En las últimas horas fue presentada en Fiscalía Letrada una denuncia penal ante hechos “de apariencia delictiva” ocurridos en el Vertedero Municipal, que desembocaron en la muerte “en predios del Vertedero Municipal de Pablo Brian Pintos Olivera, siendo la causa de su deceso el haber sido embestido por un Bulldozer que operaba en el lugar esparciendo la basura”.
La misma fue presentada por el abogado Federico Álvarez Petraglia, quien en la denuncia sostiene que “lo que aquí se denuncia es la existencia de un singular caos en el lugar y un muy mal manejo por parte de las autoridades municipales, que terminó con el resultado de la muerte de Pintos Olivera y con la presunta comisión por parte de varios funcionarios públicos de conductas que en nuestra opinión son atrapadas por distintas normas penales”.
Como prueba documental el denunciante pide que se incorporen a la causa el expediente administrativo 2019/2413; fotografía de recibo de pago por tareas cumplidas a la empresa por hurgadores; fotografía de uniformes entregados; artículo en la web institucional de la Intendencia de Paysandú, de fecha 7 de julio de 2021, bajo el título “Empresario argentino se instaló en Paysandú generando fuentes de trabajo”.
En lo que refiere a pruebas testimoniales se pide que se tome declaración sobre los hechos denunciados a 28 personas, entre ellas el intendente Nicolás Olivera, el director de Aseo Urbano y Paseos Públicos Carlos Batista, funcionarios municipales que trabajan o trabajaban en el Vertedero al momento del hecho, el empresario y hurgadores que residen en El Espinillo.
También se solicita se pida a la Junta Departamental de Paysandú la versión taquigráfica del llamado a Sala del intendente Nicolás Olivera del 28 de octubre pasado; a la Intendencia Departamental de Paysandú la investigación administrativa iniciada como consecuencia de la muerte del hurgador; copia de las filmaciones de todas las cámaras existentes en el Vertedero Municipal, correspondientes a los diez días previos y al día del fallecimiento; impresión del listado correspondiente del registro digital de entrada y salida de los funcionarios de los días anteriores al accidente y el propio día.
“EL ÚNICO AUTORIZADO A COMPRAR A LOS HURGADORES”
Álvarez Petraglia sostiene en su denuncia que había un acuerdo tácito entre un empresario que instaló su empresa hace algunos meses en la ciudad y (al menos) el responsable del Vertedero como funcionario municipal, “el director general” y “el intendente departamental”. En el primer caso en esta Administración no ha sido ocupado el cargo de director general de Servicios y el Vertedero está bajo el control de Aseo Urbano y Paseos Públicos, del que depende la Dirección de Limpieza y Talleres. La máxima jerarquía en ese departamento es ejercida por el recientemente asignado Carlos Batista.
En la denuncia se establece que el empresario “era el único autorizado a comprar a los hurgadores el material reciclable que extrajeran del relleno, a lo que se suma que solamente determinados hurgadores eran quienes podían entrar al lugar en la noche, requiriendo para ello además el visto bueno del empresario mencionado”.
“Esta irregularidad llegó a tal punto que se realizaron reuniones donde participaba el responsable de la Intendencia de este sector junto al empresario y les hablaban a los hurgadores, tal y como si el particular señalado fuera una autoridad municipal con poder de decisión en un predio público”, agrega Álvarez Petraglia en el texto entregado en Fiscalía Penal.
Destaca que “el empresario referido hace aproximadamente seis meses les ofreció, a las personas que reciclan en el relleno, pagarles diez pesos por cada kilo de material, esto es, cuatro pesos más de lo que les pagaban con anterioridad. A esta sensible mejora en el pago del material extraído, se agregó una serie de supuestas ‘mejoras’ dirigidas a aumentar la selección y retiro de material reciclable, como uniformes, alimentos, pago de ‘jornal’ en caso de que no pudieran trabajar por lluvia, etcétera”.
PROTOCOLO VIGENTE PROHíBE INGRESO NOCTURNO
La denuncia subraya que “dichas autorizaciones contravenían normas expresas y vigentes en la Intendencia Departamental, de acuerdo a las cuales se establecía un protocolo que preveía: Protocolo de funcionamiento Relleno Sanitario, sin perjuicio de los reglamentos ya existentes (Resolución 2776/2016)”. Entre otras cosas prohíbe el ingreso de hurgadores después de las 16 y el pernocte. Pero ante un supuesto ofrecimiento de mayor retribución “las personas que cumplen esa función de hurgar en busca de material para la venta, vieron que cuanto más pudieran recolectar por día más iban a ganar, llegando a un acuerdo con el empresario y con los funcionarios municipales de que también ingresarían en la noche, para poder aumentar las horas de trabajo y con ellas el ingreso económico”.
“Va de suyo que esta opción, voluntaria por parte de los involucrados con poder de decisión (empresario y autoridades municipales) y determinada por la necesidad (en el caso de los hurgadores), no consideró la seguridad de los involucrados ni la normativa vigente, que lo prohibía expresamente”, asegura el abogado denunciante.
