El Pets World Magazine ubica a Latinoamérica como una de las regiones más comprometidas en la legislación a favor de los animales. Las distintas organizaciones y las propias comunidades se han movilizado a lo largo de los años en contra del maltrato en sus diversas formas, hasta lograr una amplia visibilidad del problema.
Sin embargo, a pesar que la región avanza en doctrina y jurisprudencia al respecto, Uruguay ha relegado el tema y –también– su compromiso.
Este punto en cuestión arrastra a la población que aún desconoce la existencia de organismos encargados de la materia, así como de la falta de recursos humanos y económicos en la nueva institucionalidad creada por ley para llevar adelante una labor plena.
Ante sucesivos casos de maltrato, ha sido reiterado el comentario que carga de responsabilidad a las organizaciones de la sociedad civil, que en realidad están conformadas por integrantes voluntarios quienes reciben colaboraciones espontáneas para llevar adelante una tarea que, al menos en Paysandú, es conocida por todos. Pero vale la pena recordarlo.
A nivel local no hay refugios, sino hogares de personas que brindan una respuesta transitoria, ante casos de animales que han sido maltratados, chocados o encontrados en la vía pública en malas condiciones sanitarias. Con esos recursos recibidos por colaboradores, se encargan de las intervenciones quirúrgicas, castraciones, curaciones o aplicaciones de medicamentos, además del pago de los aranceles correspondientes a los veterinarios.
No obstante, es uno de los ámbitos que recibe los mayores reclamos de la sociedad. Y hacia allí se dirigen, cuando se registran situaciones de flagrante maltrato animal. Así como también, son reiteradas las llamadas a la prensa, al constatar los abusos o animales sueltos en la ciudad, principalmente equinos.
A pesar de las reiteradas entrevistas en nuestro medio a las autoridades de referencia, con el fin de informar dónde dirigir una denuncia sobre maltrato, o la necesidad de llamar 911 en el caso de constatarse equinos sueltos, los reclamos se enfocan a los mismos objetivos.
En el caso de los medios de comunicación, es oportuna la referencia para divulgar que el Instituto Nacional de Bienestar Animal, creado en la Ley de Urgente Consideración, trabaja en forma mancomunada con las intendencias y el Ministerio del Interior, a través de las jefaturas de Policía, con el propósito de registrar las denuncias que se ingresan a la página web del INBA. Desde la institución, se derivan los casos graves a Fiscalía y se decomisan los animales, tanto de compañía así como los denominados “de producción”.
En forma paralela, se han escuchado los reclamos de denunciantes que advierten sobre demoras en las respuestas y ha generado una frustración tal, que es evidente en sus comentarios en las redes sociales.
Actualmente, a raíz de un hecho de extrema tortura animal que finalizara con la muerte de dos perros en la zona de Camino al Cerro (San José), así como el suicidio de una de las personas involucradas a raíz del escrache social, las organizaciones vuelven a movilizarse para que estas situaciones se tipifiquen como delitos penales.
Estas peticiones no son nuevas en Uruguay. Al menos en los últimos seis años se ha alertado sobre la problemática y ha motivado a la presentación de sucesivos proyectos de ley en la materia que no han sido considerados o al menos valorados en su real dimensión en el plano legislativo. El asunto es que vuelve a estar sobre la mesa, cuando la población se encarga de la condena social y, tal como vimos, el resultado es nefasto en vidas humanas y animales.
Es que la sociedad no debe encargarse de la condena social para que las cosas se encaminen, sino que debe legislarse al respecto. Y es una realidad que sobre la mesa de los legisladores hay asuntos de inmensa importancia, sobre todo si tomamos en cuentas las dificultades del empleo, la economía pospandemia en un país tomador de precios como Uruguay, la necesidad de expandir su producción cuando el mundo atraviesa por una coyuntura difícil, como la invasión a uno de los principales exportadores de granos del mundo. O el blindaje sanitario que lleva adelante otro que seguramente comprará menos y es justamente el segundo destino de las exportaciones uruguayas. O las dificultades económicas y sociales enquistadas en el litoral del país, que mantienen a los legisladores de la zona con distintas agendas de reuniones y gestiones.
Son todas circunstancias reales y complicadas de resolver con ecuaciones simples. Pero este otro problema, vuelve a la realidad cada vez que ocurren hechos similares y los reclamos se viralizan por diversas vías.
De hecho, no hace mucho tiempo sucedió en Paysandú con los equinos sueltos en la vía pública, requisados y trasladados a Guichón que movilizó a una comunidad más pequeña. Esta labor, que comenzó a principios de agosto de este año –con la firma del documento el 26 de julio– se lleva adelante por un acuerdo interinstitucional. Pero la denuncia social, se planteó en el tiempo que transcurría y en la convivencia entre las especies capturadas bajo la mirada de la población que reclamaba una respuesta.
Ese inexorable paso del tiempo hizo que la petición se elevara de tono, porque el decreto establece un plazo de 72 horas para el reclamo del animal, de lo contrario, se disparan varias decisiones.
Es que, acorde al documento firmado por el presidente de la República Luis Lacalle Pou para su aplicación en todo el país, deben cumplirse con determinados tiempos establecidos en la normativa, para ponerle fin a un viejo problema.
Porque estos hechos de larga data no se remiten exclusivamente a los animales sueltos en las calles que provocan siniestros de tránsito –algunos fatales como ya ocurrió en Paysandú– sino a la tenencia irresponsable de quienes no deberían tener animales de compañía o de producción, sin antes conocer sus obligaciones o condiciones económicas.
Por eso, el problema primigenio es la falta de tenencia responsable y de bienestar animal que termina en las situaciones de maltrato y muerte que, en ocasiones, pone un gran signo de interrogación sobre la especie a la que le corresponde la palabra “civilización”. → Leer más
El Ejecutivo Municipal decretó el estado de emergencia hídrica en Concordia, con una duración de cuatro meses, lapso durante el que estará prohibido “derrochar” agua en toda la ciudad, publicó el diario concordiense El Sol.
Tras una decisión adoptada en las últimas horas por el Concejo Deliberante de Colón, se ha dado un paso fundamental, que permitirá llevar adelante la construcción de la planta de tratamiento para el sistema de disposición de efluentes cloacales en la vecina ciudad entrerriana, trasladando las actuales piletas de aguas residuales.
La pared abdominal se compone de una función compleja de capas superpuestas de músculos y tejido conectivo que contienen y protegen los órganos abdominales. Una hernia de la pared abdominal es una abertura o área de debilidad en la pared abdominal a través de la cual puede sobresalir el contenido abdominal. Es una patología benigna, frecuente. Se origina en puntos débiles de la pared donde comienza el proceso de formación de la hernia. Pueden ser congénitas o adquiridas. Según su lugar se origen se clasifican en: Inguinal (la más frecuente) crural, umbilical, epigástrica.
