El próximo martes la Cámara de Diputados tiene previsto votar el proyecto de Ley de corresponsabilidad en la crianza, una iniciativa que llega con media sanción desde el Senado y que ha despertado cierta controversia a raíz de la posición adversa que han manifestado diferentes organizaciones sociales, así como instituciones nacionales, como la Institución Nacional de Derechos Humanos y Unicef.
En concreto, la controversia está planteada entorno al artículo cuarto del proyecto, que es el que introduce modificaciones en el régimen de tenencia de los hijos en casos de disolución de los vínculos conyugales. En caso de aprobarse, se agregará al Código de la Niñez y Adolescencia (Ley Nº 17.823) un Artículo 35 bis que establece parámetros para definir un “incumplimiento reiterado” de las visitas pautadas, que consistirá en “el entorpecimiento o impedimento del mismo en dos oportunidades sucesivas, o en cuatro oportunidades dentro de los dos meses”. También define que en caso “de adoptarse medidas cautelares a raíz de una denuncia formulada por parte de un progenitor contra el otro”, el juez, “evaluará bajo su más seria responsabilidad funcional la necesidad o no de modificación del régimen de tenencia y su ejercicio” y lo suspenderá “en el caso en que se encuentre en riesgo el interés superior del niño o adolescente
En tal caso, dicha suspensión será transitoria y sujeta a revisión periódica”. También se agrega que aún habiéndose decretado la aplicación de medidas cautelares “deberá respetarse el derecho a las visitas de los niños y adolescentes y del denunciado”. El proyecto fue aprobado en Sesión Extraordinaria por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes el pasado 28 de diciembre.
RECHAZO
A través de una declaración varias organizaciones de la sociedad civil realizaron un llamado a no aprobar esta ley. Entre los firmantes se encuentran la Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales Orientadas al Desarrollo, el Comité de los Derechos del Niño/a del Uruguay, el Comité de América Latina y el Caribe de Defensa de los Derechos de las Mujeres, la Intersocial Feminista, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y la Red Pro Cuidados.
En la comunicación afirman que detrás de este proyecto no hay “datos ni evidencia que justifique que se necesitan modificar las normas actuales sobre tenencia, visitas y vínculos entre progenitores y sus hijos e hijas y menos aún en casos de violencia”. Enfatizan en que las normas hoy vigentes “garantizan la protección de niños y niñas y la persecución de los delitos que les afectan” y señalan que los problemas en su aplicación obedecen a “la falta de recursos” y de formación “que genera demoras y respuestas revictimizantes para todas las partes y en especial para niñas y niños”. También consideran que el proyecto “parte de la premisa, sin datos ni evidencia, de que los adultos denunciados por abuso, maltrato o explotación son víctimas de denuncias falsas”, e interpretan que está “pensado para proteger a esos adultos denunciados por violencia, confundiendo el principio de inocencia con el principio de protección de niños y niñas”, por lo que se estaría “exponiendo a las víctimas a mantener visitas con quienes las y los violentan”. También señalan que el país entraría en contradicción con los convenios internacionales que se han suscrito y refrendado en el Parlamento, así como que se omitieron en el tratamiento del proyecto los datos presentados por “organizaciones sociales especializadas, magistrados, defensores de oficio, cátedras de la facultad de derecho y medicina”, entre otros actores. En su comunicado señalan que el año 2022 cerró con la información de 7.035 niños niñas y adolescentes en situación de maltrato y abuso sexual, 529 situaciones de explotación sexual y el homicidio de 8 niños por parte de padres y pareja de la madre”.
UNICEF
Por su parte el representante de Unicef en Uruguay, Francisco Benavídes Martínez, también hizo pública una misiva que dirigió a los diputados que deberán expedirse el martes sobre este proyecto. Allí expresa la preocupación del organismo ante la posible aprobación de este texto, cuyo tratamiento dice haber seguido de cerca y en el que tuvo ocasión de comparecer para aportar un análisis técnico.
