Mes: marzo 2019

Los regímenes democráticos tienen sus fundamentos en una serie de premisas (algunas jurídicas y otras de hecho) que sirven de cimiento a la convivencia pacífica de los ciudadanos, a los cuales no solamente se les debe reconocer y respetar determinados derechos (expresión, reunión, libertad de movimiento, asociación), sino también el derecho a estar informado de las diversas propuestas político partidarias que se ponen a consideración en un acto eleccionario. Una de las manifestaciones más claras de ese derecho a la información son los espacios públicos gratuitos que muchas legislaciones brindan a los partidos políticos durante las campañas electorales.
El primer debate televisado tuvo lugar el 26 de setiembre de 1960 en los estudios de la cadena televisiva CBS en la ciudad de Chicago (Estados Unidos) entre los entonces candidatos John F. Kennedy (Partido Demócrata) y Richard Nixon (Partido Republicano) y se ha transformado en un hito en las campañas electorales a nivel mundial. Al cabo de las restantes tres rondas de debate, Kennedy logró capitalizar las presentaciones públicas en su favor al transmitir una imagen de serenidad, aplomo, dotes de estadista y autoconfianza que le faltó a su contrincante republicano. Dos años más tarde, en octubre de 1962, esa imagen se puso a prueba en la denominada “crisis de los misiles” que colocó al mundo al borde de una guerra nuclear por la instalación de armamento de largo alcance en territorio cubano. El hecho de que Kennedy haya podido mostrar esas cualidades en el mencionado debate –que la población estadounidense tomó en cuenta para su decisión electoral– muestra la importancia que tiene este tipo de eventos.
Cuando la ciudadanía cuenta con la información necesaria para tomar una decisión electoral, el gran beneficiado es el régimen democrático y como consecuencia de ello, el país todo. No debemos olvidar que informar adecuada y previamente a los electores de las propuestas de gobierno constituye un deber mínimo de los candidatos, porque como lo ha señalado el sociólogo español Salvador Cardús: “Es una obviedad que sin buena información no puede haber buena política. O, dicho de otro modo, que el ejercicio de la democracia presupone la existencia de un ciudadano bien informado, en los términos del sociólogo austríaco Alfred Schütz. Según Schütz, entre el hombre de la calle que sólo conoce lo que experimenta directamente y el experto en un campo específico, está el ciudadano que sabe que su mundo personal está determinado por asuntos públicos que no le son directamente accesibles”. Es precisamente por esa falta de accesibilidad que la información sobre propuestas políticas y planes de gobierno que se maneja en los debates presidenciales se vuelve tan importante. Los candidatos deben explicarle a la ciudadanía qué piensan hacer y cómo piensan hacerlo.
Se trata ni más ni menos que informar para la democracia, un concepto que José Pedro Varela exigía hace más de cien años al referirse a temas educativos en los siguientes términos: “Si para el individuo, en todas las zonas, y para todas las sociedades humanas, la educación es cuestión de vital importancia, lo es más, aún, para aquellos pueblos que, como el nuestro han adoptado la forma de gobierno democrática-republicana. (…) El gobierno democrático republicano, sin duda el más perfecto de todos los que los hombres han adoptado, hasta ahora, para la dirección de los negocios públicos, garantiendo a todos los miembros de la comunidad la libertad, en todas sus manifestaciones, llamando a todos a tener una participación activa en el gobierno, dejando abierto el campo a todas las aspiraciones, con la acción constante del pensamiento y de la actividad pública, despierta la acción y el pensamiento del individuo, en un grado desconocido para los pueblos que viven bajo otra forma de gobierno”. Así pues, los debates presidenciales constituyen una valiosa fuente de información para los electores y una forma de respaldar su educación cívica al exponerlo al intercambio respetuoso de ideas contrapuestas, lo que en definitiva redunda en mayor consciencia sobre la importancia del acto de votar.
