Mientras Uruguay aguardaba el resultado del conteo final de los votos en la Corte Electoral para conocer oficialmente a la fórmula presidencial ganadora, también ocurrían otros hechos en Uruguay. Decisiones adoptadas con menos divulgación y vuelo, pero que confirmaban el trabajo de la justicia, en silencio.
Por esas horas, la información estaba orientada a seguir los pasos de las dos fuerzas políticas en pugna y atentos a las declaraciones de uno y otro líder. Además, de la polémica sobre la innecesaria espera, ante la negativa del candidato oficialista a reconocer su lugar, a pesar del resultado ajustado.
A mediados de la semana, un fallo condenó a la empresa Envidrio, al pago de seis millones de pesos por diferencias en la liquidación de licencias, entre otros beneficios e indemnización por despidos indirectos.
Esta sentencia de la justicia laboral se suma a otra dictada anteriormente, por 1.800.000 pesos, reclamados por ocho extrabajadores. Junto al fallo, el documento deslinda al exdiputado Daniel Placeres como integrante de la empresa, sin embargo, destaca su proceso penal por conjunción del interés público y privado, mientras era parlamentario y hacía gestiones para Envidrio.
En medio de aplausos tribuneros de los diputados oficiales –quienes tuvieron actitudes de hinchas en una cancha de fútbol, en vez de una cámara de representantes– Placeres renunció a su banca con duros cuestionamientos a la oposición.
En la demanda, los trabajadores aclararon que se desempeñaban como asalariados y subordinados a directores, quienes eran los socios fundadores de sociedades anónimas. Es decir, no cumplían funciones para una cooperativa y debían cumplir funciones, aunque estuvieran en el seguro de paro.
El consabido perjuicio para los asalariados era pasar de jornaleros a mensuales, con rebajas salariales y las denominadas “horas solidarias”, que nunca lo fueron. De hecho, la Inspección General de Trabajo consideró que los trabajadores deben percibir una indemnización por despido abusivo. Por lo tanto, confirmó que no eran socios cooperativistas.
A fines del año pasado, el BPS comenzó a investigar y constató meses después, el pago de beneficios a trabajadores que estaban en el seguro y no fueron declarados al organismo. Pero la situación venía complicada desde años atrás. Ya en 2017, el Fondo para el Desarrollo (Fondes) desistió de prestarle más dinero a Envidrio porque debía U$S 11,5 millones por falta de garantías suficientes.
En 2016 había dejado de funcionar el horno y 120 trabajadores marcharon al seguro. Igualmente la empresa había cobrado el dinero del fondo para empezar a construir la segunda planta en el Parque Tecnológico del Cerro, que estaba incompleta. Por eso pidieron U$S 1,2 millones adicionales que no fueron otorgados y a partir de allí, salieron a buscar la plata que faltaba.
Al llegar a las puertas del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), finalmente obtuvieron U$S 1,64 millones porque el primer monto solicitado alcanzaba para poner en marcha el proyecto en el Cerro.
El tratamiento privilegiado fue notorio y evidente, con el destino de fondos públicos y sin fundamentos. Es que la empresa recibió en total, una cantidad de dinero que ni en sueños logrará obtener una pequeña o mediana empresa, sin fuertes exigencias y garantías.
En este marco de circunstancia, el Inefop adopta una decisión polémica y que resalta los vicios que tienen algunas posturas políticas. Sobre todo para los amigos y afines al gobierno. La justicia resolverá al final si hubo o no hubo delito. Lo cierto es que hubo manejo discrecional y abusivo, además de posturas surrealistas y ridículas, como la ovación a un ciudadano que se sometía a la justicia. Justamente esas son las actitudes que confirman un Estado de Derecho.
A pesar de los antecedentes, el director general Eduardo Pereyra, defendió la decisión del préstamo. Según el jerarca, el Inefop se mueve “con otros paradigmas” porque el “criterio fundamental es la sostenibilidad” de las fuentes laborales. No obstante, en una entrevista señaló que “recién en marzo del año que viene podemos decir si la empresa va a pagar o no”.
Por lo tanto, la próxima administración de ese organismo deberá resolver lo que hace con un asunto “heredado”. De hecho, una auditoría independiente que llevó adelante el estudio CPA Ferrere, observó que la empresa no entregó la documentación suficiente para estos préstamos. Y, por ende, la omisión del Inefop en requerirlos porque los antecedentes de incobrabilidad eran obvios para el Fondes.
Es decir que, a pesar de los cuestionamientos y la aplicación constante del argumento de la intencionalidad política, los hechos hablaron por sí mismos. En este caso particular, desde hacía años se jugaba con la transparencia y la ética, al momento de tratar a una empresa amiga.
Hubo que esperar al “rediseño” del Fondes-Inacoop, durante el presente mandato de Tabaré Vázquez, para terminar con el dolor de cabeza que representó la alta morosidad de éste y otros emprendimientos afines con el oficialismo. Porque en principio no sirvieron para solucionar el problema del empleo, ni tampoco para reinsertar laboralmente a sus trabajadores, porque se invertía en empresas inviables que se enfrentaban a un campo de muy difícil competencia. Y solo dos ejemplos alcanzan: el rubro textil y la aeronavegación.
Desde 2017, las directivas son claras para el Fondes y no dará créditos a empresas que “por sus problemas de gestión, de mercado, de competencia, de costos, de productos, de endeudamiento u otros factores que hayan podido afectar su rentabilidad o estabilidad, lo requieran”.
La última Rendición de Cuentas asegura que no existen “incumplimientos de los créditos otorgados en esta nueva etapa”. No obstante, el gobierno que asuma el 1º de marzo de 2020 recibirá una cartera de incobrables que al cierre de 2018 era de U$S 35,2 millones. Todo lo demás, deberá resolverlo la Justicia. → Leer más
