Opinión

Somos un matrimonio de adultos mayores, afiliados a la mutualista local desde su creación como tal. Mi señora con dificultades de desplazamiento, requiere diariamente curaciones en los pies que se realizan en domicilio. No tenemos queja alguna con el servicio que se nos brinda, que entendemos razonablemente aceptable, salvo los horarios en los que se cumplen, ya que llegan a cualquier hora, tanto en la mañana como en la tarde. Por poner un ejemplo, el domingo pasado llegaron apenas pasadas las 08.00 y otros días pueden llegar pasada media mañana, como al mediodía, o la tarde tirando a la noche.
Se me ocurre y, lo digo con todo respeto, que no sería tan complicado que organizaran el horario de visitas, tanto de mañana como de tarde. Consulté a uno de los funcionarios que atiende el servicio cuántas visitas diarias realizan y me dijo que en cada turno, aproximadamente 17. Si nos dicen que van entre las 10 y las 11 o, en la tarde de 14 a 15 –o la hora que nos indiquen–, los esperamos y no quedamos de rehén de la hora señalada, ya que muchas veces no podemos cumplir otros compromisos por esperarlos.
Walter A. Lynch

“Más de la mitad de la población uruguaya vive por debajo de esta línea”, decía una publicación en una red social que trazaba una línea que cortaba al medio Montevideo y dejaba en la misma sección que la costa capitalina a parte del departamento de Maldonado y algo de Canelones. Quizás fuese algo exagerado el planteo del gráfico, pero no se puede desconocer la concentración de población entorno a lo que hoy conocemos como área metropolitana y a esa segunda metrópolis en la que se ha convertido el eje Punta del Este/Maldonado. Esto no es una novedad, es un proceso que se fue gestando paulatinamente con la migración interna desde las áreas asociadas a las actividades rurales, que fueron cada vez demandando menos mano de obra, hacia los centros urbanos, donde aparecieron nuevos rebusques para las familias que necesitaban de un ingreso en la industria o en la construcción, por ejemplo. En menor medida algo similar fue ocurriendo en los diferentes departamentos con personas que se afincaron en las ciudades, en muchos casos como paso previo para después terminar también en Montevideo o Maldonado.
Esta concentración fue ocasionando problemas nuevos en la medida que no hubo forma de sostener el crecimiento poblacional con los puestos de trabajo necesarios y eso repercutió en que se generaran problemas habitacionales que fueron suplidos con el crecimiento de los asentamientos irregulares, conocidos popularmente como cantegriles, y con el surgimiento de nuevas modalidades de sustento reñidas con las buenas costumbres de la sociedad, pero que poco a poco fueron generándose una suerte de cultura propia que ya no solo no las desdeña sino que además hoy las reivindica como una forma de vida: el ser chorro. Pero ese es otro tema y no del que venimos a plantear hoy, que es el problema que se generó desde que a mediados de los años ‘90 la población de Montevideo eligió desplazarse unos pocos kilómetros hacia el Este, en la que hoy se denomina “Ciudad de la Costa”, una cadena de balnearios sobre el Río de la Plata enhebrados por la avenida Luis Gianattasio –ex Interbalnearia–, que cuando empezó ese fenómeno migratorio estaban “a quince minutos del centro”. Claro, treinta años más tarde, superadas algunas crisis y algunos períodos de viento a favor, con la tecnología abaratando el acceso a un mejor confort y después de una explosión en la adquisición de automóviles, se ha vuelto un dolor de cabeza. Aquellos quince minutos pasaron a la historia y moverse desde esas zonas al centro además de demorar bastante más, se han vuelto un periplo sumamente estresante.
Tan relevante se ha vuelto esto que a poco de asumir el actual gobierno y los gobiernos municipales, rápidamente se puso bien alto en la agenda la necesidad de encontrar una solución al problema de la movilidad metropolitana, acrecentando el desfile de opiniones, comentarios, proyectos, maquetas, al que el resto del país no hemos hecho más que mirar.
La penúltima fue el proyecto del tren-tranvía que iba a transcurrir por el cantero de Avenida Italia desde la Plaza Independencia hasta El Pinar, un trayecto de unos 30 kilómetros empleando un medio de transporte con mayor capacidad y menos contaminante que un ómnibus de los diesel, y —descartada esa idea— la última es un proyecto para un tren elevado entre el parque (Franklin Delano) Roosvelt y Tres Cruces, de unos 15 kilómetros, con alta frecuencia de circulación y que tendría la gran ventaja respecto a la idea anterior de circular de forma independiente del resto del tránsito, por lo que no se detendría en los semáforos, por ejemplo.
Se estima que todo lo necesario para que este medio de transporte funcione –carril elevado, estaciones, elevadores, conexiones eléctricas y un largo etcétera de accesorios– demandaría tres años de construcción –a modo de referencia, un túnel de unos pocos metros bajo avenida Centenario llevó cerca de dos años–. Durante las obras, según publicó El País, no sería necesario interrumpir la circulación de vehículos ni modificar semáforos, porque los trabajos se concentrarían en áreas puntuales mayormente durante la noche. La inversión necesaria para llevar a cabo todo esto se estimó en el orden de los 350 millones de dólares. El beneficio: conectar Tres Cruces con el Parque Roosvelt en “solo” 23 minutos.
Hoy es difícil argumentar que es una obra innecesaria considerando la cantidad de personas que se desplazan a diario hacia Montevideo desde esa zona de la costa. También es justo señalar que la necesidad de remediar estos problemas es hija de la falta de regulaciones y de un ordenamiento que permitiera controlar el crecimiento salvaje que experimentó y sigue experimentando esa zona, que seguirá siendo una aspiradora de recursos. Sin ir más lejos se anunció un nuevo hospital para esa zona, pero también es necesario ampliar escuelas y liceos y mejorar la infraestructura en general: alumbrado, caminería, recolección, saneamiento, seguridad, etcétera. Sin contar otro tipo de demandas como el acceso a servicios culturales, financieros, espacios deportivos y todo lo que el Estado ofrece hoy. No es extraño entonces que del Fondo de Inversiones Estratégicas que se acordó entre el gobierno y el Congreso de Intendentes para este período, equivalente a 80 millones de dólares, la mitad de ellos se destina a los gobiernos departamentales del área metropolitana y la otra mitad se reparte entre los demás departamentos.

A partir del notorio envejecimiento poblacional del Uruguay, a la par de los países desarrollados pero con una infraestructura y cobertura que dista de ser la del primer mundo, y mucho menos en materia de recursos, se han acrecentado los desafíos para generar condiciones de contención para un grupo etario creciente, que al mismo tiempo demanda una mayor y mejor atención.

Como lineamientos generales y un ideal a seguir, en Uruguay, la prevención en salud para adultos mayores se enfoca –por lo menos en los enunciados de los organismos competentes, como el Ministerio de Salud Pública– en un envejecimiento activo, la promoción de la salud física y mental, y la prevención de la dependencia.
Ello debe incluir acciones en materia de lograr una nutrición adecuada, el ejercicio, la prevención de caídas, el cumplimiento de vacunas, y la detección temprana de fragilidad y vulnerabilidad social, según las guías del Ministerio y el Banco de Previsión Social (BPS).

Hay aspectos básicos harto comprobados, que indican que una alimentación saludable junto al ejercicio físico regular son de las prácticas que más contribuyen a la situación global de salud de los adultos mayores, lo que a su vez significa consumir alimentos variados, que contengan proteínas, hidratos de carbono, lípidos, sales minerales y vitaminas, e incorporar regularmente alimentos ricos en fibras (frutas, verduras y granos enteros).

Pero claro, una cosa es presentar y promover estos aspectos básicos como recomendaciones para las personas de la tercera edad, y otra la realidad socioeconómica del país, porque en la práctica las limitaciones económicas, de contención social –la soledad es un factor distorsionante mayúsculo– hace que el adulto mayor enfrente un escenario que lo complica y muchas veces lo confunde, cuando hay prioridades que no puede atender y se conjuga ello a menudo con necesidades básicas insatisfechas.

Estos aspectos también tienen mucho –o todo– que ver con el cuadro de salud, y como vemos, cuando las recomendaciones básicas incluyen puntos como “consuma al menos cinco porciones de frutas y verduras al día. Contienen fibra que favorecen la digestión y ayudan a bajar el colesterol y el azúcar en sangre; se recomienda ingerir 4 o 5 porciones de leche, yogur, queso con bajo contenido en grasas (descremados o semidescremados). Estos aportan proteínas, hierro, calcio, vitaminas y antioxidantes. Recuerde que el calcio mantiene la fortaleza en los huesos y previene la osteoporosis; al comprar carne elija la que tenga menos grasa y seleccione preferentemente carnes blancas (pollo y pescado). No compre huesos porque no alimentan. Use de preferencia aceites vegetales como soja, maíz, etcétera y disminuya el consumo de grasas de origen animal como manteca y mayonesa. Reduzca el consumo de sal y evite añadirla a las comidas. Modere el consumo de azúcar, dulces y golosinas, disminuya el consumo de té o café porque alteran la calidad del sueño, consuma abundantes líquidos (mínimo 2 litros por día). Prefiera los alimentos preparados al horno, asado, a la plancha o al vapor. Realice como mínimo cuatro comidas al día”, entre otros puntos de la cartilla que difunden el ministerio y/o las mutualistas, con la mejor intención, naturalmente, nos encontramos que hay un alto porcentaje de adultos mayores que no están en condiciones económicas de seguir muchas de estas recomendaciones.

