de cátedra para ejercer acciones discriminatorias como ha sucedido en los casos supone además violar los derechos de los alumnos a los cuales van dirigidos esas supuestas “enseñanzas” que no pasan de ser un vulgar adoctrinamiento disfrazado de un débil e indefendible ropaje académico. De una vez por todas debe entenderse que la discriminación no es propia de una institución de enseñanza universitaria y mucho menos cuando su financiamiento proviene de fondos públicos conformados por los tributos que abonan los mismos judíos que esa misma casa de estudios insiste en discriminar.

Ante este panorama, la UdelaR debe entender, más temprano que tarde, que ni ella, ni la libertad de cátedra ni los docentes que disfrutan de ese legítimo derecho se encuentran por encima de la ley y por ello deben respetar el ordenamiento jurídico uruguayo y los respectivos tratados internacionales porque, como ha señalado, el Dr. Luis Lezcano Claude, “el principio de autonomía universitaria no puede ser invocado, de ningún modo, como fundamento de una supuesta intangibilidad de todo lo que ocurra en el ámbito universitario. Si la ley es violada en dicho ámbito, no existe razón alguna que impida que los afectados por ese hecho puedan recurrir a los estrados judiciales. Afirmar lo contrario, significaría reconocer que, in genere, los actos emanados de autoridades universitarias escapan a la posibilidad de todo control jurisdiccional. En otras palabras, se estaría aceptando la existencia de un ámbito de generación ilimitada de ‘cuestiones no judiciables’. Esto indudablemente no es admisible en un Estado de Derecho, ni tampoco en el alcance que debe darse a la autonomía universitaria”.

Mientras la UdelaR se mantenga alentando a las corrientes antisemitas que día a día crecen en nuestro país y en el mundo, su discurso antidiscriminación será solamente letra muerta. Tan muerta como su autoproclamado espíritu democrático y republicano, el cual hoy se ha transformado en un antisemitismo desembozado que mancha irreversiblemente las mejores tradiciones de esa casa de estudios.

Un gran evento de formación, declarado de interés por la Embajada Uruguaya en Argentina, se realizó en Buenos Aires con la participación de operadores del derecho de varios países de América, organizado en forma conjunta por el Instituto de Derecho Animal de la Asociación de Abogados de San Martín y la Comisión de Derecho de los Animales del Colegio de Abogados del Uruguay e impartido por el Cambridge Centre for Animal RightsLaw, a través de la Dra. Carolina Leiva Ilabaca.

Durante tres intensos días, debatimos sobre conceptos claves en la temática, como por qué los animales son moralmente relevantes, es decir, por qué deben importarnos y por qué debemos protegerlos; sobre las diferentes formas que puede haber de protegerlos y representarlos; qué tipos de derechos tienen, cuáles son sus intereses, cuál su individualidad y cómo respetarla.

También avanzamos sobre la Declaratoria Rioplatense de Derechos de los Animales, donde intentamos reflejar las idiosincrasias de cada país y avanzar sobre el acceso de los animales a la justicia y el reconocimiento de su sintiencia y conciencia, entre otras cosas.

Es ya indiscutible que los animales no son cosas, ya no podemos seguir repitiendo una clasificación ficticia creada por el hombre hace siglos, con otros conocimientos científicos al respecto. El problema hoy no es solo que los animales no encuentran un lugar concreto en nuestro sistema jurídico, en el que no fueron considerados más que “cosas”, sino que gran parte de nuestro sistema económico está basado en su uso. Entonces, si no son objetos, sino sujetos, ¿cómo puedo comprarlos, venderlos, usarlos? Avanzar en este cambio, conlleva un cambio cultural profundo, en el que la mayoría de los ciudadanos asuman estas realidades y estén dispuestos a hacer algo al respecto, no sin sacrificios.

Mientras dicho cambio se procesa y para que el mismo algún día se procese, apostar a la educación, información, capacitación y reflexión, parece ser el camino más seguro.

En el camino además, y fruto del intercambio, la formación y la información, vamos cambiando conductas que antes creíamos naturales: condenamos como sociedad el maltrato y los tratos crueles a los animales; hemos dejado de disfrutar de los circos con animales y los vemos hoy como un uso y encierro crueles, al igual que los acuarios y parques donde los animales son encerrados para entretener; hemos dejado de usar pieles naturales para abrigarnos; se han prohibido las cirugías estéticas a perros; se condena el uso de animales para testear cosméticos o maquillaje; se ha prohibido matar animales sin estar enfermos y sin autorización de veterinario; generamos normas de convivencia donde todos estemos cómodos al vivir con animales de estima; es decir, muchas cosas han cambiado y muchas quedan por cambiar.

