El gasto público excesivo –muchas veces desenfrenado e irracional– en épocas de bonanza, es un sello tan característico como lamentable de gobiernos de los denominados países emergentes –incluimos a Uruguay– porque revela un modo de ver y hacer las cosas que puede resumirse en forma simple como solo vivir el momento, aunque va mucho más allá y es efecto-causa de muchas de las desventuras que padecen sus pueblos.
En la jerga de los economistas, estas posturas son denominadas políticas procíclicas, acompañando el ciclo positivo de la economía, inflando el gasto ante mayor disponibilidad de recursos, aunque sean temporales, pero lo que es peor, encontrándose muchas veces con que se han incorporado al Estado gastos fijos que luego deben afrontarse con un menor ingreso producto de períodos de baja, con un enorme costo social como consecuencia de una menor circulación de dinero en la economía.
Lo vivimos no hace muchos años en Uruguay, cuando desde 2004 a 2014, en gobiernos de izquierda, se gastaron los recursos extra ingresados en la década de bonanza por las condiciones favorables del exterior y se dejaron costos fijos que no pudieron solventarse con recursos ya menguados, generándose así endeudamiento y déficit fiscal que subsisten hasta nuestros días.
Y no se trata de números abstractos sino de realidades que se ven y se sufren en el día a día por el ciudadano y se acentúan en países con poca o nula espalda –como el nuestro–, en general los países de América Latina y el Caribe. Este vivir el momento no es otra cosa que comprometer la calidad de vida, la sustentabilidad de las políticas para el futuro inmediato y en muchos casos para las siguientes generaciones, desde que pese al gasto expandido, no se encaran reformas estructurales imprescindibles para apuntalar el crecimiento con desarrollo.
Esta problemática fue eje central del foro virtual sobre “Regla e institucionalidad fiscal en el Uruguay”, organizado por la Sociedad de Economistas del Uruguay (SEU), con participación de destacados profesionales del área, quienes plantearon entre otros aspectos que la política fiscal procíclica es característica no solo del Uruguay sino de los países del Tercer Mundo o emergentes en general, lo que naturalmente los condiciona con dureza.
Por procíclico básicamente se refieren a la correlación positiva entre los componentes del gasto público y el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), lo que no permite generar mecanismos necesarios para enfrentar crisis futuras, como fue sin dudas la emergencia sanitaria por el COVID-19, por citar un ejemplo cercano.
El economista Rodrigo Areal, exasesor del Ministerio de Economía y Finanzas, destacó que de un tiempo a esta parte muchos países han trabajado para modificar este sesgo procíclico del gasto público, pero no ha sido el caso de Uruguay. “En realidad, desde el año 2000, Uruguay amplificó ese sesgo procíclico de sus finanzas públicas, deteriorando un poco más la situación”, según expresiones recogidas por El País.
Es por ello que desde hace un par de años se ha planteado una “nueva institucionalidad fiscal” como herramienta para revertir este panorama y hoy se evalúa su efectividad. Dijo al respecto que “Uruguay comenzó tarde a abordar el tema y eso implicó esfuerzos adicionales en 2020, año particular desde el punto de vista fiscal porque fue cuando se disparó la emergencia sanitaria y muchos recursos fiscales se tuvieron que volcar en atender las necesidades de la pandemia”.
El objetivo de la nueva institucionalidad fiscal ha sido el de lograr una política fiscal acíclica, y seguir una senda de finanzas públicas sostenible, tratando de evitar discrecionalidad a la hora de adoptar decisiones de política fiscal.
El seguir una regla contra políticas procíclicas no es un invento de los economistas ni mucho menos, sino que se asimila a la forma en que se debe manejar por regla general la economía de un hogar, que implica no incurrir en gastos excesivos en los buenos tiempos, para ahorrar y tratar de contar con un respaldo económico-financiero para hacer frente a los períodos problemáticos, porque la otra alternativa es salir desesperadamente a endeudarse o liquidar bienes que han costado mucho esfuerzo lograr.
El punto es que por razones ideológicas, pero sobre todo ante disyuntivas político-electorales, con el agregado de que evidentemente los recursos del Estado no se gestionan con el cuidado que se haría si fueran propios, desde el poder se incurre –sobre todo en períodos preelectorales– en aflojar las riendas del gasto público para atender reclamos muchas veces de justicia, pero que resultan en una encerrona al gastar lo que no se tiene y comprometer así la situación del país en general y también la de los que se dice beneficiar.
Ergo, una política fiscal disciplinada es un objetivo que trasciende el mero aspecto de las cuentas públicas, porque es un instrumento para que precisamente las acciones que se desarrollen en el marco de políticas económicas y sociales, planes de inversión, provisión de empleo, seguridad social, resulten sostenibles y no sean pan para hoy y hambre para mañana, sobre todo cuando se acercan las elecciones y se procura evitar pagar costos políticos.
En suma, para que estas políticas fiscales resulten realmente útiles para sobrellevar sobresaltos, es fundamental asegurar su continuidad por encima del signo del gobierno de turno, lo que implica seguirlas como política de Estado, aunque naturalmente sin una rigidez que implique inamovilidad para atender situaciones imprevistas o problemáticas prioritarias que surjan por fuera de toda previsión.
Este es precisamente el punto: actuar con política de estadista, pese a los desafíos electorales cercanos, que ha sido precisamente el factor distorsionante por excelencia para que durante todos estos años el gasto excesivo e ineficiente del Estado condicione la calidad de vida y el presente y el futuro de los uruguayos.