Y cuando aparecen las complicaciones de salud, pudiendo o no haber cumplido con estos puntos enmarcados en la prevención general, allí aparecen las complicaciones realmente severas, porque por regla general, cuando se ingresa en un período de necesidad de diagnóstico o tratamiento, los grupos más postergados desde el punto de vista socioeconómico se encuentran con carencias notorias en materia de disponibilidad de especialistas, un mal endémico de nuestro sistema de salud para el que no ha habido solución durante décadas. Es que han pasado partidos de todos los colores y ninguno, más allá de mejoras parciales en tal o cual área, le ha encontrado la vuelta para revertir esta realidad en la que solo sale indemne aquel que tiene los medios económicos para atenderse en la estructura privada, que no es precisamente el común de la población.
Por otra parte, la falta de disponibilidad de especialistas y tratamientos es una de las consecuencias de las fallas que presenta nuestro sistema de salud en materia de detección precoz, y para que ello se dé se conjugan diversos aspectos, que tienen que ver por un lado con la escasa disposición de las personas –sobre todo en el caso del sexo masculino– para la consulta temprana o exámenes de rutina ya identificados por los profesionales médicos que permiten la detección precoz que evite que se extienda una enfermedad que podía ser evitable si se le tratara a tiempo.

Asimismo, más allá del factor humano que lleva a este escenario negativo para la detección a tiempo, también falla, sobre todo en estos tiempos en que la informática permite una cobertura e información on line, la instrumentación por el ministerio y mutualistas de convocatorias sistemáticas, bien difundidas, a adultos mayores y grupos de riesgo a partir de determinada edad, para practicarles exámenes, análisis y consultas periódicas que permitan esta detección temprana que salva muchas vidas.
Este aspecto clave requiere que se sumen esfuerzos entre los sectores públicos y privados para crear conciencia al respecto, pero sobre todo asegurarle al adulto mayor que va a tener la posibilidad de tener la convocatoria y la consulta en tiempo y forma, con facilidades para que concurra, con la orientación debida, a las dependencias correspondientes con una atención adecuada.

Y este ideal requiere recursos, es cierto, pero sobre todo una disposición que hasta ahora ha brillado por su ausencia, además de no estarse siguiendo la regla infalible de que en materia de salud, un gramo de prevención puede mucho más que las toneladas de tratamiento que se necesita por no haber actuado a tiempo, además del consecuente ahorro de recursos si se mira toda la película y no la foto del momento.

En los últimos días ocurrió algo que pasó casi desapercibido para el resto del país, pero que merece ocupar un lugar en nuestra conversación pública, ya que implica un refuerzo en el posicionamiento de nuestro departamento en la agenda ambiental nacional. Se trata de la incorporación de 90 kilómetros de islas del río Uruguay al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
La inclusión de las islas del río Uruguay ubicadas en la zona de la desembocadura del río Queguay también se inscribe en un contexto de creciente sensibilidad pública debido a la posible instalación de un proyecto de producción de hidrógeno verde en la región, así como al debate en torno al modelo de desarrollo que queremos para el litoral.
En concreto, el Poder Ejecutivo aprobó la incorporación de las Islas del Queguay al SNAP bajo la categoría de “Área de Manejo de Hábitats y/o Especies”. El área abarca las islas públicas y privadas ubicadas en la desembocadura del río Queguay en el río Uruguay (Queguay Grande, Queguay Chica, San Miguel, San Francisco y San Francisco Chica); las islas situadas aguas arriba en el río Uruguay (Sombrerito, Melliza de Adentro y Melliza de Afuera), así como la isla Almirón, ubicada al sur de la ciudad de Paysandú. Además, en la zona de la desembocadura del Queguay, se incluye el espejo de agua del río Uruguay que rodea a las islas, así como una porción de la costa, abarcando ecosistemas naturales de bosques y humedales.
La superficie total del área protegida asciende a 8.327 hectáreas, incluyendo islas, cursos de agua, padrones continentales y todos los bancos de arena formados dentro de sus límites como resultado de las dinámicas del río.
Esta zona ya contaba con antecedentes de protección de sus especies y hábitats, destacándose especialmente el trabajo realizado durante los últimos 30 años por el grupo ambientalista GENSA, que elaboró un proyecto de delimitación de la zona, en el cual se basó la reciente declaración de área protegida firmada por el presidente Yamandú Orsi.
En el año 2000, la Intendencia Departamental de Paysandú declaró a las islas de Queguay, Almirón y San Francisco de Interés Turístico Departamental, mediante el Decreto N.º 0210/2000 y la Resolución N.º 039/00 de la Junta Departamental de Paysandú. A partir de 2001, la ONG Grupo Ecologista Naturista Sanducero (GENSA) comenzó a trabajar activamente en las islas de la desembocadura del río Queguay, realizando visitas, relevamientos de flora y fauna, y promoviendo su conservación por diversas vías.
En 2009, BirdLife International declaró los “Pastizales de Lorenzo Geyres y Quebracho” como área de importancia para la conservación de aves a nivel internacional. Esta zona presenta un alto valor ornitológico, destacándose especies amenazadas como Sporophila cinnamomea y Sporophila ruficollis, ambas incluidas en la Lista Roja de Aves de Uruguay.
A su vez, en 2018, las ONG GENSA y Paysandú Nuestro presentaron ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente una propuesta para la incorporación del área “Islas del Queguay y costa del río Uruguay” al SNAP. Esta iniciativa recibió también aportes del Polo de Ecología Fluvial del CENUR Litoral Norte, la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y la ONG Vida Silvestre Uruguay.
En este corredor natural se destaca, como grupo emblemático, su comunidad de aves. La diversidad de especies es representativa de los ambientes ribereños, siendo además un sitio de nidificación para numerosas especies y lugar de paso para una gran cantidad de aves migratorias. En relevamientos realizados en 2019 se registraron 178 especies de aves, de las cuales 123 son consideradas prioritarias para la conservación.
La zona también presenta una notable riqueza ictícola. Entre los grupos de fauna que habitan las islas y la región costera se destaca el conjunto de peces. Los estudios realizados, así como el propio proyecto de declaración como área protegida, subrayan la gran diversidad de ambientes presentes en la desembocadura y las islas: el río Uruguay, con sus litorales de bancos de arena y limo y una amplia variedad de condiciones hidrológicas locales; las lagunas y canales que drenan la zona, todos ellos conforman un ecosistema de gran valor para la fauna ictícola.
En un relevamiento llevado a cabo en 2019 en las lagunas internas y litorales de la isla Queguay Grande, se registraron 52 especies de peces, lo que representa aproximadamente el 50 % de las especies identificadas en el tramo bajo del río Uruguay. Esto resalta la importancia de esta área para la biodiversidad de peces. Por otra parte, el bosque fluvial es relevante como reservorio de germoplasma de especies arbóreas, arbustivas y trepadoras.
El Proyecto de Selección y Delimitación del Área Protegida Islas del Queguay, así como su proceso de ingreso al SNAP —disponible para consulta en el sitio web del Ministerio de Ambiente—, recopila diversos estudios que caracterizan el área en términos de biodiversidad, paisaje, ecosistemas, y valores históricos, culturales y arqueológicos. Puede resumirse que el área conforma un mosaico de ecosistemas de altísimo valor para la conservación.
Se trata de un refugio de especies, un corredor biológico y un testimonio de nuestra historia ribereña, donde habitan aves locales y migratorias, reptiles, mamíferos y una flora autóctona que resiste el avance de la frontera agrícola. También es un espacio de recreación familiar y turismo, utilizado tanto por uruguayos como por argentinos.
La incorporación de esta área al SNAP puede interpretarse como un acto de justicia ecológica, especialmente si se considera el prolongado reclamo de atención hacia esta zona por parte de organizaciones ambientalistas. Ahora es necesario comenzar a pensar y definir cómo se gestionará el área y cómo participarán las comunidades locales, para que la protección no sea una etiqueta vacía, sino parte de un proceso de corresponsabilidad. Para ello, naturalmente, se requiere algo más que buenas intenciones: es necesaria voluntad política, articulación interinstitucional y respeto por los saberes locales.
En un contexto donde, a nivel nacional, también se debate el proyecto de producción de hidrógeno verde en Paysandú, la protección de las islas no pasa desapercibida. Puede convertirse en un contrapeso simbólico y estratégico, así como en una oportunidad para que Paysandú proyecte y desarrolle una gestión y uso de estas islas desde una visión local, comprometida y basada en el profundo conocimiento que muchos sanduceros tienen del río y de la riqueza que este alberga.

Atención de Alzheimer Paysandú (ADAP) llevará adelante la Milla Dorada el 27 de setiembre a las 15.30, con salida y llegada en el antiguo parador Angelina hasta Antonio Estefanell. El costo de las inscripciones es de 450 pesos por persona e incluye la remera alusiva al evento, en el marco de la celebración del vigésimo aniversario de ADAP. Cada asistente tendrá un número que habilita a la participación en distintos sorteos que la institución efectuará al finalizar la caminata, además de dos estadías en termas de Guaviyú.
Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 098 848 396, 099 961 684, 099 723 655 o de lunes a viernes en Washington 843 de 15 a 17, por el teléfono 472 35732 en esos días y horarios. Próximamente se informará sobre la entrega de camisetas en el local de ADAP a los participantes en la Milla Dorada.

