Opinión

La página del Banco Mundial, en su sección blogs, publica un artículo que su economista jefe, el indoestadounidense Indermit Gill, firmó originalmente en la web Project Syndicate, una organización internacional sin fines de lucro considerada como la mayor fuente de artículos de opinión del mundo, en la que se recogen comentarios y análisis realizados por expertos, activistas, premios Nobel, estadistas, economistas, pensadores políticos, líderes empresariales y académicos, instándose a la creación de redes entre ellos.
Este artículo se titula “El inminente desastre de la deuda mundial”. En él, Gill plantea una visión bastante pesimista sobre el futuro de la economía mundial basándose en el elevado endeudamiento, pero sobre todo en que la receta para este momento parece ser seguir tomando deuda, a la vez que se cierran los mercados.
“A pesar de una serie de conmociones que han tenido lugar desde 2020, la economía mundial ha resistido sorprendentemente bien, hasta ahora. Pero el margen de error es cada vez menor. La deuda mundial total es hoy casi un 25% más alta de lo que era en vísperas de la pandemia de COVID-19, cuando ya estaba en un máximo histórico. Este sobreendeudamiento podría socavar la capacidad de todas las economías para protegerse contra la última crisis: el aumento de los aranceles comerciales”, plantea como escenario.
Aunque se entiende que la deuda “es crucial para impulsar el crecimiento económico”, Gill sugiere que se la debe asumir “como una forma de impuestos diferidos. Al endeudarse en lugar de aplicar gravámenes, los Gobiernos pueden hacer inversiones a largo plazo que beneficiarán a los futuros contribuyentes sin imponer una carga a la generación actual; o pueden apuntalar el crecimiento nacional y los ingresos durante una emergencia económica, cuando un alza de los impuestos no haría más que profundizar la recesión”. No obstante, al final del día hay que afrontar las consecuencias, “y, si el ingreso nacional no crece más rápido que el costo de los préstamos, se deberán subir los impuestos para pagar la deuda. Un endeudamiento persistentemente elevado se convierte así en un obstáculo para el progreso económico”. Esa barrera, afirma Gill en su artículo, rara vez ha sido tan alta. “En los últimos 15 años, los países en desarrollo se acostumbraron a contraer deuda, que acumularon a un ritmo récord de 6 puntos porcentuales del PBI anual, en promedio. Estas acumulaciones aceleradas de deuda suelen acabar en lágrimas. De hecho, las probabilidades de que desencadenen una crisis financiera son aproximadamente del 50%”.
Pero a su vez en este momento se ven acompañadas por el aumento más rápido de las tasas de interés en las últimas cuatro décadas. “Los costos de endeudamiento se duplicaron en la mitad de las economías en desarrollo, y el costo neto de los intereses, como porcentaje de los ingresos públicos, aumentó de menos del 9% en 2007 a alrededor del 20% en 2024. Esto por sí solo constituye una crisis”, afirmó.
En este escenario “demasiadas economías en desarrollo se encuentran hoy en un círculo vicioso” y para hacer frente a sus obligaciones se están “recortando las inversiones en educación, atención de la salud e infraestructura que se necesitan para garantizar el crecimiento futuro”. Esto aplica, afirma, para el caso de los 78 países pobres que pueden recibir financiamiento de la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial, países en los que habita la cuarta parte de la humanidad y que representa una gran parte de los 1.200 millones de jóvenes que ingresarán a la fuerza laboral en los próximos 10 a 15 años. “Sin embargo, los responsables de formular políticas en todo el mundo han optado por tentar a la suerte. En otro caso en que prevalece la esperanza sobre la experiencia, apuestan a que el crecimiento mundial se acelerará —y a que las tasas de interés bajarán— lo suficiente como para desactivar la bomba de la deuda”.
Esta actitud, que califica como pasiva, la considera “comprensible”, en la medida que en lo que va de este siglo –del que hemos consumido prácticamente la cuarta parte–, “ha sido extremadamente difícil concebir un sistema capaz de garantizar la sostenibilidad de la deuda mundial y la rápida reestructuración de la deuda de los países que lo necesitan” y en los casos en los que se produjeron avances, han sido demasiado lentos”.
Gill considera que, como el crecimiento mundial no se va a acelerar en el breve plazo si se mantienen las políticas actuales, “probablemente aumenten los coeficientes de deuda soberana-PBI en lo que queda de esta década”. Además señaló que estas guerras comerciales han empeorado las perspectivas de la economía mundial, al punto de que a principios de 2025, se proyectaba un crecimiento mundial del 2,6% para este año, mientras que ahora ese dato se sitúa en el 2,2%, “casi un tercio menos que el promedio que prevaleció en los años 2010”. Agrega que tampoco bajarán los tipos de interés, que se ubican en “más de cinco veces el promedio anual registrado entre 2010 y 2019”, lo que implica más dificultades para que las economías en desarrollo hagan frente a sus compromisos.
Señala Gill que, en una época de recursos públicos escasos, “será necesaria una movilización total de capital privado para impulsar el crecimiento y el desarrollo en los próximos cinco años”, pero apunta que ve poco probable que el capital privado extranjero fluya hacia economías muy endeudadas con escasas perspectivas de crecimiento. “Los inversionistas privados asumirán correctamente que cualquier ganancia derivada del crecimiento económico será gravada para pagar la deuda”.
Reconoce el experto que es necesaria una visión clara del problema y que es urgente “modernizar el sistema mundial para evaluar la sostenibilidad de la deuda de un país”, y deja una afirmación clave: “El sistema actual se apresura a decidir que los países solo necesitan préstamos para salir adelante, cuando la mayoría de los países de ingreso bajo, de hecho, son insolventes y necesitarán condonaciones de deuda”. Del mismo modo expresa que los Gobiernos deberán también “dejar de endeudarse con acreedores nacionales; el aumento de la deuda interna está sofocando la iniciativa del sector privado nacional”.
Así las cosas, en el mundo es necesario que la prudencia marque el rumbo en las decisiones que se tomen en nuestro país. Si bien es comprensible que algunos sectores encuentren en este momento, en que se discute el presupuesto que pautará el andar del resto de la década, la oportunidad de plantear sus reivindicaciones a un gobierno en el que reconocen afinidades, es preciso que quienes toman las decisiones no se dejen llevar y que finalmente el criterio sea la austeridad uruguaya, tantas veces invocada, pero no siempre practicada.

