Con la salida del extitular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Pablo Bartol, por decisión del presidente Luis Lacalle Pou, se ha desatado un sin fin de especulaciones, tejidas sobre todo desde sectores de la oposición, respecto al eventual fracaso o decisión de carácter político partidario para “rumbear” el ministerio hacia una gestión tendiente a generar dependencia y afinidad con el gobierno desde los presuntos beneficiarios de los programas.
Por cierto que la génesis de este ministerio, durante uno de los gobiernos del Frente Amplio, nos debería acarrear ya algo de luz sobre la problemática que involucra, porque esta secretaría de Estado fue adjudicada por el primer gobierno de Tabaré Vázquez en 2005 al Partido Comunista, como un feudo en el que podría aplicar sus “recetas” sociales basadas en sus dogmas históricos, y en realidad de lo que se trató fue de incorporar asistencialismo esquivando en la medida de lo posible el exigir contraprestaciones de los beneficiarios de los programas, para por lo menos dejar sentado que no hay nada gratis en la vida y que el trabajo dignifica.
Bueno, el punto es que desde su creación el Mides se centró en crear una gran estructura burocrática, en general con militantes frenteamplistas y contratos con oenegés afines, lo que ha dado lugar a una estructura cerrada en consonancia con la necesidad de crear dependencia del Estado a los beneficiarios, más allá de algunos programas de empleos temporales y lejos de la perspectiva de generar políticas sustentables contra la marginación.
Se puso énfasis en cambio en líneas de acción con planes de emergencia para hacer frente a una situación social que venía muy afectada desde la crisis de 2002, y en su momento se destacó que se estaba atendiendo a no menos de medio millón de personas en todo el país.
Claro, el “desarrollo social” presuntamente en marcha ha contado con el apoyo de una estructura creada desde el Estado por el Partido Comunista con unos 1.800 funcionarios públicos y no públicos, direcciones nacionales y departamentales, numerosos programas que también han implicado superposiciones en diversas áreas y sobre todo, con la poca edificante impresión, luego ratificada en números, de que la asistencia del Mides ha implicado que más de la mitad de los recursos se perdían en su burocracia, incluyendo sueldos y pagos a las oenegés amigas, gastos de gestión y mantenimiento cuyo resultado fue que solo una parte menor del dinero afectado al ministerio llegara a sus verdaderos destinatarios.
Este ministerio ha sido recibido por el nuevo gobierno justo cuando la pandemia, más precisamente las restricciones que han afectado la actividad y repercutido en el empleo, han derivado en un incremento de la pobreza y consecuentemente demandado que se refuercen planes de asistencia a personas que han quedado en posición de extrema vulnerabilidad.
Todo ello en un marco de menor disponibilidad de recursos por menor recaudación y limitaciones exacerbadas por las medidas preventivas contra el COVID-19, por lo que el desafío inicial para el nuevo gobierno pasó a ser de otra magnitud y los planes de corto y mediano plazo resultaron trastrocados.
Precisamente Pablo Bartol, con formación académica y experiencia de campo pero sin formación política, tuvo a su cargo una dificultosa tarea en el peor momento, en el que hubo que conjugar la emergencia con políticas de mediano plazo que pretendía desarrollar en el Mides, conjugado con una distribución de responsabilidades directrices que afectaron la mejor coordinación en la cabeza del ministerio.
En los ámbitos departamentales la situación ha sido diferente, por cuanto las direcciones locales trabajan con apoyo de las respectivas intendencias, hay cercanía con la población comprometida y se comparte en gran medida la atención de los sectores vulnerables.
Por lo demás, el relacionamiento con la estructura heredada desde el Partido Comunista, que aspiraba a seguir gobernando con el Frente Amplio y consolidar la cabeza de playa establecida de cara a los grupos vulnerables, no ha sido el mejor, porque además, como todos sabemos, en el Estado uruguayo hay un lastre para la gestión que radica por lo general en mandos medios y funcionarios que hacen un culto de la burocracia, y mucho más aún cuando quien ejerce el gobierno no es afín a su ideología.
Con la salida de Bartol, todo indica que el presidente Luis Lacalle Pou, al apelar al diputado Martín Lema para encabezar el ministerio, considere que un político con otra cintura, podría buscarle la vuelta a una gestión acorde a este escenario y superar la resistencia burocrático-ideológica en el ministerio.
También hay que tener en cuenta que las políticas sociales en el Uruguay no nacieron con el Mides ni mucho menos, y que el argumento para crear este ministerio ha sido el de acumular, centralizar y coordinar planes en esta dirección, las más de las veces en forma independiente y voluntarista, con luces y sombras en la ejecución, pero siempre con la tónica de demandar muchos más recursos que los que realmente se trasladan a los grupos objetivo.
En realidad, no hay ministerio que pueda sacar a la gente de la pobreza y tampoco que asegure un paliativo más o menos eficaz. La única política social efectiva es la de generar un contexto socioeconómico virtuoso, con creación de riqueza y planes de inserción sustentables que permitan que grupos históricamente marginados puedan vivir de su trabajo, salir de sus asentamientos irregulares y tener respuesta a sus necesidades básicas, sin recibir dádivas y sin depender del Estado para subsistir.
Y para ello, no hay soluciones mágicas, sino la articulación de políticas que alienten la inversión, la creación de empleos, espíritu emprendedor y de autosuperación, de la cultura del trabajo, así como una gestión adecuada en materia de vivienda, capacitación laboral, salud, entre otros, apuntando a consolidar una red más potente de trabajo formal que sustituya a las transferencias de recursos desde el Estado que solo puede sacar a gente de la pobreza en las estadísticas mientras dure el dinero de los otros.