Los ediles frenteamplistas Edy Cravea, Francisco Gentile, Cristina Ruiz Díaz, Libia Leites, Eduardo Rivas y Enzo Manfredi, plantearon en la Junta Departamental su inquietud respecto a las restricciones que presenta el Presupuesto Quinquenal promovidas por el Poder Ejecutivo en el Parlamento.
Evaluaron que desde aspectos generales como el crecimiento, el desempleo, la inflación y los sueldos, jubilaciones y pensiones, hasta aspectos específicos como inversión en Educación, Vivienda, Salud, Sistema de Cuidados y Descentralización, etcétera, “nuestros conciudadanos convivirán con efectos directos de algunos retaceos, eliminaciones y recortes que modificarán su calidad de vida y capacidad adquisitiva”.
Consideraron que es de esperar que este año cierre “con una caída del producto del 4 al 4,5%, un déficit fiscal que se espera llegue a 6,5% del PBI, un desempleo que rondaría el 16%, si todos quienes perdieran empleo se mantuvieran buscándolo, ya que a la caída del empleo se le suma una fuerte caída de la actividad, pérdida de salario real de alrededor de un 3%, con una inflación que se estima que en el año no baje del 9%”.
Subrayaron que estos datos de la economía global, “son parte de una situación crítica, con una recesión que el país no vivía desde 2002, con una naciente en la pandemia, y con un Estado con escasa sensibilidad, que ha tenido una tímida reacción para atender, y que sólo ha invertido en la atención y apoyo, el 0,7% del PBI, la más baja en América Latina según informe de la Cepal”.
“Esta situación de arranque marca una perspectiva preocupante para las proyecciones, donde si bien se estima que la economía comience su recuperación en 2021, las estimaciones del gobierno están por sobre las perspectivas de los técnicos en la materia, tanto para el crecimiento, como para la inflación y el aumento de salario real”, explicaron.
Apuntaron que estos datos macroeconómicos, si bien son abstractos, “le tocan el bolsillo al trabajador, ya que es inevitable una caída del salario real en 2020 y 2021, teniendo a partir del 2022 una recuperación inferior a la recuperación del Producto, pérdida de salario que, medida en dólares, en el quinquenio será de U$S 3.900 para el sueldo mínimo de los ciudadanos tanto del Interior como de la capital”.
Educación
En lo referido a los aspectos particulares, precisaron que este presupuesto “baja notoriamente el gasto en áreas que son sensibles: Educación, Ciencia, Salud, Vivienda, Sistema de Cuidados, áreas que en mayor o menor medida ven en el presupuesto un recorte importante a las prestaciones que existen actualmente. En Educación, el recorte se centró en la eliminación de miles de horas docentes en diversas áreas, entre ellas, la eliminación de grupos FPB (en Paysandú se cerraron más de 11 grupos), horas de apoyo, así como horas de educación musical. Estas medidas, afectan a quienes tienen más dificultades para la inserción educativa”.
Además, en descentralización educativa, “la falta de asignación de recursos a la universidad hipoteca pretensiones de mayor descentralización educativa. Esto complica la idea de seguir apuntando a un Paysandú Universitario, siendo nuestra ciudad la plaza que más se ha desarrollado en los últimos años”.
En Ciencia y Tecnología, el área que entienden fue “clave para la atención de la pandemia, nos encontramos con varias limitaciones en la inversión, recortes que afectan a la casi totalidad de las áreas de investigación, situación denunciada por los propios integrantes del grupo de científicos que asesora al gobierno en la pandemia”. Subrayaron asimismo recortes importantes en la salud y que se restan recursos de algunas “prestaciones que ampliaban la atención a primera infancia y adultos mayores. A esto hay que agregar la falta de continuidad en los cursos de capacitación para asistentes personales, lo cual cercena la posibilidad de cupos de trabajo en esta área tan sensible”.
Vivienda
En Vivienda, “esta área tendrá de forma directa un recorte de entre el 15 y el 17% del presupuesto, eliminándose o reduciéndose programas de vivienda que implicaban soluciones habitacionales para los sectores más sumergidos. Esta situación, sumada al intento de retiro del Plan de Mejoramiento de Barrios para OPP, lleva a la conclusión de un desmantelamiento del ministerio, transformándolo en la mínima expresión y trasladando al sector privado parte de su presupuesto”.
“En la política de vivienda, tenemos en 2020 la eliminación de un sorteo y con el recorte de 1.000 soluciones habitacionales a cooperativas, la gran incertidumbre sobre próximos sorteos, así como las dificultades para sostener los colectivos”, agregaron, para señalar que estos recortes de inversión pública, “tendrán sin duda un efecto directo en retrasar la recuperación económica y por tanto retrasar la recuperación salarial de los hogares más perjudicados. Esto sin duda recaerá directamente en nuestra población, siendo nosotros los sanduceros los perjudicados, ya que depende en gran medida de esa política de inversión pública, fundamentalmente en inversiones que hoy fueron puestas en duda, como lo son la planta de tratamiento de efluentes, la inversión en el tercer horno de Ancap, la concreción de los edificios de BPS, el saneamiento de Quebracho, entre otras importantes y necesarias inversiones”.
