La transición entre el gobierno del presidente Tabaré Vázquez y el electo Luis Lacalle Pou cumple este lunes una semana y ya hubo cruces desde el primer día por el incremento de las tarifas, los ascensos de generales y la política exterior.
Cuando el lunes 2 Lacalle finalizaba su encuentro con el mandatario saliente y se dirigía a la conferencia de prensa organizada en el mismo edificio, los medios de comunicación hacían su labor. Y una de las dudas que sobrevolaba el ambiente se enfocaba al ajuste de las tarifas públicas que, como era de rigor, se resolvían en diciembre y comenzaban a aplicarse en enero. Pero este año, el gobierno saliente resolvió lo contrario y para argumentarlo fuertemente, varios integrantes del Poder Ejecutivo se remitieron a la famosa conferencia del 29 de julio, donde el ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, confirmaba que hasta fin de año las tarifas se mantenían igual y “probablemente” hasta el final del período.
Como “probablemente” no es un anuncio oficial ni mucho menos una afirmación, ni debe ser el lenguaje de una autoridad de gobierno, la confusión ganó su espacio y se apoderó de las redes. Con el paso de las horas y los días fueron sumándose los actores políticos del oficialismo en una discusión semántica que hasta se notaba que la disfrutaban. Y, después, sobrevino la lluvia de cruces a través de los mismos medios de comunicación que aprovechó el oficialismo para ubicarse en posición de comentaristas de la realidad. Un lugar que les encanta, porque su especialidad es transformarse en oposición todo el tiempo. Incluso, cuando gobiernan.
El gran problema es que aún no se dieron cuenta que –más allá de las decisiones que comprometen al futuro gobierno– se encuentra una ciudadanía que merece respeto. Es esa misma que dio un fuerte mensaje el 24 de noviembre, bastante cansada ya de que subestimen su inteligencia. Pero, no hay caso. Siguen sin aprenderlo.
Lejos de apaciguar, tiraron nuevamente con toda su artillería. Figuras de primera línea se ubicaron en el lugar del candidato que quisieron ser y no pudieron o, peor aún, en el sillón que no ocupan todavía en el Poder Legislativo. Porque Danilo Astori es el ministro de Economía, a pesar de resultar senador electo.
Sin embargo, adjudicó “ignorancia” y “mala fe” el mismo secretario de Estado que deja un déficit fiscal de casi 5% del Producto Bruto Interno. El mismo que dijo en la anterior campaña electoral que no eran necesarios los aumentos de impuestos, el que utilizó a las tarifas públicas como una continua variable de ajuste y que después se despachó con el término “consolidación fiscal”. El mismo que calculó el rojo de las cuentas públicas por debajo del 3% al finalizar el quinquenio, pero se va con el doble.
El mismo que, cuando era vicepresidente de la República bajo la administración de José Mujica, desconocía el endeudamiento de Ancap y las decisiones que adoptaba su directorio. De hecho quedará en los anales de la historia, la carta que Mujica escribió a Astori en diciembre de 2015, plagada de reproches y cuestionamientos. Una carta que, ciertamente, no fue de circulación en la interna de su fuerza política, sino que aprovechó los medios de comunicación para su divulgación. Y catarsis, por supuesto.
Hoy, a todos los que hacen gárgaras con el archivo, les parece más entretenida la transición porque le entregan la posta a la oposición, pero se olvidan que cuando se pasaron los gobiernos entre ellos, resultaron vergonzosas las facturas. Que ninguno pagó, porque el manejo de la cosa pública se había vuelto tan discrecional y liberal por tantos años, que no se dieron cuenta que alguien debía pagar por eso. Y lo hicieron pagar con los sucesivos incrementos de tarifas y costos de producción que, bajo la misma cara de circunstancia que la utilizada el 29 de julio, hablaban de los gastos “endógenos”, entre otros argumentos.
Por si fuera poco se sumó la designación de los nuevos generales del Ejército en febrero, en la que Lacalle Pou solicitó participar pero le fue negado por Vázquez. La resolución implica la renovación de una cifra cercana al 40% de los generales y atará al próximo gobierno, ante las supuestas “listas” con nombres que circulan hacia la interna de los comandos.
El otro tema es la posición uruguaya ante las resoluciones de algunos gobiernos latinoamericanos. Ya ocurrió con Paraguay y la posición del congreso de ese país que resolvió en 2012 remover al expresidente Fernando Lugo, luego de un juicio político. Uruguay se sumó a la suspensión temporal del Mercosur debido a “una interrupción del orden constitucional democrático y violatorio de la clausula democrática del Mercosur”.
Como el congreso paraguayo siempre se opuso al ingreso de Venezuela, era una oportunidad óptima para que accediera el chavismo, apañado por sus amigos ideológicos. Después, con el paso de los años y la profundización de la crisis social, política y humanitaria que llevó a una migración histórica de casi 5 millones de venezolanos y a una inflación de 200.000%, nada opinan.
Argumentan que es injerencia en los asuntos de otros países, mientras que los dogmáticos de siempre esgrimen el argumento del petróleo bajo el bloqueo del imperio.
Más o menos parecida a la explicación del litio o también denominado “oro blanco”, en Bolivia. El combustible del futuro alimenta las baterías de toda la nueva tecnología a nivel global y su demanda aumentará con el tiempo. Este mineral parece controversial y pocos dudan del papel central que tuvo en la desestabilización democrática del país andino. Sin embargo, los hechos no ocurrieron como un plan para lograr beneficios a corto plazo. Evo Morales tenía intenciones de perpetuarse en el poder y las modificaciones efectuadas a la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, lo mantenían al frente de la Casa Grande del Pueblo, como se denominaba la sede de su gobierno.
Sin dejar de mencionar las dudas y confirmaciones que quedaron, luego de las últimas elecciones nacionales. Ante la extrema presión social, Morales renunció a su cargo y se exilió en México. El miércoles de la semana pasada, la cancillería uruguaya pidió que se activaran los mecanismos previstos en el Protocolo de Ushuaia.
Está claro que no es cogobierno, pero faltan menos de 80 días para el traspaso y las decisiones que se adopten en esta transición quedarán atadas a los compromisos de gestión que queden por delante.
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