Tras conocerse la investigación periodística llevada adelante por EL TELEGRAFO en relación a la compra de la lancha Pájaros Pintados 3, desde la bancada del Partido Nacional en la Junta Departamental se pide que el exintendente Guillermo Caraballo y el exsecretario general Mario Díaz paguen a la Intendencia y al Ministerio de Turismo el costo de la operación, amparados en el artículo 25 de la Constitución de la República.
Concretamente el edil departamental Marcelo Tortorella, integrante de la Comisión de Turismo, donde “tenemos a estudio la situación suscitada con esta lancha, y ya se le ha solicitado a la asesoría letrada de la Intendencia todo el expediente de la investigación administrativa”, solicita la aplicación artículo 25 de la Constitución, Sección II, referente a Derechos, deberes y garantías.
El curul considera que corresponde su aplicación, por cuanto en el Capítulo I, establece que “cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación”. Cabe mencionar la investigación judicial que determine las responsabilidades y eventual dolo aún no concluyó.
De igual forma, el edil considera que “el perjuicio económico de la compra de una lancha –que ni siquiera está en condiciones de navegar–, no puede ser que recaiga en el pueblo, quien nuevamente tenga que pagar la fiesta. No puede ser que los sanduceros terminemos tolerando estas delirantes aventuras náuticas y los despilfarros de las consecuencias de malas decisiones. Por eso correspondería la aplicación del artículo 25 de la Constitución, exigiendo a estos exfuncionarios políticos –que serían los responsables del perjuicio por este negocio ruinoso–, la reparación del daño causado a los contribuyentes y a la Intendencia de Paysandú”, subrayó.
El pago de la lancha se realizó con un aporte de 40.000 dólares del Ministerio de Turismo, en tanto la Intendencia de Paysandú se hizo cargo del saldo restante.
“TAN CUESTIONABLE COMO ILEGAL”
“Fue una decisión tan cuestionable como ilegal que durante la gestión del Frente Amplio la Intendencia de Paysandú haya facilitado el pago de una deuda que mantenía la embarcación que le vendiera el astillero Sioux de Salto (Mainter S.A.), advirtiéndose una vez más, que todo esto se dio en el panorama de desquicio administrativo, donde la ilegalidad y la disposición irregular y arbitraria de los dineros públicos constituyó el común denominador de la gestión Caraballo”, aseguró Tortorella.
“Esta deuda de la cual nos enteramos ahora como resultado de la investigación periodística, se generó con anterioridad a la adquisición de la lancha, e igualmente se adjudicó una licitación, resultando imposible comprender cómo pudo ser posible que la misma mantuviera deudas. Queda claro que lo que compró Caraballo, no fue una lancha nueva, sino que la misma era usada y fue ‘tuneada’ por el astillero para vendérsela en casi 50.000 dólares al exintendente”, expresó el edil nacionalista. Y agregó que resulta “innegable que la embarcación estaba registrada con el nombre de Tape Tory, y luego fue rematriculada y bautizada como Pájaros Pintados 3”.
“La deuda con Prefectura por lo informado por EL TELEGRAFO se generó entre los años 2013 y 2017, y teniendo en cuenta que el proceso licitatorio por demás sospechoso, pues tuvo muchas marchas y contramarchas, se buscó disimular las irregularidades del proceso de compra, terminando la Intendencia haciéndose cargo además del pago de una deuda generada por el anterior titular de la embarcación, lo cual quedó demostrado con el dictado de la Resolución del 13 de diciembre de 2018, refrendada por Guillermo Caraballo y por Mario Díaz”, destacó más adelante.
“RESPONSABILIDAD POLíTICA”
“Durante la gestión del exintendente Guillermo Caraballo y del exsecretario general Mario Díaz, entendemos que se ha incurrido en una clara hipótesis de responsabilidad política al haber consentido la adquisición de esta embarcación bajo tales condiciones. Y la razón de ser de la responsabilidad política tiene un origen histórico en los sistemas republicano-democráticos de gobierno para evitar que las desviaciones de poder, no queden exclusivamente constreñidas a la responsabilidad penal que le corresponderá valorar a la Fiscalía”, opinó Marcelo Tortorella.
“Acá seguramente va a suceder que el Frente Amplio y estos actores políticos –Caraballo y Díaz–, se resistirán a hacerse cargo de sus errores y se refugiarán, en el argumento que la culpa, que nadie la quiere, es de los otros. Pero ellos son los responsables de todo este enjuague, inmersos en un asunto que conlleva una clara e innegable responsabilidad penal y también política”, concluyó el edil por el Partido Nacional.
