Uruguay es uno de los países firmantes del “Protocolo Complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños”. Asimismo, ratificó el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía” y la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”.
Con esos acuerdos como antecedentes, el Parlamento aprobó en julio de 2018 la Ley Nº 19.643, denominada “Trata de personas. Normas para la prevención y combate”. Es, además, un delito de lesa humanidad porque atenta contra los derechos humanos más básicos de una persona. Por lo tanto, de acuerdo al Estatuto de Roma instaurado en 1998, según la Corte Penal Internacional, son delitos que no prescriben. En el año 2019, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) atendió a 83 víctimas de trata, pero las estimaciones aseguran que hay más de 1.600 víctimas en el país.
“Por tratarse de un delito de lesa humanidad, que no prescribe, debe ser monitoreado constantemente. Por eso seguimos tras los pasos de la trata, por más que un victimario haya cumplido una condena judicial en Uruguay”, dijo a EL TELEGRAFO, la referente de la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), Karina Núñez.
“Basándome en eso, es que hice un par de preguntas cuando me enteré de que Sergio Escobar ingresó en la Intendencia. Lo hice a través de un mail, firmado por la Hermandad Pro Derechos y por la Ley de Acceso a la Información Pública. Pero no se nos respondió”. Explicó que “la Hermandad integra la Institución Nacional de los Derechos Humanos (Inddhh), además de ser una de las oenegés que forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Núñez preguntó si el nuevo funcionario “había pasado por los procesos de selección que utiliza la Dirección Nacional del Liberado (Dinali) y de prevención de la trata. Pero no solo sucedió que no recibimos una respuesta de la Intendencia, sino que salieron a respondernos por un comunicado”. Relató que a raíz de dicha respuesta, sus gestiones tuvieron “una connotación más grande de lo que esperaba, porque yo hice bien los procedimientos. El comunicado tiene más de 500.000 visualizaciones y si salió de la Intendencia, es porque está avalada por el intendente Nicolás Olivera”.
Denuncias
A raíz de los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil, “ocurrieron una secuencia de cosas. Me llegaron una avalancha de audios, mensajes y fotos, donde me cuentan experiencias personales y un gran temor a denunciar. Por eso, en vistas de que no tenía una respuesta oficial, hablé con la Hermandad para hacerlo en forma personal, porque también soy directa damnificada y la mayor afectada de todas”.
Según Núñez, “en ese ir y venir, piden una reunión a las referentes de Otras Paysandú, donde le plantean que ‘estaría bueno’ que ellas redactaran un comunicado retractándose de cosas que nunca dijeron. Les explicaron que era injusto lo que pasaba con el Intendente, y que ellas no tenían nada que ver con que Escobar estuviera en la Intendencia. Yo quiero aclarar que las compañeras no tenían conocimiento de lo que hago y mi publicación es pública. Cualquiera puede verla y constatar que no cito a las compañeras, sino que lo hago a título personal. Sin embargo, las compañeras al otro día arman un Twitter y sacan una disculpa por algo que ellas no hicieron. Por eso, resolví seguir por otros carriles”.
La referente nacional informó que “para confirmar las versiones, consultamos a otros organismos como el Ministerio de Educación y la Dinali. Y, como la Intendencia seguía sin responderme, me vine a Paysandú a traerle una carta al Intendente que fue sellada y firmé como recibida en la Intendencia. Pero me parece muy injusto que se haga pagar a las compañeras, que no tenían nada que ver, por algo que es una lucha mía”.
La carta sellada el 4 de febrero, manifiesta la “disposición al diálogo para generar estrategias de prevención y combate a la explotación sexual, la trata de mujeres y el fortalecimiento de los derechos humanos. “Le dejé dicho a quien me recibió la carta, que le solicito una entrevista vía Zoom y que me llame”, agregó.
En Paysandú
A su llegada, “me encuentro con un panorama más caótico. Este fenómeno de explotación no es de ahora, sino que se da todo el tiempo. Por eso, hay que monitorearlo siempre”. Recordó que “durante el período de Bertil Bentos, hubo propuestas de hacer talleres sobre de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Se habilitaron los espacios y se contrataron a los técnicos para trabajar. En aquel momento, nunca se tomó una represalia por lo ocurrido en la ‘casita del parque’. Después, en el período pasado, tuvimos tres instancias, donde participaron personas vinculadas a la Intendencia”.