A pesar de lo expresado anteriormente, resulta justo mencionar que existen muchos actores políticos y politólogos que entienden que tales debates no resultan fundamentales. Ignacio Zuaznabar por ejemplo, de la empresa Equipos Consultores, sostuvo hace diez años, en declaraciones a radio El Espectador “que los debates tienen un impacto limitado y menor al que la gente se imagina. Por un lado, cuando se produce un debate, la enorme mayoría de la población ya llega con una posición, una preferencia que ya está tomada previamente al debate y es muy difícil que modifique esas actitudes previas. (…) Estos parecen dirigirse más a ese público que está en el medio, que está indeciso, que es la minoría. Obviamente es una minoría que puede estar definiendo la elección. Pero, adicionalmente, esta minoría que es la que queda por definirse consume mucho menos información política y tiene mucho menos probabilidad de ver el debate de la que tiene el público martirizado”. Asimismo, expresó que “si la elección es muy peleada, el debate puede ser decisivo, como lo fue en 1994 entre Sanguinetti y Vázquez”.
Sin perjuicio del indudable prestigio de la empresa Equipos Consultores y del propio Ignacio Zuaznabar, creemos que los debates presidenciales televisados sí son importantes para la vida democrática de un país, especialmente cuando ha transcurrido nada más y nada menos que un cuarto de siglo desde la realización del último evento de esta clase. En esa ocasión el moderador imparcial del debate entre Sanguinetti y Vázquez fue el entonces rector de la Universidad de la República, el Ingeniero Jorge Brovetto, quien luego ocuparía los cargos de presidente del Frente Amplio (2004 a 2012) y ministro de Educación de Cultura (2005 a 2008), en este último caso durante la primera presidencia del propio Tabaré Vázquez.
En Uruguay, la realización de debates televisivos no escapa a la lógica uruguaya de “hablar mucho y hacer poco” y desde el año 1994 tales eventos se han frustrado por mezquinas valoraciones electorales que han dejado a los electores sin un insumo valioso para su decisión. Al parecer las elecciones nacionales de noviembre de este año podrían ser la excepción, ya que varios de los candidatos presidenciales, como por ejemplo Daniel Martínez, Pablo Mieres, Ernesto Talvi o Luis Lacalle Pou han manifestado públicamente su disposición para celebrar este tipo de debates.
Creemos que luego de veinticinco años de silencio, quienes aspiran a gobernar los destinos del país y tanto gustan de poder expresarse en público, deberían confrontar sus ideas y propuestas ante aquellas personas a quienes le están pidiendo algo tan importante como su voto.
Esperemos que en esta ocasión quienes sean electos como candidatos presidenciales por sus respectivos partidos no le priven a los electores de su derecho a la información, algo tan importante para hacer posible un voto consciente que reafirme nuestro régimen democrático. Al fin y al cabo, como ha señalado la periodista española Victoria Prego, “es imprescindible tener una información justa, adecuada y honesta para elaborar un criterio que convierta al ciudadano en algo distinto de un súbdito”. Los políticos uruguayos de todos los partidos tienen la palabra.

“Del período más extenso de crecimiento en la historia se termina con el déficit fiscal mayor en 30 años. Algo salió mal, ¿no?”, escribió ayer en su cuenta de Twitter el economista Javier de Haedo respecto al gasto en el que han incurrido los gobiernos del Frente Amplio y a la incapacidad para sortear el problema. Desde que se asumió que había un inconveniente, las medidas implementadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no han sido efectivas. Y, para peor, pretende insistir con la misma receta. Mientras tanto, lo sufre el pueblo. Y lo va a sufrir aún mucho más, cuando la realidad nos golpee en la cara.
El jueves, el MEF corrigió al alza el déficit fiscal en los 12 meses cerrados a enero, que se ubicó en 4,3% del Producto Bruto Interno (PBI), sin tomar en cuenta el efecto de los “cincuentones”, por lo cual es el más alto de las últimas tres décadas y representa unos 2.400 millones de dólares. A principio de febrero, el MEF había dicho que el déficit alcanzaba el 4,1% del PBI; por lo tanto, las cuentas del Estado se encuentran peor de lo imaginado.
