En el contexto de una naturaleza amenazada por cuestiones como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la contaminación, deberíamos estar pensando y actuando para su protección y en cómo enfrentar mejor problemas actuales y futuros.
No son pocos los desafíos ambientales que estamos enfrentando en Uruguay. En este sentido, es notorio que a pesar de la existencia de normativa de protección del ambiente, ocurren una y otra vez hechos que nos alejan de la consigna del Uruguay Natural y ponen en la agenda ciertos cuestionamientos a las posibilidades reales de contralor por parte de las autoridades competentes, como quedó en evidencia recientemente el derrame de soda cáustica de una de las plantas de UPM que afectó la biodiversidad de la zona aledaña.
A nivel local y también global pareciera que los seres humanos estamos fácilmente dispuestos a olvidar que la biodiversidad es la base que sustenta la vida en la Tierra y que por grandes que sean los beneficios económicos de determinadas actividades, la vida no tiene precio.
Ocurre que la biodiversidad –que abarca algo así como 8 millones de especies en el planeta– y los diferentes ecosistemas que la albergan son delicados eslabones no siempre recuperables pero claramente necesarios e insustituibles para que tengamos agua y aire limpios, alimentos saludables y nutritivos, medicamentos que en muchos casos se fabrican a partir de plantas, resistencia a enfermedades naturales y mitigación del cambio climático. Se trata de una red de relaciones transversales de vida, un sistema donde la afectación de una parte afecta a todos con consecuencias que pueden ser muy negativas.
También nos enfrentamos a importantes desafíos en relación a la calidad ambiental relacionados al cambio climático, la calidad de aguas, la pérdida de pastizales y monte nativo y la erosión de los suelos, entre otros.
Las conexiones son simples pero no siempre evidentes y dificultan la toma de conciencia de los ciudadanos sobre temas que luego terminan impactándonos de una forma u otra. Por ejemplo, podríamos preguntarnos ¿cómo pueden incidir los pastos en nuestros ambientes y economía? Es sencillo de explicar: los pastizales brindan protección y reposición de la fertilidad de los suelos, el control de erosión, la amortiguación de inundaciones, y son el principal sustento de nuestra producción ganadera. Nuestros bosques nativos, además de ser hábitats de flora y fauna, protegen los suelos y cumplen un rol fundamental en el mantenimiento de la calidad del agua, contribuyendo también con la fijación de carbono y la reducción del riesgo de inundación.
A pesar de las dificultades y desafíos actuales, es justo reconocer que en los últimos años el desarrollo de políticas públicas sobre medioambiente ha significado avances importantes. Instrumentos como el Plan Ambiental Nacional, Plan Nacional de Aguas, la política de mitigación de cambio climático, la estrategia nacional en materia de biodiversidad, el Plan Nacional de Agroecología o el Sistema Nacional de Áreas Protegidas conforman un abanico de acciones positivas que era inexistente e impensable hace veinte o treinta años y deben, necesariamente, sostenerse en el tiempo.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) acaba de cumplir apenas 15 años y con el reciente ingreso del Parque Nacional Humedales e Islas del Hum (Soriano) suma 18 áreas protegidas de biodiversidad.
Actualmente el SNAP posee bajo su protección casi 380.000 hectáreas de superficies terrestres y marinas, lo que representa el 1,2% del territorio nacional. Entre ellas se cuentan también el Paisaje protegido Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal (Treinta y Tres), Parque nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay y el Área de manejo de hábitats y/o especies Esteros y Algarrobales del Río Uruguay (estas dos en Río Negro), Parque nacional Humedales e Islas del Hum (Soriano), Parque nacional Cabo Polonio, Paisaje protegido Laguna de Rocha, el Parque nacional San Miguel, Área de manejo de hábitat y/o especies Cerro Verde e Islas de La Coronilla y Paisaje protegido Laguna de Castillos (estas cinco en Rocha), Área de manejo de hábitats y/o especies Laguna Garzón (Maldonado – Rocha), Paisaje protegido Valle del Lunarejo (Rivera), Paisaje protegido Localidad Rupestre Chamangá y Monumento natural Grutas del Palacio (estas dos en Flores), Área protegida con recursos manejados Montes del Queguay (Paysandú), Área de manejo de hábitat/especies Rincón de Franquía (Artigas), Área protegida con recursos manejados Humedales de Santa Lucía (Canelones, Montevideo, San José), Parque Nacional Isla de Flores (Río de la Plata) y Paisaje Protegido Paso Centurión y Sierra de Ríos (Cerro Largo).
Los avances en materia de consolidación de las áreas protegidas también son notorios, no sólo a través de la incorporación de nuevas áreas en diversos lugares del territorio nacional sino también con el establecimiento de vínculos con las comunidades locales y el trabajo de puesta en marcha de planes de gestión.
Se trata de avances destacables si tenemos en cuenta la paradoja siempre presente en países como el nuestro en lo que respecta al aumento de las actividades productivas, el avance de la frontera agropecuaria y la necesidad de incrementar divisas nacionales con la necesaria protección de los recursos naturales.
En el caso concreto de las áreas naturales protegidas es necesario avanzar en la posibilidad de un cumplimiento real y efectivo de la normativa ambiental así como en procedimientos de cooperación entre las distintas instituciones competentes a nivel local, el fortalecimiento de las capacidades de actuación de la policía y el personal que tiene a su cargo el cuidado de las áreas protegidas, sin descuidar la necesidad de concretar en el territorio los planes de gestión, la adopción de buenas prácticas productivas y la sensibilización de las comunidades locales.
Por otra parte, teniendo en cuenta que el 96% del territorio es de propiedad privada sería interesante poder llevar adelante estrategias de conservación que involucre a los propietarios privados de forma complementaria a las que desarrolla el SNAP, especialmente si tenemos en cuenta que las áreas protegidas cubren hoy en día poco más del 1% de la superficie del país.
La pandemia puso en primer plano la necesidad de contar con lugares naturales seguros no solo para el turismo sino para el bienestar y la calidad de vida de las personas, así como su potencial para el desarrollo de las comunidades locales. Es una perspectiva que no deberíamos perder de vista. Si somos capaces de pensar soluciones que contemplen el cuidado de la naturaleza, la resiliencia de los ecosistemas y el desarrollo sostenible estaremos mejor preparados para enfrentar los grandes desafíos del presente y el futuro.