Explicó que “en todo momento acceden personas por los cupos para liberados, pero si cometieron determinados delitos –como la trata o el proxenetismo–, nunca forman parte de una plantilla laboral. Porque es un delito de lesa humanidad y, por eso, se combate”.
Núñez reflexionó que “si quedamos con el discurso fláccido y tibio, se nos llena la alfombra de cadáveres por las víctimas de la trata. Por eso pregunto si eso es lo que quiere Paysandú para su futuro. ¿Quiere que pase lo que ocurría en los ‘80, donde las mujeres marchaban a la trata y no volvían? Esto no tiene tono político y no se trata de un tema de ellos, los blancos. Hablamos de derechos humanos de las personas, porque algunas no volvieron y otras lo hicieron en un estado deplorable”.
La referente señaló que está “alarmada por el miedo. Recibí audios de 9 o 10 minutos, contando sus experiencias, otras lo contaron por mensaje, pero nadie imagina la cantidad que he recibido. Así vamos armando un puzzle, pero parece un cuento de terror”.
Núñez instó a “usar las herramientas que tenemos, basadas en los derechos humanos, para proteger a las víctimas de trata. Este problema no se terminará nunca, sino que buscará nuevas formas para mimetizarse. Está sostenido en una estructura que es el consumo del cuerpo de las mujeres. Es una estructura patriarcal y esas prácticas se perpetúan”.
Al relatar sus experiencias de ayuda, señaló que ha sido el nexo con “un espacio seguro de denuncia, dada las características del delito. Porque en este caso, es cultural culpabilizar a la víctima. Eso es lo más sencillo y nos tienen acostumbradas. Tanto, como a la violencia hacia las mujeres”.
Explicó que “tiene que quedar clara la necesidad de encontrar una forma de trabajar contra la trata. Elaborar una estrategia que sea generada desde el pueblo de Paysandú, pero sobre todo para fortalecer los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. No es posible que se dé trabajo a un explotador y no se cree una sola política para quienes quieren salir del trabajo sexual”.
Pedido de informes
Legisladoras del Frente Amplio solicitaron “información a la Intendencia de Paysandú sobre la contratación de Sergio Escobar”.
En el pedido de informes, demandan detalles “al respecto de la contratación, a través de la Fundación ‘A ganar’, de un grupo de trabajadores exprivados de libertad para cumplir funciones en la Intendencia, que incluye la contratación del Sr. Sergio Escobar (que fue procesado por reiteración real de los delitos de proxenetismo trata de personas, lavado de dinero y explotación sexual de menores)”.
Solicitan “que se informe qué criterios de selección se tuvieron en cuenta para la contratación de este grupo de personas. Si la Dirección Nacional del Liberado tuvo implicancias en el proceso de selección, cuántas personas se postularon y si existe una lista de prelación, qué tareas, en qué dependencias y qué horario cumple el Sr. Sergio Escobar”.
Piden, además, conocer “si se modificaron en su momento, desde su contratación, las tareas asignadas al Sr. Sergio Escobar y detallar por día dónde cumplió funciones y las tareas desarrolladas. Si es cierto que el lunes 21 de enero de 2021 el Sr. Sergio Escobar se encontraba cumpliendo funciones de asesoría en la la Dirección de Promoción Social”.
Su experiencia
Consultada Núñez sobre su experiencia con el funcionario procesado, señaló: “sinceramente me duele recordar mi experiencia y me frustra. El dolor que me generó, nunca se va a ir, pero no quiero para otras lo que me hicieron a mí”.
En 1999 denunció golpes a otras trabajadoras sexuales como parte de una operación “ablande” de las redes y ese mismo día de la denuncia fue levantada en la ruta. En la serie de golpes recibidos, alcanzó a reconocer al actual funcionario contratado por la Intendencia y su hermano. A raíz de ese hecho, pasó 11 días en el CTI y volvió a caminar tres meses después.