Al referirse a la rey recientemente aprobada ley para rescate de la Caja de Profesionales Universitarios, el ministro de Economía y Finanzas, Ec. Gabriel Oddone, comentó lacónicamente que “no es la que nosotros hubiéramos querido”, simplemente porque la norma legal aprobada en el Parlamento ante el apremio de la desfinanciación de la caja, implica que desde Rentas Generales deban transferirse recursos regularmente para afrontar la situación, lo que se agrega al gasto estatal.
Claro, está de por medio la contradicción del tiro en el pie que se propinó el propio gobierno –bueno, en realidad a todos los uruguayos– con la controvertida compra de la estancia María Dolores por el Instituto Nacional de Colonización, a un costo de 32 millones de dólares, como un homenaje póstumo al expresidente José Mujica, tal como señalara –luego se arrepintió por las consecuencias políticas– el secretario de la Presidencia Alejandro “Pacha” Sánchez.
Sigue vigente por otro lado la estructura de precios que se fija en Ancap y las pérdidas de la división del portland que ascienden a entre 20 y 30 millones de dólares al año, desde hace 15 años o más, entre otras ineficiencias que tienen impacto, directo o indirecto, en los costos y precios en el país.
Por añadidura, no existe la productividad como tal en las dependencias de empresas y organismos del Estado, lo que resulta en servicios tan caros como ineficientes, en energía cara y todo un esquema de sobrecostos estructurales. Estas parecen moscas sueltas pero se atan por el rabo si tenemos en cuenta reflexiones vertidas por el titular de Economía en los últimos días, al reconocer que Uruguay es un país caro, lo que por supuesto no es ningún secreto, desde que desde hace mucho tiempo lo sabemos todos los uruguayos y los que nos visitan y se sorprenden porque los precios están a la altura de los países del primer mundo.
Pero el punto es que el secretario de Estado fue consultado acerca de si el gobierno se puede comprometer a cambiar esa realidad al final del período de gobierno, sobre lo que señaló que “todo país pequeño es caro por definición”. El ministro adelantó que este 9 de julio se presentarán “un conjunto de iniciativas que no son grandilocuentes”, pero “van exactamente en la dirección de atacar este tipo de problemas”, a la vez que aclaró que estas propuestas “no los van a resolver o eliminar”.
“Uruguay va a seguir siendo un país caro, no se va a convertir en un país barato de la noche a la mañana, entre otras cosas porque no es un objetivo deseable”, precisó Oddone, para argumentar a renglón seguido que un país barato “supondría que la gente ganara poca plata”. A su entender, parte de la razón por la cual Uruguay es caro es porque tiene niveles salariales “comparativamente elevados” con otras regiones del mundo. De esta manera, una política macroeconómica destinada a reducir el costo de vida “no debe existir” porque es una que “afecta a los ingresos”, insistió, para sostener a su vez que “lo que sí tenemos que reconocer es que, siendo un país que tiene niveles de precios elevados, tenemos un conjunto de regulaciones y de reformas microeconómicas que no son rápidas” pero se pueden llevar a cabo para abaratar el país. Por otro lado, consultado por el proyecto de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), aprobado en Diputados, indicó que la propuesta que fue aprobada incrementa las contribuciones de la sociedad a través del Estado en relación con lo que el Ejecutivo tenía previsto, y entre otras consideraciones precisó que el Estado deberá pagar US$ 50 millones más por año de lo que tenía previsto inicialmente.
En tanto, sobre las pautas salariales, volvió a hacer hincapié en que se prioriza a los salarios “más sumergidos” y dijo estar “conforme” con los lineamientos “en general”.
“No son las pautas que yo plantearía si hubiera sido el único que hubiera opinado y puesto sobre la mesa, pero estoy muy conforme con el trabajo que se hizo a nivel del MTSS y MEF”, explicó.
Es decir, se infiere que las decisiones políticas han primado sobre las evaluaciones técnicas de costos y consecuencias, y ello se enmarca en buena medida en la explicación de las causas de que el Uruguay sea un país caro en la comparativa mundial, con salarios altos en dólares para el ámbito regional y hasta en un contexto global, pero a la vez insuficiente en poder adquisitivo para el promedio de la población, lo que da la pauta del desnivel entre ingresos y precios, en desmedro de la calidad de vida.
No es un problema generado por este gobierno ni por el que le antecedió, sino que es consecuencia de muchos años en que se ha generado un esquema estructural determinante de un círculo vicioso del que como tal se hace muy difícil escapar en el corto plazo.
En este sentido el economista Nicolás Vidal, integrante del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), publicó un hilo en X en respuesta a los dichos del ministro de Economía, Gabriel Oddone, respecto a que Uruguay “es un país caro y lo seguirá siendo”.
Vidal señaló que Uruguay es caro no solo por factores estructurales inevitables –como la ubicación geográfica o los costos de transporte–, sino también por problemas microeconómicos que sí pueden mejorarse. Desde Ceres, comentó, presentaron al Ministerio de Economía y Finanzas más de 300 aportes ciudadanos sobre trabas regulatorias, y en el 58% de los casos, el principal problema identificado fue el aumento de costos que encarecen el país.
Expresó que aunque es válido argumentar que Uruguay es caro por su tamaño o lejanía, eso explica solo una parte del problema. La otra parte tiene que ver con una regulación inadecuada, caracterizada por normas superpuestas, contradictorias, desactualizadas o con requisitos desproporcionados. Estas trabas generan más carga administrativa, mayores retrasos, menos adopción tecnológica, barreras a nuevas empresas, y menor productividad e inversión, lo que repercute directamente en precios más altos y un mayor costo de vida.
Tanto lo que señalan el ministro como el integrante del Ceres son reflexiones ajustadas a la realidad, pero no son los únicos elementos a tener en cuenta, porque el costo excesivo del Estado no está solo en las trabas y regulaciones, cuando los costos además refieren a su ineficiencia, a la elevada cantidad de funcionarios públicos, a superposición de competencias y baja productividad, y políticas económicas con medidas cortoplacistas, para salvar la situación ante la próxima elección.
Cuanto tenemos apreciada nuestra moneda, es decir, cotizada a un dólar barato, se abaratan las importaciones y se mantiene controlada la inflación, pero no se atacan los costos del Estado, lo que se traslada en impuestos, tasas y precios; ineficiencias en los sectores no transables; rigidez en la determinación de salarios; poca apertura comercial, alto precio de la energía y otros insumos que hacen que el nivel de costos crezca sustancialmente.
El alto costo por lo tanto es un componente que se realimenta y las respuestas necesarias son consecuentemente más estructurales que coyunturales, y sobre todo impopulares en el arranque hasta lograr que se nivele la ecuación.
Este es el motivo que explica que hasta ahora nadie haya estado dispuesto a ponerle el cascabel al gato, por lo que hay que darle la razón al ministro Oddone de que Uruguay va a seguir siendo un país caro, por tiempo indefinido, porque seguiremos pateando una y otra vez la pelota hacia adelante, detrás de las urgencias y apagando incendios.

Junio cerró con 47 muertos en siniestros de tránsito, ubicándose como el segundo mes con más fallecidos en lo que va del año, solo detrás de marzo, que registró 50. Le sigue febrero, con 43 víctimas fatales. Al menos hasta el viernes y desde el inicio de las vacaciones de invierno, se contabilizaron en el país nueve personas fallecidas, tres de ellas peatones, lo que demuestra un aumento preocupante en los índices de siniestralidad vial. Ese mismo viernes, por ejemplo, dos accidentes fatales —en Soriano y Canelones— se cobraron la vida de dos motociclistas de 24 años. Una estadística alarmante para un país con alto acceso a vehículos y un creciente tránsito por las carreteras nacionales.

El Informe Anual de Siniestralidad Vial de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) reportó en 2024 un total de 434 fallecidos, lo que implica una tasa de mortalidad de 12,1 por cada 100.000 habitantes. Estos indicadores son peores en comparación con 2023. En promedio, esto representa más de una persona fallecida por día, y —en su mayoría— jóvenes motociclistas.
Según el organismo, el 25% de los siniestros fatales del mes pasado se debieron a despistes, sin presencia de alcohol en sangre ni participación de otros vehículos.

¿Tuvo el uso del celular algo que ver en estos resultados? Si un conductor no puede utilizar este dispositivo, tampoco debería hacerlo un peatón —aunque no reciba una multa por ello—. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, ese peatón no tendrá cobertura, según lo establece el artículo 7 del capítulo 2 de la Ley N.º 19.824, que actualiza la normativa vigente en materia de tránsito y seguridad vial.
El principal desencadenante de la alta siniestralidad sigue siendo el factor humano, asociado a imprudencias como el exceso de velocidad, adelantamientos indebidos o el no uso de elementos de seguridad.

Algunos datos destacados del informe de Unasev reflejan particularidades relevantes respecto al año pasado. El 80% de los motociclistas usaba casco al momento del accidente. Entre quienes no lo utilizaban, el 20,2% resultó gravemente herido y el 2,2% falleció en el siniestro.
La utilización del casco varía según el departamento: en Rivera, el 95,4% de los siniestrados lo llevaba puesto, mientras que en Colonia solo el 60,7% cumplía con esta norma. Por ello, las intendencias departamentales están llamadas a asumir una mayor responsabilidad, tanto en la promoción de leyes de cumplimiento nacional como en su fiscalización. De lo contrario, las nuevas medidas que se estudian tendrán escaso impacto.
Otro dato relevante: el 94,5% de los controles de alcoholemia realizados a conductores accidentados dio como resultado cero gramos por litro de alcohol. No obstante, en 2023, el 3% de los conductores alcoholizados sufrió un accidente entre lunes y viernes. Esa cifra se elevó al 9,9% los sábados y al 15,1% los domingos.

Hoy las fiscalías están saturadas, y por eso Unasev estudia la posibilidad de solicitar una nueva infraestructura para permitir la aplicación efectiva de la Ley de Faltas. Sin embargo, esto debe acordarse con los gobiernos departamentales. La existencia de diecinueve espacios de decisión en esta materia dificulta aplicar una normativa clara y concisa de forma homogénea.
Es evidente que ninguna medida aislada —ni la libreta por puntos, ni la fiscalización, ni las campañas educativas— tendrá impacto real si no existe conciencia social ante una estadística que crece y nos involucra a todos.

A los números hay que sumar también el impacto económico. Un informe de Unasev publicado en 2021 indicó que el país perdió 25 millones de dólares entre 2015 y 2019 debido a la siniestralidad vial, lo que representó el 0,92% del Producto Bruto Interno (PBI), y se estimaron un 2,5% adicional en costos médicos. Es fundamental mejorar la conducta de quienes conducen en Uruguay, donde se observa un preocupante nivel de distracción, negligencia o incluso violencia al volante.

