
El presidente Lacalle Pou se equivoca
El pasado 3 de octubre nuestro diario titulaba su editorial con la siguiente frase: “Caso Astesiano: una vergüenza para Uruguay”. Luego de más de dos meses del destape de las actividades delictivas del excustodia presidencial, el panorama de esta crisis política empeora a cada paso y amenaza con dañar no sólo la imagen presidencial y del gobierno todo (en todo caso meros ocupantes precarios de cargos asignados por la ciudadanía en ejercicio de su derecho de votar) sino al país todo, que se vio envuelto en un escándalo que deteriora su bien ganado prestigio a través de gobiernos de distintos partidos que, con aciertos y errores, han consolidado la seriedad de políticas institucionales de largo plazo y el respeto que las mismas generan en ámbitos internacionales.
De la misma forma, Lacalle Pou debe entender que la ciudadanía le ha confiado uno de los honores más importantes a los cuales puede acceder alguien en una democracia: ser presidente de la República y por ende representar no sólo a quienes lo votaron, sino a todos los uruguayos lo hayan votado o no. Los actos y actitudes de un presidente van más allá de su esfera personal y trascienden a la importantísima función que está desempeñando. De eso se trata la investidura presidencial y por ello el presidente necesita actuar con más aplomo cuando se refiere a hechos tan graves como los relacionados con Astesiano. Sin dudas es importante que un presidente se haga cargo de sus actos y “se la banque” como se dice coloquialmente, pero no se trata de cuanto puede “bancar” el ciudadano Luis Lacalle Pou sino de cuanto puede o debe permitirse “bancar” el presidente de la República ya que en este último carácter nos representa a todos.
Lo cierto es que el caso Astesiano ha dejado al descubierto una red de corrupción y de tráfico de influencias verdaderamente preocupante. En el caso de la empresa norteamericana Vertical Skies LLC, por ejemplo, a las operaciones de equipamiento militar y drones, se suman cursos operativos para el cuerpo de custodia presidencial y un software de 275.000 dólares para la UTE. De acuerdo con los chats que han surgido del celular del propio Astesiano, un gerente de esa expresa extranjera, que actúa en el rubro de la seguridad le solicitó al excustodia presidencial “en marzo de este año las fichas de los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara”, ya que los querían “atar para que retiren la denuncia” del puerto por el contrato hasta 2081 con la empresa belga Katoen Natie que opera en el puerto de Montevideo. Las tareas de espionaje que tenían como objeto a los legisladores Carrera y Bergara constituyen un hecho gravísimo para la vida democrática e institucional nuestro país y en este tema, como en todos los relacionados con las actividades de Astesiano, las investigaciones que se lleven a cabo deben “ir hasta el hueso”, le duela a quien le duela y caiga quien caiga. Estamos en horas de que los culpables asuman sus responsabilidades y que se tomen medidas ejemplarizantes que desalienten nuevas “cuevas de corrupción” en todos ámbitos del ámbito público, pero también privado.
En este complicado y peligroso “collar de perlas” que se viene enhebrando alrededor de Astesiano, existe otro episodio de especial gravedad: el acceso a los chats entre el presidente Lacalle Pou y su excustodia. El propio Fiscal de Corte Juan Gómez dijo que Lacalle Pou le manifestó “alguna preocupación” porque se recuperen sus chats con Astesiano. A posteriori, la prensa montevideana informó que la Fiscal Fossati cambió su versión y aseguró que no se usaron chats entre Astesiano y Lacalle por “una mala comunicación de los intermediarios”. Lo cierto es que el presidente Lacalle Pou no puede (y seguramente no pretende) estar por encima de la ley, y por eso mismo (tal como lo hizo Richard Nixon durante el caso Watergate), sus chats con Astesiano debieron ser entregados en forma inmediata y sin tantos malentendidos que despiertan sospechas seguramente infundadas. Lo cierto es que en temas tan delicados (incluyendo el episodio de los 450 kilos de pescado obsequiados por el emir de Emiratos Árabes) la respuesta del presidente debe ser clara, rápida, contundente, transparente y ejemplarizante. No puede ni debe haber una sombra de duda sobre el proceder de Lacalle Pou y su entorno. Hasta ahora el presidente y su entorno más cercano se han equivocado sobre cómo tratar estos temas, y las respuestas que ha dado no han sido felices.
En el medio de este panorama, algunos actores frenteamplistas han tratado de obtener alguna ventaja de la situación –como es de estilo en esa fuerza política– ya han pedido la renuncia del presidente Lacalle, lo que constituye una grave e irresponsable forma de hacer política (muy menor y de bajísima calidad, claro está) pero que siempre es saludada por la “tribuna” que siempre está lista para aplaudir cualquier cosa que se oponga al accionar del gobierno sin siquiera ponerse a pensar en los motivos para ello o en sus consecuencias. En el caso concreto del intendente de Canelones Yamandú Orsi y ante las acusaciones del propio presidente Lacalle Pou de dar “manija”, el jerarca del Frente Amplio respondió que no cree que sea correcto que el mandatario deje su puesto. “A tanto no llego. No tengo elementos para plantear una cosa así”, agregó. Tal como lo expresó el secretario de Presidencia, Alvaro Delgado, el pedido de renuncia a Lacalle es “desproporcionado, irresponsable, desestabilizador y peligroso. Hay límites que no se pasan. Hay actores del Frente Amplio, de la oposición, y sobre todo, algunos particularmente, que no se han dado cuenta del daño institucional que pueden hacer y lo que pueden perjudicar”. Y todo esto cuando la Justicia recién está en pañales en lo que es la investigación del caso.
Lo cierto es que la conducta que asumieron los frenteamplistas que piden la renuncia del presidente no es nueva: en el año 2002, en plena crisis, Tabaré Vázquez pidió que Uruguay dejara de pagar sus obligaciones internacionales y entrara en cesión de pago o “default”, una conducta irresponsable que sí asumió argentina y por la cual, habiendo transcurrido más de veinte años, sigue pagando sus terribles consecuencias. En el 2001 o en el 2022, cuando el Frente Amplio está en la oposición su práctica política se resume en una terrible frase: “cuanto peor, mejor”. Algo parecido a lo que Dady Brieva, integrante del grupo argentino Midachi, expresó para sus propios compatriotas: “Quiero que la pasemos mal para que la gente no vuelva a votarlos”. Una postura “más vieja que el agujero del mate”: primero el partido y luego, allá lejos, el país, su gente y sus problemas.
En cierta ocasión, el entonces líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate (un hombre que conoció tanto el destierro como la prisión y cuya vida estuvo en serio peligro y que podría haber tenido el mismo destino que los infortunados legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez) expresó que antes que cualquier otra cosa Uruguay era una comunidad espiritual y que como tal debía reconocerse en tanto nación y por ende comunidad de personas que comparten, entre otras cosas, determinados valores y tradiciones. Una parte central de la experiencia de sentirnos partes de esa comunidad espiritual es sentirnos, expresarnos y reconocernos como un país serio, que más allá de su tamaño, su peso económico, su dimensión militar o su población, ha sido valorado como tal. El caso Astesiano, con sus innumerables ramificaciones y la forma en que el presidente Luis Lacalle Pou ha manejado este tema han vulnerado precisamente eso: la comunidad espiritual que sustenta nuestra identidad nacional, dañando la imagen que teníamos de nosotros mismos
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