Mes del Alzheimer

“Setiembre es el mes del Alzheimer y la recorrida se lleva adelante con el fin de concientizar a la población sobre los beneficios del ejercicio físico, empezando desde la etapa de la niñez. Por eso convocamos a participar a personas de todas las edades. Es una forma de combatir el sedentarismo, uno de los factores de riesgo para las demencias”, señaló la vicepresidente de la institución, Marta Pasarello.
El Dr. Marcelo Luaces resaltó que ADAP “es la única institución en el interior del país encargada de estimular cognitiva, física y socialmente a los usuarios. Con el equipo tratamos de romper estigmas sabiendo que en Uruguay hay 60.000 personas aproximadamente que padecen esta enfermedad”.
Explicó que “cuando hablamos de sedentarismo tenemos que tener en cuenta que los factores de riesgo cardiovasculares son modificables y no modificables y dentro de los modificables está el sedentarismo”.

Al alcance

“Los factores de riesgo están a nuestro alcance con una presión arterial y colesterol normal, la glicemia por debajo de 1, la actividad física, consultar por la depresión síquica y tener en cuenta la sociabilidad. Por otro lado, hay factores ambientales que deberían empezar a analizarse, como algunos contaminantes que hay en la atmósfera y se investigan como posibles causantes”, dijo el director técnico de la institución, Dr. Gustavo Curbelo.
Explicó que “hay una cantidad de factores de riesgo para esa cantidad de pacientes, que en Uruguay llenan un Estadio Centenario. De 60.000 pasarían a la mitad, si atacáramos sólo los factores de riesgo. Es lo que hace ADAP con la promoción de la actividad física como una actitud de salud y ahí copiamos lo que está bueno para nosotros. Es que todo lo que le hace bien al corazón, le hace bien al cerebro y, en eso, los cardiólogos nos han llevado mucha ventaja”, concluyó.

“En los hogares que reciben alguna transferencia del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), vive casi un millón de personas. Y lo pongo en esos términos para que se vea el impacto en las economías familiares”, dijo el director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Mides, Ec. Juan Martín Fernández.
No obstante, reconoció que “a pesar de las críticas de la administración anterior a las transferencias no contributivas”, éstas “fueron utilizadas durante la pandemia, la sequía o se usan habitualmente ante situaciones de catástrofe climática. Entonces, por la vía de los hechos, se transformaron en una política de Estado”.
Explicó que son los programas con mayor cobertura del ministerio, “porque ninguno orientado al acompañamiento o de cercanía o formación, tiene el despliegue de las transferencias no contributivas”. Describió que “prácticamente son tres, como la Asistencia a la Vejez para mayores de 65 años, la Tarjeta Uruguay Social (TUS) para el 5% de los hogares más pobres del país y la Asignación Familiar Plan de Equidad (AFAM-PE) para la población de 0 a 18 años que se encuentra en vulnerabilidad socio-económica”. Esta última prestación “es la más grande que antes se cobraba en el BPS y a partir de la administración anterior pasó al Mides”, dijo a EL TELEGRAFO.
Sin embargo, resaltó que las transferencias monetarias “son una parte de las herramientas, pero las familias deben ser intervenidas con otras políticas que ayuden a salir de la pobreza. Eso ocurre con la pobreza infantil, porque un niño nace pobre cuando vive en un hogar por debajo de la línea de pobreza”.
Fernández valoró que las transferencias “permiten cierta materialidad que sirve para comprar alimentos. Pero los montos que manejamos no alcanzan para salir de la pobreza. Necesitamos otros incentivos como los cuidados, en hogares con jefaturas femeninas que tienen dificultades para insertarse en el mercado laboral porque dedican mucho tiempo a tareas domésticas no remuneradas”.

En este aspecto, “la estrategia de los centros CAIF u otros espacios de cuidados, son otras herramientas importantes para procurar que esos hogares mejoren sus ingresos para salir de la pobreza”. Entre otros aspectos mencionó que “claramente los años de educación permiten acceder a empleos de mejor calidad, así como mejor acceso a la salud y a la vivienda. Las transferencias monetarias son muy importantes, pero sólo con dinero no se sale de la pobreza”.
Ejemplificó que otros programas como Uruguay Crece Contigo, de acompañamiento a la primera infancia, son útiles para la coordinación y llegada de distintos beneficios a las poblaciones desfavorecidas. “Las organizaciones de la sociedad civil desplegadas en el territorio también pueden ayudar. Porque en algunos lugares de exclusión también se repite la violencia y la red de contención social puede brindar asistencia en los cuidados que permitan trascender esas situaciones de marginación”, agregó.

Nivel de transferencias

Las transferencias monetarias no contributivas representan, en promedio, menos del 20% del gasto de las familias, según Fernández. “La TUS otorga unos $4.500 y si una beneficiaria tiene 4 hijos, puede superar $10.000, pero son situaciones muy extremas de TUS doble, orientada a familias con mayores vulnerabilidades. Si eso se divide por persona, es muy poco”.
Añadió que “no hay ningún estudio académico que indique que con esos montos puedan subsistir. Por eso, la primera política social más importante es el trabajo acompañado por los cuidados, porque una persona no puede salir a buscar un empleo si tiene que quedarse a cuidar a sus hijos. Es un tema soslayado pero es muy significativo para la organización familiar interna”.
El director recordó que “el índice de pobreza es el resultado de la división de los ingresos entre los integrantes de una familia. Si una familia tiene más hijos, pero no tiene mayores ingresos, entonces ese hogar pasa a ser más pobre”.

EN PAYSANDÚ

De acuerdo a los últimos datos disponibles de la dirección, correspondientes a mayo, en Paysandú hay 3.556 titulares de TUS. Hay 1.372 personas beneficiarias con el Bono Crianza. Hay 18.176 personas beneficiarias de la AFAM-PE y un total de 180 beneficiarios con el programa Asistencia a la Vejez.

Una “política de estado”

Cuando Fernández asumió la Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos, “estaba bastante ordenada y fue una de las direcciones con mayor crecimiento. Los programas de transferencias se incrementaron mucho en la administración anterior, sobre todo a partir de la pandemia o la sequía”.
Comparó que “estas transferencias no contributivas que se dan sólo a los hogares más pobres fueron muy criticadas. Sin embargo, aumentaron en otros países de América Latina a comienzos de los 2000 y durante los ciclos progresistas, en Brasil con la Bolsa Familia o en Argentina, con la Asignación Universal por hijo. Para mí, lo más importante de la administración anterior es que reconoció la importancia y se volvió por la vía de los hechos en una política de Estado”.
El gobierno del presidente Yamandú Orsi instaló “un mandato fuerte enfocado al aumento de la pobreza en la primera infancia –sobre todo menores de 5 años– y eso se verá en el Presupuesto”.
El segundo aspecto, según Fernández, será “estar muy atentos a las personas que tienen estas prestaciones y que no deberían tenerlas. No es algo generalizado, pero pasa y deslegitima a todo el sistema”.
En este sentido, señaló que su dirección lleva adelante un seguimiento, “con visitas y cruces con otros organismos para ver, por ejemplo, el consumo de luz”.
Por otro lado, se encuentra “con hogares muy vulnerables que no han podido acceder porque no conocen este derecho, o están tan marginados por el denominado ‘error de exclusión’ que reciben uno o dos años después en la vida de los niños”. La actualización de esta información “requiere de una búsqueda activa a través de un trabajo de campo con visitas a los barrios donde se registra un alto porcentaje de hogares pobres, pero no registra un alto porcentaje de TUS”.

Garrafa social

A comienzos de agosto la Justicia resolvió una estafa de más de U$S 1 millón ocurrida durante todo el 2024 a beneficiarios del Mides con las garrafas subsidiadas al 50% a cargo de la secretaría de Estado.
En enero de este año, el Mides lanzó la aplicación móvil Tuapp, una plataforma que permite dar más seguridad a los beneficiarios a través de un proceso que requiere un PIN para verificar que efectivamente recibieron el subsidio.
Los investigadores detectaron que luego de lanzada la aplicación, la operación se dejó de hacer de manera repentina.”Es un beneficio bien intencionado y muy importante para las familias. Pero la forma de diseño del programa tenía un flanco de inseguridad muy grande porque solamente con el número de la cédula de identidad alcanzaba para generar el canje”, dijo Fernández.
Los delincuentes “tomaban el número de la cédula de beneficiarios del ministerio y hacían el canje de las garrafas, tal como si fuera un beneficiario Mides. De hecho, en algunas entrevistas que me hicieron, la gente pensaba que las estafas fueron hechas por los beneficiarios. Y, todo lo contrario, los beneficiarios fueron estafados por vendedores de garrafas”.

En conocimiento de esta situación, “la administración anterior ya había propuesto un cambio con la aplicación TuApp. A través de la página del Mides, un usuario se registra en un formulario y puede bajar esa aplicación. Si la persona es beneficiaria de algunas de las tres prestaciones ya mencionadas, le da derecho a este beneficio. Esa aplicación funciona para smartphones y también para mensajes de texto”.
El nuevo sistema funciona de manera satisfactoria, “sin recibir ninguna denuncia hasta ahora. De un universo de unos 280.000 potenciales beneficiarios, casi 200.000 están usando TuApp”.

