Un día sí y otro también recibimos información sobre una tendencia que ha llegado también a Uruguay: la reducción de la jornada laboral. El tema tiene múltiples aristas y debe ser analizado en forma detenida para entender no sólo los supuestos beneficios que implicaría, sino también los presupuestos y puntos de partidas en los cuales se encontraban aquellos países que lo han adoptado. Países como Alemania, Bélgica, España, Islandia o Reino Unido se han sumado a esta iniciativa y muchos otros estudian su implementación en forma paulatina y parcial de acuerdo con los sectores de actividad de que se trate.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), entidad que desde hace más de 60 años ha impulsado la reducción de la jornada laboral, cuenta con dos normas que hacen referencia directa a este tema. Por un lado, el convenio internacional N°47 y por otro lado la Recomendación N° 116. De acuerdo con lo establecido por la OIT, las claves para implementar la disminución de la jornada laboral son: a) debe ser progresiva y sin reducir sueldo, b) se puede realizar por vía legislativa, reglamentaria o por contrato, c) el proceso debe considerar las circunstancias de cada país y de cada sector, esto incluye el nivel de desarrollo de la nación, los progresos obtenidos con la implementación de tecnología y la necesidad de elevar el nivel de vida de la población, d) el principio de progresividad puede aplicarse en el tiempo, por rama o sector, o cualquier otra fórmula más apropiada a las condiciones del país, e) dar prioridad a las industrias o actividades con un esfuerzo físico o mental especial o con riesgo para la salud de las personas trabajadoras y f) la autoridad de cada país debe determinar en qué circunstancias y dentro de qué límites podrán autorizarse excepciones a la duración normal del trabajo.
En el área latinoamericana, Chile acaba de promulgar la ley que aprueba la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. La iniciativa beneficiará de manera directa a 4,7 millones de empleados y es el fruto de seis años de discusión en la que participó el Poder Ejecutivo, los sindicatos y el sector empresarial. De acuerdo con lo informado por las autoridades de ese país, la aplicación de esta reforma será gradual y su implementación total tendrá un plazo máximo de hasta cinco años, en 2029. La normativa, a la que se le aplicaron varias modificaciones en el recorrido legislativo, beneficiará de forma directa a unos 4,7 millones de empleados, de una población activa de casi el doble. (…) La reducción de la jornada ordinaria de trabajo pasará de 45 a 44 horas al primer año de publicada la ley, a 42 horas al tercer año y a 40 al quinto año. Estos son plazos máximos, pero un empleador puede anticiparse. En junio del año pasado, el ministerio del Trabajo creó el sello 40 horas, una certificación que reconoce a las empresas que ya aplican la jornada laboral reducida. Más de 500 –sobre todo pequeñas y medianas– lo han obtenido”. En Uruguay el tema ya está instalado en la agenda pública y seguramente sea objeto de discusión en los próximos meses. De acuerdo con lo manifestado por el expresidente de la República, José Mujica, “hay que luchar por una jornada (laboral) de 6 horas”, y “está cantado” que en el futuro habrá una disminución de la carga horaria en los trabajos de los uruguayos (…) Según Mujica, la reducción de la carga horaria “va a venir”, y lo hará “por lo más lúcido de los propios sectores patronales”, ya que “se necesita repartir porque los robots no van al supermercado a comprar”. El exjefe de Estado teme que con “la presión de la sociedad del consumo tan grande”, cuando rijan las 6 horas de trabajo, la gente opte por llenar las horas libres con un empleo adicional, y así “terminaría trabajando más que antes”. Por su parte el presidente del Pit Cnt, Marcelo Abdala, propuso recientemente la reducción de la jornada laboral sin afectación salarial, la cual ha sido implementada con éxito en Fábricas Nacionales de Cerveza en Uruguay durante los últimos quince años. Durante su discurso en el acto de conmemoración del 1° de Mayo próximo pasado, Abdala señaló que “La necesidad de la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario es la bandera del movimiento obrero”.