El parque automotor se ha modernizado y vuelto más accesible, con opciones más rápidas y tecnológicamente avanzadas. Pero esto no garantiza seguridad, especialmente en un país donde existen diversas formas de rendir el examen práctico de conducir.
Uruguay se comprometió a reducir a la mitad las víctimas registradas en 2021 (434) para el año 2030, en el marco del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial impulsado por Naciones Unidas. Sin embargo, tres años después, esa misma cifra se repite, lo que aleja aún más al país del cumplimiento de la meta. De hecho, en los últimos cinco años, las estadísticas se han mantenido estancadas desde 2019.
Para revertir este escenario, Unasev propone una mayor fiscalización y coordinación. Pero estas medidas deben acordarse con los gobiernos departamentales, evitando interpretaciones discrecionales de normas que deben aplicarse de manera uniforme en todo el territorio.

También se debe incluir en el debate el uso de radares para controlar los excesos de velocidad. Si bien Unasev no tiene capacidad de ejecución directa en esta área, se necesita una coordinación con el Ministerio de Transporte para definir su ubicación, alcance y operativa en puntos críticos del país.
Gobiernos nacionales, departamentales y municipales deben acordar y asumir responsabilidades sin menoscabar las autonomías locales, pero con plena conciencia de la urgencia de enfrentar un fenómeno que deja discapacitados o mata a jóvenes cada semana.
Y, finalmente, se debe reconocer que la falta de valores de convivencia y educación vial también incide en esta crisis. Una sociedad que no se siente responsable difícilmente podrá generar el cambio necesario.

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En muchos países (incluido Uruguay) la remuneración que reciben quienes trabajan en el horario establecido como nocturno recibe una atención especial que se traduce en una sobretasa en un horario determinado (en el caso uruguayo entre las 22:00 y las 6.00 del día siguiente) sin perjuicio de los acuerdos alcanzados entre trabajadores y empresarios.
En materia de nocturnidad, países como Uruguay se han visto y se ven sometidos a diversas presiones de parte de organizaciones internacionales que marcan y ejecutan la famosa agenda de los “Objetivos 2030” que refleja el pensamiento “WOKE” en diversas áreas (como por ejemplo el apoyo al aborto, la eutanasia, el antisemitismo disfrazado de “supuesto pacifismo”, el feminismo radical o el combate a padres a través de mecanismos exacerbados y discriminatorios en materia de violencia doméstica). Muchas de esas organizaciones tienen naturaleza multilateral como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras, pero también por las organizaciones no gubernamentales europeas y estadounidenses (las famosas oenegé). En el caso de las oenegé nadie conoce el origen de sus fondos ni tampoco la forma en las cuales se establecen y ejecutan sus políticas institucionales, las cuales se focalizan en países fáciles de manejar como el nuestro.
Claramente el objetivo de estas organizaciones es “domesticar” a la población global para lograr que la nueva agenda global se imponga a la mayor cantidad de países posibles, sobre todo a los países pequeños como Uruguay, el cual ha sido un “conejillo de indias” de dichas políticas en los últimos años. A modo de ejemplo, podemos mencionar la legalización de la marihuana (un proyecto apoyado por los magnates George Soros y David Rockefeller (nieto del famoso magnate petrolero John D. Rockefeller, fundador de la petrolera Standard Oil, hoy Axion). Rockefeller visitó Uruguay por primera vez a sus 99 años y regresó el año siguiente con 100 años de edad. Un llamativo interés de una persona de esa edad para dos viajes tan largos en tan poco tiempo, donde fue recibido por el expresidente José Mujica (quien se levantó en armas contra el capitalismo que terminó defendiendo en sus últimos años) y quien calificó públicamente como “un amigo” a Rockefeller. Todo muy sospechoso para ser una simple coincidencia.
Las políticas de esas organizaciones son elaboradas a través de un sistema de “recorte y pegue” de normativas de otros países como profundas diferencias culturales con Uruguay, pero el objetivo es precisamente homogeneizar las legislaciones nacionales sobre la base de las organizaciones globales dominantes. Los funcionarios públicos de cada país siempre cumplen el mismo papel: aplican a rajatabla las directivas recibidas, impulsando una legislación basada en los modelos que deben copiar e imitar y crean instituciones que generen nuevos cargos y sueldos para los técnicos locales (en este caso uruguayo) y que les aseguren el día de mañana poder trabajar como consultor externo o funcionario de esas organizaciones de las cuales han sido tan obedientes y diligentes defensores. Hay varios casos de jerarcas uruguayos que han aprovechado esa “beca” y hoy viven en Europa o Estados Unidos con sueldos “de película”. Cumplieron con su tarea y se les recompensó, no con una bolsa de 30 piezas de plata como a Judas, sino mediante contratos de asesoría o nuevos destinos laborales. “Una mano lava la otra y la dos lavan la cara”.
La verdad es que la realidad es muy diferente a lo que sostienen estos “gurúes” de la agenda global. Las horas de sueño y la forma en que se distribuyen a lo largo de un día varían de país a país, fenómeno sobre el cual existen extensas y prestigiosas investigaciones a nivel internacional. De acuerdo con un informa del Foro Económico Mundial, entre los países con más tiempo de sueño se encuentran Nueva Zelanda, que ocupa el primer lugar con un promedio de más de 7.5 horas por noche. Finlandia, los Países Bajos, Australia, el Reino Unido y Bélgica también ocupan un lugar destacado en cuanto al sueño, seguido de cerca por Irlanda.
En efecto, un informe publicado en el segundo semestre del año 2023 por la página web Vitónica reflexiona sobre las diferencias en materia de sueño: “¿A qué hora se van a dormir en Tailandia? ¿Cuánto tiempo duermen en Sudáfrica? La cultura determina, a grandes rasgos, nuestros hábitos de descanso. En el sur de España es común tomar una siesta después de comer. Esta costumbre puede ser para alejarnos del calor extremo en verano, o para alargar más la hora de irnos a la cama por la noche. La cultura, más que la raza o el origen étnico, es la que subyace las diferencias entre países en cuanto al sueño. Esas distinciones se pueden observar en los tiempos de sueño nocturno en el Este de Asia más cortos que en Europa y Estados Unidos. Los estudiantes japoneses duermen menos que los estudiantes canadienses, y eso da muestra de que nuestros hábitos, también el sueño, vienen determinados por el país que habitamos.
De hecho, el sueño monofásico (dormir solamente por la noche) es normal en América del Norte y el norte de Europa. Sin embargo, hay otras muchas zonas que utilizan un sueño bifásico o polifásico. El sueño bifásico es el que practican muchas personas en España, que consiste en dormir el grueso de horas por la noche, pero añadirle una siesta normalmente después de comer. El sueño polifásico divide aún más las horas de sueño y puede darse en personas que rompen el sueño para las oraciones del amanecer, vuelven a dormir después y de nuevo repiten por la tarde o en otro momento”. Queda claro que lo importante es cuántas horas duerme el trabajador según sus ciclos y forma de sueño y que llegue descansado al lugar de trabajo para cumplir sus funciones en forma adecuada y sana.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), por ejemplo, “reconoce la necesidad de hacer frente a las diversidades étnicas, sociales y culturales que existen a lo interno de los Estados Miembros de la OPS y las unidades técnicas para crear políticas y servicios de salud accesibles a poblaciones enteras”. Esto debe traducirse en respuestas de nocturnidad que respetan las diversidades culturales de los distintos países y las necesidades de acuerdo con régimen de vida. No tiene sentido hablar de diversidad en tantos ámbitos y no respetarla en un tema tan importante como el sueño y la salud humana.
Por supuesto que no existe una sola fórmula en materia de sueño, cultura y descanso, y que aplicar los parámetros extranjeros puede llevar a una nocturnidad irreal que no refleja los tiempos que un trabajador descansa realmente a lo largo de un día de acuerdo con su cultura. Seguramente casi nadie duerme siesta en Nueva York, pero seguramente lo hacen en los países de origen latino tal como sucede en nuestro país o en Argentina. Eso es lo que deben reflejar las legislaciones de los países y no las imposiciones del “gobierno global” que busca uniformizarnos a todos sin importar nuestro origen, nuestras costumbres o donde vivamos. No nos dejemos llevar por delante por una agenda que se diseña y ejecuta detrás de bambalinas por oscuros intereses sociopolíticos.