“No hay pueblo en el mundo con más libretas de conducir que en Isidoro Noblía”, el municipio del departamento de Cerro Largo, de unas población que ronda los 3.000 habitantes y que expidió en los últimos tres años 8.970 licencias de conducir en tres años. La frase es del vocero de la Fiscalía, Javier Benech, al informar sobre este caso cuya investigación llevó adelante la fiscal Leticia Siqueira y por el que hasta ahora se ha formalizado a ocho personas. Es una libreta de conducir por año para cada habitante, en promedio.

El intendente departamental de Cerro Largo, Christian Morel, decidió, a poco de asumir su cargo, la suspensión de la expedición del documento habilitantes para manejar en calles y rutas de nuestro país ante los números llamativamente altos que mostraba el referido municipio. Las cifras exactas se conocieron públicamente después, cuando el edil Pablo Guarino realizó un pedido de informe desde la Junta Departamental –también lo hubo desde el Parlamento Nacional– para conocer más detalles sobre el caso. De ese total de libretas, 4.663 fueron otorgadas a conductores que tramitaron el documento por primera vez.

A las personas formalizadas se les imputaron delitos como asociación para delinquir, cohecho calificado y falsificación de documento público, penándoseles con prisión preventiva por 180 días y otros con arresto domiciliario por el mismo término, mientras prosigue la investigación. Las personas con prisión preventiva son una funcionaria municipal y un particular. Las personas con arresto domiciliario total con tobillera son dos funcionarios municipales y un particular. A ellos se sumaron el pasado jueves otras tres personas, ya condenadas en proceso abreviado, una de ellas con prisión y las otras dos con libertad a prueba. Entre estos se encuentra el exalcalde de esa localidad, Favio Freire, del Partido Nacional, quien se encontraba desempeñando un cargo de responsabilidad en la actual conducción del gobierno departamental, al frente de la Policía Municipal. Freire fue imputado por reiterados delitos de cohecho calificado, un delito de asociación para delinquir y reiterados delitos de falsificación de documento público.

Una mujer que oficiaba como “captadora” de los futuros conductores mal habilitados, fue imputada con una pena de un año y cuatro meses, de los que cuatro son en prisión efectiva, otra parte en prisión domiciliaria y el resto en libertad a prueba, según indicó Fiscalía.

La investigación prosiguió y el número de involucrados en la maniobra ascendió a 14, con varios que funcionarios públicos entre ellos. El 17 de julio se conocía un pedido de informes efectuado por el diputado del Partido Colorado Sebastián Sanguinetti, quien se interesó en conocer si en este proceso de otorgamiento de libretas de conducir se saltearon controles, como todo parece indicar.
Según publicó La Diaria en los tres años y cuatro meses del período relevado para el informe, en el municipio de Noblía se expidieron 3.927 libretas categoría A y B para autos, camionetas y pequeños camiones, 1.011 libretas para conducir maquinaria vial, 1.195 para motos, 490 permisos para manejar camiones sin límite de carga, 285 libretas para conducir taxis, 60 para conducir ómnibus y 2.002 libretas expedidas sobre las que no se informó la categoría.

Otros detalles aportados por el edil Guarino señalan que es posible que se ayudase en el examen teórico a quienes tramitaban la libreta, porque de esos casi 9.000 perdieron menos de 50. Pero lo más grave ocurría en el examen práctico, en la medida que “1.000 máquinas viales o agrícolas de gran porte en el pueblo nadie vio. 60 ómnibus, 500 camiones con remolques haciendo la prueba nadie vio”. Entre los imputados en el caso se encuentra una exdirectora de la Intendencia de Cerro Largo, en el área de Turismo, la empresaria Elvira del Río, titular de una academia de choferes, que era la encargada de trasladar interesados desde Melo. Aunque no era la única vía para acceder a este recurso ilegal, en la medida que había otros captadores, o facilitadores, que se encargaban además del cobro.

La investigación determinó que los viajes para sacar la libreta desde otros departamentos costaban 15.000 pesos. En ese monto estaba incluido el costo de la libreta, que obtenida por medios legales ronda los 3.000 pesos.

Esto que pasó en Noblía no es una novedad en nuestro país. Ha pasado en muchas ocasiones, sin ir más lejos en 2018 en Paysandú fueron 25 las personas sobre las que se pidió procesamiento por la expedición de licencias de conducir de la Intendencia de Paysandú, entre ellas a 15 personas que se comprobó que habían comprado licencias apócrifas, para las que se pidieron penal alternativas.
El asunto es muy serio y excede largamente el mero desvío administrativo. Es difícil comprender cómo no se interpreta por parte de los funcionarios la responsabilidad que supone expedir un documento habilitante para manejar libremente por el país, ya no hablamos de una moto, que también puede tener su consecuencia, sino en este caso maquinaria vial y camiones sin límite de carga. En medio de la pandemia de accidentes de tránsito en que estamos inmersos, no sería mala cosa que se considerara la imputación por intento de homicidio, que se activara una imputación de complicidad, en caso que alguno de los habilitados de forma fraudulenta participase en un siniestro. Sin embargo, sin llegar a existir ilegalidades hay otro tipo de situaciones igual de peligrosas que se dan en todo el país, incluso acá, a menos de 60 kilómetros de Paysandú.

Se supone que los exámenes para obtener la licencia de conducir están estandarizados y que son iguales en todo el país, al igual que el costo del trámite. Pero eso dista mucho de ser real. Por ejemplo, muchos de quienes “rebotan” en el examen en nuestra ciudad suelen probar suerte en Young o San Javier, donde existe la percepción popular que en esos lugares es casi imposible fallar. De hecho hace un tiempo publicamos una nota informativa sobre los requisitos para obtener la habilitación para conducir motos de más de 250 cc, donde en Paysandú es imprescindible realizar una difícil prueba práctica en una moto de alta cilindrada, mientras que en San Javier no se toma ese examen, de acuerdo a lo que nos manifestaron varios motociclistas que procedieron de esa forma. Lo más grave es que esa “libreta” se considera “profesional”.

También suelen recurrir al vecino departamento adultos mayores o personas que de antemano saben que tendrán dificultades para superar las pruebas electrónicas de reflejos que se realizan en la intendencia sanducera, utilizando un software específico que allá no se aplica.

Este tipo de casos evidencia que no se ha puesto el celo necesario para evitar que se otorguen “facilidades” a la hora de obtener este ambiciado documento. Qué razón había sino para que personas que pueden obtenerlo en forma reglamentaria elija hacerlo, en vez de en las oficinas de nuestra ciudad, de pronto en un municipio cercano, por mencionar una situación que ocurre y que es bien conocida por todos.

Con una intensa agenda de actividades, Ajupe combina propuestas culturales, recreativas y solidarias que fortalecen el vínculo entre generaciones. En los últimos días recibió al equipo de oftalmólogos cubanos, organizó un chocobingo, realizó una donación solidaria y prepara nuevas instancias que incluyen salidas, talleres y encuentros corales, según la información proporcionada a Pasividades. El sábado 16, desde las 10, Ajupe recibió al equipo de oftalmólogos cubanos que recorre asociaciones de jubilados y pensionistas de todo el país en el marco del convenio entre Onajpu y BPS. Durante la jornada se realizaron 40 pesquisas de cataratas, de las cuales 25 derivaron en indicación de cirugía.

EMBAJADORES DE LA MÚSICA

El coro de Ajupe, “Ejemplo de Vida”, fue invitado a participar en los festejos por el Día de la Independencia en el Liceo Nº1, donde presentará un repertorio alusivo el viernes 29 en la mañana. Asimismo, la agrupación viajará el 6 de setiembre a Ecilda Paullier, San José, para sumarse a un encuentro coral organizado por el coro anfitrión “Alegría”, dirigido por la profesora Gloria Hernández, con la presencia de coros de todo el país.

ENCUENTRO INTERGENERACIONAL

En el marco de un encuentro intergeneracional, Ajupe y el Centro de Día recibirán a niños del CAIF Agorita, de entre 1 y 2 años, para celebrar el Día de la Niñez. La propuesta incluirá juegos, actividades variadas, obsequios y la posibilidad de compartir delicias caseras en un clima de integración entre generaciones.

DONACIÓN SOLIDARIA

En los últimos días, Ajupe entregó ropa de invierno a la Parroquia San Benito. Las prendas, recibidas anteriormente en la sede para atender emergencias por frío intenso, fueron destinadas ahora a personas mayores y familias que requieren abrigo.

CHOCOBINGO CON GRAN PARTICIPACIÓN

Tal como estaba previsto, el viernes 8 de agosto se llevó a cabo un Chocobingo que convocó a numerosos socios. Los asistentes disfrutaron de chocolate caliente, masas dulces y saladas, en un ambiente festivo con mesas decoradas y premios para las ganadoras del juego.
La próxima actividad será el Té Bingo de Primavera, previsto para el 12 de setiembre, ocasión en la que se elegirá a “Miss Primavera” con atractivos premios. El costo del tique es de $250 y puede adquirirse en la secretaría de Ajupe (Uruguay 775).

EXCURSIÓN A TERMAS DE AYUÍ

La Comisión de Excursiones prepara una salida a Termas de Ayuí, en Concordia, a orillas del Lago de Salto Grande. La actividad está prevista para el 27 de setiembre y los interesados pueden informarse en la secretaría o al teléfono 472 33989.

