En períodos como el que vivimos durante la última administración del Frente Amplio y el escenario actual, en que los problemas de caída de actividad y desempleo han ido in crescendo con el detonante de la pandemia, han surgido en toda su gravedad las limitaciones de recursos y de respaldo financiero para encarar respuestas que tiendan a atenuar las carencias de la coyuntura y permitan poner en condiciones el escenario socioeconómico del país hasta que pueda revertirse esta realidad.
Es el momento en que es más que justificado que recrudezcan recriminaciones a los sucesivos gobiernos del Frente Amplio, en los que hubo muy favorable clima desde el exterior hasta 2014, por no haber llevado adelante políticas anticíclicas y se prefirió gastar todo lo que se tenía y aún más, endeudándose, dando por cierto que la bonanza iba a durar muchos años más.
La realidad todos la conocemos, se incorporaron gastos fijos y compromisos que desbordaron nuestras posibilidades y encima la pandemia terminó por arrastrarnos en este circuito vicioso.
Lamentablemente, para seguir gastando como si el dinero nunca se fuera a terminar se conjugaron elementos como desafíos electorales que se prefirió afrontar en medio de una ola de gasto para presentar una situación que no respondía a la realidad y que en suma, determinaba que se gastara todo lo que se tenía para aparentar que las cosas iban muy bien en Uruguay, aunque fuera solo una ilusión que los parámetros desmentían una y otra vez, como es el caso del acentuado déficit fiscal como semáforo en rojo permanentemente encendido.
Acerca de esta problemática, y en reafirmación de estos conceptos que hemos vertido en reiteradas oportunidades desde esta página editorial, el economista Jorge Caumont, en el semanario Economía y Mercado del diario El País, analiza que desde todos, o al menos desde la mayoría de los sectores políticos se ha señalado en numerosas oportunidades la necesidad de llevar adelante políticas anticíclicas, pero “el reclamo de esas políticas ocurre solo cuando la economía atraviesa problemas de actividad y empleo, cuando la economía se encuentra en receso y el desempleo aumenta”.
Sobre todo, “la evidencia empírica muestra que cuando ocurre lo contrario y la actividad productiva crece a un ritmo superior al potencial o el empleo se encuentra por encima de su tasa natural, no existe el reclamo de políticas anticíclicas para frenar ineficiencias en la producción, presiones inflacionarias y desequilibrios en la balanza de pagos o en su cuenta corriente. Por el contrario, aludiendo a necesidades insatisfechas, la iniquidad distributiva y a otras razones vinculadas con objetivos políticas, las políticas –en realidad la política fiscal y la de ingresos– se vuelven pro cíclicas”.
Es cierto lo que dice el economista, porque por regla general, pero sobre todo en los gobiernos de izquierda, se ha priorizado la fiesta del gasto como si con el dinero de hoy, proveniente de condiciones externas favorables, se pudieran solucionar todos los problemas que se arrastran desde hace años, y que son precisamente, consecuencia de haber hecho esto: gastar todo lo que se tiene, en lugar de gestionar con sentido común sin medir solo lo que vaya a ocurrir en la próxima elección, porque la ligereza con que se actúa hoy inevitablemente condiciona el futuro cercano.
El punto, como bien señala Caumont, es que no se actúa de forma de acumular recursos para emplearlos cuando la situación cambie, como ocurre habitualmente en los ciclos de la economía, en que se vuelve al receso y al alto desempleo. “No se procede de acuerdo con la evidencia que se tiene y de lo que hace muchos siglos José recomendó al faraón: guardar en los siete años buenos para usar en los siete años malos”, apunta el economista.
Lamentablemente, los cortoplacismos son la regla y no la excepción, con ausencia de políticas de Estado producto de acuerdos partidarios y se sigue improvisando y manejándose en el día a día. Pero además es cierto que el pueblo también presiona para que esto ocurra, porque se piensa que “si hay plata hay que distribuirla” y que “ya pasamos mal demasiado tiempo y es justo que nos demos un lujo”. Algo así como comprarse un lujoso automóvil cuando se gana un premio en dinero, sin pensar que mañana cuando se termine la plata será imposible de mantener ese vehículo. Y si bien el ejemplo parece fantasioso, de hecho es lo que suele suceder.
Pero para eso los países tienen gobiernos que deben obrar como celosos guardianes del tesoro nacional, y llegado el caso deben decir no a los reclamos populares para aumentar el gasto.
Debe tenerse presente la enorme bonanza importada que tuvimos entre 2008 y 2015, con tasas de crecimiento de entre el 4,5 y el 8,1 por ciento, lo que contribuyó a un gran incremento de la recaudación fiscal, al punto que el exministro de Economía y Finanzas Cr. Danilo Astori, en reiteradas oportunidades dio cuenta de que había “espacio fiscal” para atender diversos pedidos de gastos, reafirmando la prioridad para el momento y no para contener el ya sostenido déficit fiscal producto del desfasaje entre ingresos y egresos.
Es decir, lejos de las políticas anticíclicas, se reiteró la incursión por las decisiones procíclicas, uno de los grandes males de los países en desarrollo, con débiles economías, incluyendo el abordaje de emprendimientos faraónicos y/o voluntaristas, que se tragaron cientos de millones de dólares, dejando solo el pozo que se afrontará en épocas de crisis.
Lo señala muy bien el economista Caumont cuando expresa que “todo lo que se recaudó, que reflejó la cuadruplicación de la recaudación de 2004, se gastó. Y aún más, pues el endeudamiento del sector público, solo el del gobierno central, se multiplicó por dos en diez años”.
Consecuentemente, “la evidencia empírica muestra que no hubo ahorro alguno para enfrentar contingencias adversas, como puede ser no solo una recesión natural por circunstancias macroeconómicas internas o externas, sino que puede deberse a factores como el de la pandemia que azota al mundo y a nuestro país, y que entre en una etapa que levante la incertidumbre económica que ya desde hace catorce meses ha traído consigo”.
Mucho peor aún, se gastó todo lo que se tenía y encima se dejó un déficit fiscal de más del 5 por ciento del PBI y una fuerte deuda. Cuando se reclama olímpicamente desde la izquierda una renta básica universal para los sectores más afectados por la pandemia, en un país que no tiene recursos, se cuidan muy bien de decir que los cientos de millones de dólares malgastados, incluyendo paralelamente la recapitalización de Ancap, el delirante proyecto de la regasificadora Gas Sayago, los más de 300 millones de dólares que se tiraron para tratar de sostener a Alas U, el dinero dilapidado en el Fondes, se podrían estar usando ahora para aliviar la situación de los más desfavorecidos, a la espera de que el país retome la normalidad, y que esta es sin dudas una gran responsabilidad de gobierno en juego, cuando la pandemia sigue condicionando el presente y el futuro del país.
