A un año del inicio de la aplicación de la reglamentación que dispone el decomiso definitivo, venta, donación o faena de los bovinos, ovinos, porcinos o equinos que se encuentren en la vía pública y no sean reclamados por su propietario, la situación en las calles sanduceras continúa preocupando ya que siguen ocurriendo lamentables accidentes de tránsito provocados por caballos sueltos.
Un repaso a las noticias que hemos publicado sobre este tema evidencia que se trata de un problema recurrente que afecta la seguridad, la salud y el bolsillo de personas que no hubieran llegado a ocupar ese lugar nunca deseado en las noticias si esos animales no hubiesen estado donde no debían estar.
Solo por citar algunos de los casos publicados –es evidente que casos menores en general no se denuncian–, han sido protagonizados por conductores de motos y automóviles que han sufrido lesiones de distinto tipo y entidad, así como daños en vehículos por los cuales no se puede reclamar a nadie, con los consecuentes perjuicios económicos y alteraciones en la vida diaria de sus propietarios y familiares.
Hace exactamente un mes nos ocupábamos de este problema en un artículo titulado “Accidentes a causa de caballos sueltos: problema endémico que sigue”, en el que se daba cuenta de algunos casos de personas que resultaron internados o con recuperaciones lentas que les imposibilitan trabajar o estudiar.
Se incluían allí declaraciones del hermano de un hombre que se dirigía a su trabajo hacia la ciudad de Paysandú y se le atravesó un caballo suelto que lo dejó tres meses en coma farmacológico en CTI y además de padecer otros problemas de salud. También el de un joven que se dirigía desde Casa Blanca a un centro educativo de nuestra ciudad a estudiar cuando chocó un caballo, resultando con varias lesiones y su vehículo dañado.
En julio pasado otro trabajador resultó lesionado con lesiones leves y traumatismos a su regreso hacia su casa luego de la jornada laboral cuando chocó un caballo suelto que formaba parte de una tropilla que circulaba en el camino a Casa Blanca y se le atravesaron dos de estos animales. En diciembre de 2022 un hombre tuvo que ser rescatado por los bomberos, quienes tuvieron que romper la puerta por medio de la herramienta llamada “mandíbula de la vida”, tras lo cual fue trasladado en una ambulancia hasta un centro asistencial con traumatismos varios mientras que el vehículo quedó con numerosos desperfectos. En este caso, el accidente ocurrió cuando el hombre perdió el dominio de su vehículo al intentar evitar chocar con varios caballos sueltos en Camino a Casa Blanca, a la altura del arroyo Juan Santos y terminó su recorrido en la alcantarilla del arroyo, quedando atrapado en el interior del vehículo.
La lista no se agota en estos casos, dado que por ejemplo, el pasado fin de semana dos hermanos, de 19 y 20 años, que circulaban en el automóvil de su familia, resultaron lesionados al sufrir un siniestro de tránsito provocado por un grupo de caballos sueltos en las inmediaciones de Avenida de las Américas y Bulevar Artigas.
Para las víctimas de estos accidentes, los perjuicios son evidentes en algunos casos sobre su salud y calidad de vida y también en lo que refiere al importante perjuicio económico que significa para cualquier persona, aún más un trabajador que depende de su salario o un estudiante que solo tiene el vehículo en el que circula para realizar desplazamientos, que en muchos casos son largos, para poder ir al centro de estudio desde zonas u horarios en los que no se cuenta con otros medios para llegar.
Los daños materiales generalmente recaen en el propio accidentado dado que los seguros no suelen cubrirlos o lo hacen parcialmente según la cobertura que se posea, y tampoco suele haber a quién reclamar, dado que es poco probable ubicar al responsable de los animales luego del siniestro, o en su defecto, son insolventes.
Esta situación de impotencia y desamparo de los afectados en este tipo de siniestro no debería darse si, por una parte, existiera una tenencia responsable de los propietarios de los animales –porque caballos salvajes no son– y, por otra, los organismos involucrados pudieran cumplir en tiempo y forma con la normativa existente.
Desde 2009 Uruguay cuenta con una ley de tenencia responsable de animales que tiene por finalidad protegerlos en su vida y bienestar. La misma atribuye responsabilidades a quienes tengan animales a su cargo, sean o no sus propietarios. Entre ellas se incluye proporcionarles condiciones físicas y sanitarias adecuadas, dándole alojamiento, alimento y abrigo; no abandonarlos ni dejarlos sueltos en lugares públicos de libre acceso, el cumplimiento de las normas sanitarias y legales destinadas al paseo, manejo y tenencia responsable de los mismos, un trato adecuado, permitir el control por parte de las autoridades y –entre otros aspectos– reponer los daños que el animal pueda provocar a otro animal o persona, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder.
Sin embargo, es innegable la existencia de una serie de comportamientos de las personas en relación a los animales que evidencian la falta de asunción plena de una tenencia responsable. Esto involucra desde los animales sueltos en la calle –ya sean caballos, perros u otros que también provocan accidentes– hasta el maltrato propiamente dicho, pasando por situaciones como la desidia y el abandono.
Por otra parte, en agosto del año pasado comenzó a aplicarse la reglamentación de un decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou, que atiende la necesidad de retirar y disponer de los animales retirados de la vía pública en caso de no ser reclamados por su titular. En este sentido, indica que cuando el dueño es desconocido, las jefaturas pondrán los animales a disposición de la División de Sanidad Animal y si no están identificados, dicha tarea estará a cargo del MGAP. La reglamentación de la ley que dispone el decomiso definitivo, venta, donación o faena de los bovinos, ovinos, porcinos o equinos que se encuentren en la vía pública y no sean reclamados por su propietario en el plazo establecido de 72 horas luego de la notificación. Al parecer, ahí radica uno de los escollos de este asunto, dadas las dificultades de identificación de los animales y sus responsables, aspecto en el cual las autoridades han informado estar trabajando en protocolos de actuación.
Mientras tanto, quien tiene la desgracia que un caballo que no debería estar en la vía pública se atraviese en su camino debe enfrentar pérdidas temporarias o permanentes de salud, calidad de vida y el costo de arreglo o reposición del vehículo, en un contexto de clara impotencia e injusticia. Porque no se trata de un asunto de mala suerte, sino de peligros “sueltos” que pueden evitarse.
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