No obstante, advierte en el remitido que el proyecto “mantiene aspectos que son de preocupación para Unicef en la medida que son contrarios a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño”. A continuación detalla algunos de los aspectos que inquietan, como la priorización absoluta del interés superior del niño, que “debe prevalecer siempre y sin condicionantes a otros principios relacionados a los derechos de los adultos”. Agrega que el principio de corresponsabilidad en la crianza “no implica necesariamente que exista un régimen de tenencia alternada”, así como el derecho a las visitas es independiente al régimen de tenencia. “La evaluación del interés superior del niño es una acción que debe realizarse en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias y evaluando las consecuencias concretas que cada decisión tendrá en la vida de ese niño, niña o adolescente”, sostiene Benavídes. Señala además que las modificaciones tienden a priorizar “mantener las visitas por encima de una posible afectación del interés superior del niño” y resulta preocupante “que la suspensión de la visita se plantea como excepción y no como una medida de protección a los niños”.
Coincidiendo con las apreciaciones de las organizaciones, el representante de Unicef atribuye los problemas actuales no a errores en la norma, sino a la falta de los recursos necesarios en el sistema judicial, que ocasionan demoras y sufrimiento “en los adultos y los niños que las padecen”, pero afirma que habilitar las visitas “mientras la situación judicial no se ha resuelto, aumenta sustancialmente el riesgo de generarles más daño”.
Es importante señalar que las demoras en los procesos judiciales no se deben a las normas vigentes, sino a las dificultades de la práctica y falta de recursos para su implementación.
PREVENIR
El diputado Rodrigo Goñi ha sido uno de los referentes en todo este proceso. Fue además autor en la legislatura pasada de un proyecto que buscaba atender las mismas situaciones que este y que en ese entonces no consiguió los votos necesarios para su aprobación. Señaló Goñi en una reciente entrevista en el programa radial En Perspectiva que en los 8 años que han pasado desde el primer proyecto “el problema se ha agravado” y “decenas de miles de uruguayos, niños, padres, abuelos, hermanos, están sufriendo una vulneración de derechos”.
El problema, a su juicio, es que “existe una disposición que se aplica actualmente por la cual ante una denuncia entre padres, entre progenitores, automáticamente se interrumpe la relación entre los niños y el progenitor denunciado”. Esto deviene del artículo 67 de la Ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Para el legislador esta situación genera una vulneración de los derechos del niño. “No hay que verlo solamente desde los padres o abuelos que no pueden ver en forma injusta o injustificada a los niños, el derecho de los niños es el que está vulnerado”.
El diputado enfatiza en que el mismo proyecto prevé salvaguardas para no exponer al menor a una situación de violencia, al contrario de lo que afirman las oenegés: “es muy cortito y muy claro, nunca se va a dar una visita, nunca se va a dar una vinculación, cuando exista riesgo para el menor, lo dice claramente el texto” y rechazó que la iniciativa ponga en riesgo la integridad física y psicológica del niño o niña. La decisión, en todo caso, dependerá de la evaluación del juez, como dispone la normativa actual que “en casos de agresión comprobada y situación de violencia comprobada, la ley autoriza que en determinadas situaciones el juez entienda que es conveniente para el niño continuar esa relación con el padre, presuntamente o incluso agresor”.
Goñi sostiene que “el varón no puede quedar bajo la sospecha o presunción legal de que es un violento y es malo para el niño”, como de hecho ocurre actualmente, a su modo de ver. “Demonizar al padre por ley le hace muchísimo daño al niño, que necesita a su padre”, y que hoy “basta una mera denuncia de progenitor a progenitor, para que el padre pase automáticamente a ser sospechoso de violento y malo para el niño”.
Con este proyecto, afirma, lo que se busca es establecer que, “en principio, si no hay ninguna sospecha y ningún elemento que haga suponer que el padre va a ser malo para el niño, el padre es bueno para el niño”.
