Mes: julio 2020

En los últimos meses la ciencia uruguaya ha tenido un protagonismo inusual ya que desde el inicio de la pandemia los científicos han tenido un rol importante en el asesoramiento al gobierno en la adopción de decisiones difíciles y estratégicas por parte del Grupo Asesor Científico Honorario –también llamado comité de expertos–, así como a través del trabajo que desarrollan distintas instituciones científicas en el diagnóstico y otros aspectos vinculados a la lucha contra el COVID-19.
Más allá de esto, el sector de ciencia y tecnología –compuesto por 43 instituciones públicas y privadas que realizan investigación y, en conjunto, suman 934 unidades de investigación, según datos divulgados el año pasado por el Ministerio de Educación y Cultura– realiza en forma permanente importantes aportes a la actividad productiva y empresarial del país.
Actualmente 1.700 investigadores uruguayos que en su mayoría trabajan en la UdelaR, el Instituto Clemente Estable, Instituto Pasteur o el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) forman parte del Sistema Nacional de Investigadores creado por la Agencia Nacional de Investigadores (ANII) que destina recursos a proyectos de distintas áreas, lo que ha permitido algunos hitos en el panorama científico de un pequeño país como el nuestro.
La radicación de núcleos de investigación en el Interior asociados a denominados Polos de Desarrollo Universitario de la UdelaR –de los cuales existen varios en Paysandú– en el marco de la descentralización encarada por esta UdelaR en los últimos años, así como la incorporación de la UTEC a la enseñanza superior, han contribuido a asentar científicos en el Interior generando la masa crítica necesaria para investigación básica pero también para temas asociados a las dinámicas locales y el sector productivo, favoreciendo también el retorno de investigadores uruguayos que estaban radicados en el exterior.
Hasta ahora la investigación científica en Uruguay contaba con un presupuesto del 0,4% del Producto Bruto Interno, muy lejos de lo destinado por otros países del continente y también de la promesa electoral del 1% que no cumplió el gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Y si el panorama ya era complicado, hay nuevos nubarrones oscuros porque la actividad científica se verá afectada por el recorte del 15% del gasto en toda la administración pública dispuesto por el Decreto 90/020 del actual gobierno nacional.
A principios de junio pasado la Academia Nacional de Ciencias (Anciu), la Universidad de la República (UdelaR) y el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Conicyt) dieron a conocer una declaración conjunta titulada “Es momento de fortalecer nuestra ciencia”, en la que advirtieron que no es oportuno “recortar el apoyo financiero a las instituciones que hacen ciencia, como surge del Decreto 90/020”, y que el país no puede permitirse la erosión de las capacidades científicas “que tardan años en crearse, pero pueden ser destruidas rápidamente”. En esos días y en pocas horas, 363 investigadoras e investigadores de diferentes áreas del conocimiento sumaron su voz en un video para decir “no al recorte a la ciencia”.
“En Uruguay la ciencia se financia fundamentalmente con fondos públicos. La emergencia sanitaria ha puesto en evidencia la relevancia de construir ciencia en el país, fuertemente vinculada a redes internacionales, como sostén de soberanía y autonomía en las decisiones, para desarrollar soluciones a medida y cercanas, en los tiempos requeridos y acordes a nuestra realidad económica y cultural. El asesoramiento a la toma de decisiones al más alto nivel, la comprensión de las particularidades de los virus que afectan nuestra sociedad, la generación de técnicas de diagnóstico, el diseño, la fabricación de equipamiento (ventiladores, kits de diagnóstico, entre otros) e insumos, por ejemplo, son fruto de una combinación virtuosa entre todas las áreas de la ciencia, incluyendo la ciencia básica y la aplicada, comprometida y de alta calidad e ingenio en condiciones de escasez de recursos. Fue posible afrontar esta crisis sanitaria con la calidad científica y académica que han demostrado nuestros investigadores y profesionales, solo porque hemos construido estas capacidades a lo largo del tiempo con esfuerzos sostenidos en la formación y consolidación de equipos de investigadores e infraestructuras adecuadas”, señala la declaración antes referida.
En este contexto, el presidente de la ANII, Flavio Caiafa, informó recientemente el cierre de llamados a emprendimientos e innovación por falta de fondos. Es un hecho preocupante ya que la ANII es una de las principales agencias financiadoras no sólo de proyectos de investigación científica, sino también de becas para que se formen investigadores, tanto en el país como en el extranjero y del Sistema Nacional de Investigadores antes referido.
A su vez, Eduardo Manta, por la Anciu, Rodrigo Arim, por la UdelaR, y Miguel Sierra, por el Conicyt, entregaron a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche un documento que cuantifica el impacto del Decreto 90/020 en las distintas instituciones científicas del país, así como el aporte económico que vienen haciendo para enfrentar la COVID-19.
Los recortes suman 833,15 millones de pesos y se aplican en un contexto en el cual estas instituciones han realizado gastos extraordinarios redireccionando al apoyo del combate de la pandemia fondos que inicialmente estaban destinados a otras áreas de los centros de investigación y que suman en conjunto aproximadamente 202 millones de pesos, según informó La Diaria.
Históricamente la ciencia uruguaya ha tenido una asignación presupuestal signada por la insuficiencia de recursos y aún así hoy ha demostrado con creces su capacidad de reacción y su utilidad social cuando las papas queman. Solo por poner un ejemplo, podríamos pensar cuánto está ahorrando el país al contar con kits de diagnóstico nacionales en el contexto de la pandemia.
Es notorio que en una crisis hay situaciones muy complejas y numerosos sectores con necesidades para atender. No obstante, atendiendo al papel social de la ciencia y la tecnología deberíamos preguntarnos si el recorte de lo que ya es pobre y escaso no será un ahorro para hoy y una incapacidad estructural a mediano plazo debido al enlentecimiento o la eliminación de capacidades científicas que podrían tardar mucho tiempo en volver a estar disponibles. El conocimiento nacional y soberano es un valor estratégico que no deberíamos desatender por su incidencia directa en la capacidad de investigación, innovación y el desarrollo –en múltiples áreas de la actividad nacional no solo la salud–, tan necesaria siempre pero seguramente más aún en los momentos de crisis.