La falta de acción ante los animales sueltos en la ciudad, no solamente caballos, sino también vacas y hasta cerdos, es explicada por la Intendencia de Paysandú en la medida que sostiene que no tiene “seguridad jurídica” de cómo proceder, pues la responsabilidad corresponde al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), según la vigente Ley de Presupuesto Nacional. Falta aprobar un decreto que derivará seguramente en un convenio con la Intendencia para que se encargue de la captura y encierro de animales sueltos, que es aquello en lo que puede –y quiere– colaborar.
Fermín Farinha, secretario general de la Intendencia, subrayó que “sé que el borrador de decreto ha sido considerado varias veces, se ha modificado, pero aún no se aprobó y eso nos impide avanzar en un convenio y en comenzar a actuar en lo que puede la Intendencia. Porque claramente la responsabilidad del control de animales sueltos recae ahora sobre el MGAP. La Intendencia está dispuesta a colaborar en todo lo que tenga que ver con captura y traslado de animales, pero legalmente luego quedará en manos ministeriales”.
LO QUE ESTABLECE LA LEY
La Ley de Presupuesto Nacional 19.924 del 30 de diciembre de 2020, en su artículo 277 establece la base para un decreto que debe ser reglamentado. Actualmente –sostuvo Fermín Farinha– es la parte en la que se está trabajando.
El artículo 277 autoriza al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos “a intervenir, decomisar definitivamente y proceder a la venta o donación a instituciones de bien público, de los animales de las especies bovina, ovina, porcina o equina, de dueño conocido o desconocido, que se encuentren en la vía pública, dentro de vertederos o basurales municipales, siempre que no fuesen retirados por su titular en un plazo máximo de setenta y dos horas luego de su notificación”.
Determina que “en caso de que los animales se encuentren aquejados de una enfermedad contagiosa o resulte imposible su venta o donación, podrá proceder al sacrificio sanitario mediante faena o en el campo, en presencia del Servicio Oficial, de acuerdo a las normas sanitarias, de bienestar animal y medioambientales vigentes”.
Establece que “a tales efectos, podrá requerir la colaboración del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional y los gobiernos departamentales. Será de cargo del dueño del animal retenido en infracción, los gastos en que la Administración haya incurrido por concepto de traslado, depósito, pastoreo y sacrificio sanitario de los animales”.
El artículo determina que se podrá aplicar “sin perjuicio de las competencias atribuidas a los Ministerios del Interior, de Transporte y Obras Públicas y a los gobiernos departamentales”.
DIVERSOS TEMAS SIN SOLUCIONAR
Para Farinha, el demorado decreto no se ha firmado aún porque “creo que todavía no se ha solucionado algún aspecto económico, no solo de financiamiento sino del proceso de decomiso, pastoreo, atención sanitaria, enajenación de los animales, sea por remate, venta directa o el método que se seleccione. Eso determina que el dinero que se obtenga sea destinado a financiar todo el proceso”.
Asimismo agregó que otra “de las causas por las cuales se ha atrasado la aprobación del decreto es que se realizó una consulta al Instituto Nacional de Bienestar Animal, al que obviamente también le preocupa la situación porque no pueden estar en la vía pública ante el peligro para la gente o para los propios animales, daños importantes. Es un tema complejo”.
IMPEDIMENTO ES NO CONTAR “CON APOYO LEGAL”
Informó que la Intendencia accedió “a un borrador y ahí se encomendaba la intervención de los animales a la Jefatura de Policía. La Intendencia está dispuesta a ayudar. Incluso tenemos pensada una logística a poner en práctica. Pero el no contar con un apoyo legal es un impedimento que –ante la magnitud del problema– nos impide actuar. Hay un gran cuello de botella y es real. La responsabilidad es del Ministerio, pero la Intendencia, en su afán de colaborar, está dispuesta a la captura de los animales sueltos. Pero si lo hace hoy, sin reglamentación, qué hacemos con el animal, a dónde lo llevamos, qué profesional lo inspecciona, por cuánto tiempo. Porque al no haber decreto, no podemos hacer más nada que una guardería de animales sueltos, por así decirlo. ¿Aparecerán los dueños de animales que no tienen marca ni nada que los identifique? ¿Qué pasa si hay robo de animales? ¿Quién toma la responsabilidad? Hay un claro problema de animales sueltos. Pero parece que nadie considera la desidia de sus propietarios, la falta de tenencia responsable. Lo que la Intendencia hace, por el contrario, es ser responsable, ejercer esa responsabilidad que le corresponde”.
Hizo hincapié en el hecho que “para la Intendencia es un tema prioritario, pero queremos solucionarlo de manera definitiva. Hasta donde le corresponda de acuerdo al convenio que firmemos. Porque una vez que el animal sea capturado, pasa por ley bajo responsabilidad del MGAP y el propietario deberá hacer los trámites que correspondan ante ese Ministerio, que pondrá un plazo para que se acredite titularidad o su enajenación, con lo que podrá pasar a remate o –según la situación sanitaria– proceder al sacrificio sanitario. El Ministerio podrá disponer de los animales. La Intendencia no, ni ahora ni después”.
“De hecho las intendencias no tenemos las condiciones ni el personal para, por ejemplo, rematar. Es un proceso largo, se debe involucrar a los rematadores y demás. Y en tanto hacerse cargo del pastoreo y el control sanitario”.
“Estamos esperando el final del proceso para comenzar con la parte que nos corresponda, de acuerdo al convenio que seguramente se firmará. Tenemos los vehículos, el personal, no tenemos soporte legal; es un tema de seguridad jurídica”.
“El decreto a reglamentar encomienda al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Aun no está pronto, ha ido y venido por decirlo así, por temas técnicos, sanitarios y de otro tipo. Se ha demorado demasiado y obviamente que eso complica a la ciudad y a la Intendencia. Pero sí estamos planificando cómo proceder una vez tengamos el apoyo legal imprescindible. Porque es un tema que hay que resolver”.