Si a cualquier persona se le pregunta si quiere trabajar menos tiempo ganando el mismo salario que percibe actualmente, la respuesta seguramente será afirmativa. Es el mejor de los mundos. Algo así como “el sueño del pibe” de cualquier trabajador. El punto es si, en un país como Uruguay, esa reducción de jornada laboral es posible y en caso de serlo como afectaría la sostenibilidad de las empresas y su competitividad. De nada sirve anunciar con bombos y platillos dicha reducción si la empresa al poco tiempo debe cerrar por volverse incapaz de competir en su mercado debido a esa nueva política. Algo parecido a lo que sucede cuando se otorgan aumentos salariales y beneficios laborales que determinan el cierre de establecimientos y la consiguiente pérdida de mercados, afectando especialmente a las empresas más pequeñas que cuantitativamente son mayoría por partida triple ya que no solo son las más numerosas, sino que también son las generan más empleo y las que abonan cantidades de tributos más significativa al erario público.
Con esa misma preocupación en la agenda, España, por ejemplo, ha impulsado diversas medidas para apoyar a las pymes para impulsar la mejora de la productividad en pequeñas y medianas empresas industriales a través del proyecto piloto de reducción de la jornada laboral. El presupuesto asignado a este proyecto es de 9,6 millones de euros. De acuerdo con ese organismo, “se apoyarán los proyectos piloto que realicen las pymes industriales, con una duración mínima de 24 meses desde la fecha de la resolución de concesión. Se deben plantear mejoras organizativas empresariales que generen un incremento de productividad que compense los sobrecostes salariales. Este programa apoyará los gastos asociados a esa reorganización, y parte de los costes salariales incurridos. El importe máximo por empresa será de 200.000 euros”.
Así las cosas, quienes propugnan por la rebaja de la jornada laboral (especialmente en Uruguay) omiten mencionar un factor esencial: el aumento de la productividad. Como lo señaló en el año 2016 el entonces ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori, “Ahora se compite con conocimiento, innovación, eficiencia, productividad y esa es la clave para recorrer este camino de inserción fundamental para América Latina”. Trabajar menos días recibiendo el mismo salario y sin aumentar la productividad de los cuatro días laborales para compensar el recorte semanal es, primero que nada, una utopía y en segundo lugar una irresponsabilidad. Si una empresa que adopte esta política no aumenta su productividad, quedará rápidamente fuera de mercado. A menos, claro está que tenga prácticamente el monopolio del producto que vende o produce, como es precisamente el caso de Fábricas Nacionales de Cerveza, que mencionaba Abdala. La necesaria discusión tripartita que debe preceder la adopción de cualquier medida en este campo debe involucrar a trabajadores, empresarios y autoridades públicas. El delicado equilibrio entre tiempo de trabajo, salario y productividad debe ser entendido y respetado, sin perjuicio de los debates que deban darse. Trabajar menos, ganar igual y producir menos es como silbar y comer gofio. Y todos sabemos que pasa con quienes lo intentan.
El ministro de Defensa, Javier García, y los senadores Sergio Botana y Sebastián Da Silva, que llegaron a Paysandú en actividad partidaria, indicaron en EL TELEGRAFO que el episodio con la ministra de Vivienda Irene Moreira “no significará el fin de la coalición; no lo vemos de ninguna manera así. De hecho, hace diez días se dijo lo mismo sobre la Seguridad Social y el proyecto se aprobó con la unanimidad de los votos de la coalición”.
La cúpula de Cabildo Abierto comunicó su posición ante el pedido del presidente, Luis Lacalle Pou, que solicitó la renuncia de la ministra Irene Moreira, por otorgar un apartamento en forma directa a una militante partidaria. En conferencia de prensa, el senador y líder del partido, Guido Manini Ríos, lamentó que “hasta el momento no ha llamado a la ministra ” y pidió al presidente que “analice los hechos” antes de tomar una decisión”. Al finalizar la conferencia, se confirmó que Lacalle Pou llamó telefónicamente a Moreira y le pidió formalmente la renuncia. Cabildo Abierto esperará hasta el lunes para reunirse y resolver su continuidad en la coalición de gobierno.