ESPACIOS DE ENCUENTRO

Todos los viernes, desde las 15, Ajupe invita a compartir tardes de juego de cartas, risas y buena compañía, sin costo alguno.
A la vez, se recuerda que la biblioteca de Ajupe funciona en la sede de Uruguay 775 los martes y miércoles de 15 a 17.
En el mismo local, el Dr. Ignacio Richero brinda atención médica los miércoles de 14 a 17 en el Policlínico de Ajupe.

TEJIENDO SOLIDARIDAD

Una vez más Ajupe se sumó a la campaña “Tejiendo Solidaridad”, con la confección de cuadritos y mantas destinadas a personas que enfrentan el frío. La institución agradeció a todas las manos que colaboraron en esta tarea, y adelantó que también se confeccionaron mantas más pequeñas que serán entregadas a un CAIF el viernes 29.
En tanto, en la sede de Ajupe continúan desarrollándose múltiples propuestas a las que los socios pueden sumarse: coro, cocina y repostería, fisioterapia, gimnasia, yoga, costura, bordado, psicomotricidad, uso de Ibirapitá, espacio de escucha, así como servicios de podología, escribana y asesoría legal.

La osteoporosis disminuye la densidad de los huesos provocado por la pérdida del tejido óseo normal. En la población en general, particularmente en los adultos mayores, determina una disminución de la resistencia del hueso frente a los traumatismos o la carga, con la consiguiente aparición de fracturas.
Los especialistas definen al hueso como “un tejido vivo”, en continua renovación. Por un lado forma hueso nuevo y, simultáneamente, destruye hueso envejecido.
La osteoporosis aparece cuando se rompe el equilibrio entre ambas etapas y vuelve a los huesos más porosos, con un incremento del número y amplitud de las celdillas que existen en su interior. Están más delgados y frágiles y resisten peor a los traumatismos, fracturándose con facilidad. Las localizaciones más frecuentes de fracturas osteoporóticas son: muñeca, cadera y vértebras.

En general, no produce síntomas, no duele ni causa ninguna alteración en sí misma. Sin embargo, al producirse gran fragilidad en los huesos, aparecen con mayor frecuencia las fracturas óseas, que son las que condicionan los síntomas en los pacientes.
En las mujeres que atraviesan la etapa menopáusica, se vuelven frecuentes las fracturas vertebrales, con dolores muy agudos en la espalda y condicionan la aparición progresiva de deformidades. Fundamentalmente, disminución progresiva de la talla por aplastamientos vertebrales y dolores que, muchas veces, son los síntomas que llevan a la consulta y posteriormente, al diagnóstico.
La osteoporosis en los adultos mayores produce típicamente fracturas en los huesos largos, sobre todo en la muñeca, y más aún en el fémur, siendo la responsable de las típicas fracturas de cadera en esta población específica.

Existen también numerosos factores que aumentan la pérdida de masa ósea que acompaña la edad, y por tanto, multiplican el riesgo de padecer osteoporosis y sus consecuencias. Entre ellos cabe destacar la inmovilización o el sedentarismo, el tabaco y el alcohol.

Osteoporosis y Alzheimer

Ambas enfermedades están estrechamente asociadas con el envejecimiento. A medida que las personas tienen una mayor expectativa de vida, crece el número de casos de estas patologías. Además de los trastornos cognitivos típicos del Alzheimer, el envejecimiento también puede llevar a la pérdida de densidad y calidad ósea. Atención de Alzheimer Paysandú (ADAP) lleva adelante una campaña contra el sedentarismo, como uno de los factores de riesgo para el deterioro cognitivo y de otras patologías, como la oesteoporosis. “Teniendo en cuenta los factores de riesgo cardiovasculares que clasificamos en ‘modificables’, como el sedentarismo y tabaquismo, junto a los ‘no modificables’ que son genéticos, podemos vincularlo a la actividad que realizará ADAP el 27 de setiembre”, dijo el Dr. Marcelo Luaces, integrante del equipo técnico de la institución. En el marco del séptimo aniversario de La Milla Dorada, ADAP expondrá nuevamente los beneficios del ejercicio físico “no solo a nivel del cerebro sino como pilar común del tratamiento no farmacológico de enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo, sino también en el beneficio para la salud de nuestro esqueleto”, señaló a Pasividades.

Multifactorial

Explicó que “la osteoporosis es una enfermedad multifactorial asociada a factores genéticos, nutricionales, de ejercicio y médicos. Se caracteriza por el deterioro de la microestructura del tejido óseo y la reducción de la densidad ósea, lo que aumenta el riesgo de fracturas esqueléticas con consecuencias de discapacidad y costos económicos”. De acuerdo a Luaces, “la densidad mineral ósea disminuye debido a cambios multifacéticos y complejos en las hormonas sexuales, la nutrición y la carga ósea. Los comportamientos modificables, como fumar, la ingesta dietética y el ejercicio pueden contribuir al desarrollo de osteoporosis en la vejez. Como resultado de la inactividad y la reducción de las cargas de soporte de peso, como el reposo en cama y el tiempo en gravedad reducida, o estar de pie, se altera el recambio óseo y la homeostasis mineral”.

En este marco, recordó que “la Milla Dorada surgió en la Universidad de Edimburgo basada en investigaciones científicas. A partir de estimular a recorrer una milla, que para nosotros mide exactamente eso la ciclovía en el ingreso a Paysandú o 1,6 kilómetros, no solo estamos contribuyendo a oxigenar nuestro cerebro y quemar grasas sino también a prevenir otras enfermedades como la depresión. Por otro lado, se crean redes de apoyo que evitan la soledad”. Luaces enfatizó que “el esqueleto humano siempre está en un equilibrio de formación-reabsorción ósea, y la carga mecánica del ejercicio o el soporte de peso promueve la salud ósea, mientras que la actividad sedentaria excesiva altera este equilibrio y, por lo tanto, afecta negativamente a la salud ósea. Es, en ese sentido, que se recomienda la actividad física para el tratamiento de la osteoporosis”.

Pasan los años y en forma concomitante con los avances tecnológicos en el área de la medicina, con el resultado de un envejecimiento poblacional por una mayor expectativa de vida y menores porcentajes de nacimientos en los países desarrollados fundamentalmente, también ha cambiado sensiblemente el esquema de la incidencia de afecciones en los índices de mortalidad, y es así que se han originado cambios en las estadísticas en lo que tiene que ver con la prevalencia en causas de muerte y morbilidad de la población.
En resumen, podría decirse que la gente vive más años y que antes, con menor expectativa de vida, la gente moría de enfermedades y crisis sanitarias que hoy han sido prácticamente desterradas, como las grandes plagas mundiales de hace siglos, y que por lo tanto han crecido en prevalencia otras enfermedades que se dan con el paso de los años y que ahora, ante una mayor longevidad, se manifiestan con mayor porcentaje en las estadísticas.

Entre las patologías que precisamente tienen un alto aumento de riesgo con la edad es el cáncer, y pese a que se ha avanzado en los tratamientos y la detección, todavía la batalla está lejos de ganarse, a la vez que hay factores que inciden negativamente en el área de la prevención –en los cánceres evitables y que se deben a hábitos de sumo riesgo, como el tabaquismo o el alcoholismo– con el agregado de que las posibilidades de sobrevivencia son mayores en los países desarrollados respecto a las regiones menos favorecidas.
Hoy el tema que nos ocupa es el cáncer de mama, que es más común entre las mujeres uruguayas y el mundo; cada año en promedio en nuestro país se registran alrededor de 2.000 nuevos casos, lo que se traduce en que cada día cinco mujeres reciben un diagnóstico de este tipo de cáncer, y según estimaciones, una de cada 11 mujeres podría desarrollarlo en algún momento de sus vidas. Solo el 1% de los cánceres de mama corresponden a hombres (Registro Nacional del Cáncer, 2016-2020).
Según las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, cada año fallecen aproximadamente 700 mujeres a causa de esta enfermedad, lo que equivale, en promedio, a dos muertes diarias por cáncer de mama.

Como ocurre con muchos tipos de cáncer, la probabilidad de desarrollar cáncer de mama aumenta con la edad. En nuestro país, el 78 % de los casos se diagnostica en mujeres mayores de 50 años, mientras que el 17% se presenta en mujeres de entre 40 y 49 años.
El cáncer de mama es tratable con un alto índice de éxito si se detecta en etapas tempranas. La extensión de la enfermedad al momento del diagnóstico impacta considerablemente en la tasa de supervivencia. En Uruguay, más del 50% de las pacientes son diagnosticadas en estadios iniciales (I y II), y menos del 9% en etapas metastásicas o diseminadas.