En la provincia de Entre Ríos se creó un ámbito de seguimiento de la plaga que está afectando –matando– las palmeras en nuestro país. Estiman que el insecto que ha ocasionado la pérdida de miles de ejemplares, el picudo rojo, se encuentra a diez kilómetros de la frontera. Es la aplicación práctica de aquello de poner las barbas en remojo cuando se vea arder las del vecino. Por cierto que no tuvimos esa posibilidad en nuestro país: cuando entendimos de qué se trataba todo, el problema estaba no solo instalado sino bastante desparramado. Esto no quita que se haya reaccionado con cierto letargo, por ejemplo, un ámbito como el que creó ahora Entre Ríos, recién se instaló en Uruguay en mayo de este año, fue en ese momento que el Ministerio de Ambiente elevó la amenaza a nivel nacional y dispuso la creación de un grupo de trabajo para el combate, reuniendo al Comité de Especies Exóticas Invasoras (CEEI). La primera información que publicó EL TELEGRAFO sobre el picudo rojo y el destrozo que ocasiona en las palmeras salió en la edición del 29 de junio de 2022, bajo el título ¿Por qué están muriendo las palmeras? y aludiendo a los ataques sufridos por ejemplares de nuestro departamento.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del actual gobierno, Alfredo Fratti, comentó recientemente sobre este problema que en el inicio “se pensó que no iba a tener la dimensión que está alcanzando”. En 2024 el Poder Ejecutivo aprobó un plan de contingencia para hacer frente a la amenaza, un documento de 24 páginas que contenía una serie de medidas. El plan resultó insuficiente, a la vista está, y el insecto registra presencia en ocho departamentos: Canelones, Colonia, Durazno, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo y San José. Pero a ello hay que sumarle que, como se mencionó, en Paysandú se han apreciado también problemas con las palmeras, los que se atribuyeron no al picudo rojo, como se pensó inicialmente, sino al negro, que a diferencia del primero es una especie autóctona y que, como tal, tiene, por ejemplo, un depredador natural que lo controla, pero que ha mostrado un comportamiento inusual, desconociéndose por el momento si ello obedece a alguna mutación producto de una cruza con el otro insecto o a algún otro factor.

El picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) se desarrolla en el interior del tronco de palmeras y cuando se instala en la base de la corona de hojas es que provoca el desprendimiento de las mismas con el triste y conocido resultado. Fratti dijo que el tratamiento para hacerle frente es muy caro y que la cartera está teniendo serias dificultades para resolver el problema.

La entomóloga Gabriela Grille Grille, directora del vivero departamental de la Intendencia de Montevideo, señaló que, considerando la cantidad de especies de palmeras que está atacando y la velocidad con que lo hace, la población del insecto en nuestro país es elevada. Pero el gran problema, planteó, es que, cuando el problema se hace visible es que el ataque ya es muy importante y a esa altura el daño es irreversible.
Las intendencias del sur del país han comenzado a aplicar algunas “terapias” para intentar preservar los ejemplares, como por ejemplo una “vacuna” que evita el ataque del insecto, o baños de copa, que es parecido a una fumigación pero que se realiza directamente sobre la copa y luego derrama hacia el resto de la palmera. Llegado el caso, se realiza también la extracción de palmeras muertas por el insecto para evitar que ese insecto se siga propagando, porque aun se puede reproducir después de muerta la palmera. Por eso se dispuso un sitio de enterramiento, donde se depositan a por lo menos dos metros bajo tierra.

En la reunión de mayo de este año se planteó la inquietud de cuál será el objetivo con el que se iría a trabajar, si trazar la línea en la protección de las palmeras y de los palmares nativos, o se buscaría una erradicación del insecto. Por lo pronto el intendente de Rocha asumió que el costo de una protección individual de cada ejemplar es inasumible, desde el punto de vista económico, pero también por la logística para alcanzar a las dos millones de palmeras.

Por supuesto que no se trata de resignarse y sentarse a ver como la plaga se propaga y pone en jaque los palmares, que no solamente son parte de la identidad para muchas regiones del país sino que además su valor ha sido largamente reconocido, e incluso las poblaciones de la flora autóctona gozan de una protección especial, dispuesta por la Ley N° 9.872, del año 1939.

La ciencia ha desarrollado las soluciones que hoy existen, que por ahora no alcanzan para remediar al problema pero sí para preservar ejemplares, y si ha de aparecer una solución que permita dar una respuesta más global, seguramente no será un remedio mágico sino el fruto del trabajo de nuestros investigadores. Pero recordemos que no siempre se han ganado estas batallas, aun habiéndoseles declarado la guerra frontal y cuerpo a cuerpo. Ahí están campando a sus anchas cotorras, palomas y jabalíes, entre otros animales, además de un grupo bastante grande de especies vegetales, la mayoría de las veces introducidas a conciencia y por voluntad explícita de las personas. En este caso, en el del picudo rojo, se desconoce el origen, de qué forma ingresó al país. Tampoco es que venga al caso ahora determinarlo, ni ponerse a reprochar por decisiones que no se tomaron en el momento oportuno, pero todo esto debiera de servirnos de ejemplo para no subestimar los problemas que enfrentamos, por más que se trate de solo un insecto.

En nuestro editorial aniversario, el día 1º de julio, reflexionábamos que desde nuestras páginas, como tantos emprendedores, actores, autoridades y fuerzas vivas locales, habíamos puesto nuestro granito de arena para contribuir al impulso y florecimiento del Paysandú industrial, que se desarrollara en la década de 1940 y que se proyectó pujante hacia la segunda mitad del Siglo XX, “una época imborrable y fundamental para consolidar y potenciar el hoy alicaído espíritu de Paysandú, con serias dificultades para la reconversión a partir de que las grandes industrias han ido desapareciendo desde aquella época de oro, por cierto, en la que el trabajo del terruño se tradujo en la creación de más fuentes de empleo y la industrialización de materia prima de la zona, en emprendimientos a tono con aquellos tiempos”.

El escenario que se presenta hoy en una de aquellas empresas emblemáticas, la curtiembre Paycueros, –la única posiblemente que queda de la época de oro del Paysandú industrial– responde a esa reflexión muy esquemática de nuestro editorial respecto a esta realidad, producto de una serie de factores que son endógenos y externos a la misma vez, porque el país pero sobre todo el mundo ha cambiado, y mucho más para las empresas que vuelcan su producción a la exportación. Respecto a la problemática de esta empresa, no es una sorpresa para nadie que siga las cosas más o menos de cerca, que de lo que se trata es de competitividad, en este caso el valor agregado a la materia prima que producimos dentro de fronteras, como el cuero, y en resumidas cuentas, el quid de la cuestión es que trabajar el cuero resulta más caro en Uruguay que en otras latitudes, donde se trabaja con menores costos, tanto desde el punto de vista de los insumos en general como del plano laboral, y por ende el producto terminado se puede vender prácticamente a mitad de precio, a tono con los valores del mercado global.

No es un secreto: el comercio, el intercambio de bienes y servicios se mueve hacia un lado o hacia otro dependiendo de los costos, los reales y los que se imponen por medidas políticas proteccionistas también, ya sea por la vía de subsidios internos como por aranceles o barreras sanitarias que disfrazan los impuestos que se aplican para desestimular el ingreso de productos desde el extranjero. Y este escenario es clave para que hoy –ya desde hace años, en realidad– la industria local Paycueros, como antes ocurriera con Paylana, con la producción de remolacha para Azucarlito, como los problemas de AmBev, por citar los más importantes en cuanto a provisión de empleo en Paysandú, estén sufriendo o ya hayan sufrido este cambio de paradigma y con ello la desaparición de miles de empleos desde aquel Paysandú industrial pujante. En la edición del miércoles de EL TELEGRAFO dábamos a conocer la explicación de la multinacional respecto a la situación de la planta de Paysandú, a través de conceptos vertidos por el director Diego Stein y el asesor legal, Dr. Rodrigo Deleón, ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, donde señalaron que “es prácticamente irreversible que hoy, en el contexto mundial”, la planta sanducera “pueda terminar la misma cantidad de cueros que terminaba antes”. Stein aclaró que “la planta de terminación va a seguir funcionando”, para abastecer los negocios de la región, pero no así para los negocios de Asia.

Por su lado Deleón mencionó el costo adicional que implica que la planta esté al norte del río Negro –la única que queda en la región–, es decir lejos de Montevideo, por un tema de flete y logística, lo que se agrega al ya oneroso costo país para el desenvolvimiento industrial y de todo emprendimiento productivo y de servicios, porque a la hora de traducirlo a dólares para competir quedamos muy lejos en la ecuación que se necesita para ingresar a los mercados internacionales, cuando el grueso de los clientes se encuentra en Asia.

Precisamente el tema geográfico es particularmente importante, si se tiene en cuenta que como expresó Stein la logística existente en el subcontinente latinoamericano hace muy difícil cumplir con los tiempos de entrega de productos que son de 15 a 20 días, una vez que la curtiembre toma el pedido, mientras la tendencia es que el modelo de producción, por aumento de costos, se va moviendo al sudeste asiático, como es el caso de Vietnam, Indonesia, India y Camboya.

Este escenario, como consecuencia de estos y otros factores, conlleva que se dote de un menor valor agregado a la materia prima en Uruguay y la región, y en el caso de Paycueros, una menor demanda de pedidos de cuero en la empresa, pero sobre todo, según el director, “hay un problema estructural, no es que sea algo puntual de una planta o de una empresa”, porque la realidad “hace muy difícil hacer todo el proceso del cuero en la forma en que lo veníamos haciendo en Paysandú o en Uruguay”.
En suma, para el empresario, “eso nos hace ver nuevamente, que terminar cuero en Uruguay, en el mediano plazo, no es una posibilidad, y aún menos en el corto plazo”.

