Demandó por cierto un largo periplo en comisiones legislativas y en el tratamiento en cámara la recientemente sancionada Ley de Tenencia Compartida, una norma que apunta a modificar una normativa vigente que flechaba la cancha en una dirección, y por lo tanto corrigiendo la mirada unilateral basada en ideología de género como había sido concebida al haber sido aprobada en gobiernos en que el Frente Amplio tenía mayorías absolutas.
Ya el hecho de la perspectiva de género es un factor distorsionante en lo que refiere a la igualdad de derechos y obligaciones, pero peor aún, al introducir esta mirada de lo que se trataba era de una ley que a menudo ha sido manipulada con fines espurios en favor de personas de sexo femenino que se han amparado en su redacción para venganza hacia su pareja, expareja o por otras razones que nada tienen que ver con derechos y justicia, utilizando a los niños como rehenes para sus designios.
Durante el tratamiento en cámara, Javier Radiccioni, representante del Partido Nacional, sostuvo que “se abusó por parte del FA de una ley de violencia de género para permitir, mediante denuncias infundadas muchas veces, que se impidiera que los padres pudieran ver a sus hijos”, e indicó que desde el oficialismo no permitirán “que esto se siga dilatando”.
“Si hay alguien que acá está buscando el voto, es el que vota por un lobby ideologizado de un feminismo extremo mal entendido, que nosotros no respaldamos y nos ponemos la camiseta de los niños que hoy están perdiendo su identidad, que están perdiendo contacto con sus padres”, apuntó, mientras desde el Frente Amplio se hace hincapié en que se “violan los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”.
Las modificaciones introducidas implican que la responsabilidad en la crianza de los niños corresponde a ambos padres, y que la separación de ellos “no puede limitar ni afectar el ejercicio de los derechos y deberes propios de la guarda jurídica”.
Cuando los padres estén separados se determinará de “común acuerdo” cómo se ejercerá la tenencia, “manteniendo en todo momento la corresponsabilidad en la crianza”, según se detalla en el artículo 2. De no existir acuerdo entre los padres, la tenencia será resuelta por un juez de Familia.
En el artículo 3 se definen los alcances de esta decisión judicial. Se especifica que cualquiera de los padres, en caso de no haber acuerdo, podrá solicitar el régimen de tenencia que considere adecuado.
El juez deberá resolver ese régimen en función de la opinión del niño o el adolescente, la vinculación afectiva entre el menor, sus padres y otras personas del entorno, entre otros aspectos. La diputada sanducera Cecilia Bottino, tras la media sanción en Diputados de este proyecto, aseguró que se trata del “peor proyecto” de la legislación por los sujetos que afecta, indicando que pone a niños y adolescentes “en un riesgo muy importante en cuanto a su integridad física, síquica y emocional”, subrayando que “aún habiendo medidas cautelares, adoptadas cuando hay violencia doméstica, aún en este caso se puedan mantener las visitas y el contacto con el progenitor que está cometiendo este abuso”.
Sin embargo su colega nacionalista Nancy Núñez evaluó que “estamos ante un proyecto que focaliza el derecho del niño, el derecho a ser escuchado, siendo un acierto del legislador considerar el niño sujeto de derecho en el proceso, que puedan tener un defensa de calidad, que se escuche su voluntad”.
A su vez también el diputado colorado Juan Carlos Moreno, dijo a nuestro medio periodístico que “siempre estuve a favor” del citado proyecto, en el que se ha trabajado mucho para “modificarlo, mejorarlo, adaptarlo a una mejor realidad, en el cual lo importante era mantener el bien superior de los niños y adolescentes”, lo que entiende se ha logrado.
Además, subrayó que se agrega “por un lado, la penalización de denuncias falsas, un agregado que habíamos redactado con la diputada María Eugenia Roselló. Por otro lado un tratamiento especial cuando hay agravantes en casos de violencia con denuncia penal”, mientras por otro lado destacó que “la nueva ley acorta los plazos, se da mayor importancia a los niños y adolescentes, se salvaguarda la situación familiar. Obviamente los problemas seguirán existiendo y seguramente habrá que continuar legislando pero lo logrado es muy importante y beneficia directamente a niños y adolescentes, en definitiva a la familia”.
Evidentemente, existe un fuerte desencuentro de opiniones entre los representantes de la coalición de gobierno –lo que incluye también a Cabildo Abierto, que votó favorablemente el proyecto– y el Frente Amplio, defensor de la ley que se modifica, aprobada en su gestión, pero sobre todo se da desde el punto de vista de la mirada ideológica, con la izquierda apegada indisolublemente a la ideología de género, en que la se ha inspirado la norma ahora modificada.
Y evidentemente esta perspectiva determina que se fleche siempre la cancha a favor de la mujer, porque “la mujer no miente”, aún cuando lo esté haciendo descaradamente. Son incontables los casos en que ha quedado demostrada la maniobra de la madre usando de rehenes a los hijos para atacar al padre, pero que debido a la defensa a ultranza de las leyes y la Justicia hacia la mujer –que por distorsión ideológica se presupone “víctima”– en la mayoría de los casos logra sus objetivos, en perjuicio de los menores a su cargo.
En caso notorio fue el de María, la madre uruguaya que se atrincherara en el consulado en Barcelona con su hija de siete años, donde debería haber dejado a la menor para que la recogiera su padre tras una sentencia judicial que le daba la custodia.
La historia comenzó cuando la madre denunció en Uruguay a su expareja por maltrato machista y abusos sexuales a su hija tras haber roto la relación con éste, pero la justicia española –que por cierto es bastante más “feminista” que la uruguaya– determinó que María tiene una personalidad paranoide, y la sentencia señala que en el juicio los psicólogos describieron a la mujer como “alguien que interfiere en el vínculo con el padre, con una práctica nociva para su hija”. Y asegura que María manifiesta baja escala de sinceridad, lo que sin embargo no obstó para que los movimientos feministas uruguayos realizaran una intensa y agresiva campaña, basada solo en eslóganes, para que se devolviera la niña a la madre, bajo la argumentación exclusiva de la perspectiva de género.
Este es un caso entre muchos, en el que la razón no puede estar siempre de un mismo lado, como promueve la ideología de género, y de lo que se trata es de contar con una ley, como la aprobada, que siempre será perfectible, para que se diriman los litigios teniendo siempre presente lo mejor para el niño, con igualdad de derechos y obligaciones para las partes litigantes, y con todas las garantías del debido proceso.
