Fenómenos extremos como las inundaciones, sequías e incendios son cada vez más frecuentes en el Cono Sur latinoamericano como consecuencia del cambio climático, pero sus impactos se ven magnificados por la existencia de condiciones locales de infraestructura, sociales y económicas que afectan a la población más vulnerable, así como por una notoria falta de políticas y acciones concretas para estos problemas.
Muchas veces, perderlo todo o gran parte de lo que se tiene para sobrevivir es una disyuntiva de evidente elección pero muy compleja superación. Lamentablemente, los especialistas advierten que se trata de situaciones que se incrementarán en las próximas décadas y con las cuales deberemos aprender a convivir.
En Uruguay las inundaciones y sequías son los principales eventos climáticos severos, que tienen un impacto directo tanto en la población y las infraestructuras de las comunidades más vulnerables, como en los servicios básicos y las actividades económicas altamente dependientes del clima.
Más del 93% de la población uruguaya vive en ciudades y existen aproximadamente 100.000 personas y 34.000 viviendas que se encuentran localizadas en áreas urbanas con riesgo de inundación, de acuerdo con estudios de la Dirección Nacional de Agua (Dinagua).
Actualmente en el litoral, y en Paysandú en particular con mayor número de afectados, enfrentamos una nueva inundación. De acuerdo al último informe del Sinae de la tarde de ayer, actualmente permanecen 238 personas evacuadas y casi 3.000 autoevacuadas en el litoral.
Paysandú es la ciudad más afectada, con un total de 1.956 personas desplazadas, casi el doble de los desplazados de Salto (1.038) y muy por encima de las 179 personas desplazadas en Artigas.
En definitiva, el fenómeno recurrente de las inundaciones golpea nuevamente, sin que haya habido avances significativos a la vista en proyectos con financiamiento internacional para ir buscando soluciones a este tipo de afectaciones.
Por ejemplo, en octubre de 2020, en plena pandemia, Argentina y Uruguay firmaron un acuerdo para acciones conjuntas de adaptación al cambio climático en ambos márgenes del río Uruguay.
Con el título de “Adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del río Uruguay” el proyecto administrado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) otorgó un total de 14 millones de dólares del Fondo de Adaptación, un mecanismo que financia programas y proyectos destinados a soluciones de resiliencia climática en países en desarrollo.
El objetivo de este proyecto es aplicar medidas de adaptación en una amplia zona del litoral entre ambos países, en los departamentos uruguayos de Salto, Artigas, Paysandú y Río Negro y la provincia argentina de Entre Ríos. Las cinco ciudades principales comprendidas por el proyecto de uno y otro lado del río suman casi medio millón de habitantes, en una región que se ve impactada durante recurrentes inundaciones, que involucran la trama urbana consolidada y las planicies de inundación ocupadas generalmente por población en vulnerabilidad socioeconómica.
De acuerdo a lo informado oficialmente en el momento de su firma, el proyecto, con plazo de ejecución de cuatro años (ya vamos por el tercero), tiene por objetivo la construcción de infraestructuras urbanas resilientes en terrenos seguros. Asimismo, contempla la implementación de medidas de adaptación al cambio climático basadas en la resignificación de tierras inundables ocupadas previamente por asentamientos a realojar para prevenir los efectos adversos de la variabilidad y el cambio climático.
También incluye medidas de adaptación enfocadas en derechos humanos, género y futuras generaciones; programas de ordenamiento territorial para ciudades y ecosistemas vulnerables; el intercambio binacional de experiencias de mejores prácticas urbanas, ambientales, sociales y culturales y la implementación de sistemas de alerta temprana.
Tres años después de la firma del acuerdo para este proyecto y ante una nueva inundación en el litoral que nos pone ante los ojos la dura realidad que atraviesan cientos de familias y miles de vecinos y conciudadanos, que hoy enfrentan los mismos problemas de siempre y también encuentran las mismas históricas “soluciones”, es necesario reclamar avances reales que dejando atrás las etapas de diagnóstico –porque ya hay unos cuantos y muy bien hechos– permitan avanzar hacia obras y soluciones concretas. Especialmente porque nos situamos en un contexto en que los especialistas auguran eventos climáticos de gran variabilidad con los cuales es necesario convivir de la mejor manera posible y, en ese marco, es necesario atender la situación de los más vulnerables.
Por otro lado, pareciera que la población aún no ha tomado este tema de la resiliencia y vulnerabilidad climática como un asunto relevante para las comunidades litoraleñas, dado que son escasos los reclamos respecto a una agenda local que los contemple a cabalidad.
Tiempo atrás, el Ministerio de Ambiente publicó en su página web los resultados de una encuesta que evaluó cómo los uruguayos entendemos el cambio climático, qué impactos se perciben tanto en la cotidianeidad como en la economía del país.
Esta investigación se realizó en el marco de la iniciativa Promesa Climática (Climate Promise), encargada por el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo junto a la Dirección Nacional de Cambio Climático de la cartera a Opción Consultores. Entre sus resultados más significativos se supo que un 88% de las personas encuestadas evalúan el cambio climático como “un problema muy o bastante importante para Uruguay” y que “la ciudadanía y el gobierno” se identifican como los principales actores responsables de mejorar la situación ambiental y enfrentar el cambio climático en el país.
Si bien un 76% declaró tener “mucho o bastante interés en la temática” solo un 42% dijo estar “muy o bastante informado”. En este sentido, el estudio concluyó que existe un conocimiento moderado que se acompaña por una percepción generalizada de “bajo o muy bajo volumen informativo sobre la temática en medios de prensa”.
Ante una nueva inundación, el asunto reaparece en la agenda pero la necesidad de puesta en práctica de planes concretos para ser más resilientes, reducir la vulnerabilidad social, resultar menos dañados por la exposición a las inundaciones en el litoral y salvaguardar infraestructuras y vidas parece estar bastante alejada de las preocupaciones cotidianas gubernamentales y ciudadanas. Claro está, hasta la próxima inundación.
