Caso de maltrato animal extremo denunciado al INBA; piden establecer modificaciones para penas mayores

Este caso se viralizó por las redes sociales, pero otros similares se registran diariamente.

Un caso de maltrato animal extremo se viralizó en las redes sociales, luego de que una residente en la zona del barrio Paycap responsabilizara a una mujer que atacó a un perro que merodeaba el lugar, ocasionándole una lesión que rompió el hueso, tendón y músculo de una pata delantera. Con la intervención de la oenegé “Amigos de los Animales”, se logró amputar el miembro anterior izquierdo del animal y evitar, de esa forma, una infección generalizada. Posteriormente, la entidad presentó la denuncia correspondiente ante el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) y el perro se recupera en uno de sus refugios. Los animalistas reclaman la inclusión de esta figura en el Código Penal con el fin de sancionar a los agresores y comenzar a solucionar una problemática que se registra diariamente.
“Todos los días recibimos uno o dos casos de maltrato animal extremo por día, tanto sea de perros, gatos o caballos, así como otros más moderados. Tratamos de visitarlos a todos, pero no damos abasto porque en la oenegé somos pocos”, dijo a EL TELEGRAFO Laura de León.
Durante los días de lluvia, “nos pasan fotos de animales a la intemperie y atados. O en pleno verano, bajo el sol y el calor, sin un lugar para refugiarse. No sabemos qué momento del año es peor para ellos, si el verano o el invierno, aunque a veces pensamos que la bichera y la insolación son la mayor causa de muerte de estos animales maltratados porque se descompensan muy fácilmente”.
De León reconoció que este caso en particular tuvo una mayor visibilidad “porque se viralizó en las redes sociales. Es un perro callejero que deambulaba por el barrio Paycap, apareció detrás de una hembra y no se fue más de allí. En esa zona, el perro le molestaba a una persona que armó una suerte de machete y lo lastimó tanto que hubo que amputarle el miembro anterior izquierdo. Porque el corte lo hizo con algo tan filoso que cortó el cuero, tendones y partió el hueso”.
El perro “saldrá adelante, pero es más difícil ahora conseguir un adoptante, porque si no se consiguen adopciones de perros sanos, mucho menos lo van a adoptar con una discapacidad. Y este perro no puede volver a la calle y menos acercarse a ese lugar, porque corre serio riesgo”.
Explicó que “hicimos la denuncia ante el INBA, pero el instituto solo puede establecer una sanción económica o de trabajo comunitario porque el maltrato animal no está dentro del Código Penal. Y venimos exigiendo desde hace años que un maltratador de animales tiene que ir a la cárcel, tal como pasa en los países del primer mundo”.
La directiva señaló que en los casos habituales de maltrato “siempre esperamos la orden de requisa por parte del INBA. Pero si no se penaliza, la gente vuelve a tener animales. Por eso es necesaria una orden de prohibición y que nunca más vuelvan a tener animales de compañía”.

La ley

La doctora Verónica Ortiz, con una diplomatura en Derecho Animal por la UMSA de Buenos Aires, es la única abogada con un posgrado en la materia en Uruguay. Ha participado en varios seminarios sobre Derecho Animal y vincula su especialidad con la “ética humana” y la “convivencia responsable”.
“En el país existe la Ley 18.471, de tenencia responsable y protección a los animales, que no habla solo de la tenencia sino de la convivencia responsable porque incluye a quienes son tenedores y a quienes no lo son. Es una ley amplia, porque dispone de obligaciones para unos y otros”, dijo a EL TELEGRAFO.
La Ley de Urgente Consideración (LUC) “hizo una modificación al artículo 16 de la 18.471, sobre las competencias del INBA. Pero tenemos dos grandes problemas. El primero es que no haya un delito de maltrato animal, porque lo máximo que hay son multas, faltas o confiscaciones. Entonces, los actos más horrendos quedan sin sanciones. El segundo, es que el INBA está desbordado y las oenegés cumplen un rol importantísimo en cada uno de los departamentos, pero también están desbordadas”, recalcó.
En líneas generales, se necesitan más recursos en el INBA. “Porque la ley le dio competencias al instituto para tomar las denuncias de maltrato en todo el país y su derivación a Fiscalía, a la Policía o ambos. Pero estamos ante un ‘cuello de botella’, porque la Policía también puede intervenir pero le da vista al INBA. Es como el huevo y la gallina porque con pocos recursos no puede cubrir todo y hay casos muy graves. Este ocurrido en Paysandú es solo un ejemplo de lo que pasa todos los días”.
Ortiz señaló que el maltrato denunciado “se viralizó y expuso que esta persona tiene otras intervenciones similares, como el envenenamiento de animales. Por lo tanto, es un peligro convivir con alguien así. Y si utilizó veneno en un espacio público, allí corre otra denuncia porque es un delito contra la salud humana”.

Proyectos

La abogada reconoció que en Uruguay “hay varios proyectos de ley con respecto a establecer como un delito al maltrato animal grave. Hay muchas oenegés trabajando en ese sentido y estoy esperanzada en que algún legislador tome la iniciativa. Porque la violencia hacia los animales no humanos es un indicador de violencia hacia los humanos”.
Coincidió en que “Plataforma Animalista tiene esta propuesta e incluso algunas comisiones han tratado esta temática en el Parlamento. Espero que tomen en serio este proyecto o, si quieren, pueden generar otro porque la voluntad social lo reclama y los legisladores ocupan ese lugar por voluntad ciudadana. Tienen el deber de responder al llamado de la sociedad”.
Sin embargo, aclaró que “la penalización no es todo y tampoco soluciona el problema de fondo. Se soluciona con educación e intervenciones barriales. Es el trabajo con las oenegés que tanto hacen por la recuperación y enseñanza”.

Denuncias

El caso puntual se conoció a raíz de la denuncia de una vecina de la zona, “pero no todo el mundo se anima a denunciar porque hay que tener pruebas. Esto es, haber presenciado el hecho, tener fotos, videos o testigos. Y la mayoría de las veces quienes presencian el hecho son los vecinos contiguos del agresor. Por lo tanto, ahí empieza otro problema con la convivencia porque una persona no es solo violenta con un perro. Es violenta y punto”, resaltó.
“El vecino que quiere denunciar tiene que seguir viviendo en el mismo lugar y a veces pide ayuda a las oenegés, que recomiendan hacer las denuncias en el INBA. Por eso, muchas veces no es que no denuncian por desinterés, sino por miedo”.
Las denuncias se hacen a través de la página web del INBA y es de acceso inmediato, “pero requiere de pruebas y testigos, que generará problemas de convivencia entre vecinos”.
Ortiz ejemplificó que “en otros países, como Argentina, existen fiscalías y defensorías específicas. Así que nos queda mucho camino por recorrer, pero en América ya existen sistemas mucho más avanzados que el nuestro. Porque aún nos queda por reconocer que el animal no humano es un sujeto de derecho y el sistema político debe reconocerlo”.