En este camino, recibir la capacitación del Cambridge Centre for Animal RightsLaw, presente por primera vez en estas latitudes para este taller, ha sido una oportunidad magnífica de ampliar conocimientos y reflexionar con grandes referentes de la materia, además de sentar las bases del encuentro que tendremos en la tarde del 14/11 en la Facultad de Derecho de la UdelaR, para presentar la nueva versión de la Declaratoria Rioplatense de Derechos de los Animales, ahora, reforzada y mejorada por los aportes de todos quienes han sido parte del taller, que generosa y desinteresadamente dieron lo mejor de sí en las sinceras discusiones mantenidas.

Porque creemos en este camino, los invitamos a acompañarnos y a repensar juntos esta nueva relación humano – animal, desde un lugar integrador y respetuoso con los demás animales.

Dra. Verónica Ortiz, diplomada en Derecho de los Animales – UMSA

Nos fuimos unos días a Buenos Aires, con esposa e hija, como para despejar un poco. A “patear” ellas –yo no por razones obvias– y a comer. Yo sí.
Llevé dos libros: no pasé de las 150 páginas entre los dos; es que esa ciudad te atrapa “cual una querida”. Ayuda mucho la TV, por allí circulan intrusos, indomables, intratables, mucho “ensobrado” de ayer y actuales e información abundante, no siempre creíble y totalmente contaminada de opiniones, propaganda, talenteo y payadas a granel. Es una fiesta continua a ritmo de farándula; animales sueltos por todos lados. Viejas castas y castas nuevas y actualizadas.
Se come bien. Más “carito”; como acá, quizás un poquito menos. Breve, les cuento de uno nuevo para mí: “El Burladero”. Español, con decoración ibérica tipo cambalache, pero que pone ambiente. Con todos los mimos que gustan: 1/2 caña de cerveza y chopito de gazpacho previos, paneras subyugantes y al final si gusta un limoncello (encaja en el cambalache, debería ser un orujo). Casi todo impecable: croquetas de bacalao y de jamón crudo, suaves, crocantes y con identidad; riñones al jerez muy equilibrados, valen la pena; huevos estrellados, con un debe en las papas, y unos callos a la madrileña (fusión rioplatense) de primera; de puta madre diría. Bien la crema catalana y buenos los churros. Cerveza y refrescos. (Unos 2.200 pesos per capita; platos abundantes).

Javier Milei va con tropezones para la gran provincial del domingo 7, pensaba. El Congreso lo había hecho hocicar y en un tema como el de los discapacitados a los que no se puede “rejoder” porque sí. Además vetó un aumento para los jubilados, los otros “rejodidos”. Todo eso hace carne y se refleja en votos. No la veía bien para “el peluca”, como le dicen.
Pero sobre mi llegada comenzaron a viralizarse audios, chats, videos –que seguían apareciendo a mi vuelta–, de Diego Spagnuolo, director de la Agencia de Discapacidad, lanzado a destapar tarros que olían muy feo y ventilar trapos muy sucios. Amigo y abogado de Milei, uno de los más asiduos visitantes a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, denunciando corrupción en el gobierno de “la libertad carajo”. Hablando de “coimas” entre los “inmaculados” y más aún, metiéndose en terrenos sagrados: esto es, tocándole “la cola” a Karina Milei, la Jefe. (según Spagnuolo exigía el 3%; una “coima” interesante).

La grieta aprieta pero a la vez te da aire: todo deriva en acusaciones de “coimeros” por un lado y de “opereta” por el otro, y cada “cabeza de termo” como ellos dicen, votarán como tales y los discapacitados y jubilados postergados. No mueve la vara para setiembre, no creo que haya sorpresas.
En donde sí la vara se mueve es en el campo económico. El dólar sube, los precios bajan pero más lento, el atraso cambiario crece y hubo que salir a la caza de los pesos para contener la inflación y el dólar. Los bancos fueron las víctimas –más encaje– y se enojaron (deben envidiar a sus colegas que operan en Uruguay, tan cómodos y seguros). Y esos no votan: si el mercado promete se quedan y cuando no, se van.
Puede que Milei y su gente, con alguna cicatriz que no tenían, pasen bien las de setiembre, pero llegar a las legislativas de octubre con la inflación y el dólar frenados a la fuerza, más los bancos menos confiados en el “después”, no les será tan cómodo. Lo dicho, muchos animales sueltos; Argentina no se acaba nunca.