Mientras tanto, desde la gremial de trabajadores UTP, se indica que “esto no es una novedad, porque desde hace muchos años denunciamos que la terminación del cuero no es viable en Uruguay. Por eso abrieron una planta de terminación en Vietnam, que la inauguraron en marzo de este año”, a la vez que cuestionan que el gobierno anterior “liberó aún más”, la salida de cueros del país sin trabas, en el marco de un escenario que los curtidores “lo venimos diciendo desde hace más de 20 años”, en tanto procuran que se diligencie de forma más expeditiva y con menos burocracia el tema de la prórroga del seguro por desempleo.
A su vez consideran que de todas formas la empresa puede retomar el procesamiento de cueros a mayor volumen, para lo que ha incorporado nuevas tecnologías y maquinarias, por lo que entienden que es un problema coyuntural y no estructural, al prepararse la empresa para procesar mayor cantidad de cueros.
Esta problemática, sin desconocer sus aspectos particulares y posturas contrapuestas entre empresarios y sindicato del rubro, se inscribe en lo que señalábamos del Uruguay caro, que queda fuera de los mercados aún en aquellos casos en que se dota a la materia prima de un ínfimo valor agregado, por lo que nos estamos quedando solo como productores de materia prima, proporcionando trabajo fuera de fronteras y solo produciendo aquello para lo que tenemos ventajas comparativas naturales.

Por eso es entendible que cualquier empresa busque abaratar costos por la vía de tecnificar la producción, sustituyendo mano de obra por máquinas más eficientes y que logran la productividad imprescindible para por lo menos seguir existiendo, y sí, prescindiendo todo lo posible del trabajador humano, que además genera otros costos asociados por medidas sindicales, reclamos, faltas, enfermedades, etcétera. Dicho de otra forma, nada nuevo desde la Revolución Industrial del siglo XVIII hasta el presente, donde el que no evoluciona y se adapta al mundo, desaparece.
Lamentablemente en el caso de Uruguay el proceso se ve acelerado por el costo país, por el cual aún con la mejor voluntad y tecnología es casi imposible ser competitivos en el mundo. De esta forma Paysandú ha ido perdiendo sus industrias y de mano de obra calificada, mientras los emprendedores que están dispuestos a invertir buscan otros horizontes, ya sea en el sur del país o directamente fuera de fronteras.
Porque el problema es estructural, de los altos costos en dólares como causa y consecuencia, todo a la vez; de la energía, de los insumos en general, del costo de la mano de obra, del costo del Estado, de la falta de políticas de estado, del propio sindicalismo mal entendido, y ello es lo que hace tan difícil liberarnos de los corsés que nos inmovilizan, mientras se suceden los gobiernos sin encontrarle la vuelta, más allá de algunos retoques y maquillajes para seguir pateando la pelota hacia adelante.

Desde hace ya varios años, la calidad del agua se ha vuelto un tema recurrente en el debate público, los medios de comunicación y la conversación cotidiana.

En 2023, cuando a raíz de los problemas de calidad de agua suscitados en Montevideo el gobierno instó a la población a comprar agua embotellada, un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas advirtió que la medida suponía un riesgo de privatización de facto del agua para consumo humano y recordó que este uso dirigido a la población debe estar por encima de cualquier interés empresarial.
En ese momento los relatores especiales de la ONU recordaron también que si bien los altos índices de salinidad que presentaba el agua potable de la capital del país se atribuyó a la infraestructura hídrica agravada por un largo período sin lluvias, existe un problema subyacente que es la sobreexplotación del agua, especialmente por el sector industrial. “Uruguay debe priorizar el consumo humano, tal como lo indican las normas internacionales de derechos humanos”, sostuvieron entonces. Además, aludieron a las advertencias realizadas a lo largo de los años de que la expansión de las concesiones a industrias intensivas en agua estaban contaminando el vital elemento y causando escasez en el país.

En aquel momento la preocupación central era la situación de las personas que no podían permitirse comprar agua, así como las personas con discapacidades o movilidad reducida que no podían transportarla por sí mismos para sus usos elementales en la vida cotidiana.
Ahora bien, aquella coyuntura desatada por la sequía y el desabastecimiento de la principal fuente de aprovisionamiento de agua potable para la capital del país –tema que siguió en el debate público mucho más tiempo lo que demoraron las lluvias para la vuelta a la normalidad del río Santa Lucía- fue clave también para recordarnos situar el acceso al agua en el ámbito de los derechos humanos.

En este sentido, la ONU recordó en comunicados públicos que el derecho humano al agua implica que ésta sea físicamente accesible, esté libre de contaminantes y sea gestionada de forma sostenible, respetando la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación. Para los especialistas en garantías fundamentales, las empresas, incluidas las empresas estatales, “tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todo momento”. El mencionado organismo internacional agregó en ese momento que los Estados “tienen la obligación de garantizar la protección de este derecho al asegurar el acceso universal a agua potable segura, incluso durante emergencias”.

Habría que agregar, en este sentido, que otro derecho humano fundamental garantizado por el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos es el derecho a la información. Desde este lugar, resulta legítima la pregunta sobre ¿cómo puede informarse el ciudadano común sobre la calidad del agua que sale del grifo de su casa?
Como es sabido, en la zona de playas, distintos organismos como las intendencias y la Comisión Administradora del Río Uruguay, entre otros, realizan controles en las costas informando la calidad de aguas con fines recreativos, es decir, si se pueden utilizar para baños o actividades acuáticas. Por su parte, OSE realiza diferentes muestreos y análisis con diferentes objetivos pero esos datos no son de fácil acceso para los consumidores ni se informan públicamente en forma sistemática.

Esto último es algo que debería cambiar. En primer lugar porque los ciudadanos tienen derecho a estar claramente informados sobre la calidad del agua que consumen, aspecto que podría convertirse muy pronto en un reclamo popular.
En este sentido, una reciente encuesta realizada por la Usina de Percepción Ciudadana concluyó que al 84% de la población le gustaría que en la factura de OSE se incluyera información sobre la calidad del agua, en particular datos referidos a presencia de agroquímicos, coliformes y trihalometanos (subproductos que se forman cuando se emplea cloro).

Uno de los resultados más contundentes de la encuesta es que “la mayoría de las personas encuestadas (92%) responden que debería ser una obligación de OSE brindar información sobre la calidad del agua a sus usuarios en forma comprensible para todo el público”.
A su vez, algunos colectivos provenientes de la sociedad civil y la academia están trabajando fuertemente en darle visibilidad al tema. A modo de ejemplo, cabe citar “Agua y salud: pérdida de calidad de agua potable, sus causas y sus consecuencias sobre la salud humana en Uruguay”, un proyecto integrado por investigadores del Centro Universitario Regional del Este (CURE) y las facultades de Ciencias, Medicina, Veterinaria e Ingeniería de la Universidad de la República, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), la Federación de Funcionarios de OSE, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y el diario La Diaria, el cual recientemente ha venido divulgando una serie de artículos sobre estudios de calidad de agua superficial y riesgos de contaminación de acuíferos. Desde allí se ha difundido ahora una propuesta que consiste en “modificar la factura de OSE y convertirla en una herramienta de educación ambiental”, incluyendo en ella información sobre la calidad del agua. La sugerencia está en sintonía con las inquietudes de la población en torno al agua mencionada en los resultados de la encuesta antes referida, así como también el reclamo de movimientos ambientalistas, algunos de los cuales también han impulsado y publicado informes científicos sobre calidad de agua en Uruguay.

Por otra parte, el deterioro de la calidad del agua suele vincularse también con problemas como la eutrofización del recurso, la presencia de fósforo y cianobacterias en numerosos cursos de agua de diferente tipo y tamaño, las cargas orgánicas y de nutrientes que terminan en el río Uruguay o el Río de la Plata y hasta la falta de plantas de tratamiento de efluentes cloacales en ciudades del litoral, entre ellas Paysandú. La discusión y debates sobre el agua suman además otras aristas, tales como las relacionadas con sus usos industriales, especialmente por grandes empresas que son o pueden ser usuarias intensivas del recurso (UPM, posible construcción de plantas de hidrógeno verde, etcétera), la contaminación de napas freáticas o la sobreexplotación del acuífero Guaraní.

Se trata de un asunto complejo, que requiere estudios científicos sistemáticos de control y seguimiento que garanticen la sostenibilidad y calidad de un recurso esencial para la vida, que constituye hoy en día un tema de preocupación – más allá de las emergencias que en torno a él hemos vivido- y que involucra un derecho humano fundamental que es necesario garantizar, proteger e informar adecuadamente a quienes consumimos a diario agua potable de la red de Obras Sanitarias del Estado (OSE).

