La última encuesta de Cifra, que consultó sobre los principales problemas que preocupan a los uruguayos, señala que el 53% considera que es la inseguridad, el 28% optó por los problemas económicos, el 6% por la educación y el 13% indicaron otros temas. Como en segundo lugar se ubica la economía, la consulta estaba enfocada a la visión que tendrán del país en 2020, sin importar quien llegue a la presidencia de la República. El 29% opinó que mejorará, el 38% que todo seguirá igual, el 18% que empeorará y el 15% dijo no saberlo.
Si bien la encuesta anterior ubicaba a la inseguridad en el 58% de las consultas, se observó un leve descenso, pero continúa por encima de la mitad de los encuestados.
El panorama negativo se reitera y, de algún modo, hay voces dentro del oficialismo que proponen al Instituto Nacional de Estadísticas para que lleve adelante el panorama de opiniones sobre el delito, mientras enfatizan en las políticas de reinserción a los privados de libertad.
Como sea, la seguridad ciudadana y la criminalidad tienden a confundirse en la compleja trama de conceptos. En el primer caso, deben incluirse los cambios sociales y agregar el miedo, la violencia intrafamiliar, los suicidios o situaciones que ponen en riesgo la convivencia.
Sin embargo, vemos que esta mirada es transversal en nuestra sociedad, en tanto las acciones institucionales no están enfocadas a sostener e impulsar las bases de la convivencia y seguimiento de otros síntomas graves, como los elevados índices de autoeliminación e intentos de suicidio, que posicionan a Uruguay a la cabeza de este asunto sanitario. Aunque recién comience a hablarse desde ese lugar.
Porque mientras actúan sobre el delito sin una prevención específica, no es posible intentar instalar en la ciudadanía lo que significa el marco de tolerancia y convivencia.
El problema es que lo explican durante las campañas electorales, cuando es bastante imposible hacer mucho más para cambiar la opinión ciudadana. En todo caso, apelan al argumento de que se trata de una estrategia utilizada para confundir.
Porque para hablar del delito instalado en una zona o barrio, es innegable que deberán referirse antes que nada, a la ausencia de disuasión y prevención. Y un ejemplo claro es la represión de los operativos que lleva adelante la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Es decir, actúa sobre hechos consumados porque durante años no hubo trabajo previo de “convivencia”, tal como se denomina la citada repartición del Ministerio del Interior.
¿Qué hubiera pasado si la institución hubiese tenido una fuerte presencia desde el comienzo de las denuncias de abusos de bandas criminales para actuar antes? ¿Y si si se hubiese puesto en práctica la palabra tan utilizada últimamente de “empoderar” a los vecinos de esos barrios? No lo sabemos, porque un día llegaron con toda la institucionalidad junta a demostrar que eran la fuerza –en Casavalle, por ejemplo–, sin conocer la dinámica del lugar. No obstante, la estadística dice que el delito no baja. O “sube menos”, según explicó el ministro Eduardo Bonomi.
Porque la costumbre de trabajar en compartimentos estancos y divididos, donde cada organismo delimita sus funciones, demuestra esta realidad. El Ministerio del Interior puede plantear que la problemática de la infancia no es su área o el INAU y el Mides, por ejemplo, que no tienen injerencia en políticas de seguridad. En realidad, son temas tan ligados al espectro social que si no se soluciona en un marco interinstitucional, inevitablemente llevará a problemas de convivencia ciudadana. Y de allí a tener que llamar a la Policía para que lo solucione, hay solo un paso.
Si el Estado que está presente en un barrio bajo la modalidad de policlínicas, centros CAIF, o escuelas, se muestra enrejado, entonces la mirada está acotada al miedo por el propio entorno. Por eso cuando intentan explicar las percepciones ciudadanas, conviene mirar en los edificios cuánta guardia de seguridad hay contratada por el propio Estado para protegerse de la delincuencia que no supo contener. Incluso es un ejercicio que puede hacerse en organismos locales. Solamente así entenderemos cuánto espacio logró adquirir la delincuencia y cuánto espacio cedió el Estado.
Y la construcción de nuevas cárceles es presentada como un logro que llevará tranquilidad y seguridad a la comunidad, cuando sobran argumentos para hablar de centros de reclusión como el verdadero problema aún no resuelto. Porque el elevado índice de reincidencia del 70% es contundente, se ha transformado en un círculo vicioso para determinado perfil de delincuentes y no hace falta otra explicación técnica.
Y si el Estado cede espacio, las comunidades también. Los barrios dejan de ser un lugar de convivencia y la denominada “cohesión social” que brindan las organizaciones o líderes comunitarios le abren paso al miedo. O a la inseguridad que tantas veces intentan explicar desde lo partidario y electoral.
Porque en estas cuestiones no hay oficialismo ni oposición. Ni siquiera la necesidad de un debate de ideas para mejorar las estrategias que ayuden a posicionar a un candidato y desprenderlo de la actual gestión ministerial. Sólo existen personas y, a veces alcanza con preguntarle a familiares, amigos o compañeros de trabajo para saber cuántos fueron víctimas del delito.