Entre los factores no modificables que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de mama se incluyen la edad, el sexo, antecedentes personales de ciertas afecciones benignas en las mamas, susceptibilidad genética, alta densidad mamaria y antecedentes ginecológicos como la menarca temprana o la menopausia tardía, entre otros.
Los factores modificables relacionados con los estilos de vida que incrementan el riesgo de cáncer de mama son el sedentarismo, el consumo de alcohol, el tabaquismo, y el sobrepeso u obesidad en la postmenopausia, pero igualmente hay un componente genético de significativa incidencia que acentúa o relativiza los factores de riesgo.
En nuestro país, lamentablemente, solo se insiste masivamente sobre el tema, en procura de mejorar la respuesta de los grupos de riesgo a las convocatorias a la detección precoz, cuando se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama, cada 19 de octubre. Pero un solo día de concientización, más allá de las buenas intenciones y tarea sistemática en determinados ámbitos del área de la salud, resulta a todas luces insuficiente para obtener la respuesta que se necesita para que la prevención y el tratamiento precoz se dé en nuestro país con mayores posibilidades de éxito para amplios sectores de la población de mayor riesgo, como las mujeres mayores de 50 años.
Más allá de medidas preventivas como adoptar una dieta saludable, realizar ejercicio físico, limitar el consumo de alcohol y evitar el tabaquismo, la apuesta crucial se centra en la detección temprana, y por ello es necesaria la realización del tamizaje mediante un procedimiento que consiste en la mamografía en mujeres sin síntomas con el fin de identificar lesiones precoces o la enfermedad en fases iniciales. El diagnóstico precoz se realiza al presentarse los primeros síntomas, al inicio de la enfermedad, y lamentablemente, hay un alto porcentaje de mujeres que pese a los llamados no concurre en tiempo y forma a estos exámenes.

Asimismo, hay normas en vigencia que procuran facilitar el acceso a estos exámenes: en Uruguay, las trabajadoras del sector privado y público tienen derecho a un día de licencia especial remunerada para realizarse el test de tamizaje para el cáncer de cuello uterino, el Papanicolaou y/o la mamografía (Ley 17.242); las que se encuentren entre los 50 y 69 años están exentas del pago de la tasa moderadora (Ord. 842/015).

En el Decreto Presidencial 236/022 de julio de 2022, se estableció la cobertura sin costo de expansores y prótesis mamarias, así como su recambio cuando lo indique el médico tratante, para mujeres que ya sea para reducir el riesgo de cáncer de mama o por tenerlo diagnosticado, hayan sido sometidas a una mastectomía.
Además, en el mismo mes, se aprobó la realización sin costo de la linfocentellografía para aquellas personas que necesiten un estudio del ganglio centinela como parte del diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama y melanoma (Ord. 932).

En 2022, se incluyó en el Fondo Nacional de Recursos (FNR) el Ribociclib para el tratamiento del cáncer de mama avanzado y en 2023, se incorporaron para el cáncer de mama operable los tratamientos con Trastuzumab y Pertuzumab en neoadyuvancia (previo a la cirugía de mama) y con TDM-1 en adyuvancia (después de la cirugía para reducir el riesgo de recaída) en pacientes con enfermedad residual tras la intervención quirúrgica.

En enero de 2024, como resultado de un convenio realizado entre el MSP y el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim), se comenzaron a realizar de forma gratuita resonancias mamarias como método de tamizaje para las pacientes con alto riesgo de padecer esta enfermedad, independientemente del prestador de salud del que sea afiliada.
Y aquí hay un aspecto a tener en cuenta, más allá de estas normativas de carácter general: en los hechos, las mujeres del Interior, y mucho más aún las del interior profundo, tienen dificultades para poder acceder en tiempo y forma a todas estas facilidades que figuran en el papel.

En jornadas realizadas en Paysandú el año pasado, la oncóloga Guianeya Santander, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Mastología, jefa del Servicio de Oncología en el Hospital Militar de Montevideo, destacó el objetivo de que los profesionales se sitúen en la realidad nacional en cuanto a incidencia y mortalidad del cáncer, señalando a la vez que hay marcadas diferencias en el contexto geográfico del país, con problemas que se acentúan en el Interior y mucho más aún en el interior profundo, donde la realidad golpea duramente, por cuanto en los centros urbanos es más accesible la detección temprana, el tratamiento y el seguimiento.

Consideró que se evidencia una notoria disparidad en el acceso a tratamientos entre Montevideo y el Interior, a la vez que las diferencias de disponibilidad de recursos no solo se dan en este aspecto, sino incluso dentro de las mismas ciudades, lo que da la pauta de que es necesario trabajar con énfasis en reducir esta brecha, tanto en las posibilidades de acceso a la detección precoz como a las acciones posteriores que desembocan en un índice de mortalidad que no está a tono con las cifras alentadoras en materia de porcentajes de detección.

El conflicto sindical en el sector de la pesca viene dejando muchas enseñanzas para nuestro país y de todas ellas es importante sacar debida nota para que el país, si alguna vez se lo propone con verdadera determinación, se enfoque en un camino de crecimiento real, con mejores condiciones de vida para todos sus habitantes.

Este conflicto pesquero, que se arrastró desde fines de mayo y que acumuló más de 80 días de inactividad, ha terminado con pérdidas que rondan los 50 millones de dólares en exportaciones. Es importante recordar que el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) había reclamado la incorporación de un tripulante extra en los barcos costeros para cubrir las guardias del capitán, pero la propuesta respaldada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y aceptada por el gremio en asamblea fue rechazada por las cámaras empresariales. A pesar de contar con un convenio colectivo vigente hasta el año, el sindicato violó la cláusula de paz incluida en el mismo. “De un día para otro pararon los barcos sin negociar. Ese convenio establecía claramente que cualquier asunto debía discutirse con los barcos trabajando. No se cumplió y ahí está el origen del conflicto”, señaló Juan Riva Zucchelli, presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras. La medida sindical afectó no solo a los barcos costeros, sino también a los de altura y a toda la cadena de plantas de procesamiento, transporte, hielo y servicios asociados.

La actitud de la denominada “casta sindical” que se cree por encima de las leyes y que, al igual que en Argentina maneja fondos aportados para su propio beneficio y para financiar a los partidos políticos de izquierda (tal como sucede con el Partido Comunista del Uruguay) está convencida de su impunidad absoluta y ello se debe a que no existen en nuestro país jueces o fiscales que tengan el valor de cumplir con sus deberes funcionales y de prestar los servicios que se financian con los impuestos pagados por todos los uruguayos. A modo de ejemplo, resulta interesante que según la página oficial www.gub.uy un Fiscal Letrado Especializado de Montevideo gana una remuneración base de 242.855 pesos uruguayos a lo que debe sumarse 47.620 pesos uruguayos (Compensación especial no sujeta a montepío), así como 22.541 pesos uruguayos (Ley N°19.310 art. 3) y 19.532 pesos uruguayos (Ley 19485 art. 1), lo que totaliza $ 332.548 pesos uruguayos. Nada mal para un país donde el salario mínimo es de $ $23.604 pesos uruguayos y la gran mayoría de los trabajadores ganan $ 25.000 pesos uruguayos o menos. A pesar de estos sueldos astronómicos, los fiscales uruguayos siguen mirando para el costado y faltando a su responsabilidad porque, aunque nadie lo diga, la “casta sindical” es intocable. En nuestro país existen, como en la Dictadura, ciudadanos clase A, B y C y es claro que muchos sindicalistas –los de la “pesada”– son clase A que viven sin trabajar, cobrando horas sindicales y llevan años sin agarrar una pala o una pinza, solo viven de sus sueldos sindicales (los que por otra parte son un secreto bajo siete llaves), en medio de casos de corrupción que han estallado en los últimos meses pero que siempre quedan llamativa y misteriosamente archivados.

Como si fuera poco, el Suntma exigió que solo pudieran subir a los barcos, y por ende trabajar, aquellas personas que estuviesen afiliados el sindicato, una práctica que viola los derechos más elementales de los trabajadores no sindicalizados. Todo esto enmarcado en los clásicos “apretes” que los sindicalistas hacen a quienes quieren trabajar, para lo cual se les agrede físicamente o se les degrada e insulta colocando carteles con nombres y apellidos cerca de los lugares de trabajo donde quienes no hacen paro o no integran el sindicato son calificados de “carneros”. Ahora bien, ¿Cómo finalizó el conflicto de la pesca antes mencionado? De acuerdo con lo informado por Montevideo Portal, “Ante la falta de avances, las patronales lanzaron un portal (Uruguay Pesca) para reclutar tripulantes, con y sin experiencia. Más de 8.400 personas se inscribieron en pocos días, entre ellas unos 400 con libreta de embarque. Para gestionar esa avalancha de solicitudes, recurrieron a un sistema de entrevistas basado en inteligencia artificial: “Se llama PIA, Asistente de Inteligencia Personal. Entrevista a los postulantes, analiza documentos y arma un ranking. Es un proceso transparente y rápido que nos permitirá complementar las tripulaciones con quienes estén habilitados”, explicó Riva Zucchelli”.

Como si todo esto fuera poco, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, afirmó en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, realizada el pasado jueves 17 de julio, que “no hay ningún artículo de la ley que impida tener afiliación obligatoria” a los sindicatos. Un disparate de estas características se le podría perdonar a quien no tenga formación en temas legales, pero no a un sindicalista con la experiencia de Castillo que además ocupa el cargo de ministro de Trabajo y Seguridad Social. La mentira que Castillo dijo ante la comisión senatorial es fácilmente rebatible por los artículos constitucionales que protegen la libertad de pensamiento, acción y expresión de los trabajadores no afiliados, así como su dignidad y libertad de conciencia. Como si fuera poco, el artículo 72 de nuestra carta magna, el cual dispone que “la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”. Este artículo desmiente totalmente a Castillo, porque establece que en forma expresa que aun cuando no exista una norma específica, los derechos inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno (como no ser obligado a afiliarte a un sindicato para trabajar) están plenamente vigentes y deben ser respetados. A todo ello deben sumarse los tratados internacionales que constituyen normas válidas y vigentes para proteger a los trabajadores que, por cualquier motivo, han decidido no formar parte de un sindicato o han resuelto dejar de formar parte del mismo. Juan Castillo podrá tener el título de ministro y tener un auto oficial con nafta que pagamos todos (inclusive los trabajadores no afiliados a ningún sindicato) pero no es más que un mentiroso, porque es una mentira lo que dijo ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. “No hay más perro que el chocolate”, señor ministro; siga vendiendo humo si quiere, pero sepa que no tiene razón.

