En una carta abierta dirigida a las autoridades de nuestro país (Presidencia de la República, Ministerio de Ambiente y legisladores), la Coordinación por el Agua exigió que se apliquen sanciones contra la empresa UPM, a raíz del derrame de soda cáustica. La misiva, que recoge la adhesión de más de 70 organizaciones “nacionales e internacionales, barriales, sociales, grupos, movimientos, comisiones, colectivos y coordinadoras”, refiere a un vertido de ocurrido en cercanías de pueblo Centenario, en Durazno, que estiman en un millón de litros y que provocó la extinción temporal de toda vida en un curso de agua cercano.
Aseguran los firmantes que tanto la empresa como el gobierno “sabían que desde el mes de junio había pérdidas en la pileta de decantación que recibía la soda y que hubo una rotura en el intercambiador de calor de soda cáustica”, situación que a su juicio pone de manifiesto “la inoperancia de los sistemas de control de UPM, y la falta de responsabilidad de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental y del Ministerio de Ambiente”. También sostienen que la empresa “pretendió minimizar el hecho a nivel de prensa y que el Ministerio de Ambiente demoró 40 días en dar la noticia”, a la vez que calificaron como “irrisoria” la posible multa que podría aplicarse “de 42.000 dólares, siendo que sólo UPM 1 tiene una ganancia neta de 650.000 dólares por día”.
Las quejas se extienden además al “modelo productivo extractivista y altamente contaminante”, que vienen denunciando “hace décadas”. Mencionan además, como antecedente el episodio de setiembre de 2022 en el vivero Santana de UPM en Guichón, Paysandú “denunciado por contaminar un arroyo. Usaba 17 agrotóxicos peligrosos no autorizados y días después el MGAP por decreto los autorizó favoreciendo a la empresa y minimizando el desastre que causó en el curso de agua”.
El reclamo actual es por una sanción que, entienden, debería incluir la “parada de planta total hasta que se hayan determinado las causas y solucionado el problema para que no vuelva a suceder” y que mientras dure esta sanción UPM se haga cargo “del salario completo de las y los trabajadores y los pagos a proveedores de insumos comprometidos”. También exigen que se instale “una comisión de seguimiento de sesión mensual, abierta a la ‘participación, gestión y control’ de toda la ciudadanía, en las tres plantas de celulosa (UPM, UPM2 y Montes del Plata) tal como lo exige el Art. 47 de la Constitución (reforma constitucional votada por el pueblo en 2004) y la ley 18.610 en relación al agua”.