Día: 19 de julio de 2019

Desde hace varios meses se encuentra en tratamiento en el Parlamento, y ha dado lugar a numerosas consultas a los sectores involucrados, el proyecto de ley elaborado por parlamentarios del Frente Amplio en el sentido de establecer la obligatoriedad para que las obras públicas se hagan con cemento de Ancap, como una forma de atenuar las pérdidas que año a año sufre el ente en su sector de cementos, donde no tiene el monopolio que ostenta en los combustibles, y por su ineficiencia produce a mucho mayor costo que los emprendimientos privados.
Hace pocos días una delegación sindical de la Federación Ancap (Fancap) concurrió a la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados para defender el proyecto de compras estatales al ente y concretamente al planteo de que las compras estatales de portland deben ser de producción nacional y al menos un 50 por ciento de Ancap.
Si bien el proyecto se encuentra ya desde hace tiempo en estudio parlamentario, el proceso se ha enlentecido debido a que en principio el Poder Ejecutivo entiende que el proyecto puede estar en colisión con tratados comerciales internacionales a los que adhiere Uruguay.
Pero ni lerdos ni perezosos, los sindicalistas de la empresa estatal acusaron a la compañía Cimsa (cementos Charrúa), que es propiedad de los futbolistas de la selección uruguaya Diego Godín y Diego Lugano, de querer obstaculizar el proyecto.
En más de una oportunidad representantes de la cementera privada han manifestado estar en contra del proyecto de ley y señalaron que creen que la iniciativa liquidaría su negocio, impidiéndoles vender en el mercado, dado que la firma importa cemento desde terceros países.
Desde el sindicato se ha indicado que existe la posibilidad de que un producto que esté muy barato “en alguna otra parte del mundo entre al país, destruya la industria nacional y luego esos capitales se vayan”.
El punto es que cuando comprar el cemento que se elabora fuera de fronteras es más barato que el de Uruguay, reafirma que el costo de producir en nuestro país es muy caro y que ese es el gran problema de la cementera estatal Ancap, en tanto como contrapartida las cementeras privadas elaboran cemento más barato que el de Ancap, utilizan menos personal por unidad de volumen que se produce y son marcadamente más eficientes.
Tanto es así, que al no tener Ancap el monopolio, el ente se ve obligado a vender al precio al que lo hacen los privados para poder colocar su producto, por lo que durante más de diez años se han acumulado pérdidas por más de 200 millones en el sector cemento, que forman parte de los números en rojo del ente. A la vez, si no hubiera producción privada para competir, Ancap nos hubiera vendido el cemento mucho más caro, como lo hace con los combustibles, donde tiene monopolio. De esa forma seguramente el sindicato de Ancap estaría muy feliz de encarecer a su gusto el cemento que consume todo un país, mientras el Sunca se quejaría que nadie construye, y el Pit Cnt reclamaría por más viviendas sociales.
A través de este proyecto de ley de los parlamentarios del gobierno, la idea es establecer una protección para el cemento de Ancap y consecuentemente restarle mercado a los privados por efecto de las compras obligatorias. De esta forma lo que se hace es encarecer aún más al Estado, cuyo déficit fiscal ya se acerca al 5%, y que por lo tanto deberá elegir entre hacer menos o endeudarse más. Mientras tanto, le da rienda suelta a Ancap para hacerse todo lo ineficiente que le plazca, por ejemplo aumentando aún más su dilatada planilla de trabajadores, a sabiendas que su mercado está asegurado. Por lo tanto la respuesta lógica no es obligar al Estado a comprar cemento a una empresa ineficiente, sino hacer a esa empresa estatal eficiente.
Es así que la iniciativa que defiende Fancap, por supuesto, no va en el sentido de la lógica de la defensa del interés general, sino que el sindicato se reafirma en la tesis de que solo importa quienes trabajan en el Estado, que se sienten –y en gran medida lo son en los hechos– los verdaderos dueños de las empresas públicas –y a esta altura del país–, con los clientes y sus usuarios como rehenes del régimen de monopolio y como en este caso se intenta hacer a través de la ley en el área del cemento.
Ergo, en un mercado del cemento desregulado, en el que hay competencia, se pretende afectar la libertad de mercado y se apunta a resolver la ineficiencia de Ancap obligando al Estado a pagar más por el cemento. En realidad obligaría a todos los uruguayos a hacerlo, financiando esas obras a mayor precio a través de los impuestos, por vía directa o indirecta.
Por añadidura se genera una pésima señal para posibles inversores, en todas las áreas, porque se cambian las reglas de juego sobre la marcha cuando ya se concretan inversiones a partir de las normas en vigencia.
En la misma onda, el gobierno ha decidido en las últimas horas hacerse cargo “provisoriamente” de la empresa Montevideo Gas y Conecta, ante el retiro de la brasileña Petrobras por las fuertes pérdidas que viene afrontando en esta explotación y una actitud sindical confrontativa, cualquiera sea la situación de la empresa.
Naturalmente, el objetivo manifiesto del sindicato es que el Estado se haga cargo de la distribución del gas por cañerías, y así asegurarse la fuente de trabajo como empleado estatal, se gane o se pierda por el Estado.
Si la empresa brasileña perdía más de tres millones de dólares al año, con un sindicato que se oponía a toda reestructura y hasta tuvo la empresa bajo “control obrero”, cuesta poco inferir que el Estado como gestor en poco tiempo duplicará estas pérdidas por ineficiencia, mala gestión y amiguismos.
Y así, nuevamente todos los uruguayos, como en el caso del cemento de Ancap, seremos los “nabos de siempre”, pagando el pato y haciendo el juego a quienes pretenden vendernos otra realidad a fuerza de eslóganes y frases hechas.