En las últimas horas se conoció un dato sumamente preocupante, considerando que apenas estamos transitando la segunda semana del invierno, y todo un clásico de esta estación son, lamentablemente, los incendios ocasionados en los ductos de chimeneas faltos de mantenimiento. Por lo tanto nunca está de más recordar que es necesario hacer una limpieza periódica para garantizar que todo funcione como es debido. De lo contrario, puede generarse una situación incómoda que además puede dar lugar a un inconveniente mayor, si el fuego se propagase en la misma vivienda o a inmuebles contiguos.

Pero además de ello, en las últimas horas trascendió otra preocupación, y es que en lo que llevamos de 2025, seis personas perdieron la vida a causa de intoxicación por monóxido de carbono. Sumado a ello, se registraron otros cincuenta casos de intoxicación severa, lo que está marcando desde ya un crecimiento significativo con respecto a las cifras del año pasado.
La inquietud es tal que la Unidad Académica de Toxicología del Hospital de Clínicas emitió un comunicado urgente indicando medidas para evitar este tipo de situaciones indeseadas. En una entrevista con el informativo de radio Uruguay, la doctora Carolina Juanena llamó a “tomar conciencia y prevención, porque se trata de algo que podemos prevenir”.

El monóxido de carbono se genera en todos los métodos de calefacción que utilizan llama, eso incluye “las estufas a leña en todas sus versiones, incluso las más modernas, con pellets, las estufas a gas, braseros y estufas de panel, cocina a gas”. Pero llamó la atención sobre un aparato que ha generado mucha preocupación: el calefón a gas, “que ha ido aumentando su uso, pero que ha ocasionado intoxicaciones muy severas por estar mal instalado, dentro del baño”. En ese sentido explicó que es necesario que este aparato se ubique fuera de esa habitación. “Son muy pocos los que pueden instalarse dentro del baño, en general la mayoría son para estar afuera. Eso genera adentro de un ambiente confinado, como es el baño, con mucho vapor de agua, en general con escasa ventilación, altas concentraciones de monóxido de carbono y podemos decir que los casos más graves se han vinculado a ese escenario”, afirmó. “Tiene que estar siempre afuera, incluso afuera de la casa, si es posible. A veces puede ser en otra habitación contigua, etcétera, pero siempre son habitaciones que van a haber grandes niveles de monóxido de carbono en el ambiente”, agregó.

Explicó que el monóxido de carbono “compite con el oxígeno en nuestro organismo a nivel de los glóbulos rojos, y evita que podamos transportar oxígeno a nuestros tejidos, generando hipoxia, que puede provocar desde síntomas leves e inespecíficos, como malestar o dolor de cabeza, náuseas y vómitos, hasta pérdida de conocimiento, convulsiones”, e incluso la muerte, relató. Y en casos en los que no provoque la muerte también puede generar secuelas importantes y permanentes. “Los primeros síntomas pueden no ser percibibles, pero si eso avanza podemos tener pérdida de conocimiento, debilidad muscular y podemos no lograr salir del lugar”. De allí que se lo denomine como “el asesino silencioso”, porque “es altamente tóxico y no tiene olor”. De hecho, una de las recomendaciones en las que enfatizó fue en no dejar nada encendido al irse a dormir, ya que de esa forma se pierde total control de la situación y el riesgo aumenta, al tratarse de una situación silenciosa absolutamente.

“No lo podemos percibir, no genera irritación, no tiene olor, no es el olor a gas de la garrafa, ese no es el monóxido, el monóxido se genera cuando hay combustión, cuando hay un fuego, llamas, entonces no es un gas que podamos percibir y que podamos alertar y decir ahora voy a ventilar. Por eso, una medida de prevención siempre es mantener ventilación, a pesar de estar calefaccionando un lugar”, por más que esto pueda parecer contrario a la lógica de la eficiencia energética.

Otra recomendación general es, por ejemplo, “si voy a calefaccionar toda la tarde porque voy a estar en un lugar trabajando, siempre dejar aunque sea una rendija de alguna ventana, no cerrar las puertas completamente, mantener un intercambio con el exterior para que pueda entrar oxígeno”. Del mismo modo recomendó especialmente “no utilizar hornallas ni hornos a gas para calefaccionar los ambientes, puede ser muy peligroso porque la hornalla no está pensada para calefaccionar un ambiente y después de cierto tiempo va a empezar a generar monóxido de carbono. Entonces no es un método seguro para calefaccionar”.

Si bien las personas de cualquier edad pueden verse expuestas y sufrir las consecuencias de una intoxicación como las que se plantean, que muchas veces puede ser, además colectiva, porque hay varias personas compartiendo el mismo espacio, hay algunas edades en las que se detectan determinados riesgos a los que refirió la doctora Juanena. Un ejemplo son los adultos mayores, “que permanecen en el hogar muchas horas tal vez con una estufa o con algún método de calefacción”. También hay un riesgo asociado a los niños más pequeños a raíz de que tienen una mayor frecuencia respiratoria. Pero una situación muy llamativa es el caso de los adolescentes “específicamente en el baño, con esto del calefón a gas. El adolescente tiende a pasar más tiempo en el baño y es un escenario que empezamos a ver en estos últimos años, de adolescentes sanos con intoxicaciones gravísimas dentro del baño”.

Se trata de situaciones que son fácilmente prevenibles o evitables, pero que muchas veces, por darlas por obvias se terminan omitiendo las medidas de mitigación necesarias para mantener la seguridad. Por eso nunca está de más mantenerse alerta para y tomar los recaudos necesarios.

Hoy EL TELEGRAFO cumple 115 años y ha pasado a ser actualmente nada menos que el decano de la prensa nacional, un orgullo para nosotros, para los sanduceros y para el periodismo, algo que seguramente ni siquiera pasó por la mente de sus fundadores el 1º de julio de 1910, cuando salía a la calle nuestro primer ejemplar en una época en que quijotadas como lanzarse a un emprendimiento periodístico eran fruto del entusiasmo de una generación de soñadores, con las miras puestas en promover el desarrollo del terruño, con la pluma como único instrumento para hacer realidad los sueños.

Y durante más de un siglo hemos tratado de seguir el rumbo trazado por Miguel Baccaro y Angel Carotini para ser portavoces de las inquietudes, esperanzas y necesidades de nuestros conciudadanos, eco y portavoces del sentir de los habitantes de este solar, de un Paysandú que tenía al río como la vía de comunicación por excelencia, y del que dependía su actividad económica, en contraste con esta época en la que el escenario socioeconómico regional y global ha sido determinante, entre otros factores, para que estemos prácticamente de espaldas al río que nos vio nacer.

Felizmente, los que sí mantienen plena vigencia son aquellos ideales de esa primera década del siglo pasado, pese a que en la sociedad hay valores que han cambiado y no necesariamente para bien, como así también se han incorporado gradualmente innovaciones tecnológicas a las que ha sido necesario adaptarse y a la vez utilizar también como herramientas para potenciar la llegada masiva de EL TELEGRAFO a nuestros lectores.

Situarnos en aquel 1910 es un desafío a la imaginación, por cierto, sobre todo para los jóvenes, si tenemos en cuenta que apenas había alguna llegada de la radio más de una década más tarde, en tanto ya a partir de las década de 1950 y 1960 llegaban los cambios de mayor envergadura en la prensa, con la posterior llegada del sistema off-set y la sustitución de las viejas linotipos y del uso del plomo, hasta entonces omnipresente para la impresión en papel.

Sin dudas que el tiempo ha dado la razón con creces a los visionarios que en aquel entonces buscaron su lugar en la lucha por un Paysandú mejor, por su gente, por el desarrollo de emprendimientos que generaran empleo para los sanduceros, pero a la vez para trascender las inquietudes lugareñas hacia una región pujante y de gran proyección por su ubicación estratégica, lo que fue confirmado con el paso de las décadas.

Pero tanto en los tiempos del plomo como de los avances tecnológicos sucesivos la diferencia para contar con la fidelidad de los sanduceros a esta propuesta periodística ha sido siempre la búsqueda de la calidad, veracidad y responsabilidad por el contenido, lo que contribuyó a construir una trayectoria respaldada a lo largo de las décadas por los sanduceros que se sintieron representados y se encolumnaron detrás de nuestro diario, felizmente.

