A partir del retorno a la democracia, en 1985, tras el interregno de 12 años de dictadura en que se conculcaron las libertades y se impuso a los uruguayos un gobierno cívico- militar, en el retorno al libre juego de las instituciones que conlleva la vigencia de un régimen constitucional, los uruguayos hemos ido ocupando espacios que se nos habían vedado por la censura a los medios de prensa, a las personas y a todo colectivo representativo si su pensamiento no coincidía con el autoritarismo oficial.
Como ocurre en tantos órdenes de la vida, al principio el reencontrarnos con la libertad fue procesado con cierto cuidado en cuanto a la forma y modos de expresión, por cuanto todavía había resabios del régimen de facto. Pero gradualmente, la diversidad de opiniones que habían quedado disimuladas en el marco de la lucha de los diversos partidos políticos unidos en procura de recuperar la democracia pudo más que este consenso provocado por el enemigo común y se ingresó en la normalidad de la competencia entre los partidos políticos, los bloques ideológicos, por convencer y captar adherentes a su corriente de opinión; como ocurre en toda democracia real, y no dictaduras disfrazadas de “democracias” de asambleas de manos levantadas, de partido único.
Pero en Uruguay nuestra democracia representativa implica la libertad de expresión en el ámbito del marco legal, es decir de ejercerla con responsabilidad sabiendo que nuestros derechos terminan donde empiezan los de los demás, a la vez de tratar de preservar el inconmensurable valor de la tolerancia en el disenso, sin avasallar a las minorías, sin priorizar el insulto por sobre la razón, el gritar por encima de los que argumentan en contra.
Lamentablemente, con el tiempo algunas personas y colectivos, algún sector político radical e intolerante de floja base cultural en cuanto a valores, han ido perdiendo las referencias y en los hechos, consideran que sus derechos a la libertad de expresión valen más que los de los demás, al punto de sentirse en el derecho de “expresarse” con carteles y pintadas en propiedad ajena, tanto privada como del Estado, que es lo mismo que decir de todos los uruguayos.
Un episodio reciente –entre muchos cientos y miles de los últimos años– ha quedado reflejado en una serie de tuits entre el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración de la Enseñanza Pública Edudación (Codicen), Robert Silva, y el senador del Frente Amplio Sebastián Sabini, por pintadas de supuestos estudiantes de Magisterio en una fachada pública.
En Twitter, el senador frenteamplista Sebastián Sabini denunció que estudiantes de Magisterio estaban realizando una pintada cuando la Policía “les pidió los datos” y les dijeron que “tenían que ir a declarar bajo amenaza de desacato”. El legislador indicó que se dirigieron hacia la Jefatura y firmaron, según consigna Montevideo Portal. “El gobierno criminaliza la protesta social y recorta la libertad de expresión”, criticó el legislador, a quien respondió Robert Silva señalando que “no se trata de criminalizar la protesta”, sino de “respetar los locales públicos educativos” que, con “la plata del pueblo”, se “están recuperando”. En respuesta a Sabini a través de la red social, el jerarca sostuvo que “todas las opiniones son válidas” y pidió al senador que “colabore” entendiendo eso, además de respetar “el derecho de otros, básico para la convivencia social”.
Sabini, sin embargo, redobló la apuesta, pese a la contundencia de los argumentos del jerarca, y subrayó que “no comparto en nada, vivimos en una sociedad democrática con libertad de expresión, la persecución que han instalado en la educación no tiene precedentes cercanos, ejemplos tristes como este sobran. Háganse cargo de sus acciones”. Silva le reafirmó que no se trata de persecuciones y dijo que la libertad de expresión “nada tiene que ver con enchastre a fachadas educativas”.
El senador argumentó que “mandar a la policía” a detener estudiantes –a la izquierda le encanta sacar a relucir este caballito de batalla que tanto le ha rendido históricamente– “no se puede llamar de otra forma que persecución”, lo que, a su entender, “es lo menos educativo” que se le ocurre para abordar una situación en un centro educativo. “Es elemental y respetar la posición de los otros estudiantes no significa callar la propia”, expresó el frenteamplista.
“¿Tienes idea cuánto le cuesta al pueblo recuperar las fachadas de los edificios educativos, así como su mantenimiento general?”, cuestionó el presidente del Codicen, quien señaló que existen “muchas formas de expresarse”, las cuales “en la educación las respetamos”, añadió. No obstante, dijo que no está bien hacer lo que hacen y todos debemos colaborar”.
El senador, reafirmando su postura sin embargo le cuestionó a Silva: “¿La mejor solución que se les ocurre es enviar a la policía y que se les tome declaración bajo amenaza de desacato?” Silva contestó que la mejor solución es trabajar juntos “para que estas cosas que vos también sabés que están mal y nada tienen que ver con la libertad de expresión, no sucedan”.
“Es la gente con su plata la que está recuperando fachadas educativas”, agregó el jerarca de ANEP, pero Sabini, evidentemente nublado por su ideología, dijo que la mejor solución es “hacerse cargo de las cuestiones educativas y no encomendar a la policía la solución de un conflicto” que deben resolver las autoridades de la educación “y que lejos de resolverlo lo empeoran”.
No hace falta tener más de dos dedos de frente para discernir que por más vueltas que se le dé con argumentos rebuscados por el legislador de la coalición de izquierdas, el titular del Codicen tiene toda la razón en el entredicho, que ilustra además sobre una de las tantas formas de retorcer argumentos para defender lo indefendible de quienes así proceden, al considerar que cuando se apoya determinadas posturas “populares”, vale todo, como agredir a quien piensa distinto, escracharlo por las redes sociales, si es necesario, y cuando se dan las circunstancias, como ahora, enchastrar y vandalizar los bienes de todos por quienes se sienten dueños de la razón e inimputables por estar vigente un estado de derecho como el que felizmente tenemos.
Estos “estudiantes” vandalizando son además representativos de la pérdida de valores tanto en la educación como en muchos ámbitos de la sociedad, porque en este caso consideran que su uso de la “libertad de expresión” justifica que los uruguayos tengamos que poner plata de nuestro bolsillo para recuperar fachadas, paredes e interiores de centros de educación, así como elementos del ornato público porque simplemente se les antoja, cuando nadie ignora, –suponemos que muchos menos ellos– que en democracia hay una gran diversidad de vías legítimas para ejercer su derecho a hacer conocer su postura, sus cuestionamientos y sus simpatías, sin agredir. Más grave aún, ponen a la Policía como si fuera el instrumento para el “atropello”, soslayando exprofeso el ABC del ordenamiento de una democracia representativa, régimen en el que rige el libre juego de las instituciones, que confiere a la Policía la facultad y el deber de controlar y/o reprimir a quienes se exceden en el ejercicio de la libertad, a quienes violan las leyes. Porque no por ser un reclamo de izquierda el delito deja de serlo, ni pasa a ser “legítimo”.