En un intermedio durante la interpelación de ayer a la ministra de Economía Azucena Arbeleche, se ofrecieron tanto de parte del oficialismo como de la oposición, dos conferencias de prensa donde unos y otros dieron su versión de lo ocurrido en la Cámara de Diputados.
Arbeleche dijo haber comenzado explicando “claramente como ha sido el proceso de solicitud de exoneración de impuestos de parte del economista Isaac Alfie, todo el tiempo que llevó, cómo la Comisión Asesora del Ministerio de Economía y Finanzas hizo el informe y como eso terminó en una resolución que firmé con atribuciones delegadas en donde se decía claramente que se exoneraba de determinados impuestos al proyecto que se había presentado”.
“Es un proceso muy objetivo, donde no hay lugar para discrecionalidad alguna, y que inclusive en la página web de la Comisión de Aplicación de la Ley de Promoción e Inversiones se puede ingresar a una planilla Excel y, poniendo ciertos indicadores, se puede saber cuál sería el eventual beneficio que se tendría por determinado monto de dinero”, continuó.
“Por todo lo expuesto quedó claramente presentado que aquí no hubo una situación ilegítima y que se actuó tanto de parte del solicitante Alfie, como de la ministro, siempre dentro de la ley. Lo que hubiera sido ilegítimo es que frente a la solicitud se le hubiese negado la solicitud tributaria que solicitaba. En definitiva, esta interpelación que aún está ocurriendo –estamos en un corte sanitario– me la están realizando por haber aplicado la ley”, finalizó antes de comenzar a responder las preguntas de la prensa.
Acerca de por qué el documento en cuestión tiene carácter de reservado, Arbeleche contestó que “esa fue una pregunta reiterada en la sesión de hoy, y la respuesta es que el expediente no sale del Ministerio de Economía y Finanzas porque no hay una normativa que avale abrir el expediente de ningún inversor, lo que significa preservar el instrumento de la Comisión de Aplicación de Promoción de Inversiones. Lo que estamos haciendo es fomentar la inversión, no vamos a abrir el expediente por temas comerciales de competencia, no corresponde, hay una resolución del 2013 donde no solamente se habla de la reserva de información de los proyectos, sino de toda una cantidad de otros elementos en donde no corresponde que se abra esa información al público. Inclusive comenté que personalmente me era mucho más sencillo mostrar un expediente que decir ‘no da lugar a que se muestre el expediente’. Como la normativa es esa, el expediente no se muestra”.
Sobre los conflictos éticos a los que se refirió la oposición la ministra respondió que “la pregunta es ¿la ética de quién? ¿Qué es lo que está buscando el miembro interpelante? ¿Que yo aplique mis valores personales por encima de las leyes? Entendemos que así no es como se maneja una República y la ética de los gobernantes es la ley, esa es la ética de la República”.
Por su parte, el interpelante Gonzalo Civila dijo a la prensa que “salimos de esta sesión con muchas más dudas de las que entramos, hicimos una serie de preguntas que en su mayoría no fueron respondidas, todas referidas al tema. Las preguntas más relevantes no fueron respondidas por la ministra que vino a leer un informe previamente elaborado y ante nuestra insistencia sobre ciertas preguntas, se negó a contestarlas. Cuando hablo de preguntas no respondidas me refiero por ejemplo a si ella informó al presidente sobre la resolución que tenía entre manos, sobre qué piensa respecto a las declaraciones del presidente que dijo públicamente que esa resolución había sido inconveniente, qué piensa sobre haber tenido que revocar la resolución que ella misma dictó, cuando ha sostenido que está todo bien y legal. También le preguntamos sobre el proceso del expediente, pero amparándose en una confidencialidad no se nos ha dado esta información, cuando era evidente que otros diputados tenían ese conocimiento”. “Evidentemente acá hay cosas que no se quieren revelar, hay una jerarca que firma una exoneración para otro jerarca compañero de su Gobierno y esto, desde nuestro punto de vista, violenta normas que tienen que ver con la ética en la función pública. Es en definitiva un Gobierno que se beneficia a sí mismo, beneficia a minorías a las que pertenecen los gobernantes en detrimento de las mayorías”.
DETECTARON 3.344 CASOS Y FUERON 60 LOS FALLECIDOS
(SINAE)
Ayer se llevaron a cabo 14.060 análisis y se detectaron 3.344 nuevos casos de COVID-19. De los 3.344 casos nuevos, 1.559 son de Montevideo, 340 de Canelones, 201 de Paysandú, 191 de Tacuarembó, 175 de Salto, 155 de Maldonado, 119 de Colonia, 88 de San José, 78 de Artigas, 77 de Rivera, 60 de Florida, 57 de Soriano, 50 de Durazno, 47 de Río Negro, 46 de Lavalleja, 38 de Rocha, 27 de Cerro Largo, 19 de Treinta y Tres y 17 de Flores.
Desde que se declaró la emergencia sanitaria se han procesado 2.044.626 tests y se han registrado 249.365 casos positivos de coronavirus. De ese total 216.589 ya se recuperaron.
Ayer además se confirmaron 60 fallecimientos, 23 en Montevideo, 10 en Canelones, 8 en Salto, 4 en Paysandú, 2 en Colonia, 2 en Maldonado, 2 en Rivera, 2 en San José, 2 en Treinta y Tres, 1 en Artigas, 1 en Cerro Largo, 1 en Durazno, 1 en Lavalleja y 1 en Soriano. Hasta el momento son 3.638 las defunciones con diagnóstico de COVID-19.
Actualmente hay 29.138 casos activos, es decir personas que están cursando la enfermedad, 492 de ellas se encuentran en centros de cuidados críticos.
El total de casos positivos confirmados hasta el martes era 246.026. Ayer se reportan 3.344 casos nuevos y un total de 249.365 casos positivos confirmados. La diferencia se explica porque, según consigna el MSP, 5 casos fueron eliminados.