Pecando de inmodestos, podemos decir a esta altura que hemos podido ir sorteando tiempos turbulentos, signados por avatares y obstáculos que se fueron superando, incluso en tiempos de guerras fratricidas, pero también en los que se fueron construyendo los pilares del desarrollo, con el aporte de nuestro granito de arena a la libertad de expresión en aras de construir la tolerancia y la paz.
EL TELEGRAFO también, como directo protagonista de la historia de Paysandú, de lo que nos enorgullecemos, ha sido parte de la calidez con que nuestra comunidad ha recibido olas migratorias desde diversos orígenes que se integraron al trabajo de los sanduceros y aportando a la vez su esfuerzo y conocimiento, en sucesivas generaciones que fueron construyendo el ser sanducero.
Con ellos, con los sanduceros todos, hemos aportado para el impulso y florecimiento del Paysandú industrial que se consolidara en la década de 1940 y que se proyectó pujante hacia la segunda mitad del Siglo XX, una época imborrable y fundamental para consolidar y potenciar el tal vez hoy alicaído espíritu de Paysandú, con serias dificultades para la reconversión a partir de que las grandes industrias han ido desapareciendo desde aquella época de oro, por cierto, en la que el trabajo del terruño se tradujo en la creación de más fuentes de empleo y la industrialización de materia prima de la zona, en emprendimientos a tono con aquellos tiempos.

Era sin dudas, la savia vital en una comunidad que no ha terminado de procesar los cambios todavía, pero que sin embargo ha asumido en gran medida que no se puede vivir solo mirando el pasado, por venturoso que fuere, sino forjando su presente y actuando con visión de futuro, acorde al reto que plantean los nuevos tiempos.

Y estos nuevos tiempos han traído aparejado que los emprendimientos que se han incorporado en lugar de las grandes industrias no son de la magnitud ni de las características de los de otras épocas, pero hacen su aporte en un ámbito diferente, para que miles de sanduceros diariamente aporten su esfuerzo en el tramado socioeconómico de una comunidad que mantiene todavía, aunque sea subyacente, muchos puntos en común con la de nuestros padres y abuelos, de aquella época de oro.
Desde su nacimiento, EL TELEGRAFO ha pretendido tener ese pasado venturoso como ejemplo y apoyo y es así que no sin poco esfuerzo y riesgo empresarial hemos evolucionado desde los años en que todo el proceso en nuestros talleres se hacía en base a plomo fundido, hasta llegar a la incorporación reciente de una moderna planta de impresión y actualización tecnológica de nuestros talleres acorde a la era digital, pero anteponiendo el ejercicio del periodismo y el servicio a la comunidad como eje motor de nuestras acciones y desvelos.

La celebración de estos 115 años precisamente nos encuentra hoy como ayer, apostando a Paysandú y a la región, apoyados como siempre en el respaldo de nuestros consecuentes lectores, los que nos han acompañado generación tras generación y nos siguen alentando a seguir adelante. Ellos son los verdaderos hacedores de este verdadero milagro periodístico de todos los días, en un ida y vuelta que nos impulsa a seguir afrontando el desafío pero también la satisfacción de esta entrega diaria, por lo que ellos y los sanduceros todos, son merecedores de nuestro afectuoso reconocimiento al hacerlo posible.

En el Interior, en poco más de una semana, murieron tres bebés en circunstancias marcadas por la violencia, el abandono y la indiferencia. Muertes que podrían haberse evitado si las alarmas y los mecanismos de seguimiento sanitario y judicial se hubiesen activado a tiempo.
En Tarariras, una bebé de tres meses fue encontrada muerta en una pensión, tras haber permanecido 17 horas en estado de abandono. Hija de padres con problemas de adicciones, había sido trasladada a San José para recibir tratamiento por exposición a drogas y sífilis.
Permaneció 11 días internada en ese centro hospitalario y luego fue derivada al hospital de Colonia, donde se realizaría una valoración social de su entorno. El caso fue judicializado a raíz de una denuncia de los funcionarios de la salud, quienes señalaron que la madre presentaba un estado físico y mental inadecuado para la crianza de la niña.

El INAU envió una psicóloga que recomendó priorizar el derecho al vínculo con el padre. Sin embargo, los funcionarios del hospital insistieron en su denuncia, dado que el hombre, con antecedentes penales y también consumidor, no estaba en condiciones de cuidar a su hija. A pesar de ello, la Justicia resolvió que la bebé fuera trasladada a Montevideo para permanecer con su padre y una tía. Solo unos días después, la niña apareció muerta y abandonada en una pensión de Tarariras. Nadie sabe cómo llegó allí, ni tampoco en qué concluirán las “pericias pendientes”, según el Ministerio Público.
Días más tarde, fue ingresada al hospital Pereira Rossell una bebé de 19 días con signos de maltrato severo: fracturas de costillas, hematomas abdominales que evidenciaron una laceración hepática y hemoneumotórax, una condición médica de extrema gravedad. Actualmente, la niña se encuentra al cuidado del personal del hospital, a la espera de una resolución judicial. El padre, que estaba solo con ella al momento de los hechos, alegó en su defensa que se quedó dormido y, al darse vuelta, accidentalmente la aplastó.

En Tacuarembó, la madre de mellizas de nueve meses fue imputada por homicidio especialmente agravado por el vínculo y por brutal ferocidad. Una de las niñas falleció y la otra estuvo internada en CTI. Ambas presentaban signos de violencia física. La mujer tenía antecedentes por violencia doméstica contra otros miembros de su familia. Cumplirá 180 días de prisión preventiva mientras se espera el juicio oral.
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, reparó en esta dolorosa estadística —ocurrida en apenas un fin de semana— y enfatizó la necesidad de un Estado que prevenga y repare. “Pero también nos desafía como sociedad. Estos problemas debemos abordarlos en conjunto y no limitarnos a contar cuántas personas, desgraciadamente, fallecen o no”, señaló.
Lustemberg, pediatra de profesión, con trayectoria como legisladora y exdiputada por el Frente Amplio, presentó un proyecto de ley que reorganiza las políticas públicas dirigidas a la infancia y adolescencia.
La iniciativa, tras múltiples acuerdos y gestiones impulsados por la propia exlegisladora, fue aprobada casi al final de la legislatura pasada. Comenzó a gestarse en 2017, ingresó a comisión en 2019, pero el período legislativo concluyó sin que pudiera tratarse. El proyecto retomó discusión en 2020 y, cuatro años después, fue finalmente sancionado.

La ley garantiza atención integral para niños y adolescentes, con una visión global y evitando la fragmentación institucional. Según Lustemberg, esta normativa apunta a consolidar políticas de Estado dirigidas a la primera infancia.
Entre sus innovaciones, crea un sistema único de información para coordinar servicios y dar respuestas más rápidas a las necesidades de la niñez, sin crear nuevas instituciones ni exigir recursos adicionales, sino mediante una mejor planificación y monitoreo del presupuesto público.
¿Qué ocurrió con esta ley? ¿Está implementándose como se pensó? Su aplicación permitiría actuar con mayor rapidez y eficacia en casos como los ya mencionados.
Hace pocos días, en una nueva edición de Desayunos Búsqueda, Lustemberg afirmó que el 57% de las muertes de menores de 15 años son evitables, y citó como ejemplo la muerte de dos bebés en dos días: una por lesiones y otra por sífilis.
Desde allí desgranó una larga lista de carencias que atraviesan a la primera infancia en un país donde, además, cada vez nacen menos niños. En ASSE, 30.000 personas esperan atención en salud mental. En el hospital Pereira Rossell, 300 niños aguardan una cirugía oftalmológica.

Lustemberg recuerda siempre una frase del expresidente José Mujica: si no ingresaba al sistema político, no podría cambiar esa realidad. Participó desde el primer gobierno del Frente Amplio, estuvo al frente del Área de Niñez y Adolescencia de ASSE, coordinó el programa Uruguay Crece Contigo, fue subsecretaria del Ministerio de Salud, legisladora, y hoy ocupa el cargo de ministra.
Aunque Uruguay presenta una de las tasas de mortalidad infantil más bajas de América Latina, los casos mencionados no debieron ocurrir. Si sucedieron, es porque los organismos responsables de la salud, la infancia o la justicia no actuaron o no alertaron a tiempo.
Y lo más preocupante: a veces, estos seguimientos se pierden. Justo en un territorio pequeño, donde nacen alrededor de 29.000 bebés por año.

Según la Usina de Percepción Ciudadana, Lustemberg es una de las ministras con mayor aprobación pública. Esto ha despertado atención dentro de su fuerza política, que empieza a observar sus potencialidades de cara al futuro. La ministra no se pronuncia al respecto: sabe que aún queda mucho camino por recorrer. Pero los hechos siguen sucediendo, y la crónica política —como su partido— se mantiene atenta, aunque aún falte mucho para 2029.
Al menos por ahora —tal como dijo la ministra—, las muertes de estos niños deben servir para corregir lo que el Estado debe prevenir. Y que no sea demagogia hablar de políticas públicas sostenidas.
Que así sea.

