Las lesiones y muertes por siniestralidad vial están entre los 15 problemas críticos en materia de salud en el país, constituyendo una triste realidad que es necesario priorizar para el logro de las transformaciones necesarias. En este marco, se desarrollan cada año intensas actividades de concientización, la más destacada de las cuales –por su alcance en todo el territorio del país y la presencia mediática– es el denominado “Mayo Amarillo”, que durante un mes pone en la agenda pública el tema de la seguridad en el tránsito y la necesidad de disminuir la siniestralidad vial.
No obstante, el logro efectivo de esa meta requiere también de instrumentos legales que impacten para la disminución de la siniestralidad. Para ello se han incorporado cambios en la normativa, tendientes a contar con vehículos más seguros y obligar a los conductores y pasajeros a adoptar mayores medidas de seguridad en el tránsito.
Los aspectos de control también son importantes y, en este sentido, la legislación vigente requería de una adecuación y puesta al día, ya que las medidas implementadas hasta el momento no han sido todo lo efectivas que se esperaba y tampoco se había obtenido hasta el presente un consenso y unificación de criterios a nivel de las diferentes intendencias del país.
El uso del casco, por ejemplo, es muy dispar en diferentes departamentos existiendo algunos –como Soriano, Rivera o Paysandú– donde lo usa aproximadamente el 90% de los motociclistas y otros –como Cerro Largo– donde ese porcentaje escasamente llega a un 20%, constituyendo un claro indicador de la existencia de muy dispares niveles de conciencia del riesgo por la población y distintas visiones de las autoridades locales en cuanto a hacer respetar o no las leyes nacionales vigentes.
Este tipo de situaciones debería comenzar a cambiar tras la reciente aprobación en el Parlamento de una ley que incorpora innovaciones y profundiza el desarrollo de normativa en materia de seguridad vial, en un intento del Estado por iniciar el desarrollo de políticas públicas que deberán ser instrumentadas de igual forma en todo el territorio nacional.
Esta tercera Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial –aprobada por unanimidad tras un arduo trabajo de negociaciones en comisiones de ambas cámaras parlamentarias– complementa las normas existentes en la materia y unifica el marco normativo en seguridad vial, iniciándose ahora un proceso de reglamentación, incluyendo a todos los responsables institucionales, colectivos y asociaciones, entre otros.
El articulado consta de seis capítulos que abarcan la seguridad en la circulación de los usuarios vulnerables, elementos de seguridad pasiva y activa para los vehículos automotores, infracciones, sanciones y aspectos administrativos, entre otras medidas.
La ley establece normas de circulación básicas y unificadas a nivel nacional para ciclistas y motociclistas, sustentando en el marco existente actualmente, exigencias de elementos de seguridad al momento del ingreso de vehículos en nuestro país; aspectos administrativos de notificación, aplicación de multas a través de medios electrónicos, clasificación de las sanciones, posibilidad de poseer el marco punitivo único, tiempos de prescripción de multas únicos a regir en el país, entre otros aspectos.
También incluye la toma de exámenes a aspirantes de conductores o renovaciones en rutas de jurisdicción nacional, permiso por puntos y registro que permite el seguimiento vehicular por los gobiernos departamentales.
Uno de los cambios importantes a la normativa vigente es el sistema de puntajes para el permiso de conducir, que se verá afectado frente a sucesivas infracciones, como ocurre en otros países. No obstante, los conductores infractores podrán iniciar un proceso de “reinserción” en el tránsito, reeducándose vialmente, lo cual les permitirá recuperar los puntos perdidos al haber cometido infracciones.
Técnicos del gobierno, importadores y comerciantes trabajaron en temas de seguridad técnica introducidos en la ley, como la incorporación de exigencias para la importación de vehículos, disponiéndose que deberán contar con control electrónico de estabilidad, dispositivo de alerta acústica y visual de colocación de cinturón de seguridad, encendido automático de luces cortas o diurnas, entre otros aspectos.
Las motocicletas, que han aumentado en cantidad en los últimos años y tienen una importante participación en la siniestralidad vial, convirtiéndose en en un riesgo para sus usuarios y un grave problema de salud pública que afecta fundamentalmente a la población más joven, también son consideradas y deberán disponer de frenos ABC, antibloqueo, y SBS, inteligentes.
La ley incluye nuevas obligaciones para ciclistas y peatones. En relación a los primeros, incluye medidas de protección obligatorias como el uso de bandas, chaleco, campera u otra vestimenta de alta visibilidad que cumplan con las exigencias técnicas de retrorreflexión, de acuerdo con lo que fije la reglamentación respectiva. También prevé su salvagurada su circulación por bicisendas o ciclovías si las hubiera.
Para los peatones establece medidas autopreventivas a la hora de circular, tomando las debidas precauciones frente al abuso que existe en cuanto a utilizar medios electrónicos como transeúntes, en particular los teléfonos celulares cuyo uso se prohíbe para cruzar la vía pública.
El total de fallecidos a causa de siniestros de tránsito en 2018 fue de 528, en tanto que 26.123 personas resultaron lesionadas en un total de 20.654 siniestros. Esto implica un promedio de 72 personas lesionadas por día, incluyendo heridos de cualquier entidad y fallecidos. El 41% de los lesionados tenían entre 15 y 29 años, lo que significa que la población joven sigue siendo la principal afectada.
Modificar esta realidad exige mayor conciencia y compromiso individual de cada uno de los que hacemos el tránsito pero también la asunción de responsabilidades específicas de organismos e instituciones competentes, la asignación de presupuestos y mayores herramientas de fiscalización, lo cual es un desafío importante.
Una estrategia efectiva para alcanzar la meta de la reducción sustancial de la siniestralidad requiere necesariamente de acciones coordinadas y uniformes. Ese gran paraguas lo proporciona ahora la nueva Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, un instrumento que por una parte introduce grandes cambios y por otra nace con un amplio acuerdo parlamentario, de la industria y el Congreso de Intendentes. No es poca cosa pero su incidencia para cambiar la angustiosa realidad de los siniestros de tránsito se verá en la calle día a día, en el control institucional y el compromiso individual. Es allí donde se juega ni más ni menos que la salvaguarda de la vida de la cada uno de nosotros.