El grave siniestro de tránsito ocurrido en Camino a Casa Blanca, donde una joven conductora resultó herida de gravedad e internada en el CTI, revela una realidad que se repite en todo el país desde hace años y ningún convenio reguló. Las ambulancias no concurren a los llamados porque no es una obligación. En el caso de las empresas privadas, mantienen un convenio específico con sus afiliados y a nivel nacional, incluso existen empresas que sólo funcionan dentro del radio urbano.
Las diferentes administraciones nacionales no han logrado acuerdos para organizar una política asistencial y los proyectos elaborados en su momento para sistematizar una red, tampoco prosperaron. En la actualidad, tanto en el radio urbano como en zonas más alejadas de las ciudad, son recurrentes los llamados al 911 para que acuda la Policía o incluso Policía Caminera, que traslada los heridos en sus móviles porque no hay cobertura sanitaria.
Entonces, cada caso y situación se torna angustiante. Porque los vehículos y funcionarios del Ministerio del Interior están capacitados para su tarea específica que es brindar orden y seguridad, antes que movilizar un herido en tanto se desconozca la gravedad de las lesiones. Tal como ocurrió el domingo 5, sobre las 22.30, cercano al arroyo Juan Santos.
Cada usuario desconoce si hay acuerdos o convenios en su territorio, o si hace falta una ley o decretos reglamentarios, o recursos económicos para conformar una red de ambulancias. Tampoco tiene por qué saberlo. Lo único que hace cuando tiene un accidente es llamar para tener asistencia y traslado a un centro de salud. Porque no puede quedar inmovilizado en medio de la ruta o camino vecinal, a la espera de que alguien de la zona pase por el lugar.
Sin embargo, eso precisamente ocurrió en medio de la noche por un camino sin iluminación, donde además existen otros problemas crónicos como los caballos sueltos. Es una zona que acumula siniestralidad por diversas razones y cada vez que ocurre uno de gravedad, entonces vuelve a instalarse la discusión sobre la falta de una solución y responsabilidades varias en el tema.
En medio de cada accidente, pasa el tiempo y se vuelve necesaria la voluntad política que ha faltado a lo largo de los distintos gobiernos. Porque la solución es improvisada y las decisiones se toman en medio de la gravedad de la circunstancia. De lo contrario, un siniestrado queda librado a su suerte.
Mientras tanto, la otra duda relevante es de quién es la responsabilidad si le sucede algo a una persona trasladada por un particular. En general, una mayoría de las personas se arriegan a pesar de las inseguridades de carácter jurídico. Porque la otra opción, que es dejarlo tendido en la ruta, es aún peor.
Entonces, nos encontramos ante una encrucijada. Por un lado, tenemos un país donde la distancia más larga no llega a 700 kilómetros, con una superficie total de un poco más de 176.000 kilómetros cuadrados. Un territorio que se ha caracterizado por una buena respuesta sanitaria y tecnológica hacia su población, porque tampoco existe una gran densidad.
Pero no hay acceso a la atención y traslado si ocurre en una carretera o camino. Eso, que no parece lógico, seguro tenga explicaciones de todo tipo. Como por ejemplo, que no entra dentro de las canastas de prestaciones obligatorias. O que es necesario modificar la normativa vigente, o que un proceso de este tipo es complejo de instalar en un período. Es que en algún momento debe existir el punto de partida que regule, organice y brinde respuestas ante una situación límite.
Las sociedades cambiaron sus dinámicas de vida y trabajo. Eso, ineludiblemente, llevó a un incremento en el tránsito de personas y vehículos. Las ciudades se extendieron, se hizo necesario llevar servicios y acortar distancias. Sin embargo, hay aspectos no resueltos en pleno siglo XXI. Como por ejemplo, que no haya atención a un accidentado a poco más de 10 kilómetros del entramado urbano de Paysandú.
Y, es sabido, que el consumo de sustancias –principalmente el alcohol en Uruguay– es un combo explosivo. Tanto para agravar un siniestro de tránsito, como la reponsabilidad en el hecho y encima de todo eso, darse a la fuga. Pero seguramente habrá que preguntarse, también, por qué este país tiene un problema grave con el alcohol, las drogas y los sicofármacos que no solo atentan contra la vida del consumidor, sino de quienes le rodean. Ni que hablar, si toma el volante.
En el año 2014 se puso en marcha el servicio Same 105 –Servicio de Atención Médica de Emergencia– que unificó los criterios de atención en Montevideo y el área metropolitana. Recién en mayo de 2021, se inauguró una base del servicio en Juan Lacaze, en agosto de 2022 una unidad en Rivera y en setiembre pasado en Sauce. También cuenta con bases en Las Piedras, San Bautista y Migues, con un incremento en su flota de ambulancias y planes de ampliación a otras localidades.
Es un dato de la realidad que faltan recursos económicos, técnicos y logísticos. Pero en casi una década no se amplió lo suficiente, ni cuando estaban esos recursos y no había pandemia. Porque el problema de la falta de asistencia a los accidentados en las rutas o caminos vecinales, es de larga data. Y las muertes por no llegar a tiempo también llevan varios años de polémica.
En cualquier caso, la población en general es vulnerable en este sentido con un marcado perjuicio para quienes tienen menos posibilidades económicas. Por el momento, una persona accidentada en la carretera o en un camino, depende de la solidaridad y empatía de quien acierte a pasar por el lugar, lo asista y asuma el riesgo de tomar decisiones.
