Los casos de maltrato animal denunciados en Paysandú, así como en Cerro Largo ocurridos durante la semana pasada ponen de relevancia la estrecha relación con la violencia intrafamiliar que sí, es delito en Uruguay. No lo es aún la tenencia irresponsable de animales, que suma casos con los animales sueltos en la vía pública –tanto equinos como canes–.
Los decretos son muy claros. El 233/022 define el procedimiento que debe llevarse a cabo para la denuncia y retiro de animales sueltos en la vía pública. En la exposición de motivos, el decreto expone la problemática con la propagación de enfermedades a otros animales y personas por alimentarse de residuos orgánicos en los basurales. O la ocurrencia de siniestros de tránsito cuando circulan por calles, rutas y caminos. En Paysandú hay varias zonas complicadas por los equinos sueltos y por el momento, sin una solución por la falta de un predio para alojarlos y cumplir con las 72 horas que establece la ley para su destino sea remate, donación o frigorífico.
En este caso en particular, las denuncias deben realizarse en las jefaturas de policía, que intervienen como apoyo en la logística. Las Intendencias –pueden ser también las oenegés– aportan vehículos y recursos humanos, así como al Dirección de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganaderos, resuelve en consecuencia con las potestades indicadas en el decreto presidencial.
En lo que respecta a mascotas, este año el Decreto presidencial 57/023 reglamentó los artículos de la LUC vinculados al Programa Nacional de Control Reproductivo de la población canina y felina, con las esterilizaciones y chipeo con el fin de asociar el animal con un tenedor responsable. También, la redacción clara y concisa no admite distintas interpretaciones. La castración y el chipeado son obligatorios, pero en el territorio tanto las oenegés como otros profesionales del medio se encuentran con personas que se niegan a castrar sus mascotas y en muchos casos son propietarios de varios canes que tienen en condiciones paupérrimas.
El problema –el gran problema– es que no hay inspecciones en las ciudades porque, si bien el instituto está dotado de presupuesto, no hay recursos humanos para verificar que la ley se cumpla. Por otro lado, la campaña de información sobre la obligatoriedad de cumplir con la ley, es tibia y discurre en ambages que no llegan a la población objetivo. Que es, precisamente, la que no castra porque los tenedores responsables ya fueron a esterilizar por sus propios medios.
Y los resultados son muy parciales. En las jornadas de catración efectuadas en la ciudad, no se llega al cupo de 40 castraciones, aún cuando la difusión es amplia, tanto en las redes como en los medios de comunicación.
Desde el año 2021, el INBA destina fondos para las esterilizaciones con las proyecciones de efectuar unas 10.000 anuales. Desde entonces y hasta esta fecha de 2023, se han alcanzado algo más de 7.000. Es decir, en un plazo de dos años se hicieron un 70% de las que se pretendían hacer en uno.
Las autoridades consideran fundamental este decreto para avanzar en otros aspectos del bienestar animal, como por ejemplo la instalación de un Sistema Nacional de Albergues y coordinar el trabajo con instituciones públicas y privadas.
Pero en lo referido a los albergues, solo se ha inaugurado uno en Florida a finales de setiembre pasado y la Fundación Cero Callejero, que brinda apoyo a la iniciativa, establece contactos en todo el país con resultados muy dispares.
Es decir, son tres decretos que a pesar de la claridad de su redacción, no logran cumplirse a cabalidad. Primeramente porque la sociedad no ha tomado conciencia del real problema y de la responsabilidad que le cabe a cada uno para darle una solución. Pero tampoco las autoridades asumen su responsabilidad primera, que es cuidar a la población, y se excusan en distintas interpretaciones de los tres documentos que llevan la firma del presidente Luis Lacalle Pou.
Entonces, estamos ante un problema que lamentablemente no se solucionará. En primer lugar, porque no hay controles que verifiquen que una persona no puede volver a tener animales a su cargo ante la constatación de maltrato, ni sanciones económicas que por cierto igual no pagarían, dado que no hay una ley que los obligue.
Los graves siniestros de tránsito ocurridos en la ciudad y zonas periféricas provocados por animales sueltos en la vía pública no han servido de escarmiento. Para peor nunca hay responsables a la vista, nadie se hace cargo, no hay forma de identificar a los dueños –o son “insolventes”, que en este país es sinónimo de “inimputables”– y por eso, no pasa nada. Los damnificados que sufrieron lesiones –y pérdidas económicas– han tenido largos y costosos meses de recuperación, y ni que hablar de otros casos de siniestros fatales o de discapacidades permanentes que vieron trastocada para siempre su calidad de vida.
En medio de esto, no solo tenemos claro que los animales no son responsables, sino que resulta –a estas alturas– imposible modificar el comportamiento humano debido a la impunidad conque actúan algunos propietarios.
Hace tiempo que varios países comenzaron a vincular y aplicar legislación sobre el maltrato animal como un indicador de violencia doméstica.
La tenencia irresponsable crea problemas de convivencia en los que a menudo debe intervenir la Policía. O implica otros delitos que algunos abogados definen como “violencia vicaria” y es la que una persona ejerce contra animales de compañía de su expareja o, incluso sus hijos. Tal como ocurrió en Cerro Largo, con una historia de violencia privada que derivó en una condena de tres meses de libertad a prueba.
Pero en este caso, el agresor resultó condenado por violencia basada en género. Para todo lo demás, aún falta la aplicación de la normativa vigente y dejar de interpretar cada uno por su lado quién tiene responsabilidades en este tema. En definitiva, responsables somos todos como sociedad. Sin importar el lugar que ocupe cada uno.