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (RAE) la palabra “patota” significa “grupo, normalmente integrado por jóvenes, que suele a darse a provocaciones, desmanes y abusos en lugares públicos”. Precisamente en eso se han transformado los sindicalistas en Uruguay: en una patota engrandecida por su propia violencia y apoyada por la impunidad de que goza gracias a la inacción de jueces y fiscales. Si a esto le sumamos la corrupción en el uso de los dineros sindicales aportados por los trabajadores, la tormenta perfecta está formada. Mientras tanto, Uruguay y los trabajadores no sindicalizados siguen arrodillados frente al lamentable accionar de los sindicalistas, una patota desbocada que ataca y agrede a todos los que no piensan como ellos.

La República, y la Democracia Representativa, en el sentido que los que gobiernan a nivel del parlamento (senadores y diputados) son los representantes del pueblo, son “lo más” para la Democracia uruguaya.

Además del presidente que debe tener un apoyo mayoritario. Es así que cada 5 años en Uruguay los ciudadanos votan en las urnas, y así eligen a los representantes, a través de una lista donde están los candidatos a presidente, senador y diputado. Así, ese combo lleva a que se presenten muchos candidatos y finalmente salga el mejor votado de cada Partido que se presenta, para cubrir los 99 diputados y los 30 senadores. Sin embargo en las últimas elecciones se dio un caso paradójico donde un Partido político que obtuvo el 43,8% de los votos emitidos (1.071.826 de un total de 2.443.801 votos), según la Corte Electoral obtuvo el 53,3% de las bancas del Senado, lo que lógicamente no es nada representativo. Es una gran mentira que se ha divulgado como verdad, y se puede afirmar que para la Corte Electoral 43,8% = a 53,3%. Total falta de respeto a la ciudadanía, ya que esto no es representativo.

Vamos a la letra chica

La resolución de la Corte Electoral hecha a través del Acta Nº10.754, de fecha 20/11/24, da la proclamación de la cantidad de senadores, por partido político, de acuerdo al cociente electoral (77.471 votos). Se adjudicaron en forma directa 13 bancas al Partido Frente Amplio, 8 al Partido Nacional y 5 al Partido Colorado. Recordemos la cantidad de votos emitidos a favor de cada partido político: Partido Frente Amplio 1.071.826; Partido Nacional 655.426; Partido Colorado 392.592; Partido Cabildo Abierto 60.549; Partido Independiente 41.618; Partido Ecologista Radical Intransigente 9.281; Partido Asamblea Popular 10.102; Partido Identidad Soberana 65.796; Partido por los Cambios Necesario 3.183; Partido Constitucional Ambientalista 11.865 y Partido Avanzar Republicano 1.909 votos. De la suma de todos los votos a los partidos políticos se divide en 30 senadores, y así se obtiene ese cociente electoral de 77.471 votos para obtener cada banca en el Senado.

Es bueno recordar que también votaron en dicha elección 119.654 ciudadanos que lo hicieron de distinta forma: 34.383 solo votaron por lo menos a un plebiscito, 32.356 lo hicieron “en blanco” (en realidad en blanco -sin candidatos a representantes fueron 66.739), 52.750 habilitados anularon su voto, y hubo 165 votos observados rechazados. Ahora se pone en tela de juicio la representatividad del reparto. Si el reparto fuera proporcional se debería haber optado por adjudicar un senador a los que tuvieran los restos mayores y había que ponerlos en orden, luego del reparto de los coeficientes enteros dados por esa resolución: 13 senadores al Partido Frente Amplio (77.471 x 13 = 1.007.123, saldo 64.703), 8 senadores al Partido Nacional (77.417 x 8 = 619.768, saldo 35.658), y 5 senadores al Partido Colorado (77.471 x 5 = 387.355, saldo 5.237). De acuerdo a la matemática tradicional, y a los saldos mayores, los cuatro restantes cargos en el Senado deberían haber sido por mayor saldo: 1 senador al Partido Identidad Soberana con 65.796; 1 senador al Partido Frente Amplio por el saldo de 64.703; 1 senador al Partido Cabildo Abierto con 60.549 y 1 senador al Partido Independiente con 41.618 votos. Lo escrito anteriormente sería más proporcional que lo adjudicado por parte de la máxima autoridad sobre el tema, la Corte Electoral. Porque en los hechos, le dio 3 senadores al Partido Frente Amplio por 64.703 votos (a razón de 21.568 votos cada uno) y le dio otro senador al Partido Nacional (por 35.658 votos). Mientras que quedaron fuera otros partidos que tuvieron mejores restos. Si ponemos sobre la mesa todos los que votaron, se ve que quedó atrás la representación de los 64.739 ciudadanos que votaron en blanco, y de los 52.750 que votaron anulados. El total de votos en blanco, desglosados en por la Corte Electoral, para diferenciarlos entre en blanco para los Partidos Políticos pero con participación en uno de los plebiscitos (64.739) supera incluso al saldo del Partido Frente Amplio, del Partido Cabildo Abierto y del Partido Independiente. ¿Eso indica que debería haber una banca sin adjudicar? Sí, sería representativo de las urnas. Esto es un debate desde los números, donde la matemática parecería que no funciona para la Corte Electoral. Donde lo adjudicado no es proporcional de acuerdo a la matemática normal, que se enseña en la escuela y en liceo. Ya que las proporcionalidades no se condicen. Ni en las ciencias donde se hacen proyecciones y prototipos a escala.

¿En qué mundo habría concordancia entre el 43,8% de los votos sea igual al 53,3% de las bancas? La reflexión, es para que este sistema mejore. No para la palabra fácil de decir “que construimos Democracia”, sino para que los representantes sean eso: representantes proporcionales de la ciudadanía, que es lo mismo que se diga representantes del pueblo. Acá en Uruguay parece que los representantes son elegidos a criterio exclusivo de los que dicen los 9 ministros de la Corte Electoral. Si se necesitan nueve personas para decidir algo matemáticamente horroroso para cualquier maestra, profesor de matemática, o simplemente a quien deje de creer en la representatividad como la implantan desde dicho lugar de poder. Los números expuestos lo dicen, y son los que la misma Corte Electoral ha difundido. Cuando decimos que 1.071.826 votos es un 43,8% de los votos emitidos (2.443.801), y si se quiere de los votos emitidos exclusivamente a los partidos políticos es un 46,1% (2.324.147). Eso no amerita que tenga 53,3% de los senadores.

Es de destacar que en las elecciones nacionales de octubre 2024 había habilitados 2.727.120 ciudadanos, de los que participaron un 89,6% (2.443.801). Este análisis no va en detrimento de uno u otro partido. Sino que va en detrimento del reconocimiento de las minorías. Este sistema que se utiliza y que sólo 9 ministros conocen, viene a hacer una apología a los Partidos Mayoritarios, cosa que no le hace bien a la República, ni a la Democracia Representativa.

Ricardo Sclavi

He leído con particular interés vuestra nota (editorial) titulada “Paysandú y su puerto: barco parado no gana flete” y en atención a mi larga vinculación con el Río Uruguay y con Paysandú y recordando mis quince años de integrante de la delegación uruguaya ante la CARU, cuando el cargo era honorario y lo navegado con mi motovelero Bengalí, que mantuve en ese lapso en el Yacht Club de esa ciudad, he considerado del caso el efectuar algunos comentarios al respecto.

A lo largo de mi larga vida, como negociador del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, del Estatuto del Río Uruguay y como profesor de la Academia de Derecho Internacional de La Haya en la disciplina “Transporte marítimo y régimen portuario”, he incursionado, en el análisis y creo con acierto, en los pronósticos, en proyectos fluviales y marítimos que consideré, en fundadas, como inviables entre las que destaco lo relativo al puerto de aguas profundas promovido por el Presidente Mujica en Rocha, la hidrovía del Río Uruguay que tuvo como impulsor al Presidente Lacalle Pou, el proyecto de Naviport, con sus dos buques Alianza del Plata y Provincias Unidas y el portacontenedores Paysandú, a lo que agrego el puerto de Itapebí, promovido por el intendente Lima de Salto, ubicado en ese arroyo a 6 kilómetros al Norte de la Represa, que se acaba de dejar sin efecto. También sostuve que el dragado a 34 pies de profundidad del canal de navegación del Río Uruguay, promovido por el intendente Lafluf, requería una enorme inversión que no podía justificarse a través de la ecuación costo beneficio.