Durante los momentos más álgidos de la Guerra Fría (iniciada en 1945 luego de la Segunda Guerra Mundial y culminada simbólicamente con la caída del Muro de Berlín en 1989), el mundo convivió con dos usos primordiales de la energía atómica. Uno de ellos ha sido el uso militar, que se inició tras los bombardeos de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki y el segundo, el uso civil, manifestado en la construcción de diversas centrales generadoras de energía eléctrica de las cuales se instalaron muchas en diversos países del hemisferio norte.
La obsesión generada por una eventual guerra nuclear (una posibilidad que es permanente puesta sobre la mesa como países como Irán, Corea del Norte o Rusia) fue de tal magnitud que durante la década de los años sesenta proliferó la construcción de refugios atómicos en los jardines de casas particulares o en sótanos de edificios.

En el correr de los años desde 1945, los movimientos pacifistas primero y los ecologistas después han llevado adelante una exitosa tarea contra la energía nuclear que ha causado el cierre de varias centrales nucleares generadoras de energía eléctrica, especialmente en Europa. Como ha sido confirmado con posterioridad muchos de esos movimientos eran financiados por la Unión Soviética como forma de influir en la opinión pública local poniéndola en contra de sus gobiernos y frenando las investigaciones y avances europeos sobre la energía nuclear, aprovechándose de la libertad de expresión que existía (y afortunadamente existe) en Europa. El cierre de esas centrales nucleares generadoras de energía ha continuado a lo largo de los años a pesar de la caída de la Unión Soviética y su acción se ha expandido a todos los ámbitos de la sociedad y es utilizada con finalidades político-partidarias.

En los últimos días la cadena alemana de noticias, Deutsche Welle, ha difundido un informe sobre los problemas que enfrenta la industria siderúrgica de ese país europeo debido a los cambios tecnológicos y el crecimiento de la producción de China que se ha duplicado en los últimos cinco años con bajos precios que amenazan miles de empleos europeos al mismo tiempo que Europa promociona el denominado “acero verde” cuyos costos de producción son notoriamente más elevados y no compiten con el acero chino. Ello refleja una realidad que Europa está aprendiendo con pérdida de puestos de trabajo: ser ecológico es una moda muy linda y políticamente correcta, pero que termina saliendo muy cara y cuyo precio se paga con pérdida de bienestar social de los pueblos afectados. Las regulaciones ambientales, de las cuales Europa en general y Alemania en particular es un ejemplo global, se han transformado en un corsé de acero (valga la redundancia) del cual ese país no puede liberarse y va en camino de adoptar la forma de una maroma en la cual el sector siderúrgico alemán (vital para su economía y para sus socios europeos) terminará ahorcándose. Como consecuencia de ello, muchas empresas alemanas han tenido que reducir su producción de acero para poder cumplir con las exigencias en materia de combate al cambio climático, lo que significará miles de despidos. Claro que por esos obreros despedidos los grupos ecológicos no organizarán marchas ni protestas de ninguna clase.
De acuerdo con Kerstin Rippel (directora general de la Federación Alemana del Acero) los problemas de las empresas alemanas del ramo comienzan con los altos costos de la energía en Alemania y el ingreso de acero desde Asia a precios muy competitivos. Un tercio del total del acero utilizado en Alemania proviene de Asia. A nivel global esos porcentajes crecen aún más: en el año 2024 más de la mitad del acero utilizado a nivel mundial fue producido en China. Alemania se encuentra actualmente implementando nuevas tecnologías para producir acero en forma más ecológica, lo que se lograría utilizando hidrógeno en lugar de carbón o coke para los procesos siderúrgicos, en cuyo caso el único subproducto será el agua y no habrá emisiones de dióxido de carbono. Hasta que se logren esos objetivos, Alemania seguirá perdiendo puestos de trabajo en el sector siderúrgico, que fuera uno de los motores principales de su economía.

Toda esta problemática está originada en los grupos ecologistas que durante décadas han presionado a los gobiernos europeos para que adoptaran regulaciones cuyas consecuencias económicas y sociales estamos viendo en Alemania actualmente. La verdad es que la agenda ecológica tiene costos exorbitantes para los países y nadie menciona con franqueza las consecuencias que tiene en materia de pérdida de puestos de trabajo y costos sociales. Además, una fuente de energía se cambia por otra supuestamente más ecológica, cuando realmente se desconoce el verdadero daño que produce esta última. Por ejemplo con los aerogeneradores ahora surge el problema del “robo” de viento entre países, debido a que las granjas de aerogeneradores frena el viento del mar en los países de norte de Europa, y ahora llega mucho menos viento a la costa. Por ahora la queja surge por las consecuencias económicas, pero ¿alguien midió el real impacto en el clima o ecológico que puede acarrear en el largo plazo? Y la energía que se piensa “robar” al mar a través de generadores oceánicos, ¿no tendrán también efectos secundarios terribles para las corrientes oceánicas o la distribución global del calor? ¿Y los millones de watts de energía solar que no llega al suelo por los paneles generadores, no tendrán fuerte impacto en el clima, la humedad y la biodiversidad de las también millones de hectáreas que cubren? Nadie lo sabe y quizás mejr ni saberlo, pero por ahora todos son métodos “ecológicos” que justifican cualquier esfuerzo, incluso si eso lleva a la ruina a los países que terminan atados al corsé de la ola woke. Por lo pronto, con menos regulaciones absurdas, con más plantas nucleares generando energía eléctrica (a precios muy competitivos y con muy bajo impacto ecológico) la industria siderúrgica de Alemania sería competitiva y no estaría anunciando miles de despidos. Para peor de males, las consecuencias para Alemania no son solo económicas sino también geopolíticas: haber cerrado muchas plantas nucleares que generaban energía eléctrica colocó a ese país de rodillas ante Rusia, de quien depende el suministro de gas para la población en general, incluyendo a las industrias. En el caso del acero, esa industria tiene especial importancia en los ramos de construcción, armamento e infraestructura, entre otros.

Así pues, lo que empezó en Alemania como una protesta ecologista de jóvenes de clase media alta, terminará con barrios obreros sumergidos en el drama de la desocupación. Todo por “estar a la moda” con los objetivos de la agenda 2030 y el pensamiento “woke” que desde los países desarrollados se impone a todos los gobiernos del tercer mundo. Una nueva forma de imperialismo sobre el cual quienes ayer gritaban y pintaban la frase ¡“Yankis go home!” hoy guardan un silencio cómplice y cumplen gustosos las directivas llegadas desde las nuevas capitales mundiales, utilizando fondos de dudoso origen.
Resulta acertado decir que no hay que atravesar el Océano Atlántico para ver ejemplos de este tipo de acciones públicas: la oposición infundada de diversos grupos al emprendimiento de la empresa HIF Global para construir una planta de hidrógeno que se proyecta construir en nuestro departamento nada tiene que ver con la ecología: lo que combaten esos grupos es a las empresas, a la iniciativa privada y con ello a la generación de empleo sustentable y genuino para sanduceras y sanduceros. Se trata de grupos radicales movidos por objetivos ideológicos y políticos que nada tienen que ver con la ecología y que, en caso de tener éxito, dejarán a muchas familias sanduceras sin sustento. Lo que le está sucediendo actualmente al sector siderúrgico alemán, hasta hace poco el motor económico de Europa y que hoy se viene abajo, debería abrirnos los ojos. Por aquello de “cuando las barbas de tu vecino veas arder…”

El Domingo anterior finalizamos el encuentro que anualmente reúne a delegados de todas las parroquias, movimientos, servicios y pastorales de la Diócesis de Salto, me gustaría compartir algunas afirmaciones que se han destacado en estos días en que se reflexiono sobre la realidad de los jóvenes y las familias.

Los jóvenes son un regalo para la sociedad y la Iglesia. Tienen energía, creatividad y un papel crucial en la construcción del futuro. Muchos buscan un propósito y significado en sus vidas. Están llamados a ser agentes de cambio en la sociedad involucrándose en cuestiones sociales, políticas y ambientales.

La familia es fundamental en la formación de los jóvenes. Se resalta la necesidad de fortalecer los lazos familiares y brindar un ambiente de amor y apoyo.

Visualizamos dificultades para abordar con diálogo y serenidad las crisis. El ambiente familiar se ve condicionado por la falta o el exceso de trabajo. Los problemas de drogodependencia atraviesan el tejido social.

Algunos autores identifican que, a nivel de familia, estamos pasando por una “tormenta perfecta” en el que convergen factores como: la ausencia de referentes adultos, vínculos sociales debilitados, una crianza sin contención emocional, hiperconexión tecnológica y un desgaste emocional sostenido. Esto nos desafía a: Promover el diálogo sincero y fraterno. Crear instancias de encuentros comunitarios que nos motiven y animen compartiendo nuestras experiencias, alegrías y tristezas.

También a consolidar una pastoral social más fuerte e involucrada con la realidad.