La Comisión investigadora del Relacionamiento de la Intendencia Departamental de Paysandú con la Fundación A Ganar aconsejó en su informe final el archivo de las actuaciones “al no haberse incurrido en ninguna hipótesis de responsabilidad, ni se constató comportamiento abusivo de las autoridades”.
Así lo determina el informe definitivo que ingresará a la sesión ordinaria de mañana viernes, al que accedió EL TELEGRAFO. La comisión investigadora presidida por Marcelo Tortorella estableció que “desde el punto de vista estrictamente jurídico, de todo lo reseñado surge que los puntos objeto de investigación, tal como lo plantearan quienes promovieron la misma, no reflejan irregularidades”. Determina que los ediles del Frente Amplio “pretendían que a través de la instalación de la Comisión Investigadora, se brindara información sobre los elementos objetivos que derivaron en la contratación de la Fundación A Ganar.”
Tras la investigación, la comisión, que estuvo integrada por Tortorella, Javier Pizzorno, Claudio Zanoniani, Gabriela Meneses y Andrés Imperial, estableció que “no presentan consecuencias ni vulneraciones que puedan conducir razonablemente a prever afectaciones al funcionamiento orgánico e institucional de la Intendencia Departamental de Paysandú, destacándose que el miembro informante del Frente Amplio, dio satisfacción y prestó conformidad a todas las explicaciones recibidas. También dentro del marco de la objetividad y responsabilidad de la investidura de los firmantes en todo momento se garantizó la transparencia y esta comisión recabó toda la documentación e información requerida, que se colectó aplicando criterios de transparencia y rigurosidad, todo lo cual quedó impregnado en el trabajo minucioso desplegado a lo largo de todas las instancias cumplidas”.
CUÁNTO COBRA A GANAR
La investigación dejó en claro que la concesión a la Fundación A Ganar de la administración de recursos humanos, implica que ésta reciba como retribución el “4% del costo mensual de la inversión”, considerando el total de lo percibido como salario y otros beneficios por los trabajadores bajo su contrato (entre ellos de los centros CAIF, Dirección de Cultura, Limpieza, Secretaría de Deportes, Secretaría de Comunicación). Si le fuera solicitado el servicio de supervisión, la fundación cobraría 25.000 pesos mensuales adicionales “más un costo variable por trabajador supervisado que va de 500 pesos por trabajador a 300 pesos, según la escala de cantidad de vínculos”. Asimismo, si se solicitan talleres de capacitación, la Intendencia debe abonar 5.604 pesos por taller cada veinte trabajadores. Todo exento de IVA, desde que se trata de una fundación.
NO GESTIONA LOS CENTROS CAIF
La investigación dejó en claro “en función de todo lo que se fue precisando y reiteradamente afirmado no solo por los testigos sino también por la frondosa información aportada, que la Fundación A Ganar no gestiona los Centros CAIF, estando en la órbita de la Intendencia tal como también lo recoge el informe producido por la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra, Grupo 16 del Consejo de Salarios). Por lo tanto todos los aspectos logísticos, lineamientos educativos, pedagógicos y operativos, comprendidos dentro del Convenio INAU IDP, son orientados y determinados exclusivamente por la Dirección de Promoción Social. La intervención de la Fundación A Ganar se ciñe a la gestión administrativa y financiera de los recursos humanos”.
El vínculo laboral de quienes son contratados en el marco de este convenio “es con la Fundación A Ganar”. Por otra parte, cuando se debe tomar una medida disciplinaria, “se reciben los informes de las dependencias donde presta la función el trabajador y de resultar algún hecho que pueda considerarse una falta se desencadena una investigación por parte de la Unidad de Sumarios de la misma Fundación A ganar, desde que la potestad sancionatoria no se le delega a la Intendencia de Paysandú”. En el caso particular del personal del CAIF, que fue objeto de controversia a principios de año, la investigadora determinó que “quedó plasmado que un alto porcentaje del staff inicial de los centros permaneció trabajando. En total 107 trabajadoras que tenían muy buenas calificaciones continuaron. Y para cubrir las 29 vacantes que se produjeron, por vencimiento de contratos o calificaciones insuficientes la Intendencia a través del Departamento de Gestión Humana cumplió con un llamado donde se inscribieron más de 1.700 personas. Luego se hizo un descarte, pero no fue sorteo, sino por perfil de méritos y la Fundación A Ganar –finalmente– auditó el personal requerido apto para ingresar, a efectos de cubrir las vacantes”.
OBSERVACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
En cuanto al Tribunal de Cuentas (TCR) se establece que “observa pagos efectuados a la Fundación A Ganar, por falta de disponibilidad de la imputación del gasto de funcionamiento, al carecerse a la fecha (de la contratación) de créditos disponibles para atender el rubro del crédito referido (artículo 15 del Tocaf). No obstante debe decirse que, tal prerrogativa, puede emplearse en circunstancias imprevistas que requieran la inmediata atención de las Intendencia, desde que era necesario atender el pago de los trabajadores, y por otra parte el monto de los créditos empleados, no exceden el 1% del Presupuesto Departamental vigente”.
Asimismo, para el TCR “correspondía el proceso de Licitación Pública” pero la Intendencia entendió que “era de aplicación el proceso de Licitación Abreviada, desde que el valor que estaba en juego en la licitación era el costo que percibirá el oferente para gestionar la administración, supervisión, talleres de capacitación como componente educativo y por otro concepto agregado, cuyo monto conforme a las estimaciones estaba comprendido dentro de las previsiones del proceso licitatorio abreviado”, pues no superaba los diez millones de pesos.
INAU NO DETERMINA CóMO CONTRATAR
En cuanto al modelo de gestión de los centros CAIF, concluyó la investigadora –tomando como base una resolución del INAU– “que la Intendencia actuó en el marco de sus competencias y dentro de un marco de legalidad con relación a los convenios vigentes, teniendo la libre definición de resolver la forma de la prestación del servicio de los recursos humanos que emplee”. “El INAU no determina ni objeta la forma de contratación de los recursos humanos de los CAIF, por lo que tales decisiones son de resorte exclusivo de la entidad que gestiona el programa, siendo sí función del INAU evaluar si se cumplen con los Lineamientos Programáticos Institucionales y las Pautas del Proyecto, que exige cada modalidad de atención, extremos estos que se cumplen a cabalidad por la Intendencia de Paysandú”.