Comparto el análisis que se efectúa en esa excelente nota del escenario que ofrece el puerto de Paysandú puesto que, en su diagnóstico, existe una casi total coincidencia con los trabajos que realicé al respecto, pero hay una discordancia, puesto que en la misma se afirma que no hay cargas suficientes y que no las habrá para el desarrollo del puerto de Paysandú y yo entiendo que para poder arribar a una conclusión tan categórica sería necesario efectuar un estudio de consultoría que indicara por qué el puerto sanducero ofrece un panorama tan ominoso y si el mismo puede ser revertido.

Cuando observamos que las empresas UPM y Montes del Plata operan desde sus terminales próximas a Fray Bentos en forma regular con barcazas autopropulsadas, que en el caso de Montes del Plata mucha de la madera que transporta es de forestaciones de Paysandú, que en su momento la compañía Murchison operó en el puerto sanducero con frutas, madera y otros productos agropecuarios y dejó de hacerlo, sería bueno saber porque tomó esa decisión, incluso consultando a la Dra. Silvia Etchebarne, Magister en Logística Portuaria, que operó con esa empresa en ese lapso.

Si observamos que Concepción del Uruguay, con las actuales profundidades del río, está operando con éxito incluso cargando, como lo hizo recientemente, 18 mil toneladas de troncos de pino en un buque que luego hizo top off en Ibicuy, no me atrevo a descartar in limine al puerto de Paysandú.
Falta saber qué ventajas tiene el transporte carretero frente al fluvial, falta saber qué tipo de embarcaciones serían las más adecuadas, falta conversar con los exportadores del departamento y áreas adyacentes respecto a las cargas que podrían ser captadas, falta saber que trabas les imponía, las autoridades competentes, a los que cargaban sus productos en buques, que, personalmente, considero inapropiados, las tasas, inspecciones, el papeleo, etcétera que la ANP, servicios veterinarios, aduana, etcétera que entorpecían su operativa.

Incluso falta saber si la instalación y funcionamiento de la planta de producción de hidrógeno verde por parte de la empresa HIF Global, con una inversión estimada en 6 mil millones de dólares, no va a promover el desarrollo exitoso de la terminal portuaria sanducera.
En síntesis: a) La nota es de un excelente nivel técnico por lo que me gustaría conocer al autor para felicitarlo.

b) Coincido con ella en casi la totalidad de la misma, salvo en la conclusión final porque entiendo que para arribar a la misma se requieren estudios complementarios que todavía no se han hecho.

 Dr. Edison González Lapeyre

Soy una víctima más de la discriminación y del odio. Todos saben de la diferenciación que se hace entre un no vidente y un cojo: uno es un pobre cieguito, el otro es un rengo de mierda. Yo integro este último colectivo, con las dos piernas. Peor aún, como estoy un poquito pasado de peso se me dice que estoy gordo. ¿Y habrán ciudadanos más discriminados, objeto de burla y bullying, relegados y desprotegidos que los gordos y las gordas? Gordo o gorda de mierda es lo menos. Ven, si el senador Da Silvia hubiera ido por ahí, zona desprotegida, el asunto no habría pasado a mayores. Así de simple, todos somos iguales ante la ley pero no tanto: hay algunos y algunas mucho más iguales.

Es desparejo, como el diálogo, una vía muy apelada por el progresismo para dispersar, confundir, tratar de “tapar” cosas feas y para hacer tiempo: Nicolás Maduro es el maestro. Nuestro gobierno habla de continuo de diálogo al tiempo que acusa a la oposición de confrontativa. Pero resulta que en las primeras de cambio, el propio Orsi, sin consultar a blancos y colorados, designa “las dos embajadoras”. Una mojada de oreja –por no decir otra cosa– innecesaria. Tampoco se inscribe en ese espíritu dialoguista la convocatoria sobre seguridad social; en este caso fue rechazada de plano. No correspondía otra: con temas ya laudados por la ciudadanía, se invitaba a un partido amistoso y dialoguista y en cancha grande, con seis jugadores de un lado y unos 16 del oficialismo.

No tengo claro cómo encaja el asado con los intendentes. ¿Otra vez Orsi le moja la oreja a los dos grandes partidos históricos y otra vez éstos se la dejan mojar? No sé: una primera impresión confieso que me hizo acordar a cosa argentina, a kirchnerismo, a esas idas y vueltas con los “gobernadores”.
Pero hoy tampoco eso es lo más preocupante: lo que inquieta son esos variados pellizcos, a veces suaves y otras más fuertes, a la Constitución y las leyes, que implican una peligrosa señal.

Pasa con el contundente respaldo del presidente Orsi al cuestionado presidente de ASSE, Alvaro Danza, en base a “informes jurídicos contundentes”. Se sabe que Danza consultó a un estudio determinado, al que en fuentes coloradas calificaron de “informe de parte”. No se sabe si Presidencia tiene otros informes. Hay interpretaciones de otros juristas, allegados a los colorados, con conclusiones diferentes.

Son más de dos o tres bibliotecas, por lo menos, como es sabido y por ello es que debe primar el sentido común. Y este nos dice que cuando algo es incompatible, significa que no es posible ningún tipo de coexistencia. Lo que se persigue es evitar abusos y tentaciones, aprovecharse de la función pública: en buen romance evitar “jodas”. Es difícil, “estirar” interpretaciones. Parece que el sentido común aconseja ser muy restrictivo. Aún en este caso específico en el que podría haber una consideración, tratándose de un médico consultante, pero no como empleado de dos o tres empresas. También es cierto que aquí la incompatibilidad constitucional está replicada en la propia ley de ASSE y en la ley de anticorrupción y la ley sobre el Código de Ética en la Función Pública. Todo muy contundente.

Y ni que hablar en lo que respecta al tema de Colonización y la compra de la estancia: ahí no puede haber informe que avale: dos más dos es cuatro, como fue demostrado en el Senado.
Se está machucando la Constitución, parecería, y eso es malo.

En nota publicada por el diario EL TELEGRAFO del 4 de octubre 2024, la Arquitecta Romina Paggi informa lo siguiente: “La meta es que el edificio, junto con las áreas de servicio, esté listo en marzo 2025, a tiempo para que los estudiantes universitarios puedan comenzar a usar las instalaciones”.

Es realmente preocupante que seis meses después de ese anuncio, el gobierno departamental aún no ha inaugurado la obra y los estudiantes que pudieron venir a estudiar a nuestra ciudad, se arreglaron como pudieron y otros no vinieron por falta de recursos económicos.

Cuando se contrata una obra se pone un plazo de entrega.

La fecha de entrega de una obra contratada es un aspecto crucial en el proceso de construcción. Generalmente, se establece en el contrato de obra y debe cumplirse dentro de los plazos acordados. Desde el punto de vista legal el plazo de entrega de una obra se considera un elemento esencial de un contrato de construcción. Si una de las partes, ya sea la empresa contratista o el propietario no cumple con el plazo acordado, puede dar lugar a consecuencias legales. No son unos pocos días de atraso la entrega de esta obra, sino que ya han pasado seis meses de la fecha anunciada y aún no hay noticias de la inauguración. Como este tema me preocupa sobremanera porque considero de gran importancia ayudar a que los jóvenes que quieren estudiar y no pueden porque no tienen recursos económicos suficientes, he investigado qué otras posibilidades existen para solucionarles el problemas de falta de alojamientos accesibles. Leyendo en la web me entero que en la ciudad de Paysandú hay nada menos que 8.225 viviendas desocupadas según la información del censo 2023. Por lo tanto no es razonable que el gobierno departamental conociendo la existencia de esas viviendas desocupadas en la ciudad, decida gastar 5,5 millones de dólares en contratar la construcción de una residencia y otro millón de dólares más para restaurar un galpón aledaño que pudo hacer con mucho menos dinero y con personal municipal.

Para peor el lugar elegido es inapropiado y muy alejado de los centros de estudio. Invito a quienes aún no conocen el lugar donde se ha construido la residencia, a que vayan hasta allí y mejor si van en la noche, como tendrán que hacerlo muchas veces los estudiantes cuando regresan a la residencia después de las horas de clase y no precisamente en automóvil. Para ser justos hay que ponerse en el lugar de los demás, tener empatía, que es un valor fundamental para vivir en sociedad.

Entre esas más de 8 mil viviendas desocupadas que la intendencia conoce cuales son, podría fácilmente elegir las mejores y bien ubicadas para los estudiantes. Seguramente muchas de esas viviendas estarán ya en condiciones de ser habitadas y otras se podrán restaurar y crear muchos puestos de trabajo para combatir la gran desocupación. Muchas de esas viviendas desocupadas seguramente estarán para la venta y la intendencia las puede adquirir o expropiar a un precio justo ya que dispuso de millones de dólares del fideicomiso financiero que está gastando a manos llenas en obras para nada prioritarias. Entre 8 mil viviendas seleccionar 70 para dos estudiantes cada una, no es tarea difícil. Habrá algunas viviendas grandes y esas se pueden dividir en más de un apartamento. Por eso insisto que la residencia aún no inaugurada se puede vender en propiedad horizontal a interesados como el intendente quien ha manifestado que le encanta ese lugar para vivir y con ese dinero recuperado adquirir viviendas desocupadas en plena ciudad. De esa manera se puede enmendar en algo el enorme error cometido y en pocos meses tener viviendas y apartamentos bien ubicados dentro de la ciudad para los estudiantes.

En Uruguay el trámite de expropiación es legal y se encuentra previsto en al ley n° 3.958 con las modificaciones realizadas por la ley n° 10247.

Ing. Ricardo Brasesco