El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentó su informe “Indicadores de empleo verde y azul en Uruguay”, referido al año 2021. El trabajo se presenta con el objetivo general de fortalecer las capacidades de su equipo técnico en la generación y análisis de estadísticas e indicadores que aporten a la medición de los empleos verdes en el país, a partir de la actualización y el desarrollo de nuevas estadísticas e indicadores.
Plantea el informe que la relación entre cambio climático y empleo tiene una doble dirección, en el sentido de que, por un lado, los efectos del cambio climático destruyen empleo “al atacar el funcionamiento normal de la economía y dañar infraestructuras productivas donde se trabaja, por ejemplo, en la agricultura con inundaciones o sequías, o en el turismo con el calentamiento global”. Este impacto negativo, argumenta, afecta especialmente a la población más vulnerable y aquella con menores niveles de calificación. Pero al mismo tiempo, en el otro sentido, “las medidas de descarbonización y de adaptación también pueden ser grandes generadoras de nuevos empleos” y pone por caso los emprendimientos de gestión sostenible de residuos o de la prestación de servicios ambientales para empresas y gobiernos. Una buena muestra de ello fue la reciente Expo Uruguay Sostenible, que llevó adelante el Ministerio de Ambiente, donde se pudo apreciar cómo van surgiendo emprendimientos innovadores que buscan solucionar o aportar hacia una economía más amigable.
El informe estimó, bajo un enfoque sectorial, la existencia de 89.000 empleos verdes en Uruguay, que se distribuyen en los sectores de gestión y tratamiento de residuos, energías renovables, sector público, sector agropecuario, movilidad eléctrica y servicios ambientales a empresas y entidades. A esa cuenta deben agregarse otros 2.602 empleos vinculados al sector de la economía azul.
De acuerdo a la clasificación de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se define como “empleos verdes” a aquellos “que contribuyen a proteger el medio ambiente y reducir los efectos nocivos de la actividad humana sobre él (mitigación), o a afrontar mejor las condiciones actuales del cambio climático (adaptación)”. A su vez, la Oficina de Estadísticas de Empleo del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, los define como empleos que producen y/o brindan bienes y/o servicios que benefician el ambiente o conservan los recursos naturales, o aquellos que hacen que los procesos productivos sean más respetuosos con el ambiente o utilicen menos recursos naturales. También hay una clasificación de la OIT, que en su definición de empleo verde agrega la dimensión de la “decencia del empleo”, de forma que no son empleos verdes aquellos que no cumplen condiciones como las de seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, equidad de género y no discriminación, entre otras. Es decir que los empleos en el denominado “sector ambiental” pueden ser verdes o no, en función de que cumplan con las condiciones de “decencia en el trabajo”, y este es un punto a tener muy en cuenta.
Por su parte el concepto de “empleo azul” refiere a las actividades relacionadas con la explotación y preservación del medio ambiente marino y abarca una amplia gama de actividades, desde la pesca, la explotación de los recursos mineros del fondo marino, el turismo costero, la energía y la biotecnología azul, el transporte marítimo, la acuicultura y la desalinización.
Entrando un poco más en detalle en esos 89.000 empleos verdes de los que habla el informe, la distribución indica que se estimaron en los 4.357 en el sector de gestión y tratamiento de residuos, 4.231 en el de energías renovables, 6.919 en el sector estatal, 294 en la movilidad eléctrica, 1.229 en servicios ambientales a empresas y entidades. Pero la gran mayoría se ubica en el sector agropecuario, con 69.631. Viéndolo de esta forma cambia un poco la percepción de la incidencia de la “economía verde” en el mapa del empleo nacional. Quitando uno solo de los sectores la cifra pasa de cerca de 90.000 a poco más de 20.000.
Y no es antojadizo este ejercicio de quitar de la cuenta los empleos referidos al sector agropecuario. Es que el mismo informe advierte que “Es imprescindible la definición formal de un marco que acote las actividades verdes para el sector agropecuario (aspecto en el cual se percibe disenso entre los actores que lo integran), para habilitar la estimación de sus empleos verdes, pues, si bien se esboza una cuantificación, la misma es realizada únicamente a efectos de resaltar algunas características verdes del empleo en algunos subsectores específicos”. Esta definición, agrega la fundamentación, “impactará en la estimación de los empleos verdes del sector, así como a nivel país, por la relevancia relativa del sector en el empleo”.
Parece adecuado que se mida la incidencia de este nuevo sector que se está desarrollando y que busca mejorar las perspectivas del país y que incluso ayuda a visualizar de mejor forma al país y, como ha insistido tanto el Ministro de Ambiente, puede ser un factor que apoye la inserción internacional de la producción, pero correspondería revisar la forma en la que se transmiten estos conceptos.
El riesgo puede ser que se perciba que se está queriendo hacer pasar gato por liebre, como cuando ahora la Unión Europea pretende que se considere “energía verde” al gas natural o a la generada a partir de usinas nucleares, por entender que se alguna manera contribuyen a combatir o mitigar el cambio climático, pero en realidad buscando atraer inversiones en el marco de una crisis energética que la afecta.
El tema es que no debería tratarse esto solo como una cuestión de grifas, como un asunto meramente administrativo, porque el riesgo que se corre es el de que pierda todo sentido de ser esta clasificación.
