En países del Tercer Mundo, como Uruguay, se ha instalado históricamente un círculo vicioso que contribuye a realimentar causas y efectos de los problemas estructurales y coyunturales que los hacen permanecer en estado de permanente zozobra, por encima de algunos períodos de calma, y refiere al hecho irrefutable de que las urgencias hacen postergar lo importante en aras de ir zafando de las crisis cualquier precio, aunque a costa de hipotecar el futuro.
Ello explica que los cortoplacismos imperen por encima de las políticas de mediano y largo plazo, porque incluso por intereses mezquinos en el sistema político, resulta harto difícil acordar políticas de Estado, desde que por regla general cada partido, cada administración de gobierno, viene con su propia receta incluso en temas estratégicos vitales, y a la vez las diferencias ideológicas priman por sobre el interés general, apostando cada partido o sector a conservar su chacrita de poder.
En este contexto, es indudable que la apuesta a las energías renovables, además del sector forestal, constituyen unas de las pocas líneas estratégicas en que los partidos han sobrellevado diferencias en los hechos, pese a los enunciados, y es así que a partir de la Ley de Desarrollo Forestal de 1987 tanto el Frente Amplio como los partidos tradicionales han mantenido el apoyo a la implantación y explotación de la riqueza forestal, lo que ha permitido a lo largo de las décadas una expansión notable de este sector, que si bien todavía tiene falencias notorias en materia del desarrollo de la industrialización de la materia prima, también implica el reciclaje de riqueza y derrame de recursos en la economía.
De la misma forma, también con sus flancos débiles e incongruencias, el desarrollo de las energías renovables responde a una política de Estado que se mantiene por encima de los gobiernos, aunque cada administración lo ha gestionado con su impronta y se ha logrado diversificar la matriz energética en diversas áreas, aunque en el caso del transporte, si bien se ha iniciado una alentadora electrificación del transporte vehicular, la dotación de infraestructura y costos de esta transformación lo enlentece particularmente, en comparación con las economías desarrolladas que tienen una mirada ya del mediano plazo en el tema.
Además, un elemento clave a tener en cuenta, es que Uruguay importa el cien por ciento del petróleo que consume, cuyo costo en el mercado internacional se ha duplicado en menos de un año, y este es un argumento de contundencia para transitar los caminos de la reconversión energética lo más aceleradamente posible, pero con una mirada de mediano y largo plazo ante la entidad del desafío y sus dificultades intrínsecas, más las agregadas por ser una economía pequeña y altamente vulnerable a los avatares externos e internos.
A partir sobre todo del presente gobierno, las acciones que se han adoptado en el plano energético, más allá de continuar con determinada impronta la política de Estado, el Poder Ejecutivo, con el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas (MIEM) ha lanzado lo que denomina la hoja de ruta del hidrógeno verde, un sector con potencial productivo de 2.000 millones de dólares para 2040, y que tiene fundamentalmente una proyección hacia el exterior, al hacer hincapié en las perspectivas de exportación.
Recientemente, el MIEM y otros organismos que participan en el proceso presentaron el documento que recoge la estrategia a largo plazo de nuestro país para la producción y exportación del hidrógeno verde y sus derivados. Indican que Uruguay cuenta con ventajas comparativas y se proyecta que, a 2040, podrá facturar alrededor de 2.000 millones de dólares en toda esta nueva industria, que, a su vez, tiene potencial para generar más de 30.000 empleos de calidad. “Esperamos que esto sea el comienzo de un largo trabajo que cambie el perfil productivo del país”, dijo el ministro Omar Paganini.
La implementación y el desarrollo del hidrógeno verde y sus derivados, que constituye uno de los pilares, junto a la movilidad eléctrica y la eficiencia energética, de la denominada segunda transición que promueve el Gobierno, se lleva adelante con la colaboración de los ministerios de Ambiente, Economía y Finanzas, y Transporte y Obras Públicas. Además, se cuenta con el apoyo técnico de las empresas estatales UTE y Ancap y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Asimismo, se presentó la primera versión de la hoja de ruta, que se abre para la consideración de la sociedad a partir de la presentación, proceso de consulta que se extenderá hasta el 15 de agosto.
La idea es articular en la construcción de una estrategia a largo plazo desde el punto de vista climático y ambiental, teniendo en cuenta además que el hidrógeno verde es “un paso natural” hacia la descarbonización de sectores como el transporte de larga distancia y sectores de la industria dependientes de los combustibles fósiles.
Entre las ventajas de la apuesta a incorporar este energético figuran la complementación entre las energías eólica y solar, la disponibilidad de agua y de industrias que procesan biomasa, la infraestructura de red de transmisión de energía eléctrica, y las fortalezas para recibir inversiones internacionales de largo plazo, lo que implica estabilidad institucional, seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica para afianzar una democracia sólida y un marco regulatorio que apoye el desarrollo de inversiones.
El Gobierno precisamente considera que el hidrógeno verde es el pilar de un nuevo sector exportador con potencial de crecimiento importante en el marco de una apuesta a largo plazo, que le puede dar a Uruguay una línea nueva de desarrollo industrial, agregado a una mayor independencia energética y consecuente ahorro de divisas.
Al establecer una hoja de ruta para este proceso, es vital que este instrumento se integre en el marco de una política de Estado que genere la necesaria confianza en los potenciales inversores, porque solo la inversión es la llave y la esperanza del éxito o el fracaso de la iniciativa.
Para ello, todo el sistema político, por encima de diferencias y tentaciones de marcar perfiles o críticas, debería integrarse a respaldar este proceso, haciéndolo explícitamente como estrategia nacional y política de Estado, por cuanto ello hará la diferencia para los capitales de riesgo, que necesitan seguridad de que se mantendrán las reglas de juego, cualquiera sea el signo de los gobiernos que se roten en el poder.