En la denominada rendición de cuentas del presidente Tabaré Vázquez, el pasado viernes 1º en el Antel Arena, hubo un repaso de los números de las administraciones frenteamplistas, muchos de ellos mezclados y sacados de contexto, y mostrando un aspecto edulcorado de los mismos. Ante un público afín a su partido y en un show montado propio de una campaña política –no de un mandatario que representa a todos los uruguayos–, Vázquez dijo que “el núcleo de la economía que es relevante a los efectos fiscales, y que no incluye al Banco Central del Uruguay, se ubicaría en el entorno del 3% del PBI”. “Y parte de esta última cifra, de ese 3%, un 1%, está explicada por la asistencia financiera al servicio de pasividades de las Fuerzas Armadas”, dijo el presidente.
Vázquez sumó –arbitrariamente y para la tribuna– la caja militar y también el efecto de los cincuentones dentro del déficit fiscal y, por lo tanto, señaló que aislar estos datos le daría un déficit fiscal del entorno del 0,8%. El economista Gabriel Oddone, de CPA Ferrere, había definido como “un espejismo” ese impacto. “Afortunadamente el Ministerio de Economía ha sido transparente en ese y ha separado un renglón para aclarar que es un efecto transitorio”, añadió.
Pero el gobierno no está dispuesto a cambiar la estrategia pese al fracaso y a la molestia de buena parte de la población –por lo menos la mitad–, que observa cómo el despilfarro –que ocurrió sobre todo durante la nefasta administración de José Mujica– lo tiene que solventar a través de los servicios y de los impuestos, que han hecho que el país sea cada vez más caro y prohibitivo.
“Hasta ahora el resultado no ha sido el que esperábamos y, por lo tanto, la conclusión es una sola: hay que seguir insistiendo y profundizando este trabajo”, dijo Astori luego de haber realizado la corrección al alza del déficit fiscal. Aclaró que no es posible considerarlo, sino a la luz de su articulación con los demás elementos de la política económica. Es decir, reconoce que el camino adoptado no ha sido el acertado, pero se insistirá caminar por esa vía llena de baches y barrancos para lograr el resultado deseado. Extraña forma de autocrítica y de querer mejorar.
Astori matizó al decir que Uruguay nunca tuvo el equivalente al 30% de su producción en reservas internacionales, y tampoco “nunca tuvo grado inversor en cinco calificadoras de riesgo”. Pero claro, en ese hacer creer una cosa, termina de algún modo reconociendo los errores; sin decirlo, claro está. “Aún así, es un problema. Hasta ahora no hemos logrado alcanzar la trayectoria descendente del déficit fiscal, que nos habíamos propuesto lograr hace un par de años”, dijo.
La verdad del déficit se concentra en que hubo una mala gestión. Hace dos años, cuando el gobierno al fin acometió la tarea para reducir ese dato, se mostró con mucha soberbia y llamó agoreros del mal a aquellos economistas que advertían por la calidad del gasto. En esos momentos, comenzaron a regir tarifazos en UTE, Antel, OSE y los combustibles, al tiempo que el déficit fiscal no bajaba.
Por supuesto que las medidas de ajuste fiscal generaron más ingresos para las arcas del Estado, pero el drama estuvo en que la economía creció menos en relación a las proyecciones optimistas del MEF que, lejos de ser prudente con el dinero de todos, siguió aumentando el gasto. A la vez, el contexto regional ya no era el mismo y –la soberbia nuevamente– llevó a pensar que el país estaba vacunado contra cualquier incidencia proveniente del exterior.
“De aquella soberbia y de aquellos espacios fiscales a esta ‘frustración’, resignación y ahogo fiscal. Y no es verdad que se deba subir el gasto para ser más inclusivos, primero hay que saber gastar mejor lo que ya se tiene. Pero, claro, es más fácil subir impuestos y tarifas”, escribió también De Haedo en Twitter.
Su colega economista, Juan Lema, comentó que Uruguay ante este frente fiscal requiere, en primer lugar, de una reducción del déficit y que para ello se precisa una nueva institucionalidad, incluyendo una regla acíclica/contracíclica y reformas estructurales pro sostenibilidad fiscal (seguridad social) y tarifas públicas de eficiencia. Lamentablemente, el gobierno quiere seguir por el mal camino trazado.