“La muerte de Pintos Olivera es a las claras una muerte evitable, ya que, de haberse seguido el protocolo vigente, ejerciéndose los controles y actitudes apegadas a la norma por parte de las autoridades municipales, esta persona jamás podría haber estado en ese lugar a esa hora, existiendo una relación causal ineludible entre un evento y otro”.
“VÍNCULO DE NATURALEZA LABORAL”
Para el denunciante, se está ante un delito “de abuso innominado de funciones. Así, nos encontramos con un conjunto de actos arbitrarios de la Administración que terminaron causando un daño evidente, sin encontrar justificativo de especie alguna”.
Al empresario en tanto, le asigna “responsabilidad penal del empleador” y así lo designa en la medida que los hurgadores “cumplían tareas para esta persona en régimen de exclusividad (no había otra persona o empresa que retirara materiales), este empresario tenía evidente injerencia en el predio (ingreso, horarios, personas), les había proporcionado uniformes de su empresa a los hurgadores que respondían a él, les llevaba alimentos (lo hizo durante casi un mes al principio del vínculo), les abonaba un salario de 500 pesos por día en aquellos jornales en que no podían trabajar por lluvias, todo lo cual hace pensar en un vínculo de naturaleza laboral”.
OTRA DENUNCIA ANTE INTERVENCIÓN PARA INSTALACIÓN DE HORMIGONERA
El mismo abogado Federico Álvarez Petraglia, esta vez acompañado por el escribano José Pedro Illia, introdujo otra denuncia en Fiscalía Letrada en referencia a la intervención de la Intendencia de Paysandú en el Padrón 167 de Avenida de las Américas, estableciendo la base para la instalación de una empresa hormigonera, aduciendo que hay pretensión de propiedad por el pago de la Contribución Inmobiliaria de parte de una persona –E.D.S.V.–, que es la titular de la denuncia redactada y presentada por los dos profesionales ya mencionados.
Como prueba documental se pide la incorporación del correspondiente expediente judicial, del artículo en la web institucional de la Intendencia de Paysandú de fecha 6 de setiembre de 2021, bajo el título “Más inversionistas llegan al departamento para generar fuentes laborales”.
En cuanto a prueba testimonial, pide se tome declaración a nueve personas, entre ellas el intendente Nicolás Olivera, y el comisario a cargo de la seccional de la jurisdicción.
La denunciante sostiene en la denuncia que ese padrón “lo poseo con ánimo de dueña desde hace más de cuarenta años, y respecto al cual he iniciado el correspondiente proceso de prescripción Ficha IUE 308-394/2016, ante el Juzgado de Paz Departamental de Paysandú de Tercer Turno”. Por esa razón los hechos que ocurrieron se pueden asimilar a “un delito de abuso innominado de funciones en reiteración real con un delito de justicia por mano propia y un delito de daño”.
La denuncia detalla los hechos ocurridos el 21 de setiembre pasado, cuando al lugar arribaron “personas que se identificaron como funcionarios municipales acompañados de maquinaria pesada”, que le informaron de “una supuesta orden del intendente Nicolás Olivera, orden que no se me exhibió” por la cual “iban a ingresar al terreno antes identificado, el que considero, como lo expresé anteriormente es de mi propiedad, atento al tiempo que llevo en posesión del mismo”.
Tras varias ideas y venidas, presencia policial, de jerarcas municipales y de representantes legales –según la denuncia– se le informa que “los predios municipales no pueden ser objeto de un proceso de prescripción, y que existiendo una orden del intendente de ingresar había que permitir que procedieran, de lo contrario me llevarían detenida y me formalizarían por un delito de desacato”.
“Ante esta situación, y hablando con mi abogado, nos vimos constreñidos a permitir el ingreso para evitar ser detenida y formalizada, en una actitud que jurídicamente consideramos absolutamente injusta apartada del orden jurídico vigente”, subraya, antes de asegurar que desde su punto de vista “fui atropellada por un malón de funcionarios y de máquinas de la Intendencia que luego de ingresar a mi predio literalmente lo destruyeron”.
“Nos encontramos con un conjunto de actos arbitrarios de representantes de la Administración que terminaron causando un daño evidente, sin encontrar justificativo de especie alguna”, destaca luego.
La denuncia establece después que “Los funcionarios actuantes, a pesar de que se les informó de la existencia de un proceso judicial en el que se estaba prescribiendo el inmueble en cuestión, hicieron caso omiso a tal circunstancia, y en lugar de recurrir a la Justicia para hacer valer sus supuestas razones, decidieron por sí y ante sí ejercer un presunto derecho por la vía de los hechos, produciendo en el sitio ingentes daños con su actuación”.
“Las actividades ordenadas y llevadas adelante en el predio de mi propiedad terminaron destruyendo un monte de árboles plantados por mí hace muchos años, los que fueron arrasados sin ningún miramiento por la maquinaria municipal, todo lo cual se acreditara con el material fílmico que se agrega a la presente denuncia”, sostiene la pieza judicial.
