Mes: mayo 2021

La práctica consumista de pagar para tirar no es para nada sostenible y también un desperdicio de recursos que resulta una bofetada para millones de seres humanos del planeta que enfrentan severas restricciones para el acceso a la comida, el agua y el trabajo en el mundo.
Aproximadamente una tercera parte de los alimentos para el consumo humano que se producen en el planeta terminan perdiéndose o desperdiciándose, lo que equivale a millones de toneladas al año. En este sentido, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) informó que durante 2019 se desperdiciaron 931 millones de toneladas de alimentos en el mundo, lo cual equivale a “23 millones de camiones de 40 toneladas completamente cargados, suficiente para dar siete vueltas a la Tierra”.
Se trata de un hecho que ocurre por razones muy variadas que se producen a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la producción agrícola inicial hasta el consumidor.
Según FAO cada año se pierden y desperdician alrededor de un 30% de cereales; un 40 a 50% de tubérculos, frutas y hortalizas; un 20% de semillas oleaginosas, carne y productos lácteos y un 35% de pescado.
En los países de ingresos bajos los alimentos se pierden principalmente durante las primeras etapas y etapas intermedias de la cadena de suministro pero se desperdician muchos menos alimentos en el consumo. Esas pérdidas se deben a varias limitaciones técnicas y de gestión relacionadas con las técnicas de cultivo, el almacenamiento, el transporte, el procesamiento, las instalaciones frigoríficas, las infraestructuras, y los sistemas de envasado y comercialización.
Las pérdidas de alimentos también se producen debido a ciertas condiciones sociales y culturales. En los países de ingresos medios y altos las razones del desperdicio de alimentos están principalmente relacionadas con el comportamiento del consumidor y las políticas y normativas existentes.
Las subvenciones agrícolas, por ejemplo, pueden provocar un excedente de cultivos agrícolas, del cual al menos una parte se perderá o desperdiciará; la aplicación de los estándares de calidad e inocuidad alimentaria puede hacer que alimentos que todavía son inocuos para el consumo humano se excluyan de la cadena de suministro.
Por otra parte, la planificación inadecuada de las compras por parte de los consumidores y no consumir los alimentos antes de su fecha de caducidad también conllevan un desperdicio de alimentos evitable.
En Uruguay, la FAO impulsó la creación, en 2016, del Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Disminución de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (PDA) que actualmente lidera y está integrado por representantes del Ministerio de Ambiente; el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; el Ministerio de Desarrollo Social; la Intendencia de Montevideo y la Comisión Especial de Asesoramiento Legislativo sobre el Derecho a la Alimentación de la Asamblea General.
En 2017 este grupo impulsó la ejecución del primer estudio de evaluación de pérdidas y desperdicio a nivel de Uruguay, que consideró el período comprendido entre 2011 y 2016. Esta investigación –que consideró las causas de las pérdidas y acciones para mitigarlas– fue divulgada en 2018 y fue el primer trabajo realizado para la evaluación de pérdidas y desperdicio en Uruguay, siendo gestionado por la Fundación Ricaldoni, un grupo de trabajo multidisciplinario e interinstitucional con participación de la Universidad de la República y la empresa Equipos Consultores, en el cual colaboraron también distintos actores de las cadenas de suministro y de organismos del Estado.
Según los datos disponibles a partir de dicho estudio, en nuestro país las pérdidas y desperdicio de alimentos constituyen el 11% de la oferta de alimentos disponible para consumo humano. Esto representa alrededor de 1 millón de toneladas al año, con un valor estimado de ¡600 millones de dólares! en base a materia prima. Dentro del total de pérdidas y desperdicio, el 66% se produce en las etapas de producción y pos cosecha y el 11% se registra en los hogares.
Las pérdidas y desperdicio en volumen por cadena son: cereales 25%, lácteos 20%, caña de azúcar 19%, oleaginosos 15%, frutas y hortalizas 12% y carne 8%. En términos de valor monetario, la distribución de pérdidas es: carnes 43%, frutas y hortalizas 23%, lácteos 10%, cereales 8%, pescado 4% y caña de azúcar 2%.
Se trata de un tema que debe comenzar a considerarse seriamente. Hace unos años se impulsó un proyecto de ley para que se prohibiera que supermercados, distintas superficies que se dedican a la venta de alimentos y la industria alimentaria desecharan alimentos aptos para el consumo humano, como por ejemplo la comida que por estar cerca de su fecha de caducidad debe ser retiradas de las góndolas pero aún está en condiciones de consumirse.
En tanto, también la sociedad civil está poniendo iniciativas en marcha vinculadas a este tema. Algunas son muy innovadoras y valiosas, como la de Realco, una organización social surgida a iniciativa de un grupo de estudiantes que hoy en día, provee de alimentos recuperados a 220 instituciones (refugios, clubes de niños, centros juveniles, agrupaciones de vecinos, ollas populares, etcétera) que participan de la alimentación de 22.000 personas de Montevideo. La organización también colabora con Solidaridad.uy, una iniciativa surgida de la crisis generada por la pandemia de COVID-19, que nuclea iniciativas solidarias de Montevideo.
La organización comenzó recuperando productos no vendidos del Mercado Modelo de Montevideo y ahora está ampliando su alcance a los productores de frutas y verduras, a quienes realiza un aporte económico para que en vez de dejar ese alimento en el suelo, le pueda pagar a alguien que lo junte y luego ir a la chacra a buscarlos o recibirlos. Actualmente, llegando a tan solo 15 productores están recolectando 60 mil kilos de alimentos por mes, según datos de FAO.
Aunque no existe balance entre los alimentos que se tiran en algunas partes y los que faltan en otros rincones del mundo, evidentemente, las pérdidas de alimentos conllevan una pérdida económica que siempre alguien termina pagando y generalmente son los propios consumidores, con afectación para los más vulnerables.
Si bien las pérdidas de alimentos existentes en Uruguay son de menor cuantía que en otros países de la región y comparables con los de los países desarrollados, es un tema donde hay aún mucha tela para cortar y que aún tiene una presencia escasa en la agenda pública. No obstante, en tiempos de dificultades económicas, laborales, sociales y sanitarias, resulta un imperativo ético y social comenzar a buscar soluciones a este problema.